Las mujeres de la Red de Mujeres Rurales en la voz de las compañeras: Cecilia Nuñez González, Las Colinas, Cariari, Limón; Julia Lezama Campo, Cariari, Limón; Orfa Dalia Condega Pérez, Pavón, Los Chiles; Aida Alvarado González, Santa Rosa de Piedras Blancas, Osa. Ellas alzan la voz por la educación pública en apoyo a las Universidades Públicas.
Compartido con SURCOS por Alejandra Bonilla Leiva.
Hoy en la edición número 22 de El Telar, tendrán un programa especial con las voces de las personas participantes del proceso de formación radiofónica comunitaria online «Radio en red», impartido este año por GuanaRED.
Escucharemos distintos productos radiales hechos por organizaciones sociales y culturales y sus opiniones sobre la importancia de los medios libres y populares.
🗓️Jueves 22 de octubre
🕐6 pm hora de Centroamérica
📻Transmisión web por radiocronia.jaquerespeis.org
Luis Andrés Sanabria Zaniboni
Lecciones de democracia según Abraham Lincoln:
Dios prefiere a la gente corriente, por eso ha hecho tanta
La democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente
El hombre que no investiga las dos partes de una cuestión, no es honrado
Los que niegan la libertad a otros, no se la merecen para ellos mismos
Una vez atravesado el rosal del diálogo “social” (por las espinas lo decimos) convocado por el gobierno ante la presión de las manifestaciones y bloqueos, detengámonos aquí… ¿el gobierno hubiera convocado igual al diálogo con esa precisa y compromiso sin esas manifestaciones y bloqueos?, pero no nos distraigamos con preguntas necias, lo relevante del fallido proceso que vivió el país es el saldo democrático que deja, o como dicen ¿Qué democracia nos ha reflejado este proceso?
Salta a la vista que el diálogo convocado, según las premisas y metodología expuestas, fue un ejercicio que no respondía a la complejidad del conflicto social que vivimos, y todo quedó muy claro cuando la premisa del equipo facilitador indicó que “en la democracia hay gobernados y gobernantes”.
Tal y como lo leyó, volvimos algunas décadas atrás en las ciencias políticas (por no decir siglo), tal vez consideren la postura disconforme como algo “extremista”, pero les invitamos a ver las definiciones del diccionario, instrumento nada sospechoso de “comunismo transnochado”, en sus 5 acepciones detalla (RAE, 2020): “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. 2. f. País cuya forma de gobierno es una democracia. 3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. 4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Vivir en democracia. U. t. en sent. fig. 5. f. Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. En esta comunidad de vecinos hay democracia”.
Es así que una democracia lejos de implantar a gobernantes, coloca ciudadanas/os a ejercer funciones y responsabilidades, las cuales son vigiladas con pesos y contrapesos (Ejecutivo, legislativos y judicial conformado por ciudadanas/os), pero también por los medios de comunicación, los procesos organizativos de diversos tipos (empresarial, comunitaria, etc), y como no, por otros ciudadanas/os que se ven afectados por las decisiones que se toman en instancias de representación. Para esto existen formas y modos, la rendición de cuentas de parte de las y los participantes, la existencia de sistemas de transparencia en la toma de decisiones, las huelgas, marchas, protestas y un largo etc.
Podríamos entrar en detalle, ¿qué la forma tal? O ¿el procedimiento tal?, pero atención con esto, dependiendo de la respuesta que tengamos estamos más cerca del autoritarismo o la democracia, es decir un sistema cerrado y privilegiado o más abierto e inclusivo.
Volvamos a lo relevante, si la concepción dominante es la división señalada, nos encontramos la explicación a los embates del gobierno, el deseo imperioso de disciplinar a una sociedad, “acomodarla” a los deseos de los sectores dominantes que coparticipan en el gobierno, la nula capacidad de rendición de cuentas, y aún más preocupante los silencios y la incapacidad de interlocución seria y corresponsable.
¿Por qué señalamos lo anterior? El personaje autoritario se caracteriza por ejerce con exceso su autoridad o abusar de la misma. Hemos asistido en los últimos años a ejemplos paradigmáticos de esta modalidad, desde Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las mesas de “escucha”, con el despliegue policial con tintes de “matonismo” bajo estrategias de rompehuelgas (gas lacrimógeno a media noche no hay que decir más), viene marcando la forma y modo de ejercitar una forma política no democrática, en contraposición de una construcción de consenso desde la participación inclusiva.
No es casualidad las reformas promovidas por las diputadas y diputados a través de la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, que consolidó los esquemas más restrictivos de exposición de las libertades civiles y la criminalización de los mecanismos legítimos aún (más no legales) de expresar la disconformidad ante decisiones y acciones que violentan a grupos de personas, que no fueron involucradas y tomadas en cuenta.
Dirán ustedes: es apenas un “grupito”, y de este lado recitamos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos), y les preguntamos ¿Cómo lo entienden ustedes?
Es así que un gobierno que se ate al principio de exclusión en aras de una supuesta legalidad que judicializa lo político, desgastará la sociedad en un conflicto permanente.
Cuando volvamos a pensar en metodologías de diálogo, hagamos algunas preguntas antes de comenzar cualquier formulación; ¿De qué democracia hablamos? ¿Quiénes participan y cómo? ¿Qué responsabilidades tienen los sujetos? ¿Qué tipo de efectos tienen los acuerdos tomados?
Una vez puesto en común los alcances del diálogo en los espacios públicos pertinentes, podremos reconocer la legitimidad de la propuesta, y lo más importante comunicarle a la sociedad, preguntarle si le interesa, invitar a participar, y no colocar exclusiones y plazos, porque según lo más básico de una democracia, son las y los ciudadanos quienes deciden y acuerdan. Tan importante es la formulación previa, su desarrollo, así como el respeto de los acuerdos y su implementación.
Cuando volvemos la mirada a lo vivido en los últimos años, asistimos a una disputa de sentido sobre la democracia, entre los que asumen para sí el privilegio de la “autoridad” y desean ejercer las prerrogativas de tener el “control” de un aparato institucional con “mando de fuerza” a modo de gobierno, y por otro lado la capacidad ciudadana de recrear las democracias en el ejercicio de la libertad de participación desde la corresponsabilidad de las funciones y responsabilidades en la construcción de un país.
Dr. Jorge D. García, Ph.D.
En la sentencia de la Sala Constitucional 19274-2020, de días pasados, se rechazaron las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las reformas al Régimen de Jubilación de Hacienda-Diputados (Ley 148 del 23/9/1943 y sus reformas). En las acciones de inconstitucionalidad mencionadas se impugnó, entre otros, la introducción de la contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados, según lo que establece la ley 9383 del 29-7-2016. De acuerdo al fallo de la Sala Constitucional, los cambios impugnados no son violatorios de derechos establecidos en la Carta Magna.
Importantes conexiones en la legislación
No es el propósito de este escrito referirse al contenido de la sentencia de la Sala Constitucional o a las acciones presentadas, sino a conexiones muy interesantes entre las contribuciones solidarias impuestas al Régimen de Hacienda-Diputados y las existentes de previo en el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional. Explicamos: el artículo 3 de la ley 9383 en mención, que impuso la contribución solidaria a los regímenes de Hacienda- Diputados, establece que dicha contribución especial se impone sobre los excesos del tope definido para las jubilaciones de la siguiente manera: sobre el exceso del tope y hasta un 25% del mismo, 25% de contribución; sobre el siguiente 25% de exceso, 35% de contribución, y así sucesivamente, hasta alcanzar un 75% de contribución.
Pero resulta que esa contribución por sobre el tope de las jubilaciones no es original a la ley 9383. Desde 1991, la ley 7268, (Reforma Integral a la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), modificando la ley original 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 5/9/1958), estableció en su art. 12 una “contribución especial”, con “destino específico para el fortalecimiento del Fondo”, para montos jubilatorios que sobrepasaran el tope máximo definido para esas jubilaciones, contribución que oscilaba entre el 15 y el 45%. Eximía de dicha contribución especial a quienes postergaran su jubilación. Esa contribución especial fue retomada como ”contribución especial, solidaria y redistributiva” en la ley 7531 ( Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional) vigente en 14/1/1997 (1), y plasmada en su art. 71, donde se la define tal y como aparece, 9 años después, en la ley 9383 de 2016.
Se concluye entonces que la contribución solidaria y su aplicación al Magisterio data desde 1991, y se incluye en la ley 9383 copiando la contenida en la ley 7531. Por consiguiente, LOS JUBILADOS DEL MAGISTERIO NACIONAL CUYO MONTO JUBILATORIO SOBREPASA EL TOPE LEGAL, HAN PAGADO CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ¡DURANTE LOS ÚLTIMOS 29 AÑOS! (exceptuando a un grupo de jubilados que efectuaron postergación y quienes estuvieron exonerados de la contribución según dictaba la ley 7268. A ellos se les ha interpuesto juicio de lesividad por parte del Estado para eliminar esa exoneración, lo que deberá resolverse en sede contencioso administrativa; la exoneración, sin embargo, se dejó de reconocer en 2014).
Las interrogantes obligadas
Es forzoso entonces plantear una primera interrogante: ¿por qué el hecho de que los jubilados del Magisterio han pagado contribución solidaria durante décadas no se ha mencionado a la opinión pública? Y cuando al fin se mencionó, en 2019, fue para decir que “Plan exigiría aporte a 3700 pensionados de lujo más” (2) y “Pensionados de lujo pagan poco en aportes solidarios” (3). Resaltamos aquí el hecho de que la prensa usó datos groseramente inexactos acerca del supuesto “poco aporte”. Estadísticas de JUPEMA en nuestro poder revelan que una jubilación elevada, con monto bruto o nominal de 10 millones, usada como ejemplo en la “información” periodística (2) recibía, antes de la entrada en vigencia de la ley 9796, un líquido de 4 304 511 colones (57% de deducción total); sobre el monto bruto se le deducían, solo por concepto de contribución solidaria, 2. 59 millones, no 1.5 millones, como afirmaba uno de los reportajes (2). (El resto de las deducciones incluían impuesto sobre la renta, cuota de seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS, cotización regular al régimen, seguro de vida y comisión administrativa)
Datos erróneos como el señalado sirvieron para impulsar el proyecto 21035, de la diputada Xiomara Rodríguez, que se convirtió, con la aprobación unánime de los diputados, en la ley 9796; ésta ley rediseñó la contribución solidaria, imponiendo y aumentando el gravamen a jubilaciones bajas y medias pero disminuyéndolo, paradójicamente, para las más elevadas; se creó así una aberración matemática cuyas falencias han sido demostradas en otras publicaciones (4,5). Por ejemplo, una vez vigente la ley 9796, la contribución solidaria de la jubilación nominal (bruta) de 10 millones usada como ejemplo en la prensa, pasó de 2.59 millones a 2.39 millones (200 000 colones menos de deducción). Una jubilación de 4 millones nominales o brutos pasó, de no pagar la contribución solidaria, por así disponerlo la ley 7531, a pagar 657 000 colones por ese concepto. Y eso que, según ellos, pretendían afectar las jubilaciones más altas…
No solo se omite mención de los hechos en cuanto cotizaciones solidarias de las jubilaciones magisteriales, sino que desde el año 2014 los ataques mediáticos contra éstos jubilados arreciaron hasta extremos paroxísticos, utilizando la desinformación como arma principal, y a veces inexactitudes flagrantes. Por ejemplo, mención constante de los montos nominales o brutos para las jubilaciones, sin especificar que las deducciones totales aplicadas a las jubilaciones del Régimen de Reparto del Magisterio oscilaban entre 24% y 69% del monto bruto o nominal, hasta que la vigencia de la ley 9796 vino a dar al traste con esa progresividad en las deducciones que había establecido previamente la ley 7531.
Repetición a granel de que el régimen magisterial tiene “pensiones de hasta 12 o 14 millones”, sin la aclaración que por honestidad elemental se debería hacer, de cuántas jubilaciones se trata (70 con 8 millones brutos o más entre un total de más de 44 000) y de cuál es el monto neto (líquido) que reciben. Antes de la entrada en vigencia de la ley 9796, las jubilaciones en el rango de 10 a 12 millones recibían un monto neto de poco más de 4 millones, o sea que del total bruto, 6 a 8 millones iban de vuelta a la caja única del Estado, aún cuando sentencia de la Sala IV lo había declarado inconstitucional, por considerar que debía fortalecer el fondo de pensiones. De nuevo, éste hecho se oculta o disimula, por ignorancia o por mala fe.
Insistencia enfermiza en que los jubilados magisteriales “no cotizaron, o no lo suficiente para los montos que reciben”, sin ninguna evidencia al respecto. Antes bien, sí existe, y tenemos, estimación actuarial en cuanto a que, con ajustes, las cotizaciones harían cubierto el pago de sus jubilaciones (6).
La atmósfera negativa de opinión pública creada por los medios respecto de los jubilados se traduce en rencor e inquina contra quienes han sido académicos honrados que han contribuido con sus esfuerzos y conocimiento a hacer docencia e investigación, preparando los profesionales que sirven hoy a la sociedad. Pero el veneno destilado tiene consecuencias más nefastas. Conduce incluso a ideación homicida. Tenemos documentado un comentario en redes sociales por un individuo que sugiere que la mejor manera de reducir la lista de “pensionados de lujo” (esa lista que se reproduce en estos días por parte del matutino digital) es “ponerles una bala entre los dos ojos”. A ese extremo hemos llegado, sin que a los medios les preocupe tal situación.
Todo lo anterior nos lleva a la segunda interrogante: ¿por qué se oculta, o minimiza, a la opinión pública el hecho, que hemos denunciado desde hace años, de que el Estado costarricense se apropió indebidamente de las cotizaciones magisteriales y las gastó como parte del Presupuesto? En un país con una prensa realmente independiente y objetiva, eso habría sido la noticia del año. Aquí se lo barre bajo la alfombra. Esa apropiación indebida es la razón por la cual las jubilaciones del Magisterio tuvieron que ser asumidas por el mismo Estado, ya que el fondo de pensiones nunca se estableció. Condujo a la partición del Régimen del Magisterio, en Transitorio de Reparto, que comprende a quienes ingresaron a labores antes de julio de 1992, con cargo al Presupuesto Nacional, y Capitalización Colectiva, con adscritos que ingresaron posterior a julio de 1992, administrado por JUPEMA.
Y la última interrogante es tal vez la más fundamental. Considerando la saña con que los medios se vuelcan contra los jubilados de los regímenes especiales, ¿qué es lo que se esconde realmente detrás de esos ataques? No es el simple afán de promover “justicia social”. Algunos indicios recientes permiten formular una hipótesis más inquietante. Existen dos regímenes especiales que poseen un fondo administrado con sana práctica actuarial: el de capitalización colectiva del Magisterio, y el del Poder Judicial. Entre ambos tienen una reserva de más de 5 millones de millones de colones.
Llegando a los “ fondos del asunto”
La portada del matutino nos informa, con fecha 28 de abril del año en curso: “Superintendenta aboga por sistema único de pensión. CREE NECESARIO CONSOLIDAR EL IVM CON LOS FONDOS DEL MAGISTERIO Y LA CORTE” (énfasis agregado). Esta cita, potencialmente explosiva por sus implicaciones, nunca fue desmentida por la Superintendente. Posteriormente, se reveló que miles de millones de la reserva del régimen IVM de la Caja Costarricense de Servicio Social fueron invertidos en títulos valores de una empresa privada. (7, 8)
En conjunto, estos datos permiten proponer como hipótesis que la campaña contra las “pensiones de lujo” persigue imponer recortes a las jubilaciones de los regímenes especiales, para bajarlas a nivel de los montos otorgados por el régimen de IVM-CCSS, “sin importar cuánto ha cotizado el beneficiario” (9), a pesar de que el Magisterio ha cotizado en el tiempo hasta 6 veces más de lo que cotizan los adscritos al IVM. Esos recortes tienen el potencial de socavar la base contributiva de afiliados al Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio y al Régimen del Poder Judicial, propiciando su cierre técnico, y posibilitando así el “apuntalamiento” del IVM con los fondos de reserva magisteriales y judiciales, según la pretensión atribuida a la Superintendente. Una reserva de IVM más sólida haría posible la inversión adicional en valores de la empresa privada.
Esa hipótesis se refuerza toda vez que un diputado ha admitido, en entrevista personal, que él piensa que el Estado podría hacerse cargo del pago de las futuras jubilaciones de los trabajadores activos de esos regímenes si ocurre su cierre técnico, cosa que él propulsa, repitiendo así el error que condujo a la crisis en las jubilaciones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio. Sin embargo, es poco probable que tal idea sea viable, tomando en cuenta que en 1999 el Estado se comprometió al pago de las jubilaciones de éste régimen Transitorio de Reparto (art. 2, ley 7946 de 1999), y a pesar de ello ha propiciado, al paso del tiempo, que el legislativo establezca gravámenes reiterativos que comprometen el nivel de vida de los jubilados, aduciendo todo tipo de faltantes presupuestarios. Eso sí, no profirió queja alguna al tiempo que gastaba las cotizaciones magisteriales, en décadas pasadas, impidiendo así la constitución del fondo de pensiones. Dicho fondo, según el actuario de JUPEMA, podría haber alcanzado los 5 millones de millones al 2012.
En resumen, así como no es oro todo lo que reluce, hay motivos para suponer que detrás de la “guerra contra las pensiones de lujo” se esconden intereses con motivaciones muy distintas a las que se aparentan.
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Referencias.
(1) No se trata de un error tipográfico. El Régimen de Pensiones del Magisterio fue objeto de dos reformas integrales en menos de 5 años, en 1991 y en 1995.
(2) Periódico La Nación, pág. 5, setiembre 5, 2019.
(3) Periódico La Nación, pág. 4, setiembre 2, 2019.
(4) Hernán Alvarado. El autogol político 9796. ElPaís.cr, 9 julio 2020
5) Francisco Esquivel. El absurdo matemático de la ley 9796. Delfino.cr Mayo 29,2020
(6) Lic. Luis Guillermo Fernández. Ex asesor actuarial de JUPEMA por más de 20 años. Comunicación personal
(7) Caja invierte parte de los fondos de pensión en títulos valores de banca privada y en La Nación. Semanario Universidad. com, Setiembre 2, 2020.
(8) Comisión legislativa investigará inversiones de a Caja en títulos valores de La Nación. Semanario Universidad.com, Setiembre 9, 2020
(9) Periódico La Nación, Editorial, 5 de enero 2019
Manuel Hernández
Solo les pido un minuto de atención y reflexión.
Hoy, se celebra el día del trabajador y trabajadora de la Caja.
El 60% de las personas que trabajan en esta institución son mujeres.
Hoy, la celebración de este día, es muy diferente y no puede pasar inadvertida.
Ya tienen más de 7 meses de estar anónimamente en el primer frente de defensa de la salud y vida de la población.
Más de 7 meses de estarse jugando la piel, día a día, minuto a minuto.
Mas de 7 meses de resistencia, laborando en extenuantes jornadas.
Muchas veces sin equipos de protección personal adecuados, cuya integridad ha sido comprometida por conductas indiligentes, irresponsables de los jerarcas institucionales que hasta los codos se embarran alcohol en las triviales conferencias de prensa que ya nadie ve.
A pesar de la hostilidad patronal, ahi las tenemos siempre dispuestas, combatiendo el virus, esperanzadas en que esta prolongada pesadilla, por fin, termine.
Miles de trabajadores y trabajadoras contagiadas, algunas que dolorosamente ya no podrán compartir este día.
Nuestra profunda admiración y caluroso respeto.
Son el escudo de la democracia social.
Nuestro país ha venido dando importantes pasos en el camino de la igualdad y hacia la inclusión sociopolítica de las mujeres. Hemos ratificado una serie de instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico y han trazado la ruta, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que compromete al Estado a garantizar la participación de las mujeres en la formulación de las políticas gubernamentales en igualdad de condiciones que los hombres.
La Sala Constitucional bien ha explicado que conforme al Principio de Paridad de Género, “la conformación de las organizaciones políticas y sociales, deberán estar integradas por 50% hombres y 50% mujeres. Ello como una medida afirmativa que pretende recuperar espacios perdidos durante años en la participación e incursión de las mujeres en distintas instancias sociales, particularmente de la vida pública. Todo lo cual se traduce en el derecho de hombres y mujeres a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los derechos políticos y civiles” (Sentencia 4622-16).
El contexto actual de crisis afecta de manera diferenciada y desproporcionadamente a las mujeres, por ello, quienes firmamos esta “Carta Abierta” clamamos por una democracia participativa y exigimos que la representación de cada grupo que integre la Mesa de Diálogo Nacional cuente con una integración de 50% de hombres y 50% de mujeres, convencidas no solo del derecho a participar en igualdad, sino seguras de que el aporte de la visión de las mujeres en el proceso de análisis de propuestas será determinante para el éxito de cualquier diálogo.
La construcción con perspectiva de género facilita las habilidades de escucha y de negociación. Las capacidades de diálogo, empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres, facilitará a las partes llegar a acuerdos, permitirá transversalizar la perspectiva de género, facilitará espacios de negociación sin desigualdades de poder, y favorecerá soluciones que no excluyan o perjudiquen grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos.
La Costa Rica que se asoma ya al Bicentenario, debe seguir avanzando en paridad e inclusión; en respeto a los derechos humanos. Por eso, instamos respetuosamente al señor Presidente de la República, al señor Presidente de la Asamblea Legislativa y a las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan, a cumplir con el marco jurídico y:
Suscribimos,
Sonia Picado Sotela, Ex Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Alda Facio, Relatora de ONU
Ana Isabel Garita V., Ex Ministra de Justicia
María Eugenia Bozzoli Vargas, Antropóloga. Premio Magón de Cultura
Ana Catalina Chaves Arias , Presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Higinia González Maroto, Fundadora de Arte Chúbu, Comunidad Boruca
Milena Grillo Rivera, Especialista en Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Karla Prendas Matarrita, Activista social, ExDiputada
Maria Elena Carballo, Académica, Ex Ministra de Cultura y Juventud
Mimi Prado Castro, Ex Viceministra de Cultura
Vicky Montero, Actriz Emérita
Gabriela Mora Fallas, Directora de orquesta
Nancy Marín Espinoza, Ex Ministra de Comunicación
Marta Solano Arias, Presidenta Partido Acción Ciudadana
Damaris Solano Murillo, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad-Costa
Rica
Adriana Orocú Chavarria, Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) y
profesora universitaria UCR
Aida González Brenes, Asociación inclusiva laboral de personal con discapacidad
Ailyn Morera Ugalde, Artista escénica. Docente Universidad Nacional
Alejandra Bonilla Leiva, Movimiento de mujeres del campo
Alejandra Manavella , Abogada Defensora de derechos humanos.
Alexandra Latishev Salazar, La Linterna Films
Amandine Bourg Garita, Bióloga
Ana Elena Obando Mendoza, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por
los Derechos Humanos
Ana Leonor Ramírez Montes, Mujeres por Costa Rica
Ana Mayela Coto Gonzalez, Presidenta mujeres de la Provincia de San José- PLN
Ana Yancy Espinoza Quirós, Fundación Arias para La Paz y El Progreso Humano
Anabelle Sancho Castillo, Docente MEP
Andrea Gomez Arce, Activista Derechos de Personas con Discapacidad
Arabella Salaverry Pardo, Escritora y Actriz
Ariana Quesada García, Representante Estudiantil Suplente ante el Consejo
Universitario de la UCR
Carmen Edith Ulate Rodríguez, Académica, Universidad Nacional
Catalina Peña Castro, Docente
Cristel Rivera Víquez, Estudiante Trabajo Social
Cristina Carpio Alvarado, Colectiva Alto al Acoso
Cristina Naranjo Morales, China Kicha
Cristina Rojas Rodríguez, Directora CENTRO ETHOS
Dahiana de los Angeles Brenes Lopez, Movimiento Estudiantil Madres UNA
Daisy Orozco Rodríguez, Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica
Daniela Jiménez Montero, Economista
Daniela Ríos Alfaro Secretaria de la Mujer, ANDE
Dulce Umanzor Alvarado, Asociación de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo
(AMUCOODE)
Elizabeth Fonseca Corrales, Ex Diputada, Mujeres por Costa Rica
Elvira Yglesias Mora, Psicóloga
Emma A. Chacón Alvarado, Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
Enid Ulate Solís, Centro Nacional de la Música, Flautista
Gabriela Arguedas Ramírez, Profesora, Universidad de Costa Rica
Gabriela Esquivel González, Docente de Educación Especial
Gabriela Santos Alvarez, Suplente de la Secretaría de Sedes Regionales de la FEUCR
Gema Arrieta Domingo, Gestora Cultural
Giselle Maria Mejía Blanco, Asociación Guanacasteca de Discapacidad Autonomía y
Comunidad Inclusiva
Gloriana Villegas Valenciano, Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud)
Grace Catalina Damazio Acosta, Fundación de Espina Bífida
Gwendolyne Rojas Salas, Trabajadora Social
Haydee Hernandez Perez, Jefa de la Unidad de Género en la Asamblea Legislativa
Idalie Castro Rivera, Centro de vida independiente Morpho
Ilka Treminio Sánchez, FLACSO Costa Rica
Irene Aguilar Viquez, Abogada Defensora de derechos humanos.
Isabel Picado Sotela, Pensionada
Ivannia Rivera Porras, Foro de mujeres políticas por Costa Rica
Jeannette Pérez Araya, Intérprete Médico Legal
Jimena Fonseca, Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Julia Herrera, Amucoode
Karina Vargas Lepe, Médica Psiquiatra
Karla Gonzalez Bolaños, Abogada
Larissa Arroyo Navarrete, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Arias Pacheco, Economista
Laura Valenciano Arrieta, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Valverde Cuevillas, Bióloga y conservacionista
Laura Zuñiga Madrigal, CONAPDIS
Lina Barrantes Castegnaro, Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz
Lorena Chavarria Martínez, Asesora Sindical de ANEP
Lucía Bonilla González, Colectiva Alto al Acoso
Luciana Batalla Bunn, Asociación Voluntarios Costa Rica Indígena
Marcela Jager Contreras, Académica, Universidad Nacional
Marcia Aguiluz Soto , Abogada defensora de los derechos humanos
Margarita Bolaños Arquín, Mujeres por Costa Rica
María Alejandra Solórzano Castillo, Escritora, Académica de la Universidad Nacional
María del Rosario Calderón Fournier, Docente
María Fernanda Valverde Díaz, Fundación Justicia y Género
Maria Laura Sanchez Rojas, Unidad de Capacitación y Formación Política, ANEP
Mariela Zamora Rey, Secretaria de Sedes y Recintos Regionales de la FEUCR
Marielos Rojas Espinoza, Docente de UNED
Marta Iris Muñoz, Abogada
Melissa Núñez Badilla, Docente de la UTN
Mildred Campos Sandoval , CECATS
Mónica Soto Herrera, Abogada
Monserrat Ruíz Guevara, Directora Ejecutiva de CANAESS
Nerina Carmona Castro, Actriz, Gestión y producción cultural.
Nuria Calvo Fajardo, Pensionada
Pamela Campos Chavarría, Antropóloga y Gestora Cultural
Patricia Howell, Cineasta
Patricia Margarita Jiménez Castillo, Artesana
Patricia Vanolli Alvarado, Abogada Derecho Público
Priscilla Solano Castillo, Partido Cantonal de Carrillo
Raquel Castro, Movimiento de Mujeres – PLN
Rita Benavides Sánchez, Traductora y Gerente de Proyectos
Rosario Rosales Arce, Rosarce Consultoría Empresarial
Rose Mary Sanchez Pérez, Territorio indigena Quitirrisi
Rosemary Castro Rivera, Centro de Vida Independiente Morpho
Roxana Arroyo Vargas, Docente, Universidad Estatal a Distancia
Sandra Monge Vásquez, Fundación Justicia y Género
Sara Cognuck González, Activista climática
Shirley Campos Villalobos, Fundación Justicia y Género
Silvia Rojas Herrera, Académica del Idespo, Universidad Nacional
Sofía de la Cruz Vargas, Secretaria General, Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Sonia Navarro Solano, Abogada
Soraya Long, Defensora de derechos humanos
Tatiana Chaves Araya, Grupo de teatro los de a pie
Thais Aguilar Zúñiga, Periodista
Valeria Rodríguez Quesada, Representante Estudiantil en el Consejo Universitario de la
Universidad de Costa Rica
Vicky Ramos Quesada, Artista Plástica
Victoria Esther Camac Ramírez, Asociación Ixacavaa de Desarrollo e Información
Indígena
Victoria Gamboa Ross, Periodista y Politóloga
Wendy Barrantes Jiménez, Centro de Vida Independiente Morpho
Xinia Vargas, Bailarina Compañía Nacional de Danza y Académica del Instituto
Tecnológico de Costa Rica
Yalena de la Cruz, Odontóloga, especialista en salud pública.
Yenny Seguram, Indígena Cabécar
Imagen ilustrativa: https://la.network/
Más de 100 mujeres y 20 organizaciones feministas y el apoyo de organizaciones de otros sectores que se siguen sumando hacen un llamado a revisar las lecciones pendientes para realizar un diálogo en la coyuntura actual.
Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!
Imagen ilustrativa.
Aunque la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha impuesto severas limitaciones de movilidad urbana y realización de actividades presenciales, la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR) continúa llegando a comunidades lejanas con opciones artísticas y recreativas.
Para llegar a las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad la Etapa Básica de Artes Plásticas (EBAP) de la sede adaptó su propuesta para lograr que la mayor cantidad de personas adultas mayores sigan activas en todos los sentidos.
“Lo primero fue analizar la situación de las agrupaciones e instituciones previstas para participar este 2020, con el fin de priorizar las poblaciones que estuvieran en situación de vulnerabilidad -económica, social, emocional- alta para orientar acciones como la entrega de material didáctico e insumos para actividades de expresión plástica. Posteriormente, se tomó en consideración los recursos tecnológicos disponibles en la población participante para convertir las actividades EBAP a un formato digital adecuado. Asimismo, se han establecido sinergias con otros proyectos de Acción Social como Cursos Libres, el Museo Regional de San Ramón, el Programa Integral de la Persona Adulta Mayor, entre otros”, explicó la Lic. Milagro Arias Rodríguez, coordinadora de la EBAP.
Hasta el momento, explicó Arias, se ha logrado llevar las actividades a personas de cinco cantones vinculadas a hogares diurnos, grupos comunitarios y asociaciones de personas adultas mayores en Naranjo, Sarchí, San Ramón, Grecia y Palmares. “Gracias a la divulgación de las actividades EBAP por las plataformas y redes sociales institucionales, se contabiliza un alcance de unas 550 visualizaciones de las propuestas realizadas”, detalló.
Las personas participantes van desde los 55 años de edad, las más jóvenes, hasta otras que ya suman los 98 años de vida. Todas ellas, se han sumado a plasmar en dibujos, pinturas y movimiento creativo sus talentos, que luego son compartidos mediante las plataformas virtuales o servicios de mensajería como Whatsapp, cuyas redes se han convertido en aliados en el trabajo de la EBAP.
Desafíos superados
La profesora Arias añadió que la EBAP se ha abocado a trabajar con la población adulta mayor que se encuentra de forma permanente en alguna institución, o bien, los que están en sus casas y son parte de grupos diurnos, a los que se comparten videos tutoriales o instructivos con las tareas sugeridas.
“Con los primeros, la ejecución de las actividades depende de la mediación que haga la persona de enfermería, terapia ocupacional o física; lo cual ha sido muy favorable porque son profesionales capacitados, se mantienen en contacto con diversos programas estatales y privados dedicados a esta población. Asimismo, tienen dominio y conocimientos para utilizar los dispositivos que se requieran, como el proyector de videos, tabletas, celulares, pantallas, entre otros”, manifestó Arias.
Uno de los principales obstáculos ha sido que algunas personas poseen poca alfabetización tecnológica, la mayoría utiliza el teléfono celular sobre todo para enviar y recibir audios y carecen de una cuenta de correo electrónico, lo que imposibilita el acceso a aplicaciones como Zoom, redes sociales o UCR Global.
Adicionalmente, otras personas por situación económica o ubicación geográfica no poseen teléfonos celulares y otras no saben leer ni escribir. “En el caso del grupo de La Paz, a unos 35 minutos del centro urbano de San Ramón, a una participante que vive en una zona de difícil acceso y no tiene celular, se optó por narrarle por teléfono algunas actividades adaptando el contenido según la temática”, ilustró.
María Eugenia Arredondo Bejarano, coordinadora del grupo comunitario de La Paz, en San Ramón, relató que sus integrantes son muy unidos y “desean es que todo esto pase para reunirnos, aunque el vivir en el campo es diferente a la ciudad porque tienen más espacios abiertos y se sienten menos confinados, con más libertad de salir. Algunos no tienen Internet, no manejan Whatsapp, y en sus casas los familiares les ayudan, aunque algunos viven solos”.
En medio de estas carencias la solidaridad apareció entre amigos y vecinos. “Cuando inició la pandemia yo apoyaba a don Gonzalo, de 85 años, le ayudaba a enviar sus trabajos, lamentablemente él y su esposa se contagiaron con el COVID-19 y gracias a Dios se recuperaron”, recordó Alicia Segura Umaña, vecina de Sarchí e integrante del grupo diurno de ese cantón.
A sus 74 años, Segura sigue siendo una apasionada del dibujo y la pintura, de experimentar con el arte. “No se imagina cuánto me ha ayudado, porque pasamos ocupados, nuestra mente pasa trabajando y nos alejamos de las preocupaciones”, expuso. En su carpeta acumula manualidades, dibujos y otros que surgen de momentos de observación de la naturaleza. Todos son compartidos mediante el teléfono celular y mantienen una comunicación constante entre todas las personas de la agrupación.
De acuerdo con la profesora Arias, “al posibilitar espacios para la expresión plástica se genera un efecto catalizador y sensibilizador que invita a la reflexión, así como el disfrute de la vivencia cultural. Por cada dibujo o pintura resultante de la participación en las actividades hemos recibido audios que complementan esas imágenes que nos hacen llegar los participantes, es decir, surge la imagen y también la palabra. Se hace evidente, ahora más que nunca, la necesidad de expresar verbalmente lo que sentimos y pensamos. Para la población adulta mayor ha sido muy positivo pues ejecutan las actividades a su ritmo, tomando decisiones según sus criterios y posibilidades”.
Para la Etapa Básica de Artes Plásticas el año 2020 fue uno lleno de retos y para el siguiente se abren nuevas posibilidades de trabajo con comunidades alejadas geográficamente o personas a quienes se les dificulte la movilidad.
“Hemos visto la virtualidad como un espacio muy prometedor porque ha posibilitado conectar con comunidades como Toro Amarillo, en el cantón de Sarchí; que desde un formato presencial, hubiera sido complejo acceder. La interactividad que se genera con las redes sociales también ha sido una experiencia muy positiva”, manifestó la profesora Arias.
Tomando en cuenta lo realizado este año, para el 2021 se podría mantener un porcentaje de actividades en formato virtual, dependiendo de las directrices de la administración universitaria. “Ahora que las limitaciones geográficas se desdibujan dando lugar a espacios virtuales, vemos con optimismo los esfuerzos que se están haciendo desde las distintas instancias de la institución. Este proyecto ha evolucionado y se ha ajustado a las circunstancias y el contexto. La experiencia en este 2020 suma nuevos aprendizajes que han resaltado, una vez más, lo fundamental de mantener, fomentar y robustecer la labor articulada entre proyectos de Acción Social”, concluyó.
Etapa Básica de Artes Plásticas, Sede de Occidente
Desde hace 35 años la Etapa Básica de Artes Plásticas de la Sede de Occidente se orienta a diversas poblaciones para desarrollar aptitudes creativas mediante actividades artísticas y vinculantes con la cultura, bajo la dirección de profesionales en diferentes especialidades de las Artes Plásticas.
Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social
Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante las mociones presentadas en la comisión de hacendarios de la Asamblea Legislativa, para recortes presupuestarios a la educación pública, al FEES y al presupuesto ordinario y extraordinario de la República 2020-2021:
El país atraviesa una de las crisis socioeconómicas y políticas más fuertes de su historia, la cual se acrecentó a raíz de la emergencia sanitaria, en los últimos ocho meses, trayendo serias consecuencias para la población nacional, como un aumento en las tasas de desempleo y pobreza, así como un impacto significativo de los ingresos del Estado.
Esta situación afecta las condiciones socioeconómicas de una parte significativa de nuestra población estudiantil, pues un porcentaje muy relevante de ella proviene de bajos recursos o regiones en condición de vulnerabilidad.
La Universidad Nacional coadyuva a la atención de la pandemia y la crisis fiscal del Estado, atendiendo los principios estatutarios, la solidaridad, sensibilidad y la responsabilidad social.
En este sentido, la Universidad Nacional ha realizado las siguientes acciones:
Sobre la atención de la pandemia:
1) Área epidemiológica y de atención a la pandemia.
2) Eje económico y productivo.
3) Eje social, psicológico y educativo.
4) Eje de estudio de los efectos de las medidas para impedir la transmisión de la covid-19.
Sobre el tema fiscal:
Atención de recortes y postergaciones de presupuesto que se han realizado en los últimos años. Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ¢8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ¢5.000 millones. Ambas cifras suman ¢13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.
Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA.
El Consejo Universitario rechaza las propuestas que procuren una nueva reducción del presupuesto a la educación pública en su conjunto, siendo un sector estratégico para el desarrollo del país y la atención de la covid-19, específicamente las mociones presentadas en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para reducir el monto acordado en la Comisión de Enlace para el Fondo Especial de la Educación Superior; en consecuencia se pondría en riesgo las áreas más sensibles de nuestra universidad, para garantizar la atención de las necesidades académicas y estudiantiles.
Recordar a las diputaciones de la Asamblea Legislativa que el sistema de educación superior de Costa Rica ha sido un baluarte en el desarrollo integral y la movilidad social de poblaciones que no ha tenido las oportunidades de mejorar la condición de vida mediante la educación; en consecuencia, una reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo nacional.
Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO
Más información con la Oficina de Comunicación al 8720-4908.
Compartimos la siguiente petición hecha por el sector de cultura.
Estimadas Señoras Diputadas y Diputados,
Estimado Señor Presidente de la República,
Como Sector Cultura reconocemos la situación país, y sabemos lo importante que es en este momento su trabajo para tratar de impedir el agravamiento de la crisis social y económica. Entendemos también que es necesario tomar decisiones difíciles y que muchas veces esas decisiones pasarán por asumir recortes presupuestarios importantes en diferentes áreas y sectores.
Sin embargo, en la discusión que están teniendo las y los diputados de la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174, la diputada Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional presentaron el día 15 de octubre la moción #129 la cual propone un recorte de ¢6.400.756.551,00 millones al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Igualmente se presentó la moción #72 por parte de la diputada María Inés Solís y varios diputados del Partido Unidad Social Cristiana que pretende recortar ¢4.126.307.837 millones, lo cual llevarían al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud a equipararse en el 2021 con el monto visto en el año 2013 en la administración de Laura Chinchilla.
Este recorte que en sumatoria podría representar aproximadamente el 15% del presupuesto, deja al Ministerio de Cultura y Juventud inhabilitado para ejecutar gran parte de sus programas, incluso desapareciendo del todo compromisos adquiridos por ley en algunas de sus partidas. Para algunas de las instituciones culturales del país, el recorte significa prácticamente un cierre técnico.
Estos recortes impactan negativamente los programas de extensión cultural de una industria que representa el 2.2% del PIB (2015) del país, así como la fuente de empleo de miles de profesionales y técnicos cada año.
El Partido Liberación Nacional, el mismo cuyo principal líder alguna vez pronunció la famosa frase: ¿para qué tractores sin violines?, está promoviendo los recortes más significativos que sepultan la capacidad de recuperación del sector ya impactado fuertemente por la pandemia.
Es por ello que solicitamos a las y los diputados que se proteja el presupuesto de cultura, que los recortes que se propongan sean en conjunto con los rectores del Ministerio y representantes del sector para garantizar que no afecte la operatividad del Ministerio, ni la ejecución de sus principales programas que impactan directamente a las personas trabajadoras del arte y la cultura y la población en general.
Exhortamos así mismo al Señor Presidente de la República, que se nos incluya en el diálogo multisectorial nacional. La cultura debe ser una aliada en la reconstrucción económica del país. Según datos de la Cuenta Satélite de Cultura, solamente la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano.
Este tipo de recortes, así como que se nos excluya de la convocatoria a un diálogo nacional, demuestran desconocimiento del crecimiento que ha tenido la Economía Cultural a nivel mundial y un paso atrás como país frente a lo que está siendo una fuerte apuesta de desarrollo en otros países Latinoamericanos, respaldados inclusive en estudios del Banco Internacional de Desarrollo (BID).
Un país sin cultura, es un país sin identidad.
Organizaciones, agrupaciones, empresas, personas trabajadoras del Sector Artístico, Cultural y Creativo de Costa Rica, sociedad civil, abajo firmantes.
Para firmar la petición ingrese aquí