Dra Yamileth González García Ex- rectora de la UCR Integrante del Colectivo Mujeres por Costa Rica
Las más recientes encuestas sobre el proceso electoral en Costa Rica dibujan un panorama poco alentador, para quienes tenemos preocupación por el peligroso rumbo del país que ofrece la tendencia política electoral oficial. Los sondeos conceden una amplia ventaja a la candidata oficialista, con una tendencia autoritaria. A primera vista, los números parecen contundentes, sin embargo, asumirlos como una sentencia definitiva sería un error de lectura política y, sobre todo, democrática.
Las encuestas son el reflejo de un momento, no una profecía. Muestran tendencias, estados de ánimo, pero casi nunca determinan el resultado final. En un contexto marcado por altos niveles de indecisión y abstención, esos datos deben interpretarse con cautela. Más que un veredicto cerrado, constituyen una señal incompleta, un mapa con zonas todavía en blanco.
El silencio que hoy parecen expresar amplios sectores del electorado, no equivale necesariamente a adhesión ni a resignación. Muchas veces es omisión, desconfianza o temor a expresar una opinión contraria a lo que perciben como mayoritario y optan por callar. Pero ese silencio no necesariamente pasivo puede transformarse en participación cuando se acerca el momento decisivo. La historia electoral costarricense ofrece varios ejemplos de giros inesperados, de definiciones tardías, de mayorías que emergen cuando la ciudadanía finalmente decide hablar en las urnas.
Conviene recordar una verdad elemental que a menudo se pierde entre titulares y gráficos: las elecciones no se ganan en encuestas, se ganan en las urnas. Y en ese espacio, el voto sigue siendo un acto fundamentalmente individual, muchas veces influido por factores que escapan a cualquier medición previa. La democracia no es lineal ni predecible; es, por naturaleza, abierta y múltiple.
Hay razones para la esperanza, aunque no sean evidentes. La democracia costarricense ha demostrado, una y otra vez, que la ciudadanía sabe sorprender cuando llega el momento de decidir. Ha sabido resistir crisis, tensiones y momentos de profundo desencanto sin renunciar del todo a la participación como mecanismo de corrección hacia el futuro. Esa memoria democrática, aunque hoy parezca debilitada, sigue ahí.
Escuchar el silencio del electorado, con confianza, es clave para comprender el verdadero pulso del país. En ese silencio se dan dudas, pero también posibilidades, de hecho, se está transformarlo en diálogo y en movilización; ese es el desafío central para quienes no nos resignamos a que el resultado esté escrito de antemano.
El desenlace aún no está cerrado. Costa Rica ha demostrado en otros momentos, que incluso en los escenarios más adversos, la democracia puede encontrar caminos inesperados. Creerlo no es ingenuidad; es entender que el futuro político del país sigue, todavía, en manos de quienes seguimos confiando en nuestra democracia.
La iniciativa cuenta con respaldo ciudadano y mantiene abierta la recolección defirmas de apoyo
Un proyecto de ley orientado a fortalecer la ética pública y la defensa de la seguridad social fue presentado este jueves en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, en una actividad coordinada por la diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro Molina. La iniciativa ingresó oficialmente a la corriente legislativa con el respaldo de catorce diputaciones de distintas fracciones, lo que refleja un apoyo político diverso en torno a la protección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La propuesta fue elaborada y promovida por el Movimiento en Defensa de la CCSS, organización que entregó el texto a la diputada Alfaro acompañado de 241 firmas de apoyo ciudadano. El proyecto plantea una reforma al Código Electoral, específicamente al artículo 148, con el fin de establecer requisitos mínimos de coherencia y responsabilidad social para quienes aspiren a cargos de elección popular.
La iniciativa parte del reconocimiento de la CCSS como uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho, sustentado en los principios de universalidad, equidad y solidaridad, y como garante del derecho humano a la salud y a la protección social. En ese marco, el proyecto propone que las personas con deudas firmes y exigibles con la CCSS superiores a diez salarios base, y sin un arreglo de pago vigente, no puedan ser postuladas como candidatas a puestos de elección popular.
El texto establece una distinción clara entre morosidades estructurales y significativas y aquellas situaciones de carácter transitorio que afectan a personas trabajadoras independientes, aseguradas voluntarias o personas en condición de desempleo. En estos últimos casos, se reconoce la validez de los arreglos de pago vigentes como mecanismo legítimo de cumplimiento, evitando así sancionar la pobreza, la informalidad o circunstancias económicas adversas.
Desde el Movimiento en Defensa de la CCSS se ha insistido en que la reforma no busca excluir ni castigar a sectores vulnerables, sino impedir que personas con incumplimientos graves y sostenidos con la seguridad social accedan a cargos de representación popular, fortaleciendo así la ética pública, la confianza ciudadana en el sistema democrático y la sostenibilidad del modelo solidario de seguridad social.
La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente preocupación social por el debilitamiento de la seguridad social y busca fortalecer la coherencia ética entre quienes aspiran a cargos de representación popular y sus obligaciones con el sistema solidario que sostiene el derecho a la salud y a la protección social. Desde el Movimiento en Defensa de la CCSS se ha reiterado que el proyecto no pretende excluir ni castigar a sectores vulnerables, sino establecer un estándar mínimo de responsabilidad para quienes desean ejercer funciones públicas.
✍️ La ciudadanía interesada puede leer el proyecto y firmar en apoyo a esta iniciativa legislativa en el siguiente formulario, como respaldo a la defensa de la CCSS y al fortalecimiento de la ética pública: 👉 https://forms.gle/FpkLwkFnigjvnohc9
Puede ver la presentación del proyecto en el siguiente video a partir del minuto 17:10
Antes de las elecciones generales de febrero de 2026, un grupo amplio de organizaciones académicas, sociales, medios de comunicación y colectivos ciudadanos impulsó el Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, una iniciativa orientada a fortalecer un debate público informado, respetuoso y transparente durante el proceso electoral. Esta plataforma, articulada a través del sitio Ojo con la Desinformación, busca contrarrestar la proliferación de noticias falsas y la polarización que puede debilitar la legitimidad y calidad de la deliberación democrática en tiempos electorales.
El acuerdo, surgido del trabajo colaborativo entre múltiples actores —incluyendo entidades como la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR), el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP-UCR), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), así como colectivos como Jóvenes por Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y Voces Nuestras— plantea principios básicos para combatir la desinformación e impulsar una cultura de paz en el contexto electoral.
Entre los compromisos asumidos por los firmantes destacan:
el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como autoridad electoral y garante del proceso democrático;
la verificación responsable de la información antes de compartirla;
la corrección oportuna de errores informativos;
y el rechazo a toda forma de discurso de odio y retórica violenta, incluidas aquellas generadas o amplificadas mediante herramientas tecnológicas o perfiles no verificados .
El Acuerdo también incorpora el compromiso de promover una participación política consciente, libre de manipulaciones informativas y basada en hechos verificados. Para asegurar el cumplimiento, se conformó un Equipo Ciudadano de Seguimiento —integrado por organizaciones como Voces Nuestras, Mujeres por Costa Rica, IDdeco CR, Punto y Aparte y CICOM-UCR— que emitirá informes públicos, impulsará buenas prácticas informativas y fomentará la educación cívica en torno a la verificación de datos y el respeto en el discurso público.
Esta iniciativa representa un esfuerzo colectivo para enfrentar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y diversas instituciones sobre el impacto de la desinformación y la polarización en la calidad del debate electoral, y reafirma que defender la verdad es defender la democracia.
📌 Puede visitar la página de Ojo con la Desinformación para ampliar la información, ver las candidaturas firmantes, acceder al documento completo y conocer cómo apoyar el Acuerdo Nacional:
Un informe de la empresa Demoscopia S.A., correspondiente al estudio Oráculo IV, muestra un escenario electoral marcado por una alta proporción de personas indecisas, tanto en la elección presidencial como en la legislativa, así como una influencia moderada de los debates en la toma de decisiones del electorado.
El estudio se realizó mediante encuesta telefónica a una muestra de 600 personas mayores de edad, entre el 26 y el 28 de enero de 2026, con un margen de error de ±4 puntos porcentuales.
Debates influyen, pero no de forma determinante
Ante la pregunta sobre en qué medida los debates ayudan a decidir el voto, un 39,3% de las personas encuestadas señaló un nivel bajo de influencia (escala de 0 a 5), mientras que un 29,2% indicó que los debates influyen mucho (escala de 8 a 10). Un 18% no respondió o no supo valorar este aspecto, lo que evidencia una relación desigual entre el formato de debate y la definición del voto
Presidencia: ventaja relativa y amplio margen de indecisión
En la intención de voto presidencial, Laura Fernández encabeza las preferencias con 34,5%, seguida a distancia por Álvaro Ramos (11,3%), Juan Carlos Hidalgo (5,5%) y Ariel Robles (4,5%). No obstante, el estudio registra un 20,8% de personas indecisas y un 7% que no respondió, lo que deja abierto el escenario electoral a pocos días de los comicios
Entre quienes se declaran indecisos, la principal razón es la falta de información sobre los candidatos (41,7%), seguida por estar entre dos o más opciones (21,6%) y la desconfianza general en la clase política (10,8%)
Diputaciones: fragmentación y alto nivel de indefinición
En el plano legislativo, el partido Pueblo Soberano obtiene el 32,5% de la intención de voto, mientras que Liberación Nacional alcanza un 11%. Sin embargo, el porcentaje de personas indecisas (23,5%) y quienes no votarían por ningún partido (10,5%) refleja una fragmentación significativa y un electorado aún en proceso de definición
Perfil del electorado encuestado
El informe detalla un perfil sociodemográfico equilibrado por género y con predominio de personas entre 25 y 39 años (34,7%). En nivel educativo, un 32,7% cuenta con educación universitaria completa o incompleta, mientras que en adscripción religiosa predomina la población católica (45,8%), seguida por personas evangélicas o cristianas protestantes (32,8%)
📄 El informe completo puede descargarse desde SURCOS Digital, para un análisis detallado de los cuadros y la metodología del estudio.
Cruce analítico con CIEP e IDESPO (enfoque SURCOS)
Sin repetir números exactos, el cruce se puede presentar como lectura contextual, así:
Coincidencias clave entre Demoscopia, CIEP e IDESPO
Los tres estudios coinciden en un alto peso de personas indecisas, incluso en la última semana antes de las elecciones.
Tanto CIEP como IDESPO han reconocido altas tasas de no respuesta, especialmente en encuestas telefónicas, lo que limita la posibilidad de lecturas concluyentes.
Demoscopia refuerza esta tendencia al mostrar que una proporción relevante decide su voto en la última semana o incluso el propio día de las elecciones.
Diferencias relevantes
Mientras CIEP e IDESPO han sido usados por sectores mediáticos para instalar narrativas de ventaja consolidada, Demoscopia evidencia un escenario más frágil y móvil.
El estudio de Demoscopia muestra que los debates no son un factor decisivo mayoritario, coincidiendo con análisis críticos que advierten que la exposición mediática no sustituye procesos de deliberación más profundos.
Lectura política (clave SURCOS)
Este cruce de estudios permite afirmar que:
No existe un escenario cerrado, pese a discursos triunfalistas.
La indecisión no es apatía, sino expresión de desconfianza, falta de información clara y rechazo a la polarización.
La elección sigue dependiendo de la participación efectiva, la movilización social y la capacidad de las fuerzas políticas para conectar con preocupaciones reales del electorado.
En menos de un mes, las fuerzas federales del orden en materia migratoria comandadas por el gobierno del Republicano Donald Trump han asesinado a tiros a dos ciudadanos de aquel país, que interponían sus cuerpos en sendos operativos antiinmigrantes en la convulsa ciudad de Minneapolis.
La indignación es evidente y miles de personas de todas las edades han protagonizado desde hace ya varias semanas, acciones de protesta para solicitar que el gobierno de Donald Trump retire a sus subordinados dados los acontecimientos. El segundo fallecido recién el sábado anterior, fue desarmado antes de ser abatido a tiros en otra acción desmesurada y autoritaria.
De nuevo y una vez más, la administración republicana ha salido al paso y en defensa de sus funcionarios policiales. Esta vez las palabras iniciales de la Administración Trump enfatizaban en que Alex Pretti, el hombre asesinado, constituía un peligro, era un terrorista local y tenía como objetivo derramar sangre.
Los materiales audiovisuales que abundan como testigos de este hecho demuestran lo contrario: una jauría de policías migratorios se abalanza sobre el hombre que en ese momento defiende una mujer a la que segundos antes esas mismas fuerzas le había rociado gas pimienta para inmovilizarla. El forcejeo, la lucha de Pretty contra la policía migratoria y los tiros, todo, todo quedó evidenciado y socializado miles de veces en las distintas redes sociales.
La deriva autoritaria sigue su curso en Estados Unidos y su resonancia en otros contextos no deja de preocupar. Concretamente en el caso costarricense, en el que en medio de su convulso clima electoral algunos candidatos presidenciales y legislativos han aceptado a viva voz su deseo de limitar las libertades individuales en una pretendida lucha contra la violencia que se ha instalado en el país desde hace tres años de forma consecutiva.
Esa expresión de interés debe ser leída con cuidado en un momento en el que el lenguaje populista pareciera ganar la partida al diálogo y la sensatez. No más hace pocas horas, una persona candidata presidencial invitó al principal financista de la campaña republicana Elon Musk a invertir en el país. No es poca cosa ni es un acto fortuito. El personaje de marras, multimillonario, es fiel suscriptor de las tesis republicanas en varios temas.
De la misma forma en el tema migratorio, el grueso de las propuestas de los partidos en la contienda electoral apunta mayoritariamente a un enfoque basado en el control y la securitización, abandonando la tradición del país basada en una observancia a la hospitalidad, los derechos humanos y el reconocimiento del papel que la población migrante ha desempeñado en materia económica, social y cultural.
El próximo domingo 1 de febrero Costa Rica se presenta ante las elecciones más importantes en muchas décadas. Se define una vía que potencie el diálogo y la discusión de ideas para sacar al país de su crisis o por el contrario una peligrosa deriva autoritaria podría instalarse como gestión gubernamental. La decisión es ciertamente difícil pero la sensatez podría ser ese vehículo moral que saque a la sociedad costarricense del problema en que ella misma se ha metido.
Un documento comparativo elaborado a partir de la guía del cineasta y docente Alejandro Ferlini Cartín analiza las propuestas —o la ausencia de ellas— sobre cine, producción audiovisual y artes audiovisuales en los planes de gobierno de las principales candidaturas presidenciales para las elecciones de 2026. El ejercicio permite identificar con claridad cuáles partidos presentan planteamientos concretos, cuáles se limitan a menciones generales y cuáles no incorporan el tema en absoluto.
Según el análisis, solo un reducido número de candidaturas reconoce explícitamente la política pública audiovisual existente o propone acciones específicas para el sector. El Frente Amplio (Ariel Robles) presenta la propuesta más clara y específica, con respaldo explícito a la Ley de Cinematografía y Audiovisual, el fortalecimiento del Centro de Cine y la continuidad de fondos públicos para producción, formación y exhibición. El PUSC (Juan Carlos Hidalgo) incluye el cine dentro de una política cultural amplia vinculada a la economía creativa, aunque sin instrumentos exclusivos. El Partido de los Trabajadores (David Hernández) introduce un enfoque distinto, abordando el audiovisual desde los derechos laborales, el reconocimiento del trabajo cultural y el acceso democrático, aun cuando no detalla herramientas específicas solo para cine.
En contraste, otras candidaturas presentan propuestas parciales o generales. El PLP (Eli Feinzaig) y Avanza (José Aguilar) mencionan la cultura y las actividades artísticas, pero sin políticas, financiamiento ni institucionalidad concreta para el audiovisual. El PLN (Álvaro Ramos) aborda la cultura de manera transversal, sin diferenciación para cine o artes audiovisuales. Finalmente, Agenda Ciudadana (Claudia Dobles), Pueblo Soberano (Laura Fernández) y Nueva República (Fabricio Alvarado)no presentan propuestas públicas identificables relacionadas con cine, producción audiovisual o políticas culturales.
El documento concluye que el cine y el audiovisual no ocupan un lugar prioritario en la mayoría de los planes de gobierno, pese a contar ya con una base institucional respaldada por legislación y fondos públicos. Destacan dos enfoques claramente diferenciados: uno que concibe el audiovisual como parte de la institucionalidad cultural y la economía creativa, y otro que lo entiende desde los derechos laborales y el acceso democrático a la cultura. La ausencia de propuestas claras en varios programas abre, según el análisis, una oportunidad para que el sector audiovisual incida activamente en el debate electoral y posicione el cine como industria cultural, expresión artística y herramienta de proyección internacional.
Cine y audiovisual en los planes de gobierno – Elecciones 2026
Resumen comparativo
Partido / Candidatura
¿Incluye propuestas sobre cine y audiovisual?
Enfoque principal
Nivel de concreción
Frente Amplio – Ariel Robles
Sí
Institucionalidad cultural, continuidad de políticas públicas, financiamiento
Alto
PUSC – Juan Carlos Hidalgo
Sí
Economía creativa y política cultural amplia
Medio
Partido de los Trabajadores – David Hernández
Sí
Derechos laborales, acceso democrático a la cultura
Medio
PLN – Álvaro Ramos
Parcial
Cultura tratada de forma transversal, sin foco audiovisual
Bajo
PLP – Eli Feinzaig
Parcial
Cultura general, sin instrumentos específicos
Bajo
Avanza – José Aguilar
Parcial
Mención genérica a cultura y artes
Bajo
Agenda Ciudadana – Claudia Dobles
No
—
Nulo
Pueblo Soberano – Laura Fernández
No
—
Nulo
Nueva República – Fabricio Alvarado
No
—
Nulo
Claves que se desprenden de la comparación
Solo una candidatura presenta una política audiovisual claramente definida y vinculada a la institucionalidad existente.
Dos programas incorporan el tema de manera indirecta, ya sea desde la economía creativa o desde los derechos laborales.
La mayoría de los planes no contempla propuestas concretas para el cine y el audiovisual, pese a tratarse de un sector con legislación, instituciones y fondos ya existentes.
Se identifican dos enfoques diferenciados:
Cine como política cultural e industria creativa.
Cine como trabajo cultural, derecho y acceso democrático.
Elegir una sucesión tutelada mirando hacia otro lado, o apegarse a la democracia
La elección del 1° de febrero de 2026 no será una contienda más entre candidatos. Será, sin eufemismos, un examen de inteligencia colectiva, un test IQ cívico, una prueba severa de comprensión política. Medirá si los electores son capaces de identificar una amenaza real a la democracia, comprender sus causas y consecuencias, actuar inteligentemente o por el contrario ignorar las evidencias, mirar hacia otro lado y fallar en la prueba más básica de lucidez política.
No estará en juego únicamente la escogencia de un presidente sino algo más profundo y decisivo: saber si la ciudadanía distingue entre elegir con criterio propio, o aceptar dócilmente una sucesión tutelada y la gestación de una oligarquíaautocrática. Ese día veremos si el país vota con conciencia o si se limita a un desfile inercial hacia las urnas que convalide la continuidad del poder sin someterlo a un escrutinio real.
Las preguntas centrales del examen no son ideológicas ni emocionales, son cognitivas: ¿reconocen los electores la amenaza de la perpetuación del chavismo-pilarismo en el poder? ¿Entienden que su continuidad, bajo apariencia de una sucesión electoral implica el deterioro de la alternancia, de los controles institucionales y del principio mismo de limitación del poder? Si no lo perciben o si deciden minimizarlo no solo estarán eligiendo mal, estarán demostrando incapacidad para visualizar el riesgo.
El test de inteligencia también demostrará la capacidad de distinguir entre popularidad momentánea y legitimidad democrática, pues votar no es un evento automático exento de análisis, ni se trata de ir al estadio a gritar por el equipo preferido, ni la reafirmación de una identidad tribal.
No debemos seguir siendo víctimas de la pereza mental. Cuando votar deja de ser un acto racional de discernimiento y se convierte en un reflejo condicionado la democracia queda hueca. Si la sociedad no distingue entre alternancia, autonomía, delfinazgo, oligarquía y subordinación, renuncia a sus derechos, no por falta de información sino por insuficiente educación cívica ¡Tenemos que pensar o se nos atrofiarán las neuronas!
Reprobar el test no será un accidente sino una acción consciente causada por negligencia intelectual. Si el electorado no percibe que el chavismo-pilarismo busca perpetuarse en el poder mediante una candidatura tutelada, demostrará que no comprende cómo se erosionan y mueren las democracias.
De nuevo y repetible hasta el cansancio: votar por una candidatura subordinada, acompañada de numerosos diputados, casi todos buscando el refugio de la inmunidad ante sus innumerables causas judiciales, con evidencias sobradas de incompetencia y buscando legislar en su beneficio, no es continuidad democrática, es rendición cívica. Es aceptar que el poder no se aparte ni se someta a límites reales, sino que se oculte y permanezca. Quien crea que esto “no será tan grave” o que “se podrá corregir después” no reconoce los patrones históricos. Las autocracias modernas no irrumpen con tanques sino con papeletas; no necesitan romper ni abolir las reglas, les basta con aprender a usarlas a su favor.
Aquí el examen es claro. Si el elector no identifica la lógica de la perpetuación del poder oligárquico es signo de que no comprende el problema. No se trata de simpatías o antipatías personales ni de ideologías, sino de comprender que un poder que controla la sucesión controla el sistema. El problema principal, aparte de si la candidata “es o no capaz”, es el peligro de que una tutela anule la alternancia, impida la renovación del poder y consolide una hegemonía autocrática. Como además aparece alineada y sumisa al presidente saliente el mensaje es inequívoco: el chavismo-pilarismo no se retira, se reproduce.
La imagen de subordinación política que rodea a Laura Fernández no es una invención propagandística. Resulta de evidencias reiteradas, gestos públicos de servilismo y ausencia total de diferencias programáticas. Quien no interprete esas señales como un intento de eternizar el poder demuestra complacencia o miopía política.
¿Será necesario reiterar que las democracias sanas exigen liderazgos autónomos? La autonomía no se declama, se demuestra, y Fernández no ha ofrecido ni una sola prueba creíble de emancipación. Defender sin ambigüedades los contrapesos institucionales, señalar errores del gobierno actual y establecer límites claros frente al poder saliente, serían gestos mínimos de criterio político. Evadirlo no es prudencia, es confirmar la tutela. Es aquí en donde el test se vuelve crítico pues si no se visualiza que la ausencia de ruptura es evidencia de continuidad oligárquica, el análisis falló. El lenguaje evasivo, la confrontación sin límites institucionales y la reiteración del discurso presidencial no son casuales, son síntomas de subordinación, obediencia, servilismo y ausencia total de criterio propio. No es liderazgo, es vocería custodiada, herencia vigilada, sumisión.
El gesto decisivo nunca llegó. Decir con claridad que Rodrigo Chaves no tendría influencia en su eventual gobierno habría sido una señal de autonomía. Sucedió exactamente lo contrario. Fernández vociferó que el presidente saliente sería su ministro de la Presidencia, cuando menos su consejero y mentor, o mejor dicho el poder detrás de la silla presidencial de Zapote. Además, normalizó la idea de que la sucesión blindarájurídicamente al poder saliente. Si el elector no identifica esto como una amenaza directa no ha superado el umbral mínimo de comprensión política, por lo que no necesita ni merece la democracia.
Dado que según las encuestas se mantiene el apoyo a Chaves, poco importa si la candidata es buena o mala y si va o no a los debates. Fernández lidera esas encuestas, pero su ventaja es frágil. El elevado número de indecisos expresa apatía, fastidio y sobre todo desconfianza. El votante indeciso es clave, pero también será evaluado por el test, pues si confundiera popularidad con legitimidad, leyó mal la realidad. Debe admitirse que la oposición tiene responsabilidad por no haber amalgamado una estrategia convincente que la haga meritoria de ser una opción robusta. Los estigmas, reputaciones e imágenes del pasado político no logran borrarse del imaginario de la ciudadanía, frustrada por fracasos, incompetencia, corrupción, desprecio por las prioridades reales y decepciones acumuladas durante los últimos treinta años, al menos. En las últimas tres elecciones el llamado fue a votar en contra de Fabricio, Araya, Figueres y ahora Fernández. En otras palabras, el país se quedó sin liderazgos capaces de convencernos por sus propuestas y resultados. Mientras ese limbo perdure, Costa Rica continuará con rumbos equivocados.
Un triunfo eventual, sin ruptura previa, produciría un mandato débil y permanentemente cuestionado. Cada decisión se interpretaría como una orden girada. Normalizar el tutelaje garantizaría el delfinazgo, establecería un precedente devastador y aceptaría que el poder continúe sin control. Costa Rica perdería entonces una de sus fortalezas históricas: la supremacía de las instituciones sobre los caudillos. No advertir este riesgo es otra forma de reprobar el examen.
Advertencia: la abstención y el voto en blanco o nulo no son prueba de neutralidad ni de castigo al poder tutelado, más bien lo fortalece y facilita su perpetuidad. Quienes así actúen consolidarán al chavismo-pilarismo y demostrarán que no comprenden cómo debe funcionar el control democrático; no reconocen la amenaza que representa el continuismo tóxico y apoyarán el voto por la delfina, no por engaño sino por complicidad pasiva e incapacidad de análisis.
No hay margen para excusas. Una sociedad que no identifica una amenaza, cuando es visible desde cualquier ángulo, no necesita que le impongan la autocracia, la elige. Luego y como siempre, llegarán los lamentos tardíos, pero sin autoridad moral para quejarse… ¡A votar!, por cualquiera, pero por supuesto con dos o tres excepciones…
A propósito del 1° de febrero: Anatomía de una catástrofe en el día del castigo De: La peste ; Alber Camus «Por favor contésteme con franqueza, ¿está usted absolutamente convencido de que es una peste?” «Usted está enfocando el problema erróneamente. No es una cuestión del término que uso, sino del tiempo.» Esto marcó el fin del primer período, el de las señales confusas, y el inicio del siguiente, más complicado, en el que la perplejidad de los primeros días se encaminó gradualmente hacia el pánico […] Los pobladores dijeron que nunca hubieran creído posible que nuestro pequeño pueblo fuera escogido como escenario de tan grotesco suceso. Pero se equivocaron y esa forma de ver obviamente estuvo entre las causas […] La gente se fue poniendo nerviosa y por supuesto, corrió todo tipo de rumores salvajes. El Prefecto me dijo: «Tome pronta acción si así lo desea, pero no atraiga la atención». Él, personalmente, estaba convencido de que era falsa alarma […] Fue luego del golpe que la reflexión seria comenzó, muy tarde […] Estaba anocheciendo, pero el pueblo, tan ruidoso a esta hora, estaba extrañamente acallado […]Una imagen del rojo incandescente de las hogueras se reflejó en el oscuro mar adormecido; antorchas batallantes y centelleantes aleteaban en la oscuridad; el humo fétido y espeso se levantaba hacia el cielo. Todo sucedió dentro del límite de las posibilidades. […] Nuestro folclórico pueblo, como cualquier otro, se envolvió en sí mismo; nadie creía en catástrofes. Una catástrofe no es algo hecho a la medida del humano; nos convencemos, a nosotros mismos, de que no es más que un mero lodo de la mente, un mal sueño que pasará. Pero no siempre sucede así, y de un mal sueño a otro es la gente la que muere porque no toman precauciones. Y fue, en el medio de gritos rodando contra la pared de la terraza, en ondas masivas que crecieron en volumen y duración, que las cataratas de fuego colorido cayeron, cada vez más gruesas, a través de la oscuridad. Por eso se resolvió compilar esta crónica, para aportar testimonios en favor de las personas golpeadas por la peste, de manera que alguna memoria de la injusticia e injuria cometida contra ellas pueda perdurar y para señalar lo que aprendimos en un tiempo de catástrofe, pues no hay peor cosa para temer de los hombres que su desprecio y negligencia.
«La Peste» de Albert Camus, describe escenas de cuando la ciudad de Orán, Argelia, recibió la peste bubónica, a finales del siglo XIX e inicio del XX, pero la gente ni sus funcionarios públicos lograban tomar decisiones correctas ni oportunas; había mucha confusión y se ignoraron los signos premonitorios; al final todo fue caos. Camus tomó este suceso como metáfora para describir la aparición y ascenso del nazismo, y la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial: Expansión silenciosa del mal, negación de la amenaza, adaptación progresiva de la población al totalitarismo, indiferencia, acostumbrarse a convivir con lo inaceptable, renunciar a la responsabilidad individual, etc. El final es inquietante: el bacilo nunca desaparece del todo… Da para meditar…
El dirigente sindical Juan Carlos Durán Castro, de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Seguridad Social (FECTSALUD), compartió una serie de reflexiones en torno al reciente análisis crítico realizado por el exdirector de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica sobre la encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).
Durán señala que los cuestionamientos metodológicos planteados desde la sana crítica estadística deben ser asumidos con responsabilidad por los sectores organizados de orientación progresista y humanista. En particular, considera que estos aportes permiten introducir calma frente a interpretaciones apresuradas y lecturas triunfalistas promovidas desde distintos espacios del espectro informativo nacional. Reconoce que los altos costos de las encuestas presenciales han llevado al uso extendido de metodologías telefónicas, pero advierte que estas introducen errores estructurales, como el alto nivel de no respuestas, que afectan la calidad y el alcance de los resultados.
Desde su perspectiva, el valor del análisis técnico no se limita a señalar yerros, sino que abre escenarios políticos que no suelen ser visibilizados. Entre ellos, destaca tres ventanas de oportunidad: el segmento de personas indecisas, el alto porcentaje de electores que decide su voto en la última semana y, especialmente, la distorsión que generan las no respuestas telefónicas, lo cual puede conducir a un sobredimensionamiento de ciertas tendencias. Estos elementos, afirma, deben ser utilizados con inteligencia política en la etapa final de la campaña y el propio día de las elecciones.
Durán subraya que estos escenarios mantienen abierta la posibilidad de una segunda ronda electoral y de alcanzar una correlación de fuerzas significativa en la Asamblea Legislativa, pero aclara que ello dependerá de una madurez política acorde con el contexto. En ese sentido, hace un llamado a superar egoísmos y a trabajar, desde ahora y después de los comicios, en la articulación de una oposición amplia, progresista y humanista, capaz de fortalecer los esfuerzos construidos desde los movimientos sociales y lo que denomina la resistencia, ampliando los márgenes de acción política frente al rumbo nacional.
El pasado 13 de enero de 2026, fue de conocimiento público el señalamiento contra Stella Chinchilla Mora por presuntamente motivar un atentado contra el presidente de turno de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.
Desde el Servicio de Paz y Justicia ─ SERPAJ-CR, expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante lo que consideramos un uso desproporcionado del aparato estatal para silenciar voces críticas.
Stella es una comunicadora social, activista por DDHH, vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz ─ CAP, a quién conocemos y extendemos nuestra solidaridad ante esta situación. Stella es conocida no sólo por Movimientos Sociales costarricenses e internacionales, sino también por sectores de poder por su activismo con su “cámara callejera” que ha denunciado e informado en múltiples ocasiones. Solo en su canal de YouTube, desde el 2009, Stella acumula más 1300 videos sumando más de medio millón de vistas.
La impronta activista de Stella es fácilmente verificable. La trayectoria documentada de Stella es testimonio de un compromiso ético con la denuncia social y la transparencia informativa. Su «cámara callejera» no es un arma, es una herramienta de visibilización ciudadana.
Denunciamos que la acusación contra Stella es un mecanismo simbólico de amenaza para quienes adversan al actual Gobierno. El show derivado de este hecho es una cortina de humo que pretende implantar en la colectividad un “enemigo” y así encuadrar al Gobierno actual como un “mártir” que requiere a toda costa la defensa de la ciudadanía y al mismo tiempo justificar la violación a Derechos Humanos.
La acusación contra Stella no es un hecho aislado, es una narrativa que, mediante la amenaza, busca instalar el miedo en quienes ejercen su derecho a la disidencia. Estas acciones pretenden la polarización, paralizar conciencias críticas y convertir al activismo en un supuesto peligro para la seguridad nacional. Cuando se utiliza el discurso público para señalar a activistas como «enemigos», directamente se alienta una escalada de hostilidad que afecta la convivencia democrática.
Desde SERPAJ-CR denunciamos que la guerra y la amenaza son dos de las más graves expresiones de violencia individual y colectiva. Tanto la guerra como la amenaza buscan (y en muchos casos logran) paralizar la conciencia, polarizar, amedrentar, aterrorizar, destruir, desestabilizar.
Las acciones contra Stella impactan, exacerban y envalentonan a quienes ciegamente siguen al actual gobierno, su candidata presidencial y adeptos. Alinean y nublan conciencias que se movilizan precipitadamente y generan una escalada violenta contra toda persona que manifieste críticas.
La criminalización al activismo es un mecanismo de control social y político que opera contra Movimientos Sociales, opositores o personas comunes que no coinciden con el discurso y Agendas del oficialismo. En varios gobiernos este mecanismo ha judicializado activistas y líderes como estrategia de desgaste y paralización de conciencias. El actual gobierno ha sido altamente eficiente en incitar a muchas personas a defenderle desmedidamente. Sin importar si la disidencia viene de la familia, el vecindario o el trabajo, cualquier opinión crítica al gobierno es tachada de “enemiga” del pueblo.
En el SERPAJ-CR alertamos gran preocupación ante la estrategia del gobierno actual encaminada no solo en criminalizar al activismo, la libertad de expresión y pensamiento crítico, sino en victimizarse desde un discurso altamente populista para justificar el ejercicio del poder autoritario, delictivo y violento. Con el agravante de haber implantado en un sector ciudadano la idea de defender al oficialismo a toda costa y con “mano dura” de cualquier opinión disidente.
Desde SERPAJ-CR:
Convocamos a Movimientos Sociales, Colectivos y Medios de Comunicación Alternativos a pronunciarse en contra de la criminalización a Stella y activistas, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Hacemos un llamado a espacios de lucha social para construir redes de protección y cuidado colectivo que nos permitan enfrentar incitaciones a la violencia que buscan dañarnos y paralizar a las generaciones que apenas crecen.
Instamos a la ciudadanía a no ceder ante discursos que promueven el odio o la división.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) emitió un pronunciamiento público en el que alerta sobre la usurpación de derechos, territorios e identidades indígenas y cuestiona el uso instrumental de la agenda de los pueblos originarios en el contexto del proceso electoral de 2026.
FRENAPI, que agrupa a ocho pueblos indígenas y al menos quince territorios de todo el país, recordó que desde hace más de 26 años ha impulsado esfuerzos sostenidos para posicionar las demandas indígenas ante los distintos poderes del Estado, independientemente de los gobiernos y administraciones de turno. En su comunicado, el colectivo reafirmó la vigencia y diversidad de los pueblos indígenas de Costa Rica, así como su compromiso con una agenda integral que abarca la espiritualidad, la tierra y el territorio, las estructuras propias de gobierno, la salud y educación propias, la protección del ambiente y la defensa de los idiomas originarios.
La organización denunció que, pese a la violencia estructural histórica ejercida por el Estado, ha mantenido una posición de respeto frente a las distintas corrientes y figuras políticas que aspiran a cargos de elección popular. Sin embargo, advirtió que los procesos electorales suelen estar estrechamente vinculados a grupos de poder que financian campañas y que, según FRENAPI, han usurpado tierras, conocimientos y espiritualidades indígenas, recurriendo a “discursos vacíos” y prácticas engañosas.
El pronunciamiento señala además que diversas figuras políticas han utilizado de forma incorrecta los idiomas indígenas o han hablado en nombre de los pueblos originarios sin conocimiento real de sus territorios ni de sus prioridades, reproduciendo la ignorancia y el desconocimiento sobre la realidad indígena. En ese sentido, FRENAPI repudió lo que calificó como prácticas reiteradas de “politiquería electoral”, en las que los derechos de los pueblos indígenas —reconocidos en leyes, decretos y convenios internacionales— son invocados de manera coyuntural, pero luego omitidos en los planes de inversión y acción estatal.
De manera explícita, el Frente cuestionó las acciones atribuidas a Laura Fernández y Fernando Zamora, a quienes acusa de utilizar las necesidades y derechos indígenas como parte de su estrategia de campaña, mediante la suplantación y la manipulación de la realidad que enfrentan las comunidades.
FRENAPI también criticó a los partidos políticos por profundizar desigualdades y violencias sistemáticas, usando a sectores históricamente excluidos como “botín electoral” u ornamento discursivo. Asimismo, denunció la imposición de proyectos extractivistas —como marinas, explotación petrolera, minería e hidroeléctricas— sin respetar la autonomía, la libre autodeterminación ni la consulta previa, libre e informada de buena fe.
El colectivo subrayó que los pueblos y naciones indígenas no son homogéneos y defendió la construcción democrática desde las diferencias, de manera pública y propositiva. Afirmó que su “proyecto de Vida” no responde a partidos políticos ni a coyunturas electorales, sino que trasciende el escenario político actual y se fundamenta en la defensa del territorio, la dignidad, el autogobierno y el bien común.
Finalmente, FRENAPI rechazó las narrativas coloniales e integracionistas que invisibilizan la diversidad indígena y llamó al pueblo costarricense a abrir el pensamiento y la acción para construir un país más democrático, inclusivo y respetuoso de su pluralidad. El comunicado concluye con un mensaje de memoria y lucha en honor a Jerhy Rivera y Sergio Rojas, reafirmando la continuidad de la resistencia de los pueblos indígenas en Costa Rica.
