-
En Costa Rica se han recrudecido las amenazas a personas que lideran la lucha por la protección de su derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
-
El Acuerdo no consagra nuevos derechos, les da progresividad a los mismos en materia de ambiente y le da voz a las personas.
San José, Costa Rica, 22 de abril del 2021. El Consejo Consultivo Ciudadano sobre Cambio Climático (5C) como instancia de participación ciudadana liderada por organizaciones sociales, sectoriales y productivas, creada por el Decreto Ejecutivo 40616-MINAE, en el marco de la política nacional de gobierno abierto, tiene el llamado de mejorar los niveles de coordinación y comunicación entre la administración pública y la ciudadanía y dar voz a la sociedad civil costarricense en cuanto a las políticas públicas que inciden en la acción climática.
En este espacio ciudadano donde están integradas 55 organizaciones representantes de 9 sectores:
- Comunitario (Asociaciones de Desarrollo y Asadas); 6. Movilidad y Sostenibilidad urbana;
- Agropecuario, forestal y pesca; 7. Organizaciones indígenas;
- Biodiversidad y ecosistemas; 8. Organizaciones Laborales y
- Industria y Comercio; 9. Organizaciones de Mujeres.
- Infraestructura y Transporte;
Como 5C ponemos de manifiesto la urgencia de que el Gobierno de la República de Costa Rica ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Éste es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el Acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos, en septiembre del 2018. Y son 12 países los que procedieron a la ratificación. Costa Rica por su parte, aunque es signatario y fue inclusive anfitrión en este crucial acuerdo, no ha ratificado todavía su entrada en vigencia, que está fijada para el jueves 22 de abril de 2021. Aún así, Costa Rica será parte de la jornada de celebración y lanzamiento. Por tanto, instamos a nuestro Gobierno que sea coherente con el compromiso adquirido desde el 2018.
En los últimos años se han recrudecido las amenazas a personas que lideran la lucha por la protección de su derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por lo que nuestro país está llamado a comprometerse de manera más fuerte a su defensa. Costa Rica tiene una preocupante lista de asesinatos a personas líderes defensoras de derechos humanos que han dado a conocer ellos y ella son: Jehry Rivera, Sergio Rojas, Jairo Mora, Diego Armando Saborío, David Maradiaga, Maria del Mar Cordero, Oscar Fallas, Jaime Bustamamte, Gerardo Quirós Acosta, Olof Nicolas Wessberg.
Según datos de las organizaciones ecologistas en el país se mantiene el registro de diez asesinatos, igual número de incendios provocados, unos catorce atentados contra la integridad física y unas 26 demandas planteadas contra personas activistas defensoras del ambiente. Se consignan ataques y demandas a guardaparques y personas funcionarias públicas como jueces, periodistas que cubren luchas ambientales y docentes. Igualmente existen sub-registros o casos desconocidos por el movimiento ecologista, aun así se han contabilizado en total, 94 hechos de violencia que juntos y sistematizados demuestran que no son casos aislados y que hay una grave contradicción del discurso ambientalista oficial y lo que pasa con quienes defendemos nuestros recursos naturales.
Instamos a nuestro gobierno a consignar este Acuerdo que lucha por la Igualdad y no discriminación, no regresión ambiental y progresividad, preventivo y precautorio (en materia ambiental y defensores), máxima publicidad, equidad intergeneracional, soberanía sobre los recursos naturales, igualdad soberana sobre los Estados y el principio pro persona. Tenemos derecho a un ambiente sano y esto solo será posible si se garantizan derechos primordiales como el acceso a la información, la justicia y la participación ciudadana real, tomando en cuenta la perspectiva de género y la visibilización y participación de poblaciones históricamente vulneradas. El Acuerdo no consagra nuevos derechos, les da progresividad a los mismos en materia de ambiente y le da voz a las personas, ese es el centro del Acuerdo de Escazú.
Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C)
Más organizaciones de la sociedad civil que suscriben este pronunciamiento:
Campaña Escazú Ahora, Costa Rica
Parlamento Madre Tierra (Red Internacional de organizaciones de más de 20 países)
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Misión 2 grados
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).
Colectivo de Ciclismo Urbano Las Luciérnagas
ACONVIVIR
A Foundation
Colectivo PEDALIZATE
Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica
Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU)
Alianza pro Gestión Integral de Residuos
cc. Ministerio de la Presidencia, Consejo Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Cambio Climático, Defensoría de los Habitantes, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación
Contacto: Gabriela Cob (Presidenta Comité Director 5C) cel. 71469117