En el Día de la Música, este 21 de junio, la Asociación Cultural El Guapinol presentó la II Muestra Virtual de Piano a cargo de las y los alumnos del Curso de Piano que gestiona dicha asociación con el Profesor Marcelo Villegas Vargas. Le invitamos a disfrutar el video:
*Imagen de portada ilustrativa.
Las universidades públicas son centros de generación de conocimiento, formación profesional y proyección a la sociedad. Son centros de reflexión y pensamiento crítico. No se dedican solo a atender problemas del presente, sino que proyectan su trabajo hacia el futuro. La autonomía garantiza ese espacio de reflexión crítica.
En este video de menos de dos minutos de la Alianza por una Vida Digna se presentan y amplían estas ideas:
En este enlace puede ver el artículo que contiene estas ideas escrito por el doctor José María Gutiérrez:
Imagen: UCR
Juan Huaylupo Alcázar[1]
Los propietarios del capital como plañideros lamentan las dificultades de las restricciones impuestas al funcionamiento de sus negocios ante el riesgo de la salud pública, pero sus letanías trascienden el malestar economicista, para manifestar su influencia e intransigencia política contra el Gobierno y particularmente contra las decisiones de las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Los empresarios no sólo influyen en la liberación de las limitaciones de apertura mercantil, sino que exigen que les sea consultada toda decisión que atienda preferentemente la salud pública y no sus negocios, e incluso se atreven querer destituir a las actuales autoridades sanitarias para proponer a otros que sean complacientes con sus intereses, aun cuando se atente contra la salud pública y la vida de las personas. Estas prácticas en la sabiduría popular son metafóricamente calificadas como “lágrimas de cocodrilos”.
La actitud de empresarios y sus Cámaras de propietarios revela que su sensibilidad no es ofrecer trabajo digno a los despedidos ni ofrecer los mejores precios y atenciones a las necesidades ciudadanas, por el contrario, la menor cabida laboral está obligando a que los trabajadores contratados, prolonguen sus jornadas laborales e intensifiquen su trabajo. La motivación para la apertura de los negocios sin restricciones es el restablecer las ganancias, utilidades o excedentes, sin importar las consecuencias en la salud pública de sus decisiones privadas. Dicho breve y popularmente, lo que expresan los propietarios “no es el amor al chancho sino a los chicharrones”.
El poder económico y la “teoría” económica que los ampara ideológicamente, al parecer comparten un pensamiento que se valida a sí mismo, que no requiere renovarse ni actualizarse, porque el poder no lo requiere e incluso puede despreciarlo por tener la capacidad para generar leyes, resoluciones, decretos en su favor, así como imponer condiciones a trabajadores con relativa capacidad organizativa y movilizadora, en un contexto de desocupación, reducción salarial, inseguridad laboral y miedo. El saber del poder, no necesita de la argumentación razonada, lúcida ni contextualizada, como tampoco requiere responder a las críticas, negociar, escuchar y menos aún ser solidarios, porque como dicen los nuestros, “perros que ladran no muerden”.
La prepotencia, unilateralidad y cinismo de los propietarios del capital que, sin compromiso ético ni social, se presentan como las exclusivas víctimas de la crisis sanitaria y los únicos capaces de superar la condición pandémica, cuando son parte de la creación de estructuras de la exclusión y la explotación, sin embargo, amenazan a trabajadores y sus críticos, además de exigir y lograr concesiones financieras, se les otorga millones de dólares en “préstamos” no reembolsables (regalados) y presionan por dictaminar las políticas sanitarias, laborales y sociales del país. Los propietarios del capital, no solo inciden sobre el Estado, quieren ser Estado. Así, parafraseando a Juan Luis de Alarcón y Martínez de 1630, se puede decir que “los muertos gozan de buena salud”.
En el presente crítico, sanitario, económico, político, también se sufre una crisis de la inteligencia. Las teorías o explicaciones de las realidades se han convertido en dogmas, lo nuevo y peculiar pretende ser comprendido con lo viejo y estandarizado, el conocimiento y las iniciativas creadoras son sustituidas por técnicas ajenas a las realidades y sus peculiaridades, las ciencias sociales imitan a las profesiones técnicas, las incertidumbres son sustituidas con infundadas fantasías, ilusiones u otros miedos. Asimismo, los legisladores y gobernantes creen que las sociedades cambian con leyes y decretos, que la democracia es el resultado cuantitativo de las componendas con los ricos y los usureros del sistema financiero. La riqueza privada es ofensiva, inmoral y pone riesgo extinción de la vida y del planeta, e incluso los ignorantes de la historia, de aquellos que detentan el poder económico, estatal y judicial, es tal, que imaginan a los pobres, a los que sufren hambre, los desempleados y los explotados, que son cosas que pueden controlar y supeditar eternamente. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos “a todo marrano le llega su noche buena”.
No cabe duda que vivimos una regresión cognoscitiva que se alimenta con las formas mediáticas y de una educación fragmentada, repetitiva, absoluta, descontextualizada de los conocimientos y las realidades. Ello, por supuesto, no hace seres libres sino esclavos del poder, dado que nos necesitan ignorantes, sumisos y temerosos de la violencia. Sin embargo, la dominación omnipotente es una falsa ilusión, porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.
[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
Marlin Óscar Ávila
22 de junio de 2020
La mayoría de los países de América Latina padece del flagelo de la corrupción, por lo que pensar que la llegada de una pandemia como la Covid-19 no fuese aprovechada por los círculos de poder político y empresarial para aumentar sus caudales económicos sería un tanto ingenuo. No ha habido oportunidad en que los círculos de poder, particularmente los más apegados al modelo neoliberal, no hayan aprovechado para enriquecerse ilícitamente. El caso de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, quien repartió fuertes coimas en no menos de una docena de países, es uno de los mejores ejemplos de esta campante corrupción. Sin embargo, ninguna de las oportunidades de defraudar los bienes y finanzas del Estado había tenido como denotación salvar vidas humanas de forma global y, el fraude ha sido tan inhumana y grotesca como la que actualmente vivimos con esta pandemia del Covid-19.
Insigth Crime del 9 de junio 2020, dice que “A medida que América Latina emerge como el nuevo epicentro global de la pandemia de coronavirus, la corrupción ha proliferado, con políticos e intermediarios que rápidamente se llenan los bolsillos.”
Centroamérica ha sido una región dominada por líneas ideológicas predominantemente conservadoras desde el siglo XIX. Eso ha hecho que un tramo de territorio continental pequeño [1]y, una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, con una densidad no más de 385 hab/km2 en una extensión de 523 000 kilómetros cuadrados, que sus siete países se constituyeran en repúblicas soberanas, hace poco más de 500 años, sin llegar a unirse en una sola federación para administrar políticamente sus recursos, constituyéndose más bien en un grupo de países en competencia constante por recursos económicos en el mundo global. Todos ellos mantienen una amplia brecha entre ricos y pobres, además de un subempleo y desempleo que ronda el setenta por ciento de su PEA. Sus élites económicas llenas de mezquindad rosan con lo absurdo, incluyendo agendas ideológicas que terminan siendo motivo de manipulación político-económico internacional.
Así es que, cada país tiene un sistema de salud con ciertas diferencias, dependiendo de negociaciones logradas por las omnipresentes agencias del FMI, BM y BID, en cuanto a “liberalizar” los programas públicos hacia el sector privado. Por este motivo se distingue a los de Nicaragua y Costa Rica, como únicos con sistemas universales de servicios públicos por ser los que más se han resistido a la privatización. Los demás han cedido al fuerte asecho de organismos internacionales para convertir la salud en un negocio privado. Honduras se distingue entre los países que más ha privatizado su sistema, dejando en una calamidad su sistema hospitalario, que pareciera sufrir una grave embolia pulmonar en este momento.
Es decir, los círculos del poder local han venido haciendo negocio hasta de los “cueros y huesos” del sistema de salud pública que fuera construido en el siglo pasado, pero con la pandemia, el tema de salud pública, resalta internacionalmente y se ha visto como una nueva oportunidad de enriquecerse, aunque esto signifique una violación flagrante al derecho humano, al derecho público y a la esencia del servidor público dentro de las instituciones del Estado, convirtiéndose en una especie de crimen de lesa humanidad.
Insigth Crime continúa diciendo[2] “En Honduras, el gobierno compró pruebas de coronavirus a $ 100 cada una de tres intermediarios que habían comprado las pruebas por solo $ 4 por unidad de China. En Guatemala, el gobierno compró máscaras N95 por 18 veces su valor de mercado a un empresario que previamente había sido condenado por cargos de corrupción.” Pero el gobierno hondureño adquirió, desde mediados de marzo, aproximadamente 7 mil millones de dólares, más que ningún otro país de la región, que aún no se logra saber adónde están, pese a los constantes y variados reclamos de muchos sectores sociales e incluso, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) en la zona norte. Este lunes 22, su director ejecutivo Pedro Barquero, dijo “Cómo es posible que en medio de la muerte de estas 300 personas se estén mal utilizando recursos públicos pagando 100 mil dólares por una cama en una carpa cuando en el vecino país de El Salvador se gastan 37 mil dólares por cama en una construcción de cemento”, recriminó.[3] En resumen, solicitó transparencia de parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y que rindan cuentas a la población en qué han invertido cada lempira que se les ha asignado. Y es que Invest-H supuestamente compró dos o tres hospitales móviles por 47 millones de dólares entre marzo y abril, sin embargo, solamente se ha visto una carpa de plástica instalada en la zona norte, sin utilidad alguna.
Esta misma fuente, Insight Crime, señaló[4] que “una investigación del sitio de noticias guatemalteco Nómada que encontró que el gobierno guatemalteco aún no ha gastado un solo dólar de dinero de ayuda de varias organizaciones, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en contratos para necesidades de salud pública.”
“La escala exacta del fraude contractual y la interrupción del gasto es difícil de estimar, ya que los gobiernos han limitado la cantidad de información que ponen a disposición del público. Algunos líderes, como el presidente Nayib Bukele en El Salvador, simplemente se han negado a revelar cómo y dónde han asignado contratos y gastos de emergencia.”
Fuertes dificultades se notan en el caso guatemalteco, cuando se califica, al igual que en El Salvador, de ausencia de transparencia en el manejo de los recursos definidos para combatir la pandemia, de muchos millones de quetzales aprobados por su Congreso Nacional. Como sucede en Honduras, el personal sanitario reclama los insumos indispensables, equipos de bioprotección, medicamentos y mascarillas. Esa opacidad existente en estos países del llamado triángulo norte, no hace más que sugerir un alto nivel de corrupción.[5]
Similitudes y diferencias
Los gobernantes, con excepción de Costa Rica, dieron prioridad a lo político, más que a la salud. En toda la empresa privada dominante (poder fáctico) presiona por abrir lo más pronto el mercado, sin embargo, ha sido otra vez, Costa Rica, donde la industria del turismo ha presionado fuertemente, donde no sede ante tales presiones, dando prioridad a la salud pública, en la medida de lo posible. Quien siempre ha dado prioridad a lo económico ha sido el gobierno nicaragüense, cediendo poco a poco las medidas recomendadas por la OMS y OPS para detener la línea ascendente de contagios.
En la región se distinguen tres países por la gravedad de la pandemia con un índice de contagios mayor que los otros cuatro. Panamá, Guatemala y Honduras. Hoy en día, 22 de junio, 2020, Panamá reporta 26,752 casos; fallecidos, 521; recuperados clínicos, 14,664; pruebas realizadas, 109,990.[6] Guatemala, a 99 días de haberse detectado el primer contagio de coronavirus, la cifra total de casos llega a 12 mil 755, según información del Ministerio de Salud. El 20 de junio, hubo 246 nuevos casos, 31 fallecimientos, pero el día anterior se dieron 34 decesos, con 139 recuperados. [7] Honduras, al día 22 de junio de 2020, contabiliza 13,356 casos de Covid-19, incluyendo los de este día que suman 584 personas, 385 total de fallecimientos, sumando los 32 nuevos de este día, los recuperados aumentaron 69 personas para llegar al total de 1,362. Hay hospitalizados 1,093, de los cuales hay 366 en situación grave y 48 en cuidados intensivos. [8]
En estos tres países las capacidades de atención a nuevos pacientes están en cero (0), aunque en el caso de Guatemala, al cambio de la cúpula ministerial en salud el pasado viernes, se espera abrir algunos espacios y obtención de algunos recursos.
Una de las mayores semejanzas entre estos países es sus niveles de corrupción. Según Transparencia Internacional, de 0 a 100 puntos, Guatemala y Honduras tienen un mismo índice de 26, y Panamá tiene 36 puntos. [9];[10]
Guatemala y Honduras, tuvieron una lucha interna por expulsar los dos instrumentos internacionales que a través de la presión ciudadana local y algunos esfuerzos de la comunidad internacional habían instalado contra la corrupción y la impunidad, el primero en Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, y la MACCIH [11], en Honduras, ambas expulsadas por los círculos de corrupción dominantes en cada Estado el año 2019. Haber logrado la expulsión de unas tres docenas de asesores internacionales de ambos países, consolidó la fuerza de los grupos de poder locales que manejan las redes de corrupción locales. En el caso hondureño, la complejidad es mayor, porque no solamente hay redes de corrupción expertas en extraer fraudulentamente recursos del Estado, como ocurre en Guatemala, en una combinación de la clase político-empresarial y militar construidas en los últimos doce años[12], pero enriquecida por una especie de sinergia entre los mismos actores, constituyéndose en un cartel de producción y comercialización de drogas y otros negocios ilícitos, que incluyen unas redes del crimen organizado, ligados internacionalmente desde Suramérica, hasta los Estados del Norte de América y Europa. El poder constituido en Honduras es como tener un Chapo Guzmán, tomando decisiones sobre una red corrupta y a Pablo Escobar dirigiendo el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional[13], ambos en habitando en el espíritu del presidente de la República de Honduras. Así que el nivel de ética y moral que existe en el actual gobierno no es más elevado que el que pudieron tener estos dos personajes juntos bien conocidos por la DEA[14]. Los escrúpulos que pueda tener el gobernante Juan Orlando Hernández[15], de producir los daños humanos que actualmente se dan en Honduras, por la pandemia, no se diferencian en nada a los escrúpulos que pudiera tener ninguno de los personajes citados arriba, siempre que las consecuencias de sus actos aumenten su ya sustancioso capital. Lo irónico del caso es, el apoyo irrestricto que ha obtenido, hasta esta fecha, por las actuales autoridades de los EUA.
Nicaragua y El Salvador
Los gobiernos de ambos países se han enfrascado en una fuerte controversia con las respectivas oposiciones políticas.
Así que opacaron la capacidad científica instalada existente haciendo caso omiso a instituciones, médicos especializados y asesoría de organismos como la OPS y OMS, buscando protagonismo como “grandes estadistas”, aislados de quienes tienen autoridad científica para tratar el problema grabe de salubridad. Los casos más visibles han sido los del presidente de El Salvador, Nayibe Bukele y de Nicaragua, la pareja gobernante de Daniel y Rosario Ortega. Ambos gobernantes hacen sentir su compromiso por el bien común, por hacerse conocer por sus obras en favor de las mayorías y de los pobres.
Sus diferencias, son en algunos aspectos importantes, como es la experiencia y recorrido político de Daniel Ortega, dirigente del FSLN desde la primera conquista del poder en Nicaragua en 1979 y el alto grado de narcisismo en Bukele, con una corta experiencia en la vida pública.
El presidente Bukele se ha distinguido por muy escasa humildad de gobernante, su manejo de la pandemia inició siendo admirado por tomar medidas tempranas y supuestamente adecuadas. No obstante, más temprano que tarde, su riña con la oposición política, que controla los otros dos poderes del Estado, ha sobresalido más que la solución a la pandemia, que pareciera estar ahora descontrolada. Es una figura mediática que logra atraer la atención pública, pero se le critica por irrespetar el marco legal republicano y por aparecer un tanto opaco en cuanto al manejo presupuestario, así como de inmiscuir a sus parientes en funciones pública. Estos últimos aspectos no lo diferencian del gobierno nicaragüense. En fin, sus diferentes modelos de respuesta a la pandemia, habrá que evaluarlos en unos meses o un año después.
Dejamos a Costa Rica aparte, no por creer que es “la Suiza centroamericana”. Este país ha estado con serios problemas financieros y su presidente, Carlos Alvarado, estaba en muy bajo nivel de popularidad cuando llegó la Covid-19. Fue precisamente la pandemia que le salvó parte de su prestigio, porque a diferencia de las otras administraciones de la región, decidió centralizar en su Ministro de Salud, Daniel Salas, epidemiólogo de profesión, todas las decisiones estratégicas y coyunturales para combatir la pandemia. Ordenó a todas las dependencias del ejecutivo, autónomas y centrales, colocarse a las órdenes de su joven ministro de salud. El otro aspecto que contribuyó, como ocurrió con Nicaragua, es que, pese a las presiones de los organismos multilaterales para que privatizara los servicios de salud pública[16], su clase trabajadora logró resistir las presiones[17], manteniéndose las estructuras de un sistema universal de salud[18].
Es así como, después de Belice, quien tiene apenas cuenta con una extensión territorial de 22 mil 966 kilómetros cuadrados y una población de 383 mil 71 habitantes, siendo el que tiene más bajas estadísticas de contagios, Costa Rica es de los países, a nivel global, que mejor ha controlado la pandemia del Covid-19.
Dignificación de toda una población centroamericana
A Costa Rica como a los demás países dañados en su economía les está quedando un crecimiento significativo de pobreza y desempleo que constituye un reto enorme. Sin embargo, a los países donde sus gobiernos usurparon los recursos sagrados para salvar la vida de sus ciudadanos, le quedará, además de los profundos niveles de pobreza y desempleo, el rescate de su dignidad, investigando y procesando a nivel nacional e internacional a sus gobernantes y empresarios corruptos.
[1] Tiene un territorio de 523 000 kilómetros cuadrados, situada en el hemisferio occidental, desde el istmo de Tehuantepec (situado al sur de México), hasta el Valle del río Atrato, en Colombia, franja territorial con el océano Atlántico a un costado y el océano Pacífico, al otro.
[2] https://www.insightcrime.org/news/analysis/latin-america-corruption-pandemic/
[3] https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/incapacidad-o-corrupcion-o-una-mezcla-de-ambas-dice-pedro-barquero-sobre-compra-de-hospitales-moviles.html
[4] Ídem
[5] https://www.nodal.am/2020/05/guatemala-mal-manejo-de-la-crisis-sanitaria-por-covid-19-por-factor-mendez-doninelli/
[6] https://www.prensa.com/sociedad/data-studio-casos-de-coronavirus-covid-19-en-panama/
[7] https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-guatemala-registra-segundo-dia-de-mas-decesos/
[8] RDS Radio 88.9 FM
[9] https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Percepcin_de_corrupcin_crece_en_Centroamrica
[10] No incluimos el IPC dado sobre Nicaragua, a sabiendas de la campaña internacional contra su gobierno por parte de instituciones como Transparencia I., la OEA, UE y otras, evitando su carga de prejuicio político.
[11] http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp
[13] https://criterio.hn/para-que-ha-servido-el-todopoderoso-consejo-nacional-de-defensa-y-seguridad/
[14] https://notibomba.com/gobierno-de-eeuu-demostrara-que-juan-orlando-hernandez-conspiro-para-el-trafico-de-drogas/
[15] https://notibomba.com/fiscalia-y-la-dea-identifican-que-cc4-es-juan-orlando-hernandez/
[16] https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-ccss-rechaza-tercerizacion-y-privatizacion-de-salud/
[17] https://www.elmundo.cr/costa-rica/rodriguez-privatizar-la-caja-afectaria-directamente-a-poblacion-de-menos-ingresos/
[18] https://www.nacion.com/el-pais/privatizar-la-ccss-no-es-prioridad/MMHBEPGUFJDO5HANMBLA7AQ2FY/story/
José Manuel Arroyo Gutiérrez / Columna ¿Gato o Liebre?, Semanario Universidad*
Las consecuencias jurídicas, sociales y culturales de la Resolución No. 2020-001619, emitida por la Sala Constitucional el pasado 24 de enero y hecha pública recientemente, son gravísimas. En síntesis, una mayoría de magistrados (5 de 7) ampara a un juez notarial que alegó tener derecho a la “objeción de conciencia” frente a su deber de realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, dado que tal actuación atenta, según él, contra sus más firmes convicciones religiosas.
Para emitir sus principales conclusiones, este voto de mayoría elabora el siguiente iter lógico: (1) estamos en presencia de una colisión entre distintos derechos fundamentales: la libertad religiosa (extensiva a convicciones éticas e ideológicas)- del juez objetante-, frente a los derechos de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia de las personas homosexuales que desean contraer matrimonio; (2) esta contradicción, -continúa diciendo la Sala-, debe resolverse sin vaciar de su contenido esencial ninguno de esos derechos fundamentales en conflicto; (3) lo anterior se logra resolver mediante el principio de “concordancia práctica”; (4) así, se acepta que puede alegarse y aceptarse la objeción de conciencia en el ámbito jurisdiccional, en tanto que para tutelar los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia, se pueden derivar los trámites de matrimonios entre personas del mismo sexo a jueces o notarios no objetantes que “… están dispuestos a brindar el servicio… en condiciones de igualdad, que a otros usuarios…”: y (5) la objeción de conciencia no será admisible a futuro, para las nuevas personas juzgadoras que ingresen al servicio y voluntariamente acepten aplicar las normas con las reformas ya puestas en vigencia.
Hay errores de bulto en estos argumentos. Me referiré a los que me parecen de mayor gravedad: (1) Pasa por alto este fallo que hay una diferencia cualitativa entre el ciudadano común y el juez. El primero no jura el cumplimiento de ningún orden normativo y, si lo irrespeta, sólo se atiene a las consecuencias sancionatorias correspondientes. Al contrario, la autoridad pública que, al asumir su cargo está obligada a jurar respeto a la Constitución y las leyes (incluido el Derecho Internacional de Derechos Humanos), adquiere el compromiso no sólo jurídico sino también moral de respetar los valores ínsitos en esas normas (Ferrajolli). Debe hacer a un lado sus convicciones religiosas y éticas personales para, haciendo honor a los principios de legalidad y objetividad, respetar sólo los valores objetivados en el ordenamiento jurídico que ha jurado cumplir y aplicar. Una de las destrezas esenciales del juez o jueza en un Estado de Derecho, es su capacidad de “ponerse en el lugar del otro o la otra”, valorar los intereses de las partes en conflicto conforme las personas involucradas, sus definiciones identitarias básicas, sus historias de vida, sus condiciones sociales particulares. No puede el juez pontificar desde sus personales códigos religiosos, morales, de clase, o de cualquiera otro tipo. Esta es una cuestión técnica, pero también psicológica y humanista esencial en el ejercicio de la judicatura. (2). El derecho a la objeción de conciencia es un instituto concebido como garantía para la persona particular frente a las normas o disposiciones promulgadas por los órganos legítimos del Estado como obligatorias para todos. La misma sentencia que analizamos, con los ejemplos que trae a cuento (servicio militar, derecho de progenitores a educar, derecho de médicos frente al aborto o eutanasia, etc.) ilustran ese carácter tutelar del interés particular frente al aparato estatal. El juez o jueza es precisamente lo contrario, un agente de ese mismo Estado, no es un ciudadano común, no puede alegar que se lesionan sus derechos cuando se ve obligado a aplicar el ordenamiento jurídico vigente. Si se siente incapaz de aplicar alguna ley que no admite, esta persona funcionaria debe irse para la casa. Puede, como ciudadano común, pelear políticamente los cambios que estime necesarios, pero no puede en unos casos sí, y en otros no, aplicar el régimen legal que ha jurado respetar. (3) Hay una terrible confusión en la sentencia analizada, que por cierto el voto de minoría desarrolla con toda propiedad. Me refiero a que no puede aceptarse que un juzgador o juzgadora alegue que están violentando sus más firmes convicciones si se le obliga a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. Estamos en presencia de dos órdenes normativos distintos: por un lado el religioso o moral, y por otro, el civil o estatal. El derecho a la opción religiosa y las creencias personales que este juzgador puede desplegar en su vida privada y pública se mantienen intactas, aunque realice los deberes funcionales para los que tiene competencia, y no debe, con su negativa, afectar los derechos de terceras personas que pretenden hacer efectivos los propios. Es falso que de no aceptarse la objeción de conciencia, se estaría vaciando de su contenido esencial el derecho al libre ejercicio de la opción religiosa del funcionario actuante, dado que a lo que se le obliga es a realizar matrimonios civiles, sin ninguna consecuencia ni efectos en el ámbito religioso del objetante. Nadie lo está obligando a que cambie sus creencias, ni a que se abstenga de practicarlas públicamente. Por el contrario, lo que se evidencia con esta resolución es cómo las convicciones religiosas individuales (“matrimonio es sólo lo que la religión dice que es”), pretende imponerse en el ámbito civil y estatal, al menos para cada caso particular, lo que abre grietas peligrosos en la unidad, homogeneidad y consistencia del ordenamiento jurídico. (4) Es lamentable cómo, en esta resolución, se dedican muchas páginas a analizar antecedentes jurisprudenciales de tribunales internacionales y constitucionales de varios países y regiones, para darnos cuenta que ninguno de los casos o supuestos antecedentes resultan atinentes para lo que se está concluyendo. No hay una sólo decisión que apoye la tesis de que el amparo por objeción de conciencia jurisdiccional o judicial sea posible. (5) Por otro lado, también se señala reiteradamente en esta resolución que “importante parte de la doctrina” apoya la tesis de aceptar la objeción de conciencia, anunciándose que “más adelante” se referirán esos criterios. El lector se va a quedar esperando esa doctrina y la fuerza argumentativa que tiene, puesto que no se menciona por ninguna parte. (6) Otro punto inaceptable se evidencia cuando la Sala Constitucional establece, como supuesta salida, que no hay quebranto a los principios de igualdad, acceso a la justicia y no-discriminación porque, en caso de que se declare con lugar una objeción por parte del juzgador competente, el asunto puede derivarse a otro tribunal que no tenga estos problemas, satisfaciéndose así los intereses de todos. Magno error. Esta decisión tiene el efecto contrario al que pretende alcanzar. Plantea una distinción donde no la debe haber y fomenta discriminaciones odiosas. No puede haber ciudadanos y ciudadanas de primera cuyo caso sea visto por el juez natural constitucional y legalmente establecido, y otros de segunda categoría que tengan que andar buscando quién le suple el servicio público a que tienen derecho. La garantía de tutela de los derechos fundamentales no puede verse como un acto de gracia o de caridad, ni dejarlo en manos del funcionario que quiera asumirla. No es descartable, a modo de hipótesis, que todos los jueces de una jurisdicción, por las razones que sea, decidan no resolver cierto tipo de asuntos. ¿Qué haríamos entonces? Esta laguna es irresoluble y aunque de carácter hipotético, rebela el sinsentido de la “solución” que se ha querido dar. Tampoco es admisible que el sistema en pleno tenga que estar buscando soluciones administrativas u operativas, para posibilitar que las leyes se cumplan en condiciones iguales para todos y todas. (7) Por último, de lo resuelto por la Sala Constitucional se deriva la posibilidad de hacer una distinción entre “jueces viejos” que gozan del derecho a la objeción y “jueces nuevos” que no podrían tenerlo. El juramento de cumplir con la Constitución y las leyes no puede condicionarse al momento de hacer el juramento. Debe entenderse que cubre todo el período en el que la función jurisdiccional se ejerce, con las modificaciones que sobrevengan, sin ser de recibo estatutos ad hoc para jueces o para ciudadanos.
Es un momento desalentador para quienes creemos en el Estado de Derecho y sus principios elementales. De nuevo, parodiando a Cervantes Saavedra, parece ser que “con las iglesias hemos topado, Sancho amigo”.
* Artículo de José Manuel Arroyo Gutiérrez publicado en la columna ¿Gato o Liebre? del Semanario Universidad y cuyo texto fue compartido con SURCOS por el autor.
SINAE AFINES y CTRN arranca este lunes la campaña “Tan humanos como vos” con el fin de visualizar el aporte del trabajador público.
La iniciativa mostrará al trabajador de la CCSS, Policía de Tránsito, Fuerza Pública, Poder Judicial, quienes con su entrega engrandecen Nuestra Seguridad Social y nuestro estado social de derecho.
Sintámonos orgullosos de aportar al engrandecimiento del país y en esta pandemia demos la milla de más para sacar adelante a Costa Rica.
Enviado a SURCOS por SINAE.
En medio de la pandemia 10 choferes de Recope distribuyen, junto con asistentes de pacientes, medicamentos a asegurados de la provincia de San José y Limón.
El río San Rafael sigue fluyendo libre gracias al esfuerzo de la Comisión Defensora del Río San Rafael, y el trabajo de las personas, comisiones, organizaciones agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Gracias al apoyo de organizaciones aliadas en todo el país que apoyaron nuestra lucha, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, FECON, Asociación Voces Nuestras, Universidades, grupos de estudiantes, artistas, Asociaciones de desarrollo Integral, comités de lucha, redes de solidaridad internacional, medios de comunicación alternativa.
Gracias al trabajo de hormiga sostenido por miembros de comunidades. Sin plata, enfrentándonos al poder económico y político de la empresa H.Solís. ¡Cada gota cuenta! Gracias a todas las gotas de este río caudaloso de gentes, corazones y voluntades unidos para defender no solo los ríos, también la dignidad, la salud y el futuro de nuestras comunidades. ¡NUESTROS RÍOS SON MÁS QUE ELECTRICIDAD!!!! ¡PAREN DE REPRESAR!!!!
Celebramos en medio de la pandemia, cada uno en su casa pero juntos y fortalecidos, porque: ¡LA LUCHA SIGUE! Es necesario cambiar la legislación que está destrozando nuestros ríos, a vista y paciencia de las instituciones públicas. Si no fuera por la organización comunitaria, la cuenca del río Térraba tendría al menos 20 represas construidas… Gracias al esfuerzo sostenido durante los últimas décadas NO HAY NI UNA SOLA represa en el sur de Costa Rica.
¡AGRADECEMOS A TODOS Y TODAS POR ESE ESFUERZO COLECTIVO SOSTENIDO EN EL TIEMPO! ¡SEGUIREMOS!!!!
Compartimos un fragmento del texto de la Resolución Nº 1100-2020-SETENA A LAS 07 HORAS 05 MINUTOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2020.
«De conformidad con las consideraciones de hecho y derecho establecidas en CONSIDERANDO QUINTO y párrafo último del CONSIDERANDO SEXTO, decretar el vencimiento de la vigencia de la Viabilidad Licencia Ambiental otorgada al proyecto y se ordenar el archivo del expediente administrativo.
Se aclara que, debido a que el proyecto no se va a poder concretar con motivo de la denegatoria de la declaratoria de Conveniencia Nacional, es también legalmente procedente el archivo del mismo».
Enviado por Angélica Alvarado.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina lanza su publicación buscando promover “una reflexión crítica sobre la naturaleza de los procesos sociales de construcción de la ciencia y la tecnología, sus productos y sus impactos”.
El 16 de junio se celebró el Día de la Ciencia Digna a instancias de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), una “articulación de académicas/os e investigadores/as de distintas áreas”. Ese día, que homenajea al investigador argentino Andrés Carrasco, quien demostró los efectos del glifosato en el desarrollo embrionario, tendrá un aditivo especial este año, el quinto desde la existencia de la organización: el festejo coincide con el lanzamiento de su propia revista.
Con la expansión del agronegocio como telón de fondo, que impone el modelo de producción con transgénicos asociados a paquetes de agroquímicos, la unión propone que su revista “sea una herramienta útil para alimentar los debates sobre ciencia y tecnología propiciando un diálogo de saberes con la mayor participación pública posible”.
El consejo editorial de la revista Ciencia Digna está integrado por investigadores e investigadoras de Argentina, México, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Perú, y los uruguayos Pablo Galeano, Santiago Mirande y Claudio Martínez. Este último, integrante del Departamento de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias y del Colectivo TÁ de la Universidad de la República (Udelar), que se dedica a estudiar los impactos de los transgénicos y plaguicidas, así como de la construcción de alternativas, conversó con la diaria sobre el lanzamiento de la publicación.
“Tomé contacto con este grupo por intermedio de Andrés Carrasco, el timonel en toda esta manera de ver la ‘ciencia digna’ frente a lo que los colegas argentinos llaman ‘ciencia mercenaria’”, dice Martínez. “Carrasco me introdujo al mundo de la mirada crítica acerca de los transgénicos y su modo de producción asociado. Cuando estaba cursando mi tesis de doctorado, hace unos 15 años, hice dos cursos con él sobre su área de investigación, que era el análisis molecular de la biología del desarrollo enfocado a embriones. Utilizando ese modelo Carrasco descubrió los efectos teratogénicos del glifosato, de malformaciones fetales”.
Como para no marcar un camino. “Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling” fue publicado en la revista Chemical Research in Toxicology en agosto de 2010 por Alejandra Paganelli, Victoria Gnazzo, Helena Acosta, Silvia López y Andrés Carrasco. Allí, los investigadores, tras aportar minuciosas pruebas, afirmaban cosas como que “el efecto directo del glifosato sobre los mecanismos tempranos de morfogénesis en embriones de vertebrados abre la preocupación sobre los hallazgos clínicos en descendencia humana en poblaciones expuestas a herbicidas basados en glifosato en campos agrícolas”. De cierta manera, trazaban una línea entre el laboratorio y las comunidades que sufrían la aplicación de las tecnologías del modelo sojero.
“Mi inserción formal en la UCCSNAL fue en 2017, en un encuentro que organizan en Rosario”, dice. Desde entonces el contacto formal lo llevó a formar parte del Consejo Editorial de la revista. “Esta es una iniciativa que surge para que científicos con cierto perfil, a los que nos cuesta publicar ciertos contenidos, sobre todo en español, podamos publicar”, explica. “Claramente tenemos una visión crítica del sistema científico, que va desde las agendas hasta las narrativas, las financiaciones y los objetivos”, agrega.
Leyendo el primer número, uno puede apreciar que la revista apunta a pensar la ciencia. “Pensar la ciencia es también hacer ciencia”, dice, con razón, Martínez, quien también argumenta que “no es una revista a priori pensada para publicar resultados originales. Es, en cierta medida, una revista para pensar la ciencia y la tecnología, los discursos y las narrativas que están asociadas a ellas”.
La oposición entre una ciencia digna y una ciencia mercenaria puede resultar un poco chocante, porque implica la idea de que el mundo se divide en dos bandos: uno claramente identificado con el bien y el otro con el mal. Martínez dice que no hay que pensar que la ciencia la hacen sólo los científicos, sino todo un sistema: “Hace tanta ciencia un científico como un burócrata de una agencia que está definiendo qué es lo que se hace o no”.
En Uruguay 80% de la investigación se hace en la Udelar. Le digo al entrevistado que no sé si es que he tenido suerte –es un caso de sesgo de cherry picking, de extraer las cerezas más apetecibles y pensar que todas son igual de sensacionales–, pero los investigadores e investigadoras con los que he hablado no me parecen muy mercenarios, y le confieso que esa división parece estar más orientada a una ciencia producida en otros países, que son justamente los que luego nos venden sus tecnologías.
“Es cierto lo que decís respecto de Uruguay, hasta en eso somos una isla”, reconoce. “La enorme mayoría de los científicos uruguayos son independientes y hacen una ciencia independiente. A lo que el grupo llama ‘científicos mercenarios’ es cuando hay conflictos de intereses que no han sido declarados. El término viene de Argentina, donde sí hay casos bastante evidentes de conflictos de intereses, puertas rotatorias, e incluso hay periodistas que hablan de corrupción y colusión. En Argentina y en Brasil hay casos documentados de esto”, agrega.
“En el caso de Uruguay no voy a decir que no los haya, pero son un caso muy mínimo”, sostiene Martínez, quien dice que tal vez cuando se jubile tendrá la libertad suficiente para hablar de estas cosas. “Sé de conflictos de intereses que no se han declarado”, afirma, y uno no puede evitar pensar en lo que está pasando en Uruguay con la ley de etiquetado frontal de alimentos. Los octógonos negros de exceso de azúcares, sal y grasas implicaron investigación científica de calidad que avala la medida. Sin embargo, una unidad de la Facultad de Química, con ayuda de una agencia de comunicación, salió a hacer fuerza para que la medida no se implementara, recurriendo a argumentos ya esgrimidos con anterioridad por la industria. Hoy los octógonos negros están en un impasse que nada tiene que ver con la ciencia y mucho con intereses económicos.
“Ahí donde hay conflictos de intereses no declarados surgen los problemas. Porque si el científico que escribe un artículo explicita que trabaja para Bayer, uno sabe quién está firmando el paper y sabe de dónde viene”, dice Martínez, recordando el reciente escándalo del estudio sobre los efectos de la hidroxicloroquina como terapia para la covid-19, que debió ser retirado por la prestigiosa publicación The Lancet.
“El término ‘mercenario’ me resulta muy fuerte, pero cuando voy a Argentina y veo la realidad de los pueblos fumigados, cuando voy a Rosario y están quemando las islas para plantar soja, y está toda la ciudad cubierta de humo, veo que están atravesando una realidad, a nivel ambiental y a nivel de salud, mucho más grave que la nuestra. Mi filosofía es más de sumar y construir algo nuevo que de meter más el dedo en la grieta, pero son modus operandi. Capaz que hay más momentos en los que no hay más remedio que separar las aguas, y otros en los que hay que tratar de ser lo más político posible”, reflexiona. Pone de ejemplo el Plan Nacional de Agroecología en el que ha estado trabajando con el colectivo TÁ. “Allí coexisten sectores que uno a priori diría que no son compatibles. Pero hoy la prioridad es sacar adelante el plan” argumenta. “Más que de ciencia digna o mercenaria, prefiero hablar de ciencia independiente y ciencia vinculada a intereses. Ese sería mi matiz personal”.
Enviado por Jaime García.
Estamos en Tiempos Sagrados que han sido celebrados por tantas culturas muy diversas. Para los Pueblos Originarios de Abia Yala, en las Regiones del Cono Sur del Mundo, las celebraciones habitualmente comenzaban el 18 de junio en la noche. El momento más importante siempre fue la madrugada del 23 de junio, que a diferencia de la noche anterior, resulta menos terriblemente oscura y larga, constituyéndose así en promesa de que los días que vienen serán cada vez más luminosos y en el renacer del Sol.
El Pueblo Mapuche, los Pueblos Incásicos (del Perú, Bolivia y Ecuador) celebran los Rituales del Inti Raymi, el We-Tripantu . Le cantan al Sol y a la Pachamama y aunque hace muchísimo frío, igualmente, estas personas valientes se sumergen en los helados ríos cordilleranos para celebrar el Sol Naciente.
Es así como este sábado 20 el pueblo mapuche conmemora el We Tripantu (año nuevo o la nueva salida del sol) o Wiñol Tripantu (vuelta del año). Asimismo, el pueblo Aymara celebra el Machaq Mara (año nuevo) o Mara Taq´a (división del año), mientras que para el pueblo Quechua esta fecha es denominada Inti Raymi. Por otra parte, el pueblo Rapa Nui festeja el Matahiti; (año nuevo), evento que está en proceso de revitalización en ese territorio.
Los pueblos Colla, Chango y Diaguita conmemoran la fecha como “solsticio” o “año nuevo” y el pueblo Lickanantay celebra el “cambio de ciclo”. En tanto, el pueblo Tribal Afrodescendiente chileno también festeja este acontecimiento en Arica y Parinacota con la celebración del “San Juan”. Los pueblos australes Kawésqar y Yagán, dada su ubicación geográfica y el ecosistema que habitan y que determina su concepción del tiempo y del espacio, vinculado íntimamente a fiordos y canales del extremo sur, mantienen una relación diferente con los ciclos de la naturaleza, y por tanto su concepto de los ciclos temporales son otros.
Este año, con todo el cordón de Los Andes sumergido en los peores momentos de la pandemia mundial, cuando al frío y la oscuridad de la noche se le ha sumado la enfermedad y la muerte, tiene aún mayor significado esperar el amanecer y ofrecer los rituales del Wetripantu aunque sea puertas adentro.
Acá un inspirador vídeo del Parque de Estudio y Reflexión Paine, preparado para la ocasión:
(Imagen de infobae.com)
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