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Conmemoración del 21 de marzo: Día Internacional contra la Discriminación Racial

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Compartimos el video “Conmemoración del 21 de marzo Día internacional contra la discriminación racial”, elaborado en el marco del proyecto Observatorio para la Acción contra el Racismo y la Asociación de Estudiantes de Antropología de la Universidad de Costa Rica:

“El 21 de marzo de 1960 se perpetró la Masacre de Sharpeville, Sudáfrica. En ella murieron y resultaron heridas cientos de personas que protestaban de manera no violenta contra la Ley de Pases del régimen autoritario racista del apartheid (…). Este sistema ideado por una élite que representaba sólo el 20 % de la población, promulgó leyes que impedían el sufragio de las poblaciones negras y su participación política en cargos públicos y en el comercio; organizaban la segregación geográfica y de los espacios públicos y prohibían los matrimonios entre los grupos.

El régimen del apartheid persistió en Sudáfrica durante 45 años, desde 1948 hasta 1993. La Ley de Pases fue un método utilizado para tener un mayor control de los movimientos de resistencia y fue derogada hasta 1986. Hasta esta fecha se habían encarcelado y movilizado a zonas empobrecidas a más de 15 de millones de personas.

Para apoyar las comunidades en resistencia contra la discriminación racial en todo el mundo, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró este día el día internacional de la eliminación de la discriminación racial (…)”.

Las palabras de don Carlos Alvarado Q.

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Isabel Ducca D.

Hace dos años, cuando asesinaron a Sergio Rojas Ortiz con quince disparos en su casa de habitación, el presidente de la República expresó:

“Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena.  Este es un día trágico para el Pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el Pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad” [i].

El caso sobre el homicidio estuvo a punto de cerrarse por petición de la fiscalía. Un medio de comunicación dio a conocer información “secreta”, con lo que se invalidan pruebas y testimonios.  La familia lucha, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.  Mientras, los asesinos celebraron con otro homicidio el primer aniversario de la muerte de Sergio Rojas; en el año 2020, le tocó el turno a Jehry Rivera Rivera, cuya familia también trabaja, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.

La impunidad reina en todos los territorios indígenas, no solo en Salitre.  Un día sí y otro también, llegan alertas de incendios, agresiones y amenazas de muerte por parte de personas no indígenas contra indígenas que decidieron recuperar lo que les pertenece por historia, ley nacional e internacional y humanidad.

El 16 de marzo, se lee en la página oficial de FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas):

“Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 a. m. del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.

La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca que ha pertenecido ancestralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtchö Wakpa Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021”.[ii]

Hasta donde sabemos, posiblemente hay más, están amenazadas de muerte tres mujeres recuperadoras de tierra: Doris Ríos Ríos, Mariana Delgado Morales y Clarita Quiel Torres.  Las tres habitan en diferentes territorios. ¿Qué están haciendo las instancias competentes para protegerlas?  Por lo que ellas narran, cuando tienen posibilidades de dar sus testimonios, nada; no reciben ninguna protección estatal.

Por otro lado, el 14 de marzo, circuló un audio de Pablo Sibar Sibar, dirigente de FRENAPI, en el cual expone las razones de la lucha, las amenazas que recibe continuamente y la solicitud expresa a don Carlos Alvarado para que intervenga y busque no solo solución al conflicto sino, también, protección a las personas que, como él, están amenazadas.  Es enfático al afirmar:

“No nos pidan que suspendamos las recuperaciones. Tengo cuarenta años de lucha. Y, en esos cuarenta años, siempre nos dijeron que tuviéramos paciencia y que el Gobierno arreglaría. Hoy, le toca a usted, señor presidente”.[iii]

Don Pablo Sibar es muy modesto al decir que son cuarenta años de lucha; en realidad, son 500 años de resistencia al despojo y al etnocidio.

Quizás, don Carlos Alvarado no recuerda sus promesas; han sido tantas; además, debe estar muy ocupado escuchando a los diseñadores de horizontes positivos que le encantan, cual sirenas mitológicas, con los paraísos fiscales donde habitan, sin conflicto, los grandes evasores. ¿Quién sabe?

[i] Jerez, M. (2019, marzo 19).  (Vídeo) Carlos Alvarado: «Este es un día trágico para todo Costa Rica». AmPRENSA. https://amprensa.com/2019/03/video-carlos-alvarado-este-es-un-dia-tragico-para-todo-costa-rica/

[ii] FRENAPI. (2021, marzo 16). ACCIÓN URGENTE. ALERTA TEMPRANA. Frente Nacional de Pueblos Indígenas.   

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688

[iii] Sibar, P. (2021, marzo 14). Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida. Surcos digital. https://surcosdigital.com/pablo-sibar-envia-audio-al-presidente-alvarado-ante-amenazas-a-su-vida/

 

Enviado por la autora.

Pueblos originarios de Costa Rica continúan luchando y exigiendo justicia, a dos años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

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Jueves 18 de marzo de 2021. A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.

De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.

Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.

La condena a este cobarde acto de violencia fue unánime a nivel internacional y nacional por parte de organismos, instituciones y organizaciones de derechos humanos, sociales y de Pueblos Originarios; sin embrago en setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación por parte del Ministerio Público.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos (as) y personas de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”. El desarrollo de la investigación ha sido excesivamente lento y con irregularidades que han sido denunciadas, sin embargo la respuesta del Poder Judicial solo ha mantenido la vergonzosa impunidad.

En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Pero las semillas de dignidad, justicia, autonomía y lucha que esparció Sergio Rojas con su ejemplo han brotado en todos los Pueblos Originarios del país y más allá; los procesos de recuperación de tierras – territorios en la zona sur continúan y crecen, su ejemplo se trasladó a la zona norte donde el Pueblo Maleku por medio del Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama iniciaron en junio del 2020 procesos de recuperación de su Territorio.

Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos siguen creciendo, tanto así, que el 24 de febrero de 2020 fue asesinado de 5 balazos por la espalda Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba cuyo asesinato también se mantiene impune.

Diversos actos de violencia contra los Pueblos Originarios, como tentativas de homicidio, agresiones con armas, ataques de turbas, quema de casas y de cosechas, ataques químicos y amenazas de muerte siguen repitiendo en estos Territorios.

Según un recuento de hechos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) sólo en el 2020 se registraron 88 actos de violencia en esa zona del país; las agresiones y amenazas también afectan al Pueblo Maleku y en todos estos casos que han sido denunciados pública y judicialmente, hasta el día de hoy reina la impunidad, ningún agresor ha sido condenado por estos actos.

Solo en la Zona Sur la CLSS da cuenta que 12 personas de Pueblos Originarios han sido víctimas de amenazas agravadas (de muerte), sus nombres son: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba). Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra), Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Dorios Ríos Ríos, Ariel Ríos (China Kichá) y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y Jose Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además de amenazas contra 2 defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery Lopez Castro.

Las organizaciones e instituciones firmantes demandamos:

  • Que el Poder Judicial atienda de manera diligente, oportuna y rápida la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, para lograr que se cumpla el principio de justicia pronta y debida.
  • Que el Poder Judicial cumpla con el debido seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • Que el Poder Judicial brinde atención prioritaria a las denuncias por los casos de amenazas agravadas de las personas indicadas anteriormente y otras que existan y brinde un informe del avance de dichos procesos.
  • Que la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, llame a comparecer a la Fiscal General de la República y al Ministro de Seguridad Pública para que brinden informes su quehacer ante la sistemática violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
  • Que las autoridades del Estado acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de realizar los desalojos administrativos necesarios y priorizados por diversos Pueblos Originarios para acabar con la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios, haciendo efectivas las Medidas Cautelares de la CIDH y extendiendo las mismas a los Pueblos Originarios que sean necesarios.

Organizaciones firmantes:
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Concejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Recuperador@s Brörán de Crun Shurin.
Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales.
Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos CIAN-UCR
Proyecto autonomías indígenas y estructuras comunitarias de Gobiernos Propios CICDE-UNED.
Programa de Gestión local de la UNED.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡SERGIO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra del hostigamiento sexual

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El pasado 17 de marzo se emitió el comunicado SP-D-0243-2021 firmado por Oriester Francisco Abarca Hernández en el que se estipula que a partir del primer ciclo del 2021 se debe adjuntar una infografía a los programas de cada curso que se impartan, como medida para que los y las estudiantes puedan conocer cuáles son esas manifestaciones no verbales, verbales, físicas, escritas que son denunciables y aplicables a cualquier persona que forme parte de la Universidad de Costa Rica.

Lo anterior, se está manejando específicamente para la sede del pacifico: Arnoldo Ferreto Segura y fue promovido por la Asamblea de Mujeres de la Sede del Pacífico y comunicado oficialmente por la dirección de la Sede.

Adjuntamos el documento y la infografía:

SP-D-0243-2021-Personal-docente-sobre-infografía-para-incluir-en-programa-de-cursos-1Descarga

Programa Alternativas: “8M 2021: Mujeres de Occidente dicen y construyen”

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El pasado viernes 12 de marzo se llevó a cabo el Programa radial Alternativas donde se discutió sobre el 8M en este 2021 y el papel de las mujeres de occidente.

En la charla participaron:

  • Raquel Sagot, consultora en sostenibilidad y formadora ecológica.
  • Ericka Álvarez, abogada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
  • Gabriela Soto Pérez, emprendedora.
  • Dayana Ureña Solís, docente y coordinadora general de las Asambleas Patrióticas Populares.
  • Gisela Víquez, abogada y funcionaria del Ministerio de Hacienda.

Puede ver la grabación del programa por medio del Facebook de Radio 16:

https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/449378569816388

UCR, Voz experta: Comunidades se manifestaron a pesar de la pandemia por COVID-19

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Por Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses, equipo de trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Más de 400 acciones colectivas se registraron en comunidades de todo el país durante el 2020, según el monitoreo realizado por el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas1 (OCAC), de la Universidad de Costa Rica. Estas acciones nos permiten aportar una mirada que se suma a la planteada en el mes de agosto por el equipo de PROTESTAS2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Según el informe construido en el OCAC fueron 431 las acciones de grupos y organizaciones de la sociedad civil que se lograron registrar durante el 2020. Denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos, recuperaciones de territorio, entre otras, buscaban la garantía de derechos humanos, la protección del ambiente, la defensa de ríos y la oposición a proyectos de ley mayoritariamente.

Desde el OCAC hemos sistematizado principalmente, pero no únicamente, acciones vinculadas a la defensa del ambiente (87) y de los derechos de los pueblos indígenas (121).

En el primer caso, se muestra un panorama que choca con el discurso verde (ya bastante deslegitimado) que suele presentarse en el país. Es posible ubicar procesos organizativos por la defensa del agua y el ambiente ante la amenaza desde distintos frentes (monocultivos, deforestación, proyectos de riego, proyectos hidroeléctricos, entre otros), así como denuncias y pronunciamientos en contra de leyes que plantean retrocesos a nivel ambiental y social.

Por otro lado, en el caso de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, las denuncias tanto por la inacción del Estado para garantizar su derecho al territorio y seguridad, así como las constantes amenazas y agresiones en su contra y la impunidad por estos hechos, se han mantenido a lo largo de todo el año. Además, a esto se suman múltiples pronunciamientos y denuncias presentadas ante los desalojos planteados contra algunas de las recuperaciones en diferentes territorios.

Un punto a tomar en consideración a partir de las acciones que se reportan en el informe es la alta presencia de las declaraciones públicas, tanto de denuncia como de pronunciamiento a través de las redes y medios monitoreados. Si bien podemos señalar que las medidas de cuarentena podrían tener un papel en esto (será un tema sobre el cual la continuación del monitoreo nos podría brindar algunas luces), también encontramos que esta se posiciona como una vía de visibilización de los diferentes conflictos. Que valga decir, muchas veces son invisibilizados por los principales medios de comunicación.

También es posible afirmar, como lo hace el equipo de PROTESTAS (Alvarado, Cortés, Sáenz, Sánchez y Guzmán, 2020) que otros medios que toman lugar en los espacios públicos no son completamente descartados y un claro ejemplo de esto son las recuperaciones llevadas a cabo en los territorios indígenas u otras acciones como marchas, bloqueos y liberación del cauce de ríos desde comunidades.

Si bien un seguimiento mes a mes de las acciones monitoreadas permite identificar momentos de mayor confrontación ante diferentes conflictos y problemáticas, también permiten ver que las mismas se mantienen a lo largo del año sin interrupción. Es así, que si bien la pandemia ha marcado cambios en muchísimas dinámicas sociales, procesos como el despojo, la contaminación, la violación de derechos de los pueblos indígenas y la amenaza a los bienes comunes se mantienen vigentes. Esto en muchas ocasiones y según señalan los diferentes grupos que protestan, con el favor del Estado costarricense, ya sea por acción u omisión.

Ninguno de los conflictos o problemáticas desde donde surgen las acciones reportadas son recientes. En tan solo la última década (aunque podríamos mapear bastante más atrás en el tiempo) se registran más de 20 proyectos hidroeléctricos propuestos solamente en la zona sur del país, múltiples denuncias a empresas dedicadas al monocultivo por afectaciones en comunidades y zonas protegidas y un alto número de amenazas y actos de violencia (incluido el asesinato) en contra de personas indígenas y sus derechos. Esto último principal, pero no únicamente en las comunidades de Salitre y Chiná Kichá.

Es importante señalar que estos proyectos, muchas veces vienen entretejidos y acompañados de leyes o propuestas de ley que amenazan los diferentes territorios. Todo esto pone en evidencia la tensión existente entre un modelo de desarrollo impuesto y las necesidades y apuestas diferentes a las planteadas desde el gobierno que surgen desde muchas comunidades.

El informe de OCAC sobre las acciones comunitarias, se extrae del monitoreo de medios y organizaciones como “Surcos Digital”, “Radio Machete”, “La Voz de Guanacaste”, Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS), FECON, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas, Movimiento Ríos Vivos, Coordinadora Norte Tierra y Libertad (CNTL) y Ditsö. Dicho trabajo se suma al monitoreo de acciones colectivas a nivel nacional realizado desde la base de datos Protestas. Todos los documentos, informes y gráficos se encuentran disponibles en los enlaces https://protestas.iis.ucr.ac.cr y https://accionescolectivas.ucr.ac.cr

  1. Proyecto parte del Programa Nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  2. Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe Marzo-Julio 2020. Disponible en https://protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/199
  3. Informe Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas 2020. Disponible en: https://accionescolectivas.ucr.ac.cr/images/Informe_Anual_2020.pdf

 

Por Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses
Equipo de trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

UCR: PIAM cumple 35 años renovando oferta

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Con variedad de cursos virtuales este programa sigue abriendo puertas

El PIAM sigue ofreciendo opciones educativas y recreativas para la población adulta mayor de Costa Rica. Debido a restricciones sanitarias todos los cursos seguirán bajo la modalidad virtual. Foto PIAM

Ya son miles de personas quienes desde el año 1986 han matriculado los cursos que cada año ofrece el Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM).

Con tan solo 300 personas, aquel año la Universidad de Costa Rica (UCR) dio un paso adelante en América Latina para crear un espacio de formación permanente. Además de intercambiar saberes de las personas adultas matriculadas, abrió un espacio social a personas de diferentes generaciones para crecer y compartir sus vidas, encontrar amigos y volver a las aulas.

Y aunque la pandemia sanitaria impidió desde el año pasado las actividades presenciales, la virtualidad se convirtió en aliada de cientos de personas adultas mayores. Para el año 2021 el PIAM abrió la matrícula para 104 grupos, con una amplia oferta de cursos. Entre los días lunes 15 al viernes 19 de marzo se abrirá un periodo de matrícula extraordinaria, para lo cual debe revisar la Guía de Cursos y Horarios del primer ciclo 2021, disponible en este enlace.

Esa guía corresponde a la oferta de cursos específicos, es decir, aquellos que son impartidos propiamente por el PIAM, agrupados en ocho módulos temáticos: tecnologías de la información y la comunicación, nuevos idiomas, artesanías y manualidades, movimiento humano, estilos de vida saludable, arte y cultura, conocimientos generales, y grupos artísticos.

Para quienes nunca han sido estudiantes del PIAM, el primer paso es contar con un usuario para ingresar al sistema de matrícula virtual, para solicitarlo debe completar un formulario en en este enlace. Las personas que ya son estudiantes regulares deben actualizar su información personal en el sitio web https://piam.fundacionucr.ac.cr con la dirección de correo y la contraseña anteriores.

MÁS CURSOS

Otra de las opciones que ofrece el PIAM es la matrícula a cursos regulares de la UCR, impartidos por las diferentes escuelas. Aprender historia, arquitectura, literatura, psicología, tecnología de alimentos y otras ramas del saber es posible gracias a los espacios que cada una de las carreras abre para recibir a todas las personas adultas mayores de 50 años de edad.

Según la magister María José Víquez Barrantes, asesora educativa del PIAM, los cursos regulares no tienen como objetivo la profesionalización, entregar algún título formal o certificar conocimientos adquiridos. La meta es la actualización o el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, así como posibilitar el intercambio entre personas de distintas generaciones que confluyen en el aula.

La publicación de la guía de cursos regulares se realizará el 22 de marzo, pero previamente la persona interesada debe completar un formulario en la semana del 15 al 19 de marzo en este enlace.La matrícula y pago se realizará en la semana entre los días 23 y 25 de marzo en la página web https://piam.fundacionucr.ac.cr.

Todos los cursos iniciarán a partir del próximo 5 de abril, en los horarios y plataformas especificadas en cada uno de ellos.

IMPACTO DEL COVID-19

Las restricciones sanitarias incidieron en una baja de la matrícula, que habitualmente ronda en las 2500 personas por ciclo. Para el segundo ciclo del año pasado se abrieron 165 grupos, 117 específicos y 48 cursos regulares, con una matrícula estimada en 1600 personas. Y para el verano 2021 se matricularon 247 personas en 28 grupos.

Previo a la pandemia sanitaria, la población estudiantil del PIAM representaba el 8% de la matrícula total de la UCR. Sin embargo, el COVID-19 implicó la suspensión de las clases presenciales desde el primer ciclo 2020.

“No obstante, el PIAM buscó opciones que le permitan atender el llamado a la protección de los derechos de igualdad y no discriminación, participación, integración e inclusión plena y a la autorrealización, mediante la defensa al derecho a la educación y a la atención de las oportunidades educativas para las personas adultas y adultas mayores, desde la virtualidad”, acotó la magister Segura.

“La continuidad de este programa significa un acto de resistencia ante las circunstancias que se presentan en la actualidad. Significa proponer expectativas de aprendizaje, más allá de estereotipos asociados a la edad. Significa construir desde un aprendizaje colaborativo, basado en el respeto a la diversidad. Significa plantear y replantear objetivos que respondan a lo que la sociedad demanda de la Universidad. Significa reflexión, compromiso y trabajo, pero, también significa celebración, remembranzas y esperanza. Por todo esto, celebramos con júbilo este 35 aniversario, reiteramos nuestro compromiso y les damos la más cordial bienvenida”, concluyó Segura.

Adicional al desarrollo de los cursos, durante el año 2020 el PIAM realizó 53 conversatorios de temáticas diversas, la mayoría de ellos mediante Facebook Live y transmitió 52 programas radiofónicos en La Rocola, la cual se transmite los martes a las 11 a.m. por la Radio Universidad, por la frecuencia 870AM.

En la foto Amigas de Al son de la Vida presentando la coreografía Ticas Lindas.

 

Autoría:
Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

Caso Manuela vrs El Salvador: Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

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SURCOS comparte el siguiente comunicado de Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva Feminista para el desarrollo local, Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto El Salvador:

Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

Marzo 9 de 2021 – El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentarán sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y familiares contra El Salvador. La Corte tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

Manuela fue una salvadoreña de escasos recursos que vivía en una zona rural, su estado de salud venía decayendo debido a un cáncer linfático y, sin que le hubieran dado un diagnóstico acertado, tuvo su tercer embarazo. Un día de 2008 se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa porque empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. Manuela sabía de su embarazo, pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Fue llevada al hospital, pero a pesar de su grave estado, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad”. La Policía la engrilletó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado.

Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó. Murió en 2010, privada de la libertad y dejando huérfanos a dos hijos, porque el Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo, esto sin contar otras afecciones que pudieron aquejarla pero que debido a la falta de atención no fueron identificadas.

“Recuerdo a mi mamá, ella nos aconsejaba y nunca nos dejó andar solos. Es doloroso crecer sin madre porque ese amor es inigualable. Le pido al Estado que no hagan estas cosas porque nos dejaron abandonados sin una mamá”, dijo Santos de Jesús, hijo mayor de Manuela.

Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2019 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género.

“La historia de Manuela es una historia triste que está cambiando y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres que en América Latina y el Caribe son criminalizadas por eventos obstétricos”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

«El Centro sigue utilizando el poder del litigio para que niñas y mujeres puedan tener las garantías necesarias para gozar de sus derechos humanos al más alto nivel posible”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos. «Lamentablemente lo que le pasó a Manuela sucede en muchas partes del mundo y por esa razón acudimos a la Corte IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con ese tipo de persecución a mujeres inocentes en toda América Latina y sea un referente para el mundo”, agregó.

“Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. “Queremos que El Salvador asuma una responsabilidad internacional que ha evadido desde hace años a pesar de que en reiteradas oportunidades múltiples organismos de derechos humanos le han pedido que revise la legislación que causa esta injusta criminalización de mujeres”, agregó Martínez.

“Estamos acompañando a la familia de Manuela en esta búsqueda de justicia y reparación, la ausencia de Manuela es dolorosa, porque enfrentó violaciones múltiples a sus derechos, el Estado les falló, a sus familiares y a Manuela. Es por eso que este proceso ante la Corte IDH posibilita construir esperanza de transformación, para que esté horror no vuelva a ocurrir, para que el estigma y discriminación puedan erradicarse, para que la familia de Manuela pueda sanar la dolorosa e injusta pérdida de su hija y madre. Expresó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista pidieron a la Corte IDH que emita una decisión para que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad en un acto público; repare a la familia de Manuela por el sufrimiento causado garantizándoles acceso a educación, seguridad social, tratamientos de rehabilitación de salud mental y física, y les provea los medios suficientes para reestablecer sus proyectos de vida.

Las organizaciones también esperan que la sentencia de la Corte le pida específicamente a El Salvador que tome medidas para que el caso de Manuela no se repita estableciendo políticas públicas estructurales que deben incluir: una urgente revisión de las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas; medidas legislativas para regular de forma adecuada el Código de Salud con el objetivo de que el tratamiento de emergencias obstétricas no origine responsabilidad penal; campañas informativas y capacitaciones a funcionarios estatales; fortalecimiento de la Defensa pública y, entre otras, reformas de las deficiencias del sistema penal y penitenciario.

En materia de estándares de derechos humanos las organizaciones representantes del caso esperan que el tribunal reconozca que:

  • La penalización absoluta del aborto crea un contexto normativo que constituye una forma de discriminación y violencia de género pues impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que estimula la criminalización de sus procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas.
  • La entrega de información médica confidencial de mujeres que requieren atención obstétrica de emergencia a autoridades policiales y judiciales por parte de profesionales de la salud constituye vulneraciones al derecho a la vida privada y a la salud.
  • Detener y esposar a las mujeres que se encuentran recibiendo atención obstétrica de emergencia constituye tortura. Además, ese tipo de detenciones preventivas que se basan únicamente en la gravedad del delito son arbitrarias y violan la presunción de inocencia.
  • Las prácticas y razonamientos que consideran que las mujeres en grave estado de salud deben poner por encima de su vida propia al feto, incluso si se encuentran inconscientes o vulnerables, constituyen estereotipos de género y esa es una forma de discriminación y violencia basada en el género. Ese tipo de estereotipos se convierten en barreras para acceder a los sistemas de salud y de justicia.

La Audiencia de la Corte, con sede en San José Costa Rica, se realizará los días 10 y 11 de marzo de forma virtual. La decisión de la Corte tendrá efectos en dos niveles, el primero es nacional pues El Salvador estará obligado a cumplir la sentencia debido a que de manera soberana reconoció, desde 1995, la jurisdicción de ese tribunal. El segundo es a nivel continental pues la decisión del tribunal generará jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.

Contactos de prensa para entrevista:
Centro de Derechos Reproductivos: +300 828 4013
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: +503 7657 0800
Adjuntamos el link para ver la grabación de la rueda de prensa:
https://twitter.com/ReproRightsLAC/status/1369329498836135937?s=19
Imagen de Cabecera cortesía de Agrupación Ciudadana
Adjuntamos el link para consultar documentos e infografía sobre el caso de Manuela:
https://drive.google.com/drive/folders/1VNafbbhcR7uBF5LAdSwiXtN57JVTZucT

Adjuntamos el siguiente video sobre el testimonio de la familia de Manuela:

El Liceo Rural Tsikriyók: una institución educativa con alma indígena

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Educación.

Por Uriel Rojas

En las entrañas del Territorio Indígena Cabagra, se encuentra el Liceo Rural Tsikriyök, una institución baluarte en la conservación de la cultura bribri – cabécar.

Este Liceo se ubica cantón de Buenos Aires y para llegar hasta este centro educativo se debe ingresar por una entrada que se ubica en Brujo de Buenos Aires y transitar por un camino de tierra que lo lleva a cruzar un Cerro, el cual es el símbolo de identidad del centro educativo, ya que en épocas de verano crece en este lugar, una planta que produce una flor amarilla, que es de gran simbolismo en la cultura indígena local y dio origen al nombre de la institución.

En la actualidad, este Liceo cuenta con 102 estudiantes, los cuales provienen de 6 comunidades aledañas, enclavadas en las montañas de este territorio.

Además de las asignaturas ordinarias, en este liceo se fortalece la cultura indígena de sus estudiantes y para eso realizan de manera periódica diversas actividades y espacios sociales en donde interactúan con sus adultos mayores y refuerzan sus particularidades culturales.

De acuerdo con Sonia Rojas Méndez, directora de este centro educativo, “el 90% de la población estudiantil mantiene su lengua materna y sus costumbres innatas, tanto en sus hogares como en el centro educativo y se aprovechan los conocimientos ancestrales para seguir cultivando en ellos la identidad indígena bribri”.

Entre trillos y montañas, los estudiantes caminan diariamente más de dos horas para llegar a recibir sus clases presenciales a este centro educativo ya que las clases virtuales es bastante complicado debido a que carecen de tecnologías y buena cobertura a internet.

Del total de la matrícula, 72 de ellos reciben clases presenciales y 30 lo hacen a distancia.

Las primeras aulas de este Liceo fueron construidas en el 2014 y eran unos ranchos tradicionales a la usanza indígena y ya para el 2018, la Dirección de Infraestructura de Educación (DIEE) construyó su actual infraestructura que consta de 5 aulas, un área de orientación, una oficina de dirección, un área de comedor estudiantil, un rancho cultural y una cancha techada cuyo costo total osciló en ¢475 millones.

Este centro educativo se ubica en la comunidad de Yuavin de Cabagra, 30 km al norte de Buenos Aires.