Mediante una resolución que otorga justicia ambiental, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°34312-MP-MINAE del 06 de febrero de 2008, denominado «Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los Estudios y las Obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad».
La resolución de la Sala señala que: “se declara parcialmente CON LUGAR la acción, en consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo”. Este fue firmado y promulgado durante la administración Arias Sánchez 2006-2010 en aras de facilitar el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Diquís.
De haberse llevado a cabo, las implicaciones y consecuencias de este proyecto hidroeléctrico se habrían traducido en un daño ambiental sin precedentes a la cuenca, ya que en su momento se consideraba el más grande de Centroamérica. Adicionalmente, implicaba el traslado de comunidades indígenas Térraba por la inundación de una parte de su territorio, así como la afectación del patrimonio arqueológico que se hubiera quedado sepultado por el embalse.
La resolución de la Sala tiene efectos declarativos y retroactivos ya que en la misma se señala que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe”.
Esto implica que la declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Costarricense de Electricidad y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria.
Información compartida con SURCOS por Elides Rivera Navas.
¡Justicia para todas las víctimas de feminicidios en Honduras!
¡No más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!
En Honduras, país que se encuentra entre los primeros de mayor índice de feminicidios de América, la joven integrante de los pueblos originarios Lenca Keyla Martínez Rodríguez fue víctima de feminicidio en las celdas de la Unidad Policial N°10 de La Esperanza, Intibucá.
Ella era estudiante universitaria del último año de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa (UNAH). Después de ser detenida por agentes de la policía a las 11:30 pm del 6 de febrero, en menos de 3 horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am fue llevada sin signos vitales por tres agentes policiales al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.
El 22 de febrero de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Su cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca; a la vez, había sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que, al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Durante el velatorio la familia de Keyla abrió el féretro y observaron que en las manos presentaba heridas como de arma corto punzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada. De la totalidad de los policías y oficiales que estaban de turno la noche del feminicidio, solo fueron suspendidos de sus cargos el Subinspector Bryan Isaac Bánegas López y el policía Jarol Perdomo (único acusado, primero de homicidio agravado y luego el delito fue recalificado como homicidio simple por la Corte de Justicia de Apelaciones de Comayagua).
Hasta dos días después del homicidio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC revisó la escena del crimen, luego de haber sido lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno John César Mejía. Por lo tanto, en conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en particular, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos de manera respetuosa pero categórica a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo siguiente:
Que el Ministerio Público proporcione a familiares y abogadas que llevan el caso el Dictamen definitivo de la autopsia; ya que diez meses después, aún no ha sido entregado.
Que se tome en cuenta las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) donde recomienda que la investigación se realice bajo el Protocolo de Minessota, porque los hechos pueden ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y debe orientarse a identificar, no sólo a los autores directos, sino también a los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
Que se rectifique la recalificación del delito como Feminicidio Agravado.
Que haya una pronta resolución ante Recursos de Amparo presentados desde el 1° de noviembre de 2021, por Ministerio Público y por COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), con apoyo de otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos, contra la recalificación del delito.
Los tentáculos del uribismo, el fallido narco-estado colombiano, las indecisiones de Iván Duque, la estructura paralela de los grupos paramilitares. Tienen un rasgo esencial. No cesan de asesinar al pueblo de nuestra hermana República de Colombia.
En los últimos días el asesinato de Mario, profesor de agricultura que adhería la filosofía rastafari; la prestigiosa médica LUZ ARTEAGA, que combinó su noble profesión con su papel de lideresa social. BREINER CUCUÑA, niño indígena Nasa, defensor de la tierra. Sí, los tres comparten un destino común, fueron asesinados en sus territorios, defendiendo las causas sociales más nobles.
Llamamos a los organismos de sociales nacionales de Colombia, a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, para que inicien una campaña sostenida, cuyo eje esencial sea el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, pero sin la injerencia del ejército de los Estados Unidos, en dichas negociaciones.
Está demostrado que las “Fuerzas del Orden”, tienen como objetivo básico el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, contra el movimiento social y la población disidente. Como lo dice el autor citado. La doctrina promovida por EEUU básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”. (Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. /… / el mismo autor citado agrega que, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que toman los policías de este en América Latina, lo hacen bajo la dirección de la Escuela de las Américas, de tal suerte que, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información” (https://www.alainet.org/es/articulo/183982). La sostenida provocación del actual gobierno de Iván Duque y la escalada de acciones militares en la frontera de Venezuela, explican el trasfondo de lo que estamos denunciando.
Por eso compartimos como lo señalan el periódico digital El Clarín de Colombia y el noticiero de radio el Clarín, cuando señalan lo siguiente: La urgente desmilitarización de la frontera con Venezuela, que cese los asesinatos de líderes populares, que se evite el desplazamiento masivo en Catatumbo. (https://fb.watch/aGJ5wVJ1CW/).
No nos es extraño por eso que el embajador de Rusia en Venezuela, Serguei Melik-Bagdasárov, considere la posibilidad de que, entre Rusia y Venezuela, se intensifiquen los lazos de cooperación militar ante un eventual aumento de las presiones por parte de los Estados Unidos.
Podría parecernos no razonable. Pero, a decir verdad, la escalada militar en la frontera entre Colombia y Venezuela, responde a la naturaleza intervencionista de los Estados Unidos en nuestras soberanías nacionales. No olvidemos que el Departamento de Arauca, dirigido por un militar, es uno de los puntos de mayor fricción en este momento histórico entre ambos países.
En otro orden de cosas, también denunciamos, los ataques violentos con artefactos explosivos de las sedes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, las sedes del Pacto Histórico y de Comunes.
Citamos nuevamente los medios de comunicación masiva colombianos que al respecto señalan:
Finalmente, como partido elevamos este comunicado ante la opinión pública nacional e internacional y exigimos el respeto a los Derechos Humanos esenciales del pueblo de Colombia. Respeto a la vida de las lideresas y líderes populares, sindicales y partidistas.
Vendrá un momento, en que Uribe, Duque y los otros testaferros del imperialismo norteamericano, tendrán que ser sentados en el banquillo, para que dé cuenta de sus crímenes de lesa humanidad.
San José, lunes 24 de enero de 2022
HUMBERTO VARGAS CARBONELL. Secretario General. TRINO BARRANTES ARAYA. Presidente. LUIS ALFONSO PARDO MARTÍNEZ. Secretario de Relaciones Internacionales. Partido Vanguardia Popular
Dos escuelas y un instituto de la UCR apoyan el proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal
Las unidades de la UCR consideran que el proyecto de ley favorece el cumplimiento del derecho del consumidor a acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos
Lunes 24 de enero del 2022. La Escuela de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) y la Escuela de Nutrición, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestran su apoyo al proyecto de ley expediente 22 065 que propone el etiquetado nutricional al frente de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así lo manifestaron esas tres unidades en comunicado enviado en diciembre del 2021. De acuerdo con el documento, (mismo que puede ser consultado en su totalidad al hacer clic aquí) el proyecto de ley 22 065 favorece el cumplimiento del derecho del consumidor, pues permite acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos. Lo anterior es especialmente relevante ante el panorama alimentario actual. Según se expresa en el documento, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación en Costa Rica aumentan a un ritmo alarmante, lo que representa un grave problema para la salud pública. Las consecuencias de esto son cada vez más palpables. La Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 2018, dirigida a mayores de 19 años, puso sobre la mesa una prevalencia de hipertensión arterial de 37,2 % y una prevalencia de diabetes de 14,8 %. Asimismo, con base en el Censo Escolar del Ministerio de Salud del 2016, hay un claro aumento de exceso de peso en niños y niñas escolares. Este censo retrata un aumento de 1,5 % de forma sostenida. En el 2008 la prevalencia de exceso de peso fue de 21 % y en 2016 de 34 %. “La ley de etiquetado frontal viene a facilitar la lectura de etiquetas que actualmente requiere conocer tamaños de porción, así como entender las relaciones de nutrientes y cómo se aplican a cada persona. Este proyecto favorece la identificación de alimentos altos en calorías, grasa total, grasa saturada, azúcar o sodio; con un símbolo de entendimiento claro que es el octágono negro. Este proyecto facilita la toma de decisiones informadas, la protección de las personas menores de edad respecto a estrategias comerciales directas (desde los personajes, juguetes y vinculación con películas o deportistas del momento). Es decir, ver el alimento procesado con sus cualidades alimenticias y no porque traen simbolismos asociados”, comentó la Dra. Nadia Alvarado Molina, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR. La idea del proyecto de ley es incluir un sello en forma de octágono al frente del empaque cuando el producto se excede en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Esto favorecería a que las personas puedan tomar decisiones más conscientes al seleccionar sus alimentos, afirman las especialistas de la UCR. “En Costa Rica hay múltiples situaciones dentro del panorama nutricional. A pesar de que el exceso de peso no es una patología en sí misma, esta tendencia creciente es un reflejo de múltiples factores ambientales, incluido el ambiente alimentario y de actividad física, en los cuales se evidencia que los alimentos frescos han sido reemplazados por alimentos procesados cada vez con más frecuencia y en mayor porcentaje de la alimentación. La información clara puede ser un motivador y una señal para la acción y el cambio”, enfatizó la Dra. Alvarado. De igual forma, de aprobarse el proyecto se ayudaría a limitar las estrategias de mercadeo de los productos alimenticios que tienen exceso de algún nutriente crítico (azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio, entre otros). Datos de la UNICEF (2021) exponen que uno de cada dos niños y niñas, atraídos por la publicidad, compran productos alimenticios poco saludables. En cuanto al ámbito nacional, el comunicado menciona un estudio del 2019 titulado “Marketing televisivo de alimentos y bebidas dirigido a niños en Costa Rica: estado actual e implicaciones políticas”, el cual encontró que en el país más del 90 % de los productos publicitados en televisión no cumplió con los estándares de calidad nutricional. Ese mismo estudio también identificó que los productos que utilizan dibujos animados, deportistas o promociones en los alimentos tienen un mayor contenido de nutrientes críticos en comparación con los productos que no los utilizan. “Existen investigaciones que demuestran que el uso de este tipo de estrategias de mercadeo influyen en la decisión de compra y preferencias alimentarias de la población infantil y adolescente, animándolos y motivándolos a consumir alimentos con alto contenido de azúcares, sodio, grasa, calorías y, a su vez, prefiriendo estos alimentos en lugar de alimentos frescos como las frutas y los vegetales. Por lo tanto, es importante la aprobación de este proyecto de ley que, además de informar a los consumidores del contenido de nutrientes de los alimentos, busca proteger a la población infantil y adolescente de la exposición a estrategias de publicidad y promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas poco saludables”, explicó la M. Sc. Tatiana Gamboa Gamboa, docente de la Escuela de Salud Pública de la UCR. Para las expertas, el proyecto de ley complementa las acciones que ha venido realizando el país y que están orientadas a revertir el perfil epidemiológico de la alta prevalencia de la obesidad y de otras enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, tan solo en la Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad física (2018) se observó un 30.9 % de sobrepeso y obesidad en adolescentes, un hecho inquietante de salud pública, especialmente, en la adolescencia. Dicho panorama, al ser una condición multifactorial, debe tener soluciones que respondan a las distintas necesidades identificadas. Una de ellas es la educación a los consumidores para que tomen decisiones informadas, fáciles y rápidas a la hora de seleccionar sus alimentos, reiteran las docentes. “Ante nuestra realidad actual, en que la economía se ha visto impactada a raíz de la pandemia, un temor sumamente válido es la afectación de este proyecto de ley en el sector productivo de alimentos. Sin embargo, lo esperable es que las empresas desarrollen y amplíen su oferta de alimentos saludables. Así ha ocurrido en países como Chile, donde después de aprobada la ley no hubo un impacto en cuanto a empleos, salarios y producción del sector alimentario”, dijo la Dra. Carolina Santamaría Ulloa, directora del Inisa-UCR.
En el año 2022 el PIAM continuará ofreciendo cursos y opciones recreativas que mezclaran la presencialidad, la virtualidad y en otros casos la bimodalidad. Foto de archivo
Pese a la COVID-19, la UCR sigue llegando a las poblaciones adulta y adulta mayor de Costa Rica
Autoría: Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
El 2021 fue un año de celebración para el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), ya que llegó a los 35 años de labores, ofreciendo oportunidades académicas y recreativas en aras de la inclusión y participación de uno de los sectores poblaciones con menos oportunidades de aprendizaje y esparcimiento en el país.
Sin embargo, la conmemoración estuvo marcada por los grandes retos que implicó la pandemia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; entre ellos, la adecuación de los cursos a la virtualidad, la escasa preparación de las personas participantes a las tecnologías y la brecha digital que evidenció la pandemia.
Previo a la nueva realidad que vive el mundo, el PIAM tenía una matrícula que rondaba las 5000 personas por ciclo, pero la COVID-19 incidió en una rebaja importante de la población estudiantil del año 2021. Anteriormente, la población estudiantil delPIAMrepresentaba el 8% de la matrícula total de la UCR.
Pese a los desafíos, este programa institucional los asumió pensando en que los derechos a la integración, la inclusión en las oportunidades educativas y la autorrealización de las personas adultas y adultas mayores, son prioridades sociales.
La COVID-19 “no significó un cese, ya que el aprendizaje no cesa, al contrario, significó un replanteamiento de cómo continuar aprendiendo en circunstancias diferentes. Por lo tanto, la respuesta fue trasladar la oferta educativa a la virtualidad. Fue un reto para la comunidad estudiantil, personas facilitadoras, equipo de voluntariado y personal administrativo, ya que fue necesario aprender sobre procesos educativos virtuales y, sobre todo, una reflexión de cómo estos procesos se podían aplicar en la gerontología, es decir, en la educación dirigida a mayores”, comentó la magister Sofía Segura Cano, coordinadora general del PIAM.
LOGROS DEL 2021
“El trabajo del PIAM representa décadas de arduo trabajo en el desarrollo de diversos proyectos relacionados con el derecho de las personas mayores a la educación a lo largo de la vida. El proyecto más conocido y sobresaliente es el que ofrece cursos específicos y regulares cada ciclo lectivo”, agregó la magister Karen Masís Fernández, asesora de investigación y divulgación del programa.
Masís indicó que durante el primer ciclo 2021 la matrícula sumó 1.050 personas, en 95 grupos específicos para mayores de 50 años de edad y 34 grupos regulares. En el segundo periodo lectivo se registraron 965 estudiantes en 89 grupos específicos y 46 grupos regulares.
Esta oferta educativa se brindó en modalidad virtual, con el apoyo de casi 100 personas facilitadoras, y 39 asistentes voluntarios, que facilitaron opciones formativas con participantes de todo el país, incluso algunas que habitan enEstados Unidos y Canadá.
“Queremos reconocer la constancia, la dedicación y el esfuerzo de todas esas personas, estudiantes, facilitadoras y asistentes, porque gracias a ellas tenemos una comunidad PIAM consolidada y aportamos un granito de arena a la construcción de una sociedad con más oportunidades educativas y de participación para esta población”, prosiguió Masís.
LO QUE VIENE PARA EL 2022
El año 2022 será otro donde el programa experimentará cambios, ya que se mantendrán algunos procesos y cursos virtuales.
“Enenero se publicarán las fechas del proceso de matrícula y en febrero la Guía de cursos y horarios con el detalle de los que serán presenciales, virtuales y bimodales. Sabemos que será un gran reto, pero confiamos en la madurez del programa y que la institución que nos respalda para seguir adelante, por muchos años más”, dijo Masís. Las fechas establecidas para el año 2022 se mantienen, con cursos que se extenderán desde el 28 de marzo al 27 de julio.
Aunque aún no existe certeza del comportamiento de la pandemia sanitaria y cómo incidirá en las directrices gubernamentales y universitarias, de momento se trabaja con las establecidas este año de reducir al mínimo la presencialidad; pero “lo que sí podríamos decir es que mantendremos la oferta de diversos cursos en los módulos de arte y cultura, idiomas, conocimientos generales, movimiento humano, estilos de vida saludables, tecnologías de la información, manualidades, y grupos culturales”, dijo la funcionaria.
Por su parte, la coordinadora general del PIAM afirmó que “la continuidad de este programa significa reflexión, compromiso y trabajo, pero también significa celebración, remembranzas y esperanza. Por todo esto, este año que celebramos con júbilo el 35 aniversario, reiteramos nuestro compromiso”, concluyó Segura.
El PIAM es un programa fundado en 1986 y adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las personas interesadas en conocer las opciones formativas y recreativas del PIAM puedenvisitar el sitio web del programa y ahondar sobre cómo vincularse a alguna de ellas en el año 2022.
La minería y las prácticas extractivistas se encuentran a la orden del día en muchos países de América Latina, esto genera una gran preocupación porque los más afectados resultan ser las pequeñas comunidades rurales, que a mediano o largo plazo presentan problemas ambientales, algunos de carácter irreversible, problemas en la salud pública debido a la contaminación de aguas o subsuelo y problemas socioeconómicos causado por los bajos salarios a los se ven obligados cientos y miles de trabajadores.
Este tipo de prácticas son permitidas por las autoridades gubernamentales, quienes generan políticas públicas en beneficio de grandes empresas transnacionales, mediante la creación de leyes, sin consultar previamente a las comunidades, con proyectos que poseen pocos o nulos estudios de viabilidad. Incluso con contratos acompañados de prórrogas con largos plazos, con pagos exorbitantes en caso de finiquitar un acuerdo o bien, con la permisibilidad de las instituciones para que las empresas operen al margen de la ley.
Siguiendo este tema, se encuentra la preocupante situación en Panamá, que en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que el contrato entre la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) y el gobierno era inconstitucional; no fue hasta diciembre del 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial dicha sentencia. Esta maniobra implica un futuro incierto para las comunidades y el medio ambiente que se señala en el siguiente comunicado realizado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que puede descargar a continuación.
¡Este es un lanzamiento al universo y a las personas que me han seguido desde el año pasado con el intento de crear el monólogo del Quijote! esto se ha ido transformando…
Los procesos creativos tienen su propio tiempo para materializar puestas en escena… o una buena película… no es fácil, y no siempre se logra ese resultado digno de las tablas, hay que darle vueltas y revueltas, algunas veces pasarán años, otras no tanto, siempre será lo que es para cada artista el fruto de su talento.
¡En el 2021 toda la investigación terminó con la Video-Creación del programa de DonQui un homenaje a Cervantes para niños y niñas ! -que podés encontrar en mi canal de Youtube-
Me he encontrado con un entremés de Cervantes intitulado ¨El Retablo de las maravillas¨ y de ahí ha saltado un personaje que hará las de narrador de muchas historias sobre Cervantes y su obra.
¨Cervantes… El Retablo maravilloso¨ es un soliloquio donde se muestran pasajes de obras cervantinas como la gran tragedia de La Numancia, El licenciado Vidriera, ¡El coloquio de los perros, Rinconete y Cortadillo, la Galatea, Don Quijote y muchos más !
El cambio climático y la crisis civilizatoria han generado mayor presión sobre los recursos naturales, en especial el agua. Esta situación se torna tensa en regiones como Centroamérica donde la lógica extractivista ha sido el común denominador en las últimas décadas de la mano de las élites centroamericanas y la política pública de corte neoliberal.
Una publicación de académicos costarricenses con un enfoque sociológico, analiza la inserción de los Grupos Empresariales Diversificados en los mercados de agua. Esta investigación señala los peligros a los que se expone el líquido vital de la región centroamericana que corresponde al 1.5% del agua dulce del planeta, debido al constante interés de Grupos Económicamente Diversificados (GED) centroamericanos sobre las inversiones en mercados de agua, las prácticas de inserción de estos conglomerados en los llamados nichos económicos “verdes” que se amparan en una serie de políticas públicas de corte neoliberal y en los lineamientos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, mediante su brazo hídrico llamado Global Water Partnership (GWP).
En otras palabras, estas empresas aprovechan toda una serie de mecanismos que posibilitan la monetización de la naturaleza para operar bajo un modelo de libre mercado y amparado en una discursividad “verde”, a pesar que las proyecciones de dicho estudio revelaron que para 2050 el agua dulce potable estaría prácticamente agotada principalmente por los impactos de la industria cárnica (Retana, Arias, Torres; 2019)
Esta sugerente investigación aborda los diferentes mecanismos extractivistas desarrollados en la historia reciente de la región centroamericana, por ejemplo, aquellos que han permitido la monetización de los recursos naturales y por ende del acceso a estos como un derecho humano. Adicional estudia el proceso de inserción de las elites económicas en los mercados del agua en un contexto de transnacionalización, diversificación y competencia internacional.
Para una lectura completa:
Retana Céspedes, J. M., Arias Campos, L. D., & Torres Sandí, D. (2019). Las élites centroamericanas y la diversificación de inversiones: Los mercados de agua en Guatemala y Costa Rica. Anuario De Estudios Centroamericanos, 45, 345-371. https://doi.org/10.15517/aeca.v45i0.40698
Alternativas es un programa radial de comunicación que busca fomentar en el radioescucha el libre pensamiento y la criticidad desde su fundación en el año 2020. Se transmite todos los viernes a las 18 horas (-6 UTC) por Radio 16 Grecia 1590 Am (Costa Rica) y por sus plataformas digitales Facebook Live y YouTube con temas de relevancia nacional y latinoamericana.
El próximo programa titulado «Argentina: realidad contemporánea» será este viernes 21 de enero y contará con especialistas como Norberto Champa Galiotti, periodista y secretario del Comité Rosario del Partido Comunista de Argentina, así como Jorge Kohen quien se ha desempeñado como Médico epidemiólogo, académico y coordinador del Centro de Estudios y Formación Marxista “Héctor Agosti” en Rosario (Argentina).
Si desea profundizar en el tema, generar comentarios y preguntas sobre la realidad argentina no puede perder esta oportunidad.
Mediante la sentencia 2022- 000469 del 07 de enero, la Sala Constitucional emitió una resolución contra quien ocupa el cargo de ministro de Salud por ocultar información sobre la emergencia generada por la presencia de arsénico en el agua potable de varias comunidades de Bagaces.
El recurso de amparo fue interpuesto por Gad Amit Kaufman, a favor de la asociación ecologista Confraternidad Guanacasteca debido a que el ministro Salas fue omiso en responder en forma clara las gestiones solicitadas desde el 6 de septiembre; la sentencia señala que donde solo se dio respuesta únicamente al ítem de la gestión relativo a la disposición de residuos de arsénicos y no se atendieron otros temas de la gestión. En este sentido el expediente señala:
“No se ha suministrado la totalidad de la información solicitada. Manifiesta que, con ocasión de la interposición de este recurso, el ministro de Salud le brindó una respuesta; sin embargo, acusa que está incompleta. Sostiene que el Ministerio de Salud no ha tomado acciones para solventar el problema de contaminación del agua potable con arsénico, ni lo concerniente a la contaminación que han sufrido las personas por ingerir tal líquido, por lo que se han desobedecido las sentencias n° 2013007598 de las 14:30 horas del 5 de junio de 2021 y 2014014654 de las 9:05 horas del 5 de setiembre de 2021 dictadas por este Tribunal Constitucional dentro del expediente 13-004193-0007-CO”.
Arsénico y agua Guanacaste
El tema de la presencia de este elemento químico en el recurso hídrico en Guanacaste data de los primeros años de la década del 2010, un estudio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados señala que las principales fuentes de contaminación con arsénico en el agua son de origen natural, sobre todo en las zonas volcánicas. La otra fuente importante es la contaminación industrial (Mora, 2011). La preocupación por su presencia y efectos en la salud humana han generado esta lucha de más de diez años entre las comunidades y las instituciones públicas encargadas hasta la fecha. Donde la organización comunal junto con sectores ambientalistas han sido la clave para perseverar. En el contexto actual la Sala constitucional señala que:
“Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a Daisy María Corrales Díaz y Javier Vargas Tencio, por su orden Ministra de Salud y Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que de inmediato emitan las instrucciones requeridas y coordinen lo necesario para que en el plazo de seis meses, se determine científicamente la causa de la contaminación del agua para consumo humano con Arsénico en Guanacaste y la zona norte de Alajuela, para cuyo efecto deberán coordinar con el SENARA y las municipalidades afectadas, sin demérito de que participen otras entidades, como institutos universitarios de investigación.
En el ínterin, los accionados deberán adoptar todas las medidas necesariaspara que las poblaciones afectadas reciban agua potable con la cantidad y periodicidad suficiente, así como con la calidad requerida; asimismo, como mínimo cada tres meses deberán evaluar la calidad del agua en todos los acueductos que se han visto afectados. Una vez determinada la causa de la presencia de Arsénico en el agua destinada al consumo humano, los estudios respectivos deberán hacerse del conocimiento público y los recurridos deberán adoptar las medidas correspondientes para solucionar tal problema”.
Fuentes consultadas
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución nº 2022000469
Mora D. (2011) “Informe: acciones correctivas para disminuir las concentraciones de arsénico en el acueducto de la comunidad de Cañas” Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Laboratorio Nacional de Aguas.
