La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital invitan al foro en vivo “Economía social solidaria y soberanía alimentaria en Costa Rica”, un espacio de análisis y diálogo sobre las experiencias, desafíos y perspectivas de estos temas fundamentales para el país.
El encuentro contará con la participación de:
Mayra López, de la Feria Orgánica El Trueque,
Aura Martínez, presidenta de la Corporación Hortícola Nacional, y
Marcela Dumani, de la Escuela de Nutrición de la UCR e integrante de la Red de Agroecología de Costa Rica.
🗓️ Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025 🕕 Hora: 6:00 p.m. 📍 Transmisión en vivo: Facebook Live de SURCOS Digital
El foro busca visibilizar cómo la economía social solidaria y las prácticas agroecológicas fortalecen la soberanía alimentaria, la participación comunitaria y la resiliencia económica frente a los retos actuales del país.
Conversatorio sobre la HPC@UCR: una herramienta estratégica para la ciencia y la innovación
La Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “HPC@UCR: Infraestructura de supercómputo para generar investigación y conocimiento; al servicio de Centroamérica y el Caribe”, que se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Auditorio del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). Se invita al público a presentarse desde las 9:40 a.m.
Durante el encuentro, expertos del Centro de Informática presentarán los avances y alcances del HPC@UCR, el sistema de cómputo de alto rendimiento (High Performance Computing) que permite a la comunidad académica y científica costarricense desarrollar investigaciones complejas y proyectos de gran escala con impacto nacional y regional.
La HPC@UCR es una plataforma que impulsa el análisis de grandes volúmenes de datos, la modelación científica y la innovación tecnológica, poniéndose al servicio no solo del país, sino también de Centroamérica y el Caribe. Este recurso tecnológico es fundamental para fortalecer la colaboración interdisciplinaria y promover una mayor autonomía científica en la región.
El evento forma parte de las actividades del Centro de Informática de la UCR en su 50 aniversario, y es organizado por el Clúster Institucional de Cómputo de Alto Rendimiento (HPC@UCR).
La actividad será gratuita y abierta al público, y también podrá seguirse en transmisión en vivo por Facebook a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/17KDbYBbVq/
El doctor Alfredo Ramírez Montero, secretario general del Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN), emitió un nuevo mensaje dirigido a las y los trabajadores del sector salud y a la ciudadanía en general, en el que critica fuertemente el manejo institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con respecto al proyecto del Hospital Geriátrico y Gerontológico Nacional.
Según Ramírez Montero, la construcción del nuevo hospital —una necesidad reconocida desde hace más de 15 años— no responde a una iniciativa de la Junta Directiva de la Caja, sino a una orden de la Sala Constitucional mediante la resolución 1904-2025, que obligó a la CCSS a culminar los estudios de factibilidad.
El dirigente sindical lamenta que la institución presente este anuncio “con bombos y platillos”, mientras, según señaló, “se siguen despilfarrando los dineros del pueblo” y no se cumplen los compromisos históricos con la población adulta mayor. Recordó además otros proyectos inconclusos, como la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, las ampliaciones del Hospital de Cartago y los agregados del Hospital de Limón, “que duermen el sueño de los justos”.
Ramírez Montero cuestionó el proceso de expropiación de terrenos para el nuevo hospital, calificándolo como innecesario y costoso:
“Quieren comprar una cuadra entera en una de las zonas más caras de San José, cuando la Caja ya dispone de terrenos propios contiguos al hospital actual, incluyendo el antiguo edificio de la Junta de Protección Social, que podría aprovecharse”, señaló.
El secretario del SIFREHN advirtió que esta decisión retrasará nuevamente la construcción y reiteró que los fondos del Seguro de Salud deben destinarse exclusivamente a la atención médica, no a inversiones especulativas ni gastos injustificados.
Finalmente, subrayó que los recursos de la Caja pertenecen al pueblo costarricense y deben ser administrados con total transparencia y responsabilidad:
“La Caja despilfarra, engaña al pueblo y posterga las verdaderas soluciones que el sistema de salud necesita”, concluyó.
El 11 de noviembre de 2025, agricultores, docentes, mujeres y estudiantes tomaron las calles de San José para defender la democracia, la producción nacional y los derechos del pueblo.
Durante la jornada, la detención del agricultor Roy Fallas evidenció el avance de la criminalización de la protesta social y la represión contra quienes alzan la voz.
Este registro sonoro reúne las voces, las denuncias y la esperanza de una jornada que recordó que defender la democracia es defender la vida.
La Fundación Caminantes de Costa Rica invita a participar en la Carrera Recreativa – Caminata Ecológica “Energía Humana”, una actividad deportiva y familiar que se realizará el domingo 21 de diciembre, a partir de las 7:30 a.m., en el Parque La Libertad, ubicado en Fátima de Desamparados.
La jornada ofrece dos distancias para personas de diferentes niveles de condición física:
6 kilómetros para la carrera recreativa.
3 kilómetros para la caminata ecológica.
La inscripción tiene un costo de ₡8.000 colones para la carrera y ₡5.000 colones para la caminata. Según informa la organización, la participación incluye medalla, refrigerio, productos de los patrocinadores, rifas y otras sorpresas para quienes tomen parte en la actividad.
La carrera y caminata buscan promover el ejercicio al aire libre, el disfrute de los espacios públicos y la convivencia comunitaria en un entorno natural como el del Parque La Libertad.
Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar mediante SINPE móvil al 6226-2080. Para más información, la Fundación Caminantes de Costa Rica pone a disposición el número 7189-4252.
Deilyn Ulloa Sanabria* Estudiante de la Maestría de Desarrollo Sostenible Universidad de Costa Rica
En la zona norte de Cartago la conservación del suelo, el agua, la cobertura forestal y la fauna asociada a los cultivos no se deben ver como algo externo, sino como una necesidad fundamental en la sostenibilidad de los sistemas productivos tanto presentes como futuros.
En medio del clima frío y a una altitud superior a los 2.000 m.s.n.m se asoman paisajes excepcionales conformados por tierras fértiles dedicadas a la producción de papa y hortalizas; productos que llegan a las mesas de los costarricenses y al extranjero. De acuerdo con datos recientes del Consejo Nacional de Producción (2025) la papa blanca es la que mayor volumen de comercialización presenta dentro de las diferentes variedades de papa que se ofertan en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), por lo que destaca como uno de los principales cultivos en la zona.
Estos conforman también el sustento de las familias agricultoras, no obstante, a pesar de la importancia de dichos sistemas productivos, las condiciones ambientales son una realidad casi olvidada. El uso intensivo del suelo, la pérdida de cobertura forestal, contaminación de los mantos acuíferos y el alto uso de agroquímicos perjudican no solo la calidad ambiental, sino el equilibrio de los mismos cultivos (Calderón et al., 2025).
De acuerdo con datos del Estado de la Nación (2025) en los últimos años la región ha presentado un aumento de la huella ecológica ante el cambio del suelo debido al aumento de cultivos y consumo de recursos forestales. Estos últimos provocan una alta erosión que afecta la calidad del suelo en su estructura física y biológica comprometiendo su capacidad productiva. Esto refleja una desconexión de los modelos productivos en relación con la naturaleza y muy especialmente a una falta de conciencia ambiental lo cual degrada el entorno y genera una alta vulnerabilidad de la economía local.
El modelo agrícola en la zona norte de Cartago se caracteriza por la especialización y el uso intensivo de la tierra. A nivel productivo esto se puede traducir en buen rendimiento de la producción, pero ambientalmente esto genera una afectación representativa para la biodiversidad local y sus servicios ecosistémicos. Se pueden evidenciar altos niveles de fragmentación del hábitat esenciales para muchas especies de aves, mamíferos, insectos, microorganismos, entre otras especies que resultan beneficiosos al ser controladores naturales de plagas o polinizadores.
La FAO en el “El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2022” señala que la simplificación de los agroecosistemas provoca un alto nivel de dependencia de agroquímicos y baja resiliencia ante factores como el cambio climático. Situación que han externado los productores de la zona enfrentándose a variaciones en la temperatura con la que han tenido que jugar de cierta forma para no afectar la producción.
Con base a datos del PNUD (2022) Costa Rica se ha posicionado como uno de los países con mayor uso de agroquímicos y, especialmente plaguicidas a nivel mundial con alrededor de 34,45 kilos de plaguicidas por hectárea. Esto con base a datos en un período del 2012 al 2020 donde se pudo reconocer alrededor de 21 plaguicidas más utilizados destacando algunos como el Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, entre otros altamente contaminantes.
Con base a lo anterior, parte de los compromisos a nivel nacional es la “Política pública para los plaguicidas en uso agrícola 2024-2034” con el propósito de gestionar de manera responsable los mismos en la actividad agrícola y así garantizar no solo la salud pública sino la protección del medio ambiente (Ministerio de Salud, 2024). Asimismo, la FAO (2018) advierte que la presencia de vegetación en los bordes del cultivo contribuye con la humedad, estructura y filtración del agua en el suelo lo que facilita la conservación de sus nutrientes y evita la erosión.
Ante esto, es apremiante ver la economía como un todo, es decir, no puede separarse del entorno natural, ya que su funcionamiento depende del uso de recursos finitos y produce efectos directos sobre el medio ambiente. Con esto se evidencia que el bienestar humano está estrechamente vinculado con la protección de los sistemas naturales que sostienen tanto la producción como el mantenimiento del mismo ser humano en la tierra, propiciando mejores condiciones de salud y bienestar. Por lo que es momento de entender que la fertilidad del suelo, el agua limpia y la biodiversidad en general son parte de esos “recursos” a los que no se les debe otorgar un valor económico y mucho menos sustituirse por tecnología.
Es tiempo de diversificar los modelos productivos así como lo sostienen Nicholls y Altieri (2019), con metodologías y herramientas que no requieren de grandes inversiones, partiendo de prácticas agroecológicas sencillas como la rotación de cultivos, barreras vivas, uso de abonos orgánicos, entre otros que aseguren la productividad a largo plazo y reduzcan la dependencia de recursos externos.
Ante esto, el país puede liderar en la transición de la producción a sistemas que integren la biodiversidad como tema central en las políticas agrícolas, potenciando la capacidad de las comunidades agrícolas para preservar los recursos que dan sustento diario.
La Universidad Nacional (UNA) culminó cinco años de trabajo académico en territorios indígenas con el cierre del Programa de Apoyo Permanente a Escuelas Indígenas, ejecutado por la División de Educación Rural (DER) del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide). El programa, vigente de 2020 a 2024, consolidó acciones de investigación, extensión y cooperación internacional para fortalecer la educación intercultural bilingüe y la preservación de los idiomas originarios de Costa Rica.
Durante el quinquenio, el equipo académico desarrolló procesos de acompañamiento docente, producción de materiales educativos, giras académicas, talleres en comunidades y participación en redes internacionales. Las principales zonas de trabajo fueron Boruca, Curré y Talamanca, donde se generaron experiencias significativas de revitalización lingüística y educación contextualizada. “El trabajo desarrollado con las comunidades permitió avanzar en procesos de revitalización lingüística con docentes de lengua y cultura, quienes asumieron un rol activo en la enseñanza del idioma brunca en las escuelas”, explicó Federico Guevara Víquez, coordinador del programa y académico de la DER.
El PPAA nació con el propósito de acompañar al sistema educativo costarricense en la aplicación de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, en concordancia con los derechos culturales y lingüísticos reconocidos por el Estado. Desde su creación, articuló esfuerzos con las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEI) de cada territorio.
Su enfoque principal combinó la investigación participativa y la acción pedagógica en las aulas. En Boruca y Curré, por ejemplo, el programa impulsó el proyecto Upshigrajdin Di TegatYet, dedicado a la enseñanza del idioma brunca como segunda lengua. Esta iniciativa integró a docentes de lengua y cultura, supervisores de circuito y autoridades educativas del territorio.
A lo largo de tres años, los participantes recibieron capacitación en metodologías de enseñanza bilingüe, técnicas de planificación didáctica y estrategias fonológicas para contextos donde el idioma presenta un alto grado de desplazamiento. Los resultados incluyeron un documental de 46 minutos que registra el proceso de trabajo con los docentes y un artículo académico registrado que analiza los alcances de la experiencia.
Guevara destacó que estos productos constituyen evidencia del compromiso del equipo académico con la construcción colectiva del conocimiento intercultural. “El trabajo con los territorios de Boruca y Curré permitió un proceso de revitalización lingüística con docentes de lengua y cultura, con metodologías que fortalecen el aprendizaje y la identidad desde la escuela.
Aprendizaje desde los territorios
En Talamanca, el programa dio seguimiento al Plan Piloto Namu Wokir, desarrollado anteriormente por la División de Educación Rural con la Dirección Regional de Sulá. Las actividades incluyeron talleres de mediación pedagógica, evaluación educativa, planeamiento contextualizado y educación intercultural.
Carolina Arias Ortiz, académica de la DER y participante del programa, recordó que esta experiencia reafirma la importancia de trabajar junto con las comunidades educativas desde la realidad de cada territorio: “El acompañamiento en Talamanca y la experiencia del Plan Piloto Namu Wokir permitieron comprender la diversidad cultural de las regiones indígenas y la necesidad de abordar los desafíos educativos desde la interdisciplinariedad.”
El programa también propició espacios de diálogo comunitario, como el Consejo de Participación Comunal de la Dirección Regional de Sulá, donde abordó temas relacionados con la lengua, la cultura y el rendimiento académico de la población estudiantil indígena.
Como parte de la proyección internacional, Guevara y Arias presentaron la ponencia “Una mirada crítica a las políticas educativas en los territorios indígenas de Costa Rica” en el Congreso de Antropología y Educación del Royal Institute of Anthropology (RAI), realizado en junio de 2024 en Londres. En ese espacio, compartieron los resultados del programa y discutieron con académicos de distintas regiones sobre el impacto de las políticas educativas en comunidades marginadas.
“La participación en el Congreso del RAI visibilizó el trabajo de la UNA frente a especialistas de diversos continentes y abrió nuevas posibilidades de colaboración académica”, señaló Guevara durante su presentación en el informe final del programa.
El cierre del programa incluye la preparación del libro El Programa de Apoyo Permanente a Escuelas Indígenas de la DER: experiencias en Educación Intercultural y revitalización lingüística, de Federico Guevara Víquez y Jenny Mena López. El texto, en formato impreso y digital, sistematiza las experiencias del programa y su impacto en la enseñanza de lenguas originarias.
El equipo académico también produjo el documento “Aportes de la DER a derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas” y una ponencia sobre políticas educativas y multilingüismo en Costa Rica.
Además, los registros audiovisuales obtenidos en Talamanca documentan la aplicación de metodologías de investigación participativa y la coordinación con autoridades locales, que consolidan una memoria visual de los procesos educativos y culturales vividos en las comunidades.
Proyección y continuidad
Aunque el PPAA concluyó en diciembre de 2024, sus aportes académicos continúan vigentes. El equipo de la DER mantiene vínculos con las comunidades participantes y con las redes internacionales que acompañaron el proceso.
Los resultados obtenidos abren la posibilidad de nuevos proyectos enfocados en la formación docente, la sistematización de experiencias y la producción de materiales educativos bilingües. Asimismo, la universidad prevé nuevos espacios de diálogo entre las comunidades indígenas y las instituciones educativas, en coherencia con el enfoque de derechos culturales y lingüísticos.
La experiencia también fortaleció las capacidades de los académicos y estudiantes vinculados, algunos de los cuales desarrollaron trabajos finales de graduación en el marco del programa.
Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.
Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote. El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.
Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.
Demandas de los sectores
Sector agroalimentario
Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.
Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.
Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.
Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.
Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.
No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.
Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.
Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.
Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.
Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.
Sector educación
Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.
Dignificación del magisterio nacional.
Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Protección del régimen de pensiones del Magisterio.
Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.
Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.
Sector salud pública y seguridad social
Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.
Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.
Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.
Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.
Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.
Sector de mujeres y colectivos feministas
Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.
Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.
Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.
Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.
Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.
Derechos laborales y sociales
Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.
Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.
Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.
Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.
Defensa de la democracia
Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo. Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.
“Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”
Este 10 de noviembre se realizó un conversatorio Sobre el Pacto por la Producción Agropecuaria, organizado por la Asociación Madre Tierra en el Centro de Cultura de España en barrio Escalante, con la participación de José Oviedo, miembro de las organizaciones agrícolas y del grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, proponentes del Pacto, de la investigadora Eva Carazo y de personas vinculadas a madre Tierra, productores agrícolas y académicos interesados en la problemática agraria del país.
El representante de las organizaciones que elaboraron el Pacto y secretario general de la UNAG, José Oviedo, realizó una presentación de los aspectos principales y prioritarios de la propuesta de política agrícola, que incluyen:
1.Defender la producción nacional, frente a los procesos de apertura comercial y la integración a bloques económicos que la amenazan.
2.Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación, la investigación y la digitalización
3.Enfrentar el cambio climático y generar herramientas de adaptación a éste
4.Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria, como el empleo, la salud y la distribución de la riqueza
5.Fortalecer el mercado nacional agropecuario, acortar la cadena de comercialización y fortalecer las alternativas de comercialización directas, justas y transparentes
6.Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria, con la promoción de buenas prácticas, manejo e higiene y el fortalecimiento de los controles fitosanitarios
7.Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y garantizar los servicios financieros a los agricultores
8.Crear una política integral de seguros agropecuarios accesibles, para el establecimiento de un seguro agropecuario que permita el acceso efectivo a los seguros frente a los desastres
9.Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el medio ambiente y un enfoque de agricultura sostenible baja en emisiones y ligada al uso y protección del suelo, la biodiversidad y el agua.
10.Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.
Luego de la presentación del Pacto, algunos de los asistentes efectuaron comentarios y aportes que es importante rescatar y destacar.
Eva Carazo señaló que este planteamiento de las organizaciones debe ubicarse en el marco de las luchas históricas y las reivindicaciones estratégicas de los actores y las organizaciones del agro y del abandono de las políticas públicas de la actividad agropecuaria, porque la propuesta del Pacto tiene una serie de antecedentes de luchas, propuestas y movilizaciones que es necesario mencionar y valorar a luz de la coyuntura actual. Para ello, sería necesario que la propuesta incluya un apartado de introducción y justificación que brinde un breve marco histórico y estratégico adecuado, que le dé mayor respaldo y validez al planteamiento actual y que exponga con claridad las carencias y limitaciones de la política agrícola actual y la gestión de la institucionalidad del sector agropecuario para resolver los problemas estructurales del agro costarricense.
Como mencionó otro de los asistentes, es importante también inscribir este planteamiento en el debate sobre el modelo de desarrollo económico vigente en el país, un modelo aperturista y de liberalización económica, que ha impulsado una economía de los servicios, la manufactura avanzada y la inversión extranjera, que ha relegado sistemáticamente la actividad agropecuaria desde hace 4 décadas a un lugar de abandono y exclusión, pese a su papel todavía en la producción agroalimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y en la generación de empleo e ingresos para la población rural.
En ese sentido apunta el análisis del investigador y académico universitario, el economista Francisco Esquivel, en su libro Estructura Productiva en Costa Rica: una alternativa de crecimiento, el cual analiza los diferentes modelos de desarrollo de las últimas décadas y en ellos el papel de la agricultura en el desarrollo económico del país y que en una propuesta renovada plantea una estrategia de desarrollo que reinserta al agro como uno de los motores del desarrollo futuro del país. De ahí que es de gran valor, vincular la presentación del Pacto por la Producción Agropecuaria, al debate sobre un nuevo Modelo de desarrollo nacional y a una Estrategia de reposicionamiento de la actividad agropecuaria en este nuevo modelo.
En otra de las intervenciones, se señaló que no basta la presentación del Pacto a los candidatos y candidatas a la Presidencia, que fue suscrito por algunos de ellos, si no tratar de hacer visible y divulgar la propuesta entre los consumidores y la población en general, haciendo énfasis en que el partido ligado al Poder ejecutivo y que busca la continuidad en las próximas elecciones, ha destruido la agricultura nacional, por su apoyo a los intereses de ciertos sectores, como los importadores y su indiferencia ante las demandas justas de los sectores productivos agrícolas. Así mismo, si hubiera segunda ronda electoral, solicitar un compromiso público o carta de compromiso de los candidatos y partidos que la alcancen, con la implementación y ejecución de los 10 aspectos del Pacto, a riesgo de no recibir el apoyo electoral de los agricultores del país.
Igualmente en las presentaciones del Pacto, según otro asistente, es necesario no sólo señalar los aspectos principales, si no también abrir el debate a algunos de los temas específicos, como el desarrollo tecnológico, la dependencia de insumos externos y el papel del INTA y la investigación universitaria, el del financiamiento limitado a la actividad agropecuaria, pese a la existencia del sistema de Banca para el Desarrollo y otros recursos disponibles para los productores, el tema del Comercio agropecuario y la necesidad de transformación de entidades como el CENADA y los Mercados regionales y el de porqué no existe un programa de seguros agrícolas accesible.
Finalmente, es fundamental que la propuesta del Pacto por la Producción agropecuaria, sea divulgado y discutido en las regiones periféricas y los cantones fronterizos, costeros y rurales, procurando hacerles llegar la propuesta y organizar debates locales mediante la participación de las organizaciones agrícolas, asociaciones de productores, cooperativas y centros agrícolas; esta labor podría coordinarse con las sedes regionales de las Universidades, ONGs e instancias del sector agropecuario o los consejos regionales de desarrollo, con la colaboración de Madre Tierra.
En la imagen de cabecera se aprecia, al centro al Msc Roberto Salom Echeverría coordinador de la actividad, a su izquierda José Oviedo Chaves dirigente del sector agropecuario, y a la derecha Eva Carazo Vargas, investigadora del tema agropecuario. En la siguiente foto se puede ver parte de la asistencia a la actividad.
A trece años de la represión del 8 de noviembre de 2012, las calles volvieron a llenarse de dignidad, memoria y esperanza. En esta nueva jornada, los movimientos sociales levantaron la voz por la salud pública, por quienes cuidan, por la democracia y también por Palestina, recordando que la defensa de la vida no tiene fronteras.
La nota del Observatorio de Bienes Comunes recupera las voces, los aprendizajes y las luchas que marcaron esta fecha de memoria y resistencia.
Porque la protesta es un derecho, y la memoria, un bien común que se defiende en colectivo.
