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Puto futuro: una videocreación conjunta entre la Compañía de Cámara Danza UNA y Danza Universitaria que reflexiona acerca de los sentimientos en pandemia

El estreno será el 6 de marzo por medio de plataformas digitales

Puto Futuro es un trabajo que se realizó en conjunto entre la Compañía de Cámara Danza UNA (CCDUNA) y Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica (foto cortesía de Esteban Chinchilla).

La incertidumbre, el miedo, la angustia, la confusión fueron solo algunos de los sentimientos que nos invadieron cuando de un día para otro tuvimos que dejar nuestras rutinas y empezar a vivir en confinamiento sin saber a ciencia cierta lo que iba a pasar.

Es a partir de estos sentimientos, de las experiencias propias y de la reflexión acerca de la situación de pandemia, que nace la videocreación Puto Futuro, un proyecto artístico entre la Compañía de Cámara Danza UNA (CCDUNA) y Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR).

A través de un convenio específico de cooperación entre la UNA y la UCR surge esta iniciativa de trabajo conjunto para generar un espectáculo virtual.

Gustavo Hernández, coreógrafo e intérprete de Danza U, es el director general de la obra y usó como materia prima para el montaje las sensaciones y sentimientos que experimentaba el elenco, además de la premisa de aquello que generaba pensar en el futuro.

“El espectáculo es una metáfora de un mundo ficticio donde estamos encerrados y nuestro hábitat está mediado por la tecnología. Es un mundo extraño en el que despertaste de un día para otro, en un instante todo cambió y no hubo tiempo de aceptar la realidad”, explicó Hernández.

Entre los principales retos que tuvieron que enfrentar para la creación de este espectáculo, destaca la virtualidad, pues todo el proceso de conceptualización y ensayos se hizo de esta manera, lo que implicó cambios en la metodología para el acercamiento con los bailarines y bailarinas, cómo generar las pautas de movimiento, sin que el coreógrafo estuviera presente físicamente.

Además, dada la situación otro aspecto a sobrepasar fue mantener el ánimo, la motivación y encontrarle sentido a lo que se estaba creando en un contexto desconocido.

Para Kimberly Ulate Molina, coordinadora de la CCDUNA, esta experiencia fue muy enriquecedora pues hubo un intercambio de saberes entre las dos compañías y resaltó la necesidad de que haya más espacios de este tipo tanto entre instituciones públicas como con el medio independiente de la danza.

Sobre Puto Futuro comentó que es una obra con la que el público se puede identificar fácilmente pues refleja mucho de lo que se vivió durante el 2020 y además reflexiona acerca de lo que somos como seres humanos.

Álvaro Murillo Fonseca, miembro de CCDUNA, señaló que durante el proceso pudo rescatar muchas enseñanzas, entre ellas el acoplarse a las distintas dinámicas que posiblemente llegaron para quedarse o se utilicen en el futuro para otros proyectos, afinar los sentidos, medirse en los movimientos, regularse e ir entendiendo una nueva manera de trabajar por medio de herramientas digitales.

Por su parte, Mónica Masis Cisneros, bailarina de CCDUNA, destacó que el trabajo conjunto que se realizó es fundamental pues se logró hacer una obra que es importante para la gente ya que es un espejo de la realidad que invita a cuestionarnos sobre la manera en la que estamos viviendo y tomar acción para hacer las cosas diferentes.

“La capacidad transformadora del arte es fundamental y se ve en esta obra, gracias al esfuerzo de dos instituciones públicas que deben defenderse como son las universidades”, subrayó Masis.

El elenco está integrado por Mónica Masis Cisneros, Álvaro Murillo Fonseca, Juan de Dios Quirós Rodríguez, Carlos Mario Ramírez Cabezas, Jennifer Ramos Cruz, Michelle Sánchez Sáncho, bailarines y bailarinas de la CCDUNA. Acompañados por grandes artistas independientes del área audiovisual como lo son Esteban Chinchilla y Gustavo Abarca.

Puto Futuro” se estrenará este sábado 6 de marzo, a las 7 de la noche en las plataformas digitales de Facebook y Youtube de la Compañía de Cámara Danza UNA.

La incertidumbre, el miedo, la angustia, la confusión fueron solo algunos de los sentimientos que nos invadieron cuando de un día para otro tuvimos que dejar nuestras rutinas y empezar a vivir en confinamiento sin saber a ciencia cierta lo que iba a pasar.

Es a partir de estos sentimientos, de las experiencias propias y de la reflexión acerca de la situación de pandemia, que nace la videocreación Puto Futuro, un proyecto artístico entre la Compañía de Cámara Danza UNA (CCDUNA) y Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR).

A través de un convenio específico de cooperación entre la UNA y la UCR surge esta iniciativa de trabajo conjunto para generar un espectáculo virtual.

Gustavo Hernández, coreógrafo e intérprete de Danza U, es el director general de la obra y usó como materia prima para el montaje las sensaciones y sentimientos que experimentaba el elenco, además de la premisa de aquello que generaba pensar en el futuro.

“El espectáculo es una metáfora de un mundo ficticio donde estamos encerrados y nuestro hábitat está mediado por la tecnología. Es un mundo extraño en el que despertaste de un día para otro, en un instante todo cambió y no hubo tiempo de aceptar la realidad”, explicó Hernández.

Entre los principales retos que tuvieron que enfrentar para la creación de este espectáculo, destaca la virtualidad, pues todo el proceso de conceptualización y ensayos se hizo de esta manera, lo que implicó cambios en la metodología para el acercamiento con los bailarines y bailarinas, cómo generar las pautas de movimiento, sin que el coreógrafo estuviera presente físicamente.

Además, dada la situación otro aspecto a sobrepasar fue mantener el ánimo, la motivación y encontrarle sentido a lo que se estaba creando en un contexto desconocido.

Para Kimberly Ulate Molina, coordinadora de la CCDUNA, esta experiencia fue muy enriquecedora pues hubo un intercambio de saberes entre las dos compañías y resaltó la necesidad de que haya más espacios de este tipo tanto entre instituciones públicas como con el medio independiente de la danza.

Sobre Puto Futuro comentó que es una obra con la que el público se puede identificar fácilmente pues refleja mucho de lo que se vivió durante el 2020 y además reflexiona acerca de lo que somos como seres humanos.

Álvaro Murillo Fonseca, miembro de CCDUNA, señaló que durante el proceso pudo rescatar muchas enseñanzas, entre ellas el acoplarse a las distintas dinámicas que posiblemente llegaron para quedarse o se utilicen en el futuro para otros proyectos, afinar los sentidos, medirse en los movimientos, regularse e ir entendiendo una nueva manera de trabajar por medio de herramientas digitales.

Por su parte, Mónica Masis Cisneros, bailarina de CCDUNA, destacó que el trabajo conjunto que se realizó es fundamental pues se logró hacer una obra que es importante para la gente ya que es un espejo de la realidad que invita a cuestionarnos sobre la manera en la que estamos viviendo y tomar acción para hacer las cosas diferentes.

“La capacidad transformadora del arte es fundamental y se ve en esta obra, gracias al esfuerzo de dos instituciones públicas que deben defenderse como son las universidades”, subrayó Masis.

El elenco está integrado por Mónica Masis Cisneros, Álvaro Murillo Fonseca, Juan de Dios Quirós Rodríguez, Carlos Mario Ramírez Cabezas, Jennifer Ramos Cruz, Michelle Sánchez Sáncho, bailarines y bailarinas de la CCDUNA. Acompañados por grandes artistas independientes del área audiovisual como lo son Esteban Chinchilla y Gustavo Abarca.

Puto Futuro” se estrenará este sábado 6 de marzo, a las 7 de la noche en las plataformas digitales de Facebook y Youtube de la Compañía de Cámara Danza UNA.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Informe alerta sobre asesinato de personas defensoras de derechos humanos

  • En América Latina, entre 2015-2019 fueron asesinadas 933 personas defensoras. Un 70% del total mundial

  • Costa Rica registra el asesinato del defensor y líder indígena Sergio Rojas

El informe denominado “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” fue presentado por la relatora especial Mary Lawlor al Consejo de Derechos Humanos N º 46, período de sesiones del 22 de febrero al 19 de marzo de 2021.

El informe analiza la situación vinculada al asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años. Asesinaron personas defensoras de los derechos humanos en Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1).

Situación en nuestro país, Costa Rica

En diciembre del 2020, se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. En este texto, queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas, y posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. Esta obra sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

Una herramienta para combatir la situación

El 28 de septiembre del año 2018, 23 países firmaron el “Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados miembros. Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y ambiente, que tiene como eje central el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, con el fin de garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (ver más).

Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado e inexplicablemente el gobierno no ha convocado sobre el asunto en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de tener en su mandato dos asesinatos a líderes indígenas, ya que el pasado 24 de febrero de 2020, Yerhy Rivera fue asesinado.

Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas indígenas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia. Entre el periodo de un día antes del asesinato de Yerhy y junio del año pasado, hay claras evidencias de que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también es responsable de no impedir ni detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica.

Resulta no menos que inquietante, que un país como Costa Rica, el cual ha buscado caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tenga como gran pendiente la ratificación de un Acuerdo, que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.

Informe disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35

Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente Escuela de Geografía, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Kioscos Ambientales
UCR

UNA: Escuela Ecuménica pide derogar acuerdo sobre educación religiosa

Programa Viernes Científico

Separación basada en creencias religiosas atenta contra aprendizaje y convivencia

Docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA consideran que el Consejo Superior de Educación debe derogar acuerdo que establece dos etapas—confesional y ecuménica o ecléctica—en la educación religiosa.

“El Consejo Superior de Educación (CSE) está en la obligación de derogar el acuerdo que establece dos etapas en la educación religiosa y el Ministerio de Educación Pública debe diseñar programas que, lejos de separar a docentes y estudiantes según sus creencias, les ayuden a convivir y aprender respetando la diversidad cultural y religiosa que nos caracteriza”, afirman Kattia Isabel Castro, Nelise Wielewski y José Mario Méndez, docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA) e integrantes del Foro de Educación Religiosa.

Se trata del acuerdo 24-2017, mediante el cual el Consejo Superior de Educación (CSE) solicitó al Ministerio de Educación elaborar nuevos programas de educación religiosa, en dos etapas: confesional (educación general básica), y ecuménica o ecléctica (educación diversificada).

No obstante, en criterio del grupo de especialistas de la UNA, “hay cuestiones problemáticas en ese acuerdo”, el cual—consideran—se basa en una mala interpretación de la resolución 2023-2010 de la Sala Constitucional, que abordó la necesidad de un cambio en el enfoque y contenidos de los programas de educación religiosa en el país, al responder una demanda por justicia laboral.

Según el pronunciamiento de la Sala, “en el terreno educativo, el Estado costarricense está llamado y obligado a respetar el principio de la neutralidad religiosa”. Y va más allá. “Los poderes públicos deben asumir una posición aconfesional en el terreno educativo para promover y fomentar la diversidad y libertad religiosa”, señalaron los magistrados.

¿“Catolizar” la educación pública?

Castro, Wielewski y Méndez estiman que la etapa confesional en la educación general básica, propuesta por el CSE, más bien contradice el voto de la Sala Constitucional, pues con ella se estaría volviendo a una situación similar a la política de exclusión y de violencia religiosa que motivaron ese voto, así como la llamada de atención al Estado costarricense por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1994.

Y es que–insisten—la implementación de una educación confesional en educación básica implicaría el nombramiento de docentes de distintas religiones y confesiones cristianas, pues el estudiantado está compuesto por niños y niñas de distintas creencias. “¿Cuáles iglesias, además de la católica, y cuáles grupos religiosos tienen la posibilidad de formar profesionalmente a sus docentes de educación religiosa? ¿estaremos volviendo a “catolizar” la educación pública?”, cuestionan las personas académicas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA.

En cuanto a la segunda etapa—propuesta para la educación diversificada—advierten sobre la posibilidad de que se convierta también en confesional, debido a que el término ecumenismo se refiere al diálogo entre personas cristianas.

Aún más problemática califican la llamada educación ecléctica en el acuerdo del CSE: “¿quién tiene derecho a decidir —y con qué criterios— qué es lo mejor de cada tradición religiosa?”, subrayan.

Hacen énfasis en que la enseñanza de una determinada religión no es tarea de un Estado republicano y democrático como Costa Rica, sino de las iglesias y grupos religiosos. Pero sí es obligación del Estado garantizar la libertad de culto, de creencia y no creencia.

Convivir en la diversidad

Al Estado, entonces, le corresponde—según el grupo de académicos de la UNA—ofrecer una educación que ayude a comprender los hechos religiosos, a resolver conflictos religiosos, a aprender y convivir gracias a la diversidad.

“La educación religiosa debería, en todas las etapas, ayudar a convivir en la diversidad. La separación de estudiantes y docentes basada en creencias religiosas terminará limitando el aprendizaje e impidiendo la convivencia”, advierten.

Consideran que el reconocimiento de Costa Rica como estado pluricultural y multiétnico en el artículo 1 de la Constitución Política debe reflejarse en el sistema educativo y particularmente en la educación religiosa.

“Las religiones son patrimonio de la humanidad que recogen sus memorias y transmiten formas de conocer el mundo y dar sentido a la vida: todas las personas en edad escolar tienen derecho a conocer estas memorias y tradiciones y enriquecer su conocimiento”, recalcan.

La modificación del artículo 1 de la Constitución (2015) exige la transformación de prácticas educativas que invisibilizan la diversidad cultural y religiosa del país. “En la educación religiosa debe concretarse la sustitución de prácticas excluyentes por otras que reconocen, visibilizan y valoran las ricas tradiciones que son parte de la identidad costarricense”, subrayan.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 2277-3067 / 8334-4150.

Oficina Comunicación UNA
Teléfonos: 2277-3224/ 2237-5929

unacomunica@una.cr

OIT confirma que negociación colectiva es un derecho que no se puede eliminar

Marco Leandro, Rerum Novarum

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (CEACR), dándole la razón a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), confirmó en su último informe de resoluciones que las convenciones colectivas son derechos que no se pueden eliminar.

Esta resolución fue tomada tras analizar los informes que la CTRN envió a la OIT, acerca de la violación al convenio 198 y la guerra sin cuartel que desde el Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial, se ha hecho contra las convenciones colectivas en Costa Rica.

A esa conclusión llegaron los expertos en la reunión N °109 de la CEACR celebrada a finales del año pasado, y convocada para examinar las memorias de los países miembros.

Este órgano de control de OIT revisó el cumplimiento del Convenio N° 98 en Costa Rica, acerca del derecho de sindicación y la negociación colectiva que data 1949, determinando, una vez más, que en el Estado Costarricense persiste el incumplimiento de este Convenio.

Los expertos constataron las reiteradas denuncias de la CTRN acerca de las restricciones y violaciones al derecho de negociación colectiva y le piden cuentas al Gobierno de Costa Rica acerca de la evolución de esta problemática y confía que en el marco del mismo se tomarán plenamente en cuenta las garantías del Convenio.

También la CEACR reitera que las y los servidores del sector público, incluyendo instituciones descentralizadas y municipalidades deben gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones.

Esta resolución cae como un vaso de agua fría a los intentos del Gobierno de aprobar el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, Expediente #21.336, con el cual pretenden prácticamente eliminan las convenciones colectivas, lo que está desacatando lo ordenado por la OIT y la CEACR sobre el Convenio.

COSTA RICA:VIOLADOR DE LOS DERECHOS

En su resolución los expertos señalan literalmente: “La Comisión subraya que desde hace numerosos años viene examinando una serie de obstáculos a la plena aplicación del artículo 4 del Convenio en el sector público del país. A este respecto, la Comisión recuerda que todos los trabajadores del sector público que no trabajan en la administración del Estado (por ejemplo, los empleados de empresas públicas, los empleados municipales y los de entidades descentralizadas, los docentes del sector público y el personal del sector de los transportes) deben poder gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones y que, si bien las singularidades de la administración pública hacen necesario cierto grado de flexibilidad, existen mecanismos que permiten compaginar el respeto de las disponibilidades presupuestarias, por una parte, y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, por otra.

Recordando sus observaciones anteriores, la Comisión confía en que, en consulta con las organizaciones sindicales representativas del sector, el Gobierno tomará todas las medidas a su alcance para reforzar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda acción al respecto”. (El subrayado es nuestro).

De esta forma los expertos que son abogados laboristas de los sectores de los empleadores, sindicatos y Gobierno, le dan la razón a la tesis que ha venido manejando la CTRN y que tendrá que ser tomada en cuenta a la hora de que los diputados voten en el plenario el proyecto de Ley de Empleo Público, que está siendo impulsado a golpe de tambor por el Gobierno.

 

Imágenes tomadas de Rerum Novarun y Unión Profesional
Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Programa Alternativas: “Conversamos sobre el sitio arqueológico La Fábrica”

El pasado 12 de febrero se llevó a cabo el Programa radial Alternativas donde se discutió sobre el sitio arqueológico La Fábrica.

En la charla participaron los siguientes invitados:

– Felipe Solís, Arqueólogo. Funcionario Museo Nacional.
– Anayensy Herrera, Arqueóloga. Escritora.
–Vicente Guerrero, Arqueólogo. Investigador Jubilado.
Puede disfrutar del programa completo dando click en el siguiente enlace:

Grupo empresarial AED le vende irregularmente diarios de comida al CNE

Pese a las prohibiciones de ley, la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) vendió de forma irregular más de 660 millones de colones a la Comisión Nacional de Emergencias en diarios de alimentos.

Esta venta se hizo mientras 4 ministros, André Garnier, Elian Villegas, Silvia Lara y Pilar Garrido, tenían relación directa o indirecta con la Junta Directiva de AED.

Adjuntamos el link de un video con la información más detallada:

Acción en comunidad: ¡Podemos volar!

Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Acción Social

El video que mostramos a continuación es una cápsula sobre el proyecto “¡Podemos Volar!, una propuesta que se desarrolla para trabajar el tema de la salud mental, de la mano con pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico, mediantes la producción de un espacio radiofónico.

El programa ¡Podemos Volar! es vertiginoso, habla de muchísimos temas y reflexiona sobre la salud mental diversa. “Voces donde había silencio” es la raíz de todo, a partir de los esfuerzos realizados se le ha dado participación y visibilización a este sector de la población y sobre todo, ha reforzado la seguridad y la validez de las opiniones de las personas inmersas en el proyecto.

Adjuntamos el video de la cápsula del programa:

#8M2021 ¡Contra el virus del patriarcado y el capitalismo, la vacuna del feminismo y la solidaridad!

8 de marzo de 2021 – Día de las Mujerxs Trabajadoras – Llamado de Acción Global de La Vía Campesina

(Harare 25 de febrero 2021)

Este 8 de marzo 2021, articuladxs en nuestra diversidad, y en una sola voz, afirmamos ¡Contra el virus del patriarcado y el capitalismo, la vacuna del feminismo y la solidaridad!, a la vez que resaltamos el rol fundamental de las mujerxs del campo, y del campesinado en su conjunto, como primera línea en la producción de alimentos agroecológicos y saludables que sustentan la vida, y representan entre el 60 y el 70% de la producción mundial.

Al cumplirse 25 años de la construcción colectiva de la Soberanía Alimentaria, ésta es nuestra vía concreta y sostenible frente a las distintas crisis que hoy vivimos, necesitamos acabar con la violencia sistémicamente del capitalismo y del patriarcado, que hoy vulneran principalmente los derechos de las mujerxs, diversidades, de la niñez, y la clase trabajadora, excluyéndolos incluso, del acceso público y gratuito a una vacuna, que debería ser considerada así como la alimentación un derecho humano. Tal como lo defendemos en nuestro llamado internacional ¡Por el Derecho a la Salud pública y gratuita para todas las poblaciones!

En el mundo el rol político, social y económico de las mujerxs es vital, más aún en medio de esta pandemia, y seguimos recibiendo salarios más bajos, estamos en la informalidad, precarizadas, explotadas, somos migrantes, madres solteras, trabajadoras agrícolas, pescadoras, pastoras, que tenemos menor acceso a la tierra, a la tecnología, y a políticas públicas de salud, protección contra la violencia, educación y cultura. El mayor obstáculo al que nos enfrentamos en el campo es la falta de acceso a medios de producción como la tierra. En el mercado, las mujeres apenas poseemos el 1% de las tierras y aun así tenemos el reto de seguir garantizando la alimentación y cuidado de comunidades, familias y del mundo en condiciones de desigualdad política, económica y social.

En ese sentido, en esta jornada también exigimos a los Estados implementar la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés). Donde se reconoce a las mujeres y al campesinado como «sujetxs de derecho. Esta Declaración de las Naciones Unidas es un instrumento estratégico para fortalecer las luchas y propuestas de los movimientos rurales. Además, sienta una jurisprudencia y una perspectiva jurídica internacional para orientar la legislación y las políticas públicas en todos los niveles institucionales en beneficio de quienes alimentan al mundo.

El modelo del agronegocio imperante está estandarizado por el poder económico de la agroindustria, son las grandes corporaciones multinacionales las que controlan que se va a producir, qué comemos, cuánto comemos y el precio de lo que comemos, hacen lobbys con gobiernos, e incluso con organismos multilaterales, tal como hemos venido denunciando con la Cumbre de la Alimentación organizada por la FAO para este año, y cuyo objetivo es seguir acaparando aún más el mercado de la alimentación. Esta dinámica genera altas ganancias para las corporaciones, y costos gravísimos para la salud de las sociedades y del planeta.

A lo largo de la historia las mujerxs luchamos por ser sujetas de transformaciones, de movilización y concientización, es así que como La Vía Campesina saludamos todas las luchas y compañeras que resisten en la India, Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, Kurdistán, Palestina, las zapatistas, las mujeres diversas organizadas en la Marcha Mundial de Mujeres y otras redes amigas, que están participando activamente de los cambios que precisan nuestras sociedades, por justicia y dignidad para las mayorías.

Movilízate:

Este 8 de marzo, como cada Día de las Mujeres trabajadoras, llamamos a nuestras organizaciones miembros, aliados y amigxs a conspirar desde todos los espacios donde estemos, en nuestras comunidades, calles, plazas, mercados, escuelas y trabajos, cuidando de la vida, sigamos denunciando y movilizando conciencias, presionando para que los estados se comprometan con las luchas históricas de las mujerxs de los campos y las ciudades.

¡Contra el virus del patriarcado y el capitalismo, la vacuna del feminismo y la solidaridad!

Envíen sus comunicados, fotografías, videos a lvcweb@viacampesina.org.

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UCR, Voz experta: Los aportes de la Educación Abierta en el Sur

Por Heidy Ávalos Fernández, responsable del proyecto de Educación Abierta de la Sede del Sur

Desde el 2018 el programa permite a quienes lo deseen terminar sus estudios secundarios, ofreciendo oportunidades de desarrollo personal, académico y profesional

Heidy Ávalos Fernández. Fotografía: Allan Corrales, UCR.

En la Sede del Sur el primero de enero de 2018 arrancó el Proyecto de Educación Abierta (PEA-Golfito) ofreciendo a las personas de las comunidades aledañas a la Sede la posibilidad de concluir sus estudios secundarios.

Para dicha apertura se contó con el apoyo del Programa de Educación Abierta de la Escuela de Trabajo Social, quien oferta esta opción de estudio desde el año 2005. El proyecto se encuentra enmarcado dentro del ámbito de Educación para Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación Pública (MEP), específicamente el empresarial y es el único a nivel nacional que cuenta con autorización del MEP para dividir su año lectivo en dos ciclos.

El PEA cuenta con gran aceptación de las comunidades cercanas a la Sede del Sur, lo anterior se evidencia ya que, en el planteamiento inicial, se proyectó trabajar con personas del cantón de Golfito, sin embargo, durante los años 2018 y 2019, se trabajó con estudiantes de los cantones de Golfito, Osa y Corredores, mientras que, en el año 2020 al migrar las lecciones a la modalidad virtual, se incluyó población de los cantones de Coto Brus y Buenos Aires.

Otra muestra del crecimiento se refleja en el hecho de que inicialmente en el año 2018 el proyecto arranca con tres grupos, uno de tercer ciclo (séptimo nivel) y dos de bachillerato, para el año 2019 se contó con la apertura de 5 grupos, completando así los niveles de tercer ciclo y ofertando dos grupos para bachillerato, oferta que se ha sostenido durante los años 2020 y 2021, ofreciendo de este modo la posibilidad de concluir sus estudios a más personas de la zona.

Durante los años 2018, 2019 y 2020, se ha brindado lo posibilidad de iniciar o continuar con los estudios secundarios a más de 300 personas, y 9 de estas ya han logrado concluir su bachillerato por medio del PEA, mientras que muchas otras han conseguido aprobar materias y se encuentran más cerca de cumplir su meta.

En el contexto de la pandemia por COVID19 el proyecto no se detuvo, por el contrario, mantuvo las lecciones virtuales y proporcionó material impreso a cada estudiante para garantizar el acceso al derecho a la educación de las personas adultas inscritas en él, dicho material se entregó en sus comunidades para evitar el riesgo de contagio por desplazamiento.

Otro servicio que ofrece el PEA es el préstamo de libros y calculadoras a estudiantes que no pueden costearse dicho material debido a su situación económica. Actualmente el proyecto se encuentra gestionando la posibilidad de ayuda socioeconómica en distintas instituciones tanto regionales como nacionales para el estudiantado que lo conforma, ya que se ha observado que es una limitante importante en el momento de realizar trámites como el pago de pruebas o compra de materiales.

De este modo, el proyecto ofrece a las personas de los cantones aledaños a la Sede del sur la posibilidad de no solamente concluir sus estudios secundarios, sino también abre las puertas a la posibilidad de crecimiento académico más allá del bachillerato, así como la posibilidad de mejoramiento a nivel laboral, puesto que el bachillerato se sitúa como requisito fundamental para muchos empleos. Además, el PEA busca brindar una formación más crítica e integral de su estudiantado, razón por la cual se trabaja de la mano de los trabajos comunales El Sur Emprende y Centro de Promoción Cultural en el Pacífico Sur para ofertar charlas o capacitaciones en distintas áreas como arte, cultura, emprendimiento entre otras.

El Proyecto de Educación Abierta de la Sede del Sur sigue trabajando para poder brindar educación de calidad a las personas jóvenes y adultas que lo componen, en pro de realizar un aporte al desarrollo personal y profesional de las personas que habitan las comunidades circundantes y que confían en esta institución sus metas académicas a nivel de secundaria.

 

Heidy Ávalos Fernández
Responsable del proyecto de Educación Abierta de la Sede del Sur