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La deuda pública y los dólares del FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura, Derechos.

La mayoría de los artículos de opinión sobre la economía del país son difíciles de entender para la población no especializada. Ante la difícil situación económica que atraviesa Costa Rica, consideramos imprescindible que la ciudadanía tenga una comprensión más profunda de ciertos conceptos fundamentales y así poder tener una discusión informada de las alternativas. El presente artículo pretende brindar una explicación concisa de algunos de estos conceptos, sobre todo relacionados a la deuda pública.

  1. Números e ideología

        Costa Rica se encuentra en medio de una pandemia y, como resultado, en una situación social y económica sumamente difícil. Esto se ha sumado al descontento frente a las políticas públicas, así como a la desconfianza en el gobierno y la institucionalidad del país.

        Mientras tanto, un 26 por ciento de los hogares están bajo la línea de pobreza.[1] Además, la tasa de desempleo abierto se encuentra en un 17 por ciento.[2] Cada vez son más las preocupaciones acerca del futuro de nuestros sistemas de salud, educación, pensiones, transporte público, infraestructura y recursos naturales.

        Sin embargo, el enfoque del discurso público ha estado centrado en las finanzas del gobierno. Se insiste en que sus ingresos han disminuido, la deuda pública continúa aumentando y el déficit fiscal se está saliendo de control. Es así como se deshumaniza a las personas y se construye una sociedad al servicio de la economía, en lugar de una economía al servicio de la sociedad. Como expresó Juliana Martínez, no se deben confundir herramientas con objetivos: la economía debe ser una herramienta y no un fin en sí mismo.

  1. La falacia del hogar

        Es muy sencillo pensar en las finanzas públicas como si fueran las finanzas de nuestro hogar y sostener que los gastos del gobierno deben estar limitados por sus ingresos. Esto se ve frecuentemente en el discurso público en frases como “tenemos que tapar el hueco de la deuda”, “debemos zocarnos la faja”, y “estamos usando demasiado la tarjeta de crédito”. Todas estas frases pueden ser aplicadas a las finanzas de un hogar, pero confunden nuestra manera de entender las finanzas públicas. Esto ha sido analizado durante los últimos años bajo el nombre de la “falacia del hogar”.[3] Esta falacia conduce a un razonamiento absurdo: la deuda es mala porque amenaza nuestra calidad de vida en el futuro, pero tampoco podemos mejorar nuestra calidad de vida debido a la deuda. Este argumento circular acaba siendo la excusa perfecta para la inacción de nuestros gobernantes. Frente a esto, consideramos que para encontrar soluciones a los problemas que hemos observado históricamente y que han sido exacerbados por la pandemia, debemos empezar por analizar lo que no se dice cuando se recurre a la ya mencionada “falacia del hogar”.

  1. Deuda, déficit, y superávit

        Muy a menudo, los artículos de opinión sobre la economía nacional son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. El exceso de tecnicismos dificulta su comprensión e imposibilita una discusión productiva y democrática. Como afirmó recientemente Rohan Grey, especialista en derecho monetario, “si la gente no entiende qué es el dinero, no puede haber una democracia real”.[4] Es por esta razón que comenzamos explicando varios conceptos básicos, pero imprescindibles para comprender la situación actual: el déficit, el superávit y la deuda.

        Imaginemos que tenemos 1.000 colones. Luego observamos los siguientes casos:

Caso 1: Déficit.
•Ganamos 500 colones y gastamos 700.
•Es decir, terminamos con 800 colones.
•Esto equivale a un déficit de 200 colones.

Caso 2: Superávit.
•Ganamos 400 colones y gastamos 200.
•Es decir, terminamos con 1.200 colones.
•Esto equivale a un superávit de 200 colones.

Caso 3: Deuda.
•Obtenemos un préstamo por 200 colones.
•Gastamos los 1.200 colones que tenemos y nos quedamos sin dinero.
•El déficit fue de 1.200 colones.
•Tenemos una deuda de 200 colones.

        En este ejemplo hemos ignorado el efecto de los intereses sobre la deuda para facilitar la discusión. Lo importante es que el déficit y el superávit se refieren al cambio en un balance durante un periodo determinado, mientras la deuda o el ahorro son cantidades acumuladas. En el caso de los gobiernos, también se usan los términos deuda, déficit y superávit. Esta deuda del gobierno la llamamos deuda pública y, para efectos de este texto, nos interesa diferenciar entre dos tipos de deuda: deuda en colones y deuda en dólares.

        ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Cada colón que llega a nuestro bolsillo tuvo que ser creado y puesto en circulación con autorización del gobierno. El déficit del gobierno es un mecanismo mediante el cual ese dinero ingresa en la economía. Por ejemplo, cada vez que el gobierno invierte en un proyecto público, le paga a ciudadanos o empresas que son parte del sector privado. Esto se contabiliza como un gasto y en caso de que no se cobren impuestos que lo compensen, el resultado es un déficit. Finalmente, es este déficit fiscal el que permite que el sector privado tenga un superávit y logre ahorrar. En caso contrario, si el gobierno recauda más en impuestos de lo que invierte, el gobierno tiene un superávit, pero el sector privado pierde parte de sus ahorros. Es importante comprender esta relación antes de abogar ciegamente por un superávit del gobierno.

  1. Deuda en colones y deuda en dólares

        El monopolio sobre la moneda es una característica única del gobierno, por la cual nunca será incapaz de pagar las deudas denominadas en su propia moneda, independientemente de que las pueda incumplir por motivos políticos (como sucede actualmente entre el gobierno y otras instituciones públicas como la CCSS). Caso contrario ocurre con las deudas denominadas en una moneda extranjera, como el dólar, puesto que al igual que cualquier hogar, el gobierno costarricense no puede emitir dicha moneda, sino que debe recaudarla de algún modo (exportaciones o endeudamiento, por ejemplo). Este punto tan aparentemente trivial es de suma importancia, puesto que significa que, al hablar de la deuda pública, solo es pertinente emplear comparaciones con la deuda de un hogar si dicha deuda pública es en una moneda extranjera. Por el contrario, si la deuda pública es en colones, estas comparaciones son totalmente inapropiadas y engañosas. En otras palabras, el gobierno de Costa Rica puede emitir colones; los hogares costarricenses no. El equiparar la deuda en colones del gobierno de Costa Rica (emisor de colones) con las deudas de los hogares costarricenses (usuarios de colones) es lo que se conoce como la “falacia del hogar”. Ahora bien, es vital reconocer que, aunque la capacidad del gobierno tico de obtener colones sea infinita, existen límites que nos permiten reconocer cuando el gobierno inyecta más dinero en la economía de la que esta puede manejar. Uno de estos límites es la inflación (un aumento generalizado en el precio de bienes y servicios), y muestra que la solución a nuestros problemas es más compleja que simplemente “imprimir” dinero. Sin embargo, la gran utilidad de reconocer la “falacia del hogar” es que nos permite distinguir entre los límites reales (inflación, recursos materiales disponibles, entre otros) y los límites imaginados (un valor específico de deuda pública en colones que se considere arbitrariamente peligroso, como establece la regla fiscal). En el caso de que la deuda esté denominada en una moneda extranjera, el gobierno puede ser incapaz de pagarla. Un ejemplo de esto es Grecia, que entró en una severa depresión en el año 2009. Ante la incapacidad de obtener financiamiento en una moneda que no es propiamente suya, el euro, comenzó a aplicar fuertes programas de ajuste macroeconómico enfocados en la reducción del gasto público y los salarios, el aumento de los impuestos y la privatización de instituciones, la misma receta que hoy nos ofrecen en Costa Rica. Estas medidas han tenido un impacto social sumamente negativo,[5][6] y se estima que la recuperación económica de Grecia tomará 15 años más.[7][8] No en vano las deudas públicas de países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Japón, tienden a ser exclusivamente en moneda nacional.

        Como señalamos anteriormente, la economía no debe ser un fin en sí misma, sino ponerse al servicio de la sociedad. Debemos reconocer que no existe como una mera abstracción en el vacío, sino que se desarrolla en un contexto social y de estructuras legales que le dan forma. En ese marco, es importante no simplificar elementos clave como la deuda pública con discursos como la falacia del hogar, al igual que entender que el déficit es una herramienta fundamental de toda economía moderna, pues permite la acumulación de riqueza en diferentes sectores. Aunque no corremos el riesgo de declararnos en bancarrota por nuestra deuda en colones, sí lo hacemos con una deuda en dólares. Este es un hecho que no debe pasarse por alto cuando se habla de endeudamiento en monedas extranjeras, dado que las políticas de austeridad que se usan para evitarla bancarrota tienen un alto costo social. No obstante, existen riesgos reales de un déficit muy alto en moneda nacional, como la inflación. Este riesgo inflacionario se debe analizar más profundamente, y es dicho análisis el que permitiría evaluar el tamaño del déficit que nos podemos permitir. Por lo tanto, tampoco es conveniente reducir la solución a la “impresión” de dinero. Además, en otros espacios se ha mencionado el impacto que estas políticas pueden tener en las tasas de interés, los impuestos y el tipo de cambio. Todos estos son temas que requieren un análisis aparte, pero que sin duda debemos también reinterpretar si queremos buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.

5. Referencias

  1. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares Julio 2020. Resultados generales. Vol. 1, año 9. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
  2. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Trimestre móvil Junio-Julio-Agosto 2020. Encuesta Continua de Empleo. Principales indicadores. Vol.1, año 1. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
  3. Kelton, Stephanie. The Deficit Myth. Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy. London, UK: John Murray Publishers, 2020.
  4. https://www.publico.es/sociedad/entrevista-rohan-grey-rohan-grey-gente-no-entiende-dinero-no-haber-democracia-real.html
  5. https://www.tni.org/en/democracy-not-for-sale
  6. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30146-4/fulltext4
  7. https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/01/sp093019-The-IMF-and-the-Greek-Crisis-Myths-and-Realities
  8. https://www.theguardian.com/business/2013/jun/05/imf-underestimated-damage-austerity-would-do-to-greece

Mauricio Chaves, Tsen Chung, Mauricio Gutiérrez, Mauricio Morúa
mmtcostarica@gmail.com

Incremento en la pobreza requiere abordaje por medio de políticas novedosas – Datos de la Encuesta de Hogares 2020

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Impulso de nuevas actividades económicas en zonas específicas del país y una incorporación más fuerte de las mujeres al mercado de trabajo deben ser claves

El día 15 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en los cuales se refleja un deterioro en la situación de los hogares del país, su condición laboral y por supuesto sus ingresos, como consecuencia del impacto de la crisis producto del COVID 19. Es importante resaltar que la encuesta se aplicó entre mayo y junio, cuando estaban activas las ayudas oficiales por medio del Bono Proteger, lo que indudablemente tuvo positivo en estos números, además de que en ese periodo las medidas sanitarias eran más estrictas y los cierres de actividades más comunes.

Según la encuesta, entre el 2019 y 2020 el ingreso promedio por hogar se redujo en 12,2% (el ingreso per cápita en 13,2%), siendo el ingreso generado por actividades propias o autónomas el más afectado, con una caída del 35,3% en este periodo, mientras que el ingreso por salario cayó un 13,8%. Esto es como consecuencia de las pérdidas de empleos y la reducción en la cantidad de horas laboradas (jornada de trabajo) a nivel nacional, que han venido elevando el desempleo y el subempleo, respectivamente, según lo muestra la Encuesta Continua de Empleo, pero que parece está afectando con más fuerza a personas autoempleadas, incluso en actividades informales, que antes de la crisis ya eran casi la mitad de la fuerza de trabajo empleada.

Esta pérdida en el ingreso de las familias fue parcialmente compensada con un fuerte incremento en el rubro de subsidios estatales y becas, así como en el de otras transferencias, donde se incluyen, según INEC, “las transferencias recibidas por los hogares para mitigar la emergencia nacional”. Esto tiene una implicación importante, pues en ausencia de las ayudas que se entregaron en esos días, el porcentaje de hogares en condición de pobreza habría sido mayor.

En términos regionales, tres regiones del país fueron las más afectadas por la caída en el ingreso promedio de los hogares: la Región Central con una disminución del 13,4%, la Región Chorotega con una reducción del 20,4% y la Región Pacífico Central con una caída del 12%.

En cuanto a la evolución de la pobreza, según la metodología de la línea de pobreza, de acuerdo con la ENAHO 2020, la pobreza total en el país pasó de afectar al 21% de los hogares en el 2019 a un 26,2% en el 2020; mientras que la pobreza extrema pasó de un 5,8% de los hogares en el 2019 a un 7% de los hogares en el 2020. En cuanto a la pobreza total por zona, el incremento más fuerte se dio en la zona urbana, que pasó de un 19,8% en el 2019 a un 26,4% en el 2020, mientras que en la zona rural la pobreza subió de un 24,2% a un 25,5% de los hogares. En cuanto a la pobreza extrema por zona, en la zona urbana esta pasó de un 5,4% en el 2019 a un 6,9% en el 2020, mientras que en la zona rural se pasó de un 6,9% a un 7,3% de las familias en condición de pobreza extrema.

Por regiones, son las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central las que sufrieron los mayores cambios en el porcentaje de familias en condición de pobreza, pasando la Central de un 17% de los hogares en el 2019 a un 23,7% en el 2020 (+ 6,7 pp.), mientras que en la Chorotega creció de 20,3% de los hogares en el 2019 a 31,7% en el 2020 (+ 11,4 pp.). En el caso de la Región Pacífico Central, el incremento fue de 29,8% de los hogares en el 2019, a un 34,7% en el 2020 (+ 4,9 pp.), siendo esta la región proporcionalmente más afectada por problemas de pobreza del país.

Este aumento en el nivel de pobreza no puede desatenderse, por lo que se debe evitar que se convierta en un “valor piso”, como sucedió con los niveles de pobreza que tenemos desde los noventas (alrededor del 20% de los hogares), o que se mantenga en el tiempo e impacte durante varios años, como sucedió en los ochentas. Es probable que los niveles más altos de pobreza en las regiones Chorotega y Pacífico Central se deban a la abrupta caída en la actividad turística en esas regiones, como consecuencia de las medidas sanitarias para afrontar la pandemia del COVID 19, mientras que en el caso de la Región Central el aumento en la pobreza se deba al cierre de actividades relacionadas con el sector comercial.

Dado que en los últimos meses se han retomado muchas actividades comerciales, e incluso ha habido cierta reactivación de las actividades turísticas, en general es esperable que la pobreza se haya reducido ligeramente, aunque no por mucho pues el desempleo aún no se reduce de forma importante, mientras que por otro lado las ayudas del Plan Proteger no siguen “con el mismo empuje” como en el momento en que se hizo la encuesta.

Tomando en cuenta lo anterior, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, es del criterio que:

  1. Las ayudas que se entregaron al inicio de la pandemia deben continuar, extenderse en tiempo y cantidad de beneficiarios, hasta que la situación sanitaria esté bajo control. Una cosa que deja clara la ENAHO 2020 es que las ayudas habrían tenido un papel en contener el incremento en la pobreza, como producto de la crisis, pero, además, considerando que aún no hay una recuperación importante del empleo, la situación de las familias afectadas por la crisis puede seguirse deteriorando sin una ayuda pública.
  2. Considerando la cantidad de recursos que el país utiliza en ayudas públicas desde hace mucho tiempo, así como los problemas de filtración que sufren estos programas y las dificultades del pasado para traducirlos en reducciones permanentes en los niveles de pobreza, urge repensar la forma en que estas ayudas se entregan y la institucionalidad alrededor de ellas. Pensar en utilizar los recursos actuales, así como los que se añaden temporalmente en razón de la crisis, para crear una renta mínima vital, por ejemplo, es algo que debe valorarse en el actual contexto. Esto podría mejorar el impacto de las medidas, así como la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los gastos asociados a la administración de los muchos programas sociales.
  3. Cualquier generación de recursos en el corto plazo, incluyendo el eventual incremento temporal de impuestos sobre los ingresos más altos de las personas físicas, debe ser destinado a cubrir estas ayudas. De igual manera, es importante continuar los esfuerzos por dirigir las ayudas en forma de alimentos, vía comedores escolares, a las familias con más necesidad, tratando de racionalizar esas ayudas para enfocarlas en los casos donde hay más necesidad y seguir con ellas en los meses donde no haya curso lectivo.
  4. La mayoría de las personas que perdieron su trabajo en meses anteriores, no tenía un empleo calificado, por lo que una estrategia para la creación de empleo y reducción del desempleo en el corto plazo, debe concentrarse en la creación de empleos no calificados y buscar que estos se creen en las zonas con mayores problemas del país (ciertas partes de la Región Central, la Región Pacífico Central y la Región Chorotega). En ese sentido la inversión pública debe jugar un papel central en el proceso, por lo que, dada la caída en la demanda agregada nacional por la reducción en el consumo privado, sería la vía más eficiente para iniciar el proceso de reactivación.
  5. El país ha desarrollado un esquema exitoso de atracción de inversión extranjera, pero que se ha enfocado en valorar las utilidades de las empresas y no en impulsar su valor agregado nacional. Estas empresas crean empleo, pero, por la forma del diseño de los incentivos, podrían estarse aprovechando para registrar más utilidades exentas en el país, en beneficio de las propias empresas, que el beneficio del país en creación de empleo, por ejemplo. En ese sentido, proponemos una reforma en los incentivos incluidos en el Régimen de Zonas Francas, para que en lugar de una exoneración sobre las utilidades se otorgue un subsidio público por creación de empleo. Para no afectar derechos adquiridos se respetarían los contratos vigentes, pero no se podrán renovar los contratos viejos con los incentivos anteriores. Esto permitirá al país concentrar sus escasos recursos en beneficiar a empresas que creen empleo, para valorizar los vínculos de las empresas con la economía nacional vía empleo, en lugar de valorar únicamente las utilidades de las empresas.
  6. Es importante impulsar otras actividades que complementen el turismo en algunas zonas del país, que han crecido económicamente en los últimos años dependiendo de ese sector. El turismo puede llevar años hasta que alcance los niveles de actividad previo a la pandemia del COVID 19, e incluso podría ser que nunca más lleguen a esos niveles. El impulso a una economía descarbonizada y a una economía circular, pueden ser la vía para crear empleo y empujar la recuperación económica por medio de una visión nueva. Reducir exoneraciones en otras actividades y crear estímulos fiscales a empresas de economía circular, por ejemplo, es necesario en el actual contexto.
  7. Finalmente, dado que las mujeres (especialmente las más jóvenes) han sido las más afectadas por el desempleo en los últimos años, se han visto más perjudicadas laboralmente por la crisis del COVID 19 y, además, son la mayoría de la población en condición de pobreza (un 45% de los hogares en condición de pobreza tienen jefatura femenina), la estrategia que se aborde para la creación de empleo a nivel nacional, y reducción de pobreza, debe concentrarse en crear empleo para las mujeres principalmente. Eliminar los sesgos negativos para la incorporación de las mujeres al mercado laboral es urgente, incluyendo en eso la creación del permiso de paternidad y el rechazo al Proyecto de Ley No. 21.182 denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”.

Comunicado de prensa, Observatorio Económico y Social-UNA

Lunes 19 de octubre del 2020

UCR: Propuesta para declarar la conectividad a internet como: “Derecho humano, de acceso universal y gratuidad total”

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

19 de octubre de 2020

Señor Presidente de la República

Como es sabido por usted, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha dado una muestra ejemplar de adaptabilidad en la emergencia declarada por el actual contexto de pandemia generado por la enfermedad COVID-19. Desde la primera semana lectiva del I ciclo del presente año, casi la totalidad de actividades académicas y administrativas las desarrollamos de manera virtual.

Esta accidental e inédita exigencia histórica nos hizo madurar como institución a un ritmo nunca pensado, lo que, a su vez, nos obligó a desarrollar nuestras mejores capacidades adaptativas en contexto de crisis, sin perder de vista en ningún momento, la vocación humanística, democratizadora y científica, que guía al Alma Mater.

Las acciones afirmativas fueron múltiples y resguardaron, hacia lo interno, tres prioridades: a) becas y beneficios estudiantiles, b) respeto a los contratos laborales, y c) inversiones en las sedes regionales; todo lo cual permitió, mantener la excelencia que nos es connatural, realizar aportes científicos y materiales fundamentales en el contexto pandémico y en beneficio de nuestra sociedad; lo anterior, observando los márgenes constitucionales y estatutarios.

Pese a todos los esfuerzos realizados, hemos enfrentado, en un bajo pero importante porcentaje, imposibilidad de conexión virtual de varias personas estudiantes e incluso funcionarias. La dificultad de acceso a internet, o un acceso muy deficiente, aumenta en la medida que el uso se hace desde lugares distantes de los centros urbanos. Esto genera una brecha significativa que conlleva una solapada discriminación inaceptable en el Siglo XXI, en el cual el manejo de la información y la conectividad son constituyentes centrales del orden social. No poseer conexión hoy día, puede ser considerado, permítame la metáfora, una suerte de analfabetismo, lo que corresponde evitar en un Estado moderno y democrático. Sabemos además que miles de estudiantes de primaria y secundaria experimentan serios problemas en este mismo sentido.

Es precisamente por lo expuesto en el párrafo anterior que le escribo, pues creemos necesario proponerle, con respeto, pero con vehemencia, que el Ejecutivo a su digno cargo realice las acciones inmediatas que fueran necesarias para atender dos objetivos ineludibles: 1º- reconocer la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de nuestro país; y, consecuentemente, 2º- promover el acceso universal y gratuito en todo el territorio nacional.

Nuestro país es privilegiado y dispone de condiciones idóneas para lograr tales cometidos, al contar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución ejemplar que cuenta con recursos humanos capacitados para hacerlo. Pero, además, dispone del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que no solo tiene el propósito central de reducir la brecha digital, sino que, además, dispone de recursos financieros para apoyar un proceso de esta urgencia y trascendencia.

A estas ventajas comparativas súmele señor Presidente, la disposición de la Universidad de Costa Rica para acompañarles en este proceso que nos pondría entre los países más avanzados y visionarios, dignificando a todas las personas que habitan dentro de las fronteras patrias. Por su parte, no me cabe la menor duda que las otras instituciones de educación superior estatal costarricenses, estarían dispuestas a acompañarnos en tan humano cometido.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

Colectivos literarios envían carta a legisladores

Escrito en . Publicado en Derechos.

Compartimos la carta enviada por varios colectivos literarios a los legisladores con respecto a la pretensión de recorte en el presupuesto asignado al sector de cultura.

San José, 18 de octubre de 2020

Señores
Diputadas y Diputados de la República
Presente

Estimados señores y señoras:

Manifestamos nuestra profunda preocupación por las pretensiones de algunos diputados y diputadas al presentar mociones que inciden de manera nefasta contra los programas vitales del Ministerio de Cultura y Juventud.

De aprobarse en la Comisión de Hacendarios dichas mociones -que cercenan en extremo los ya paupérrimos presupuestos del sector Cultura, especialmente de las entidades ejecutoras de proyectos y programas tales como: Colegio Costa Rica, Biblioteca Nacional y demás bibliotecas, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, los Museos, el Taller Nacional de Teatro, Escuela de Danza y Centro Costarricense de Producción Cinematográfica- debe considerarse “desacato a la Constitución de la República”; porque desmantelar la cultura significa exactamente atentar contra los intereses y necesidades del pueblo, en cuanto a sus derechos de educación y desarrollo en todos los ámbitos, incluso el económico.

Cada presupuesto eliminado implica el cierre técnico de estos órganos y generará daños colaterales irreversibles para cientos de trabajadores del sector, así como para las comunidades beneficiarias de su acción, y perjudicará la permanencia y el fortalecimiento de sus identidades y de programas que coadyuvan al mejoramiento de la sociedad costarricense.

Como directores de los colectivos literarios Palabras Viajeras, Hojas sin Tiempo y Grupo Literario Poiesis, sumamente consternados por estas medidas, que de aprobarse violentarán al sector cultura y lo convertirán en un cascarón sin contenidos para oprobio de nuestro amado país; recurrimos a su buena voluntad para que, en aras de la representación que les otorgamos en elecciones libres, hagan valer el juramento que nos hicieron y trabajen respetando el espíritu de la Ley que en materia de cultura ya existe y no debe, por lo tanto, ser objeto de extinción.

Durante esta época el sector cultura ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria y económica del país y, aún así, nuestros artistas siguen colaborando para entregar productos culturales de calidad y contenidos humanos y espirituales a toda la población; propiciando, además, participación y expresión de las bases populares y comunales y generando reactivación económica.

Un país sin cultura es un país sin identidad. La cultura promueve la paz, la solidaridad, el trabajo. Con absoluto respeto les invitamos a reflexionar sobre estas mociones perniciosas y rechazar este intento que menoscaba y atenta contra los pocos programas que el Estado propicia en pro de la cultura, la identidad y el reconocimiento a quienes engrandecen al país con sus aportes culturales, artísticos y científicos; como es, entre otros, el caso de los Premios Nacionales. Así como el apoyo a los talentos y expresiones más auténticas y creativas del ser costarricense.

Nunca ha sido más atinente la frase de don José Figueres Ferrer, estadista visionario: “Para qué tractores sin violines”.

Reciban nuestro respetuoso saludo y nuestra vehemente petición.

Ver las firmas en la carta para descargar:

CARTA-Sres.-Legisladores-IIDescarga

Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año

El rector de la UCR hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.

La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.

En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.

Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.

“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.

Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.

Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.

Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.

Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.

Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.

De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.

Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.

Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Simposio: “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Transparencia y acceso a la información pública como medio de creación de políticas para el bienestar económico y social

Este lunes 28 de setiembre de 2020, a la 1.00 pm, y en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, se llevó a cabo el segundo Foro como parte del Simposio Internacional titulado: Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos, a través de la presencialidad remota (Zoom).

El tema abordado en este espacio se refiere a la “Transparencia y acceso a la información pública como medio de creación de políticas para el bienestar económico y social”. Para exponer al respecto participaron los expositores nacionales e internacionales: Carolina Hidalgo, Diputada Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ana Cristina Migorane Arniz, Profesora de la Universidad de San Pablo-CEU, Gustavo Fuchs, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Andrés Araya, Asociación Costa Rica Integra (Sociedad Civil) y Susana Soto de la Abriendo Datos. La moderación de la mesa de trabajo estuvo a cargo del Master Guillermo Acuña González, académico de la Universidad Nacional-UNA-Costa Rica.

La diputada Carolina Hidalgo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, planteó que el contexto actual de pandemia ha sido sumamente retador, en el tanto las instituciones del Estado no se encontraban preparadas para una situación de tal magnitud y tampoco se tiene experiencia en el manejo de situaciones similares a esta. Asimismo, que América Latina es vulnerable dado la gran informalidad con la que opera la economía, por lo que los efectos de la Covid-19, ha provocado decrecimiento económico, graves afectaciones en poblaciones vulnerables como lo son, las mujeres, población estudiantil, población migrante, así como una importante reducción de la jornada laboral y por ende de los ingresos que las familias perciben: “Desde el Parlamento se han generado más de 16 proyectos de ley relacionados con la atención de la pandemia, que tiene que ver con acciones como: bono proteger, la restricción vehicular, notificaciones sanitarias, reducciones en las jornadas de trabajo, traslados de feriado, sesiones del parlamento por medios tecnológicos, apoyos e incentivos fiscales para algunos sectores, así como el retraso de pagos de algunos rubros fiscales”.

En cuanto a las acciones de transparencia la diputada Hidalgo, reconoció la necesidad de que el Parlamento realice mayores esfuerzos, pero, también mencionó que se ha realizado publicidad de las reuniones que mantienen los jefes de las fracciones, se han venido realizando también transmisiones de las sesiones de plenario por medio de radio y televisión, se han compartido las agendas diarias de las sesiones del plenario, se transmiten sesiones virtuales con las comisiones legislativas y se han implementado cuatro canales de YouTube que transmiten el contenido.

Ana Cristina Migorane Arniz, Académica de la Universidad de San Pablo-CEU-España, indicó que ante la situación de pandemia habían dos opciones, por un lado, no hacer nada y mantener la economía o por otro lado, declarar la alerta sanitaria y tomar acciones para enfrentarla a costa de la desaceleración económica: “En este sentido, España decidió enfrentarla siendo en este momento uno de los países más afectados de Europa, las consecuencia dichas acciones no se hicieron esperar, se han experimentado grandes efectos en el sector productivo, con una caída del PIB de 21% una de las más grandes caídas en los últimos años, afectando así el consumo de bienes y servicios”.

Para Migorane, las afectaciones de la COVID-19 en España presenta algunas similitudes con Costa Rica, presentándose mayores afectaciones en el sector de servicios que se encuentra cubierta en un gran porcentaje por el turismo, la destrucción del tejido empresarial que corresponde en 98% a pequeñas y medianas empresas que, aunque se crean relativamente fácil, es también fácil que se destruyan, el empleo se ha visto reducido en un 1,7% y se ha identificado una pérdida en el nivel educativo. Al igual que en Costa Rica ha habido un aumento en el déficit público.

Según esta profesora, la sociedad en general vive en la incertidumbre de lo que pueda suceder en la economía, pero, el sector público se podría ir recuperado, en la medida que genere empleo y pueda sortear la crisis sanitaria que ha causado la pandemia, con nuevas contrataciones y la transferencia en ayudas sociales: “ En nuestro país, se han adoptado medidas como la asignación de bonos sociales para gastos como luz y agua, se ha gestionado una moratoria en el pago de hipotecas, se han aprobado diversas ayudas sociales, se ha colaborado con las pymes por medio de créditos oficiales, han destinado recursos para la investigación para una vacuna contra la Covid-19 y han destinado recursos para material sanitario”, indicó Ana Cristina Migorane Arniz.

Gustavo Fuchs del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), comentó que Costa Rica es un país que pertenece al Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) este incluye derechos relacionados con la seguridad social, nivel de vida adecuado, acceso a la cultura, ambientes sanos, derecho a la información y en tiempos de pandemia el acceso la información científica. En este sentido, Fuchs dijo que los países que suscribieron el Pacto creen que el acceso a la información puede hacer una diferencia para la población en términos económicos, sociales y culturales, tal es el caso respecto de la pandemia, con la cual los gobiernos toman decisiones sanitarias, comerciales y políticas, ofreciéndole a la población la oportunidad de participar en esas decisiones: “ Por ejemplo existe poca información acerca de los intentos por reducir la inversión en educación, trabajo, salud y vivienda, así como la decisión del gobierno de priorizar en el pago de deuda, a pesar de que organismos internacionales han indicado que esto no debería ser así en tiempo de pandemia, todo esto sumando al hecho de que en la Asamblea Legislativa, los proyectos que inciden directamente en el bienestar de la población se encuentran estancados u obstruidos, mientras, que se le da trámite a unos pocos, pero no mejorar directamente la situación del país. Algunos de esos proyectos tienen que ver con reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos y a la canasta básica, lo cual afectaría positivamente a la población de manera directa”.

Para el representante del IIDH, es preocupante que haya en este momento proyectos que se están discutiendo, que no toman en cuenta este Pacto en proyectos específicos para ciertos grupos económicos como, taxistas o empresas grandes, dejando de lado que en Costa Rica el 80% de la producción se da a través de Pymes y Mipymes:” Es importante que todos los actores políticos informen a la ciudadanía acerca de cómo se incorporarán los DESC en la discusión del nuevo presupuesto nacional, tanto, para mejorar la condición interna, como para mejorar la calificación internacional de Costa Rica ante las organizaciones”.

Andrés Araya, Asociación Costa Rica Integra, organización de la sociedad civil, expuso que la transparencia es un principio que debe ser aplicado a nivel institucional y por todos los funcionarios públicos, privados y gestores, con el fin de que la población pueda saber y comprender las actuaciones prever la manera en que actuarán. Por ende, la importancia de la transparencia radica en su aplicación como política pública, para mejorar la relación y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, así como fortalecer la democracia. Es por ello, que la información, la transparencia le ofrece a la ciudadanía mayor conocimiento sobre las acciones de las instituciones del Estado, para evaluar dichas acciones: “Las políticas deben estar basadas en datos abiertos y en un gobierno abierto, los cuales deben ser conocidos por la ciudadanía, para participar en la toma de decisiones. Un nuevo paradigma en el manejo de la información, dado su gran volumen, velocidad y variedad hace que herramientas como el Big Data sean utilizadas por los gobiernos de manera transparente de cara a la ciudadanía”.

Araya, puntualizó que Gobierno Abierto, es un concepto que se refiere a la relación del gobierno con la ciudadanía a través de principios como la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana, así como los elementos relacionados a esos principios, tales como: comunicación, información oportuna y la creación de medios tecnológicos para la difusión de información: “ La información proveniente de los datos de gobierno abierto, no debe ser específica, debe estar a disposición de todos, no debe tener costo y debe ser útil para la toma de decisiones, al cruzarla por distintas instituciones. Un aspecto importante en las que interviene un gobierno abierto es la seguridad pues accediendo a la información de barrios y espacios públicos, se puede crear alianzas y colaboraciones con instancias como la fuerza pública para el beneficio de la ciudadanía”, recalcó el representante de Costa Rica Integra.

Para concluir el panel, Susana Soto de la organización “Abriendo Datos”, comentó que la CEPAL señala a la región latinoamericana como un territorio que aún previo a la pandemia ya enfrentaba serios problemas de crecimiento económico y un limitado espacio de política fiscal, de esta manera, ese panorama se vio agravado por la pandemia, pues según dicha organización se cerrará el 2020 con más de 30 millones de personas que caerán en la pobreza: “ A pesar que la pandemia ha causado un gran impacto, la región ya experimentaba problemas de base, que, por no haber sido corregidos, se empeoraron durante lo que va el 2020, por ejemplo, Costa Rica, en agosto reportó una tasa de desempleo del 24,4%, equivalente a más de 550.000 personas y 150.000 hogares que subsisten a través de la ayuda alimentaria que provee el Ministerio de Educación Pública (MEP), desde el programa de comedores escolares”.

Para Soto, en el sector educación se prevé un descenso en el nivel de Costa Rica en las pruebas estandarizadas PIZA de la OCDE, la brecha digital entre la educación pública y privada coloca en desventaja a más de 500.000 estudiantes que no han tiene acceso, y más de 50.000 con quienes ni siquiera el MEP ha tenido contacto durante la crisis de la pandemia. Asimismo, debe considerarse que las brechas digitales de los ciudadanos, pero también la del Estado tendrá un efecto que no es visible en lo inmediato, pero, que tendrá impacto en 20 o 30 años sobre la economía del país, tal y como ocurrió con la educación en los años 80 y que se ve reflejada hoy en día.

Para la representante de “Abriendo Datos” el derecho a la información y el acceso a ella, más que una herramienta, debe ser tratada por el gobierno como un derecho y como tal debe concentrarse en protegerlo y garantizarlo. A pesar de que no todas las personas se interesan por la información y que por lo tanto se requiere una mediación al respecto, lo cierto es que, la información debe estar disponible pues es la base de la transparencia, el gobierno abierto y el acceso a los datos: “ Costa Rica requiere avanzar en la discusión y aprobación de una Ley de acceso a la información, ya que judicializar los procesos de acceso a la información no es el camino para democratizar el acceso a los datos”.

El Master Guillermo Acuña González, académico de la Universidad Nacional y moderador de la actividad, comentó lo tratado en esta mesa de trabajo y recalcó sobre la identificación que se realiza en el marco de la coyuntura de la pandemia de la afectación mayor que han tenido las poblaciones vulnerables, (trabajadores, mujeres, población migrante) que además plantea el reto de seguir trabajando en la reducción de la desigualdad. Asimismo, sobre el esfuerzo que se viene realizando desde el Parlamento para la discusión y aprobación de política pública que permita responder ante la inesperada situación.

Acuña, sintetizó que con respecto a la situación que vive en varios países en relación con la pandemia, lo que ha generado un deterioro del sector turístico, la producción, la destrucción del tejido empresarial y sus repercusiones a nivel social. De esta manera, se requiere que los gobiernos locales y la ciudadanía en general, tengan una participación más activa en lo relacionado a los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para enfrentar las soluciones y esfuerzos de forma articulada.

Señala que en la región Latinoamérica muchos de los DESC (Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas) que se habían alcanzado, han empezado a retroceder, entre estos factores se ve afectado el del derecho a la información, lo cual constituye un peligro para el bienestar de la población. Los DESC son derechos que se van ajustando a las vicisitudes de las coyunturas, por lo que en el marco de la pandemia deben ser analizados y observados: “En el concepto de transparencia es muy pertinente su vinculación con el proceso de formulación de políticas públicas y democratización del poder público. La potencialidad se puede alcanzar en un proceso de trabajo conjunto, de co-creación, disposición de trabajo mutuo, con inteligencia colectiva entre el gobierno abierto y la ciudadanía, que aspire a consenso para mejorar la calidad de la sociedad. Es necesario reflexionar sobre la deuda que se está generando con las generaciones de jóvenes y niños para el futuro del país, así como con la salud mental que ha sido dañada durante este año a partir de las consecuencias de la pandemia”, concluyó el académico del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Este Simposio se lleva a cabo en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y fue organizado por la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ParlAmericas, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Enlace al evento completo: https://www.facebook.com/104524877983409/videos/355827238999121

 

Por: Efraín Cavallini Acuña-UNA
Joselyn Miranda. Estudiante RI-UNA. Ideario Diálogo Nacional

I Coloquio UNA Bioética: Consideraciones éticas para las respuestas de atención y prevención sociosanitaria por COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Escuela de Filosofía, la Maestría en Bioética y el Comité Ético Científico de la Universidad Nacional le invita al I Coloquio UNA Bioética: Consideraciones éticas para las respuestas de atención y prevención sociosanitaria por COVID-19, el cual será transmitido de manera virtual por Zoom, Youtube y Facebook.

Serán cuatro fechas: 19 y 28 de octubre; 04 y 11 de noviembre a las 5 p.m. en las que se tratarán los siguientes temas:

  • Bioética en la atención clínica durante el periodo de la emergencia
  • Bioética de la asistencia social y de la ayuda humanitaria
  • Desafíos de los cuidados y de protección a las personas más vulnerables
  • Protección de participantes en la investigación con seres humanos: experiencias de la UNA

Más detales en las siguientes imágenes.

Publican primer boletín del Observatorio de Bienes Comunes

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El pasado mes de julio, el Foro Económico Mundial dio a conocer un informe titulado “El Futuro de la Naturaleza y los Negocios”, en este informe se exponen desde su perspectiva algunas de las amenazas que enfrenta el planeta, pero también procura proponer alternativas que permitan minimizar las actuales condiciones de vulnerabilidad que afectan los ecosistemas, además su análisis se enmarca en las graves consecuencias de la Pandemia del COVID19.

¿Qué es el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra?

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes. Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.

Este documento fue elaborado por el Equipo del Observatorio de Bienes Comunes.

Compartimos el documento:

Boletin-1-Observatorio-BC-Futuro-de-la-naturalezaDescarga

Ética y Gestión Pública: Diálogo sobre ética y valores en la gestión pública

Escrito en . Publicado en Derechos.

Semana Nacional de la Ética en Costa Rica

Eje Transformación del Estado:

Departamento de Planificación del Senara
Catedra Ética y Responsabilidad de la Comunicación Alberto Cañas-
Tribunal Honor y Ética-Colegio de Periodistas de Costa Rica
Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional

Foro Virtual

En la semana del 7 al 14 de octubre del 2020, se celebra en el país la «Semana Nacional de la Ética y los Valores en la Gestión Pública». En este sentido, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento-Senara convocó al Conversatorio: «Diálogo sobre ética y valores en la gestión pública. Se unieron a este esfuerzo el Departamento de Planificación del Senara, así como la Catedra Ética y Responsabilidad de la Comunicación “Alberto Cañas” del Tribunal Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, como parte del esfuerzo que se viene haciendo en el Eje Transformación del Estado del Ideario Nacional.

Este conversatorio tuvo lugar este lunes 12 de octubre de 2020 a las 9.00 am por medio de presencialidad remota (ZOOM y Facebook Live del Senara), con la participación del M.Sc Efraín Cavallini Acuña, la Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Presidente y Vicepresidenta del Tribunal de Honor del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, escritor, historiador, ex diputado, ex director general del SINART y Premio a la Ética del Colegio de Periodistas 2017.

El Dr. Juan Carlos Mora Montero, Director Planificación SENARA moderó el evento e indicó, que este espacio de análisis y reflexión inter institucional e interdisciplinario, permitió abordar un tema que sin duda nos invita a reflexionar sobre la contribución de las instituciones en la creación de valor público por medio de la prestación de los mejores bienes y servicios a los habitantes: “El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento (Senara), institución que tiene como misión gestionar el recurso hídrico mediante la investigación, innovación de aguas subterráneas y superficiales, así como la implementación de riego, drenaje y prevención contra inundaciones para mejorar la productividad, el desarrollo y la calidad de vida de todas las personas habitantes, está sumamente comprometido con la generación de valor público para la sociedad costarricense desde la institucionalidad pública en el tratamiento hídrico, que involucra a muchos actores sociales por lo que es pertinente y necesaria la amplitud y aprendizaje sobre el tema ético”.

La Gerencia General del SENARA declaró de interés institucional este Conversatorio, por ello, la apertura oficial del evento estuvo a cargo de la Ingeniera Patricia Quirós Quirós, Gerente general de Senara, quien reconoció la importancia del tema y la práctica de la ética, la transparencia y rendición de cuentas, especialmente como administradores de recursos públicos. Para la jerarca de esta institución, hoy la sociedad en la que vivimos muy virtual y tecnológica, permite a los habitantes estar más informados de todo lo que hacen las instituciones y cómo lo hacen. Por su parte, las instituciones tienen la oportunidad de comunicar a la población lo que hacen, cómo usar los recursos y cuánto valor se genera: “Eso crea confianza en las personas, y promueve la gobernabilidad democrática”.

El M.Sc Efraín Cavallini Acuña Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas (COLPER), introdujo el conversatorio, afirmando que la Ética Pública significa que cada habitante haga conciencia del imperativo de defender los valores ciudadanos, fortalecer la democracia, la paz, la justicia social y los derechos humanos en Costa Rica: “Debemos entender que como ciudadanos tenemos la enorme responsabilidad de superar los problemas del país, enfrentarlos con actitud cívica y de respeto a la integridad de las personas y del ordenamiento jurídico. El imperativo es nuestro deber de volver a fortalecer la democracia republicana y los valores fundamentales, que nos cimientan como Estado libre e independiente”.

Cavallini, indicó que uno de los objetivos primordiales de la Ética Pública es la civilidad, por medio de la actitud individual y colectiva de preocupación por el bien público, es decir, que exista autoconciencia colectiva con las pautas de comportamiento y conducta que les permiten a los individuos vivir en sociedad y resguardar el patrimonio social.

Por su parte la Dra. Beatriz Pérez, destacó la ética como el diálogo de las personas en plena convivencia, por ello, es de suma relevancia enmarcar la ética en la Costa Rica actual y la Costa Rica del futuro, como parte de la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas, para que sean los valores cívicos, las practicas, el diálogo, la cohesión social, lo que conlleven la vida en sociedad.

Para la expositora, la ética está muy ligada con la gestión pública, por ello, el ejercicio de una buena gestión es la suma de voluntades y descansa precisamente, en la fuerza de los valores sociales, culturales y cívicos compartidos, esto es, aquellas normas, entidades, e instituciones que cohesionan el quehacer social, y que permiten, a su vez, reconocer el sentido de pertenencia, la idiosincrasia y la identidad: “ Es necesario potenciar las capacidades ciudadanas para la vivencia de la democracia, constituyendo una Esfera Pública bien informada, crítica, analítica y educada en las labores del cabildeo y la participación política, por ello, uno de los ejes de la ética es informar, debatir, trabajar en equipo, ser transparentes, involucrar a las personas ciudadanas; especialmente en un contexto en la que aspectos como la desconfianza, deslegitimidad e indiferencias se encuentran presentes, por ejemplo, con el tratamiento de las noticias falsas, que colocan la opinión pública y el debate desde ciertos puntos de interés particulares y no hacia el verdadero deber de informar”.

Pérez, resaltó la necesidad de garantizar la representatividad de los sectores sociales, respaldados en marcos jurídicos y éticos, para tutelar más allá del interés individual; de esta forma trae a colación el principio de soberanía popular lo cual supone que la legitimidad de las autoridades públicas deriva de todas y todos sobre la base de una igualdad deliberativa y participativa.

El Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, expresó que: “la ética es una cosa muy sencilla y muy difícil, porque simplemente la ética, es la verdad y de dicha premisa se desagrega cualquier acción ética, es decir y vivir dentro de la verdad y esto nos lleva a otro elemento: la credibilidad, esa confianza en la acción del otro ser humano”.

Para Aguilar Bulgarelli, la convivencia juega un papel central en la formación de la estructura ética del ser humano, es por ello, que se recomienda incluir la ética en los lineamientos de la educación formal e informal de las personas, así se reconoce las escuelas, colegios, universidades y también los medios de comunicación como transmisores de la verdad que consolidan el ejercicio ético y la democracia.

Don Oscar, indicó que también se requiere una Sociedad Civil fuerte y dinámica, consciente, proactiva y dialogante. La ciudadanía es pieza fundamental en el desarrollo costarricense, para avanzar con inteligencia y audacia en la reconstitución de las relaciones de lo público y lo privado, del Estado y la Sociedad: “La construcción de la opinión pública con respeto a la diferencia de posiciones, es vital en una democracia ya que, de no ser así, se le estaría diciendo a la gente que tiene que creer de una manera forzada, esto lleva a la imposición de ideas y con ello la corrupción”.

Para este historiador y escritor costarricense, es prioritario en el siglo XXI realizar todos los esfuerzos individuales y colectivos, para que Costa Rica avance en la reconceptualización del Estado y la Sociedad Civil, que comporte una nueva forma de convivir en lo ético, político, administrativo, jurídico, cultural y social, y cuyos resultados y perspectiva proporcionen una visión más lúcida y transparente sobre el tipo de sociedad que se quiere desarrollar para los próximos decenios.

Como parte del conversatorio se les solicitó a los participantes una reflexión final. En este sentido, la Vicepresidenta del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, comentó que para garantizar una ética verdadera dentro de las instituciones, deben existir y promoverse instrumentos de acción en concordancia con los valores que orienten la función pública como la eficiencia, responsabilidad social, probidad, que a su vez originan deberes para el servidor público, como lo son el deber de confidencialidad, imparcialidad y objetividad en el desempeño de los distintos cargos: “En el desempeño de las instituciones, especialmente en este caso del campo del agua (Senara) es necesario generar formas para acercarse y educar a las personas usuarias, dar a conocer las políticas y la riqueza del valor público”, concluyó la expositora.

El Dr. Aguilar Bulgarelli, cerró su intervención enfatizando el papel de la institución Senara que tiene un papel fundamental en el cuido de la parte esencial de nuestras vidas, que es el agua y ahora, se articula con el quehacer ético, que permite dialogar su papel como recurso, fomentar una ética del cuido para no desperdiciar ni regalar un recurso, que se puede concebir como un medio para la vida, la salud, la producción el alimento y el bienestar de todas y todas que son parte de la sociedad: “ Es nuestro compromiso fortalecer una entidad política particular y única, que rescate y fomente diariamente la democracia y donde cada uno de los habitantes y las instituciones, sea garante de una ética universal de la responsabilidad; por el presente y el futuro de las personas y la ciudadanía”, cerró su participación Don Oscar.

El Presidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER cerró la actividad con una reflexión sobre la necesidad de innovar, en alianza con actores y sectores y donde impere la colaboración, la coordinación y la co-creación, dado que esa ha sido la forma que en el pasado ha permitido construir nuestra República, y nos hizo innovadores, no obstante, pareciera que se nos ha olvidado y nos obliga a plantearnos ahora (situaciones límites de crisis) volver a vernos para reinventarnos: “La voluntad es algo muy simple y a la vez complicado, la voluntad de aceptar las diferencias, la voluntad en la tolerancia, en comprender que estamos con una misma bandera, en una patria, que tenemos que fructificar hacia el futuro”.

En este espacio se expuso el papel de los diferentes actores públicos, sociales y privados para sumar esfuerzos y recursos, demostrando así que la generación de valor público es responsabilidad compartida entre los habitantes y las instituciones, por ello, se debe fortalecer una ética donde se manifiesten los mecanismos de Gobierno Abierto: transparencia, cooperación, colaboración, cultura de participación, de auditoría y rendición de cuentas, para exigir la eficiencia de los gobernantes, funcionarios y ciudadanos como requisito para afianzar la gobernanza como derecho democrático esencial.

Enlace Conversatorio Completo:
https://www.facebook.com/SenaraCR/videos/350255012752668

 

Por:
Efraín Cavallini Acuña- Ideario UNA-THE-COLPER-
Gabriela Corrales-Ideario UNA