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Ante las amenazas de intervención militar de EE. UU. nuestra solidaridad con Venezuela

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado del Frente Amplio Puntarenas

En el Frente Amplio Puntarenas condenamos las acciones tales como las sanciones económicas y financieras impuestas por EE. UU. a países soberanos, o los $50 millones que el gobierno de Trump fijo por información para la captura del actual presidente de Venezuela Nicolas Maduro, o bien, las recientes amenazas de invasión e intervención militar con la justificación de supuesto combate al narcotráfico como excusa, desplegando 4000 infantes de marina en el caribe frente a las costas venezolanas.

Los anteriores son actos injerencistas que atentan contra la libre determinación del pueblo venezolano expresado en las urnas en julio de 2024, y que promueven la desestabilización del país suramericano para crear división y generar caos con el pueblo como principal perjudicado con el fin de imponer un gobierno servil.

A nivel geopolítico, ante el declive del imperialismo de EE. UU. en el mundo, este trata a toda costa mantener el control sobre la región de América Latina, con el fin de bloquear las crecientes relaciones económicas de China con los países latinoamericanos; además de su interés por hacerse con la explotación del petróleo venezolano que posee las reservas más importantes del mundo.

Partido Frente Amplio Puntarenas,
23 de agosto del 2025

Auditoría Ciudadana cuestiona atención de Contraloría y Auditoría Interna de la CCSS sobre denuncias de presunta corrupción

Escrito en . Publicado en Salud.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió el pasado 12 de agosto un oficio dirigido a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, y a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que amplía y reitera solicitudes sobre denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la institución.

En la carta, la ACSS señala que la Contraloría General informó haber remitido al Ministerio Público un expediente por supuestas irregularidades en las proyecciones y resultados actuariales de la CCSS. Sin embargo, advierte que sus denuncias abarcan aspectos más amplios que el tema actuarial, como el presunto incumplimiento de leyes que regulan el financiamiento del Seguro Social y la utilización indebida de fondos destinados a salud y pensiones.

La organización solicita aclarar si en la denuncia presentada por la Contraloría ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se incluyeron los señalamientos específicos planteados desde el 2022, entre ellos que la CCSS no estaría cobrando al Estado el 100% de los costos que le corresponden y que habría desvíos anuales de recursos del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud.

Además, la ACSS pide acceso al expediente abierto en la FAPTA y copia del documento de la Contraloría remitido a ese órgano, en aras de garantizar el principio de transparencia. También solicita que se incorporen sus oficios como prueba en el proceso y ofrece a cinco de sus integrantes como testigos expertos.

El oficio ACSS-002-2025 está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Juan Carlos Aguilar Zamora, Rodrigo Arias López, Jorge García Araya y Carlos Eduardo González Arroyo, miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

Los agricultores del siglo XXI frente a su realidad y su problemática

Escrito en . Publicado en Alimentación, Derechos.

German Masís

El día de ayer en la columna de Opinión del periódico digital CR Hoy se publica un artículo titulado Los Agricultores del siglo XXI del académico Roberto Artavia, que es necesario comentar y aportar otros argumentos que expliquen adecuadamente la problemática en que se encuentran inmersos los agricultores pequeños y medianos desde hace varias décadas y el abandono de las políticas hacia este sector.

En su argumentación, el artículo aborda varios aspectos para explicar el tránsito hacia el Agricultor del siglo XXI, entre ellos la productividad, el papel de la inversión, la tecnología y el capital humano, la importancia que tienen las políticas, como algunas impulsadas en el pasado, el fortalecimiento de las instituciones y el advenimiento de la gran modernización tecnológica.

El artículo inicia haciendo mención a la baja productividad del sector, atribuyéndola primero a la baja productividad del trabajo agrícola, en relación con otras actividades económicas como la manufactura y los servicios y comparándola con la productividad agrícola lograda en otros países, comparaciones poco procedentes por las características de esas otras actividades y por políticas aplicadas en otros países como lo veremos más adelante.

Al respecto, hay que destacar que la prevalencia del aspecto de la productividad para explicar el desempeño de las actividades económicas, que es solo una de las variables determinantes del mismo, es insuficiente como lo han señalado diversos organismos incluyendo a la OCDE y que en este caso, se hace referencia principalmente a la productividad del trabajo, que en el sector agropecuario es muy heterogénea como lo menciona posteriormente el mismo autor, al comparar la productividad en las actividades de exportación y en de producción para el mercado interno, además que como es de conocimiento el análisis debe complementarse con la productividad por área productiva, fundamental en las actividades agropecuarias, que está también asociada a la escala de las unidades de producción: pequeña, mediana y grande, que tienen acceso y utilizan de manera diferenciada los factores de la producción.

Es importante también establecer adónde se originan las diferencias de productividad del trabajo y de las unidades de producción, el mismo autor adelanta que “en general las diferencias se deben a las inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano”, que hay que recordar que son distintas, ya que las empresas sobre todo las grandes pueden y las realizan con frecuencia con su propio capital, mientras que las pequeñas y medianas(en el agro y en las pymes de otras actividades) tienen dificultades para realizar o las realizan parcialmente debido a las limitaciones de recursos.

A su vez, las posibilidades de inversión para mejorar la productividad en el agro en los aspectos mencionados por el autor, en las unidades productivas micro y pequeñas, son limitadas, por lo que deben recurrir a las instituciones del Estado, quienes en otras épocas les han ayudado a mejorar la infraestructura, la tecnología y la capacidad del recurso humano y que en algunos países, como en los países desarrollados(Estados Unidos, Europa y Japón), disponen de amplios programas de ayudas o subsidios financiados por el Estado, como el Farm Bill y la política agrícola común de los primeros, apoyos que generan grandes diferencias de productividad, producción y competitividad de la agricultura entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

En el artículo se menciona dos momentos claves en el desarrollo económico y de la ampliación de las actividades productivas del país, interesa fundamentalmente referirse al segundo sobre la Administración Monge Álvarez, en la que, según el autor, “hizo de su gobierno la plataforma desde donde se diversificaron la producción y las exportaciones” y que en efecto fue el inicio de la política de promoción de exportaciones no tradicionales que se profundizó en la Administración siguiente. Agrega el autor, “políticas bien alineadas, como las minidevaluaciones del colón, inversiones selectivas en infraestructura, programas de capacitación y transferencia de tecnología, e iniciativas de crédito impulsaron un clima de inversiones propicio”.

Lo que no dice, es que en ese gobierno se inició el cambio en la actividad agrícola con el programa que se denominaba “Volvamos a la Tierra”, que significó el desestímulo progresivo de las actividades consideradas tradicionales y el estímulo de actividades no tradicionales para exportación, la desaparición de los programas nacionales por cultivo y el redireccionamiento de las políticas antes mencionadas y de los recursos técnico y financieros hacia las nuevas actividades.

Este cambio en la actividad agrícola, que fue ampliado en las Administraciones siguientes de Arias Sánchez, Calderón Fournier y Figueres Olsen, ligado a los programas de Ajuste estructural firmados con el Fondo Monetario Internacional, creó la diferenciación estructural entre la Agroexportación y la producción agrícola para el mercado interno, de la que se menciona poco en el artículo, pero que es crucial para explicar la situación actual del sector agropecuario.

Vale recordar que las políticas de esas Administraciones, junto al estímulo a las actividades no tradicionales de exportación, ejecutaron medidas dirigidas a desmantelar el esquema de apoyo institucional de transferencia tecnológica y de capacitación hacia los productores involucrados en las actividades agropecuarias consideradas tradicionales, que no eran otras que la producción de granos básicos, las hortalizas, los tubérculos y las frutas para consumo nacional, las cuales restringieron considerablemente la labor de las instituciones del sector: CNP, MAG, IDA, el SENARA y el PIMA y que las han llevado al bajo nivel de funcionamiento que presentan en la actualidad.

Lo anterior explica, la realidad que observa el autor, “los productores que tan amable y alegremente nos atienden en las ferias del agricultor tienen baja productividad, seguramente con algunas notables excepciones, lo que determina su ingreso y los condena a una vida dura, exigente y, muy probablemente, a la pobreza”. Lo paradójico es, que éstos productores amables, pero pobres, son los que proveen el 80% de la producción alimentaria nacional, garantizan cada semana la disponibilidad de alimentos a los consumidores de las ferias del agricultor y de los mercados locales y son los responsables directos de la seguridad alimentaria del país, pero han sido abandonados por las políticas agrícolas y por la institucionalidad del sector, que no dirige adecuadamente sus programas y acciones hacia este sector, por falta de recursos, escasez de personal técnico o simplemente por impulsar tecnologías modernas como el gobierno actual.

De ahí que las soluciones que se proponen a veces frente a la situación del agro no son las apropiadas. En ese contexto, el autor señala que “En esto no hay ningún misterio. La alta productividad del campo pasa por la agricultura de precisión y en ambientes controlados; por la aplicación de tecnología a semillas, a la fertilidad y la irrigación de los campos, a nuevas plataformas de infraestructura productiva, tecnologías digitales aplicadas al mantenimiento y control de las plantaciones, la cosecha, la logística y la distribución y exportación de los productos”, de manera similar a la posición del actual Ministro de Agricultura, que promueve la agricultura de precisión, tecnología de drones, georreferenciación y sistemas de riego automatizados, para todos los agricultores, (Surcosdigital.com, julio 2025), sin importar la baja condición económica de los productores, que muchos no tienen asistencia técnica, que no tienen acceso al crédito, que sus costos de producción se han elevado y que las importaciones de productos afectan sus precios y sus ventas.

Pero según lo expuesto en el artículo incorporar esas tecnologías es relativamente fácil, “implica alinear las instituciones, los programas, el crédito, la infraestructura, las políticas económicas y el «contrato social» del sector, implica modernizar y enfocar algunas instituciones, como el MAG, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el INDER, y el mismo movimiento cooperativo”, o sea se trataría de revertir las políticas económicas y sectoriales de los últimos 40 años y sus efectos sobre la producción agroalimentaria para el mercado interno mediante una supuesta modernización y acción institucional que no parece tener sustento en la realidad actual.

La producción agrícola está en crisis y no podemos desconocer esa problemática, algunas actividades se encuentran en sus niveles mínimos de producción, como se ha revelado recientemente sobre la cebolla, cuya producción nacional ha disminuido mientras que las importaciones llegan a su punto más alto. Según la información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa.

Pero la cebolla no es el único cultivo cuya producción está bajando en Costa Rica. Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos. La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%. (Surcosdigital.com, abril-2025)

Finalmente, el documento cuestiona “¿por qué si en cada campaña electoral decimos que queremos acabar con la pobreza –en buena parte rural y agropecuaria– no tomamos las medidas necesarias para aumentar la productividad del campo a niveles que permita a los pequeños productores superar su situación?”. La respuesta según los argumentos expuestos antes es obvia, los pequeños productores no han podido superar esa situación, porque se dedican a la producción de alimentos para el mercado interno, actividad que no tiene estímulos como la exportación, ésta actividad está en manos de pequeños productores con poco acceso al capital y a la tecnología, que dependen de la asesoría técnica y de la transferencia tecnológica de las instituciones públicas que fueron desmanteladas técnica y financieramente hace muchos años, porque tienen que competir con importaciones baratas de otros países y porque los políticos y los gobiernos de turno no se han querido comprometer con una transformación de la producción interna y de la pequeña producción, aunque en campaña política prometan soluciones que nunca se cumplen.

El Gobierno de Chaves presentará retrocesos y erosión de controles en materia de plaguicidas como avances

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Trece acciones de la administración Chaves-Robles que han empeorado la crisis por contaminación con plaguicidas.

(21 de agosto 2025. Bloqueverde) El día de mañana viernes 22 de agosto, los ministros de ambiente, salud y agricultura harán una conferencia de prensa en el IICA en Coronado titulada “Avances en la gestión responsable de Agroquímicos” Un intento desesperado por hacer campaña política con la contaminación por plaguicidas.

La administración Chaves Robles ha agravado la crisis por contaminación con plaguicidas, incluso peor que administraciones anteriores, la diferencia es que ahora la erosión de controles y la tolerancia a la contaminación por parte de las autoridades se volvió política pública. Aunque no es una lista exhaustiva pasamos a mencionar algunos puntos relevantes sobre el agravamiento de crisis de contaminación con plaguicidas.

1. El Ministerio de Salud ha modificado el Reglamento de Agua Potable para permitir una mayor concentración de plaguicidas en el agua que tomamos en Costa Rica. Esta desmejora se hizo en el marco de la crisis de contaminación por Clorotalonil que viven diversas comunidades, un plaguicida prohibido en más de 35 países y que es catalogado como cancerinogénico. La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

2. En esta administración se ha implementado una forma de registro de plaguicidas que se le conoce como “registro por homologación” en la que se están registrando las moléculas viejas y que deberían de salir del mercado por su peligrosidad. Pero esto lo plantean las autoridades como “una modernización de alternativas para el agricultor”. Esos registros por homologación sólo los revisa el MAG-SFE y están permitiendo registros con información incompleta y evaluaciones ambientales parciales.

3. Se flexibiliza el registro de plaguicidas. El gobierno de Chaves incorporó otra forma de registro para facilitar aún más y que cualquiera que no tenga información propia de su producto, la pueda sacar de Internet y con eso registrar y vender. Existen inconsistencias técnicas para que avalen estos registros

4. MAG no permite el avance en la emisión de un reglamento para aplicaciones terrestres, porque quiere que las distancias entre una casa y la aplicación de venenos sea entre 0 y 5 metros. Es decir, EL MAG desea que le apliquen plaguicidas en el portón de su casa o escuela, clínica, etc.

5. Las escuelas que han tenido que ser evacuadas por ser impactadas por la deriva de las fumigaciones con agroquímicos no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades. Cientos de niños y niñas que esperan recibir enseñanza han tenido que ser llevados al hospital con cuadros de intoxicaciones graves con plaguicidas debido a sus vecinos negligentes. El proyecto de ley 23697 que ayudaría a evitar este tipo de percances ha recibido la oposición de la fracción oficialista.

6. Este gobierno insiste en que los drones se consideren “equipo terrestre” para poder usar cualquier plaguicida sin las regulaciones de seguridad que pide Aviación Civil y las regulaciones de fumigación aérea existentes.

7. MAG ha impedido que se prohíba el fipronil en la agricultura, desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional para proteger las abejas y otros polinizadores. Hay que recordar que el insecticida fipronil es catalogado cómo el mayor asesino de abejas y se encuentra prohibido en muchos países del mundo por esta misma razón. Sumado a esto, la administración chavista engañó al país con el decreto que según ellos prohibía el fipronil, pero esto no era así. Es falso que el decreto ejecutivo 43767 proteja a las abejas, porque el uso industrial y profesional solamente se refiere a la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas. En cambio el uso en campos agrícolas es el que verdaderamente mata a las abeja, y esa aplicación sigue siendo legal.

8. Las autoridades justificaron ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes la necesidad de mantener el uso de clorpirifos en Costa Rica a pesar de que este convenio de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de retirarlo del mercado desde el año 2022 por sus impactos a la salud humana, especialmente en niños y niñas.

9. El día de mañana se anunciará una lista de 18 moléculas como una supuesta reducción de plaguicidas, pero sólo es una limitación para una forma de registro (ya que existen varias). En realidad, sólo se dejarán de usar ciertas formulaciones, mientras que el grueso de los formulados con esas mismas moléculas seguirá a la venta. Para que esas moléculas se dejen de usar realmente, hay que hacer informes entre los 3 ministerios (MAG, MINAE, MINSA), como lo dicta la legislación y analizar qué criterios tienen más peso; la protección de la salud y el ambiente o la producción agrícola con plaguicidas.

10. El SFE está obligado todos los años a medir los residuos de plaguicidas que tienen los alimentos frescos que se comercializan en Costa Rica. Para el informe publicado este año las muestras de frutas, hortalizas y vegetales fueron recolectadas en fincas con programas de reducción de plaguicidas, parte del programa de Buenas Prácticas Agrícolas en su gran mayoría y no reflejan de ninguna manera una muestra representativa de la realidad nacional. Ya que el grueso de la producción no implementa ningún método de reducción de pesticidas.

11. El Ministerio de Salud durante esta administración ha debilitado la Unidad de Registro de Plaguicidas quitándole personal y erosionando la capacidad de advertir los riesgos a la salud de los plaguicidas que se comercializan en el país. Debilitando así el criterio técnico que por ley le corresponde al MINSA.

12. En esta administración la inacción ante eventos de contaminación ha sido la constante. La biodiversidad ha sufrido repetidos eventos de contaminación en cuerpos de agua como el Humedal de la Laguna Madre de Dios en Batán donde han sido ampliamente denunciadas por vecinos y pescadores de la zona, pero sólo reciben silencio institucional.

13. El año pasado vimos cómo el gobierno chavista desmanteló el Departamento de Agricultura Orgánica, pese a denuncias de los productores agroecológicos.

Mientras esto pasa, la Casa Presidencial impulsa la Alianza del Pacífico con impactos irreversibles a la soberanía alimentaria de nuestro país. El ministro de agricultura no deja de defender la importación de arroz, cebolla, papa y cualquier otra cosa que le pidan los financistas de la campaña chavista.

Por el respeto a la integridad y la vida de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Como parte de los grupos que respaldan y se solidaricen con la lucha de los pueblos originarios para recuperar sus territorios, su cultura y su espiritualidad, apoyamos los recientes comunicados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) para denunciar y detener la reciente ola de hostigamiento y amenazas en contra de la vida e integridad de Pablo Sivas.

También la compañera indígena bröran Melissa Garbanzo ha recibido, una vez más, merodeo y estacionamiento sospechoso de motociclistas frente a su vivienda y lanzamiento de piedras contra su casa, tanto ella como sus hijos e hijas se encuentran desprotegidos. Se debe recordar que el testimonio de esta compañera ha sido fundamental durante los dos juicios acerca del asesinato de Jehry Rivera R.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur reportó, durante el año 2024, diecinueve amenazas de muerte contra personas indígenas de diferentes pueblos y territorios originarios.

El horror y el terror ejercido por parte de los ocupantes ilegales y las personas allegadas a estos contra la población habitante de los territorios ancestrales son práctica cotidiana a la vista cómplice de las autoridades locales y nacionales.

Por tanto, exigimos que el Estado costarricense cumpla con:

• La Constitución Política de Costa Rica.

• El Convenio 169 de la OIT.

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• La Ley N.º 9038 sobre violencia contra las mujeres.

• La jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por el respeto a la integridad y la vida de los pueblos originarios

Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera

Asociación de Cooperativas Europeas Longo Mai, Asociación UNAPROA,

Frente Ecologista Universitario-FECOU,

Fundación Pedagógica Nuestramérica,

Movimiento de Trabajadores y Campesinos-MTC,

Movimiento Ríos Vivos

Libertad inmediata y respeto a su integridad a Leocadio Juracán Salomé, líder kakchikel y exdiputado del Congreso de Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Adendum:

Compartimos la alegría, con el compañero Leocadio, su familia y comunidad, porque el pasado lunes 18 de agosto, en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, el juez Fabián de León Pérez dictaminó Libertad condicional, aunque imponiéndole una multa de Q50 mil. Antes del 5 de febrero, 2026, el Ministerio Público presentará la conclusión de este claro proceso de criminalización y judicialización, como defensor comunitario.

Urge mantenernos en alerta ya que estos atropellos a los derechos humanos de los pueblos, lideresas y líderes indígenas son sistemáticos en Guatemala.

20 de agosto, 2025

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos denunciamos a nivel internacional que el día 13 de agosto, 2025, en Guatemala fue detenido arbitrariamente Leocadio Juracan Salome, dirigente histórico del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una de las principales organizaciones indígena-campesina de Guatemala.
Leocadio es el fundador de Café Justicia, instancia social colectiva del CCDA que apoya a pequeñas y pequeños productores en el altiplano guatemalteco, gracias a la solidaridad de organizaciones canadienses. También fue diputado entre 2015 y 2018 por el partido Convergencia.


Actualmente, Leocadio tiene el cargo de director del programa de Justicia Agraria del CCDA que acompaña a comunidades campesinas amenazadas por desalojos forzosos. Leocadio fue detenido el 13 de agosto en el aeropuerto Aurora de la Ciudad de Guatemala, cuando iba a abordar vuelo hacia Suráfrica, invitado como ponente en una conferencia sobre campesinado en defensa de la sostenibilidad ambiental. Está acusado de «usurpación agravada» por su acompañamiento a una comunidad amenazada con desalojo, en el departamento de Izabal, retenido en la cárcel Mariscal Zavala, en la ciudad capital.


¡Liberen inmediatamente a Leocadio Juracán Salomé!


Garanticen su protección.


Cumplan con las recomendaciones recientes del Relator Especial de la ONU de declarar una moratoria inmediata de los desalojos forzados y de otorgar la amnistía

a todas las defensoras y defensores criminalizados.

Pongan fin a la criminalización de las y los integrantes, lideresas y líderes de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas.

Cc.
Ana Glenda Tager Rosado, Secretariada Privada al Presidente, – informacion@secretariaprivada.gob.gt
Francisco Jiménez Irungaray, Ministro de Gobernación – despachoministerial@mingob.gob.gt
Claudia Samayoa, Asesora al Ministro de Gobernación – ddhh3@mingob.gob.gt

FIRMAS

Apoyo a nivel nacional e internacional

Argentina

Patricia Isabel Machado/Colectivo Rodolfo Walsh/6137305

Bolivia

Adriana Guzmán Arroyo/ /Feminismo Comunitario Antipatriarcal/ZE96639

Costa Rica

Allen Cordero Ulate/Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Amalia Vargas/Personal

Ángelo Monge Montero/Personal/112430155

Astrid Barrera/Partido Vanguardia Popular (PVP)/117000648326

Clarita Quiel Torres/Cabagra, Organización Autónoma Propia del pueblo Bribri

Consejo Iriria Sätkök

David Morera Herrera/Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT)

106440113

Edison Valverde Araya/Buen Vivir-Costa Rica/103460024

Eli Ortiz Torres/Organización Autónoma Propia del pueblo Bribri

Consejo Iriria Sätkök 602620750

Esteban Fernández/Organización Socialista Revolucionaria-Costa Rica (OSR)

Guadalupe Urbina Juárez/Música Gestión cultural comunitaria /501830490/

Guiomar del Rocío Martín Tedman /Personal/103550418

Hazel Hernández Coronado/Sind. de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

B00302127

Isabel Ducca Durán/Personal/105640060

Joaquín Meléndez González

Ligia Barrantes Cartín /Justicia para Jerhy/900710454

Luis Sarkis Salas/Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)/105600606

Marbella Martín Fragachán/Internacional Antifacista Capítulo Costa Rica

María Trejos Montero/MTC y activista DDHH /106890938

María Vázquez Orozco/Personal/207330880

Marielos Muñóz Solórzano/MTC y Bloque de Vivienda/603340348/

Marylin Morris Zúñiga/MTC

Orlando Barrantes Cartín/MTC y Bloque de Vivienda/104260775

Miguel Barrios Gutiérrez/ PRT/301560323

Mónica Alemán Araya/Coordinadora por la Liberación Animal/116540961

Ronald Solís/MTC/204940381

Rosángela Cortés Barquero/MTC/701400120

Tyron Esna Montero/ SITRAPEQUIA/70090574

Wilson Arroyo Oconitrillo/Músico e historiador/206880354

Yamileth Monterrey López /Justicia para Jerhy/800580801/

Ecuador

Fabiola Falconi /Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca/0101667848

Kemi María Loor Solórzano/Unión de Educadores de Ecuador (UNE)/1306642735/

Isabel Vargas Torres/Presidenta Federación de Barrios de Quito

Sisa Pacari Saraguro /Organización del Pueblo Saraguro

Suy Wong/Red de Solidaridad con Palestina

El Salvador

Javier Sibrián, personal/Maestro jubilado/02607648-5

Rosa Cándida Membreño Hernández/Maestra jubilada/027135494

Estados Unidos

Ivonne García Bueso/Asociación Solidaria Comparte/0501-196003679

Estado español

Pedro Polo Fernández/Ensenyans Solidaris/04517921P

Honduras

Gerson Miller Wood/Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH) /902199100295

María Dolores Escobar Salgado/Presidenta COLPEDAGOGOSH/1503196901251

Roy Marín Hernández/Guancasco/1006 1973 00217

Guatemala

Delmi Arriaza Pontaza/Activista

Egil Iván Galindo Ovalle/Personal/1869916731009

Elvira López/Personal/2423737980101

Ricardo Gabriel Vázquez/Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il /1725146491319

México

Raquel Godínez Solíz/MMPV-CNTE/GOSR680710

Panamá

Luzmila Sánchez Cosio/Personal

Venezuela

Alba Carosio/REMTE LA/11858059

Isidro Ramírez /Lauicom /5459169

Otros países

Aída Campod

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Guatemala Hugo Garrido Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC de Costa Rica; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América y ComuniSur referentes internacionales de comunicación popular.

Carta de la contralora al presidente y anexos que deben leerse en conferencia de prensa

Escrito en . Publicado en Derechos.

La contralora general, Marta E. Acosta Zúñiga exigió al presidente Chaves un derecho de respuesta que debe leerse en la próxima conferencia de prensa. SURCOS transcribe la carta íntegra y ofrece en el último párrafo el enlace al documento anexo que contiene el texto que debe leerse. La exigencia de la contralora se da al “amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

Señor
Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
Señor Presidente:

El pasado miércoles 20 de agosto, al final de la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial y dirigida por usted, en el período de consultas, pero también en otros espacios públicos en los que participa, falsamente se atribuyen actuaciones a los funcionarios y funcionarios de la Contraloría General de la República; falsedad que se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos. Lo hace sobre temas sensibles en materia de educación y salud; entre otros, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe. Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable.

Estupor causa que durante la conferencia y ante consulta de un periodista, su respuesta haya sido decir: “Uy don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la Contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”. Respuesta violenta y además misógina hacia mi persona, así como irrespetuosa hacia la entidad que represento. Han sido meses de agresiones; todas ellas debidamente documentadas como lo exige la ley para cualquier demanda o proceso judicial posterior.

Uno de los temas expuestos en la conferencia corresponde a las Escuelas Santa Elena en Monteverde y Portalón en Quepos, con respecto a las cuales se nos endilgan actuaciones ilegales cuando lo cierto es que la actuación de la División de Contratación Pública de la CGR se enfoca en resolver dos recursos de apelación, respetando los procedimientos BCIE y las condiciones específicas, a partir de las cuales se anuló la decisión del Ministerio de Educación Pública de declarar fracasadas las licitaciones.

No es ganancia para las comunidades que por aspectos intrascendentes se declaren fracasadas las licitaciones promovidas para construir las escuelas, ni tampoco plantear cuestionamientos que no fueron vistos en apelación. El MEP es quien puede seguir con los procedimientos y permitir la construcción. A las comunidades afectadas y al país debe decírseles la verdad, la resolución de la Contraloría General permite seguir con el trámite que el mismo Ministerio de Educación frenó en su momento por un tema intrascendente.

Si ya es nefasto pretender obstaculizar que se sigan los procedimientos iniciados para la construcción de las escuelas también lo es referirse al Hospital de Cartago para atribuirle a la Contraloría el supuesto incumplimiento de plazos para resolver. Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que pese a ello la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo, siendo responsabilidad de la CCSS presentar los documentos completos oportunamente, máxime que se trata de la satisfacción de necesidades apremiantes de las personas.

A todo ello, se suma utilizar la inauguración de la nueva sede de Coopesalud, en el Llano de Desamparados, el 19 de agosto anterior como espacio para atacar a los funcionarios de esta Contraloría General en relación con el caso “Barrenador”, llamándonos “sinvergüenzas” y acusándonos de tener una alianza “inmoral” con otros funcionarios y de los delitos de colusión y corrupción.

Rechazamos las declaraciones difamatorias y calumniosas que con tanta facilidad y sin prueba alguna se lanzan contra funcionarios de la Contraloría General. Nuestras actuaciones ajustadas a la técnica y a la ley no han tenido nunca un afán intimidatorio como sí lo tiene la campaña sistemática de ofensas, violencia y mentiras que desde hace meses recibimos. Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y si tiene pruebas presente las denuncias que correspondan. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables.

Por la extensión de sus declaraciones, las respectivas transcripciones y nuestros argumentos están en documento anexo, acompañados de los párrafos que exigimos sean leídos en la próxima conferencia de prensa al amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por brindar las declaraciones en un formato de amplia difusión en youtube y por redes sociales en el que se intercalan también presentaciones en videos previamente preparados.

Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de forma firme e indeclinable.

Sin otro particular,
Marta E. Acosta Zúñiga
Contralora General de la República

FECON denuncia complicidad estatal en despojo de territorios indígenas

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La Federación Ecologista (FECON) denuncia y alerta la reiterada negligencia y complicidad del Estado costarricense frente a las sistemáticas violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en incumplimiento directo a la Ley Indígena de Costa Rica y al Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos jurídicos que establecen de forma clara que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles y son exclusivos para sus pueblos originarios.

El reciente intento de usurpación del terreno en la Finca San Andrés, del mayor bröran Pablo Sibar, ocurrido el pasado domingo 10 de agosto en el territorio Brörán de Térraba, representa un evento más del despojo, hostigamiento e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. A pesar de que Sibar cuenta con un reconocimiento legal de más de 13 años sobre el terreno en cuestión, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, respaldándose en una certificación emitida por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba a favor de personas no indígenas, la cual fue denunciada como fraudulenta por Sibar.

Para los pueblos indígenas, las ADI son espacios impuestos por el Estado costarricense que operan como mecanismos de despojo, legitimando invasiones y sirviendo a intereses ajenos a las comunidades indígenas. La participación activa de la ADI en este acto de usurpación, sumado al respaldo de la Fuerza Pública y la omisión de acción por parte del Ministerio Público, representan complicidad estatal que pone en riesgo a Pablo Sibar y a todos los defensores indígenas que lo acompañan y que defienden su derecho a su territorio.

Recordamos que Sibar cuenta con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2015 y que ha sido víctima de múltiples agresiones desde 2012, incluso recibiendo amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos impunes de los defensores del territorio Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Estos hechos no pueden seguir tratándose como incidentes aislados, son parte de una política sistemática de abandono estatal y discriminación institucional hacia quienes defienden sus territorios y la vida, la cual no debe de continuar.

Por esto, nos solidarizamos con Pablo Sibar y quienes se encuentran defendiendo su derecho al territorio. Así también, exigimos al gobierno de Costa Rica, quienes el pasado 9 de agosto, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas, emitieron en sus canales oficiales una noticia en donde dijeron “reafirmar su compromiso continuo con las poblaciones indígenas”, que actúen de inmediato ante esta situación de clara violación de los derechos de Pablo Sibar y que garanticen su seguridad e integridad física.

UCR. Un análisis del economista Rodrigo Cubero: el chock Trump 2.0 

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Actividad organizada por el Capec-UCR

Estados Unidos ya no cree en el comercio internacional

El economista Rodrigo Cubero B. ofreció sus perspectivas de la economía internacional y nacional a través del Programa de Capacitación y Actualización Profesional en Economía (Capec). Capec nace como parte de las actividades de acción social de la Escuela de Economía y su propósito es promover la actualización profesional de los economistas o la capacitación de profesionales de otras disciplinas en temas relacionados con la economía. Foto: Archivo Semanario Universidad.

El economista y expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey, analiza lo que él llama el “chock Trump 2.0” que combina políticas nacionalistas, proteccionistas y aislacionistas, que en la segunda administración viene con una base más fuerte y tendrá mayor impacto y duración. La charla, ofrecida por el destacado economista, es parte de las actividades organizadas por el Programa de Capacitación y Actualización Profesional en Economía (Capec-UCR) de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. 

La actual gestión administrativa del socio comercial más importante para Costa Rica cree que el comercio internacional es una estafa. Ve con malos ojos el déficit comercial (cuando se compra o se importa más de lo que se exporta o se vende).  

De la misma forma, hoy la administración de Estados Unidos es adversa a la producción internacional (que empresas estadounidenses produzcan en otras naciones) y en consecuencia produzcan empleo fuera de Estados Unidos.  

Además, reconfigura a sus aliados en el globo y combate a toda forma de migración. En resumen; eso es el movimiento MAGA (Make America Great Again), que a criterio del experto es una “pésima decisión de política económica” desde el punto de vista de la eficiencia de la producción.  

También, el chock Trump 2.0, es disminución de impuestos; recortes a la inversión social (como el cierre de la agencia de ayuda externa y el intento de cerrar el ministerio de educación); una política deliberada para debilitar el dólar, para favorecer las exportaciones estadounidenses; y propone una política fiscal laxa que incrementará la deuda pública.

Por último, hay un cambio que propicia la desregulación ambiental y favorece la explotación de hidrocarburos.

A la espera de un sismo (de grandes consecuencias)

Nada destruye más las posibilidades de inversión que la incertidumbre, y ella cobrará la factura en mayor inflación y menor crecimiento.

  1. Entre los factores que están sumando presión están la creación de empleo que no es favorable, datos negativos para la administración Trump; a los cuales respondió con el despido del líder del Instituto de Estadísticas, lo que en consecuencia tiene un efecto nocivo de confiabilidad de datos en EE. UU.   
  2. Además, el clima agresivo y de arrestos en frontera y el aumento en el número de deportaciones, traerá como consecuencia la escasez de la mano de obra migrante con un efecto en la inflación. 
  3. Cuberto asegura que el efecto inflacionario del chock Trump 2.0 aún no se ha sentido.  
  4. Las tasas de interés en EE. UU. serán al alza y eso afectará al resto del mundo. Pues se reduce el espacio para la baja en la Tasa de Política Monetaria.   
  5. Es esperable una desaceleración de la economía a nivel global como consecuencia de las barreras arancelarias que hoy en promedio son del 18 %; el nivel más alto desde 1934. Antes de Trump, eran de 0 %.“Es un escalamiento sin precedentes”, afirma el experto.

Arancel y otras desventajas para Costa Rica

A partir del 7 de agosto pasado inició la aplicación de las barreras arancelarias al libre comercio, promovidas por Estados Unidos, donde se fijó un piso del 10 % a toda importación que ese país realice.  

Sin embargo, para Costa Rica, las noticias fueron peores. Debido a que Estados Unidos tiene un déficit comercial con el país, el arancel recíproco quedó fijado en un 15 %, asunto que coloca a las exportaciones costarricenses en desventaja frente a la gran mayoría de naciones centroamericanas, y especialmente en desventaja con México, país al que se le aplicó un 0 % a casi la mitad de su producción. 

Lo anterior tiene un fuerte efecto en la economía costarricense, pues del total de bienes exportados por el país, el 47 % tiene como destino los EE.UU. de un total de servicios del 50 %. Adicionalmente, el 70 % de la Inversión Extranjera Directa que recibe el país es proveniente de esa nación.  

Además, existe un nuevo peligro que se cierne sobre Costa Rica, pues dos senadores, uno del Partido Republicano (Jim Justice, de West Virginia) y otro del Partido Demócrata (Rubén Gallego, de Arizona), presentaron un proyecto de ley mediante el cual pretenden repatriar los centros de llamadas. Para ello, restringirían ciertos beneficios –como acceso a incentivos y préstamos garantizados por el Gobierno Federal– a las empresas que trasladen o mantengan esos servicios fuera de Estados Unidos. 

“En tiempos normales, no le hubiéramos prestado mucha atención a tan disparatada idea. Probablemente, se trataría tan solo de un nuevo proyecto que naufragaría en las aguas de la sensatez en Washington D.C., tal y como ha sucedido en el pasado con otras iniciativas de similar naturaleza. Pero, los tiempos han cambiado”, concluye Cubero.

Webinar: Coyuntura internacional y perspectivas para la economía costarricense

El webinar analizará el entorno internacional y sus implicaciones para la economía costarricense. Se tocarán las perspectivas económicas y los riesgos externos e internos para el rumbo de la economía nacional. Expositor: Rodrigo Cubero Asesor y consultor internacional en temas económicos y legales, y miembro de varias juntas directivas. Sirvió como presidente del Banco Central de Costa Rica entre agosto del 2018 y mayo del 2022.

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Caminata urbano-histórica entre San Joaquín y San Francisco de Heredia

Escrito en . Publicado en Derechos, Recreación.

El grupo Caminantes de Costa Rica invita a participar en una caminata urbano-histórica para conocer atractivos naturales, históricos y turísticos del país. La actividad se realizará el próximo recorrido de 5,5 km entre la iglesia de San Joaquín de Flores y San Francisco de Heredia.

La salida será a las 8:45 a.m. y tendrá una duración aproximada de hora y media. La inscripción tiene un costo de ₡3.000 e incluye guía acreditado y refrigerio. Antes de la salida se tomará la presión arterial y la frecuencia cardiaca de las personas participantes.

Fecha: 23 de agosto; salida 8:45 am.

Para más información e inscripciones puede comunicarse al teléfono 7189-4252.