Comunicado
¡Súmate al evento virtual de la Coordinadora Feminista contra los femicidios e impunidad!
Este domingo 22 de noviembre a las 6:00 p.m. tendremos un encuentro feminista virtual para celebrar nuestra memoria histórica y movimiento junto a grandes artistas y compañeras de lucha.
#25N #NiUnaMenos #BastaDeImpunidad
#EmergenciaNacionalPorViolenciaPatriarcal
Inscríbete en: https://forms.gle/vroVAmzKWctYWrMf7
Este viernes 20 de noviembre la Escuela de Nurtición de la UCR llevó a cabo el webinar: «Principales aportes de la agroecología en tiempos de COVID-19», con la participación de M.Sc. Guido Barrientos, M.Sc. Natalia Monge, Ing. Allan Chavarría y Bach. Melissa Salazar.
En el marco de las actividades de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación en Costa Rica, dedicada a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, se llevó a cabo el pasado miércoles 4 de noviembre de 2020 la Presentación del DECÁLOGO DE LA ETICA PARA COMUNICADORES.
La presentación del Decálogo estuvo organizada por el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, la Cátedra en Responsabilidad Social de Comunicación Alberto Cañas en conjunto con el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional y se trasmitió por medio de la presencialidad remota en la Plataforma ZOOM y por el Facebook Live de la Rectoría de la Universidad Nacional y del Colegio de Periodistas de Costa Rica.
El presidente del Tribunal de Honor y Ética, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, manifestó que el Decálogo para Comunicadores Sociales es un producto de comunicación que se ha logrado elaborar gracias a esa voluntad, motivación y actitud abierta de muchas personas para co-crear y comprender que la corresponsabilidad es la llave para la construcción de proyectos de beneficio mutuo. De esta manera, los miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas-THE-COLPER, recogieron gran cantidad de reflexiones, argumentos, pensamientos, observaciones, recomendaciones, que les llevó a proponer la creación de un DECÁLOGO DEL COMUNICADOR Y LA COMUNICADORA SOCIAL, el cual fue elaborado como parte de la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de Comunicación “Alberto Cañas” del THE-COLPER, en conjunto con el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, cuyo propósito es divulgarlo ampliamente en medios de comunicación, entre estudiantes y profesionales en comunicación, así como en la sociedad en general.
Este Decálogo fue aprobado en sesión ordinaria del THE-COLPER del 17 de febrero de 2020, acta No. 04 y presentado formalmente al país, el miércoles 4 de noviembre de 2020 en un evento organizado por el Tribunal de Honor y Ética-COLPER en el marco de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación 2020.
El secretario del Tribunal de Honor y Ética, Master Gerardo Chavarría Vega, hizo la presentación oficial del Decálogo, indicando, que los miembros del Tribunal de Honor y Ética, consideran que todos los periodistas y comunicadores deben tener un decálogo, que ayude a mejorar la calidad de profesionales del periodismo costarricense: “La desconfianza que hoy nos producen los reportajes, las informaciones y noticias, llega por una contradicción constante y falta de objetividad y de veracidad. Nuestros ciudadanos necesitan el contacto con un periodismo veraz, sano e independiente. Por estas premisas en el THE-COLPER, nos avocamos a construir un decálogo para los periodistas y comunicadores”.
Para Chavarría, el periodismo tiene una misión muy importante de formación e información a nivel social, por esta razón, se le hizo ver al Presidente de la Junta Directiva del COLPER, Lic. Belisario Solano Solano, la importancia de que el Colegio de Periodistas cuente con este instrumento enunciativo, en el que se detallan los principios éticos que se espera practiquen los periodistas y comunicadores, en su tarea diaria para hacer de la comunicación una vía para la sana convivencia y diálogo social responsable.
Para los integrantes del THE-COLPER con el Decálogo para Comunicadores, se busca promover y concientizar, sobre los principios éticos para el ejercicio de la comunicación social, por ello, motiva a ser partícipes de los compromisos fundamentales de: Respeto, Verdad, Honestidad, Imparcialidad, Independencia, Democracia, Paz, Justicia, Tolerancia, Calidad de vida, Integridad, Equidad, Buena Fe, Neutralidad, Excelencia, Libertad de Pensamiento y de Expresión, Respeto al Derecho Ajeno y Propio, al Ambiente y al Pluralismo.
El Decálogo completo está disponible en los siguientes enlaces:
http://tribunal.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=9&pk_descarga=7
https://www.ideario.una.ac.cr/documentos-transformacion-del-estado/
Por: Efraín Cavallini Acuña-Académico UNA.
(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.
En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.
Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.
Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”
Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.
Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.
Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas». Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.
Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.
Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.
Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.
Hace más de quince años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.
El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.
Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.
La comunidad de Argentina de Pocora avanza en la gestión participativa del recurso hídrico por medio de la Comisión creada en el año 2014.
La Comisión para la gestión participativa del recurso hídrico en Argentina de Pocora trabaja en el ámbito de turismo rural comunitario, servicios ecosistémicos, producción sostenible, protección y conservación del recurso hídrico así como en el proyecto de biodiversidad y desarrollo rural sostenible de la comunidad.
En la gestión 2019-2020 la Comisión designó a Saida Sáenz como nueva coordinadora, realizó reuniones presenciales y virtuales, avanzó en el mapeo del área del proyecto Argentina de Pocora, presentó una propuesta de tarifa hídrica ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y organizó el lV Festival: reconociendo al servidor comunitario.
Próximamente continuarán trabajando en la apertura de una cuenta para recaudar fondos, una campaña de recaudación nacional e internacional, actualización del plan de acción, fortalecimiento de la Comisión con más miembros e instituciones involucradas, y aclaratoria de la situación legal de propiedades alrededor de la catarata El Murciélago, río Dos Novillos.
En la comunidad el proyecto “Gestión del recurso hídrico de la Argentina de Pocora” fue declarado de interés cantonal en 2017 por la Municipalidad de Guácimo, lo cual les permite gestionar recursos económicos ante instancias nacionales e internacionales para la adquisición de áreas y garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad a las futuras generaciones del cantón.
Actualmente la Comisión lleva a cabo la cuarta edición del Festival del Agua. Las actividades se transmiten desde este viernes 20 hasta el sábado 21 de noviembre en la red social Facebook.
Puede consultar las actividades en el siguiente enlace: Facebook del Festival del Agua Argentina de Pocora
Invita la comunidad y diferentes organizaciones e instituciones.
El lV Festival del Agua se realiza en modalidad virtual por la situación con el COVID-19 (Foto cortesía: Comisión para la gestión participativa del recurso hídrico en Argentina de Pocora)
El día, miércoles, 28 de noviembre, una persona con discapacidad psicosocial, quien ingresó a un supermercado en Cuesta Moras, fue agredido físicamente por el equipo de seguridad del local, después de que supusieran que estaba sustrayendo un refresco gaseoso del establecimiento capitalino.
El afectado responde al nombre de Jorge Enrique Rivera Barahona y tiene un diagnóstico de esquizofrenia, que lo convierte en una persona con discapacidad, de origen psiquiátrico. Las personas con esta condición pueden tener conductas delirantas y alucinaciones, tener un lenguaje o comportamiento desorganizado, y una capacidad cognitiva alterada y reducida.
Yo, quien soy sobrino de la persona agredida presencié los hechos: observé cómo el guarda agresor empezó a empujar a mi tío, quien siempre mantuvo una actitud pasiva. Mientras traté de explicar la condición del afectado, el guarda mantuvo una conducta verbal irrespetuosa y no quiso escuchar las razones del comportamiento del agredido.
De inmediato el joven les expliqué a los responsables de seguridad del supermercado que ellos traían el refresco gasesoso de fuera y que no había ningún tipo de sustracción. Para demostrar la veracidad de lo que estaba afirmando, les solicité que revisaran los videos de las cámaras ubicadas en el interior del lugar. Para proceder a tal revisión, llevaron a la persona con discapacidad y a mi a una bodega del supermercado. Sin embargo, sólo revisaron el material grabado de una cámara y no indagaron en la que debía aparecer el agredido, que era el video que servía para demostrar que no había tal sustracción de un refresco cuyo valor es de 150 colones.
A esa bodega donde nos mantuvieron encerrados con puerta con candado, llegó el administrador y tampoco quiso escuchar razones; siempre mantuvo una conducta arbitraria y prejuiciosa. Todo indica que éste dio instrucciones a los guardas para “aleccionar” al supuesto sustractor; es decir, la persona con discapacidad. Así mientras uno de los guardas me retenía, otros dos le cortaron el cabello (uno lo sostuvo del cuello y otro, utilizó las tijeras). Al completar la tarea ordenada por el administrador, le propinaron un fuerte golpe por el estómago.
Uno de los guardas justificó las agresiones perpetradas, diciendo que si no cumplían con lo ordenado por el administrador se arriegaban a ser despedidos. Seguidamente, nos sacaron a los dos, tío y sobrino, no por la puerta de entrada del lugar sino por una ubicada en la parte trasera.
Después de tan graves e injustificados hechos, ambos fuimos a la delegación policial cercana a la Plaza de la Democracia, a presentar la denuncia. Luego nos trasladamos a la Defensoría de los Habitantes, pero ahí nos indicaron que no podían atenderlos.
Al día siguiente (jueves, 29 del mes en curso) nos apersonamos en el CONAPDIS pero lo que se nos indicó fue que la persona afectada debería tener un carné de discapacidad. Al no contar con este requisito burocrático no pudimos presentar la denuncia correspondiente.
Ante la gravedad de los hechos, las personas afectadas quieren que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo en San José a través de medios como “SURCOS”, que reflejan el pensamiento y la lucha de los sectores sociales del país. Igualmente, presentaremos una denuncia formal ante los Tribunales competentes para demandar justicia, exigir que se repare el daño y evitar que otras personas con discapacidad, sufran este tipo de agresiones.
El objetivo de este capítulo es analizar las tensiones entre la libertad de expresión y los derechos humanos en el caso de las noticias sobre violencia contra las mujeres en medios digitales costarricenses. Con este fin, se describe las categorías empleadas por los medios de comunicación al hacer referencia a las distintas tipificaciones de violencia contra las mujeres. Se caracterizan actores y fuentes citadas en las noticias y su contribución a la inclusión de voces plurales en temas relacionados con violencia contra las mujeres y, finalmente, se identifican elementos narrativos que posibiliten o dificulten la representación de las mujeres como víctimas de violencia.
La recolección inicial de noticias publicadas en las páginas de Facebook de nacion.com y crhoy.com, en 2018, muestra de forma cuantitativa los temas publicados con mayor frecuencia, como se aprecia en el gráfico 1:
En las noticias que se representa la violencia física contra las mujeres, tanto en el espacio público como en el doméstico, al igual que en las que abordan hechos femicidas, el centro se encuentra en describir la relación entre la víctima y el agresor. Esto genera una narrativa a partir de la cual aparecen otros actores, por ejemplo, institucionales, testigos y familiares de las víctimas.
Al igual que en las noticias sobre hechos femicidas, en los casos de violencia física se repite la misma estrategia narrativa que propicia una descripción detallada del hecho violento en cualquiera de sus manifestaciones. Pero se carece de un análisis que permita, desde la lectura, entender el contexto, los antecedentes y la vinculación de la violencia física con otros tipos de violencia, como la patrimonial. Se repite el patrón narrativo en el que la violencia es representada como un hecho individual, que ocurre en momentos y condiciones específicas. La construcción de la historia noticiosa de la violencia física, tal como aparece en las secciones Sucesos y Judiciales de ambos diarios segmenta la problemática de la violencia contra las mujeres al individualizar los casos, con lo que no es posible leer los hechos como parte de una problemática social que nos afecta, sino como hechos aislados que, paradójicamente, suceden cotidianamente.
En las noticias que abordan la violencia política contra las mujeres, debe especificarse que en los dos medios analizados se evidencia la violencia mediática ejercida en la representación de ellas en el ejercicio de la política. La violencia se caracteriza por la evaluación de las mujeres a partir de parámetros que reproducen estereotipos de género y que construyen la identidad de las mujeres en relación con figuras masculinas. En estos casos se desdibuja la línea entre noticia de sección política y noticia de sección social. Al primer grupo, pertenecen las noticias en las que las diputadas aparecen como denunciantes.
La agencia de las mujeres en el ejercicio político se desdibuja, pues sus acciones son directamente evaluadas desde una mirada masculina (Mulvey, 1975) patriarcal. Por una parte, se entiende a las mujeres en roles de desigualdad y subordinadas de sujetos masculinos y, por otra, se penaliza la protesta social en nombre de instituciones, y se critica la intervención y apropiación del espacio púbico que ellas hacen.
Para la construcción de perfiles de personas usuarias de noticias sobre violencia contra las mujeres, se analizaron los comentarios con más interacciones, para identificar posturas y reconocer actores. A partir del análisis de los comentarios se identificaron los siguientes tipos de interacciones:
A partir del análisis se puede llegar a diferentes conclusiones:
El abordaje mediático sigue mostrando el desconocimiento de los tipos de violencia y de las normativas nacionales e internacionales que promueven una representación no estereotipada de las mujeres.
La forma en que los medios representan la violencia contra las mujeres, al reproducir estereotipos de género, valida las preconcepciones de ciertos grupos conservadores en torno a los derechos de las mujeres. Esto se confronta, únicamente, por aquellos sectores que entienden la violencia contra las mujeres no como hechos aislados, sino como una problemática que tiene raíces sociales e históricas.
En lo que respecta a los perfiles de comentarios, es importante señalar la clara delimitación de cada uno de los perfiles y de sus agendas, que se expresa en la discusión acerca de la violencia contra las mujeres, a la vez que muestra una polarización de posiciones en torno al tema. Esa postura se repite de manera sistemática en el análisis de los comentarios.
Los comentarios realizados por los perfiles de “crítica político-partidaria” y “crítica al avance de los derechos de las mujeres” no se concentran en el análisis y discusión de los contenidos de las noticias. El único perfil que lo hace es el de “crítica al abordaje mediático y las acciones institucionales”. Las opiniones emitidas en los comentarios no se basan de manera directa en la interacción con las noticias, sino en preconcepciones y sentidos comunes que las personas exponen en la discusión. Aunque hay acceso a la libre expresión de opiniones, estas no necesariamente son informadas ni contribuyen al debate ciudadano en temas relacionados con la violencia contra las mujeres.
Yanet Martínez Toledo
Directora del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) y del Programa de Posgrado en Comunicación
Compartimos el siguiente video sobre el foro titulado «El Acuerdo de Escazú. Entre falacias y desinformación…» donde dos internacionalistas: Paulina Astroza Suárez de la Universidad de Concepción, Chile y Nicolas Boeglin de la Universidad de Costa Rica, explican técnicamente el Acuerdo más discutido de los últimos tiempos.
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional y el Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa presentan la ENCUESTA DE GOBIERNO ABIERTO EN COSTA RICA cuyo objetivo es conocer su opinión sobre el desarrollo e impacto del Gobierno Abierto en sus organizaciones y la sociedad.
Se desea responder las breves preguntas planteadas ingrese en el siguiente enlace:
https://forms.gle/KG484mSnNFf7x8617
Durante los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre se estará celebrando 16 días de activismo contra la violencia de género y por la promoción de los derechos humanos.
Imagen de portada ilustrativa.