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UCR, Voz experta: La creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación es un retroceso para la ciencia del país

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Dr. José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. De aprobarse este proyecto, el actual Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) se transformaría en esta Promotora. Este proyecto tiene serias implicaciones para el desarrollo científico-tecnológico nacional; lamentablemente, no se ha dado en la comunidad nacional una discusión lo suficientemente amplia sobre el mismo y sus consecuencias.

Este proyecto parte de una visión limitada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación, lo cual podría tener implicaciones negativas para el desarrollo científico-tecnológico nacional. Se podría pensar que, si se propone que esta nueva entidad absorba las funciones del CONICIT, la misma debería velar por el desarrollo equilibrado de la ciencia, la tecnología y la innovación del país. Ese, desafortunadamente, no es el caso. Veamos por qué, con base en el texto del proyecto del 17 de noviembre del 2020.

El complejo ciencia-tecnología-innovación tiene un carácter sistémico, lo cual implica que se debe mantener un equilibrio y un balance entre la generación endógena de conocimiento científico básico y aplicado, la investigación y el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento a los sectores sociales y productivos, incluyendo la transferencia tecnológica, y la innovación en muy diversos ámbitos de la sociedad. Se trata de un engranaje con múltiples componentes.

Estos subconjuntos del complejo ciencia-tecnología-innovación deben interactuar entre sí de manera eficaz, pero a la vez requieren mantener un desarrollo equilibrado, y todos han de ser fortalecidos y alimentados para lograr un sistema integrado y holístico. Resulta vital, por lo tanto, mantener ese equilibrio entre los componentes del sistema y evitar la priorización excesiva de unos en detrimento de otros.

La lectura del proyecto deja ver un énfasis desmedido en el tema de la innovación y de la aplicación del conocimiento con fines económico-productivos. Se confiere un peso excesivo al desarrollo tecnológico y la innovación y al papel del sector empresarial en el complejo ciencia-tecnología e innovación, en detrimento de los otros elementos del sistema.

Si bien el texto del proyecto menciona el desarrollo científico y la importancia de la ciencia en diversos artículos, el énfasis se centra de manera inconveniente en la innovación, el desarrollo tecnológico y el rol de la investigación en la esfera económico-productiva. Al hacerlo, se debilita significativamente la prioridad que debe tener el desarrollo de capacidades endógenas para generar conocimiento original a través de la ciencia, lo cual tendría implicaciones negativas en el desarrollo de todo el sistema.

La ciencia es mucho más que la provisión de insumos para la innovación y el desarrollo económico. La ciencia permite comprender la realidad natural y social y genera insumos originales de conocimiento que alimentan todo el engranaje de ciencia-tecnología e innovación. Es, además, un valioso componente de la cultura en un contexto amplio. En este sentido, el proyecto tiene una limitación conceptual de fondo.

Para fundamentar esta crítica, me remito a los siguientes aspectos del proyecto:

(1) En el artículo 2 se señala: “La Promotora tendrá como finalidad la promoción de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social del país”. No obstante, la lectura del texto del proyecto no concuerda con esta finalidad, ya que se coloca un énfasis desmedido en el tema de la transferencia de tecnología y la innovación, descuidándose el fomento del desarrollo científico.

(2) En el artículo 6 se dice lo siguiente: “La Promotora tendrá las siguientes funciones:

  1. a) Diseñar, administrar, preparar y ejecutar fondos, instrumentos y programas orientados a promover: (i) la innovación, (ii) los emprendimientos innovadores y de base tecnológica, (iii) la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, (iv) la transferencia tecnológica y (v) el capital humano especializado en las áreas de ciencia, tecnología e innovación”.

Queda claro, de la lectura de este artículo, que las cuatro primeras funciones se centran en la innovación, el desarrollo tecnológico, los emprendimientos y la transferencia tecnológica. Se omite por completo el fomento al desarrollo de la ciencia básica y aplicada. Solamente el inciso (v) podría cubrir aspectos relacionados con la ciencia, al enfocarse en la formación de recurso humano calificado. No obstante, tomando en cuenta el espíritu que se desprende de todo el proyecto, es muy factible que esa formación de recurso humano se centre en aspectos tecnológicos y de innovación. Este artículo deja ver claramente la excesiva e inconveniente priorización en las esferas tecnológicas y de innovación, alejándose de la consolidación de una base científico-tecnológica endógena que garantice la creación de nuevas ideas y la comprensión de la realidad, sobre la que se basan el desarrollo tecnológico y la innovación.

(3) Quizá el punto del proyecto que más claramente refleja esta visión sesgada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación es la integración de la Junta Directiva de la Promotora. Esta Junta estaría integrada por:

“a) La persona jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; quien presidirá y fungirá como presidente de la Junta Directiva.
b) La persona jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
c) Un representante de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
d) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
e) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
f) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
g) El (la) Presidente del INA.
h) Un representante de las Universidades Públicas designado por CONARE.
i) Un representante de las Universidades Privadas designados por UNIRE.”

Tenemos acá un predominio de sectores empresariales e institucionales cuya misión se centra en el desarrollo económico, al tiempo que hay una casi nula representación de la comunidad científico-tecnológica. Los principales reservorios de investigación científico-tecnológica del país son las universidades públicas. Es sorprendente que estas instituciones tengan solo un asiento en esta junta directiva, con igual peso que las universidades privadas, en las que la investigación es muy limitada. Sorprende también que no haya un sitio en esta directiva para la Academia Nacional de Ciencia. El desbalance es más que evidente.

Estamos hablando de una nueva entidad que va a sustituir al CONICIT y que, por ende, debe velar por el desarrollo integral de la ciencia-tecnología-innovación del país. Es preocupante que la junta directiva de una entidad que va a asumir estas funciones tenga esa integración, mostrando una clara tendencia hacia la ‘corporativización’ de este ámbito fundamental del desarrollo nacional. El desequilibrio que traería la integración de esta junta directiva podría afectar seriamente los esfuerzos que el país ha realizado a través de décadas para gestar una comunidad de investigación en ciencia y tecnología, ubicada fundamentalmente en las instituciones de educación superior públicas.

No argumento que la innovación y el desarrollo tecnológico no sean importantes; son fundamentales y nuestro país debe avanzar mucho más en estos ámbitos. Pero son solo dos componentes de un sistema mucho más complejo. Lo aquí planteado es muy claro en los países desarrollados, donde se apoya fuertemente el fomento de la ciencia básica y aplicada, a la vez que se generan mecanismos para que el conocimiento fluya a las esferas de desarrollo tecnológico y de innovación. Pero el sistema debe contemplar y apoyar la investigación científica, en equilibrio con los otros componentes.

Lejos de ayudar al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica, el proyecto pone en riesgo avances importantes que ha tenido el país en dichos campos, no resuelve los muchos problemas que tenemos en estos temas, y excluye a sectores y protagonistas que están llamados a jugar un papel protagónico en estas áreas estratégicas del desarrollo nacional.

 

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

San José, 18 de febrero del 2021

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general:

Costa Rica vive momentos complejos, que requieren soluciones complejas y un consenso social amplio, en las actuales circunstancias debemos reconstruir nuestro pacto social para pensar en la nación que queremos para el futuro, al tiempo que protegemos nuestros logros del pasado. Pero nos preocupa que en lugar de soluciones complejas recurramos a procesos de ajustes únicamente centrados en buscar una solución fiscal de corto plazo, motivados por recetas que han fracasado en otras latitudes y que pueden tener un alto costo social y productivo.

La solución de nuestros problemas no debe desatender, desfinanciar o incluso destruir, el Estado Social de Derecho que hemos creado durante décadas, por medio de políticas públicas destinadas a beneficiar a la mayor parte de la población. Esta inversión en las personas y en su desarrollo particular, nos ha puesto en una posición privilegiada frente a otras naciones, con índices de vida mucho mejores que otros países de la región y, en algunos casos, cerca de naciones desarrolladas. Pero ese logro está hoy en riesgo, los avances en materia de salud, educación y protección social, están en peligro por seguir una línea de ajustes carentes de una verdadera reflexión y de estudios adecuados y adaptados, tampoco se está tomando en cuenta la necesidad de atender a una población afectada por una pobreza que creció, un desempleo que no logramos reducir y una vergonzosa desigualdad que se nos sale de las manos, al tiempo que nos rehusamos a pedir un esfuerzo mayor a los que más tienen y a los sectores gananciosos de la pandemia.

Esta actitud de promover un ajuste fiscal de gran tamaño, en un plazo muy corto, sin razonar en sus consecuencias, sumado a ideas de austeridad extrema que ya demostraron su fracaso social y productivo por el mundo, también pretenden poner en riesgo la universidad pública, su autonomía administrativa e incluso su financiamiento. De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, las universidades públicas del mayor rango de autonomía en su gestión, precisamente para darles independencia del poder político y la libertad suficiente para que la ciencia, las letras y las artes puedan florecer, así como para que las universidades cumplan el importante papel de brindar oportunidades de crecimiento personal por medio del desarrollo profesional. Un sistema universitario libre e independiente del poder político, es un signo inequívoco de una sociedad moderna y de una democracia madura.

Nos preocupa que el proyecto de ley de empleo público ponga esto en riesgo, dejando en manos de una entidad con nulo conocimiento del quehacer universitario, así como una baja capacidad operativa, la gestión del recurso humano de las universidades, afectando el trabajo de estas y sometiéndolas a restricciones que afectarán negativamente la formación de profesionales, la investigación científica, la extensión, la acción social universitaria o la promoción artística.

Quitar a las universidades lo relativo a su regulación en materia de empleo es una ruptura inaceptable de su autonomía, que podría seguir acompañada de medidas para limitar el alcance de su trabajo y el pensamiento de sus académicos, en momentos en que en el mundo se desdeña la ciencia y se pone en tela de juicio los resultados de siglos de conocimiento. La ciencia necesita libertad, necesita mantener separadas la política y las creencias particulares del quehacer científico, limitar la autonomía de las universidades públicas, por tanto, es cercenar la promoción del conocimiento y el desarrollo de las ideas.

Somos conscientes de la necesidad de ajustes en la política de remuneración a lo interno de las universidades, tenemos claro que lo que existe hoy no es funcional y debe ser corregido, pero debemos ser los universitarios quienes definan la manera en que mejor se ajusta con el desarrollo de nuestras organizaciones. Estamos comprometidos y comprometidas con un uso adecuado de los recursos públicos y una gestión encaminada en lograr los mayores resultados sociales, en beneficio de la población, para tener universidades que sean sostenibles financieramente en el largo plazo, para seguir contribuyendo a la construcción de ese Estado Social de Derecho que hoy vemos en riesgo.

Es por eso que les hacemos a todas y a todos, un llamado a la acción, a pedirles que se expresen y hagan mostrar su inconformidad con lo que estamos viviendo. Defendamos la universidad pública de los que pretenden reducirla, arriesgando su papel en la construcción y desarrollo de la nación, al tiempo que nos comprometemos a cuidar los recursos públicos que los contribuyentes de este país apostaron por nosotros. Defendamos la libertad que requiere el quehacer académico, así como evitamos salidas fáciles a crisis complejas recortando sin miramientos, mientras muchos siguen sin contribuir a nuestro pacto social, sin sonrojo ni pena.

Las circunstancias actuales nos obligan a replantear nuestra reacción, por lo que les invitamos a compartir este mensaje en sus redes sociales y unirse a nosotros por medios electrónicos. Abajo firmamos un grupo de universitarias y universitarios preocupados, pero sabemos que somos más:

Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Greivin Salazar Álvarez, céd. 109710643
Roxana Morales Ramos, céd. 111670990
Henry Mora Jiménez, céd. 105120548
Nora González Chacón, céd. 106990620
Jesús Guzmán Castillo, céd. 304360204
Tania Rodríguez Echavarría, céd. 110680515
Yamileth González García, céd. 202460555
Luis Felipe Arauz Cavallini, céd. 104860636
Edgar Gutiérrez Espeleta, céd. 104530822
Ana Rosa Ruiz Fernández, céd. 302480440
Rony Mauricio Rodríguez Barquero, céd. 205340821
Patricia Ramos Con, céd. 205470695
Noemy Quirós Bustos, céd. 205470695
Laura Queralt Camacho, céd. 107250821
Shi Alarcón Zamora, céd. 112910818
Rocío Alfaro Molina, céd. 108280886
Sofía Cortés Sequeira, céd. 113360901
Nelson Andrés Ramírez Rojas, céd. 303890841
William Delgado Montoya, céd. 303440456
Maritza Agüero González, céd. 206450725
Mayela Acuña Calderón, céd. 302400541
Carlos Rodolfo González Zúñiga, céd. 503450978
José Alberto Martínez Villavicencio, céd. 900830116
Paula Arzadun, 103200178200
Osvaldo Durán Castro, céd. 106370047
Hellen Melania Cordero Araya, céd. 303630653
Marlon Iván Pérez Pérez, céd. 602700010
Ana Catalina Espinoza Ortíz, céd. 303550126
Yendry Alexandra Jiménez Pérez, céd. 206270045
Andreina Esquivel Rodríguez, céd. 206600795
María José Chaves Groh, céd. 110810478
Alicia Coto Guzmán, céd. 109800481
Rodrigo Campos Cordero, céd. 108560885
Pablo Diaz González, céd. 205960614
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Luis Paulino Vargas Solís, céd. 203270373
Marinela Córdoba Zamora, céd. 302970351
Luis Miguel Esquivel Sancho, céd. 206950800
Marcel Hernández Mora, céd. 303490836
Pablo César Rodríguez Vargas, céd. 206820364
Francisco Esquivel Villegas, céd. 601090101
Nancy Castro Barrantes, céd. 204350643
Luis Gerardo Meza Cascante, céd. 105130774
Fabio Sanchez Peña, 184001281001
Ronald Bustamante Medina, céd. 109130086
Marco Antei, 138000248128
Samaria Montenegro Guzmán, céd. 112090158
Luis Alberto Barboza Chinchilla, céd. 111090348
José Alexander Ramírez González, céd. 401570340
Daniel Campos Salas, céd. 113770721
Juan Gabriel Calvo Alpízar, céd. 112120635
Adriana Cristina Sánchez Chavarría, céd. 112940271
Pedro Méndez Hernández, céd. 108270664
William Ugalde Gómez, céd. 107380639
María Estrada Sánchez, céd. 109740643
Arnaldo Moya Gutiérrez, céd. 302230941
Patricia Fumero Vargas, céd. 302270116
Nora Garita Bonilla, céd. 103820064
Yolanda Rojas Rodríguez, céd. 900120762
Ana Lupita Chaves Salas, céd. 104550585
Susan Francis Salazar, céd. 107210975
Elizabeth Fonseca Corrales, céd. 400970783
Albin Gerardo Guerrero Mora, céd. 106050324
Alejandra Fernández Bonilla, céd. 105740192
Erika Henchoz Castro, céd. 105700927
Víctor Hugo Acuña Ortega, céd. 103730844
Melania Monge Rodríguez, céd. 105730482
Patricia Blanco Picado, céd. 105380707
José Pablo Mora Vargas, céd. 2 0581 0912
Lady Meléndez Rodríguez, céd. 105410868
María Peña Bonilla, céd. 106570340
María Elena López Núñez, céd. 103410135
Julio Alberto Brenes Arroyo, céd. 108920767
Wendy Yorleny Rojas Calero, céd. 701790272
Adilia Eva Solís, 155803301923
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, céd. 156010866
María Cecilia Dobles Izaguirre, céd. 103270166
Alvar Saborío Ruiz, céd. 500840552
Ivette Rojas Zeledón, céd. 107780131
Ivonne Lepe Jorquera, céd. 800650908
Isabel Avendaño Flores, céd. 106020245
Ana Carcedo Cabañas, céd. 800470010
Evita Henríquez Cáceres, céd. 206260679
Darío Alberto Mena Arias, céd. 113020444
Bryan Roberto Vargas Vargas, céd. 401940928
Francisco Piedra Vargas, céd. 107470054
Francisco Guevara Quiel, céd. 108560452
Alberto Hernández Alvarado, céd. 303610785
Larraitz Lexartza Artza, céd. 801240792
Jorge Guier Acosta, céd. 107650767
Camila Ordoñez Laclé, céd. 111390314
Ronald Bonilla Rodríguez, céd. 401460933
Javier Trejos Zelaya, céd. 105550580
Maikol Picado Cortés, céd. 401890288
Ana Laura Rivera Vargas, céd. 304450568
Francisco Robles Rivera, céd. 304050666
Ana Gabriela Víquez Paniagua, céd. 205710047
Francisco Frutos Alfaro, céd. 105930011
Daniel Briceño Lobo, céd. 105160339
Cindy Fernández García, céd. 110380095
Leonardo Castellón Rodríguez, céd. 109270673
Eduardo Chavarría Saborio, céd. 105870907
Alberto Cortés Ramos, céd. 900750815
José Ralph García Vindas, céd. 800920363
Hugo Hidalgo León, céd. 107340170
William Poveda Fernández, céd. 303500256
Roberto Antonio Ulloa Esquivel, céd. 402000107
Jennifer de los Ángeles Loría Sorio, céd. 304550852
Maikol Solís Chacón, céd. 112060753
Marco Vinicio Alvarado Peña, céd. 107370600
Viviana Solano Monge, céd. 304500312
Ericka Masís Garita, céd. 303550694
Alexander Berrocal Jiménez, céd. 109440034
Tania Molina Villalobos, céd. 108140765
Alexandra De Simone Castellón, céd. 105320906
Norma Lucía Ruiz Fernández, céd. 900630855
Boris Allan Larios Cruz, céd. 205370932
Nathalie Vásquez Ramírez, céd. 30392346
Jeannette Alvarado Retana, céd. 105270618
Mariela Hernández Ramírez, céd. 205270338
Adriana Sánchez Lovell, céd. 111510909
Rosibel Orozco Vargas, céd. 302580920
Marilú Rodríguez Araya, céd. 204120789
Carmen María Méndez Navas, céd. 104170492
Roberto Castillo Rojas, céd. 301770017
Raquel Picado Navarro, céd. 109430726
Fernando Bermúdez Kuminev, céd. 114600552
Wagner Moreno Moreno, céd. 502180988
Héctor Ferlini Salazar, céd. 104540856
María Cecilia Aguilar Lara, céd. 202520321
Sandra Cartín Herrera, céd. 203430634
Vera Victoria Sancho Mora, céd. 104111454
Virginia Ramírez Cascante, céd. 105430030
Lisbeth Araya Rojas, céd. 104011290
Ana María Botey Sobrado, céd. 104730692
Gilberto Alfaro Varela, céd. 501490053
Marcela Dumani Echandi, céd. 900680173
Ana Isabel Porras Thames, céd. 103700435
Ana Leonor Ramírez Montes, céd. 104830426
Marie-Claire Vargas, céd. 105890240
Laura Vargas Vargas, céd. 104340593
Olga Goldenberg Guevara, céd. 102870168
Francisco Javier Rojas Rojas, céd. 106150202
Laura Hernández Alpízar, céd. 106910588
Jorge Andrey Valenciano Salazar, céd. 205420447
Carlos Leonardo Arguedas Campos, céd. 401400752
Javier Rodríguez Ramírez, céd. 110230342
María Fernanda Vega Solano, céd. 304360323
María C. Víquez Ramírez, céd. 401340973
José Millán Araujo, céd. 800820978
Gerardo Villalobos Rodríguez, céd. 204610636
Gabriela Pino Chacón, céd. 105160449
Jorge Herrera Murillo, céd. 205330454
Marianela Rojas Garbanzo, céd. 303260030
Randall Hidalgo Mora, céd. 401680374
Christian González Hernández, céd. 401850130
Marjorie León Gómez, céd. 204420043
Francisco González Alvarado, céd. 204510487
Álvaro Martín Parada Gómez, ced. 800700955
Julio César Espinoza Rodríguez, céd. 107740181
Javier Durán Fallas, céd. 105660979
Karen Herrera Benavides, céd. 112160849
Sara Emilia González Bonilla, céd. 401240885
Erika Vásquez Salazar, céd. 108320129
Yuri Morales López, céd. 110250819
Felipe Alpízar Rodríguez, céd. 110490305
Evelyn Apú Álvarez, céd. 110600969
Roxana Salazar Bonilla, céd. 104940776
Lorena Uribe Lorío, céd. 106020577
Willy Calderón Guerrero, céd. 602850917
Norberto Rivera Romero, céd. 302440121
Javier Fernández Lara, céd. 108940323
Alejandra Amador Salazar, céd. 111600259
Magaly Gutiérrez Saborío, céd. 110120383
Ana Gabriela Blanco Víquez, céd. 110130676
Liz Marie Robles Hernández, céd. 109900186
Zaida Siles Rojas, céd. 105760128
José Antonio Santamaría Rivera, céd. 107180586
Leidy Abarca Picado, céd. 108020813
Allan Ulate Angulo, céd. 114090313
Cristina Romero Solera, céd. 302800094
Leonora Córdoba Roldán, céd. 302900126
Brenda Bustamante Vega, céd. 304830900
Andrea Jiménez Murillo, céd. 110810533
María del Pilar Rojas Briceño, céd. 107800170
Edwin Retana Araya, céd. 206450503
Rosario Hernández Hernández, céd. 108480342
Manuel Delgado López, céd. 113030307
Vivian Bonilla Gamboa, céd. 115780208
Wilberth Sequeira Gómez, céd. 106510795
Isaac Flores Bertozzi, céd. 108710765
Alicia López Fernández, céd. 106450643
Yamileth Garbanzo Guzmán, céd. 106370553
Shirley Campos Mesén, céd. 106830878
Nicole Cisneros Vargas, céd. 112450713
María del Milagro Castro Solano, céd. 206030429
Juan Miguel Herrera Delgado, céd. 107270410
María Laura Arias Echandi, céd. 106180948
María José Cascante Matamoros, céd. 111660261
Oldemar Rodríguez Rojas, céd. 203940778
José Ángel Vargas Vargas, céd. 203710866
Gustavo Gutiérrez Espeleta, céd. 106600352
Miguel Román Díaz, céd. 107300659
Marisol Gutiérrez Rojas, céd. 105720906
Jeannette Campos Salas, céd. 105890202
María Marta Durán Rodríguez, céd. 302910123
Rosalina Alvarado Delgado, céd. 104080901
Helvetia Cárdenas Leitón, céd. 203790551
María Pérez Yglesias, céd. 103690624
José Pablo González Chaverri, céd. 41720701
Carmen Monge Hernández, céd. 109000461
Priscilla Mena García, céd. 603410602
Roberto Rojas Benavides, céd. 602160911
Alejandra Gamboa Jiménez, céd. 109490166
Alice Brenes Maykall, céd. 106630878
Marlene Flores Abogabir, céd. 800900409
Nancy Astorga Miranda, céd. 110910744
María Eugenia Restrepo Salazar, céd. 109750470
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Norma Salazar Baltodano, céd. 108410237
Mayela Avendaño Salas, céd. 105640280
Ronny Hernández Álvarez, céd. 601960957
Rocío Carvajal Sánchez, céd. 401210625
Gabriela Ortiz Valverde, céd. 603420251
Zita Soto Poveda, céd. 106080795
Esteban Picado Sandí, céd. 110630040
Victor Julio Baltodano Zuñiga, 204310502
Mayela Coto Chotto, céd. 106090382
Grace Wong Reyes, céd. 601650096
Manuel Luna Ángulo, céd. 502580797
Karol Vanesa Monge Hernández, 112220685
Ronald Alvarado Cordero, céd. 108500771
Juan Carlos Beckles Araya, céd. 106600600
Adriana Alvarado Cerdas, ced. 109090671
Manuel Antonio Villalobos Morales, céd. 402000227
William García Morera, céd. 700950002
Arabella Salaverry Pardo, céd. 900290602
Marielos Castro Umaña, céd. 103690927
Elisa Donato Monge céd. 105140512
Dulce Umanzor Alvarado, céd. 600990608
Juliana Martínez Franzoni, céd. 800820470
Adrián Pignataro López, céd. 113160599
Gerardo Hernández Naranjo, céd. 106770083
Brayan Jara Ureña, céd. 117330757
Susan Ugalde Monge, céd. 107790137
Carlos Humberto Cascante Segura, céd. 109640964
Ivonne Vásquez Esquivel, céd. 2026940462
Juan Miguel Camacho Hernández, céd. 401390077
Flor Esquivel Rodríguez, céd. 204600251
Hannia Sánchez Mora, céd. 107280976
Olga Patricia Villalobos Garita, céd. 401420372
Minor Oviedo Segura, céd. 401540950
Jenny González Murillo, céd. 109840829
Gloriana Moya Muñoz, céd. 402040926
Gabriela Quirós Cuadra, céd. 401390322
Diana Vargas Benavides, céd. 110320526
Magaly Solís Vargas, céd. 603320741
Paula Vargas Segnini, céd. 109060623
Yury Alfaro Arias, céd. 206240050
Iris Cubero Campos, céd. 203520729
Dayan Murillo Campos, céd. 702310012
Sofía Vásquez Bolaños, céd. 206330979
Georgina Morales Solano, céd. 401340731
María Isabel Hidalgo Vargas, céd. 112410115
Roxana Cubero Conejo, céd. 108860383
Ana Rosa Orozco Morales, céd. 110230234
Marcela Bagnarello Kepfer, céd. 110950939
Tatiana Roldán Cordero, céd. 109040003
Maria Victoria Ruiz Ruiz, céd. 401350490
Rosalba Mora Royo, céd. 110960294
Johanna Acuña Garita, céd. 304720718
Gustavo Garita Hidalgo, céd. 401700916
Luis Gustavo Delgado Vásquez, céd. 207050713
Laura Cruz Ruiz, céd. 502620127
Juan Diego Gómez Navarro, 105250351
Yalile Jiménez Olivares, céd. 108520207
Sergio Fernández Rojas, céd. 107440183
Ericka Jiménez Espinoza, céd. 108920601
Rita Picado Arroyo, céd. 303160938
Fred Luis Jiménez Hernández, céd. 111890900
José Joaquín Montero Zúñiga, céd. 107580845
Deborah Castillo García, céd. 701130362
Bernal Martínez Gutiérrez, céd. 302710189
Erick Francisco Salas Acuña, céd. 205680321
Eric Alfredo Chirino Sánchez, céd. 106230155
Sebastián Saborío Rodríguez, céd. 111660309
Eva Carazo Vargas, céd. 108930621
Luis Alonso Rojas Herra, céd. 112510165
Gustavo Gatica López, 13200254014
Patricia Oliva Barboza, céd. 107480251
Marcela Pérez Rodríguez, céd. 106440146
María Alexandra Medina Pérez, 117000187730
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Paulo Coto Murillo, céd. 11056-0998
Backtori Golen Zúñiga, céd. 112920729
Megan López La Touche, céd. 114710234
Francis Muñoz Calvo, céd. 114490629
Juan Antonio Gutiérrez Slon, céd. 112450785
Edgar González Quesada, céd. 303990404
María de los Ángeles Segura Carmona, céd. 106200161
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Melissa A. Castro Quirós, céd. 111330022
Elías Córdoba Chaves, céd. 110830032
Nancy De la O Arce, céd. 401690110
Laura Delgado Rojas, céd. 108710641
Marlene Garita Loaiza, céd. 112050111
Lucía Quesada Acuña, céd. 111720187
Cilene Trejos Quesada, céd. 107470321
Ana Yansy Ugalde Gómez, céd. 204080004
Viviana Umaña Porras, céd. 107540465
Adriana Jazmín Ureña Castro, céd. 111980373
Kattia Vanessa Vargas Fallas, céd. 111000035
Luis R. Víquez Rodríguez, céd. 205690776
Andrea Zamora Quesada, céd. 110140666
Gerardo Fonseca Sanabria, céd. 700920242
Gréttel Castro Céspedes, céd. 112000156
Ma. Rosibel Ruiz Fuentes, céd. 206630849
Marjorie Chavarría Jiménez, céd. 106800326
David Josué Barquero Castro, céd. 113530776
Alejandra Navarro Navarro, céd. 303920963
Roxana Cabalceta Rubio, céd. 114070999
Sergio Moya Mena, céd. 108240261
José Manuel Arroyo Gutiérrez, céd. 103991073
Hugo Vargas González, céd. 107880210
Daniel Matul Romero, 132000001412
Nidya Cecilia Nova Bustos, céd. 800990603
Allan Monge Cordero, céd. 107760834
Lidieth Garro Rojas, céd. 602270142
Gabriela Arguedas Ramírez, céd. 108310136
Rafaela Sierra Ramos, céd. 800460989
Julieta Dobles Yzaguirre, céd. 103120144
Albert Torres Vargas, céd. 108360857
Danny Mora Cordero, céd. 112840747
Luis Alberto Rojas Campos, céd. 206050213
Jimmy Castro Rodríguez, céd. 110190121
Dary Andrea Moya Chavarría, céd. 603180476
Juan José Padilla Vindas, céd. 111790739
Luis Felipe Cordero Jara, céd. 401800910
Andrea Brenes Rogades, céd. 701580878
Marilyn Núñez Badilla, céd. 109820019
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499
Efraín Cavallini Acuña. céd. 104640098
Gerardo Cerdas Vega, céd. 108970131

Independencia judicial: de las palabras a los hechos

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y Profesor Catedrático UCR

            Con frecuencia oímos discursos, reflexiones, conferencias; o bien se organizan debates, seminarios y congresos; o se escriben artículos, tratados, listas de mandamientos, tesis de graduación y un sinnúmero de manifestaciones académicas en torno al tema de la independencia judicial. Todas esas palabras están bien. Pero no son suficientes. Hacen falta las actuaciones y los hechos.

            Lo cierto, digo yo después de una vida profesional dedicada a la función pública y a la carrera judicial, es que el juez independiente es aquél que, por vocación, por valores y por integridad personal decide serlo. Hay muchas tentaciones y amenazas ahí afuera. No hay protecciones legales, constitucionales ni materiales que puedan detener la debilidad o el oportunismo de quien, desde la privilegiada posición de la judicatura, decide traicionar la misión esencial o el rol social decisivo que le corresponde jugar.

            Las principales amenazas a la independencia judicial vienen de los otros poderes, los formales y los de facto. El poder de los políticos, los personajes influyentes social, económica o religiosamente; el poder de los superiores dentro de la estructura misma del Poder Judicial; y ni qué decir la poderosa influencia de los medios de comunicación que presionan en uno u otro sentido. Y de otra parte, están también los poderes informales o de facto, el de los delincuentes comunes, y los peores, los de la delincuencia de cuello blanco o las mafias del crimen organizado. Venderse es la tentación más frecuente y fácil en la cual caer. Y no se trata sólo de la manera más pedestre o vulgar recibiendo dinero a cambio de favores. Están las formas sutiles como archivar una denuncia, dejar que prescriba la causa, absolver al culpable, condenar al inocente. Hay gente tan vendida que el agente poderoso no necesita ni siquiera llamarla, insinuarle o hacerle el depósito bancario. Su servilismo olfatea, adivina, intuye lo que se espera de él (o ella).

            Una tentación peligrosísima es trazarse una carrera judicial ascendente dispuesto a pagar cualquier precio; llegar a la cima con una encomienda que cambie la jurisprudencia para servir a los señores que prestaron ayuda; meterse en el mundillo de las cámaras y reflectores para ganar protagonismo público (pasando información a ciertos periodistas para contar con “buena imagen” y favores), o ser capaces de la infamia y la calumnia en los procesos de nombramientos (“si no soy lo suficientemente virtuoso inventaré vicios inconfesables en mis contendientes”; “si tengo que olvidarme de los amigos de ayer, pues cultivaré nuevas amistades”).

            Pero ante todo, esto de ser juez o jueza, tiene que ser una auténtica vocación. He visto jóvenes profesionales, competentes y valiosos, que tiran la toalla a medio camino. El trabajo judicial siempre es complejo y excesivo; exige muchas renuncias, sacrificios y ciertamente a veces es riesgoso, si es que se quiere hacer como es debido. La vocación auténtica, en el caso de los profesionales del derecho en general y particularmente respecto de los funcionarios judiciales, radica en el valor Justicia. Ese valor se refiere no sólo a la justicia del caso concreto, sino al valor de Justicia Social. No puede haber un buen juez que no recienta la desigualdad, la inequidad o la discriminación de seres humanos en su acceso a los derechos fundamentales. Serían como sacerdotes sin fe en Dios o como médicos a los que no les importe la salud de sus congéneres. Por cierto, que los hay, los hay.

            La última frontera de esa vocación auténtica está cuando el buen juez, llevado por sus principios y su integridad moral, enfrenta la amenaza, la descalificación, y hasta la agresión o violencia contra su vida, sin hacer concesiones, sin traicionarse a sí mismo ni traicionar el juramento de actuar conforme a la ley y sólo la ley. Es ahí cuando recuperamos la esperanza.

            La valentía no es un adorno más, prendido a la toga. Es un requisito sin el cual no hay justicia que valga.

Sabanilla, 17 de febrero de 2021.

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

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Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Llamado a la defensa de la Universidad Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Rectores e integrantes de las comunidades universitarias se congregarán este jueves frente a la Asamblea Legislativa para defender a la Universidad Pública y su posibilidad de desarrollar sus actividades académicas con independencia, lo que la llamada Ley de Empleo Público limitaría.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional para defender a la Universidad Pública y la autonomía universitaria en el marco del trámite legislativo de la Ley de Empleo Público.

“En seguimiento a las acciones desarrolladas respecto al proyecto de Ley de Empleo Público y como resultado del análisis realizado en CONARE, los rectores, de las Universidades Públicas, hacemos un llamado vehemente a las Comunidades Universitarias y nacional a tener presencia física, guardando todas las medidas sanitarias, frente a la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, a partir de las 10 a.m. Para ello se declara un cambio de actividades, con el fin de que la mayoría de las personas participen en tan importante manifestación”.

Además, González Alvarado invitó a la población universitaria y nacional a informarse, a dialogar sobre el tema y promover la tomar conciencia sobre la importancia de la universidad pública para nuestro país y del respeto constitucional a la autonomía universitaria, en el sentido “de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.

Contención del gasto desde Conare

  1. Sobre los cuestionamientos de la Asamblea Legislativa en materia de contención del gasto de las universidades estatales, Francisco González aprovechó para recapitular las medias aplicadas en esta materia y en política salarial por estas casas de educación superior:
  2. Las universidades estatales, de cara al aseguramiento de su sostenibilidad financiera y en el marco de su autonomía constitucional, han tomado decisiones y modificado su normativa para homologar sus pluses salariales al Título III de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estos cambios han sido aplicados por algunas desde el año 2019 y otras a partir del 2020. De igual forma, han cumplido con el Título IV de “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la ley citada.
  3. Además, como parte del apoyo de las universidades al país, para enfrentar su situación económica, aceptaron un ajuste de su presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía, lo que significan ₡27 590 millones menos. Todo esto, sin afectar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso y la calidad del servicio educativo y el quehacer universitario en general.
  4. La Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, renegociaron sus convenciones colectivas. La Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no tienen convenciones colectivas.
  5. En el caso de la Universidad Nacional si bien la Convención Colectiva está homologada y prorrogada por el Ministerio de Trabajo hasta abril del 2023, ha iniciado desde finales del año pasado un proceso de negociación entre el sector sindical y las autoridades, para modificar artículos puntuales asociados al peso presupuestario del rubro laboral, como parte de las medidas de contención del gasto y sostenibilidad financiera en general.
  6. Para el año 2021 ninguna universidad pública ni el Consejo Nacional de Rectores tiene previsto el pago de reajuste salarial, ni de anualidad.
  7. En los últimos ejercicios presupuestarios y con mayor énfasis en el 2020, las universidades estatales han aplicado otras medidas de contención del gasto como son:

× Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
× Disminución de plazas administrativas.
× Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
× Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
× Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
× Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
× Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
× Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.

La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.

Video adjunto:

https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/febrero-2021/3353-llamado-a-la-defensa-de-la-universidad-publica

***Mayor Información con: Francisco González Alvarado (8306-8777) Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2237-5929/8720-4908).

 

Enviado por Oficina Comunicación UNA.

Comunicado Público: Juez reitera desalojo de Yuwi Senaglö, recuperación en Territorio Cabécar de China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

• Estado de Costa Rica insiste en desalojo de miembros del Pueblo Cabecar de China Kichá.
• En el ámbito judicial persisten serias irregularidades y el Ejecutivo no responde a solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Yuwi Senaglö.

Martes 16 de febrero de 2021. El 28 de setiembre de 2020 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá (al sur de Costa Rica) ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, decidieron iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia.

Hasta ese momento el terreno estaba siendo ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata, persona no indígena. Ese mismo día Vargas Mata logró ingresar a la casa que se ubica en el terreno, casa que se encontraba rodeada y custodiada completamente por la Fuerza Pública, donde se mantiene atrincherado hasta el día de hoy y sin existir una explicación satisfactoria y verosímil por parte del Ministerio de Seguridad sobre la forma en que Vargas logró ingresar a la edificación.

El 13 de octubre de 2020 el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) Expediente No. 20-000018-1555-AG-1, mediante resolución 48-2020 acoge la medida cautelar solicitada por Miguel Vargas (como parte actora) y ordena el desalojo de las familias recuperadoras Cabécares (como demandados), resolución que es ratificada el 1 de febrero de 2021 por el mismo Juzgado, ordenando a la Policía de Proximidad de Pérez Zeledón proceder con el desalojo de las y los recuperadores Cabécar; ambas resoluciones contrarias al Bloque de Constitucionalidad y violatorias de los Derechos Humanos del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Hasta el día de hoy, ambas resoluciones no han sido notificadas personalmente, ni conforme a la ley a la totalidad de las y los demandados; ante evidentes vicios en el cumplimiento del acto de notificación, el 15 de octubre las y los demandados interpusieron un incidente de nulidad del acto de notificación, sin embrago, hasta el momento no se les ha respondido dicho incidente, ni se corrigieron las irregularidades en las notificaciones. Esta causa es conocida por el Juez Jean Carlo Céspedes Mora quien mantiene relaciones de parentesco con personas no indígenas que ocupan territorios indígenas; hoy mismo las y los recuperadores interpusieron 2 incidentes de suspensión y nulidad que esperan se resuelvan conforme a Derecho.

Ante las graves consecuencias que traería la ejecución de esta orden de desalojo judicial, las y los recuperadores acompañados por la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, presentaron hoy martes 16 de febrero, formal Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, ante el Viceministerio de la Presidencia y el de Seguridad, este último ente encargado de otorgar dicha declaratoria. (Se adjunta Solicitud).

Esta es la tercera ocasión que se presenta formalmente dicha solicitud, la primera fue el 13 de noviembre de 2020, la segunda el 21 de diciembre de 2020 ante la cual el Ejecutivo sobre la Solicitud indicada “es un tema que está siendo analizado por los Ministerios encargados”.

El día de hoy las y los recuperadores de Yuwi Senaglo con el apoyo de la ADI reiteraron su Solicitud de que el Ministerio de Seguridad declare la Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö; lo anterior de acuerdo a las facultades y obligaciones que asisten al Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social, tomando en cuenta el antecedente de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jü y en aras de lograr la paz social del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Las y los miembros, recuperadoras y recuperadores del Pueblo Cabécar de China Kichá y las organizaciones y personas que suscriben este Comunicado Público manifestamos:

1. Denunciamos las irregularidades presentadas en el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).
2. Solicitamos al Poder Judicial se investigue una vez más el actuar del Juzgador Jean Carlos Céspedes Mora, encargado de dicho expediente y por fin se establezcan las responsabilidades administrativas y penales del caso.
3. Demandamos que el Poder Ejecutivo emita la Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo Yuwi Senaglö en un plazo máximo de 3 días a partir del día de hoy, ya que han contado con 3 meses para el análisis y resolución de la solicitud.
4. Demandamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la integridad territorial del pueblo Cabecar de China Kichá y sin más dilaciones realice los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio y así devolver la totalidad del Territorio al Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡NO AL DESALOJO DE YUWI SENAGLÖ!

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Recuperador@s Cabecar de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabecar de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin.
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Personas firmantes:
Mauricio Alvarez Mora, cédula 1 0877 0217proyecto ED-3526 Educación Popular y Geografía, Kioscos Ambientales UCR.
Marvin Amador Guzmán cédula 1 0673 0592, docente, investigador, UCR.
Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 3 0220 0485, docente e investigador UCR.
Denia Román Solano, cédula: 3 0305 0908. Docente Escuela de Antropología. UCR.
Xinia Zúñiga Muñoz 104880642 investigadora UNED.

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez Mora,

Los ataques a la Educación Pública – Desde la Otra Acera

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Trabajo.

Esta semana en Desde la Otra Acera, el Secretario General de APSE nos ofrece el editorial “Los ataques a la Educación Pública”, donde explica cómo el Gobierno y algunas fracciones de la Asamblea Legislativa le han jugado sucio a la Educación Pública.

Contamos con la participación de Marvin Padilla, Martha García y Jackeline Ureña, docentes que relatan los impactos de los recortes a la educación, y también nos acompaña el asesor legislativo Jonathan Acuña para entender la naturaleza de esos recortes.

Además, en el vox populi conversamos con algunas madres y padres de familia, sobre las condiciones de la Escuela Santa Marta en San José. Acompáñenos todos los jueves a las 7:00 p.m. con el programa “Desde la Otra Acera”, por medio de @apseinforma en Facebook y YouTube.

 

Enviado por APSE.

UCR: Iniciativa explica temas de democracia electoral en el movimiento estudiantil

Escrito en . Publicado en Derechos.

Conozca 10 minutos

En este momento se encuentran disponibles los primeros tres fascículos.

El Tribunal Electoral Estudiantil Universitario (TEEU) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con la Editorial Estudiantil, se encuentra produciendo una serie de fascículos que busca explicar de manera clara y al alcance de toda la comunidad educativa, algunos temas relacionados a la democracia electoral en el movimiento estudiantil.

El proyecto busca que cada fascículo tome una lectura aproximada de diez minutos, de ahí viene el título de la iniciativa.

“La idea es que la comunidad universitaria, pero sobre todo las personas estudiantes puedan conocer distintos temas sobre derecho electoral y que les sea más fácil de entender”, afirmó Christian Torres Álvarez, presidente del TEEU y director del Consejo Editorial.

Actualmente están disponibles los primeros tres fascículos, el primero, que detalla todo lo referente al funcionamiento de las representaciones estudiantiles en la UCR, el segundo que habla sobre el proceso electoral de la Federación de Estudiantes de la UCR y el tercero, que explica el funcionamiento del TEEU y de los tribunales electorales internos.

“Lo más relevante es que el estudiantado no viene a la universidad solamente a obtener un grado académico, sino que además vienen a formarse en otros ámbitos. El objetivo del TEEU es fortalecer el aprendizaje humanista e integral característico de nuestra universidad”, concluyó Torres.

Todos las publicaciones de la iniciativa se encuentran disponibles en la página web de 10 minutos, se espera que en total se realicen seis números este año.

 

David Esteban Chacón León
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

MEP, UNED y socios estratégicos relanzan Plan Virtual de Fomento a la Lectura

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

SURCOS comparte la siguiente información:

Nuevos retos para la primera infancia serán transmitidos por el programa Café Nacional, de Trece Costa Rica Televisión.

Luego de un exitoso primer año de actividades, el Plan Virtual de Fomento a la Lectura regresa este 2021 con nuevos retos y dinámicas para la primera infancia, así como para adolescentes y padres y madres de familia que quieran sumarse a esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), la UNED y socios estratégicos.

Con el fin de incluir a más poblaciones estudiantiles, este año se suma el Departamento de Educación de la Primera Infancia (DEPI), con retos cada lunes que estarán disponibles en las redes sociales de las instituciones participantes y en el programa Café Nacional, de Costa Rica Trece Televisión.

Los días miércoles serán publicados vídeos de promoción de lectura creados por escritores y colaboradores, en tanto, los viernes se asignará un reto dirigido a diferentes poblaciones estudiantiles e incluso a la familia en general, pero utilizando únicamente literatura costarricense, informó María del Pilar Sánchez Madrigal, coordinadora del Departamento de Documentación e Información Electrónica del MEP y parte del equipo gestor del PVFL.

Cabe recordar que cada semana se publican tres retos: lunes, miércoles y viernes. Estas dinámicas están disponibles en las páginas de Facebook del MEP (Vida Estudiantil), de la UNED y de socios estratégicos como el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), Fundación Leer, Club de Libros, Amigos del Aprendizaje (ADA) y Carretica Cuentera, entre otros.

La propuesta incluye además aniversarios especiales relacionados con el hábito de la lectura y homenajes a personas escritoras de nuestro país, mediante de retos y videos, que pueden ser compartirlos con toda la comunidad nacional, siguiendo el #leyendoencasa o #leoymecuido, acción que puede realizarse en cualquier sitio, respetando siempre los protocolos sanitarios contra el COVID-19.

El Plan Virtual de Fomento a la Lectura nació dentro de la estrategia denominada “Aprendo en Casa”, liderada por el MEP, con el apoyo de la UNED y Costa Rica Televisión, en abril del año pasado, cuando fueron suspendidas las lecciones presenciales en el sistema educativo a raíz de la pandemia.

Al respecto, el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, acotó que este año seguimos presentes con nuestros recursos, así como con el apoyo de diferentes profesionales para apoyar al Ministerio de Educación Pública con nuestra reconocida producción académica y editorial al servicio de la población costarricense».

De acuerdo con cifras del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del MEP, durante el año pasado fueron publicados, 57 vídeos y 108 creados por diferentes colaboradores, escritores, bibliotecólogos escolares y entidades del Ministerio de Educación Pública.

Dentro de las instituciones y empresa privadas colaboradoras con el MEP durante el 2020 y que seguirán este año, se encuentran:

SINABI
UNED
EUNED
ADA
Fundación Casa Ana Frank – Costa Rica
Fundación IBBY
Carretica Cuentera
Clubdelibros

Puede encontrar más información en el sitio web del PVFL o en el canal de YouTube PVFL

Mag. Karol Ramírez Chinchilla
Comunicadora social
Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación
UNED
* kramirezc@uned.ac.cr
Tel. 2527-2207

 

Imagen destacada: Happy Kids.