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Instrumentalizan Palestina para atacar a Rusia

Pablo Hernández

¿Cuántos periodistas rusos ha matado la OTAN y Zelenski en la guerra y cuántos civiles incluyendo niños mató Zelenski en las provincias que no aceptaron el golpe de estado de 2014? Tres mil cuatrocientos cuatro en cifras de la ONU certificadas cuando el gobierno pronazi de Zelenski inició la guerra contra el Donbás. Y sobre los periodistas, la cifra de al menos 17 periodistas y personal de medios rusos fallecidos se mantiene, según los últimos reportes de la Unión de Periodistas de Rusia (mayo de 2024). Esta lista incluye a empleados de medios estatales y freelance.

Un ejemplo de freelance incluido es Rostislav Zhuravlev (Ростислав Журавлев), de la agencia RIA Novosti, fallecido en julio de 2023 en el frente de Zaporizhia.

En atentados terroristas dentro de Rusia: La cifra debe corregirse a 2 figuras mediáticas prominentes, según las investigaciones rusas:

1. Daria Dúguina (agosto de 2022)

2. Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin) (abril de 2023) y esto que son datos a 2024 nada más.

Ahora BBC lanza un corto denunciando la muerte de periodistas, pero manipula con una información propia falsa y tendenciosa de que Rusia ataca civiles y rescatistas.

Los guerreristas de doble rasero que denuncian Palestina, pero no hablan de los ataques a población civil y actos terroristas del ejército ucraniano que se enorgullece de los batallones Azov y similares de » Bandera » nazis declarados y que secuestraron población civil cuando invadieron Kursk que hasta ahora están intercambiado por soldados rusos.

Proyecto Tierra Encantada UNA se pronuncia ante afectación a defensor de derechos indígenas

Universidad Nacional
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión
Programa Pueblos Indígenas
Proyecto Tierra Encantada

Comunicado público

Ante hechos acaecidos el 10 de agosto del presente año 2025, donde la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Brörán de Térraba (ADIIT), Cantón de Buenos Aires, Provincia de Puntarenas otorga la posesión de un terreno de 10 hectáreas frente a la recuperación Brörán de San Andrés sobre la carretera Interamericana a una pareja de persona no indígenas. Terreno en posesión desde hace 13 años por el defensor de los derechos humanos y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas Pablo Sibar Sibar. El documento, como argumenta el afectado Pablo Sibar, es irregular y carece de fundamento jurídico y se da en el contexto de serios cuestionamientos a legitimidad y representatividad a la ADIIT:

1) La ADIIT ha operado como un instrumento colonial de gobernanza que desconoce y sustituye formas ancestrales de organización y ha favorecido intereses foráneos en perjuicio de los derechos colectivos del pueblo Brörán.

2) Las ADI en general son una imposición del Estado y se les percibe como “agentes del Estado” (Anaya, James, 2011)

3) La falta de legitimidad se fundamenta en su papel histórico de favorecimiento de personas no indígenas, (Finca Volcancito 2007 y San Andrés, 2020) mediante la emisión de certificados de uso de suelo y la administración irregular de tierras dentro del territorio indígena, violando la Ley Indígena 6172.

4) La negativa sistemática de la ADI a reconocer y apoyar los procesos de recuperación de tierras, (Caso finca San Andrés y Crun Shurín) obstaculizando el acceso a servicios básicos, vivienda y derechos fundamentales de familias indígenas que luchan por restituir lo que les ha sido arrebatado.

5) El no reconocimiento de la base de datos oficial de identidad y pertenencia, (Decreto 41903-MP del 8/8/2019), promovido por el Consejo de Mayores como herramienta legítima para garantizar identidad y pertenencia y que las decisiones sobre el territorio sean tomadas exclusivamente por personas con linaje del pueblo Brörán.

6) La expresión colonial de su estilo de gobernanza, que reproduce lógicas de exclusión, verticalidad y despojo, contrarias a los principios de respeto, reciprocidad y horizontalidad. La falta de alternancia en la dirección de la junta directiva evidencia falta de democracia interna y transparencia en la gestión.

Exigimos al Estado costarricense y a sus instituciones el reconocimiento pleno de las estructuras autónomas, como el Consejo de Mayores Brörán, y el respeto a los derechos territoriales, culturales y políticos. La continuidad de la ADI en su forma actual representa una amenaza y no representa los genuinos intereses de los habitantes originarios.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la autonomía y el sagrado derecho de los pueblos originarios a vivir su vida según su cultura, espiritualidad y tradiciones.

Que la tierra, la Madre Tierra, sea devuelta a los habitantes originarios.

Víctor Madrigal Sánchez / Daniel Vindas Sánchez

Activistas por Palestina en Costa Rica se manifiestan contra el asesinato de periodistas en Gaza

Red de Solidaridad con Palestina

Con un pronunciamiento general y sin hacer mención directa al genocidio en Gaza y a la responsabilidad de Israel, el Colegio de Periodistas de Costa Rica manifestó su rechazo y preocupación a la persecución y asesinato de comunicadores en Palestina.

Con la bandera Palestina frente al Colegio de Periodistas, los activistas por Palestina recordaron a los comunicadores asesinados por Israel, que han denunciado sus crímenes al mundo.

Justo antes de que iniciara el último cese al fuego, los periodistas y comunicadores de Gaza se tomaron una foto juntos decenas de personas felices porque podrían ver a sus familias y compartir con sus seres queridos. Sin embargo, al día de hoy, todos ellos han sido asesinados por Israel. ¿Qué es lo que pretende el ente sionista hacer para que esté buscando acallar las voces que comunican al mundo sus crímenes?

Le invitamos a ver el video en el siguiente enlace:

https://www.instagram.com/reel/DNysa8TZs_Q/?igsh=aWRzMmtlbHZxZnY0

Feria de las Flores por cuidados paliativos pediátricos

La Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos estará en la Antigua Aduana del 10 de septiembre a el 14 de septiembre en la Feria de las Flores.

La actividad se realiza impulsada por la Fundación para construir con los fondos que se recauden el hospicio que necesitan las niñas y los niños de Costa Rica para ser atendidos como se lo merecen.

La doctora Lisbeth Quesada hace la invitación, puede escucharla en el siguiente video:

26 de agosto, Día Internacional contra el Dengue

Dra. Idis Faingezicht Gutman
Pediatra Infectóloga
Académica de Número

Dengue: panorámica actual

El dengue es el arbovirus más difícil de controlar debido a su amplia distribución a nivel mundial.

Este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre el riesgo de brotes en las Américas e indicó la necesidad de asegurar un diagnóstico temprano y una atención oportuna con el fin de prevenir casos graves y muertes.

Esta advertencia está relacionada con la introducción o el aumento en la circulación del serotipo DEN-3 en las Américas.

El serotipo DEN-3 fue reintroducido en las Américas en 1994, tras una ausencia de 16 años. Desde entonces, se ha propagado desde Centroamérica hacia el Caribe y Sudamérica. En la actualidad, ha resurgido en varios países incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.

DEN-3 está ganando predominancia en la región, desplazando progresivamente a los serotipos DEN-1 y DEN-2.

El DEN-3 plantea una doble amenaza de casos graves de dengue y posibles epidemias que abruman los sistemas de salud.

Según la OPS, la región de las Américas enfrenta un riesgo elevado debido a la amplia distribución de mosquitos, el movimiento humano y los niveles de inmunidad variable entre las poblaciones.

El dengue clásico incluye lesiones exantemáticas características, descritas como “islas blancas en un mar rojo” (piel normal intercalada con eritema). En el dengue grave o hemorrágico, la piel puede verse pálida, fría y húmeda, con lesiones purpúricas o petequiales, lo que indica compromiso vascular.

En el décimo quinto Congreso de Dermatología, en abril del 2025, se afirmó que, desde la perspectiva dermatológica, el Dengue tiene más manifestaciones hemorrágicas; el Zika tiene más prurito, el Chicungunya dolor articular importante y en el Oropouche, es común que las lesiones de la piel recaigan después de una mejoría inicial.

Vacunación

Hasta la fecha, Dengvaxia es la única vacuna contra el Dengue aprobada por la FDA pero descontinuada debido a falta de demanda en el mercado global.

La vacuna contra el DengueTAK-003, producida por Takeda ofrece una defensa más débil contra DEN-3, particularmente en niños seronegativos, sin proteger contra la enfermedad sintomática o hospitalización por este serotipo. Por tal motivo es necesario fortalecer la vigilancia epidemiológica, la atención clínica y los diagnósticos de laboratorio, mejorando los mecanismos de monitoreo y promoviendo medidas preventivas.

Si se utiliza la vacuna TAK-003, la recomendación es priorizar protocolos estrictos y monitorear de cerca los eventos adversos asociados a esta, para mantener estándares de seguridad.

Se recomienda su uso en entornos de alta carga de enfermedad, en población de 6 a 16 años y en individuos con comorbilidades en áreas endémicas. También se recomienda la vacunación para viajeros de regiones no endémicas a endémicas de 6 a 60 años.

La contraindicación incluyen­: embarazo, lactancia, inmunodeficiencias, VIH sintomático y un historial de terapia inmunosupresora.

Esta vacuna ya autorizada, no se espera que tenga un impacto importante en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad a corto o mediano plazo. Brasil y Argentina han observado un aumento del riesgo de lesiones dérmicas post vacunación.

El Instituto Butantan de Brasil, está desarrollando una vacuna tetravalente contra el Dengue, cuyos estudios en fase IV han demostrado seguridad y eficacia contra los cuatro serotipos de alrededor de 67.3%

Diagnóstico

El diagnóstico comienza con la sospecha clínica, se basa en los síntomas del paciente y el contexto epidemiológico para guiar los protocolos de confirmación.

Es importante fortalecer las capacidades de atención primaria para gestionar eficazmente los casos sospechosos. Se debe enfatizar la necesidad de diagnóstico clínico temprano, reconocer los signos de alarma e iniciar la gestión adecuada de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Se debe proporcionar orientación clara a los pacientes y familiares para monitorear los signos de advertencia y buscar atención inmediata si es necesario. Los hospitales deben estar preparados para manejar casos de Dengue con signos de advertencia y Dengue grave.

Laboratorio

La cuantificación directa del ARN viral en la sangre mediante la técnica de RT-PCR es más sensible que la detección de antígeno NS1, pero requiere habilidad y recursos moleculares.

Además de las pruebas virológicas, los ensayos serológicos basados en la detección de anticuerpos de inmunoglobulina M (IgM) también pueden utilizarse en el diagnóstico de Dengue. Sin embargo, estas pruebas deben interpretarse con cautela debido al potencial de reacciones cruzadas con anticuerpos producidos en respuesta a flavivirus (Zika, Fiebre Amarilla). En ocasiones es necesario obtener una segunda muestra, una semana después de la muestra inicial. Esto, ayuda a diferenciar los verdaderos casos de Dengue de los posibles falsos positivos causados por reactividad cruzada con otros virus relacionados.

Educación

La educación, participación comunitaria y liderazgo de las municipalidades con sostenibilidad de las intervenciones, son importantes en la lucha contra Aedes. Los huevos pueden resistir las condiciones secas altas más de un año: esa es una de las estrategias, más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay Dengue.

Fallo del Tribunal Contencioso sobre adjudicación de EBAIS sacrifica la salud pública

ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes

La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.

El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.

Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.

La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.

Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.

1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.

2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.

3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.

4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.

En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.

Organizaciones rechazan recortes al presupuesto de Migración para financiar la construcción de mega-cárcel

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, 26 de agosto de 2025

Comunicado de prensa conjunto de organizaciones de sociedad civil y de atención a personas migrantes

Rechazamos los recortes al presupuesto de Migración y Extranjería para financiar la construcción del CACCO”

Las organizaciones de sociedad civil -y de atención a migrantes- firmantes expresamos nuestro rotundo rechazo al Presupuesto Extraordinario 2025, en el cual se incluyen rebajas por ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) así como 8,7 millones rebajados al Tribunal Administrativo Migratorio, con el propósito de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

El proyecto implica:

  • 147,3 millones menos para Migración y Extranjería, en partidas esenciales como insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes.

  • Recortes a programas como el Tribunal Administrativo Migratorio y el Programa de Desarrollo de la Comunidad, ambos pilares para la regularización y la atención de poblaciones vulnerables.

El Gobierno justifica estas rebajas señalando que son “remanentes” o “ahorros” derivados de donaciones o diferencial cambiario. Sin embargo, en la práctica Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado. Los atrasos en emisión de documentos, la falta de personal y de infraestructura adecuada son problemas recurrentes que golpean tanto a las personas migrantes como a la institucionalidad nacional.

Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos. La decisión de recortar recursos a Migración y Extranjería -y no redirigirlos a las áreas que verdaderamente necesitan inversión y que se ven altamente afectadas en estos momentos- afecta directamente:

  • El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).

  • El derecho al trabajo y a la seguridad social, pues sin documentos la población migrante no puede acceder a empleo formal ni cotizar en la CCSS.

  • El derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la burocracia y los atrasos refuerzan la exclusión.

  • El derecho a la justicia y al debido proceso, debido a los recortes al Tribunal Administrativo Migratorio.

  • El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Estas decisiones políticas no deberían tomarse sin consultar a las poblaciones directamente afectadas. Exigimos que el Poder Ejecutivo y Legislativo convoquen a las organizaciones sociales y comunitarias que representan a la población migrante, antes de aplicar recortes que impactan su vida cotidiana, su dignidad y su futuro.

Mientras se reconoce la carencia de recursos en Migración, el Gobierno propone recortarle más. Esta situación es grave por varias razones:

  • Varias oficinas regionales de Migración dependen de donaciones de organismos internacionales (OIM, ACNUR, cooperación europea) para poder operar.

  • El rezago en trámites ya supera los 12 meses en algunas sedes, lo que mantiene a miles de personas en la irregularidad.

  • La falta de presupuesto convierte a la institución en dependiente de fondos externos, debilitando la soberanía institucional y la planificación a largo plazo.

Estos recortes podrían representar un entorpecimiento severo a las funciones de la DGME, especialmente a la Unidad de Refugio que tiene más de 224 mil expedientes sin resolución aun tomando en cuenta como dicha instancia se encuentra actualmente saturada y al borde del colapso, especialmente debido a su alta dependencia de fondos asociados a cooperación internacional, los cuales también se han visto reducidos en los últimos meses. De este modo, los recortes planteados en la propuesta de presupuesto extraordinario dificultarían la ya complicada gestión y labores de la Unidad de Refugio.

Lo anterior resulta preocupante especialmente al considerar que se ignora un hecho económico fundamental respecto a la población migrante y refugiada en el país:

  • Los migrantes representan el 10% de la población, y aportan hasta un 11% del PIB.

  • Su contribución a la CCSS, impuestos y consumo interno es vital para la sostenibilidad de programas sociales y económicos.

  • No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral, así como la exposición a vulneraciones a Derechos Humanos.

Nuestra posición

No se puede hablar de seguridad debilitando derechos. Una política migratoria robusta y financiada no solo protege a la población migrante, sino que beneficia al país en su conjunto con más ingresos fiscales, menos informalidad y mayor cohesión social.

Rechazamos categóricamente que se recorten recursos a Migración y Extranjería para financiar el CACCO.

Recomendamos a las autoridades que tomen conciencia de la necesidad de redistribución de fondos de cara a una redirección de recursos hacia instancias de migración tomando en cuenta el contexto adverso a nivel regional y la situación de rezago institucional a nivel interno en las instancias competentes en la materia.

Invitamos a los y las diputados(as) de la Comisión de Asuntos Hacendarios que votarán esta propuesta considerar posponer su voto si es necesario o en su defecto rechazar la propuesta. A su vez, en caso de seguir adelante con los recortes, rogamos consideren redirigir los recursos directamente a la Unidad de Refugio.

En atención a la urgencia de este comunicado, hemos dirigido una carta a las diputaciones miembros de la Comisión con el fin de solicitar una reunión con las organizaciones firmantes cuyo propósito será ampliar información sobre las realidades aquí expuestas.

Suscriben este comunicado,

  • Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU)

  • Asociación Alianza Vencer

  • Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)

  • Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR)

  • Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) – Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica

  • Fundación Popol Na

  • Instituto de la Memoria

  • IRCA Casa Abierta

  • Liga Feminista de Refugiadas Políticas

  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

Ante las amenazas de intervención militar de EE. UU. nuestra solidaridad con Venezuela

Comunicado del Frente Amplio Puntarenas

En el Frente Amplio Puntarenas condenamos las acciones tales como las sanciones económicas y financieras impuestas por EE. UU. a países soberanos, o los $50 millones que el gobierno de Trump fijo por información para la captura del actual presidente de Venezuela Nicolas Maduro, o bien, las recientes amenazas de invasión e intervención militar con la justificación de supuesto combate al narcotráfico como excusa, desplegando 4000 infantes de marina en el caribe frente a las costas venezolanas.

Los anteriores son actos injerencistas que atentan contra la libre determinación del pueblo venezolano expresado en las urnas en julio de 2024, y que promueven la desestabilización del país suramericano para crear división y generar caos con el pueblo como principal perjudicado con el fin de imponer un gobierno servil.

A nivel geopolítico, ante el declive del imperialismo de EE. UU. en el mundo, este trata a toda costa mantener el control sobre la región de América Latina, con el fin de bloquear las crecientes relaciones económicas de China con los países latinoamericanos; además de su interés por hacerse con la explotación del petróleo venezolano que posee las reservas más importantes del mundo.

Partido Frente Amplio Puntarenas,
23 de agosto del 2025

Auditoría Ciudadana cuestiona atención de Contraloría y Auditoría Interna de la CCSS sobre denuncias de presunta corrupción

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió el pasado 12 de agosto un oficio dirigido a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, y a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que amplía y reitera solicitudes sobre denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la institución.

En la carta, la ACSS señala que la Contraloría General informó haber remitido al Ministerio Público un expediente por supuestas irregularidades en las proyecciones y resultados actuariales de la CCSS. Sin embargo, advierte que sus denuncias abarcan aspectos más amplios que el tema actuarial, como el presunto incumplimiento de leyes que regulan el financiamiento del Seguro Social y la utilización indebida de fondos destinados a salud y pensiones.

La organización solicita aclarar si en la denuncia presentada por la Contraloría ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se incluyeron los señalamientos específicos planteados desde el 2022, entre ellos que la CCSS no estaría cobrando al Estado el 100% de los costos que le corresponden y que habría desvíos anuales de recursos del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud.

Además, la ACSS pide acceso al expediente abierto en la FAPTA y copia del documento de la Contraloría remitido a ese órgano, en aras de garantizar el principio de transparencia. También solicita que se incorporen sus oficios como prueba en el proceso y ofrece a cinco de sus integrantes como testigos expertos.

El oficio ACSS-002-2025 está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Juan Carlos Aguilar Zamora, Rodrigo Arias López, Jorge García Araya y Carlos Eduardo González Arroyo, miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

Los agricultores del siglo XXI frente a su realidad y su problemática

German Masís

El día de ayer en la columna de Opinión del periódico digital CR Hoy se publica un artículo titulado Los Agricultores del siglo XXI del académico Roberto Artavia, que es necesario comentar y aportar otros argumentos que expliquen adecuadamente la problemática en que se encuentran inmersos los agricultores pequeños y medianos desde hace varias décadas y el abandono de las políticas hacia este sector.

En su argumentación, el artículo aborda varios aspectos para explicar el tránsito hacia el Agricultor del siglo XXI, entre ellos la productividad, el papel de la inversión, la tecnología y el capital humano, la importancia que tienen las políticas, como algunas impulsadas en el pasado, el fortalecimiento de las instituciones y el advenimiento de la gran modernización tecnológica.

El artículo inicia haciendo mención a la baja productividad del sector, atribuyéndola primero a la baja productividad del trabajo agrícola, en relación con otras actividades económicas como la manufactura y los servicios y comparándola con la productividad agrícola lograda en otros países, comparaciones poco procedentes por las características de esas otras actividades y por políticas aplicadas en otros países como lo veremos más adelante.

Al respecto, hay que destacar que la prevalencia del aspecto de la productividad para explicar el desempeño de las actividades económicas, que es solo una de las variables determinantes del mismo, es insuficiente como lo han señalado diversos organismos incluyendo a la OCDE y que en este caso, se hace referencia principalmente a la productividad del trabajo, que en el sector agropecuario es muy heterogénea como lo menciona posteriormente el mismo autor, al comparar la productividad en las actividades de exportación y en de producción para el mercado interno, además que como es de conocimiento el análisis debe complementarse con la productividad por área productiva, fundamental en las actividades agropecuarias, que está también asociada a la escala de las unidades de producción: pequeña, mediana y grande, que tienen acceso y utilizan de manera diferenciada los factores de la producción.

Es importante también establecer adónde se originan las diferencias de productividad del trabajo y de las unidades de producción, el mismo autor adelanta que “en general las diferencias se deben a las inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano”, que hay que recordar que son distintas, ya que las empresas sobre todo las grandes pueden y las realizan con frecuencia con su propio capital, mientras que las pequeñas y medianas(en el agro y en las pymes de otras actividades) tienen dificultades para realizar o las realizan parcialmente debido a las limitaciones de recursos.

A su vez, las posibilidades de inversión para mejorar la productividad en el agro en los aspectos mencionados por el autor, en las unidades productivas micro y pequeñas, son limitadas, por lo que deben recurrir a las instituciones del Estado, quienes en otras épocas les han ayudado a mejorar la infraestructura, la tecnología y la capacidad del recurso humano y que en algunos países, como en los países desarrollados(Estados Unidos, Europa y Japón), disponen de amplios programas de ayudas o subsidios financiados por el Estado, como el Farm Bill y la política agrícola común de los primeros, apoyos que generan grandes diferencias de productividad, producción y competitividad de la agricultura entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

En el artículo se menciona dos momentos claves en el desarrollo económico y de la ampliación de las actividades productivas del país, interesa fundamentalmente referirse al segundo sobre la Administración Monge Álvarez, en la que, según el autor, “hizo de su gobierno la plataforma desde donde se diversificaron la producción y las exportaciones” y que en efecto fue el inicio de la política de promoción de exportaciones no tradicionales que se profundizó en la Administración siguiente. Agrega el autor, “políticas bien alineadas, como las minidevaluaciones del colón, inversiones selectivas en infraestructura, programas de capacitación y transferencia de tecnología, e iniciativas de crédito impulsaron un clima de inversiones propicio”.

Lo que no dice, es que en ese gobierno se inició el cambio en la actividad agrícola con el programa que se denominaba “Volvamos a la Tierra”, que significó el desestímulo progresivo de las actividades consideradas tradicionales y el estímulo de actividades no tradicionales para exportación, la desaparición de los programas nacionales por cultivo y el redireccionamiento de las políticas antes mencionadas y de los recursos técnico y financieros hacia las nuevas actividades.

Este cambio en la actividad agrícola, que fue ampliado en las Administraciones siguientes de Arias Sánchez, Calderón Fournier y Figueres Olsen, ligado a los programas de Ajuste estructural firmados con el Fondo Monetario Internacional, creó la diferenciación estructural entre la Agroexportación y la producción agrícola para el mercado interno, de la que se menciona poco en el artículo, pero que es crucial para explicar la situación actual del sector agropecuario.

Vale recordar que las políticas de esas Administraciones, junto al estímulo a las actividades no tradicionales de exportación, ejecutaron medidas dirigidas a desmantelar el esquema de apoyo institucional de transferencia tecnológica y de capacitación hacia los productores involucrados en las actividades agropecuarias consideradas tradicionales, que no eran otras que la producción de granos básicos, las hortalizas, los tubérculos y las frutas para consumo nacional, las cuales restringieron considerablemente la labor de las instituciones del sector: CNP, MAG, IDA, el SENARA y el PIMA y que las han llevado al bajo nivel de funcionamiento que presentan en la actualidad.

Lo anterior explica, la realidad que observa el autor, “los productores que tan amable y alegremente nos atienden en las ferias del agricultor tienen baja productividad, seguramente con algunas notables excepciones, lo que determina su ingreso y los condena a una vida dura, exigente y, muy probablemente, a la pobreza”. Lo paradójico es, que éstos productores amables, pero pobres, son los que proveen el 80% de la producción alimentaria nacional, garantizan cada semana la disponibilidad de alimentos a los consumidores de las ferias del agricultor y de los mercados locales y son los responsables directos de la seguridad alimentaria del país, pero han sido abandonados por las políticas agrícolas y por la institucionalidad del sector, que no dirige adecuadamente sus programas y acciones hacia este sector, por falta de recursos, escasez de personal técnico o simplemente por impulsar tecnologías modernas como el gobierno actual.

De ahí que las soluciones que se proponen a veces frente a la situación del agro no son las apropiadas. En ese contexto, el autor señala que “En esto no hay ningún misterio. La alta productividad del campo pasa por la agricultura de precisión y en ambientes controlados; por la aplicación de tecnología a semillas, a la fertilidad y la irrigación de los campos, a nuevas plataformas de infraestructura productiva, tecnologías digitales aplicadas al mantenimiento y control de las plantaciones, la cosecha, la logística y la distribución y exportación de los productos”, de manera similar a la posición del actual Ministro de Agricultura, que promueve la agricultura de precisión, tecnología de drones, georreferenciación y sistemas de riego automatizados, para todos los agricultores, (Surcosdigital.com, julio 2025), sin importar la baja condición económica de los productores, que muchos no tienen asistencia técnica, que no tienen acceso al crédito, que sus costos de producción se han elevado y que las importaciones de productos afectan sus precios y sus ventas.

Pero según lo expuesto en el artículo incorporar esas tecnologías es relativamente fácil, “implica alinear las instituciones, los programas, el crédito, la infraestructura, las políticas económicas y el «contrato social» del sector, implica modernizar y enfocar algunas instituciones, como el MAG, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el INDER, y el mismo movimiento cooperativo”, o sea se trataría de revertir las políticas económicas y sectoriales de los últimos 40 años y sus efectos sobre la producción agroalimentaria para el mercado interno mediante una supuesta modernización y acción institucional que no parece tener sustento en la realidad actual.

La producción agrícola está en crisis y no podemos desconocer esa problemática, algunas actividades se encuentran en sus niveles mínimos de producción, como se ha revelado recientemente sobre la cebolla, cuya producción nacional ha disminuido mientras que las importaciones llegan a su punto más alto. Según la información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa.

Pero la cebolla no es el único cultivo cuya producción está bajando en Costa Rica. Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos. La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%. (Surcosdigital.com, abril-2025)

Finalmente, el documento cuestiona “¿por qué si en cada campaña electoral decimos que queremos acabar con la pobreza –en buena parte rural y agropecuaria– no tomamos las medidas necesarias para aumentar la productividad del campo a niveles que permita a los pequeños productores superar su situación?”. La respuesta según los argumentos expuestos antes es obvia, los pequeños productores no han podido superar esa situación, porque se dedican a la producción de alimentos para el mercado interno, actividad que no tiene estímulos como la exportación, ésta actividad está en manos de pequeños productores con poco acceso al capital y a la tecnología, que dependen de la asesoría técnica y de la transferencia tecnológica de las instituciones públicas que fueron desmanteladas técnica y financieramente hace muchos años, porque tienen que competir con importaciones baratas de otros países y porque los políticos y los gobiernos de turno no se han querido comprometer con una transformación de la producción interna y de la pequeña producción, aunque en campaña política prometan soluciones que nunca se cumplen.