Dr. Federico Montero Mejía/ Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens
Después de casi un año del cierre del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), miles de personas que han requerido los servicios de rehabilitación, no los han recibido del todo o lo han hecho en forma muy restrictiva.
Esta injusta situación ha sido reclamada, con respeto pero con vehemencia, por las y los 172 expacientes, usuarios y padres de niños usuarios de ese centro especializado, suscriptores de una carta dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, fechada el día 2 de febrero del año en curso.
Los autores del presente artículo forman parte de ese numeroso grupo de firmantes, que suma cada día a más personas que hacen el mismo reclamo y que lo han venido patentizando por distintos medios.
El CENARE fue cerrado en marzo del 2020 para que la totalidad de sus instalaciones, fueran ocupadas por el Centro Especializado de Atención de de Pacientes con la Covid-19 (CEACO).
En la mencionada carta se destaca la comprensión y flexibilidad que se ha tenido ante la gravedad de la pandemia, pero ya hay un agotamiento colectivo de la paciencia y larga espera, ante el incumplimiento de la Caja, al no ofrecer las alternativas requeridas al cierre de los servicios de rehabilitación que venía prestando el CENARE. Tal fue el compromiso asumido por la entidad pero la posposición indefinida, ha sido la respuesta dominante. Y lo más grave es que este tipo de servicios también fueron cerrados en otros hospitales para ser ocupados por pacientes con Covid-19.
Subestimación de la rehabilitación
Las autoridades de la Caja y del CENARE se suman a quienes (aquí y en otros lugares del mundo), no le dan la debida importancia a la rehabilitación. Un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) de los Estados Unidos, titulado “Estimaciones Globales de la necesidad de rehabilitación basada en la Carga Global de Enfermedad del 2019: un análisis sistemático para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2019” y publicado en la revista The Lancet del 1 de diciembre del 2020 (en línea), concluye que en algún momento de sus vidas, un tercio de los seres humanos requiere servicios de rehabilitación. Si ese dato lo extrapolamos a la población actual del país, casi un millón setecientas mil personas habrán requerido o requerirá tales servicios.
Según el estudio en mención: “las estimaciones globales establecen a la rehabilitación como una estrategia clave para la cobertura universal de salud en el Siglo XXI y reta la idea de la rehabilitación como un servicio opcional que solo es requerido por una minoría de la población. Los hallazgos indican la urgente necesidad de aumentar proporcionalmente la rehabilitación, particularmente a nivel de atención primaria, para asegurar que los servicios alcancen a aquéllos que los necesitan. El estudio provee fuertes argumentos para los tomadores de decisiones de políticas para priorizar la rehabilitación y enfocar las necesidades funcionales de su población”.
El impacto negativo en su salud y su calidad de vida por no recibir los servicios requeridos, afecta a miles de personas con discapacidad. Con ello se suma un eslabón más a la situación de discriminación y exclusión múltiple, que afecta a este sector poblacional de alrededor de 900 mil personas.
En la carta también se reclama “atención intrahospitalaria, lo cual resulta indispensable para las personas afectadas por lesiones y condiciones tan serias como una lesión de la médula espinal, un trauma cráneo-encefálico, una amputación, un evento cerebro-vascular y muchas otras”.
Palabras frente a testimonios y números irrebatibles
Ni una sola persona con secuelas de una lesión aguda de la médula espinal, de un trauma cráneo-encefálico, de un evento cerebro-vascular, que en cualquier momento recibiría servicios de rehabilitación intrahospitalaria, pues constituyen una emergencia, ha podido ser hospitalizado en el CENARE. Por otra parte, este centro especializado ha venido prestando servicios de Odontología, a miles de personas con discapacidad que necesitan recibir atención y tratamiento, bajo condiciones muy específicas. Pues bien, desde hace 48 semanas tal servicio está cerrado y la Caja no ha ofrecido otra alternativa. Eso lo atestiguan miles de pacientes y familiares de niños y jóvenes con discapacidad, a quienes les urge este tipo de atención.
Por su parte, la Caja responde mediante un Twitter, publicado el 9 de febrero que “El Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), mantuvo la continuidad de sus servicios presenciales y virtuales a su población durante toda la pandemia y ofreció en 2020, 385 113 tratamientos de terapia”.
La cifra indicada puede conducir a interpretaciones erróneas, pues una sola persona puede recibir más de un tratamiento de terapia. En todo caso, los números que fijan la afectación por no recibir la rehabilitación requerida así como múltiples testimonios de las centenares de personas afectadas, contradicen lo que expresa la Caja. Pareciera que quien escribió ese Twitter vive en un país paralelo y no el de la mayoría de los costarricenses, particularmente, las personas con discapacidad.
Acciones a desarrollar
Lo que se está exigiendo es “que la CCSS encuentre a la mayor brevedad alguna alternativa que garantice los servicios de rehabilitación integrales a los miles de habitantes de nuestro país que requieren de dichos servicios de manera urgente e integral”. Simplemente, no más palabras sino hechos concretos e impostergables.
Quienes participamos de este reclamo colectivo, demandamos asimismo una respuesta seria de las autoridades de la Caja. La Junta Directiva de la institución es la que debe responder a la citada misiva ofreciendo soluciones concretas tanto a las y los pacientes del CENARE como el de los otros hospitales donde también se suspendieron los servicios de rehabilitación.
Otro temor que ha venido ganando terreno entre las y los reclamantes es que cuando sea superada la pandemia, el CEACO no vuela a reconvertirse en el CENARE, que es el único hospital nacional en rehabilitación. El Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, asumió tal compromiso el 29 de mayo del 2020, en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ante el incumplimiento de los compromisos de la institución –como lo estamos demostrando—esa preocupación cobra pleno sentido.
Por ahora, se está en espera de una respuesta pronta de la institución, que esté a la altura de la dignidad y seriedad de los reclamos de las y los peticionarios. Empero de no ofrecerse esa respuesta con las justas soluciones exigidas, se desarrollarán otras acciones; entre las que se destacan: una, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y dos, la presentación de una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).
Tales acciones se amparan en muchos instrumentos jurídicos, pero destacamos dos, a saber:
La ley 7600 que establece en su Artículo 33, que “La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima”.
Por otra parte, la CDPD indica en su artículo 25: “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud…”. Asimismo el artículo 26 del mismo tratado internacional regula todo lo concerniente al derecho a la habilitación y rehabilitación.
En general, las personas afectadas por el incumplimiento de la CCSS y, especialmente, las personas con discapacidad, contamos con argumentos sólidos para demostrar nuestros asertos y para ganar las acciones judiciales, que hayamos de emprender. Sin embargo, esperamos que impere el compromiso institucional y en la Caja, los hechos le ganen a las palabras y compromisos incumplidos para evitar recurrir a las vías jurisdiccionales.
Costa Rica en el año de su bicentenario, lo demanda y se lo merece.
(9 de febrero, 2021)
Imagen tomada de: https://www.ccss.sa.cr/
Enviado a SURCOS por Luis Fernando Astorga.
