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La UCR sale a las calles en defensa del FEES: comunidad universitaria convoca a marchar unida este 24 de abril

Escrito en . Publicado en Educación.

La Universidad de Costa Rica (UCR) vivirá este viernes 24 de abril una jornada de movilización convocada por sectores estudiantiles y respaldada por autoridades universitarias, en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la universidad pública. La cita será a las 9:00 a.m. en El Pretil, desde donde se realizará un recorrido simbólico por la milla universitaria bajo un llamado a la unidad institucional y la participación pacífica.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) difundió la consigna “Marchemos con las bandas”, invitando a que el movimiento estudiantil se haga escuchar en defensa del FEES. El mensaje señala que resguardar ese fondo es también defender la educación pública, las oportunidades para las nuevas generaciones y el futuro de la UCR.

“¡Que suenen las bandas! ¡Que se escuche el movimiento estudiantil! ¡Que la UCR salga a las calles!”, expresa una de las convocatorias compartidas por la organización estudiantil.

Llamado del Vicerrector de Docencia

El Vicerrector de Docencia, M.Sc. Jáirol Núñez Moya, dirigió un mensaje a la comunidad docente señalando que la defensa de la Universidad constituye una de las lecciones más profundas que hoy pueden transmitirse a la sociedad.

En su pronunciamiento pidió facilitar condiciones para que personal académico y equipos de trabajo puedan participar e invitar también al estudiantado. Añadió que salir a las calles en esta coyuntura es también una forma de hacer docencia de cara al país.

Asimismo, recordó que la movilización coincide con el 24 de abril, fecha vinculada a luchas sociales históricas en Costa Rica, así como con el Día de la Persona Funcionaria Universitaria.

Consejo Académico de Áreas llama a la unidad

Por su parte, el Consejo Académico de Áreas, integrado por decanaturas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales y representación de sedes regionales, advirtió que la sostenibilidad institucional está en juego y que solo una universidad unida podrá defender el presupuesto y, con él, la educación superior pública.

El pronunciamiento, firmado por el Dr. José Antonio Blanco Villalobos, coordinador de ese órgano, insiste en la necesidad de diálogo, mediación y articulación entre todos los sectores universitarios para enfrentar la coyuntura.

Defensa del modelo universitario público

La movilización ocurre en medio del debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas. Para los sectores convocantes, el FEES no representa únicamente una partida presupuestaria, sino la posibilidad de sostener investigación, regionalización, becas estudiantiles, acción social y acceso a educación superior de calidad.

La jornada del 24 de abril busca proyectar una imagen de cohesión institucional y recordar el papel histórico de la universidad pública como motor de movilidad social, pensamiento crítico y desarrollo nacional.

Manual práctico del 0%: disculpen las molestias, no pedimos permiso

Escrito en . Publicado en Educación.

Observatorio de Bienes Comunes

No fue solicitado. No fue validado. No pidió permiso.

Pero existe, porque algo está pasando.

Un “botiquín” que no busca tranquilizar, sino nombrar lo que el 0% deja en la vida universitaria… y poner a circular herramientas desde la memoria de las luchas.

Y quizá, incluso, esté sobrando el manual.

Porque ya hay estudiantes organizándose, movilizándose y sosteniendo la defensa de la universidad pública.

Porque esa experiencia viva también es un manual en marcha.

* El 0% no es neutral: se vive como retroceso en becas, proyectos y territorios.

* La defensa de la universidad no empieza de cero: recoge memorias de luchas en América Latina y el Caribe.

* Sostener la movilización en el tiempo convierte gestos pequeños en fuerza política.

* Salir del campus y conectar con la sociedad amplía el conflicto y lo vuelve común.

* Disputar el sentido importa: no es gasto, es una condición para sostener derechos.

* La organización también es cuidado: sostener implica ritmo, relevo y comunidad.

Si sirve, que circule.

Si incomoda, también.

🔗 https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/manual-practico-del-0-disculpen-las-molestias-no-pedimos-permiso/

Cultiva plantas como terapia para reforzar su rehabilitación de aneurisma

Escrito en . Publicado en Salud.

Por Uriel Rojas

En el contexto del Día de la Persona Indígena Costarricense, publicamos la historia de una mujer indígena que ha demostrado su enorme capacidad de resiliencia ante tantas adversidades que ha superado.

Es una historia llena de inspiración a quienes en este momento se encuentran viviendo etapas muy difíciles en su vida.

Ella ha enfrentado una secuencia de tragedias e infortunios extremos, demostrando en todos los casos una capacidad enorme de resiliencia.

Esta heroína se llama María Victoria Lázaro Ortíz y sus estudios de secundaria los hizo sin tener transporte para llegar al colegio y regresar a su casa, situada en Rey Curré de Buenos Aires.

En 1992, a sus 25 años de edad empezó a trabajar como docente en una escuela rural indígena unidocente, donde tenía que caminar hasta tres horas a pie por la montaña, sorteando peligros para llegar a la escuela del lugar.

Por treinta años sirvió a la educación y se pensiona en el 2023, trabajando por 27 años en la Escuela Indígena Curré.

Sin embargo, en el 2014, sufrió la muerte de uno de sus hijos, quien falleció en un accidente de tránsito.

Esto le generó un enorme impacto emocional y el trabajar largas jornadas con grupos de estudiantes le fue desgastando su capacidad física y mental.

En el 2019, los doctores le detectaron que padecía de aneurisma cerebral, el cual es causado por el debilitamiento de la pared de una arteria en el cerebro, formando un abultamiento o «globo», que cuando se rompe, causa una hemorragia, liberando sangre en el espacio alrededor del cerebro, provocando daños en el tejido cerebral.

Tras estar un año internada en rehabilitación en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, usó luego un bastón por 8 meses para ayudar a estabilizar sus pasos y es en este contexto donde también surge la idea de cultivar las primeras plantas para estimular su recuperación de la motricidad fina y estimular áreas cerebrales relacionadas con la memoria y la resolución de problemas.

Y no es para menos, después de ir superando poco a poco la aneurisma cerebral en el 2021, va a enfrentar otro momento difícil: en diciembre de 2020 muere su madre y eso le vuelve a generar un impacto a su proceso de estabilidad emocional.

Cuando ya parecía volver a recuperarse de este impacto, muere su esposo, en noviembre de 2022 y de nuevo, sufre el dolor de perder a uno de sus seres queridos.

No obstante, su valentía, fe en Dios y resiliencia volvieron a ser los aliados de esta gran mujer para seguir adelante.

Pero la sombra de las tragedias continuó…

En diciembre de 2023, muere su padre y ocho días después fallece su hija menor en un accidente de tránsito.

A pesar de las secuencias de estos sucesos tan fatídicos, ella continuó cultivando más plantas florísticas y ornamentales, y las cuida cada una como si fueran sus propios seres que ha perdido.

En la actualidad posee más de 400 plantas, un jardín que transpira vida y esperanzas.

Cada día, doña María Victoria riega y chinea sus plantas, lo cual sirve como terapia permanente para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, fortaleciendo de paso su proceso de rehabilitación física, emocional y cognitiva.

¿Me puedo ir?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En días pasados se hizo viral un video de una mujer hispana haciendo frente a un operativo cazamigrantes, en el que a fuerza de nombrar las enmiendas que la asistían en el tema de libre tránsito, logró su objetivo: no ser detenida por un funcionario del servicio de inmigración de Estados Unidos, acción común en aquel país.

El hecho, ya de por sí transgresor por la forma como la mujer responde y confronta, evidenció de nueva cuenta el papel que está jugando el perfilamiento racial en las detenciones arbitrarias de personas migrantes.

La mujer es interceptada cuando conducía y en apariencia no habría cometido ningún acto irregular para que un funcionario no autorizado para ello la detuviera. Su color de piel fue el justificante para ese hecho.

No sólo el perfilamiento racial saltó a la vista. El material audiovisual observado permite constatar una práctica común entre los funcionarios de migración de Estados Unidos: el uso del inglés como forma de amedrentamiento ante la comunidad hispana.

La mujer logró que el funcionario hablara en español. Nítido. Y a partir de allí el intercambio entre ambos (ella al volante y el fuera del vehículo, identidad protegida y empoderado) giró en torno a la legalidad del acto de detenerla y la normativa a la que se acogía en virtud de la poca claridad que presentaba el funcionario.

Su interpelación, ante la ambigüedad mostrada por el funcionario migratorio fue directa: “¿Estoy detenida o me puedo ir?”

En estos días de máxima tensión entre políticas racistas desquiciantes y prácticas de repuesta ciudadana en el caso de las personas migrantes, el acto de la mujer debe ser entendido en el marco de la resistencia política que ha empezado a levantarse en aquel país.

Son tiempos oscuros ciertamente. Pero acciones de reivindicación política como la de esta valiente mujer posicionan el acto de responder como un recurso politico al servicio de los que no lo tienen todo.

La lucha continúa siendo ideológica, discursiva y simbólica. Allí en ese plano, es que hay que enfrentar y derrotar los autoritarismos instalados en los últimos años en Estados Unidos y en otros contextos.

No hay otro camino.

«La Arrastrada»: 15 años de un quiebre que transformó la lucha indígena por tierra, autonomía y derechos

Escrito en . Publicado en Derechos.

De Hablemos DDHH

El 19 de abril de 2010, durante el Día de la Persona Indígena en Costa Rica, liderazgos indígenas realizaron una acción pacífica dentro de la Asamblea Legislativa para exigir la votación del Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, estancado por más de 17 años. La respuesta estatal fue el desalojo violento: sin diálogo, la Fuerza Pública ingresó de madrugada, cortó servicios y sacó a las personas indígenas arrastrándolas hasta la calle. Este hecho se conoce como “La Arrastrada”.

“La Arrastrada” marcó un antes y un después en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Evidenció racismo estructural, falta de voluntad política y el cierre de las vías institucionales. El proyecto de ley nunca fue aprobado y terminó siendo archivado, pese a haber sido construido con participación indígena.

A partir de ese momento, según el líder brörán Pablo Sibar Sibar, muchas comunidades decidieron no volver a la capital a pedir derechos y optaron por ejercerlos directamente en sus territorios. Así inició una nueva etapa de lucha: las recuperaciones de Tierras Ancestrales desde 2011 en territorios como Salitre, Térraba, Cabagra, Curré y China Kichá, basadas en derechos reconocidos pero enfrentadas con violencia, amenazas y criminalización.

Este proceso ocurre en un contexto de incumplimiento de derechos, como la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT) y la imposición de estructuras estatales como las ADI, que limitan la autodeterminación. La conflictividad ha sido agravada por la ocupación ilegal de territorios y la inacción estatal.

En este escenario fueron asesinados dos defensores indígenas: Sergio Rojas Ortiz (2019) y Jehry Rivera Rivera (2020), crímenes que permanecen en la impunidad y reflejan la falta de protección efectiva que le corresponde al Estado costarricense.

Por eso, “La Arrastrada” se conmemora no solo como un acto de violencia estatal, sino como el punto de quiebre que impulsó una lucha más directa por la Tierra, autonomía y libertad.

A más de una década, la demanda sigue vigente: respeto a los DDHH, devolución de los Territorios Ancestrales y reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Condena enérgica ante la agresión a integrante de la judicatura

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Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Comunicado

El respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es una piedra angular de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho. Ante los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de abril , en los que la jueza de la República Kattia Carballo fue objeto de una violenta agresión en Heredia, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestamos nuestro más profundo y enérgico rechazo.

Los ataques dirigidos contra los funcionarios judiciales no solo representan una vulneración inaceptable a la integridad personal de quienes administran justicia, sino que constituyen una ofensa directa contra la institucionalidad y la autoridad del Poder Judicial. La discrepancia con las resoluciones judiciales debe canalizarse estrictamente a través de los recursos legales pertinentes; nunca, en ninguna circunstancia, mediante la violencia, el acoso o la agresión física.

Ya se dijo antes. Exigimos que estos actos sean investigados con celeridad y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución Política y las disposiciones del Código Penal aplicables a la agresión contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sentando un precedente claro de que la justicia no se amedrenta ante la coacción.

Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que  actúe  de manera inmediata y decidida, garantizando la protección de sus funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Instamos respetuosamente a la Corte Plena para que emita una respuesta contundente y pública en defensa de la independencia judicial. Es imperativo que la cúpula judicial envíe un mensaje inequívoco de respaldo a la judicatura y de rechazo absoluto a cualquier forma de intimidación externa.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se mantendrá vigilante y en alerta permanente, y de no obtenerse una respuesta institucional satisfactoria, se valorará las acciones legales y gremiales que correspondan. Velaremos porque el imperio de la ley y el respeto mutuo sigan siendo los ejes que rijan nuestra convivencia nacional.

Lic. Miguel Arias Maduro
Presidente

ACOJUD advierte escalada de riesgo contra la judicatura tras ataque a jueza expuesta públicamente

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) manifiesta su más profunda preocupación, indignación y repudio ante los hechos ocurridos el día sábado, en los cuales una jueza de la República fue objeto de un ataque físico violento por parte de un particular, en un contexto precedido por la indebida y reiterada exposición pública burlesca y denigrante de su identidad, desde la Presidencia de la República, en razón del contenido de una resolución que calificó infundadamente como complaciente. Amenazas en redes sociales y llamadas telefónicas a la juzgadora como a sus familiares, fueron inmediatos a la exposición y previos a la agresión.

Este hecho marca un punto de inflexión. Ya no se trata únicamente de ataques discursivos: estamos ante consecuencias reales que ponen en peligro la integridad física de quienes administran justicia y generan un riesgo cierto para todo el sistema judicial.

ACOJUD ha advertido reiteradamente sobre los efectos de las manifestaciones públicas provenientes del Poder Ejecutivo contra jueces y juezas de ejecución de la pena y de otras jurisdicciones. Hoy, lamentablemente, estos riesgos se materializan.

La exposición de nombres e imágenes de jueces y juezas, en un entorno de alta tensión social constituye una forma de estigmatización y deslegitimación que fomenta el hostigamiento y la violencia, especialmente de género. Esto no solo representa un grave irrespeto a la independencia judicial y a la división de poderes que consagra nuestra Constitución Política, sino una pérdida de nuestra estabilidad institucional. Ignorar estos principios abre la puerta a prácticas incompatibles con la democracia, donde la justicia se sustituye por la intimidación, presión, la desinformación o populismo.

Cuando se expone ilegítimamente a un juez o jueza, se pone en riesgo la justicia misma. Por ello reiteramos con firmeza: la función de los jueces y juezas es la defensa de la ley, la justicia y los derechos humanos, y no, como errónea y malintencionadamente se ha afirmado, la “defensa de delincuentes”.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen que las personas juzgadoras deben poder ejercer sus funciones libres de presiones, amenazas o interferencias indebidas, así como contar con garantías de seguridad. En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el Estado tiene el deber de prevenir actos de intimidación contra jueces y juezas y de asegurar condiciones que resguarden su independencia. La exposición pública que genere riesgo o estigmatización compromete la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales.

La preocupación aquí externada ya ha sido advertida por la Relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite (Ref.: AL CRI 3/2024), quien recordó al Estado costarricense su obligación de garantizar la protección de jueces y fiscales frente a presiones indebidas. Hoy, los hechos evidencian un preocupante retroceso. La justicia no puede ni debe ejercerse bajo amenaza.

Por ello, ACOJUD exige de manera urgente el respeto irrestricto a la independencia judicial como bastión esencial de la democracia y el cese inmediato de prácticas de exposición y estigmatización de personas juzgadoras.

En virtud de la gravedad de los hechos descritos, ACOJUD solicita a la Corte Suprema de Justicia de forma inmediata, en su condición de máximo órgano del Poder Judicial y garante de su independencia:

UNO: Que acuerde y ejecute con los órganos internos del Poder Judicial que corresponden, todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los jueces y juezas de la República. En particular, instamos a que se dispongan acciones reales y efectivas de protección para la persona juzgadora afectada y para quienes se encuentren en situación de riesgo con alarmas ya comunicadas y se establezcan protocolos claros frente a escenarios de exposición y hostigamiento.

DOS: Instamos a que se posicionen firmemente como órgano en defensa de la independencia judicial, frente a cualquier forma de injerencia o presión indebida, venga de donde venga. La protección de quienes administran justicia no es solo una responsabilidad institucional, sino una condición indispensable para la vigencia del Estado de derecho. El silencio institucional, en momentos como este, también compromete la independencia judicial.

Por último, recordamos a la ciudadanía que los ataques no solo no nos intimidan, sino que reafirman nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución, la ley y los derechos humanos. La judicatura costarricense no renunciará a su deber.

Sin jueces independientes, no hay justicia. Sin justicia, no hay democracia.

San José, 19 de abril del 2026.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACOJUD

Foro «El caos en el transporte y su impacto en la salud pública»

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El transporte se ha convertido en un problema acuciante en el país, el cual nos ha llevado a un auténtico caos que afecta de manera multidimensional la calidad de vida de la población; se trata de un problema que empeora día con día.

Este es un tema muy sentido por la ciudadanía, que demanda reflexión, análisis y búsqueda de soluciones. Dada la relevancia de esta problemática, la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias ha organizado un foro para debatir sobre el tema del transporte desde diversas perspectivas.

El foro tendrá lugar el miércoles 22 de abril a las 10:00 a.m. y será transmitido por el Facebook Live y el canal de YouTube de la Academia Nacional de Ciencias. En el foro participarán como panelistas:

– Leonardo Castro: Especialista en Ingeniería del transporte

– Nicole Mesén: Activista de derechos humanos y ambientales

– José Rojas Marín: Académico de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional

– Leonardo Merino: Politólogo, investigador del Programa Estado de la Nación

– Roy Wong: Médico epidemiólogo, Caja Costarricense del Seguro Social y coordinador de la vigilancia de enfermedades no transmisibles de la CCSS, miembro del equipo docente del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

Organizaciones de derechos humanos piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos a Costa Rica

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Más de cuarenta organizaciones nacionales e internacionales firmaron un pronunciamiento en el que solicitan al Estado costarricense detener los acuerdos que permiten deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica. El documento advierte que experiencias previas demostraron graves violaciones a derechos humanos de personas migrantes trasladadas al país, especialmente en el CATEM, y exige transparencia sobre cualquier nuevo memorando bilateral.

SURCOS presenta el texto del pronunciamiento:

● Experiencias anteriores demuestran que Costa Rica no está preparado para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana deportadas, aseguran las organizaciones.
● Así mismo, hacen un llamado al gobierno para que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo que permitiría deportaciones masivas de hasta 25 personas en movilidad humana desde Estados Unidos, por semana, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida relacionadas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

Costa Rica, 26 de marzo de 2025.- Las organizaciones firmantes, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, manifiestan su preocupación por el reciente anuncio hecho por el gobierno de Costa Rica según el cual ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación semanal de hasta 25 personas extranjeras desde dicho país.

De implementarse el acuerdo, Costa Rica sería uno de los países del mundo que más personas de terceros países recibiría deportadas desde Estados Unidos, según se deduce tras revisar las cifras registradas, país por país, por el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países (Third Country Deportation Watch).

Ello es particularmente grave porque ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas. En febrero de 2025, cerca de 200 personas en movilidad humana, incluidos 80 niños y niñas de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades, fueron deportadas en dos vuelos provenientes de Estados Unidos y fueron privadas de su libertad en el Centro de Atención para Migrantes (CATEM) en Costa Rica. El Estado costarricense las detuvo arbitrariamente, les retiró indebidamente sus documentos de identidad, no les brindó atención médica oportuna, interpretación a sus idiomas, ni educación o instalaciones adecuadas para los niños y las niñas.

Hasta la fecha las organizaciones conocen sobre el paradero y la suerte de aproximadamente el 5% de las personas que estuvieron detenidas en el CATEM, y existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro, como el caso de una mujer de Rusia entrevistada por la organización Refugees International. Adicionalmente, información reciente reportada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica indica que de las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario (aunque la voluntariedad de estos retornos es cuestionable dada la coacción a la que estaban sometidas las personas), 34 personas lo hicieron tras presentar solicitudes de refugio y 57 más realizaron salidas voluntarias.

Según pudieron constatar organizaciones de la sociedad civil en 2025, estas personas no tuvieron acceso oportuno a la información sobre asilo u otros derechos en sus idiomas y se puso en riesgo a personas con necesidades de protección internacional.

En el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por defensores de derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en junio de 2025 la vulneración del derecho a la libertad personal de estas personas, ordenó a las autoridades su liberación y determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda requerían por parte del Estado. En su decisión, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Nueve meses después de la decisión de la Sala Constitucional, el Estado aún no ha realizado el análisis de las necesidades sociales. Quienes aún permanecen en Costa Rica han enfrentado múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y han dependido de la solidaridad de la ciudadanía para permanecer en el país. Mientras las autoridades costarricenses siguen sin dar respuestas efectivas en materia de salud, vivienda, alimentación ni educación, estas personas conviven con los impactos de la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la luz de este historial, las organizaciones manifiestan una gran preocupación de que, de aplicarse, este nuevo acuerdo repita las violaciones a derechos humanos que ya ocurrieron. Por eso, piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica.

Adicionalmente y según un comunicado de la presidenta electa, Laura Fernández, el acuerdo también facilita el retorno de las personas a sus países de origen, lo que podría implicar una violación al principio de no devolución (non-refoulement) en caso de que no se realicen valoraciones adecuadas del riesgo que corren las personas al ser regresadas a sus países.

Las organizaciones son enfáticas en afirmar que, de ejecutarse este nuevo acuerdo anunciado, Costa Rica incumpliría con sus obligaciones nacionales e internacionales, como el principio de no-devolución, se convertiría en cómplice de la implementación de políticas crueles que atentan contra la dignidad de las personas y desconocería el derecho a solicitar protección internacional, así como el derecho al debido proceso.

Las medidas que trasladan las responsabilidades de la gobernanza migratoria entre Estados incrementan los riesgos de violaciones de derechos humanos para las personas en movilidad humana, y posicionan a Costa Rica como un Estado cómplice -y también responsable directo- de las violaciones que está cometiendo Estados Unidos al realizar deportaciones en cadena sin el debido proceso, como lo han identificado las organizaciones Human Rights First y Refugees International en su informe “This is an order from Trump” (Esta es una orden de Trump).

Estas políticas de expulsiones en cadena se han traducido en tratos inhumanos, humillantes y degradantes durante los procesos de detención y deportación, separaciones familiares, falta de confianza en el acceso a la justicia y a los servicios sociales básicos a los que toda persona tiene derecho.

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a que su integridad, su vida y su dignidad sea garantizada. Este deber se ve reforzado respecto de aquellas personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, como las personas en movilidad, especialmente niños y niñas y personas con necesidades de protección internacional.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de las personas en situación de movilidad humana. Asimismo, le exigen al Estado que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida concretas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

A la sociedad en general, las organizaciones piden expresar su solidaridad con las personas en movilidad humana que han sido o están en riesgo de ser detenidas y deportadas desde Estados Unidos, y hacer un llamado de atención al gobierno para que implemente soluciones reales que fomenten la libertad, la seguridad y el bienestar para todas las personas y familias.

Firmas de organizaciones

Alianza Américas
American Friends Service Committee (AFSC)
Arrecife
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), Argentina
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Buen Vivir Costa Rica
Canadian Centre Universal for Human Rights Society
CAREF
Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro de Amigos para la Paz (Costa Rica)
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CISAS
Consejo Global de Litigio Estratégico
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
Corporación Alianza Migrante
Feministas Picos Rojos, Costa Rica
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Justicia y Género
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de trabajo Agenda CEDAW
Hope Border Institute
Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras (IDESMULH)
Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
Latin America/Caribbean Committee (LACC) of Loretto Community
Núcleo de investigación y acción en psicología y violencia
Observatorio de Medios de Comunicación y Género (GEMA)
OTRANS-RN
Plataforma Social Moraviana
Red CLAMOR
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Red Jesuita con Migrantes (RJM)
Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México
Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA)
Refugees International
Remunic
Servicio Jesuita para Migrantes – Costa Rica
Unitarian Universalist Service Committee
Universidad Bíblica Latinoamericana

Imagen de cabecera: Defensoría de los Habitantes

Iglesia Luterana cuestiona acuerdo para recibir personas deportadas desde Estados Unidos y exige transparencia al Gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) manifestó su preocupación por el “Memorando de Entendimiento no vinculante” suscrito entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos para recibir personas deportadas por autoridades estadounidenses. En un pronunciamiento público, la organización religiosa advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, cuestionó la falta de información pública sobre el acuerdo y pidió al Estado costarricense honrar su tradición histórica de acogida y respeto a la dignidad humana.

La ILCO recordó que desde hace 35 años acompaña a personas migrantes y refugiadas que llegan al país por razones políticas o económicas, y que durante los últimos siete años ha desarrollado esa labor mediante el Albergue Bet Lehem, espacio que atiende personas de diversas edades, religiones, orientaciones sexuales, estados civiles e ideologías. Según el documento, esa experiencia directa les permite pronunciarse con fundamento ético y humanitario sobre la situación actual.

Críticas al acuerdo con Estados Unidos

El pronunciamiento expresa preocupación por lo que describe como políticas xenófobas y persecutorias hacia personas migrantes en Estados Unidos, particularmente durante la administración de Donald Trump. La Iglesia Luterana sostiene que Costa Rica no debe convertirse en cómplice de cadenas de injusticia derivadas de mecanismos de persecución, detención y deportación incompatibles con la dignidad humana.

Asimismo, recuerda que en una experiencia anterior de recepción de personas deportadas se habrían producido amenazas y violaciones a derechos fundamentales, incluyendo aislamiento “bajo custodia” en condiciones contrarias a la tradición costarricense de refugio y protección humanitaria.

Solicitud de información pública

Ante la posibilidad de que el acuerdo continúe aplicándose, la ILCO solicitó al Gobierno brindar información clara, transparente y veraz sobre varios aspectos:

  • El texto completo del Memorando de Entendimiento entre Costa Rica y Estados Unidos.

  • Los alcances de la llamada “condición migratoria temporal”, incluyendo plazos, mecanismos legales y protocolos de atención.

  • Garantías plenas de respeto a los derechos humanos de las personas trasladadas al país.

  • Libertad de movilización, acceso a alimentación y atención médica.

  • Garantía de no ser enviadas a ningún país, incluido el suyo de origen, contra su voluntad.

Llamado ético y humanitario

La organización afirmó que continuará articulada con redes y organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas, y se sumó al reclamo de iglesias y colectivos de Estados Unidos que exigen el fin de la persecución migratoria. También exhortó al Gobierno costarricense a actuar conforme a los principios de dignidad humana y derechos humanos.

El pronunciamiento concluye con una cita bíblica del libro de Isaías: “No volverás la espalda a tu hermano…”, reafirmando el carácter pastoral y solidario de su posición.