Debido al contexto actual que ha desencadenado diferentes efectos a partir del COVID-19, se crea el documento: Reactivación Económica ¿Para quién? a cargo del Observatorio de Bienes comunes: Agua y Tierra.
Este comprende las diferentes dinámicas sanitarias, políticas, culturales y económicas. Pero su eje principal es la reactivación económica.
El documento se plantea desde la idea que toda propuesta económica y política se hace acompañada de un determinado contexto y de diversos intereses. Por lo que es imprescindible conocer el contexto socioeconómico con el fin de construir criterios y dimensiones que permitan interpelar las propuestas que recibimos.
Visibilizando las características de la pobreza, el desempleo y la desigualdad que contextualiza el año 2021, este documento plantea propuestas de reactivación económica a través de distintas preguntas: ¿Qué implicaciones tienen estas propuestas en nuestro territorio? ¿A qué necesidades responden? y lo más relevante ¿Para quiénes son?
Además, abarca temas como: ¿Qué situación encontramos en Costa Rica?, ¿Qué sabemos sobre el empleo?, ¿Para qué tipo de economía?, Sector empresarial, sector Universidad Pública, Medio de Comunicación Dominante, ¿Qué desigualdades están presentes? Capital Natural: Bienes naturales como moneda de cambio, entre otros.
Puede leer el documento completo en el archivo adjunto.
Palabra de Mujer y Era Verde presentan “Día Mundial del Ambiente: 05/06/2021”, una conmemoración a las personas defensoras de la naturaleza que han sido asesinadas en Costa Rica.
El video presenta representaciones artísticas y posicionamientos en relación con el Acuerdo de Escazú. También en el video se puede apreciar los desafíos que se han tenido que afrontar desde este movimiento para garantizar acceso a la información y justicia para las personas que han sido asesinadas en la lucha.
Adjunto se encuentra un pdf con una infografía que ayuda a comprender algunos de los momentos críticos que ha atravesado la gestión del agua en Cipreses de Oreamuno, y así, comprender el desafío que representa en la actualidad el Modelo de Gestión Delegada del AyA cuando las instancias locales no realizan de forma adecuada sus funciones. Le invitamos a seguir el enlace y a compartir la información.
Con esta iniciativa se procura potenciar una serie de prácticas que ya ha venido implementando la Institución en los últimos años
La utilización de tarjetas de débito es uno de los mecanismos que pueden implementar las unidades académicas y administrativas de la Universidad en el manejo de los recursos para gastos menores, en lugar del efectivo. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentra en el proceso de certificarse como entidad libre de efectivo, mediante el Programa L, del Banco Central de Costa Rica, que procura precisamente que las instituciones públicas y privadas utilicen al máximo los servicios electrónicos para las transacciones de cobro y pago, minimizando riesgos y costos por su uso.
Para estos efectos, ya la Oficina de Administración Financiera (OAF), de la Vicerrectoría de Administración (VRA), con el apoyo de la rectoría, inscribió a la Institución en dicho proceso y a la fecha se encuentra en la etapa de recopilación de información que se debe enviar al ente rector financiero, para ser validada y posteriormente se obtendría la respectiva certificación, lo cual se prevé para principios del segundo semestre del presente año.
El requisito principal del Programa L es que no se utilice más allá de un 10% de efectivo en las transacciones que se realizan y por ello se envió la circular VRA-27-2021, con el fin de instar a las unidades académicas y administrativas de la Institución a hacer uso principalmente de las tecnologías para hacer los pagos requeridos, sobre todo con los fondos de trabajo, que son los recursos que se manejan para hacer algunos trámites propios, del día a día, de cada unidad.
En dicho documento se informa a la comunidad universitaria que la Universidad de Costa Rica se inscribió como entidad libre de efectivo en marzo del presente año, dados los beneficios que se asocian a implementar esta práctica. “Por lo anterior, les solicitamos su colaboración para que todos los pagos que se realicen en cada una de sus dependencias se efectúen por la vía digital, eliminando el uso del dinero físico o cheque bancario”, expresa Oldemar Rodríguez Rojas, vicerrector de Administración en la misiva.
“Este Programa lo que viene es a ayudarnos como Institución, a nosotros como Oficina y a la misma Vicerrectoría de Administración, es a tratar de tomar acciones en donde todavía tenemos algún manejo de efectivo y minimizarlo”, expresó Pablo Marín Salazar, director de la OAF.
Libre de efectivo
Según reporta el Banco Central, el Programa L, nació en el 2017 y tiene como objetivo lograr la máxima utilización de los servicios electrónicos que tienen disponibles los clientes para sus transacciones de cobro y pago, lo cual se traduce en la reducción del riesgo en el manejo del efectivo y los costos asociados a este.
Según explicó Yuliana Sánchez Sánchez, parte del equipo técnico que se conformó para la certificación de la UCR como entidad libre de efectivo, uno de los beneficios que se destacan es precisamente la disminución de riesgos en la administración del efectivo y al respecto dijo que a veces con los fondos de trabajo se envía a personal de la Institución a retirar dinero de cajeros automáticos lo que implica un riesgo en el traslado por robo o pérdida, o porque se deja en el escritorio y alguien lo sustrae.
Otro de los beneficios que se apunta es reducir los costos operativos al utilizar medios electrónicos, esto por cuanto el uso de chequeras y de cajeros automáticos genera comisiones que deben pagarse para su uso.
También, Sánchez resalta que se busca brindar mayor seguridad en las transacciones de pago, las cuales pueden realizar las unidades académicas y administrativas a través de las plataformas de los bancos con los que trabaja la Institución, las cuales son muy robustas en este aspecto.
Se destaca también como un beneficio la mejora en los controles de los cobros y de los pagos que se realizan, esto por cuanto al hacer estas transacciones por medio de las entidades bancarias se da una mayor trazabilidad de todos esos dineros.
Además, se contribuye al desarrollo del sistema de pagos del país, dado el costo que implica para el Banco Central emitir monedas y billetes, lo cual podría disminuir si las instituciones públicas y privadas implementan prácticas para disminuir el uso de efectivo.
Uno de los beneficios específicos para la Universidad de Costa Rica es que se brindarían mejores servicios y alternativas de cobro y pago a los usuarios, lo cual favorecería tanto a la población universitaria, como a las jefaturas administrativas, por cuanto les facilita mucho más las gestiones de pago y de cobro.
En ese sentido, Luis Carlos Soto Quirós, jefe de la Sección de Tesorería, de la OAF, acotó que por ejemplo, antes cuando se pagaba a proveedores con cheque debían llenar un registro de firmas y esto hacía el trámite de pago más complicado para las empresas que ofrecían sus productos y servicios a la Institución.
En el caso de la UCR, el interés en el Programa L surgió a raíz de información suministrada al respecto por el Banco de Costa Rica, una de las entidades financieras con las que la Institución efectúa transacciones financieras y al analizar el tema se valoró que en la Institución un alto porcentaje de las transacciones de pago y cobro se hacen sin manejo de efectivo. Entonces, lo que se busca ahora es precisamente potenciar esta práctica que ya desde hace varios años se viene implementando en la Institución, explicó Marín.
Precisamente, la certificación en el Programa L, además de posicionar a la Universidad de Costa Rica como la primera institución de educación superior pública en el país y además demuestra el compromiso institucional con los procesos de mejora, dijo Soto.
Ya la UCR realiza la mayoría de sus transacciones de pago y de cobro por medio de vías electrónicas, pero este Programa viene a potenciar esas prácticas que ya se venían implementando desde hace varios años, manifestó Marín, quien agregó que incluso meses antes de la pandemia, por la Covid 19, no se hacían trámites en las cajas de la Institución, dado que se han implementado mecanismos de pago y de cobro, como transacciones bancarias y el uso de tarjetas de crédito y débito.
Es por ello, que con el llamado que se hizo, en la circular VRA 27-2021, para que se reduzca el uso de efectivo en el manejo de los fondos de trabajo, Soto explicó que en lugar de ello se les ofrece, a quienes gestionan esos recurso, la posibilidad de que utilicen tarjetas de débito de la Institución, Internet banking, o que se hagan transferencias electrónicas de fondos para el pago o compra de algunos requerimientos de las unidades.
Segundo semestre
Para obtener la certificación del Programa L se requiere seguir una serie de etapas que poco a poco ha ido cumpliendo la Universidad; una de ellas es incentivar a la comunidad universitaria al uso de medios electrónicos para el pago y cobro y además se han tenido varias reuniones con personeros del Banco Central y del Banco de Costa Rica, entidad asesora de la UCR en este tema.
Y se cumplió también con la inscripción al Programa, con el apoyo de la Rectoría, también se completó la matriz inicial de pagos, que es un cuadro donde se enlistan los conceptos de pago y cobro que tramita la Universidad y actualmente se está en la recolección de información, requerida por el Programa, y en la sensibilización del proceso, tanto a lo interno de la OAF, como a la comunidad universitaria.
Ahora, solo falta el envío de la información requerida por el Banco Central, ente que hará una validación de los datos; proceso que se estima tardará alrededor de un mes y luego correspondería definir una fecha para el evento de certificación respectivo.
Para Marín, el Programa L es de gran interés para la Institución “porque vamos a evidenciar que la Universidad trabaja utilizando las tecnologías de la información y minimizando riesgo, que esto es lo que toda auditoría, toda contraloría quiere que las instituciones realicen: minimizar riesgos”, expresó.
Un aspecto que destacó también es que con la coyuntura presupuestaria que experimenta la Institución en estos momentos, se van a bajar costos de administración y operación de los fondos de la Universidad, esto aparte de que en el contexto de pandemia disminuye la posibilidad de contagios por trasiego de efectivo.
“En la condición actual de pandemia, estos proyectos llegan a minimizar el traslado de personas a las oficinas de la Institución, así como la manipulación de efectivo, apoyando las acciones del Ministerio de Salud por minimizar el contagio”, manifestó Marín.
El Banco Central de Costa Rica ha certificado como entidades libres de efectivo a 20 instituciones públicas y privadas del país.
Nidia Burgos Quirós Periodista de la Vicerrectoría de Administración
La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional tiene el gusto de invitarles a la quinta actividad del 2021, el día martes 15 de junio a las 6:00p.m.
Esta será transmitida en vivo por el Facebook Live de SURCOS Digital.
El día jueves 6 de mayo del 2021, un representante de CONCEVERDE escribió a una representante del SINAC para presentar una nota en la cual le presentaron su inconformidad con respecto al informe No. SINAC-ACC-OH-1364-2020, el cual coadyuvó para que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara denuncia conocida bajo el Expediente No. 087-19-03-TAA.
Se recibió una respuesta de la señora María Elena Fournier Solano, de Yisky, ese mismo día, en la cual indicó que apoyan en todos sus alcances, la disconformidad sobre la situación descrita, y agregó que, con sólo echar un vistazo a las fotos y la denuncia interpuesta, parece de toda lógica que ha habido un daño socioambiental. También indica que parece muy obvio el daño, pero que no se quiere ver la dimensión de este acto al intervenir el cauce natural de un río y que puede significar un problema serio en ese mismo sitio.
María Elena resalto que como señala uno de los 10 principios de la defensa, protección y conservación del agua que propone la activista mundial Dra. Maude Barlow, que lideró el movimiento ante las Naciones Unidas, para que se declarara el acceso, calidad y cantidad del agua como un Derecho Humano (y que, desde la UNED, están promoviendo con el Proyecto “Ambiente y Arte” bajo su propia coordinación) y para el caso que se expone especialmente resaltó los principios No. 2, el No. 5 y en especial el No. 8 y el No. 9.
El día 10 de mayo el señor Rafael Gutiérrez indicó a su vez que este tema fue respondido por la Oficina de Heredia y se indica que las denuncias están presentadas en las instancias judiciales respectivas. José Francisco de CONCEVERDE respondió que él conocía que fue respondido por la Oficina de Heredia, pero recalcó que el objetivo de la protesta es en contra del Informe de Gira ACC-OH-1183-2020, el cual llevó a que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara una denuncia, en tanto ese informe se sustenta en una gira de inspección realizada un año y medio después de haberse denunciado los hechos ante el SINAC Heredia y el Tribunal Ambiental Administrativo, informe del SINAC que no señala e informa sobre todos los hechos, al señalarse que sólo se llevó a cabo una “recava”, y por tanto “ NO PROCEDE REALIZAR NINGUNA PROPUESTA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE DAÑO AMBIENTAL”.
En el informe se omiten hechos como dejar sin agua el río a causa de apresamientos, muros de gaviones, construcción de caminos dentro del río, movimientos de piedras etc.… José Francisco señala que la omisión de las personas que redactaron el informe o del SINAC, no hizo más que ayudar a que el responsable de cometer los hechos saliera librado ante la instancia administrativa (TAA). Añade que es preocupante para los que han denunciado los hechos realizados sobre el Río Tibás y su zona de protección, que sea con base en el INFORME DE GIRA ACC-OH-1183-2020 u otro igual de omiso y complaciente con el responsable de los hechos, que la Fiscalía valla a resolver.
Se propone una reunión con las personas interesadas, para explicar con una línea del tiempo y los insumos correspondientes ambos casos que se atendieron en el Río Tibás. José Francisco de CONCEVERDE agradece por la disposición de tener una reunión. E indica, que en su condición de quien presentó la queja y/o inconformidad con el informe de gira ACC-OH-1183-2020, que se le informe bien cuál sería el objetivo de la reunión y quienes participarían por parte del MINAE/SINAC.
Añade que como uno de los denunciantes ante la oficina de la denuncia por los hechos en el Río Tibás llevados a cabo en la finca de sociedad supuestamente representada por Fabio Rojas, solicitó en caso de existir otro u otros “informes de gira” que no sean el ACC-OH-1183-2020, que se le envíe copia de los mismos por el correo electrónico.
Luego de un tiempo de haber solicitado informe de gira sobre el caso del Río Tibás, derivado de inspección en la finca de en Emeral And Sons Projects S.R.L cuyo representante supuestamente es el señor Fabio Rojas, no recibió ningún informe. No obstante, indica que ha obtenido por otros medios el informe solicitado, el cual es el INFORME DE GIRA SINAC-ACC-OH-310 del 26 de marzo del 2019.
Del informe de marras, es claro que sólo investigaron movimientos de tierras dentro de la finca, por lo que indica que echaron de menos que no se fuera a investigar todos los hechos denunciados por el suscrito y otras personas, como fueron tala en área de protección del Río Tibás, actividades u obras dentro del mismo río, como apresamientos con tierra y piedras, construcción de caminos dentro del lecho, Consta en el informe (copia textual):
“En el recorrido por la finca en el sector que colinda con el Río Tibás, se puede observar que hubo un movimiento de tierra dentro del área de protección de dicho río. Que de acuerdo con el propietario es por un asunto de protección por crecidas del río en épocas de lluvias fuertes
(…)
Además del movimiento de tierra, se puede apreciar una esquiva de árboles de especies variadas, los cuales fueron cortados mediante el certificado de origen N°31635, el cual consta en el expediente VC-VC05-CO-PF-070-2018 de esta oficina.
También se le solicito retirar los troncos de madera a otro sitio fuera de la zona de protección.”
Dentro de áreas de protección de los ríos no se puede llevar a cabo eliminación de árboles, aun con un certificado de origen, por lo que José Francisco indica que se imagina que al citar tal hecho, se quisieron referir a talas llevadas a cabo fuera de esa área; entonces surge la duda del por qué no se evidenció o sobre la tala en el área de protección, donde era evidente que se había vulnerado esa zona con talas, y que cuando fueron, todavía estaban los troncos dentro de dicha área; y también cuestiona, cuál fue la razón para solicitar al representante de la dueña de la finca, que retiraran los árboles dentro de la zona de protección. También surge la duda del por qué omitieron informar de manera contundente sobre las obras llevadas a cabo dentro del cauce del río, actividades que, por su tamaño, no pudo ser posible que no las vieran, además de estar en la zona que hicieron la inspección.
Adjunto se encuentran una serie de imágenes bajadas de Google Earth donde se aprecia el cambio que tuvo el área de protección del Río Tibás a partir de diciembre del 2018, fecha aproximada donde comenzaron a llevarse a cabo las obras de movimientos de tierra, talas en área de protección del Río Tibás y actividades dentro del lecho del mismo río.
La oficina en Costa Rica de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y Mujeres por Costa Rica, le invitan al seminario web: Propuestas de las mujeres para un nuevo rumbo post-Covid 19 en Costa Rica.
En el contexto de la pandemia, el diálogo multisectorial, el conjunto de iniciativas, las propuestas de política pública, las posibles estrategias y las medidas concretas para la reactivación económica, la generación de empleo decente y el combate a la pobreza, deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:
Primero: reconocer que los problemas estructurales del estilo de desarrollo económico, causante de una creciente desigualdad social y territorial, ya mostraba una clara tendencia a la desaceleración. Además, evidenciaba un incremento del desempleo, en particular en mujeres y jóvenes, una disminución de la inversión privada y pública, y un crecimiento de la deuda pública.
Segundo: enfrentar esta crisis requiere transformaciones estructurales orientadas a generar las bases materiales de un desarrollo que enfrente la desigualdad, avance en la igualdad de género e igualdad territorial, y a la vez, que sea compatible con la sostenibilidad ambiental. Para su implementación se requiere un pacto social, más y mejores servicios y bienes públicos que le den sustento a una relación renovada entre mercado, Estado y sociedad.
Tercero: destacar un robusto sistema educativo que permita incidir en la capacidad creadora y productiva de las personas, pero también en la identidad democrática personal y colectiva, y en el desarrollo de competencias ciudadanas.
Cuarto: las decisiones que se tomen en materia de fiscalidad deben darle soporte al crecimiento económico, a la creación de empleo, al salvamento de empresas, al sistema de protección social para la atención de las poblaciones desempleadas, empobrecidas y en condiciones de vulnerabilidad e informalidad.
El seminario será web vía Zoom.
Día: viernes 18 de junio 2021 Hora: 06:00 p. m. Costa Rica
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace personal y código de acceso para unirse al seminario web. Si no recibe esta información o tiene alguna consulta sobre temas logísticos, puede escribir a Carlos Ávila al correo c.avila@fesamericacentral.org
Para consultas acerca del objetivo y el contenido de la actividad, por favor escribir a Marco Zamora al m.zamora@fesamericacentral.org
Ecos de Colombia Migración y Refugio, Comité de Solidaridad con las víctimas de la violencia en Colombia convocan al Plantón por Colombia, como muestra de solidaridad con Colombia, ya que actualmente hay más de 70 personas asesinadas, más de 500 desaparecidos, más de 1100 detenciones arbitrarias y demás atropellos a la población. Recuerde utilizar el tapabocas durante toda la actividad.
Día: 10 de junio del 2021 Hora: a partir de las 10:30 a.m. Lugar: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Yoses. San José.
El pasado viernes 4 de junio, la Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica (AJJ), la Facultad de Derecho y el Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica realizaron una mesa redonda donde se debatió sobre el Acuerdo Escazú.
Para analizar este tema se contó con la participación de panelistas tanto nacionales como internacionales, la discusión se dividió en tres segmentos; En un primer punto Rosa Peña Lizarazo y Nicolas Boeglin Naumovic, analizaron si la puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú ¿altera significativamente el equilibrio presupuestario del Poder Judicial? En el segundo punto Jaime Cárdenas Gracia, Álvaro Sagot Rodríguez, debatieron si es cierto o no que la participación ciudadana en materia ambiental que el Acuerdo de Escazú busca consolidar ¿constituye un derecho humano? Por último, Constance Nalegach Romero y Mario Peña Chacón, discutieron si unas salvaguardas en tratados internacionales que permiten a los Estados cierto margen de maniobra: el caso del Acuerdo de Escazú
Para ampliar la discusión sobre estos temas puede ver el siguiente video:
Ante las reiteradas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia diversas organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, espacios sindicales y eclesiásticos entre otras, solicitaron a la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos su intervención con el objetivo de constatar in situ la grave situación descripta.
Diferentes organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y populares, organizaciones gremiales y de la sociedad civil concluyeron que era imperioso contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos.
Los objetivos como Misión:
Relevar situaciones de violación a los DD.HH en el marco del Paro Nacional.
Elaborar un informe minucioso que tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional.
Contribuir a la articulación internacional en defensa de los DD.HH en toda la región.
Luego de este proceso se presenta el Informe Preliminar de los Juristas de México y Argentina, que están en Misión de Observación en Colombia. En el cual la voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal.
El informe se compone de: 1- Presentación 2- El despliegue represivo del estado colombiano 3- Las victimas 4- Rol de la institucionalidad 5- Acerca de los delitos cometidos 6- Violaciones de los DDHH en territorios recorridos por la misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos. a. Departamento del Cauca-Popayán b. Bogotá c. Pereira d. Cali e. Medellín
Puede leerlo completo en el archivo adjunto.
Además, entre sus conclusiones resalta que el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del PARO NACIONAL y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
