Jueza intenta realizar diligencia judicial en terreno recuperado en China Kichá, sin notificar a las y los recuperadores.
La diligencia tampoco había sido coordinada con el Comité de Salud del Territorio, sobre el tema Covid 19, tal cual lo ordena la Corte Suprema de Justicia.
Martes 21 de julio de 2020. Al ser aproximadamente las 8:40 de la mañana; la Jueza Jenny Corrales Torres, se hizo presente a la tierra recuperada Sakeglö Kaska (Tierra de Mayores), en el Territorio Cabécar de China Kichá al sur de Costa Rica; terreno que había sido ocupado ilegalmente por Gilbert Fernández, dueño del Grupo MUSOC – GAFESO, para realizar una diligencia judicial.
La Jueza Agraria Corrales Torres, se apersonó con otros funcionarios judiciales, la Fuerza Pública y el abogado de la parte actora y pretendían ingresar al terreno recuperado a realizar una diligencia judicial. Sin embargo, las y los recuperadores les indicaron que ninguno de ellos, ni su abogado habían sido notificados de esa diligencia; ante lo cual la Jueza dijo que la notificación no era necesaria y que iba a realizar la diligencia; lo cual es contrario al principio de debida defensa y a los procedimientos judiciales establecidos para la correcta notificación de las partes.
Además, una compañera Cabécar miembra del Comité de Salud, conocidos como Comités Covid; les indicó a los funcionarios judiciales que la diligencia no había sido coordinada con el Comité, según lo establecido en la Circular 103-2020 de la Corte Suprema de Justicia, acuerdo de Corte Plena de la sesión 21-2020 del 20 de abril de 2020, art xviii; que ordena la coordinación con dichos Comités para la realización de cualquier diligencia judicial en los territorios indígenas.
Contra las y los recuperadores Cabécares de Sakeglö Kaska, fue interpuesto un interdicto de amparo de posesión, por Esteban Fernández Salazar, persona no indígena que ahora reclama esas tierras; a pesar de que es públicamente conocido que dicho terreno fue ocupado ilegalmente por el empresario Gilbert Fernández; esta causa se tramita en el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, Expediente No. 20-000024-1129-AG-2.
Las y los recuperadores Cabécares del Territorio de China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur denunciamos una vez más las múltiples y reiteradas irregularidades en las que incurren varios funcionarios e instancias judiciales y miembros de la Fuerza Pública del Cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón y exigimos una investigación de este caso y de todos los demás que se han denunciado y de los cuales autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial tienen conocimiento por diferentes medios; sin que se hallan establecido hasta el día de hoy, las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Recuperadoras/es Cabécares de Sakeglo Kaskä Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö Recuperadoras/es Cabécares de Kono Jú Coordinadora de Lucha Sur Sur
¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
La oligarquía empresarial en componendas con políticos vendidos, intentan darle un nuevo golpe a la clase trabajadora y al pueblo costarricense donde un proyecto de ley pretende hacer flexibles las jornadas laborales, lo cual representa un retroceso de más cien años a las conquistas laborales y derechos de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y la Constitución Política.
Si logran pasar esta ley, los patronos, empresarios y hasta el mismo gobierno podrían obligar a los trabajadores a laborar jornadas de 12 horas sin pagos de tiempo extraordinario. Este tipo de jornadas se superaron gracias a muchas luchas obreras y hasta muertos por lo que no es de recibo que ahora mediante una ley los costarricenses aceptemos este retroceso social. Donde Claramente se nota que este grave daño que afecta a toda la clase trabajadora les causará mayores perjuicios a las mujeres, afectando por ende a las familias razón por la cual el INAMU ha planteado su rechazo absoluto.
Costa Rica, uno de los países más desiguales del planeta, donde la voracidad empresarial no tiene límites, sin importarles todo el sufrimiento que tiene el pueblo por esta la pandemia de salud que nos afecta, una vez más pretenden cargarle el peso de la crisis a la clase trabajadora. Mientras la clase empresarial le roba al estado miles de millones de colones mediante la evasión de pagos de impuestos, exoneraciones y hasta regalías estatales, nada más injusto e inaceptable.
Los movimientos sociales costarricenses nos estamos preparando para dar esta nueva pelea en contra de los proyectos de ley que atacan a la clase trabajadora, en ese sentido todas las Centrales Sindicales se unen a este esfuerzo por detener esta nueva afrenta.
Ya basta de reducción de jornadas, de ponerle impuestos a la canasta básica, de reducción de salarios, de querer poner impuestos al salario escolar, al aguinaldo y hacer recortes a los programas de vivienda. No más martillo hacia la clase trabajadora. Por eso hoy hacemos el llamado al pueblo costarricense y limonense a los afiliados y allegados a manifestarse de manera libre y pacífica, cuidando todos los protocolos, pero con toda la fuerza y la convicción de que somos ciudadanos libres, respetuosos de la ley, pero valientes y dispuestos a defender nuestros derechos legítimos y sagrados.
Realizaremos una primera acción vehicular este jueves 23 de julio, 9am, habrá 3 puntos de salida, oficinas de SINTRAJAP, MUNICIPALIDAD Y ANDE. Haremos un recorrido por todos los barrios.
Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General
Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto
La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica
Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:
El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.
Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.
Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.
Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.
Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.
El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.
La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.
Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN, hace un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que impulsen y aprueben la reforma al impuesto de renta y una contribución solidaria del sector financiero para financiar al mediano plazo el bono proteger y aspirar a convertirlo en una renta universal mientras dure la pandemia.
Investigación de la UCR realiza la primera exploración nacional en torno a procesos educativos y convivencia cotidiana en el contexto del COVID-19
La investigación evidencia que las labores de cuido y el involucramiento parental educativo pedagógico son asumidas mayoritariamente por mujeres. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Anel Kenjekeeva.
De manera inesperada, la mesa de comedor de los hogares costarricenses dejó de ser un espacio exclusivo de alimentación para albergar actividades laborales, tareas escolares y otras dinámicas de convivencia. La llegada del COVID-19 trasladó la vida diaria de todos los miembros de las familias a un mismo tiempo y espacio.
El contexto impuesto por la emergencia sanitaria motivó al Dr. Mariano Rosabal Coto y a la Dra. Mónica Salazar Villanea del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) a adaptar un estudio sobre involucramiento parental educativo para analizar el tema en el marco de esta nueva realidad.
El estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio denominado “Las relaciones primarias familiares intergeneracionales pueden contribuir al desarrollo educativo de niños y niñas” en el que también participan la Dra. Ana María Carmiol, el Dr. Javier Tapia Balladares y la Dra. Tamara Fuster.
Según el Dr. Rosabal, las interacciones que desarrollan las madres, padres y personas cuidadoras con los niños y niñas gestan ambientes emocionales que impactan de forma directa en sus diversos procesos de aprendizaje, así como en su desarrollo cognitivo y académico.
Las medidas de confinamiento, decretadas en marzo anterior por el Ministerio de Salud, trasladaron a los hogares el cuido de los menores a tiempo completo y la continuidad de las actividades académicas, mientras los adultos responsables lidiaban también con adaptaciones laborales y la protección familiar frente a la emergencia sanitaria.
El cambio descrito en las dinámicas cotidianas generó tensiones al interior de las familias costarricenses y dio lugar a una realidad a la cual logró acercarse el IIP mediante una encuesta digital, aplicada en el mes de abril, tras las primeras tres semanas de confinamiento en Costa Rica.
“Sabemos que en este contexto particular de pandemia hay zozobra, estrés y frustración en los padres y madres. Hay una sobrecarga emocional que necesariamente influye en el acompañamiento que dan a los niños y niñas”, explicó el investigador.
La consulta, divulgada por medio de las redes sociales del propio Instituto y de algunos de sus investigadores, obtuvo respuestas completas de 867 personas, de las cuales el 87,7 % fueron mujeres, en su mayoría costarricenses, de zona urbana y con estudios universitarios completos.
Rosabal afirma que si bien los datos del estudio no son representativos para todo el país, se convierten en una primera exploración nacional en el contexto del COVID-19 que aporta insumos relevantes para investigaciones posteriores en torno al proceso educativo y las dinámicas familiares.
Según la Dra. Salazar, los resultados de la investigación evidencian que las labores de cuido y el involucramiento parental educativo pedagógico son asumidas mayoritariamente por mujeres, quienes ante el incremento de las demandas en el contexto de la pandemia asumieron “una especie de triple jornada”.
“Tienen el trabajo de la casa, el trabajo de afuera, el cuido y ahora la labor pedagógica que ya no es solamente involucrarse en las tareas, sino que ahora es tener una escuela en casa. Todo esto hace que la demanda suba, pero no necesariamente los recursos que tenían para enfrentarla”, mencionó la experta.
Investigadores destacaron que tanto las personas consultadas como las acciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) reconocen que también hay aprendizajes en las tareas de la vida cotidiana. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Las personas que respondieron la encuesta aceptaron que no podían cubrir el trabajo de enseñanza como lo hacen los docentes al tiempo que atienden sus propias obligaciones laborales y las responsabilidades de la casa en medio de la cotidianidad impuesta por el COVID-19.
El contexto obligó a las familias a priorizar las situaciones a su alrededor y colocaron en el primer lugar de importancia el hecho de mantener la salud, seguido por sostener lazos afectivos; mientras que se relegó a un tercer lugar el cumplir las tareas y rutinas.
La encuesta reconoció como principal preocupación de las familias mantener la salud y los ingresos, así como la calidad de la relación en sus lazos afectivos y las condiciones de salud del entorno inmediato, y situaron como última de sus inquietudes el posible atraso o pérdida de continuidad en el ámbito escolar de sus hijos e hijas.
“En una pandemia lo que tenemos que hacer es sobrevivir. Existe la necesidad de priorizar para que la dinámica sea sostenible en el tiempo y, por lo tanto, hay tareas que no se van a cumplir. Tenemos que ajustar las expectativas y flexibilizar, esto también permitirá reconocer lo que está haciendo bien el sistema familiar”, señaló Salazar.
La investigadora destacó que tanto la opinión de las personas consultadas como las acciones incorporadas durante los meses posteriores por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) reconocen que, más allá del avance curricular, también existen aprendizajes en las tareas de la vida cotidiana.
“En este momento, no se trata tanto de avanzar en las materias como de lograr aprender de esta experiencia de vivir en una pandemia y este es un aprendizaje en términos de cuido, de la salud, de la familia, de la casa y de la propia comunidad”, manifestó la experta.
La medición del IIP determinó también que la mayoría de las personas consultadas ha promovido o permitido que sus hijos o hijas conozcan sobre las implicaciones del COVID-19 en la salud, la economía y la sociedad, decisión que según el Dr. Rosabal les permite crear expectativas realistas.
Lejos de que los niños y niñas observen noticieros o consuman contenidos sin supervisión, se recomienda que las personas adultas a su cargo sean las responsables de mediar la información que reciben para garantizar que se maneje un vocabulario y complejidad acorde a sus capacidades.
“Si no hablamos con ellos van a pasar 3 semanas y no van a entender por qué no van a escuela o no ven a los amiguitos o a los abuelos y tampoco van a interiorizar la responsabilidad que tienen de su autocuidado y el cuidado de la familia, así que la información no los daña, sino que los instrumenta”, explicó Rosabal.
Los resultados de esta consulta serán publicados próximamente en un artículo académico, pero ya han sido socializados en espacios abiertos al público y diálogos con el MEP, como parte de una retribución a las personas que aportaron sus experiencias al proceso de investigación.
Los investigadores planean que, superada la pandemia, puedan recolectar datos de manera presencial sobre el involucramiento parental educativo y, de esta forma, ampliar la comprensión del tema en el contexto costarricense, donde resaltan particularidades como la convivencia intergeneracional en un mismo entorno familiar.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
De la crisis que genera la pandemia por el COVID 19, solo saldremos juntos y juntas como sociedad. No podemos dejar a nadie atrás. En este contexto de crisis pandémica, queda claro que la salud pública y, principalmente, la Caja Costarricense de Seguro Social siempre ha estado en la primera línea de contención de la enfermedad. Por eso, exigimos al gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada honrar la deuda que el Estado Costarricense tiene con la seguridad social. Demandamos del presidente una sana solución financiera para la Caja, a corto, mediano y largo plazo, dado que sus ingresos se han visto disminuidos con la rebaja -promovida por su Gobierno-de la base mínima contributiva desde el mes de marzo a la fecha, con un promedio de 180.000.000 (ciento ochenta mil millones de colones por mes), lo que podría alcanzar al cierre del 2020, más de un billón de colones. Lo que impedirá a la Caja hacerle frente en forma eficaz a la atención por la demanda del servicio de salud y a la emergencia por la pandemia.
La Caja es patrimonio del pueblo de Costa Rica, por eso, solicitamos vehementemente a la Junta Directiva de la Caja, promover una DISCUSIÓN NACIONAL amplia y participativa acerca del futuro de nuestra C.C.S.S., más allá de una atención coyuntural de la pandemia. Exigimos al gobierno de Alvarado y a la Asamblea Legislativa aprobar los recursos necesarios para garantizar a las familias desempleadas, víctimas de contratos laborales suspendidos, o jornada laborales disminuidas, el sustento diario a través del Bono Proteger y destinar para ello, parte de las reservas en dólares del Banco Central y establecer una política de impuestos progresivos sobre la renta y sobre la riqueza que contribuya a reducir la desigualdad social de nuestro país que se ha hecho evidente con la pandemia. Rechazamos la propuesta de tercerizarlos servicios de salud que brinda la Caja promovida por la UCCAEP y el sector empresarial, porque corresponde a una estrategia neoliberal que busca privatizar la Caja poco a poco.
NO ES CIERTO que los servicios que brindan las empresas privadas o terceros resulten más baratos para la Caja y para quienes contribuimos solidariamente con su sostenimiento. Denunciamos ante la ciudadanía la campaña generalizada contra el sector laboral público, al que se le ha querido responsabilizar por los desequilibrios económicos de la mala administración del gobierno y de las políticas económicas abusivas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Exigimos a los que más tienen y más riquezas han acumulado pagar la cuota de responsabilidad que les corresponde para sobrellevar la crisis actual y mantener el estado social de derecho costarricense.
POR ESO, INVITAMOS TODAS Y TODOS, DENTRO Y CON NUESTRAS BURBUJAS SOCIALES, IR EN CARAVANA DEL PARQUE DE LA MERCED A LA CASA PRESIDENCIAL, MAÑANA JUEVES 23 DE JULIO. 9:00 A.M.
HOY MÁS QUE NUNCA, LA CAJA NECESITA QUE LA DEFENDAMOS.
Hoy 22 de Julio estaremos conversando sobre las reformas al reglamento de SETENA ¿Avances o retrocesos en la protección ambiental? Con la participación de Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente; Dany Villalobos, geógrafo y presidente de FECON; e Ifigenia Quintanilla, representante del sector ambiental en la Comisión Mixta de apoyo a SETENA. A las 5:00pm por la 96,7fm o por el facebook live de Radio Universidad de Costa Rica.
“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Patricia Castillo Vargas, en su condición de directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales del Ministerio de Hacienda, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que adopte las medidas necesarias y ejecuten las acciones pertinentes a efectos que a la parte recurrente se le proporcione en el plazo de cinco días la información solicitada en fecha 11 de mayo de 2020, debiendo suprimir los datos sensibles”.
Así se lee en el Por tanto firmado por las magistradas y los magistrados de la Sala Constitucional, al resolver el recurso de amparo interpuesto por Amanda Ugalde Arguello a favor del Observatorio de Transparencia Fiscal contra el Ministerio de Hacienda.
El magistrado redactor consigna en su escrito:
“La recurrente acusa que el 11 de mayo de 2020 el Observatorio de Transparencia Fiscal solicitó información de interés al Ministerio de Hacienda, referente a las empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes que han sido objeto de un control extensivo durante el período comprendido entre enero 2010 a diciembre 2019. Sin embargo, aqueja que, en su informe de respuesta, la autoridad recurrida no aportó el nombre de las empresas que son grandes contribuyentes y que han sido auditadas, lo cual imposibilita al Observatorio ejercer su función de fiscalización”.
Ante la solicitud formulada en mayo por el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, la Dirección de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda había respondido: “esta Dirección proporcionará la información de manera estadística por cantidad de actuaciones de control tributario intensivo llevadas a cabo por año, mismas que pudieron versar sobre varios impuestos y periodos impositivos… no se proporcionará el nombre de los obligados tributarios ni sus cédulas jurídicas, al estar impedida la Administración Tributaria de divulgar información propia de la cuantía de las rentas de los contribuyentes, mismas que gozan de confidencialidad”.
Con la resolución de la Sala los datos deben entregarse al Observatorio.
En el enlace puede descargar el documento completo enviado a SURCOS por el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
Se fuga información de un expediente judicial relacionado con el Pueblo Cabecar de China Kichá.
Información es utilizada por oficiales de la Fuerza Pública para amedrentar a recuperadoras de tierra Cabecares.
Lunes 20 de julio de 2020. Tres oficiales de la Fuerza Pública se presentaron el pasado miércoles 15 de julio de 2020, alrededor de las 5:30 de la tarde en la tierra recuperada Sá Ka Duwé Senaglö (tierra de venados), terreno recuperado por 7 mujeres Cabecares desde el pasado 26 de febrero y que estuvo ocupado ilegalmente por el no indígena Danilo Badilla Román; esto en el Territorio Cabecar de China Kichá, en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica.
Los oficiales identificados como Marisel Salas, Jesús Vindas y Javier Rojas, se apersonaron al sitio en la patrulla placa E85563; supuestamente en atención a una alerta de incendio y con el objetivo de inspeccionar y hacer un informe; después de reunir a la mayoría de recuperadoras, les insistieron en tono amenazante que ellas no podían realizar quemas, ni siembras, ni ningún otro trabajo en la finca, ya que tenían una medida cautelar en su contra, emitida el 7 de julio anterior, reiterándoles que ellas habían sido notificadas ese mismo día y que esa resolución a ellos, los oficiales, se las habían enviado desde el Poder Judicial y les mostraban de lejos la resolución.
Las recuperadoras Cabecares les indicaron a los oficiales que ellas, ni su representante legal habían sido notificados de esa resolución; ante lo cual los oficiales llamaron a algún encargo jurídico de la Fuerza Pública, quien les indicó, que, si no habían sido notificadas, no podían seguir con la inspección y el informe; el mismo encargado llamó al Juez Tramitador de la causa, Jean Carlo Céspedes Mora, quien confirmó que las partes no habían sido notificadas. Finalmente, los oficiales levantaron una bitácora y se retiraron a las 8:30 de la noche.
Ante esta situación irregular, el representante legal de las recuperadoras se comunicó con el Comisionado Edwin Miranda, Jefe Policial de la Zona, quien le informó que él mismo tenía la resolución en su celular y que la acción de los oficiales, quienes también tenían la resolución en sus teléfonos móviles; era con la intención de prevenir a las recuperadoras; sin indicar de quien o cómo habían obtenido la resolución de medida cautelar indicada.
Efectivamente el supuesto usurpador, Danilo Badilla Román, interpuso un interdicto de amparo de posesión contra las recuperadoras, causa que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) bajo el Expediente 20-000018-1555-AG-1 y es conocido por el Juez Tramitador Céspedes Mora.
El 7 de julio se dictó resolución respecto a una medida cautelar atípica solicitada por la parte actora, en la cual se declara sin lugar la medida cautelar solicitada de restitución posesoria y se le previene a las recuperadoras abstenerse de realizar quemas, construcciones o remover cercas; sin embargo, podrán continuar en el terreno hasta tanto no se resuelva por el fondo.
Tanto las recuperadoras, como su representante legal, fueron notificados de la resolución indicada, vía fax hasta el día viernes 17 de julio, después de las consultas hechas por el abogado, ante las anomalías descritas.
Ante los hechos indicados, las recuperadoras Cabecares de Sá Ka Duwé Senaglö, denunciamos:
Que los oficiales de la Fuerza Pública y el Comisionado Miranda no debían contar con la resolución en cuestión, máxime que la misma no había sido notificada a ninguna de las partes.
Que los oficiales que se presentaron a la tierra recuperada utilizaron dicha resolución para amedrentar, intimidar y generar confusión en las familias recuperadoras.
Que los oficiales no fueron comisionados por ninguna instancia judicial para notificar la resolución mencionada.
Que el Juez Tramitador de la causa, Jean Carlo Céspedes Mora, se encuentra bajo investigación interna en el Poder Judicial por irregularidades en varias causas relacionadas con Pueblos Originarios.
Por lo anterior exigimos al Poder Ejecutivo y Judicial una investigación inmediata, cuyos resultados sean públicos y que se apliquen las sanciones administrativas y judiciales correspondientes, en relación con:
¿Cómo obtuvieron los 4 oficiales de la Fuerza Pública una resolución judicial que no había sido notificada a ninguna de las partes del proceso?
Las circunstancias e ilegalidad del actuar de los tres oficiales que se presentaron en la tierra recuperada, quienes actuaron sin orden judicial alguna, asumiendo actos judiciales que no les competen.
El manejo de la información de este caso por parte del despacho judicial ¿Quién o como se filtró la información indicada?
Exigimos una vez. la separación del conocimiento del Juez Céspedes Mora de cualquier asunto relacionado con tierra-territorio de los Pueblos Originarios.
Recuperadoras Cabecares de Sá Ka Duwé Senaglö Coordinadora de Lucha Sur Sur ¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
Coligallero es el nombre del documental costarricense que retrata la actividad minera artesanal que se desarrolla actualmente en las Juntas de Abangares. Una película de Arajo Films dirigida por Wainer Méndez Solano y producida por Ana Nicté Castillo en colaboración con el Ministerio de Cultura y Juventud a través de su programa Puntos de Cultura.
El estreno centroamericano se realizará en el festival de cine de Panamá ACAMPADOC, en su 9° edición virtual por motivo del Covid-19, siendo el único festival en Centroamérica y el Caribe que vincula formación, realización y fomento del género documental al rescate de los patrimonios culturales.
El documental retrata la cotidianidad que viven los coligalleros dentro y fuera del túnel, y pone en perspectiva los principales desafíos políticos y legales en los que se realiza esta actividad. Esta película es un retrato íntimo de las familias mineras, sus vivencias, su cultura e historia que desde hace más de un siglo practican la minería artesanal para la extracción de oro en las montañas de Abangares.
Las proyecciones del festival on line se realizarán del 6 al 15 de agosto del 2020, donde el jurado premiara basado en méritos, innovación y cualidades sobresalientes de los documentales. Además, el premio del público está abierto a cualquier película en Selección Oficial y será determinado por un sistema encuestas numeradas durante la proyección y las tendencias del público en la comunidad y redes sociales.Coligallero se proyectará el 11 de agosto a las 7 p.m.
La producción del documental se realizó a partir de cursos audiovisuales, en donde jóvenes y adultos de las comunidades de Abangares formaron parte del equipo de grabación y construyeron las guías narrativas de la historia. Los cursos se enfocaron en el manejo del guion, fotografía, sonido e iluminación, así como talleres de investigación y reflexión de la historia e identidad cultural de la minería artesanal.
Juan Morales es un minero artesanal que creció en el cantón de Abangares, un pueblo saqueado por compañías extranjeras hace más de 120 años, desde pequeño aprendió el oficio del coligallero y hoy en día continúa subsistiendo del oro. Él junto a su familia y amigos nos introducen a un mundo subterráneo en donde se libran batallas políticas, económicas y ambientales que ponen en peligro la subsistencia de sus familias y la pérdida de su identidad cultural. En la amalgama entre el humano y la naturaleza; el amor, la esperanza y el dolor son parte de la historia del minero artesanal en Abangares, llamado popularmente Coligallero
Casa Productora: Arajo Films Productora ejecutiva: Ana Nicté Castillo Delgado Director: Wainer Méndez Solano Música original: Glen Ortiz, Moller, Café Guancasco Dirección de fotografía: Wainer Méndez Solano Sonido en directo: Felipe Nuñez Edición y montaje: Laura Mora
