Después de que el pasado 18 de agosto se realizara una reunión con el el gerente de Pensiones de la CCSS para que explique las propuestas que ha llevado a ese órgano director. Después de esa sesión, cada organización enviaría sus dudas y una vez respondidas se elaborarían propuestas para ser analizadas en otra sesión y llegar a un consenso entre las organizaciones del movimiento social.
Compartimos el informe final para el fortalecimiento de IVM.
El 53 % de las personas consultadas reconoció alguna afectación en su núcleo familiar por la pérdida de empleo como resultado de la pandemia
La encuesta retrató pesimismo, el 82 % de las personas consultadas catalogó la situación económica como mala o muy mala. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Según la consulta, aplicada de manera telefónica entre el 3 y el 11 de agosto, 27,45 % de las 877 personas consultadas en todo el territorio nacional señaló la falta de trabajo como el principal problema del país en el actual contexto.
Aunque la encuesta realizada por el CIEP en abril anterior indicó que el coronavirus era la mayor inquietud de la población en ese momento, tras cinco meses de pandemia la situación laboral y económica retoman un papel prioritario para las personas.
El coronavirus se colocó como el segundo problema más relevante al ser señalado por el 24,84 % de los encuestados, seguido por el costo de la vida que fue destacado por el 19,21 % de la muestra consultada. Desde el 2013, el desempleo y la situación económica han sido preocupaciones constantes en las mediciones que realiza el CIEP cada mes de agosto.
Poco más de la mitad de las personas consultadas, 53 % específicamente, confirmó que su núcleo familiar experimenta alguna afectación por la pérdida de empleo como resultado de la crisis por COVID-19. De esta cifra, el 15 % reconoció que enfrenta esta circunstancia y, además, la comparte con alguien más de su hogar.
El 32 % de los entrevistados afirmó que su familia experimenta algún tipo de consecuencia económica como resultado de una reducción de jornada laboral. En el 17 % de esos casos se indicó que, además de la persona consultada, la situación ocurría también con otro miembro de su grupo familiar.
El investigador del CIEP, Ronald Alfaro, reconoció que el impacto del panorama económico en la vida de las familias como resultado del desempleo es palpable y generalizado en la diversidad de grupos sociales del país.
“El impacto actual a raíz del desempleo es grande y profundo, deja a la población en una condición personal y familiar de fragilidad y eso la vuelve sin lugar a dudas en la mayor preocupación de la gente, junto al tema sanitario”, afirmó el politólogo.
La encuesta también retrató pesimismo respecto al estado del país. Cerca del 60 % de los entrevistados considera que el rumbo es malo y menos del 20 % piensa que el panorama es positivo, mientras que el 82 % cataloga la situación económica como mala o muy mala.
Población apoya medidas sanitarias y rechaza acciones económicas
La opinión positiva de la población respecto a las decisiones del Gobierno frente a la pandemia se ubica en el 46 % frente a un 27 % de percepciones negativas. Pese a que el apoyo es mayoritario, evidencia una significativa baja respecto al 75 % de respaldo que recibió en abril anterior.
El mismo efecto se evidenció al analizar la valoración de las medidas económicas, donde el apoyo pasó de 71 % a 27 %, frente a un 44 % de opiniones desfavorables respecto a las acciones gubernamentales abordadas en esta materia.
Pese a lo anterior, en esta consulta se retrata un significativo apoyo ciudadano a las medidas sanitarias implementadas en el país por parte del 69 % de la muestra, mientras que solo el 13 % manifestó disconformidad respecto a su implementación.
Las medidas que reciben mayor aprobación son el uso de mascarilla, la restricción vehicular y la prohibición de fiestas o reuniones con familiares o amigos. Mientras que se perciben opiniones dividas respecto al cierre de bares o restaurantes y la apertura de iglesias o centros de culto.
Destaca, además, la anuencia del 85 % de la población respecto a seguir las órdenes dadas por el Gobierno, cifra que aumenta al 95 % cuando se trata de respetar las medidas sanitarias. En contraposición, un 4 % preferiría actuar como desea y solo un 1 % considera que las recomendaciones son innecesarias.
Según Alfaro, la encuesta evidencia a una población costarricense bastante disciplinada que, a diferencia del comportamiento percibido en otras naciones del mundo, adopta y respalda las medidas oficializadas por el país para proteger la salud de la sociedad en general.
“Este comportamiento genera un escenario favorable para hacerle frente a la crisis. El contexto es complejo y en ocasiones involucra restricciones a la libertad de las personas, pero la gente sigue reconociendo que esas medidas aminoran el efecto de la situación que estamos viviendo”, concluyó el académico.
Esta es la primera encuesta que el CIEP realiza de manera completamente remota, como parte de los procesos de adaptación que desarrolla la Universidad para continuar con sus funciones de manera virtual en el marco del distanciamiento social impuesto por el COVID-19.
La medición tiene un nivel de confianza del 95 %, las entrevistas se realizaron a partir de un muestreo aleatorio basado en el Plan Nacional de Numeración-Sutel, por lo cual todos los resultados deben referirse estrictamente a la población con acceso a teléfono celular.
09/2017, Bandera de Costa Rica en las afueras de la antigua Facultad de Ciencias Sociales,
La democracia sobrevive a las dificultades actuales
El apoyo de la ciudadanía a la democracia, determinado por esta medición, se coloca en 65 puntos, es decir, se mantiene alto, aunque reporta una baja respecto a la cifra sin precedentes que obtuvo en abril anterior cuando se colocó en 76 puntos.
El CIEP advierte que las situaciones de crisis son momentos propicios para que las dificultades generen lesiones que podrían desestabilizar el sistema político. Esto vuelve relevante que se le haga saber a la población la importancia de encontrar las formas apropiadas para lidiar con las dificultades.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Este miércoles 19 de agosto, la Organización Internacional Pro-Derechos Humanos, invita al webinar “¿Discriminación, violencia y xenofobia en la crisis sanitaria?
Estará a cargo de Marco Castillo Rojas y el moderador será Linford Patterson.
Autores: Maya Pinzón, Hoibyn Cardona y Diego Andrés Martínez Z.
Nuestro ejercicio pedagógico popular, en los últimos años, ha construido conocimiento e incentivado prácticas entorno a los derechos de los pueblos y las comunidades a participar y decidir sobre el uso de los bienes comunes, construyendo colectivamente controles democráticos para su manejo. Bajo este horizonte, el presente documento entrega renovadas reflexiones e instrumentos para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en los territorios. La siguiente propuesta no habría tenido espacio para su maduración sin el diálogo abierto y honesto con compañeras y compañeros que durante años han participado en las escuelas del agua en diferentes departamentos de Colombia como el Meta, Cundinamarca, Santander, Nariño, Caquetá, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. A todos y todas ellas nuestro mayor agradecimiento.
Esta guía entrega una propuesta metodológica para el monitoreo comunitaria del agua. Aunque, en principio, la guía estará acompañada de una maleta con materiales para su uso, también puede ser usado de forma independiente para la construcción de estrategias de monitoreo para cuencas hidrográficas en diferentes territorios. En este sentido, compartimos las siguientes propuestas de prácticas con la certeza que su contenido sea utilizado creativamente por cada una de las comunidades y regiones donde sea leída.
Esperamos que esta guía para el monitoreo comunitario del agua incentive autonomías populares para la defensa de los bienes comunes y que aporte a las propuestas de un ordenamiento territorial alrededor del agua.
Un cordial saludo señores de la Defensoría de los Habitantes y departamento que corresponda.
Después de saludarles, somos las asociaciones de desarrollo integral, El Progreso, Juanito Mora, Los Almendros y Gloria Bejarano venimos pidiendo su colaboración en cuanto a alguna asesoría o alguna resolución que nos pueda brindar, ya que nuestra población presenta muchas necesidades básicas de alimento, pues tanto la Municipalidad de Puntarenas como la Comisión Nacional de Emergencias CNE, se habían comprometido en cuanto a los tres meses de Ayuda Humanitarias donde dan una canasta básica de alimentos para los más necesitados de dichas comunidades, cabe mencionar que se nos hizo efectiva la entrega el primer mes pero luego no han cumplido con los próximos meses.
Por otro lado, es importante aclarar que el 28 de abril del presente año nosotros los de las asociaciones nos hicimos presente en una reunión donde se nos comunicó este plan de tres meses y se tomó este compromiso, dicha reunión fue llevada a cabo por parte de la Comisión Nacional de Emergencias asimismo estuvieron presentes otras entidades gubernamentales como Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, Municipalidad de Puntarenas, DINADECO, varias asociaciones de desarrollo entre otros.
Igualmente faltan varias comunidades que ni se les ha hecho efectiva la primer entrega, nos dimos cuenta que no es por falta de recursos ya que en la Universidad Estatal a Distancia UNED ubicada en el cocal de Puntarenas, tienen resguardados varios paquetes de estas canastas básicas de alimentos y aún no sabemos porque no se han entregado. Solicitamos se nos dé una explicación y por lo pronto una solución. Consideramos que con el hambre de las personas no se puede andar ‘jugando», como bien es sabido la pandemia, la crisis que vive el país actualmente ha provocado una disminución de los ingresos de las personas y nuestras comunidades no son la excepción.
En fin, solicitarnos audiencia con las entidades involucradas como la Municipalidad de Puntarenas, específicamente con el Consejo de Municipal, con la Comisión Nacional de Emergencias CNE, que cabe recalcar que ya anteriormente nos hemos comunicado con ellos pero que no nos han solucionado y dado una buena explicación del porqué no se cumple con lo establecido ese 28 de abril en dicha reunión ya antes mencionada, queremos que se les haga entrega de estas ayudas humanitarias a las comunidades primeramente que no han recibido nada y posteriormente las segundas entregas a las comunidades que ya antes recibieron.
Por último, reiteramos todo el agradecimiento hacia ustedes por todo en lo que nos puedan colaborar.
ADI Asociación de Los Almendros y Gloria Bejarano ADI Asociación del Progreso ADI Asociación Juanito Mora
El 26 de agosto conmemoramos el 80 aniversario de nuestra Institución, en medio de un contexto sin precedentes que nos motiva a recordar lo que hemos hecho y todo lo que nos queda por hacer. UCR, 80 años de transformar el país.
Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Históricamente, en Costa Rica las personas migrantes centroamericanas y particularmente las nicaragüenses han ocupado un porcentaje elevado de la fuerza laboral que sostiene importantes sectores de la economía costarricense. Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población sumó el 11,35 % del producto interno bruto, en áreas como:
Agricultura: específicamente en monocultivos como el café, la caña, el melón, el banano y la piña. La mayoría de estas plantaciones se encuentran en zonas relativamente cercanas a las fronteras con Nicaragua y Panamá.
Servicios de alojamiento y alimentación: son indispensables en el sector de turismo, en hoteles, restaurantes, tours, atracciones turísticas, entre otras.
Trabajo doméstico: las mujeres son una alta mayoría en este sector. Es usual que tengan jornadas laborales de horas en varias casas diferentes. Es muy común tanto para quienes tienen un bajo nivel de escolaridad como para profesionales con muchos años de experiencia en su campo.
Servicios comerciales: atención en tiendas, supermercados, restaurantes, mantenimiento, transportes, entre otros.
No obstante, a partir de la emergencia sanitaria que impuso la pandemia del COVID-19, el 17 de marzo del 2020 se emitió un Decreto Ejecutivo que restringe de manera temporal el ingreso al territorio nacional de todas las personas que no fueran costarricenses o residentes, incluyendo (y principalmente) turistas. Posteriormente, el 25 de marzo se les pidió a las personas extranjeras residentes y de las categorías especiales no salir del territorio costarricenses, so pena de que se les imponga un impedimento de entrada.
Este escenario hizo que muchas familias quedaran divididas, pues quienes se encontraban en Nicaragua no podrían regresar y quienes salieran no podrían ingresar al país hasta nuevo aviso, lo cual con la situación actual podría tomar lo que resta del 2020 o más. Sumado a esto, en el caso de las personas nicaragüenses, sus familiares y amigos que estén en Nicaragua se encuentran en un país que no ha tomado medidas de distanciamiento social o cierre de negocios y que, también, ha sido señalada por reportar menos contagios y muertes a causa del COVID-19 de las que realmente son, según los datos aportados por la ONG Observatorio Ciudadano. Además, tal país ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud.
Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población en áreas como la agricultura, servicios de alojamiento y alimentación, trabajo doméstico y servicios comerciales, sumó el 11,35 % del producto interno bruto. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Consecuencias de las restricciones preventivas en la economía de las familias migrantes
Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Adicionalmente, las personas que fueron contagiadas debieron permanecer en cuarentena junto con su familia, en muchos casos esto resultó en una pérdida automática del empleo.
La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió la sociedad de manera generalizada, en el caso de estas personas se sostienen hoy en día y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, quedando a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.
La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió de manera generalizada se mantienen actualmente en el caso de dichas personas y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, de manera que quedan a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de la sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.
A esto se suman las dificultades particulares de las familias binacionales —aquellas que cuentan con miembros tanto costarricenses como de otras nacionalidades—, muy especialmente en las familias cuyos integrantes de otros países tienen un estatus irregular. La potencial amenaza de ser deportados puede representar un hogar más que pierda el único ingreso económico familiar durante un periodo de crisis y con menores de edad que aún no asisten al sistema educativo y que, por tanto, no cuentan con las canastas que el Ministerio de Educación Pública entrega a sus estudiantes.
Muchas mujeres migrantes son jefas de hogar y la amenaza es que sean ellas las que se contagien por tener que salir a trabajar o quedarse sin empleo. Pero en el caso de quienes dependen económicamente de un compañero, la vulnerabilidad aumenta. Si su compañero se enferma o es deportado, estas mujeres deben encontrar una forma de generar ingresos económicos en un escenario absolutamente desfavorable para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, para las mujeres migrantes, con baja escolaridad, con poca o ninguna experiencia laboral y con varias personas menores de edad a su cargo, el escenario es aún más adverso.
Es urgente la protección estatal inclusiva de estas familias
Es indispensable que las medidas que se tomen para apoyar a las familias, que se han visto afectadas económicamente, sean inclusivas y tomen en cuenta las condiciones y necesidades de los hogares que más lo necesitan, justamente por todos los factores de vulnerabilidad que acumulan. Las mujeres migrantes indocumentadas deben contar con protección de parte del Estado en aras de evitar que se expongan a explotación laboral u otras situaciones de riesgo en el intento de mantener a sus hijos e hijas.
El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos, de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal. EL 16 de junio, el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en el sector agro. No obstante, los costos de estos trámites ascienden los USD 60, los cuales deben ser cubiertos por la persona migrante, pese a que esta oportunidad se otorga por la demanda de las grandes empresas para contar con la mano de obra necesaria para no perder las cosechas.
Es fundamental dotar a las instituciones de los recursos pertinentes, con el fin de que puedan cumplir con las inspecciones necesarias para asegurar que la vida de las personas no se esté poniendo en riesgo por la producción económica. Además, dotarlas de todas las capacidades normativas e instrumentales necesarias para amonestar y sentar las responsabilidades correspondientes sobre las empresas que sostienen dichas prácticas y no sobre las personas que fueron víctimas de estas.
Silvia Azofeifa Ramos Coordinadora del proyecto “Migrantes como sujetos políticos”
El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS recibió ¢52.000 millones MENOS en ingresos corrientes en este primer semestre comparado con el de 2019, según la Contraloría.
El Gobierno debía transferirle a la Caja 146.000 millones, pero solo le pasó 91.400, es decir, 54.600 millones de colones MENOS. Esto, aducen, se debe a la situación fiscal.
Como se observa, las políticas de austeridad no se detienen ni siquiera respecto a las instituciones que están enfrentando la emergencia sanitaria.
Por un lado, el Gobierno informa que trasferirá ¢28.000 para saldar la deuda de la CCSS, pero por otro le deja de pagar más de ¢54.000 millones.
Producto de las políticas de austeridad se está dejando sin el financiamiento debido a la Caja en momentos que más requiere del apoyo financiero. Por ello a estas políticas más que de austeridad les llaman de austericidio.
Este informe independiente recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos; con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense. El texto también expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de esta violencia.
Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, al que tiempo las violaciones continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de riesgo se agrava.
Como representantes de las comunidades indígenas miskitu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te invitamos a la presentación del informe “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, cuya versión en inglés ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura por parte del New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News, MongaBay, entre otros.
Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 10:00am a 11:30am hora Centroamérica en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el saneamiento.
Panelistas:
Anuradha Mittal, autora del informe y Directora Ejecutiva de Oakland Institute
Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Claudia Paz y Paz, directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)
Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica
Las comunidades indígenas en las regiones autónomas de la Costa Caribe enfrentan una situación de violencia agravada, como lo demuestran los recientes ataques contra las comunidades Alal, Wasakin y el pueblo Miskitu. • Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte (RACCN) han muerto en invasiones territoriales, lo que eleva a 46 el número total de asesinatos registrados desde el 2011. Decenas de personas han sido heridas, secuestradas, desaparecidas y miles han sido desplazadas debido a las invasiones de tierras. • El gobierno de Nicaragua ha puesto millones de hectáreas a disposición de la explotación minera, la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas. • Si bien las leyes del país establecen la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos se niegan sistemáticamente mediante el despojo. • Personas funcionarias participan en ventas ilegales de tierras y en la represión policial auspiciada por el Estado en contra de las comunidades que resisten el despojo. —
El Instituto Oakland es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.
CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.
CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Las Jornadas Solidarias son un espacio autoconvocado y organizado por personas autónomas que se solidarizan con las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo.
Desde el mes de marzo han estado apoyando a personas que se encuentran en condición de calle, cuarterías con orden sanitaria (donde viene niños, adultos mayores y mujeres embarazadas) así como casos de familias en pobreza extrema.
Los aportes solidarios se reciben en especie y en efectivo a través de depósitos por SINPE móvil.
Como aporte reciben alimentos preparados, así como diarios de alimentación básica (libre de crueldad animal) e implementos de higiene y limpieza.
