Este viernes 20 y sábado 21 de noviembre se realizará el Festival de Agua de la comunidad de Argentina de Pocora. Esta celebración es una actividad que se enmarca dentro del plan de trabajo de la Comisión Participativa para la Gestión del Recurso Hídrico de Argentina, Pocora.
Este miércoles 18 de noviembre en horas de la tarde, el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola Madrigal se reunió con la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré para conocer algunos temas prioritarios en la agenda de interés comunal.
Durante la reunión, se le presentó al señor Otárola, la necesidad de darle continuidad al proceso de reubicación de las familias que han sido afectado por las inundaciones desde la Tormenta Tropical Nate hasta el momento.
El funcionario propuso programar una posterior reunión con otros jerarcas a nivel interinstitucional como el ICE, AyA, Municipalidad, Vivienda, entre otros, para coordinar de una manera más efectiva la ejecución de esta propuesta más otros proyectos que son de interés comunitario.
ACNUR y Defensa de Niñas y Niños Internacional Costa Rica, le invitan al webinar “Mis Derechos Cuentan: Reconociendo a las Personas Menores de Edad en Condición de Refugio”, este próximo 27 de noviembre de 9 a.m. a 12 m.d. por medio de la plataforma Webex.
Con la participación de: Karin van Wijk, Virginia Murillo H, María del Mar González, Rosibel Vargas, Francela Rivera, Rocío Solís y Yanis Yanis Quesada.
Recuperadores Cabécares de China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur con el apoyo de otras organizaciones invitan al foro virtual: «Amenazas de Desalojo contra China Kichá».
El padrón de la Asamblea Plebiscitaria está compuesto por 2365 votantes
La elección a Rectoría se llevará a cabo el 20 de noviembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (foto archivo ODI).
El próximo viernes 20 de noviembre, la Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica elegirá a la persona que ocupará la Rectoría del 2020 al 2024.
Orlando Arrieta Orozco, Ralph García Vindas, Gustavo Gutiérrez Espeleta, Lizbeth Salazar Sánchez y José Ángel Vargas Vargas, propusieron su nombre ante la comunidad universitaria y uno de ellos estará a la cabeza de la institución durante los próximos 4 años.
Del 21 de octubre al 19 de noviembre, las personas candidatas han tenido la oportunidad de presentar a la comunidad universitaria sus planes de trabajo y proyectos, mediante distintas actividades informativas como debates, conversatorios, reuniones y entrevistas, así como a través de sus sitios web y páginas en redes sociales.
La Asamblea Plebiscitaria
Según lo dispone el artículo 13 del Estatuto Orgánico, la Asamblea la integran el rector, las vicerrectoras y los vicerrectores los miembros del Consejo Universitario, los miembros titulares del Tribunal Electoral Universitario (TEU) y los exrectores y exrectora. Asimismo, las y los docentes incluidos en el Régimen Académico, que tengan una jornada no inferior al cuarto de tiempo; profesores eméritos; y jefes de oficinas administrativas. Además, dos representantes designados por cada colegio profesional y una representación estudiantil no mayor al 25 % del total de los docentes miembros de esta Asamblea, elegidos por los organismos estudiantiles correspondientes.
En el caso específico de los colegios profesionales, el TEU envió una notificación solicitándoles la acreditación de 2 de sus miembros para que participen en la Asamblea Plebiscitaria. Las personas escogidas por la Junta Directiva de los colegios profesionales no necesariamente forman parte de la comunidad universitaria. Para esta elección se acreditaron un total de 56 personas.
En esta oportunidad, el padrón electoral está compuesto por 2365 votantes.
Las representaciones estudiantiles
Según el artículo 13 del Estatuto Orgánico de la UCR, la representación estudiantil en la Asamblea Plebiscitaria no puede ser mayor al 25% del total de profesores que hay en esta asamblea. Por lo tanto, esta representación se debe escoger de forma proporcional a los docentes que están en Régimen Académico con no menos de un 1/4 de tiempo en cada unidad académica.
Esto quiere decir que si en una Escuela hay 40 profesores que pertenecen a la Asamblea Plebiscitaria, serán 10 estudiantes los que podrán formar parte (un 25%).
Las representaciones estudiantiles se escogen mediante asambleas, éstas se realizan en cada escuela o sede y posteriormente la Vicerrectoría de Vida Estudiantil acredita a las personas electas.
Para la elección de Rectoría se acreditó a un total de 425 estudiantes, que tendrán la posibilidad de votar.
¿Cómo se elige al rector o rectora?
Se elegirá como rector o rectora a la persona candidata que alcance el mayor número de votos. Esa cifra debe representar al menos el 40 % de los sufragios válidamente emitidos.
Si se diera un empate en el primer lugar o ninguna candidatura alcanza el 40 % de los votos se repetirá la elección con las 2 personas que hayan obtenido el mayor número de votos.
Si fuera necesaria una segunda elección, se ecogerá a la persona candidata que obtenga el mayor número de votos. Esa cifra debe representar al menos el 40 % de los sufragios válidamente emitidos.
Si ninguna persona candidata alcanza ese porcentaje, será declarada electa la que obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos. Si se produjera un empate, la suerte será la que decida.
Elección presencial
En el caso de la elección para la Rectoría, la posibilidad de realizarla utilizando medios electrónicos no había sido considerada al momento de la convocatoria, que se realizó desde el pasado 7 de febrero.
En un principio, la elección estaba prevista para llevarse a cabo el 17 de abril, sin embargo por las circunstancias de la pandemia se tuvo que suspender en dos ocasiones.
La normativa institucional, no permite introducir cambios en las reglas luego de dicha convocatoria, en virtud del principio de seguridad jurídica, puesto que implicaría una variación intempestiva de las reglas del juego existentes, y para el momento en que se declara la pandemia, ya había concluido el proceso de inscripción y declaratoria de candidaturas.
“Hemos hecho toda clase de consultas a diferentes instancias internas y externas, hemos recibido diversas visitas y asesorías de personas expertas en salud, en estadística, en proyecciones, en asuntos jurídico-electorales, informáticos y otros. El enorme trabajo desplegado bajo la presión del contexto, en relación con la posibilidad de implementación de una modalidad alternativa a la presencial, que al inicio de esta situación se valoró como una opción para la elección a Rectoría, nos ha permitido, por una parte, ver con claridad la imposibilidad jurídica que implica para un proceso ya iniciado, el cambio de modalidad en la votación, y por la otra, el desconocimiento que persiste respecto a los nuevos sistemas y aplicaciones desarrollados en los últimos cinco años y sus respectivos sistemas de seguridad informática”, señaló Virginia Borloz, presidenta del TEU,
Como parte de la argumentación se indica que el artículo 34 del Reglamento de Elecciones Universitarias no especifica la posibilidad de realizar la elección a Rectoría utilizando medios electrónicos, como sí se señala en los artículos 31 y 32 que se refieren a la elección de miembros del sector académico y administrativo al Consejo Universitario.
Por su parte, la Oficina Jurídica (OJ) de la UCR indicó en el dictamen OJ-401-2020 que cualquier reforma que se quisiera realizar al Reglamento de Elecciones debe presentarla el propio Tribunal, o si no proviene del TEU deberá, previamente, serle consultada y luego ser aprobada por el Consejo Universitario (CU).
El padrón electoral se compone de 2365 votantes (diseño del gráfico: Rafael Espinoza Valverde).
No obstante, cualquier cambio al Reglamento se aplicará a procesos futuros y no a un proceso que ya está inicado como es el de la elección a Rectoría, ya que prevalece la aplicación del principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 34 de la Constitución Política, y su derivado en materia de actos administrativos contenido en el artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo demás, en derecho electoral rigen los derechos de preclusión o etapas sucesivas que no pueden ser reabiertas, y el de calendarización que obliga al órgano electoral, previo al inicio del proceso, a elaborar y dar a conocer un cronograma regulado en la normativa.
De igual manera, el Reglamento de Elecciones Universitarias no contempla ninguna disposición normativa que posibilite la modificación de los plazos consignados en dichas normas, con fundamento en situaciones excepcionales o de emergencia, por lo que mientras esas disposiciones continúen vigentes los plazos allí consignados deben aplicarse tal y cual están regulados. Para que los plazos pudieran ser modificados se requeriría que el Consejo Universitario, en ejercicio de su potestad reglamentaria, aprobara y promulgara la respectiva reforma.
El protocolo fue aprobado por el Ministerio de Salud
Para poder llevar a cabo la elección de manera presencial, el TEU en conjunto con la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, elaboraron un protocolo de bioseguridad que fue aprobado por el Ministerio de Salud, que se aplicará rigurosamente durante toda la jornada electoral, así como un instructivo para las y los electores.
Entre las principales indicaciones que tiene el documento está el uso ubligatorio de mascarilla higiénica, sin válvula o quirúrgica; seguir las disposiciones indicadas por el personal de apoyo, guardando el distanciamiento social y respetando la fila demarcada; cada persona votante deberá portar su propio bolígrafo para firmar el padrón y emitir el voto; deberá presentarse puntualmente a la Junta Receptora de Votos (JRV) asignada la cita, sin acompañantes, excepto aquellas personas que por su condición lo requieran.
En la Sede Rodrigo Facio se contará con 11 Juntas Receptoras de Votos y habrá otras 6 en las distintas Sedes Regionales de la institución. Cada junta recibirá un aproximado de 27 votantes por hora.
Para la seguridad de las personas electoras se dispuso de dos modalidades de JRV. La primera es la ventanilla electoral, esta se colocarán en espacios existentes en las instalaciones universitarias, las cuales cuentan con una barrera de protección para la atención de público (ventanilla de vidrio con orificio para entrega de documentación electoral) que permitirán una dinámica de circulación y flujo adecuado para albergar a las personas votantes, sin hacinamiento y en garantía del espacio necesario para el distanciamiento social.
La otra es el auto-voto que se encontrará exclusivamente en la Sede Rodrígo Facio, para las personas eméritas y con movilidad reducida (o aquellos casos que el TEU valore previamente), quienes tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto, desde el interior de su propio vehículo, garantizando el distanciamiento social con respecto a la persona encargada de registrar su identidad y recibir el voto en la respectiva urna electoral.
JRV
Lugar
Horario
1
Sede Rodrigo Facio – Aula Magna
08:00 – 18:00 hrs
2
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Ciencias Sociales
08:00 – 18:00 hrs
3
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Derecho
08:00 – 18:00 hrs
4
Sede Rodrigo Facio – Edificio Administrativo A
08:00 – 18:00 hrs
5
Sede Rodrigo Facio – Escuela de Educación Física y Deportes
08:00 – 18:00 hrs
6
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Educación
08:00 – 18:00 hrs
7
Sede Rodrigo Facio – Escuela de Estudios Generales
08:00 – 18:00 hrs
8
Sede Rodrigo Facio – UCAGRO
08:00 – 18:00 hrs
9
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Microbiología
08:00 – 18:00 hrs
10
Sede Rodrigo Facio – Autovoto – Edificio de Parqueos frente de Ciencias Sociales
08:00 – 18:00 hrs
11
Sede Regional de Occidente
10:00 – 18:00 hrs
12
Sede Regional del Atlántico
16:00 – 18:00 hrs
13
Sede Regional de Guanacaste
13:00 – 18:00 hrs
14
Sede Regional del Caribe
16:00 – 18:00 hrs
15
Sede Regional del Pacífico
16:00 – 18:00 hrs
16
Sede Regional del Sur
08:00 – 10:00 hrs
17
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Odontología
08:00 – 18:00 hrs
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información
En el marco del aniversario de la Declaratoria de los Derechos de los Niños y de las Niñas el Programa Desarrollo Educativo de la UNED le invita a la Fiesta del Conocimiento Virtual la cual tendrá actividades gratuitas como cuenta cuentos, juegos en familia para el desarrollo del pensamiento crítico, Origami, entre otras.
Las actividades se llevarán a cabo por la plataforma Zoom.
Para más información comuníquese al 2527 2247 o al correo rmunguia@uned.ac.cr
Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON
“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.
En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:
Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.
En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.
Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.
Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.
Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.
Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.
Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.
-La minería significaría retroceder diez años en materia de legislación ambiental
(Bloque Verde, 18-11-2020) Este miércoles 18 de noviembre más de veinte organizaciones ambientales han convocado a manifestarse contra la minería a cielo abierto en la Plaza de la Democracia desde el medio día.
Mientras la diputados del PLN, PUSC y RN en la Asamblea Legislativa meten el acelerador a los tres proyectos mineros tramitados en las comisiones de Asuntos Sociales, Alajuela y Guanacaste, las organizaciones ecologista no estamos dispuestos a que el país retroceda una década en materia de legislación ambiental. Tres proyectos de ley con distinto alcance pero que buscan legalizar la industria destructiva del oro en zonas extremadamente frágiles.
Ante la amenaza minera el movimiento ambiental responde con música, arte y alegría. En la Plaza de la Democracia de han convocado a artistas como Raza Bronce, Anamá, Cristine Eugene, Comadrelu, Nativa y Andrea Orellanda. Que para medio día de hoy 18 de noviembre se estarán presentando de manera acústica y se estarán distribuyendo información sobre los impactos de la minería a cielo abierto.
La manifestación ha sido convocada alentando a seguir todos los protocolos de seguridad sanitaria dispuestos por el Ministerio de Salud.
SURCOS comparte este enlace a Cartografía, una página que hace un estudio con lo cual se invita «a tomar conciencia, a organizarse, a construir un mundo en que podamos las mujeres vivir sin miedo».
En la presentación se dice:
“Recordando las mantenemos vivas en la memoria. Recordando exigimos justicia. Recordarlas es el motor de nuestra lucha. Esta cartografía es una invitación a tomar conciencia, a organizarse, a construir un mundo en que podamos las mujeres vivir sin miedo.
En el mapa cada punto representa un femicidio, cada color es la historia de una mujer que fue asesinada por el hecho de ser mujer. La visualización cartográfica permite comprender el femicidio como una problemática país. Nos muestra las diferentes regiones y provincias donde se ha concentrado en los últimos años estos crímenes. Gracias a la interactividad del mapa, se pueden geolocalizar variables, y por ende pensar en las interseccionalidades que atraviesan cada escenario de femicidio.
La cartografía surge de un monitoreo y registro cotidiano de la prensa digital. Esto permitió construir una base de datos donde se sistematiza información relativa a cada femicidio, y a su vez se contrasta con información pública del Poder Judicial. El periodo que abarca es del 2017 a la actualidad, y se encuentra en constante actualización. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de mi tesis doctoral en Sociología y Género, en la Universidad de Paris.”
El pasado 5 de noviembre de 2020, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Catedra Alberto Martén de la Escuela de Planificación y Promoción Social- EPPS- UNA y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, llevaron a cabo el Conversatorio ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?
La exposición central de la actividad estuvo a cargo del Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, abogado y académico y fue transmitida en directo mediante el Facebook Live de la página de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y de la EPPS-UNA.
Este foro fue moderado por el académico de la EPPS, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, y contó con la participación de algunos miembros de la Academia Solidarista y de la Red de Asociaciones Solidarista de las universidades públicas: Álvaro Villalobos Garro, Efraín Mejía, Gonzalo Delgado Leandro, Guido Alberto Monge, Franklin Solano Castro, Mario Alberto Venegas. También participó el Subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, quienes aportaron a la discusión sobre la pregunta generadora: ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?
Esta actividad es la segunda que se realizada en el marco de la Cátedra Alberto Martén Chavarría, que se constituyó en la EPPS-UNA dentro del Convenio de Cooperación entre la UNA y la Academia Solidarista. La primera actividad fue un conversatorio acerca la “Realidad Nacional y Solución Solidarista durante y después del Covid-19”, realizado el 15 de octubre del 2020 y se encuentra disponible en la red social del Facebook, tanto, de la EPPS como el de la Academia Solidarista. Enlaces: https://www.facebook.com/eppsUNACR/videos/666790810938606/?v=666790810938606 https://www.facebook.com/AcademiaSolidaristaAlbertoMartenChavarria
El Máster Álvaro Villalobos Garro, presidente de la Academia Solidarista Alberto Martén, comentó la importancia de este tema debido a la situación actual que se está viviendo a nivel nacional con el solidarismo, ya que se ha visto la intención de deslegitimar su función de vocación social.
El académico y subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, dijo que desde la Escuela de Planificación y Promoción Social se decidió apoyar a la Cátedra Solidarista, debido a que los principios del solidarismo, tales como; el trabajo colaborativo, la promoción del trabajo conjunto, la búsqueda de la mejora en las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, grupos empresariales, instituciones públicas, entre otros, se complementan y se relacionan estrechamente con los aportes que la EPPS-UNA y la Academia Solidarista desarrollan con la sociedad costarricense.
El Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, comentó que en el año 2007 se propuso la meta de lograr el reconocimiento Constitucional del Solidarismo, hasta que se hizo posible en el 2011, siendo este una reforma al artículo 64 de la Carta Magna. Con este logro, se creyó que esto provocaría un impulso para el Solidarismo Costarricense y sus asociaciones al estar incluidas en la Constitución Política de Costa Rica: “ Cabe recalcar que, ante la ley, el Solidarismo se reconoce como un “instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto, en el sector privado como en el sector público (..) así mismo reconocerá el derecho del patrono y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas con el fin de obtener mejores condiciones de vida y de desarrollo económico y social”.
Espinoza expresó que esta definición es un mandamiento que el Estado debe realizar y respetar, ya que de lo contrario lo escrito en la ley no tendría ninguna incidencia en la realidad práctica: “Con la constitucionalización del Solidarismo se estableció que este sector tiene su propio campo de acción y que ni el Sindicalismo, ni el Cooperativismo pueden intervenir en su campo, ya que estas tienen enfoques diferentes. Sin embargo, en la práctica, en vez de fomentar el Solidarismo, se asigna una competencia administrativa entre el Sindicalismo y el Cooperativismo que contradice la función del solidarismo”.
Para Espinoza, esto resulta ser una paradoja, ya que la Sala Constitucional tomó esta decisión de separar sus campos de acción de forma preventiva ante la preocupación de que el Solidarismo intervenga en el accionar del Cooperativismo y el Sindicalismo. No obstante, el Solidarismo siempre se enfocó en su área de acción, y las otras dos organizaciones compitieron en su campo e incursionar en actividades administrativas propias del Solidarismo.
El académico acotó que en su momento, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Alvarado Quesada, se negó a conceder una audiencia con el Solidarismo, a pesar de que el Sector Solidarista y miembros del Movimiento Solidarista, gestionaron en conjunto con el Ministerio actividades para tratar asuntos de interés del Solidarismo. De la misma forma, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio del gobierno pasado aportó a la negación contra el Solidarismo, ya que no permitió que las Asociaciones Solidaristas obtuvieron su reconocimiento como pequeñas y medianas empresas, por el hecho de que no son entidades de lucro, ya que su enfoque es la búsqueda del bienestar de los trabajadores: “Una posición incongruente y obsoleta del Gobierno con respecto al Solidarismo, es que se empieza a obligar a las Asociaciones Solidaristas a ser supervisadas por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras”.
El expositor, propone, el estudio del voto 2010-009927, (Reforma del artículo 64 de la Constitución Política de la República de Costa Rica), planteamiento de acciones administrativas y judiciales (voto 2010-009927) que se refleje en la práctica procurar la unidad del sector solidarista, favorecer la creación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales, fortalecer y ampliar la alianza solidarista, presencia en la Asamblea Legislativa y otros poderes, enlace con el Poder Ejecutivo,) enseñanza del solidarismo en todos los niveles, realizar un congreso en donde se discuta la reforma a la Ley de Asociaciones Solidaristas, la universalización del Solidarismo y homologar los aportes patronales y la conformación de un equipo profesional de alto nivel.
El Dr. Espinoza quiso evidenciar que la constitucionalización del Solidarismo debió haber sido una ventaja para promocionarlo y fortalecerlo. Sin embargo, esto solo quedó escrito en la reforma, ya que al aplicarlo no se demuestra una verdadera constitucionalización, debido a las dificultades que las instituciones públicas le generan al solidarismo para ejecutarse y desarrollarse.
El Máster Guido Alberto Monge, académico del Centro Internacional en Política Económica-CINPE de la Universidad Nacional, comentó que, si se logra la coordinación bajo la figura de una confederación, se deben tener claras las posiciones con respecto al sector solidarista como tal, ya que esto le daría una voz mucho más poderosa y sólida al solidarismo en las discusiones con otros sectores: “ Es decir, que la voz del solidarismo representada por muchos plantee de manera integrada posiciones con respecto a temas de gobernabilidad, ambiente, empleo, educación técnica, pobreza, desigualdad, entre otros”. Monge, recalcó la necesidad de crear un Instituto de Fomento Solidarista, el Ideario Solidario en donde se homologuen dichas posiciones de diversos actores y sectores, así como también la gestión, a partir del próximo año, de un congreso en donde el solidarismo presente su posición con respecto a los temas del Plan Nacional del Desarrollo.
Franklin Solano Castro, Supervisor del Ministerio de Educación Pública-MEP, comentó, algunos inconvenientes para apoyar acciones en favor del Solidarismo, como es el caso de la falta de voluntad política por parte de las autoridades del MEP, para instaurar una Asociación Solidarista del Ministerio de Educación Pública (ASOMEP): “Es debatible cómo a pesar de que el solidarismo esté incluido en el rango constitucional, se dificulte tanto la creación de asociaciones solidaristas necesarias, sin embargo, las personas pertenecientes a este sector siguen en la constante lucha para seguir aportando a la sociedad costarricense a pesar de los obstáculos”.
El presidente de la ASOTEC, Master Gonzalo Delgado Leandro, comentó acerca del estado de la conformación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales: “Actualmente las asociaciones de la UNED, UNA y el TEC tienen una alianza que les permite trabajar como red, sin embargo, hace falta formalizar esta alianza en un documento, el cual ya se está desarrollando. Se espera que, a partir del próximo, 2021, cada universidad presente la propuesta en sus respectivas asambleas para contar con el visto bueno por parte de la administración ejecutiva”.
Es importante recalcar que la Academia Solidarista, la EPPS y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, seguirán trabajando en conjunto para realizar actividades con estos temas necesarios de discutir, para que mediante estas actividades se puedo incidir en el fortalecimiento del sector solidarista costarricense. Asimismo, se abre la posibilidad de que los integrantes de distintas Asociaciones Solidaristas ofrezcan ideas de posibles actividades a realizar.
El conversatorio realizado se encuentra disponible en la página de Facebook de la Escuela de Planificación y Promoción Social y de la Academia Solidarista Alberto Martén, para quien guste profundizar más los temas conversados en esta actividad.
