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Movimientos impulsan la lucha: ¡No a la Ley de Empleo Público!

Denisse López Sánchez

Antes de exponer la posición del movimiento sindical sobre el tema, es importante que conozcamos aspectos generales que se plantean dentro de la formulación de la Ley de Empleo Público. Lo primero, es que es un proyecto de 28 páginas, que aborda aspectos en materia laboral, se trata según Alfaro (2019) de “una nueva conceptualización de las redes laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido” (párr.2). Lo segundo, es que desde la institucionalidad y el Ministerio de Planificación se argumenta que la propuesta es necesaria para modernizar el Estado actual. Por último, específicamente se dice que lo que se quiere con este proyecto de ley es la aplicación de un sistema de salario único para todos los empleados públicos, poner un tope a los incentivos y bajar la curva de crecimiento por el pago de las remuneraciones.

Los cambios estructurales que se planean ejecutar están íntimamente relacionados con las siguientes áreas: reclutamiento y selección del personal, según se indica para garantizar idoneidad comprobada para los puestos que se asumen; alta dirección pública que va aunada al área anterior pues lo que se requiere es que cada unidad y departamento esté liderado por personas aptas y capacitadas; cambios en la movilidad pública; la desvinculación de los funcionarios del sistema por bajo rendimiento; modificaciones en materia de salarios con el fin de lograr una igualdad entre los altos jerarcas y los profesionales de menor rango; vacaciones; permisos de cuido; licencias de maternidad; otros incentivos laborales; condiciones de aplicación y de contratación temporal (Alfaro, 2019. párr.1-33).

Ahora bien, con respecto a esta ley han surgido diferentes posicionamientos tales como el de los movimientos sociales y el movimiento sindical de Costa Rica, que refiere su disconformidad con el proyecto debido a una posible recarga de la crisis fiscal sobre el sector laboral y que terminará afectando la calidad que ofrecen los servicios públicos y la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Parte de las acciones que se han tomado desde estas entidades sindicales y sociales son las manifestaciones que se han llevado a cabo en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde han participado algunas figuras que están inmersas dentro de la institucionalidad como lo es el actual rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, el SINDEU, la APSE, UNDECA, ANDE, SEC, CTRN, SINAE, sindicatos del AyA, entre otros. Estas manifestaciones tienen como objetivo preservar el empleo público, el Estado Social de Derecho y la calidad de vida de las personas ciudadanas y funcionarias del Estado y sus familias.

En el video publicado por Marcela Zamora-Cruz en su página de Facebook hace un llamado a las federaciones estudiantiles a sumarse a la causa, ya que estos proyectos como la Ley de Empleo Público y las negociaciones con el FMI, afectan no solo a la clase trabajadora, también a la educación pública, específicamente a las universidades públicas.

Referencias Bibliográficas:

Alfaro, J. (9 de abril de 2019). ¿Qué dice el nuevo proyecto de reforma al empleo público? Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/que-dice-el-nuevo-proyecto-de-reforma-al-empleo-publico/

Comunidad de Los Jardines continúa lucha por su calidad de vida y el agua

Demandas de la Comunidad educativa y del Comité del Asentamiento expuestas ante Subsistema de Niñez y Adolescencia, desde el 23 de junio 2020.

SURCOS comparte la siguiente información:

El equipo Interdisciplinario MEP, la Comunidad Educativa de las Escuelas de Atención Prioritaria, Los Jardines, Alberto Manuel Brenes y Comité de Lucha y Bienestar Asentamiento Los Jardines plantean a diferentes instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, AyA y PANI, una propuesta para salvaguardar el subsistema Local de Niñez y Adolescencia en las comunidades de San Ramón de Alajuela.

Está lo que plantea es lograr determinar el estado actual de la Niñez y Adolescencia en el Asentamiento Los Jardines, que se encuentra ubicado en Caserío Los Jardines, las personas que habitan este lugar se encuentran en condiciones de exclusión social y de riesgo debido a la pandemia del Covid-19.

En el margen de fundamentación de la propuesta se adhiere a los siguientes hechos:

  1. Se conoce la existencia de 41 personas menores de edad.
  2. Dentro de las personas que están en edad escolar, algunos de ellos se encuentran suscritos a instituciones educativas
  3. Se valoriza el riesgo sanitario que corre la población que habita este asentamiento y se ejecutarían medidas alternativas para subsanar el riesgo.

Ahora bien, en ese marco lo que se demanda es:

  1. Determinar la condición del estado del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad (PME).
  2. Que el Ministerio de Salud brinde información detallada sobre el estado de las condiciones sanitarias del asentamiento y de acceso a la salud integral.
  3. DINADECO informe sobre el apoyo y el acompañamiento que se le está brindando a esta población.
  4. La Municipalidad de San Ramón informe acerca de la posible gestión de estudios, pactados el 17 de marzo del 2020.
  5. Instituciones como el AyA, Fuerza Pública, CCSS, CEN CINAI, MEP, CONAPDIS, IMAS y todas las mencionadas en el documento formal, brinden información detallada sobre los mecanismos de acción y proyectos que se destinan para el asentamiento.

La respuesta por parte de las autoridades, específicamente la Defensoría de los Habitantes fue el oficio N00859-2021-DHR, del 28 de enero del 2021, aborda en términos generales los siguientes puntos:

  1. Presentar la documentación que haga constar que todas esas situaciones que exponemos anteriormente sean verdaderas.
  2. Responder a los siguientes interrogatorios ¿El asentamiento El asentamiento cuenta con fuente pública o servicio de camiones cisterna? ¿Conoce la entidad si existe disputa judicial sobre la legalidad del asentamiento? ¿Cuáles han sido las negociaciones y acuerdos de la instancia que Ud. representa para mitigar los posibles efectos del COVID-19, ante la población menor edad, discapacidad, personas adultas mayores y personas con riesgo de salud?

Adjunto encuentra los documentos oficiales a los que se hizo alusión en la nota:

Bienes Comunes y comunicación, desafíos en procesos comunitarios

Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Busca profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.

En esta ocasión compartirnos con María Cianci Bastidas de La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) sobre las relaciones entre Bienes Comunes y la comunicación, una caracterización del contexto, principales tensiones y algunos desafíos para los procesos organizativos comunitarios. Le invitamos a ver la entrevista:

Un país extraño

Memo Acuña, (sociólogo y escritor costarricense)

El día 2 de febrero el presidente estadounidense Joe Biden firmó una segunda ronda de órdenes ejecutivas vinculadas con la migración. En el marco de la estrategia para transformar la política migratoria impulsada por su antecesor, la administración Biden-Harris ha delineado un conjunto de disposiciones que proponen, al menos en teoría, cambiar la estructura institucional y normativa diseñada para disuadir la migración e implementar un enfoque punitivo y castigador en particular para aquellos que cruzan las fronteras en condiciones irregulares.

La retórica de las disposiciones, su lenguaje técnico y a veces, muchas veces, frío y distante, continúa superponiendo su sentido ante una realidad compleja, difícil, absolutamente dura para cientos de miles de personas que desde Centroamérica ven en la movilidad una acción urgente para salvar sus vidas, continuarlas.

Entre las directivas emitidas por el presidente estadounidense se encuentra » creando un marco regional para atender las causas de la migración, para atender la migración entre Norte y Centroamérica y para proveer un proceso de asilo seguro y ordenado en la frontera de Estados Unidos». En síntesis, emite un conjunto de acciones para «revisar», por ahora, políticas en materia de control fronterizo, expulsiones en frontera, el sistema de asilo.

En mucho, dichas orientaciones importan a las migraciones centroamericanas, que un día si y otro también continúan saliendo a pesar de la crisis sanitaria, las disposiciones de confinamiento, las prohibiciones administrativas y securitarias para cruzar las fronteras internacionales. Importan también porque las necesidades y las urgencias para básicamente ejercer el derecho humano de «vivir», no pueden esperar los acomodos, los lobbys políticos, los acuerdos y desacuerdos de las bancadas demócrata y republicana.

La pobreza, la desigualdad, el extractivismo empresarial, los impactos socioambientales, la corrupción impune, la relación trenzada y amañada entre élites y actores políticos y las múltiples violencias que campean en toda la región centroamericana, son determinantes como condiciones causales de la expulsión.

Contar estas dimensiones políticas y sociales de la movilidad humana en la región centroamericana ha sido una labor amplia y sistemática de la academia regional. Sus lecturas, sus reflexiones e interpretaciones son necesarias para ubicar motivos, efectos, implicaciones tanto desde el punto de vista subjetivo como estructural.

Pero esta labor no es suficiente, porque a la dimensión analítica debe complementarla otra narrativa posible. En anteriores columnas hablamos de esas otras posibilidades como la comunicación implicada y producida en la región, por ejemplo.

Al tiempo que Biden estampaba su firma en estas órdenes ejecutivas, desde la región se presentaban esfuerzos desde la «poética de los exilios» para decir, con imágenes certeras y profundas, lo que la perspectiva académica puede contar desde la teoría y la epistemología de los desarraigos. Una y otras son necesarias, complementarias, precisas.

Desde El Salvador, el recién lanzado proyecto editorial virtual «El escarabajo» (elescarabajo.com.sv) publicó un numero especial titulado «Vámonos patria a migrar, yo te acompaño», incluyendo una selección poética producida desde la región sobre el tema. El nombre de la edición proviene de un verso del poeta Chiapaneco Balam Rodrigo incluido en su «Libro Centroamericano de los muertos», publicado en 2018 por el Fondo de Cultura Económica y ganador del prestigioso «Premio Bellas Artes de Poesía Aguas Calientes» en México, ese mismo año. En este libro, el escritor precisa con maestría y crudeza la realidad del tránsito de las migraciones centroamericanas a través de territorio mexicano.

En el número especial de El Escarabajo confluyen voces, estilos, propuestas, narrativas diversas. Es el caso del escritor salvadoreño Vladimir Amaya, de quien consignamos uno de sus textos.

Viajar en bolsa plástica

Madre:
la mañana te recuerda
que anocheció en mi frente,
que muy poco de mí ha quedado en las fotografías,
que mucho de vos se ha gastado entre las noticias y el papeleo.

Tan escaso ahora todo mi cariño
que no alcanza a descubrirte el retozo;
perdió asombro y altura
entre los alacranes y la hierba seca del desierto.
Extranjeros mis días que ya no son míos ni son días.

Son los peces que tienen por ojos lenguas de niños
y que un ángel, en sueños, puso sobre tu mesa la madrugada en que me fui.

Aquí se echa de menos
lo cálido que fue tu vientre.

«Regresaré,
serán doce meses,
a lo mucho un año y medio», te dije.

Pero no me escuchaste,
todas mis palabras eran el devastador paso de un tren que aullaba.

Las lágrimas que ya no pude entregarte,
seguro las lloraste vos.

«Regresaré», dije.

No pude llegar. Jamás lo hice.

Hoy abrí esta placenta de nuestra muerte.

Abrí este útero donde los hombres pusieron mis pedazos
y me catalogaron en los imperios de la ausencia.

Hacé que el viaje termine, madre.

Abrí la noche de mis ojos cerrados.

Reconoceme,
deciles que soy yo,
y llevame a casa.

La misma semana en que esta selección vió la luz, fue presentado el Libro «Llévate los sueños, déjame los recuerdos» de la poeta mexicana Chary Gumeta. El libro, publicado por Coneculta-Chiapas, expone desde la poesía testimonial, las vivencias recogidas por la autora en una investigación en campo en la frontera entre México y Guatemala. De su libro, es el siguiente poema:

Un país extraño

Bajo el cielo azul de un país extraño
te busco en la profundidad de mis adentros,
en cada mujer que veo pasar por este bosque de miradas,
en cada olor, sonrisa o lugar, te busco.

Al final,
con la sal entre las manos
sé que te he perdido,
la sensación de vacío repasa mi mente,
tu rostro se desmorona,
hace un ruido silencioso
como un sollozo.

Aprenderé a no pensar
en tu larga cabellera con olor a duraznos
y en tu rostro, donde se posa la tarde.

El amor es un huérfano que camina solo por las calles.

Hoy más que nunca precisamos otras formas de acercanos a la realidad centroamericana, objetivarla desde las narrativas que nos atraviesen la epidermis y nos hagan abrir los ojos. En el tema migratorio, aguardaremos por el arte como recurso para no volver a cerrrarlos más.

Imagen: https://elescarabajo.com.sv/

Orquesta de las Selvas Tropicales presenta: “Cinco Siglos Igual”

La Orquesta de las Selvas Tropicales presenta una canción sobre la importancia cultural y las luchas de los pueblos originarios. Este proyecto es resultado de la alegría, solidaridad y compromiso de muchas personas costarricenses, que están conscientes de la importancia de preservar las culturas de los pueblos originarios y de acompañarles en los procesos que se viven a nivel interno con respecto a la defensa de sus territorios.

La canción “Cinco Siglos Igual” es del músico León Gieco. Fue elegida porque resume y expone de alguna manera, una historia fatídica para muchos pueblos de hace más de 500 años, además que ha sido un himno y emblema en toda América Latina porque representa sus procesos de lucha y visibilización. La adaptación de esta obra musical se relaciona directamente con los pueblos originarios de Costa Rica; los arreglos y grabaciones fueron hechos en las casas de las personas colaboradoras debido a los tiempos de crisis por la pandemia del Covid-19. La producción tardó alrededor de 3 meses.

Por último, se extiende la invitación a escuchar esta hermosa canción, que está dedicada a las zonas rurales y pueblos originarios, que está hecha con todo el propósito de que el sexto siglo sea un camino, un andar para transformar la dolorosa historia de esta población, expuso Guadalupe Urbina, una de las participantes de esta experiencia musical.

La versión en YouTube se encontrará disponible a partir de 24 de febrero, esto en conmemoración del primer año del asesinato del líder comunal y recuperante indígena Bröran Yehri Rivera. Por ahora, les compartimos una versión preliminar.

 

Compartido con SURCOS por Oscar Espinoza Ramos.

SEC denuncia “irresponsable actuación” de los poderes Ejecutivo y Legislativo al cortar el presupuesto de Educación

SURCOS comparte comunicado del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):

El SEC denuncia la irresponsabilidad con que están actuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al cortar el presupuesto de Educación, porque a pocos días de iniciar el Curso Lectivo faltan por nombrar más de 1300 plazas, las cuales fueron congeladas.

Es ahí donde nos preguntamos: quién atenderá esos grupos de estudiantes que estarán sin docentes, quiénes harán limpieza.

en los centros educativos estando en esta pandemia de salud, quién guardará la vigilancia en los centros educativos, quienes darán el soporte administrativo y técnico en los centros y en las Direcciones Regionales.

Con este actuar están precarizando y violentando la educación que constitucionalmente es un Derecho Fundamental.

El SEC exige que se derogue la norma 12 de la Ley 9926 publicada el 2 de diciembre del 2020, un recorte que vergonzosamente lo han hecho para responder al FMI.

Programa Voces y Política: “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”

Este miércoles 10 de febrero a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”, con la participación de Xinia Zúñiga, investigadora de la UNED y del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) y Gustavo Oreamuno, abogado de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.

Miel del Bosque a domicilio

  • Servicio a domicilio

SURCOS comparte el emprendimiento Miel del Bosque, el cual ofrece servicio a domicilio.
Esta miel es un fruto de colmenas trabajadas por maestras apicultoras de San Rafael de Turrubares.
Los apiarios están rodeados por el bosque tropical seco, colindante con el Parque Nacional Carara.
Esta miel es totalmente natural, proviene directamente de la colmena, producida con métodos tradicionales y ecológicos. No contiene ningún agregado y no fue sometida a ningún proceso industrial.
Entregas a domicilio los días jueves. El precio de la miel es de ₡3500 el frasco con 600g y de ₡7000 el frasco de 1200g. Pueden contactarse con Henry Picado para mayor información al teléfono 8760 9800.

Compartido con SURCOS por Henry Picado.

UCR: Las desigualdades en el desarrollo humano impactan en la capacidad para detectar noticias falsas

Personas con educación no universitaria, residentes de zonas costeras y con un bajo ingreso evaluaron con mayor veracidad las noticias falsas presentadas en un estudio experimental

La iniciativa analizó la capacidad de las personas para detectar noticias falsas vinculadas con la temática del COVID-19, así como su propensión a compartir estos contenidos por medio de la plataforma WhatsApp. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Un estudio experimental de la Universidad de Costa Rica (UCR) determinó que factores sociodemográficos como el nivel educativo, los ingresos y la religiosidad marcan diferencias en la capacidad de la población costarricense para detectar las noticias falsas.

El análisis fue desarrollado por los investigadores del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), Carlos Brenes Peralta y Rolando Pérez Sánchez, junto con el académico Ignacio Siles González del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom).

La iniciativa consideró una muestra a conveniencia de 819 personas con el fin de analizar la capacidad de la población en el país para detectar las noticias falsas vinculadas con la temática del COVID-1, así como su propensión a compartir estos contenidos por medio de la plataforma WhatsApp.

Según Brenes, diversos países alrededor del mundo, incluida Costa Rica, han evidenciado un aumento en la tendencia de compartir noticias falsas durante la pandemia. Dichos contenidos, además, presentan una mayor duración respecto a otros tipos de desinformación caracterizadas por ciclos noticiosos cortos.

El estudio destaca la importancia de estudiar este fenómeno de desinformación surgido en el contexto del confinamiento, dadas las consecuencias que puede tener en la ciudadanía y el impacto que genera en el cumplimiento de protocolos sanitarios y en la evolución de la pandemia.

“Es importante comprender el fenómeno, porque en cuanto haya noticias sobre el COVID-19 y la pandemia también habrá desinformación. La comunidad científica apenas va comprendiendo el tema poco a poco y, como suele suceder con asuntos científicos, es difícil de transmitir a la población”, explicó el investigador.

El estudio segmentó a las personas participantes en tres grupos diferentes y les solicitó que leyeran cinco noticias elaboradas por el proyecto informativo Doble Check. Las informaciones se presentaron a la muestra como publicaciones reales de un nuevo medio digital.

Aunque todas las personas participantes leyeron las mismas noticias, dos de las cuales eran falsas, dos falsas con alguna veracidad y una absolutamente veraz; se crearon condiciones diferentes para evaluar la información en cada grupo y, posteriormente, ver si los miembros estarían dispuestos a compartirla.

Mientras que al primer grupo se le sugirió leer de manera crítica las noticias, el segundo grupo las leyó y, luego, recibió un chequeo de los datos o fact-checking para conocer la veracidad de la información. Por su parte, el tercer grupo no recibió indicaciones antes o después de conocer el contenido.

Después de someter a las personas participantes a las diferentes condiciones descritas, se determinó que quienes tenían educación no universitaria, residentes de zonas costeras, con un bajo ingreso y más religiosas evaluaron con mayor veracidad las noticias falsas.

Brenes afirma que los resultados de este análisis experimental permiten afirmar que “las desigualdades en el desarrollo humano de la población también se reflejan en capacidades desiguales para detectar la desinformación en una noticia”.

Estas personas necesitan mayor acompañamiento, las personas con más educación o desarrollo humano tienen ciertas habilidades críticas y reflexivas para enfrentarse a la desinformación. Las desigualdades impactan en muchas áreas y esta también es una”, enfatizó el experto.

El análisis determinó además que los miembros del primer grupo, a quienes se les instó a analizar los contenidos de manera crítica, mostraron una menor intención de compartir noticias falsas con cierta veracidad, respecto a la población de los otros dos grupos participantes.

“Parece que el hecho de plantear esa mirada crítica despierta en la gente cierta desconfianza. Es un resultado deseable, por un lado, pero al mismo tiempo preocupa porque podrían no creer en la veracidad de la información oficial”, enfatizó Brenes.

Según el investigador principal de la iniciativa, los resultados evidencian que «tanto la exposición al fact-checking como la evaluación crítica de la desinformación contribuyen a reducir la difusión de contenido desinformativo por vía WhatsApp».

El análisis realizado destaca la responsabilidad de los medios de comunicación para mitigar la propagación de las desinformaciones, así como el papel que desempeña la propia ciudadanía para evaluar el contenido que recibe y comparte con sus grupos cercanos.

“Cada persona tiene poder en el ecosistema comunicativo para compartir o no, hacer fact-checking o no, advertir sobre cierta información o no. Hay gente armada para desinformar y otra con habilidades para deconstruir esa desinformación. Vivimos una guerra de la desinformación y ahora depende de quién gana dando esa batalla”, concluyó el académico.

El estudio experimental busca explicaciones causales

Este estudio experimental se basó en un muestreo por conveniencia, es decir, la población consultada fue elegida entre la totalidad de voluntarios y voluntarias mayores de 18 años que respondieron a una convocatoria de participación abierta y divulgada en la red social Facebook.

La selección de las personas se basó en la aplicación de un cuestionario para determinar cierto conocimiento general en torno al impacto de la pandemia en la realidad nacional. Además, se confirmó que fueran usuarios de la plataforma de mensajería WhatsApp.

Lejos de identificar parámetros generalizables o representativos para toda la población del país, la iniciativa intenta establecer explicaciones causales respecto a la forma en que determinadas situaciones de desinformación impactan a la ciudadanía.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Tras casi dos años, inversionistas afectados por caso Aldesa continúan en la incertidumbre

El próximo mes de marzo se cumplen dos años desde que Aldesa Corporación de Inversiones (subsidiaria de la firma financiera Aldesa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios) anunció problemas de liquidez y solicitó intervención judicial, lo cual implicó la suspensión de pago a los inversionistas.

Pero no se trata de inversionistas arriesgados, sino pequeños ahorrantes y asociaciones solidaristas, quienes alegan que Aldesa nunca les advirtió que los recursos captados estaban en Aldesa Corporación de Inversiones (de oferta privada y por tanto no regulada) y no en el Grupo Bursátil Aldesa (que albergaba el puesto de bolsa y se encontraba bajo el control de las superintendencias).

“Aldesa nos planteó una cara de normalidad, donde algunas de sus empresas estaban inscritas en el puesto de bolsa, en la operadora y otras entidades, pero para sorpresa nuestra la plata termina en otros negocios, no sabemos donde todavía”, explicó Gonzalo Meza, abogado de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Privado.

De acuerdo con Meza, las asociaciones solidaristas que representa no estaban enteradas de que los recursos captados por parte de Aldesa se movían hacia sociedades no reguladas como Aldesa Corporación de Inversiones, debido a que las asociaciones mantienen un perfil “conservador”, es decir, buscan invertir los recursos de forma segura y no en proyectos de alto riesgo.

Flora Fernández, hija de una de las inversionistas afectadas, comentó a SURCOS que ella y su familia desconocían por completo que las inversiones de su madre (quien incluso se había asesorado con un economista de renombre para colocar los ahorros de toda su vida en Aldesa, por tratarse de una firma reconocida) estaba en proyectos que no tenían ninguna garantía.

“Yo me enteré que todo estaba fuera de regulación cuando reventó el caso. Yo me hice cargo de las inversiones de mi madre en 2015 cuando aparece con Alzheimer, y continué muy tranquila creyendo que todo estaba regulado porque así se lo había dicho el corredor de bolsa y me lo había dicho a mí. Ella había manejado muy bien su dinero toda la vida, le había costado muchísimo levantar esos ahorros”, agregó Fernández.

Pero hasta ahora el caso no avanza. Más de 30 asociaciones solidaristas y cientos de pequeños inversionistas se mantienen a la espera.

“Requerimos acción. Hay pequeños inversionistas defraudados, no son ricachones como han dicho algunos, son asociaciones solidaristas, es gente que ahorró toda su vida y hoy lo está perdiendo todo”, comentó el abogado Meza.

¿Y los responsables?

En opinión de Fernández, los tres poderes de la República y las superintendencias cargan con responsabilidad, y agregó que la prensa se ha mantenido silenciosa con el caso.

“El abanico de responsables es grande. Las instituciones son las principales responsables. Si ellas hubiesen encendido las alertas, que es para lo que están, otro gallo habría cantado”, comentó la afectada.

En Costa Rica la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) son entidades encargadas de fiscalizar el funcionamiento de los mercados de valores, el sistema financiero y proteger a los inversionistas.

Según Meza “debemos devolverle la confianza al inversionista pequeño que está haciendo un esfuerzo de ahorrar en momentos de crisis para que este país se reactive y dándole buena garantía de supervisión”.

El mejor desenlace

Para Fernández el mejor desenlace sería la quiebra de Aldesa, la cual cataloga de “inminente” a pesar de que no se logre recuperar nada.

“En caso de quiebra podríamos determinar si fue fraudulenta o si fueron malos negocios. Yo estoy convencida que es la primera. Se deben sentar las responsabilidades del caso y que vaya a la cárcel quien tenga que ir, pero engañarnos con que los inversionistas podríamos echar a andar la empresa en tiempos de pandemia, olvídese, eso no va a caminar ni un paso”, opinó.

De acuerdo con el abogado Meza, la quiebra implicaría saber qué fue lo que pasó, debido a que aún hay información que no está clara “si no hay devolución del dinero que por lo menos se sienten las responsabilidades en las personas, aquí hay gente de mucho peso, hay un montón de gente involucrada que tiene que darnos una respuesta”, agregó.

 

Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad.