FRENASS le invita este próximo martes 17 de noviembre a las 4 p.m. a Live: La benemérita Caja del Seguro Social «El funcionamiento y entramado institucional» con el Lic. Mario Cascante.
1. Un Grupo muy importante de Personas con discapacidad de la sociedad civil costarricense, estamos solicitando de manera inmediata a las Señoras y Señores Diputados que respeten nuestra decisión de SACAR DE CORRIENTE LEGISLATIVA EL EXPEDIENTE NÚMERO 21443, hasta que mejore la situación de emergencia sanitaria por el COVID 19 y la crisis fiscal. Y que podamos contar con los recursos y herramientas indispensables para que las personas con discapacidad, podamos participar en una debida consulta la misma consagrada como OBLIGACION DEL ESTADO, artículo 4.3 de la Ley 8661 y artículo 13 de la Ley 7600.
LA CONSULTA PREVIA ES REQUISITO ESENCIAL PARA LA VALIDEZ DE TODA LEY.
2.La Ley 7600 vigente es emblemática, ha sido el marco para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Costa Rica. Por su importancia no es posible reformar de manera antojadiza, sin ser escuchada la voz de las personas con discapacidad.
NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS
Atentamente,
MIEMBROS COMISIÓN DE ANÁLISIS DE LA REFORMA DE LA LEY 7600 PROYECTO 21443
Compartimos los siguientes documentos enviados a las y los diputados y al presidente de la República por parte de un grupo de representantes de personas con discapacidad, para solicitar la desconvocatoria del actual periodo de secciones extraordinarias de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley Reforma Integral a la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, Ley N°7600, expediente N°21.443. Esto con el objetivo de crear un espacio prudente que les permita a estas personas incorporar sugerencias y observaciones al texto sustitutivo ya dictaminado que recojan las aspiraciones y necesidades reales de las personas con discapacidad en nuestro país.
El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias Alexander Solís Delgado se reunió la tarde de este jueves 12 de noviembre en Rey Curré con las familias afectadas por los efectos indirectos del huracán Eta.
El objetivo de la visita fue conocer de primera mano los efectos ocasionados por este fenómeno natural y el estado actual de la comunidad.
El máximo jerarca de la CNE compartió la mesa de atención con representantes de la Asociación de Desarrollo Indígena local y juntos hicieron un recuento del impacto ocasionado por Eta y sus respectivas valoraciones, los cuales afectó especialmente sus actividades socioproductivas.
La mesa principal estuvo decorada de elementos propios de la cultura indígena local que buscaba proyectar aires de optimismo en esta nueva fase de recuperación.
Tanto el presidente de la CNE como la ADI de Rey Curré se mostraron muy optimistas y agradecieron a los afectados su asistencia a esta convocatoria.
La Internacional de Servicios Públicos, PSI, invita a la conferencia virtual «Justicia fiscal y género» con la profesora Gabriela Valle de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este viernes 13 de noviembre a las 3:00pm hora de Costa Rica.
“Se dice que hoy jueves 12 a las 5 pm se hará una reunión en el Bar Restaurante Hilda con grupos organizados de la zona.
Las y los recuperadores de la finca Crun Shurín expresamos que esto lo sentimos como una provocación de una usurpadora de nuestras tierras, quien ha profanado sitios sagrados y que tiene tanto la cantina como el restaurante ilegal dentro de nuestro Territorio Brörán.
Lo que hacen con esto es incitar a la violencia ya que ella sabe que se encuentra realizando actividades ilegales dentro de nuestro territorio por lo que solicitamos:
Que el Estado costarricense no demore más la devolución de nuestras tierras, pero mientras estas no sean devueltas, que no se permita este tipo de reuniones dentro de nuestro Territorio, que atenta contra el orden público y solo promueve más la violencia que sufrimos.
En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase.
Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia.
Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo.
Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes anti laborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con la vieja estructura del Estado Social de Derecho.
En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera particular.
Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios fiscales a las grandes rentas y capitales. El simple anuncio que vivió el país, de un nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.
Le invitamos a descargar el documento completo del análisis de ACODEHU y SINDEU recibido en SURCOS.
Este jueves 12 de noviembre a las 6 p.m. el Programa Kioskos Socio-ambientales de la UCR y el Bloque Verde le invitan al foro: ¿La minería resolverá la crisis?
El foro contará con especialistas que analizarán el contexto y las propuestas de ley que derogan la moratoria minera en Costa Rica. Proyectos de ley: 21395, 21584 y 22007.
Participantes:
Paola Vega R. Politóloga. Diputada República de Costa Rica.
Jorge Lobo S. Biólogo. Universidad de Costa Rica.
Tania Rodríguez E. Politóloga. Universidad de Costa Rica
Allan Astorga G. Geólogo. Consultor independiente.
Transmisión en vivo por Facebook Live de Programa Kioskos Socio-ambientales UCR y el Bloque Verde.
LA RED NACIONAL DE AUTOSOSTENIMIENTO hace un llamado a los pequeños y medianos productores de las diferentes regiones del país a unirse a este proyecto ciudadano para que «Construyamos Unidos una Costa Rica productiva y próspera».
Fomentamos la producción y el consumo de todas las áreas de la producción para reconstruir la economía nacional desde la perspectiva ciudadana y acorde a las necesidades de toda población.
La Iniciativa Universitaria por Nicaragua invita al panel “Centroamérica después de las elecciones en EEUU”. La actividad será este próximo lunes 16 de noviembre a la 5 p.m. hora Costa Rica.
Participan: Cristina Eguizábal y Juan Manuel Muñoz
El Consejo Universitario hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a levantar la voz en defensa de los pueblos indígenas. (Fotos: www.surcosdigital.com)
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) repudia la orden de desalojo que emitió recientemente el Tribunal Agrario de San José contra varias familias indígenas cabécares de China Kichá de una finca dentro de su propio territorio, en la zona sur del país.
Las tierras estaban ocupadas por personas ajenas a la comunidad y fueron recuperadas hace más de un año por esas familias.
El Órgano Colegiado le reiteró al Gobierno de la República su deber de garantizar la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, de respetar la legislación nacional e internacional sobre la materia y asegurar que no exista impunidad ante los atropellos y la violencia a la cual se encuentran sometidas estas poblaciones.
Además, le exigió al Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública tomar las medidas necesarias para que la Fuerza Pública no se exceda en sus competencias y se asegure que no existan actos discriminatorios y persecutorios contra las personas indígenas.
El acuerdo del Consejo Universitario contiene también una solicitud al Ministerio Público para que continúe la investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, al considerar que la desestimación y archivo de este caso genera un ambiente de impunidad en las comunidades indígenas.
Para el Órgano Colegiado, “tanto la desestimación y archivo del caso de Sergio Rojas, como la orden de desalojo contra la población indígena China Kichá representan el racismo, la discriminación, la violencia física y simbólica, el asedio y la intimidación que viven los pueblos indígenas en sus territorios”.
Miembros del Consejo expresaron que, por más de 40 años, el Estado costarricense ha sido negligente en su obligación legal de garantizar la territorialidad indígena, de acuerdo con la Ley N.° 6172, de noviembre de 1977, tras el incumplimiento de las promesas de solución que han realizado las últimas administraciones y la inexistencia de una política pública eficiente en la materia.
En reiteradas ocasiones, el Consejo Universitario se ha pronunciado sobre la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como a los homicidios de líderes indígenas y al papel que debe asumir el Estado costarricense, de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.
Este último acuerdo fue aprobado en la sesión N.º 6439, con base en una propuesta presentada por los miembros Valeria Rodríguez Quesada, Madeline Howard Mora, Teresita Cordero Cordero y Carlos Méndez Soto, la cual toma en consideración la solicitud que al respecto presentaron las escuelas de Antropología y Sociología.
Información del Consejo Universitario UCR.
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