Sábado 26 de septiembre 2020. Una vez más el Estado respalda la impunidad: el pasado jueves 24 de septiembre el Poder Judicial publica que desestima el caso del asesinato de nuestro compañero Bribri, del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Decisión que, supuestamente, se basa en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales.
Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de Salitre desde 1979, rechazamos la decisión del Poder Judicial. Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a razones políticas: el racismo permanente en el Estado costarricense.
Es la voluntad política, la complicidad con terratenientes y usurpadores lo que arroja al Estado a esta decisión. Para este, las vidas de los Pueblos Originarios no son importantes y por ello, impulsan a la impunidad como la norma en nuestros Territorios.
Lastimosamente, el caso de Sergio no es el único. El Poder Judicial es diligente únicamente cuando se trata de violentar los derechos de los Pueblos Originarios. Por ello, es que en el Territorio Bribri de Salitre avanzan las medidas cautelares contra nuestros hermanos y hermanas recuperadoras que les imposibilitan habitar y trabajar las tierras que les pertenecen según las leyes nacionales e internacionales. Tal es el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Túbolwak, quién no puede acercarse a su terreno recuperado y quién además debe lidiar con las amenazas de muerte en su contra por parte de Eliodoro Figueroa Uva, Rodrigo Figueroa Uva y Eliodoro Figueroa Díaz. Todos en libertad, a pesar de ser sujetos a investigaciones judiciales por las constantes amenazas y ataques contra Minor Ortiz Delgado y su familia. A pesar de que el 09 de febrero Eliodoro Figueroa Uva disparara a Minor en su pierna, en un intento de homicidio.
Ante ello, no queda más que la reafirmación de nuestra lucha: la recuperación de nuestras Tierras-Territorios, el fortalecimiento de nuestra identidad y cultura así como la profundización de nuestras formas autónomas de Autogobierno. Lejos de detenernos, de dispersamos, el Pueblo Bribri de Salitre continuará fortaleciendo el camino de la autonomía, la tierra y la libertad en memoria de nuestro hermano del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz.
Por tanto, el CODIAW EXIGE:
– Al Poder Judicial a que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de nuestro hermano Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Esto como acción mínima ante el desacato de las medidas cautelares MC-321-12 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.
– La protección a los líderes y lideresas del Pueblo Bribri de Salitre y a los y las recuperadoras de Tierra-territorio; en acato REAL de las medidas cautelares MC-32I-12 que exige la protección de la integridad física y vida de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.
– Un compromiso REAL del Ejecutivo en el impulso de la paz en el Territorio Bribri de Salitre. Paz que solo es posible si las personas no indígenas son DESALOJADAS del Territorio Bribri; medida urgente para el saneamiento territorial. Medida que, reiteramos, es la PRIORIDAD para el Autogobierno de Salitre.
– Que el Ejecutivo tras la concreción de los desalojos, otorgue la posesión al Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre. Acción que debe ser extensiva a todos los Territorios y Pueblos Originarios: el Ejecutivo debe RECONOCER a las Organizaciones Propias de los Pueblos.
El próximo miércoles 30 de septiembre a las 6 p.m. hora Centroamérica y a las 7 p.m. hora Panamá, la Organización Internacional Pro Derechos Humanos le invita la Webinar “Idioma, identidad y pueblos indígenas: Derechos humanos y desafíos para la educación”. Estará a cargo de Ana Isabel Campos y el moderador será Rodrigo Campos.
La Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Antropología y UCREA de la UCR le invita este jueves 1 de octubre a las 10 a.m. al conversatorio: «Contra la impunidad, contra el olvido: el homicidio de Sergio Rojas Ortiz y la violencia simbólica del Estado».
Se contará con la participación de Gustavo Oreamuno, Lesner Figueroa, Óscar Retana, Álvaro Paniagua y Xinia Zúñiga.
Transmisión en vivo por Youtube WebTV UCR y por Facebook FCSUCR y Kioscos Socioambientales.
La Escuela de Formación Socio Ambiental de Caraigres, en conjunto con Observatorios Ciudadanos del Agua, la Universidad Nacional y la Alianza de Ríos y Cuencas inicia este 15 de octubre su primer ciclo de capacitación para las Asadas de la Región en Planes de Seguridad del Agua.
Para esta actividad la Escuela cuenta con la valiosa colaboración de los gestores ambientales de las Municipalidades de los cantones, la importante ayuda voluntaria de los gestores locales comunitarios de Aserrí y Acosta, junto con el liderazgo comunal de la región.
Se estará invitando a fontaneros y directivos de las 65 Asadas de los cantones de Desamparados, Aserrí y Acosta.
La Escuela de Formación y Capacitación Socio Ambiental para Líderes Ambientales de Observatorios Ciudadanos del Agua, ofrece los siguientes temas para capacitación virtual:
Formación e inscripción de un Observatorio (Delimitan trayecto de algún cuerpo de agua, sea quebrada, río, laguna, etc…).
Brigadas de limpieza y observación.
Toma de muestras para análisis del agua.
Estrategias y técnicas de comunicación y manejo de grupos.
Puede solicitar la colaboración y coordinar acciones conjuntas en la siguiente dirección de correo: iferacr@gmail.com
– Les acompañan y apoyan personas de otros Pueblos Originarios
Lunes 28 de septiembre 2020. Ejerciendo su derecho humano a la tierra territorio un grupo de 6 familias iniciaron hoy a las 11:26 am la recuperación del terreno «Yuwi Senaglö» que mide 120 hectáreas y está ubicado a un 1 km suroeste del salón comunal.
El terreno era ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata y anteriormente lo ocupaba la familia cabecar Ramón Ríos Calderón.
Ante la inacción y omisión del Estado de Costa Rica por garantizar el derecho colectivo a la tierra estas familias del Pueblo cabécar decidieron ejercer de forma autónoma este derecho.
Delegadas y delegados de los Pueblos de Salitre, Cabagra, Térraba, Yimba Cajc y Abrojo Montezuma, acompañan esta recuperación.
Los y las recuperadoras de las 5 recuperaciones del territorio de China Kichá manifestamos nuestra oposición a la medida cautelar del tribunal agrario que ordena el desalojo de personas recuperadoras de Kono Jú y consideramos que dicha resolución es contraria a la ley y los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
También expresamos nuestro total repudio y rechazo de la decisión del Ministerio Público de archivar el caso del asesinato por razones políticas del compañero Bribri Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak.
Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación y responsabilidad de garantizar la vida e integridad de todos las y los recuperadores de China Kicha y sus acompañantes.
¡No Al Desalojo De Kono Jú! Recuperador@s de Kerpego. Recuperador@s de Kono Jú. Recuperador@s de Sá Sekeirö Kaska. Recuperador@s de Sá Ka Duwé Senagló. Recuperador@s de Yuwi Senaglö. Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá
SINAE AFINES inicia la campaña De Corazón Damos Todo, que incluye 10 entrevistas a funcionarios de la CCSS con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre el trabajo que realiza el personal de salud.
Compartimos la primera entrega.
En SINAE AFINES existe preocupación porque en el CEACO se registran hasta tres muertes por turno y lo que se avecina es un colapso en los servicios de salud.
La actual pandemia por el COVID–19, impuso sobre la sociedad, un confinamiento generalizado a nivel mundial sin precedentes. De esta forma, logró inmovilizar, aunque no completamente, a los diversos movimientos sociales anticapitalistas, de tal modo que cimbró sus lógicas organizativas y de resistencia política. Esta circunstancia ha sido aprovechada por los gobiernos para favorecer a las corporaciones del capitalismo informático.
Es urgente que los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura, los académicos y los estudiantes, los movimientos sociales y populares, reinventemos y re-articulemos nuestras formas de lucha para defender la escuela pública, la cultura, la ciencia y la tecnología para poner en el centro el desarrollo humano y no el capital humano.
La pandemia paralizó los procesos educativos en el mundo. Más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes suspendieron de manera abrupta las actividades en las escuelas y las aulas. En el caso mexicano, donde la mitad de los hogares no cuentan con computadoras ni con conexión a internet, fueron excluidos tres de cada diez estudiantes de la estrategia de educación oficial, y los que sí lograron participar, fueron expuestos a una educación virtual precaria, excluyente, bancaria y sin un método de aprendizaje creativo ni crítico. Este escenario en el que la educación en la escuela se desplazó al hogar con tiempos rígidos y actividades que invaden sus dinámicas cotidianas, tensó una crisis emocional y afectiva entre los alumnos y sus familias. A partir de este escenario sociopolítico, se agudizó la desigualdad económica, cultural y digital, así como la violencia social y de género.
Concebimos la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología como bienes públicos y derechos humanos universales, por tal motivo nos pronunciamos por el pleno cumplimiento de la universalidad y gratuidad en su acceso y disfrute, para lo cual se requiere un incremento del presupuesto del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
También nos pronunciamos por la eliminación de todas las políticas y programas del neoliberalismo, que han promovido la privatización y mercantilización de la educación, la ciencia y la cultura. En ese sentido, demandamos la eliminación del sistema híbrido, público-privado, porque prioriza las certificaciones y acreditaciones antes que la vida y el desarrollo pleno de la salud, del aprendizaje necesario y urgente, además de promover la estandarización de la educación; porque refuerza la visión gerencial y de la reproducción de las desigualdades, al estar basado en una noción de la calidad y de excelencia, desde una perspectiva economicista y tecnocrática.
Igualmente denunciamos el uso de la pandemia para reforzar la tendencia privatizadora de la ciencia y la cultura en la educación, por medio de plataformas virtuales comerciales y de contenidos sesgados por la visión corporativa de los dueños de los espacios digitales. El capitalismo de plataformas construye la desigualdad social en el acceso al conocimiento y la comunicación, produce un apartheid tecnológico, una clase de infopobres en la que los niños y jóvenes marginados, así como los trabajadores precarizados, no pueden resolver el problema del equipo y la conectividad.
EDUCACIÓN BÁSICA
En el caso de México se entregó la rectoría de la educación, inicialmente a Google para que 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes fueran el mercado cautivo de la transnacional de las tecnologías digitales; en una segunda fase de la educación remota se pactó con la oligarquía de las televisoras privadas y como consecuencia su rescate económico y moral, tras una caída constante de credibilidad por sus filas conservadoras durante cuarenta años de neoliberalismo.
En contraste, se impulsa un recorte brutal a la formación inicial y continua de los docentes. Contrariamente a los preceptos constitucionales y al Plan Nacional de Desarrollo, en los que se establece el reforzamiento de las escuelas formadoras de docentes y la revalorización del magisterio, el proyecto presupuestal de egresos de la federación para 2021 contempla un recorte de 95.3% a las escuelas normales y a la universidad pedagógica nacional; para el desarrollo profesional de los docentes en el servicio educativo se proyecta un recorte del 89% y para capacitación un 49%. Las corporaciones del capitalismo informático van por el desplazamiento del magisterio, por un amplio mercado de productos educativos digitales y por la eliminación de la escuela física y presencial.
Consideramos que los preceptos bajo los cuales se confeccionó la actual reforma educativa no lograron desarraigar las imposiciones del neoliberalismo y mantienen criterios empresariales en la política educativa nacional. Por ello, no aceptamos ningún tipo de educación o de política que limite el ingreso y la permanencia de los estudiantes al Sistema Educativo y reivindicamos la lucha por la democratización de nuestro país, de la educación pública y los sindicatos.
Los trabajadores de la educación mantenemos la exigencia de ser tomados en cuenta para la aportación de propuestas para la elaboración de contenidos, diseño de actividades escolares, estrategias de simplificación administrativa y todo lo que se relacione con el quehacer educativo. Sostenemos el principio de la comunicación y la convivencia humana como el medio para la difusión, el diálogo y la construcción de los saberes y los aprendizajes.
Nos reiteramos educadores populares, porque enseñamos aprendiendo entre maestros, alumnos y padres de familia, en las comunidades y en la ciudad, a partir de la realidad de la comunidad escolar y para beneficio de la población en general. De acuerdo con ello, seguimos proponiendo y reinventado formas de educación alternativa para llegar hasta los lugares más olvidados, porque promovemos la emancipación de las personas y sus comunidades a través de una educación que fomenta la colectividad, la solidaridad, la empatía, el respeto por el medio ambiente, el pensamiento crítico, la búsqueda del bien común, el amor y la ciudadanía patriótica.
EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
Reivindicamos un proyecto de educación superior basado en las organizaciones colectivas de los trabajadores académicos, administrativos y estudiantes, que promueva una sociedad igualitaria, una formación integral y humanista, con pleno respeto a los derechos de todas y todos; que desarrolle el pensamiento crítico y creativo por medio de pedagogías críticas y liberadoras, además de responder a las grandes necesidades nacionales.
Sostenemos que las instituciones de educación superior deben ser espacios de libre ejercicio de los derechos, por lo que deben funcionar de manera democrática y gozar de una autonomía sustantiva cuyo ejercicio se debe garantizar con un subsidio público suficiente, oportuno e incondicional de carácter transexenal, no menor a los porcentajes recomendados por los organismos multilaterales como la UNESCO o la propia ONU. La autonomía debe comprender la libertad de cátedra e investigación, el autogobierno, la libertad de pensamiento y de expresión y la armonía con los derechos colectivos laborales de asociación y negociación colectiva en el plano nacional.
Demandamos condiciones de trabajo dignas para los trabajadores académicos y administrativos; un programa amplio de recuperación salarial y la eliminación de los programas unilaterales de estímulos mediante su incorporación al salario pactado bilateralmente; además de un ambicioso programa de creación de plazas de tiempo completo y de estabilidad laboral, para eliminar la precariedad en que laboran miles de profesores.
Asimismo, demandamos el respeto a las organizaciones colectivas de los trabajadores universitarios y su incorporación en las grandes discusiones nacionales sobre el proyecto de educación superior que requiere el país y sobre las políticas que se impulsarán en el sector.
Exigimos a las cámaras de diputados y senadores, así como a la SEP, que los centros, escuelas o proyectos comunitarios de las Universidades Alternativas, sean reconocidos en la Ley General de Educación Superior, como lo son las universidades privadas y públicas. Esto es una medida necesaria para alcanzar la equidad e incrementar la cobertura del nivel educativo sobre todo en poblaciones pobres, aprovechando el saber, la organización social y la cultura autogestiva de los pueblos. Además, proporcionar a estos estudiantes becas, en igualdad de circunstancias que las Universidades Benito Juárez.
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
La formación de vocaciones científicas y para la investigación inicia desde la educación básica. Fortalecer la educación desde sus cimientos con una visión de futuro y conciencia de clase de todas las áreas de las ciencias y tecnologías, es fundamental para el desarrollo integral del país.
La investigación científica requiere una formación con integridad, madurez intelectual y respeto por los principios éticos. Implica una formación sin discriminación por razones de raza, color, ascendencia, sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, origen étnico, origen social, posición económica o social de nacimiento o discapacidad. Además, que todos los ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades de educación y formación iniciales que califican para poder realizar carreras de investigación y desarrollo tecnológico, con acceso a los empleos no precarizados en la investigación científica.
Los programas de posgrado son formadores de científicos; sin embargo, tienen un alto índice de rechazo de aspirantes, lo que cancela la posibilidad de incrementar la planta de trabajadores científicos. Es indispensable incrementar los espacios para científicos en formación, teniendo programas de apoyo en el inicio y durante el desarrollo de su carrera; que cuenten con becas, movilidad y demás acciones afirmativas necesarias para suprimir la desigualdad de oportunidades, subsanar las desigualdades del pasado y los patrones de exclusión; fomentar en particular, que las mujeres y las personas de otros grupos con baja representación, tengan la posibilidad de realizar carreras científicas.
La formación científica debe promover las responsabilidades sociales del científico, y a su vez garantizar el acceso equitativo y libre a la literatura, los datos y los contenidos. Se necesita fortalecer la enseñanza de todas las ciencias; incluir elementos interdisciplinarios en los programas de estudios y en los cursos, considerando las dimensiones éticas de la ciencia y la investigación, así como la integridad intelectual, esto con el fin de que los científicos participen de los procesos colectivos de apropiación social del conocimiento, para contribuir efectivamente a la toma de decisiones públicas y la atención de problemas sociales prioritarios.
CULTURA
Los trabajadores del sector cultura, nos encontramos en un contexto muy particular con la creación de la Secretaría de Cultura Federal (SCF) que en el actual gobierno desarrolla una política cultural, que denota una continuidad de la instrumentada por los anteriores gobiernos neoliberales: 1) reducción del presupuesto para el sector y 2) la total apertura a la iniciativa privada, las denominadas industrias culturales, en áreas sustantivas del Estado, como son educación artística, investigación y protección del patrimonio cultural.
Concebimos la cultura como un campo indisoluble de la educación y como estrategia para el desarrollo integral de los ciudadanos; pero, hoy esta visión está amenazada por los preceptos de una “Ley General de Cultura y derechos culturales” que privilegia conceptos como: desarrollo cultural, fomento cultural, turismo cultural, gestión cultural, entre otros, que tienen como fin la disminución de la obligación del Estado de brindar a la población acceso a la educación y al disfrute del arte y la cultura.
México es un país rico en características culturales y fue ejemplo para el mundo en el fortalecimiento de instituciones dedicadas a ello, debido a su conformación pluricultural (multiétnica y plurilingüística); no obstante, los procesos económicos, políticos y sociales que actualmente tienen lugar en el mundo globalizado, ponen en riesgo el conjunto de valores culturales y educativos de nuestro país.
Ante este escenario, los trabajadores del sector cultura, junto a los demás sectores, necesitamos organizarnos colectiva y solidariamente en la defensa del patrimonio cultural, energético y natural; sobre todo porque debemos retomar la lucha histórica de todos aquellos ciudadanos, académicos, sindicalistas y demás luchadores sociales que nos antecedieron.
En el ámbito educativo, en relación a la enseñanza artística y la identidad cultural, con el objetivo de promover la organización del sector cultural a nivel internacional, solicitamos proponer en el próximo Congreso Mundial de Educación, la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura, en el que se pueda expresar el panorama internacional, para plantear posibles soluciones que permitan enfrentar de manera global los problemas educativos y laborales que atañen al sector cultural en el mundo.
Consideramos que estamos en un estado de emergencia, por lo que se debe formar un frente amplio para trabajar en la elaboración de un proyecto nacional de cultura, que contemple la creación de observatorios públicos de las políticas culturales en conjunto con las universidades nacionales y luchar que por ley el presupuesto para la cultura no sea menor a lo recomendado por la ONU, en contraparte de la política gubernamental de reducción que ahoga a este sector. Por último, debemos trabajar y luchar por la creación de un órgano consultivo que esté integrado por representantes de los trabajadores de la cultura.
En este contexto, el “Encuentro nacional, rumbo al I Congreso Mundial en defensa de la Escuela Pública y contra el neoliberalismo, DECLARA:
Que pugnamos por una verdadera educación impartida, financiada y asegurada por el Estado para toda la población; que sea pública, humana, emancipadora, crítica, universal, laica, multicultural, incluyente y respetuosa de la diversidad de género. Por tal motivo, rechazamos de manera enérgica los recortes presupuestales a educación, cultura, ciencia y tecnología.
Que convocamos a la unidad de los trabajadores de la educación, ciencia y cultura y a toda la clase trabajadora para defender los derechos sociales y humanos, que han sido vulnerados en este periodo de pandemia.
Qué hacemos patente nuestra exigencia para que se creen las condiciones de un regreso seguro a las actividades escolares, con la infraestructura y equipamiento mínimo para garantizar las medidas sanitarias y de una buena educación.
Que no permitiremos un regreso de esta emergencia sanitaria a la normalidad del explotador y el explotado, porque esta pandemia debe servir para dejar en claro la necesidad de reintegrar su verdadero valor al ser humano, escamoteado por el neoliberalismo y la proliferación del consumismo y la depredación.
¡En defensa de la educación, la ciencia y la cultura para todos y todas!
La x| es un ente sin fines de lucro cuyo objetivo principal es potenciar la cultura en la provincia de Puntarenas a partir del impacto a través del arte en general como un medio de catarsis o liberación del ser que busca sacar a los jóvenes de los malos pasos o vicios como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, entre otros temas que se aúnan o contemplan a futuro con temáticas como deserción escolar y desempleo, pues consideramos que la educación, al igual que la cultura son de suma importancia para cualquier ciudadano costarricense.
El fortalecimiento de la educación y la cultura de nuestro país nos permitirá optar de manera más fructífera por el desarrollo del mismo. Está científicamente comprobado que los países que invierten mucho en educación y cultura tienen más posibilidades de progreso holístico, claro ejemplo los países del norte, entre ellos Alemania. Desde Fundación Acuarela Naranja seguimos estos ejemplos para levantar, fortalecer y encaminar, de la mejor manera a los niños y jóvenes porteños.
Hace muchos años existe la idea en Puntarenas de que somos simplemente tierra de mar y de pesca, sin embargo, esto se ha ido desmitificando. Puntarenas ha empezado a mostrarse como una provincia llena de artistas no solo con la red de pesca, sino también con la pluma, el pincel y el micrófono. En Puntarenas existe talento y debemos explotarlo más que nunca. Claro está cómo nuestro bello puerto empieza a resonar en distintos medios y periódicos de renombre a nivel histórico-cultural, como lo es el caso de Semanario Universidad, donde el pasado 09 de septiembre de 2020 salió publicado un artículo dedicado a nuestra perla del pacífico, este se tituló “Puntarenas: el puerto de los poetas” donde se evidencia cómo no solo San Ramón debe llamarse tierra de poetas; nosotros también.
Pero no solo eso, debemos edificar con fuerza y convicción, tal cual se hace desde Acuarela Naranja por difundir nuestros talentos, apoyar la música, la literatura, la pintura y todo tipo de arte donde los jóvenes puedan expresarse y sentirse bien.
Además, no hay que ver el arte como un simple medio de expresión y punto. El arte, trabajado a largo plazo, provoca un efecto positivo en el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Ayuda a las personas a que puedan desenvolverse de mejor manera en su sociedad, es decir, que sean más social y puedan hacer un uso más adecuado del lenguaje. Asimismo, el arte humaniza a las personas, las hace más empáticas, sensibles, más “hermanas” como lo diría nuestro poeta turrialbeño Jorge Debravo.
Así bien, queda claro que, ante los distintos problemas de drogadicción, desempleo, prostitución, etc, un arma muy efectiva para combatir todos estos males, todas estas pestes peores que el mismo COVID-19 es apoyando y promoviendo el arte en nuestra cultura desde las personas más jóvenes, quienes no son el futuro, como se dice tradicional y erróneamente, nuestros jóvenes son parte del hoy, de nuestro presente y como tal, merecen las mejores oportunidades para crecer y expresarse.
Justamente, es por estas y muchas razones más que Acuarela Naranja busca que cada vez más su voz y trabajo sin fines de lucro sean no solo escuchados, sino también apoyados para poder impactar de la manera más amplia posible en la cultura y juventud de nuestra provincia. Necesitamos crecer y seguir creciendo con la colaboración y entusiasmado de cada uno de ustedes.
Para finalizar, cabe decir que, dada nuestra buena labor hemos empezado a trascender poco a poco con apoyos y motivadores importantes como la Unión Hispanomundial de Escritores en Costa Rica, la gestora cultural puntarenense Gabriela Toruño Soto, Faro Cultural, Puntarenas, entre otros organismos, que, junto con cada uno de ustedes, harán de Acuarela Naranja un semillero de luz, sonrisas y girasoles para todos los puntarenenses.
Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.
OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL Apartado postal: Heredia Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA T/: +506 22448522 psi.central.america@world-psi.org
ALBINO VARGAS SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP RODRIGO LÓPEZ PRESIDENTE DE ANPE ALVARO MARIGAL SECRETARIO GENERAL DEL SITUN DENNISE BALLESTEROS SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC MARIO MENA AYALES PRESIDENTE DE ANEJUD
23 de septiembre del 2020
Estimada y estimados compañeros,
Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.
Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.
Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.
Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.
Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.
Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.
Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.
Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.
En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.
En solidaridad, Rosa Pavanelli Secretaria General de la ISP
