Compartimos el mensaje de Carlos Campos Rojas, coordinador de la Segunda Actividad de Rendición de Cuentas como un aporte al proceso de alfabetización ciudadana en la construcción de la República y la institucionalidad participativa, la cual fue llevada a cabo el pasado viernes 17 de julio de manera virtual.
“La realización de la Segunda Actividad de Gala de Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados, fue un gran éxito, gracias a la participación responsable de personas funcionarias públicas, conscientes de establecer el mandato constitucional del Art. 11 y del compromiso de construir la cultura de rendición de cuentas y de transparencia, ante el influjo de la corrupción y la impunidad en nuestro tejido social y político.
El mensaje de los jerarcas institucionales, reconoció el esfuerzo de una ciudadanía responsable que hace diez años dijo presente ante el mandato constitucional.
El papel que jugó la Comisión Nacional Metodológica fue fundamental, constituida por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la CONAMAJ, la UNA, la UCR, debiéndose reconocer especialmente el trabajo de la UNED y su equipo técnico para lograr establecer la plataforma a distancia para realizar el evento.
Contamos ya con un documento descriptivo y la infografía con detalles sobre el Índice de Participación Ciudadana, en un plazo máximo de dos meses, estaremos compartiendo un resumen de la Memoria y estará disponible el documento completo para quien lo requiera.
Los acuerdos logrados empiezan desde hoy los procesos de concreción, para aportar al país la demostración de una actitud con responsabilidad dialógica, para la recuperación de la credibilidad institucional y la paz.
GRACIAS A TODOS POR SU COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA, CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y CON COSTA RICA”.
Las formulaciones del Instituto Clodomiro Picado de la UCR ahora son sometidas a estrictas pruebas de calidad
El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR) ya envasó con éxito los dos primeros lotes de inmunoglobulinas equinas con los cuales se pretende tratar a pacientes graves con COVID-19. Los lotes constan de un total de 1 000 viales y contienen anticuerpos contra dos combinaciones diferentes de proteínas del SARS-CoV-2.
“Después de varios meses de trabajo, finalmente hemos logrado envasar la formulación de inmunoglobulinas equinas. El proceso ocurrió según lo programado. Los datos previos que tenemos indican que las formulaciones cumplen con el diseño que habíamos establecido”, manifestó el Dr. Guillermo León Montero, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR.
Ahora sigue una de las fases más estrictas del proceso: el control de calidad. En estos momentos, las formulaciones están siendo sometidas a una serie de rigurosos análisis que incluyen la prueba de esterilidad.
El propósito de la prueba de esterilidad es garantizar que el suero sea seguro para los pacientes antes de enviarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En esta ocasión, el estudio está siendo realizado por el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la UCR (Layafa-UCR).
Por más de 15 años, el Layafa-UCR ha contribuido con el Ministerio de Salud en la tarea de asegurar que los fármacos comercializados en el país cumplan con todos los criterios de calidad, seguridad y eficacia.
“Nosotros estamos corriendo el ensayo de esterilidad para dos lotes de inmunoglobulinas equinas fabricados por el ICP-UCR. Esta prueba de calidad busca demostrar la seguridad del producto en cuanto a verificar la ausencia de bacterias aerobias, hongos y levaduras. La prueba es muy importante pues, si se le aplica al paciente un producto con alguna contaminación, este puede producir una sepsis y poner en peligro su vida”, indicó la Dra. Jeimy Blanco Barrantes, coordinadora del Laboratorio.
Adicional a lo anterior, la Universidad de George Mason, de los Estados Unidos, también está analizando si las formulaciones propuestas por los científicos costarricenses inhiben la infectividad del virus SARS-CoV-2 en células de cultivo.
Si todo lo anterior es culminado de manera satisfactoria, lo que sigue es el envío oficial de los lotes a la CCSS. Los resultados del estudio clínico que efectuará la Caja serán los que determinarán, de manera concluyente, si las formulaciones realizadas son eficaces para el tratamiento de los pacientes con COVID-19.
“El esfuerzo ha sido grande y hemos obtenido los frutos que teníamos programados. Las formulaciones tienen altas concentraciones de anticuerpos contra las proteínas virales. De hecho, tienen concentraciones bastante más altas que la del plasma de pacientes convalecientes. Sin embargo, solo el estudio clínico dirá si las formulaciones son eficaces”, enfatizó el Dr. León.
En este trabajo participó todo el equipo del Instituto Clodomiro Picado de la UCR, que incluye el personal del bioterio, serpentario, caballeriza, producción, control de calidad, desarrollo tecnológico, investigación y del área administrativa.
La Universidad de Costa Rica comunicará de manera oportuna el avance de este proceso (que podría tardar un par de semanas), así como la entrega oficial de los lotes a la CCSS.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Por Priscilla Carballo Villagra, profesora de la Maestría en Artes, UCR
La crisis económica actual ha afectado radicalmente al sector cultura. No obstante, este es uno de los grupos más solidarios en la crisis: pusieron a disposición sus películas, dan conciertos fines de semana, leen cuentos en línea, comparten sus montajes y espectáculos, escriben canciones sobre la crisis y, con su trabajo, nos hacen sonreír
Priscilla Carballo Villagra, profesora de la Maestría en Artes, UCR.
Las expresiones culturales son producto y reflejo de las dinámicas sociales, son espacios donde las personas de las artes se hacen preguntas sobre la condición humana. Temas como el amor, la muerte, las condiciones políticas y las guerras han estado presentes en las manifestaciones artísticas como preguntas inminentemente humanas.
Las artes en toda su diversidad están cada día en la vida de las personas. Por ejemplo, basta transitar una calle o tomar un bus, para estar expuestos a la música, a un texto, a una imagen y a otras expresiones del arte.
¿Pero qué pasa con el arte en periodos de crisis como los actuales? El contexto de crisis económica, que se ha generado con la pandemia del COVID-19, ha afectado radicalmente a este sector por la cancelación de actividades colectivas y por los problemas económicos de la población que limitan sus posibilidades de invertir en actividades culturales. Este es un sector que está siendo y va a ser profundamente golpeado por la crisis, y con tiempos venideros realmente inciertos.
La sobrevivencia económica de las personas que se dedican al arte siempre ha sido un reto. Attali, por ejemplo, nos recuerda el caso de Mozart, un personaje fundamental en la historia de la música, pero que en su vida no estuvo cerca de tener estabilidad financiera:
“Nadie vivió más que Mozart la inseguridad del músico empresario, víctima de la despiadada censura económica a todo lo largo de su vida, uno de los primeros prisioneros del dinero abstracto, anónimo, del dinero vestido de negro. Pocos meses antes de su muerte, escribía aún: ‘En vez de pagar mis deudas, ¡sigo pidiendo dinero! […] A causa de mi enfermedad, no he podido ganar dinero. Pero debo añadir que a pesar de mi estado lastimoso, he decidido dar conciertos por suscripción en mi casa para poder hacer frente al menos a mis gastos cotidianos, porque estaba absolutamente convencido de tu ayuda amistosa. Pero hasta eso ha fallado. El destino está tan puesto contra mí —de hecho, únicamente en Viena— que ni siquiera cuando pongo todo de mi parte consigo ganar dinero’” (Attali, 1977, p. 106).
Hasta el día de hoy el escenario no ha cambiado de manera significativa, mucho menos en economías pequeñas como las centroamericanas, donde pocas personas pueden gastar dinero en asistir a una obra, comprar un cuadro, ir a un concierto o comprar libros.
En el actual contexto de crisis económica se habla de sectores que están siendo afectados como el turismo, las pequeñas empresas o los restaurantes. Pero poco se habla de los grupos de teatro que estaban a punto de estrenar una obra, de músicas y músicos que tenían conciertos programados en restaurantes, festivales y hoteles, de las editoriales independientes que publicaron nuevos libros recientemente, de cineastas que iban a proyectar en el Festival de Cine, de los teatros y cines alternativos que tuvieron que cerrar o de la labor de docencia que realizan todos y todas estas artistas para complementar sus ingresos, la cual no puede ser realizada de manera virtual fácilmente. Estas personas trabajadoras independientes vieron paralizadas sus economías y no se vislumbran medidas claras para ellas.
Históricamente, en el país no han existido políticas de protección para las personas trabajadoras de la cultura, ni seguros de desempleo, ni subsidios, y en esto el Estado costarricense ha fallado. En esta crisis tenemos la oportunidad de vencer esta deuda histórica y tomar medidas para apoyar la materialidad de la existencia de estas personas. Del arte se vive y son obreros del arte, por tanto, sus condiciones deben ser atendidas como con cualquier otro sector laboral.
Justamente, esta omisión del Estado sobre la condición de las personas trabajadoras del mundo del arte se debe a dos elementos: en primer lugar, a una limitación estatal y social para comprender el arte como trabajo remunerado y base de subsistencia de las personas que se dedican a él. Y, en segundo lugar, por acciones estatales que jerarquizan y priorizan unos empleos sobre otros, así como un modelo de productividad sobre otro. Desde estos parámetros solo algunos empleos merecen ser protegidos. Es decir, se remite a la urgencia de “rescatar” de la crisis a sectores productivos y laborales prioritarios, y el sector del arte nunca lo es. Se asumen sus productos como bienes de segundo orden, y se deja a la libre del mercado la existencia o no de estos emprendimientos. En esta priorización existen premisas violentas que generan precarización de dicha población laboral.
Irónicamente, a pesar de la dureza de las condiciones, este es uno de los sectores más solidarios en la crisis y que ha estado más presente en la cotidianidad de las clases medias que se han podido quedar en casa. Estos y estas artistas han puesto a disposición sus películas, han dado conciertos fines de semana, han leído cuentos en línea, han compartido sus montajes y espectáculos, han escrito canciones sobre la crisis y el encierro, y nos han sacado una sonrisa moviendo recuerdos y vivencias a partir de su trabajo.
Algunas grandes empresas quieren capitalizar los esfuerzos de las y los artistas para hacer crecer sus redes sociales empresariales. Les proponen hacer presentaciones virtuales desde las plataformas de sus empresas, sin ofrecer nada más; ofrecen visibilidad, como si esto diera de comer. Hacer estas propuestas es irrespetuoso, es seguir sin entender el arte, verlo como el show gratis o como mero espectáculo, sin aportar nada a la dura situación que el sector enfrenta.
Este grupo va a ser posiblemente uno de los que va a retomar labores con más dificultad, por la necesidad de colectividad en su trabajo, porque trabajan desde y con su cuerpo, y en este contexto el contacto corporal es visto como un peligro. Entonces, ¿cómo se hace danza o música sin tocarse entre sí? ¿Cómo se hacen los montajes manteniendo la distancia? ¿Y cómo se agrupa al público para un espectáculo? Si ya generar taquilla es un reto en estos países, ahora con un aforo de 50 % esto resulta imposible.
Aplaudir no basta, nunca ha bastado. Para ellos y ellas el arte es una forma de vida, no es algo recreativo que se hace en el tiempo libre, es parte de lo que son y de lo que hacen. Se necesita una institucionalidad que asuma y comprenda las particularidades del sector, que contemple acciones concretas e inmediatas en elementos básicos de su condición laboral. Es urgente una legislación específica para el sector, la cual contemple formas de cobertura específicas en temas como seguridad social, seguros, subsidios de desempleo, licencias de maternidad. Pero, además, en esta coyuntura es urgente elaborar estrategias para invertir y dinamizar el espacio de la cultura cuando podamos retomar los espacios públicos.
Como ciudadanos y ciudadanas que nos nutrimos de las expresiones culturales, debemos exigir estos apoyos para el sector y no dejarlo solo en este proceso, pues las expresiones culturales construyen ciudadanía y dinamizan el espacio social. La cultura no es gratis y es un deber del Estado invertir en ella, pues con estas acciones se está garantizando un derecho humano: el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de las artes.
Fuente Attali, J. (1977). Ruidos: Ensayo sobre la economía política de la música (1. ed. En español). Siglo Veintiuno Ed.
Mtr. Priscilla Carballo Villagra Mtr. Priscilla Carballo Villagra, socióloga, profesora de la Maestría en Artes, UCR
Este 24 de julio a las 6:00 p.m., en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre “Deporte: bienestar integral del ser humano”, con la participación de la Dra. Karolina Solís, Federico Mora, Maribel Mejía y Óscar Chávez.
Se estará presentando mediante Facebook Live o por transmisión radial en los 1590 am.
Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.
La primerapuede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones; mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.
Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.
Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).
Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.
El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.
Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.
Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.
Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?
La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.
En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).
Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.
Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.
No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.
Este miércoles 22 de julio a las 8 p.m. vía Zoom, se estará presentando la obra Infernum Dante’s Virtual Show, de Ivannia Lazzaro.
¿Qué es Infernum Dante Virtual’s Show?
La pandemia ha obligado al Pizuicas a usar la tecnología para hacer de las suyas. Por Zoom les mostrará los siete pecados capitales en historias que usted podrá ver y escuchar.
1.Lujuria: Exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos.
2.Ira: Sentimiento de enfado muy grande y violento.
3.Soberbia: Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. (vanidad).
4.Envidia: Deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene.
5.Avaricia: Afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas
6.Pereza: Negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados.
7.Gula: Exceso en la comida o bebida, y apetito desordenado de comer y beber.
Puede contribuir al Teatro La Cambusina con 1000 colones por SINPE móvil al 8593 0384.
El Teatro La Cambusina le invita a participar en el Taller virtual de actuación para teatro (para principiantes) con la participación de Ivannia Lazzaro, directora del teatro la Cambusina.
Compartimos el siguiente video de la Asociación Nacional de Intérpretes LESCO felicitando a la comunidad sorda costarricense por lograr que desde hace 8 años de definiera el 19 de julio como fecha oficial para festejar el Día Nacional de LESCO.
La tía es quien cuida a cuatro títeres muy traviesos. Pato Amargo, Cone, Raúl El Oso Peresozo y Chico El Zarigüeyo Glotón se aburren en cuarentena y casi siempre se meten en problemas.
Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud y secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum hace un llamado a la UCCAEP para que se solidarice con una reforma al impuesto de renta y para que el sector financiero dé una contribución solidaria al bono Proteger.
