El Movimiento Social Pro Vivienda, se ha manifestado durante las últimas semanas en defensa del derecho de una vivienda adecuada para todas las personas con déficit habitacional del país.
Sus protestas se deben a los recortes presupuestarios al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) de aproximadamente 34 mil millones de colones.
Las manifestaciones se dieron en puntos como ruta 32, ruta 27 y frente Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados no aprobar ningún recorte al presupuesto del Banhvi para 2022.
Desde la postura del Bloque, este recorte supone quitar 4500 viviendas a familias pobres, un daño social a las personas pobres y al sector de clase media, así como un golpe a la reactivación económica.
Además, sostienen que los aportes de los empresarios al Programa de Vivienda Social, realmente lo recortan para otros proyectos y no para la vivienda. Durante la manifestación, algunos diputados como Pedro Muñoz, Paola Valladares, Welmer Ramos y José María Villalta expresaron su apoyo a las manifestaciones.
El Bloque considera que del dinero que se le deduce a las empresas privadas fijo todos los meses de sus planillas, son transferidas al Ministerio de Hacienda que a su vez que se le asigna a FODESAF lo que debe transferirse al BAHNVI, o sea, un 18,07% de ese dinero. Sin embargo, considera que el gobierno viene engañando a todos, pues no indica adonde serán re-direccionados esos 34 mil millones de colones que le quieren quitar al BAHNVI, pero según informes, serán destinados al pago de salarios públicos y una buena parte a las pensiones de lujo.
Contrataciones ilegales, pagos que no correspondían y planos defectuosos forman parte del caso
Comunicado de la Oficina de prensa de Unión Belemita
Luego de cuatro años desde que se señalaran las primeras anomalías en el fallido proyecto del edificio municipal, tres advertencias de la Auditoría interna y varias recomendaciones jurídicas por parte de la asesoría legal, el Concejo Municipal de Belén por fin tomó la decisión de solicitar a la Auditora interna municipal realizar la relación de hechos, con el fin de sentar las responsabilidades que correspondan.
Así mismo y por unanimidad, se acordó no dar continuidad al proyecto de Edificio Municipal, al haber transcurrido el plazo otorgado por el Concejo Municipal para que la Alcaldía aclarara todos los pendientes, contenidos en el acuerdo de referencia 3203-2021 adoptado el 1 de junio de 2021 y al no haberse cumplido tampoco la prórroga que se otorgó por una única ocasión para su contestación.
Los hechos:
El caso se remonta al 2017, cuando la Administración municipal realizó la contratación por servicios especiales del arquitecto Eddie Fernández sin cumplir con el perfil del puesto necesario, para una obra del calibre que implicaba la confección de los planos para el nuevo edificio.
Muy pronto, en agosto de ese año, el Concejo Municipal 2016-2020 encontró una serie de errores y anomalías en los planos constructivos, gracias a las observaciones del regidor Eddie Méndez Ulate, quien es arquitecto. Estos fueron remitidos a la Auditoria interna, la cual confirmó los señalamientos mediante análisis técnico por parte de la consultora Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).
La primera advertencia de la Auditoría fue la AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, donde señalaba pagos ilegales efectuados a los funcionarios contratados por servicios especiales. Concretamente el pago de preaviso y cesantía, los cuales, según criterio de la Procuraduría General de la República, no procedían.
Ante este hallazgo, la Auditora solicitó a la Administración recuperar los ₡2,513,507.39 pagados a los puestos 195 y 196, situación que al 17 de noviembre del 2021 no ha ocurrido.
Por su parte la advertencia AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, ordenaba al Alcalde abrir una investigación ante el eventual incumplimiento de deberes por parte del encargado de recursos humanos de la Municipalidad, quien tenía a su cargo el proyecto y por tanto el control del trabajo de los funcionarios contratados, que entregaron un producto que según la revisión técnica efectuada por INDECA, no sirvió y por el cual se pagaron ¢49.587.902.
La Auditoría pedía en esta advertencia, investigar entre otras cosas:
La posible falta de control administrativo a los funcionarios contratados para el diseño de los planos del Edificio Municipal.
La flexibilización de los requisitos del puesto del administrador del proyecto en cuanto a su experiencia y desarrollo de proyectos similares.
La inobservancia al principio de comprobación de idoneidad de dichos funcionarios.
Otra de las solicitudes de la advertencia era la de recuperar las memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones y/o CFIA. Esta exigencia de la Auditoría tampoco fue cumplida.
Finalmente, la advertencia AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020 fue emitida a la luz de la falta de decisión con pendientes heredados al Concejo Municipal 2020-2024, respecto a las advertencias anteriores y la continuidad del proyecto mismo.
Debe aclararse porque se incumplieron leyes y procedimientos
Para el regidor de Unión Belemita Ulises Araya, deben establecerse las razones del porqué se violentaron leyes y procedimientos por parte de la administración, desde el momento mismo de la contratación inicial del arquitecto Fernández.
‘’Que nuestra Municipalidad maneje un presupuesto anual de 12 mil millones de colones, para un territorio de 12.15 km2 y 23 mil habitantes, no otorga derecho a nadie, a manejar la administración como si fuera su pulpería. Hay leyes que se irrespetaron en este proceso y alguien tendrá que aclarar ¿Por qué?’’. Cuestionó Araya.
Además, este edil rechazó los argumentos de la fracción oficialista del Partido Unidad Social Cristiana, de que, transparentado lo ocurrido se estuviera montando un show político.
‘’Aquí no estamos hablando de que una empresa privada perdió una inversión, en un caso de esos se entiende el secretismo. Pero aquí no funciona esa lógica, estamos hablando de que la Municipalidad de Belén malgastó, despilfarró, dilapidó más de 50 millones de colones del erario público. Por ello, que los belemitas ejerzan su derecho a informar e informarse de lo que acontece en estas cuatro paredes, no puede catalogarse de ‘’show político’’. Aquí discutimos temas que son públicos y debería de revisarse quien piense que está mal que el pueblo de Belén se entere de cómo se invierten sus impuestos’’, enfatizó Araya.
Decisión de establecer responsabilidades se demoró mucho tiempo
La fracción de Unión Belemita presionó desde el principio del actual cuatrienio en que debían sentarse responsabilidades en torno al caso del edificio municipal.
Es así como, por ejemplo, el 23 de junio del 2020, en la sesión 33-2020, y tras conocerse la advertencia de Auditoría AAI-02-2020, la regidora María Antonia Castro pidió tomar la decisión debido a que desde ese momento ya se contaba con insumos muy claros.
‘’Como Concejo tenemos que tomar la decisión, porque la administración dejó la decisión en manos del Concejo, existe un Oficio de la Administración que remiten a la Auditoría donde renuncian a la construcción del edificio municipal y quien asumirá es el Concejo y la Comisión del Edificio, este oficio nunca llegó al Concejo, las implicaciones para la hacienda pública son muy fuertes, debemos ser muy claros en el acuerdo, ya tenemos los insumos de la Auditoría’’. Señaló en esa oportunidad la regidora Castro.
El pasado jueves 18 de noviembre del 2021, se llevó a cabo el Aula Abierta del curso de Teoría Sociológica Francesa en el que se abordó el tema: “Del feminismo materialista francés al feminismo interseccional latinoamericano: relaciones ambidiestras”.
Se contó con la participación de las siguientes expositoras:
Dra. Jules Falquet
Dra. Ochy Curiel Pichardo
Moderó:
Laura Fuentes Belgrave
El evento fue transmitido por Youtube y Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales, Facebook Escuela de Sociología, Facebook Posgrado Centroamericano de Sociología.
El próximo miércoles 24 de noviembre del 2021, a las 5:00 p.m., la Editorial Tecnológica de Costa Rica realizará la Charla: Alexander Von Frantzius, notable pionero de nuestras ciencias naturales. Se contará con la participación de Luko Hilje Quirós.
El médico y naturalista alemán Alexander von Frantzius nació hace exactamente 200 años, tres meses antes de que Costa Rica obtuviera su independencia. Arribó aquí en 1854, donde permaneció por casi 15 años. Realizó una labor pionera y extraordinaria, de la que dan fe 18 artículos acerca de importantes cuestiones zoológicas, geográficas, geológicas, vulcanológicas, climatológicas, etnográficas, antropológicas e históricas. Asimismo, fue el mentor del joven José Cástulo Zeledón, a quien le ayudó para que efectuara una pasantía de cuatro años en el Instituto Smithsoniano, en Washington, donde se formaría como ornitólogo, para después convertirse en nuestro primer naturalista.
La Editorial Tecnológica de Costa Rica, le invita a seguir su página en Facebook para que pueda participar de todas sus actividades:
El homenaje fue promovido por la UNED, ACAM, AiE, Teatro Eugene O’Neill y el SINART para resaltar los aportes de Cabal a Costa Rica
En el concierto participan 24 personas músicas y artistas, entre ellos Guadalupe Urbina, Carlos Guzmán y Manuel Monestel
Dionisio Cabal heredó a Costa Rica su música, investigación cultural, identidad y orgullo de lo nacional, por ello instituciones, organizaciones y 24 artistas se reunieron para rendirle un homenaje póstumo, en el concierto “Bandera”, que transmitirá Trece Costa Rica Televisión el sábado 20 de noviembre a las 9:00 p.m. y los domingos 21 de noviembre y 5 de diciembre, a las 2:30 p.m. en el espacio ARTE TRECE.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Teatro Eugene O’Neill, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AiE), la Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines y el SINART unieron esfuerzos para producir y transmitir este homenaje.
A esta iniciativa se sumaron 24 personas músicas y artistas, quienes recuerdan, desde diferentes manifestaciones, los aportes de Cabal. Se cursó invitación a las televisoras y medios regionales organizados en UMRA CR para que se sumen a la transmisión del espacio, según los horarios y días que lo determinen, indicaron los organizadores.
En el concierto participan Rubén Pagura, Carlos Guzmán, Manuel Monestel, Guadalupe Urbina, Aurelia Trejos, Wilson Arroyo, Gustavo Rojas, La Cruceta, Amanda Quesada, Frank Camacho, Luis Enrique Mejía Godoy, Jorge Rodríguez García, Aurelia Dobles, Jorge Rodríguez Solera, Adrián Goizueta y la Red Nacional de Copleros con su Plataforma de Mujeres.
El cierre del homenaje contó con la participación de la cantautora Aurelia Trejos, quien junto con sus hijos recordaron, de manera personal, al artista, al padre de familia y al ser humano.
Lamentamos profundamente la situación que se ha presentado con la investigación denominada «Caso diamante».
Que deben seguir las autoridades investigando todo este asunto y llegar a las últimas consecuencias con relación a los responsables.
Que en virtud de que la Municipalidad de Alajuela se ha visto involucrada en esta vergonzosa investigación y que ha habido actores importantes en ella exigimos:
Que dadas las evidencias que se han divulgado en la prensa nacional que el señor Humberto Soto Herrera proceda a poner su renuncia al cargo de alcalde de Alajuela.
Que en caso de que no renuncie, proceda el Concejo Municipal a aprobar una moción para que el cantón de Alajuela realice un plebiscito y se proceda a revocar su nombramiento.
Que las autoridades del OIJ y el Ministerio Público continúen con las investigaciones y procedan a detener a todos aquellos que hayan participado en actos de corrupción por más pequeños que sean. 4. Además, solicitamos a aquellos que queden supliendo a los alcaldes detenidos e involucrados que colaboren con las autoridades para resolver todos estos actos de corrupción.
Que dadas las manifestaciones emitidas en las conversaciones transcritas en la prensa nacional, que el Tribunal Supremo de Elecciones ordene una investigación del crimen organizado en las elecciones internas del PLN y se sancione, en caso de comprobarse esa relación PLN crimen organizado.
Consideramos necesario que la investigación abarque espacios de tiempo más allá de lo que hoy vivimos y que no hayan prescrito las acciones que se puedan desarrollar en contra de quienes hayan cometido acciones delictivas.
Esta semana, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público recibió dos certeros martillazos, que no le ayudan mucho a sostenerse en el madero.
A inicio de la semana, fue primero el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que reiteró su oposición al proyecto, porque lesiona el principio de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, y además, porque afecta el funcionamiento y organización de este poder de la República.
Ahora, a finales de la semana, este viernes, definitivamente, viernes negro para el proyecto, la Procuraduría General de la República rindió su opinión a la Asamblea Legislativa, sobre la última versión del texto que se le consultó.
De esta opinión, amerita destacar las consideraciones que contiene acerca de las modificaciones que incluyó el informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que no fueron objeto de pronunciamiento de la Sala Constitucional en el Voto N° 2021-017098-0007-CO.
La opinión de la Procuraduría señala –lo cual ya habíamos advertido- que hay dos aspectos que fueron modificados por esa Comisión, que en su oportunidad no se consultaron al Tribunal Constitucional.
Por una parte, el informe de la Comisión, aprobado por el plenario, excluyó, ex oficio, al propio Poder Legislativo de la aplicación de varios artículos del proyecto.
Por otra parte, tratándose del salario global de los rectores de las universidades públicas, que la Sala estableció que es inconstitucional que el tope esté en función del salario del Presidente de la República, y lo fije la Autoridad Presupuestaria, el informe de la Comisión, motu proprio, extendió esa exclusión al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones e instituciones con autonomía de gobierno u organización (artículo 37).
La opinión de ese órgano subraya que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional “no puede variar lo que no ha sido objeto de pronunciamiento de este Tribunal” (Voto N° 12026-2010).
Asimismo, sostiene que la Comisión únicamente podía considerar los “efectos directos” que se derivan de la opinión de la Sala Constitucional, pero no incorporar aspectos novedosos, que no fueron consultados, “so pena de ser declarado como vicio de procedimiento.”
Al final, concluyó lo siguiente:
“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad”.
Efectivamente, aunque no sólo por este motivo sustancial de procedimiento, porque también contiene vicios que alteran las reglas del sistema democrático y derrumban la Constitución Política, el controversial proyecto, como concluyó la Procuraduría, contiene graves vicios de constitucionalidad.
Ya habíamos comentado, en un artículo anterior, que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad se extralimitó, porque modificó a su arbitrio, varios artículos del proyecto, que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional, incurriendo en una grave anomalía de procedimiento, lo cual viene a confirmar la Procuraduría General de la República.
Ahora, el proyecto, de nuevo, se vuelve a meter en un estrecho y difícil laberinto, que, parafraseando a Unamuno, tal vez sea su última agonía, y que, quien quita, podría ser la crónica de una muerte muy anunciada.
El pasado viernes 12 de noviembre el programa radial Alternativas se discutió acerca de “El estado de la cuestión de la pandemia del Covid-19”.
Durante el desarrollo del programa se conversó sobre el impacto de la vacunación para erradicar enfermedades, la situación de las vacunas en territorios indígenas, situaciones de desigualdad debido a la pandemia, situación laboral en Costa Rica, situaciones a nivel psicológico por el COVID-19, entre otros.
El espacio contó con la participación de:
– Marco Vinicio Fournier Facio, psicólogo social e investigador
– Leonardo Merino, investigador del Programa Estado de la Nación
– Walter Quesada Fernandez, secretario adjunto ANEP
– Pablo Sibar, coordinador de FRENAPI e investigador comunitario del CICDE UNED y recuperador de Chun Shurin
El Ministerio de Educación Pública (MEP) atropella los derechos de las niñas y de los niños al someterles a cuestionarios de FARO de más de cuatro horas de duración.
En un contexto donde días atrás más de 70.000 estudiantes de quinto grado de primaria y 7.000 de colegios privados académicos, humanísticos o científicos se sometieron por primera vez a las pruebas FARO en Matemáticas, Español y Ciencias, el día de hoy 12 de noviembre, las y los estudiantes de quinto grado realizaron los cuestionarios de “Factores Asociados”. Su extensión y alto grado de complejidad provocó extremo agotamiento, tensión y crisis emocional en la población infantil, saliendo estudiantes a vomitar ante dicho estado de agotamiento y estrés. El estudiantado se vio obligado a responder cuatro cuestionarios con cubrebocas, incluso en aulas que no tienen buenas condiciones bio-sanitarias. Además, no estaba preparado para eso.
Reconocemos y avalamos el proceder de directoras, directores y docentes conscientes y sensibles a la niñez quienes sintieron la necesidad ética de tomar decisiones protegiendo la integridad física y emocional del estudiantado ante un proceso claramente inhumano. De igual manera, madres y padres de familia se sumaron a la actitud respetuosa y humana de muchos centros educativos agradeciendo su identificación con el alumnado ante la crisis y agotamiento extremo que ocasionó esta directriz impuesta desde las autoridades educativas.
Dichos cuestionarios paradójicamente intentan identificar factores sociales y educativos que podrían afectar el desempeño y resultados estudiantiles en las pruebas FARO.
Es inconcebible que se diseñen desde el propio MEP herramientas que contiene hasta preguntas con 30 respuestas; las cuales las personas docentes tenían que ir leyendo una a una, donde niñas y niños de entre 10 y 11 años de edad se les somete a tener que dar 600 respuestas.
El malestar y la angustia de las familias aumentaba al ver que sus niñas y niños no salían del centro educativo a la hora programada (12 mediodía). Una directora manifiesta al Semanario Universidad que esta situación es de “injusticia”, pues en el centro educativo que administra las y los menores de edad salieron cerca de la 1 p.m., negándoles el MEP el derecho a descanso o recesos. El estudiantado alude a su dolor de manos de estar respondiendo los cuestionarios tan extensos.
Instamos a articularnos diferentes sectores interdisciplinarios y comunidades educativas para indagar sobre las raíces y motivaciones estructurales de donde se derivan las pruebas FARO; máxime cuando la propia viceministra de educación plantea que “A nivel internacional, este tipo de factores se analizan precisamente para explicar cómo es que los estudiantes alcanzan ciertas calificaciones”, siendo indiferente a los efectos nefastos causados en el estudiantado, personal docente y administrativo de los centros educativos a su cargo. Así mismo, reitera que los cuestionarios se seguirán aplicando.
Afirmamos que independiente de que los cuestionarios tengan o no un carácter evaluativo, causaron en la comunidad estudiantil un conjunto de efectos que reflejan una clara violación a los Derechos Humanos de las y los niños por parte de las autoridades del MEP.
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica:
NO MÁS ATROPELLOS A LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD
DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS ESTUDIANTES
Comunidades educativas
Costa Rica
Información compartida a SURCOS por María Trejos Montero.
El Foro Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica, realizaron la conferencia “Entender la moneda moderna, oportunidades para Costa Rica”, con la participación de Stuart Medina, economista y fundador de la Red de la Teoría Monetaria Moderna de España.
En el espacio se abordaron temas como: reconcepción de las finanzas públicas a partir de la MMT, construir sociedades prósperas, debilidades en estructuras, desarrollos de capacidad productiva, deuda pública.
Además, se comentó sobre la política fiscal y monetaria, modelos de crecimiento económico, el préstamo del FMI a Costa Rica, entre otros.