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Aspectos Básicos de Regulación en la Prestación de los Servicios Públicos de Agua / seminario virtual

La UNED en conjunto con la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos le invitan al Seminario Virtual: “Aspectos Básicos de Regulación en la Prestación de los Servicios Públicos de Agua”, dirigido a ASADAS (juntas directivas, personal operativo y administrativo) y público en general interesado en estos temas.

El seminario está programado para los días 12,14,16 y 19 de octubre del 2020, en horario de 5 p.m. a 7 p.m.

Se impartirá de forma gratuita y para poder participar debe confirmar su asistencia a más tardar el 29 de septiembre del 2020, a las  4 p.m.

Ingrese en el siguiente enlace para obtener el formulario para el proceso de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/1KLbDVJ92yVduZzMyM1wM8V0Nt7fzActrY5S5MHxYohU/edit

Imagen ilustrativa, UCR.

UCR: Ciudadanía respalda modelo de desarrollo del país en medio de crisis económica y sanitaria

La mayoría de la población consultada apoya que el país continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación

La medición se aplicó entre el 11 y 23 de julio anteriores, por medio de llamadas telefónicas a números celulares de 1 204 personas distribuidas en las diferentes regiones del país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El impacto derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la situación económica del país es indudable, pero incluso en este contexto, la ciudadanía reconoce la importancia de que Costa Rica continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación.

Así lo reveló un estudio presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). El material fue elaborado por Investigaciones Psicosociales S. A., empresa con 34 años de experiencia en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población en el país.

El presidente del Conare, Luis Paulino Méndez, destacó la importancia de estudiar y análizar de manera permanente de la realidad nacional, como base para la toma de decisions frente al complejo contexto sanitario y económico que experienta el país.

“Es fundamental tener la claridad, el análisis coyuntural, sin perder de vista la Costa Rica que queremos para definir un camino que responda a los retos inmediatos y al futuro que asegure el bienestar de la población”, afirmó Méndez.

La medición se aplicó entre el 11 y 23 de julio anteriores, por medio de llamadas telefónicas a números celulares, y consultó sobre diversos temas coyunturales a una muestra de 1 204 personas distribuidas en diferentes localidades del país.

Según la encuesta, el 79,1 % de las personas consultadas reconoció una disminución en los ingresos familiares como resultado de la actual pandemia. En el 42,3 % de los casos, tal afectación representó más de la mitad de los recursos que percibían y en el 17,1 % significó la totalidad.

El impacto económico de la pandemia es muy amplio, afectando directamente a cuatro quintas partes de los hogares entrevistados.

En el 56 % de los casos consultados se retrató la pérdida de empleo por parte de la persona entrevistada o de algún miembro de su familia, y el 69,7 % de la muestra valoró de manera negativa la situación económica del país, frente a solo un 4,3 % que la calificó de forma positiva.

Pese a la difícil realidad descrita, la ciudadanía apoyó con contundencia que el país siga fortaleciendo el modelo de desarrollo social que ha impulsado hasta ahora. El 73,7 % de los entrevistados respaldó un aumento de la inversión en salud pública y el 22,8 % apoyó que el rubro actual en esta materia se mantenga.

El 43,5 % de las personas consultadas respaldó el fortalecimiento de la inversión del país en infraestructura mediante la creación de obras públicas, como puentes y carreteras, mientras que el 34,8 % consideró que esta apuesta económica continúe como hasta ahora.

Por otra parte, se evidenció un incuestionable apoyo social a la educación pública en el país. El 92,9 % de las personas consultadas respaldó la inversión estatal en educación pública primaria y secundaria, mientras que el 90,5 % apoya la inversión en la educación superior pública.

Según el psicólogo e investigador de la empresa Investigaciones Psicosociales S. A., Marco Vinicio Fournier, la valoración positiva de las medidas sanitarias y el papel del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricenses de Seguro Social (CCSS), en la atención de la emergencia, han generado en la ciudadanía una revalorización del papel de la institucionalidad pública.

“Pareciera que el impacto de la pandemia ha hecho que las personas vuelvan a valorar la importancia de contar con un Estado sólido e instituciones fortalecidas para enfrentar eventuales situaciones de crisis”, explicó el académico.

Pese a la difícil realidad descrita, la encuesta presentada evidenció que la ciudadanía apoyó con contundencia que el país siga fortaleciendo el modelo de desarrollo social que ha impulsado hasta ahora.

Ciudadanía reconoce papel de las universidades públicas

La encuesta retrató una valoración positiva del quehacer de las universidades estatales. Estas instituciones recibieron una calificación general de 8,59 por parte de la ciudadanía, la cual en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR) alcanzó el 8,98.

La población consultada atribuyó una valoración de 8,25 al trabajo y aportes que realizan las universidades públicas en las diversas comunidades de todo el territorio nacional, en tanto la UCR obtuvo un 8,62.

La muestra consultada otorgó un 9,05 a la calidad de la educación que brinda la UCR, cuya presencia en la atención de la actual emergencia sanitaria fue catalogada como “muy importante” por 55,7 % de las personas entrevistadas y como “algo importante” por 17,4 %.

Pese a la valoración positiva que se atribuyó al quehacer de las universidades públicas, la consulta permitió constatar que el 62 % de las personas encuestadas desconoce la fuente de financiamiento que hace posible su trabajo y solo un 32,5 % lo reconoce como inversión del Estado.

El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, enfatizó que desde hace 80 años la Institución mantiene el compromiso de aportar a la construcción del país desde las diversas áreas del conocimiento, tanto en contextos cotidianos como en situaciones excepcionales, por ejemplo, la que plantea la coyuntura actual.

«Estos datos los recibimos como un mensaje claro de la población costarricense hacia el trabajo que desempeñamos como universidad pública, recibimos su respaldo y también sus exigencias», enfatizó el jerarca universitario.

Se detectó que el conocimiento de la población respecto al trabajo la UCR es muy amplio y la mayoría de las personas consideran muy importante la actuación de la institución durante la pandemia.

Aportes de las universidades públicas al desarrollo

El 82,7 % de la ciudadanía que participó en la consulta manifestó estar de acuerdo con que las universidades estatales fortalezcan el desarrollo de sus sedes regionales alrededor del país y el 84,4 % consideró que deben invertir en más aportes a las comunidades.

La perspectiva anterior podría relacionarse con el 47,9 % que expresó algún nivel de desacuerdo con la posibilidad de que estas instituciones públicas dediquen la mayor parte de su trabajo a la enseñanza y atiendan en menor medida las áreas de investigación, extensión y acción social.

Por último, el 75,1 % de los encuestados consideró que el Estado debe cubrir la mayoría del presupuesto que hace posible el trabajo de las universidades públicas, frente a un 15,7 % de la muestra que manifestó su desacuerdo al respecto.

Según Fournier, los resultados obtenidos en esta oportunidad sobre el posicionamiento de las universidades estatales son consistentes con estudios previos que han colocado a estas instituciones en los primeros lugares de valoración ciudadana.

“No se registra un cambio de la población en este tema, las universidades públicas manejan una percepción positiva desde que se iniciaron las mediciones de la imagen institucional en la década de los noventa y esto solamente se ha venido reforzando”, concluyó el experto.

El desarrollo de esta encuesta fue financiado por la UCR. El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados.

El cruce de las respuestas al cuestionario con las variables sociodemográficas de las personas entrevistadas evidencia una alta homogeneidad en las opiniones y actitudes de la gente que se encuestó, puesto que existen pocas diferencias significativas respecto a sexo, edad, región, religión y condición de actividad.

El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados. Esta encuesta es iniciativa de la UCR y la muestra estuvo conformada por 47,6 % de hombres y 52,2 % de mujeres.

Sobre la empresa que desarrolló la encuesta: Investigaciones Psicosociales S. A.

Ámbito de acción: Durante 34 años, la compañía ha desarrollado investigación social en diversos campos de la política, la salud y los derechos humanos, con énfasis en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población general o de subpoblaciones especiales en toda la región centroamericana.

Enfoque metodológico: Los estudios de Investigaciones Psicosociales S. A. se desarrollan tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo. Se busca siempre un balance y una complementariedad entre la profundidad en el análisis y la sistematización y generalización de resultados.

Procedimientos científicos: La amplia experiencia acumulada por la empresa ha permitido implementar y actualizar constantemente mecanismos rigurosos para recolectar datos con estrategias de selección y muestreo que maximizan la aleatoriedad y la precisión. Asimismo, ha posibilitado el uso de las últimas aplicaciones de georreferenciación, módulos especiales para supervisar el trabajo de campo, las más modernas técnicas de registro de la información mediante dispositivos móviles, programas computacionales propios para la crítica y limpieza de las bases de datos y los análisis estadísticos más precisos.

Instrumentos de recolección: Nuestras técnicas de recolección de información combinan formatos estructurados y semiestructurados con técnicas psicométricas, para generar escalas de medición más confiables y válidas, las cuales permitan medir variables así como procesos psicosociales que difícilmente se podrían registrar mediante preguntas tradicionales.

Técnicas de análisis: Los análisis estadísticos van mucho más allá de la simple descripción de distribuciones de respuestas. Mediante diversos análisis multivariados, la información es procesada para implementar indicadores, perfiles, conglomerados y estructuras factoriales exploratorias, lo cual permite un análisis y una interpretación más profunda de las actitudes y los comportamientos sociales.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Foro de Justicia llama al voto público en el proceso de selección o reelección de magistraturas

Llama a la ciudadanía a sumarse a la campaña #VotoPublicoYa para pedir a las y los diputados que asuman el compromiso de dar a conocer por quién votan y con qué criterios deciden. La información de la campaña se encuentra en el Facebook @Forodejusticiacr

San José, 21 de setiembre de 2020- El Foro de Justicia reitera el llamado para que la Asamblea Legislativa haga públicas las votaciones durante todos los procesos de decisión referentes a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, lo que incluye tanto la votación en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) como en el plenario e insta a cada diputado y diputada para que, en atención al principio constitucional de transparencia, emita su voto de forma pública, procurando así que se elimine la opacidad y falta de rendición de cuentas. Este sería un gesto mínimo e indispensable mientras se logran consensos para incorporar otras modificaciones que son necesarias para cumplir con los mejores estándares internacionales de idoneidad.

La escogencia o reelección de las últimas magistraturas titulares (cerca de ocho procesos entre 2014 a 2019), ha estado a cargo de la CPEN, cuyos integrantes toman la decisión final de quienes conforman las ternas para presentar al Plenario, mediante una votación que, hasta la fecha, ha sido secreta. Además, los informes finales generalmente se remiten sin motivación o fundamentación alguna.

En Plenario, los diputados y diputadas votan también en secreto y, en caso de ternas para llenar vacancias, ha ocurrido que se incorporan nombres que no pasan por escrutinio alguno. Estas prácticas contradicen abiertamente los principios constitucionales de transparencia, publicidad, idoneidad, rendición de cuentas y razonabilidad constitucional, perjudicando no solo la imagen del Poder Legislativo, sino también a las personas que se eligen y a aquellas que sometieron sus nombres al proceso. Además, si se nombran personas sin respetar criterios objetivos se corre el riesgo de afectar la independencia judicial.

Eliminar la votación secreta en la CPEN solo requiere de la voluntad de los diputados y diputadas que la integran, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, la votación secreta en el Plenario se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Ante esta situación, el Foro de Justicia alienta a la ciudadanía y a los medios de comunicación a unirse y difundir la campaña #VotoPúblicoYa, en redes sociales mediante estas sencillas acciones:

  1. Etiquete el usuario de los y las integrantes de la Asamblea Legislativa
  2. Exíjales que hagan su #VotoPúblicoYa

Más información sobre la campaña está disponible en el Facebook del Foro, en la cuenta @Forodejusticiacr. Se trata de un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente que salvaguarde nuestros derechos sin discriminación alguna.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.com o luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

FRENAPI: NO al desalojo ilegitimo en finca Kono Ju, en territorio de Chiná Kichá

Comunicado de FRENAPI:

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
A 18 MESES DEL ASESINATO IMPUNE DE SERGIO ROJAS ORTIZ
¡No más discriminación ni olvido, no más etnocidio!

Este 18 de setiembre de 2020 se cumplieron 18 meses del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW). Este crimen se encuentra en total impunidad; sin sanción y sin reparación, reiteramos que, a la fecha, no hay “informes” de las autoridades administrativas ni judiciales sobre resultados y avances de la investigación sobre este asesinato. Las familias, las comunidades en Salitre y resto de los Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, Organismos Internacionales, junto a muchas personas fuera y dentro del país, exigimos, la reparación de los daños ocasionados por estos hechos violentos y continuamos esperando justicia pronta y efectiva.

La violencia sistemática contra los Pueblos Indígenas continua en aumento, en este 2020 y en el marco de la actual emergencia nacional producto de la pandemia por Covid- 19, se han juntando muchos hechos, de acciones repetidas y violentas tanto de particulares como del Estado/ Gobierno, Jueces y Fiscales, Funcionarios Municipales y de Instituciones Autónomas; actos de agresiones, verbales y físicas, compañeros/as macheteados/as, baleadas/os, amenazados de muerte, rociados/as de herbicida; quema de viviendas y cultivos, detenciones ilegales, amenazas de quitar menores (separando familias),en las Fincas Recuperadas, e incluso un hecho culminante de violencia, el asesinato del compañero, Brorán de Térraba Jerry Rivera, el 24 de febrero pasado.

Actualmente y de nuevo, el cuestionado Juez Agrario de Buenos Aires de Puntarenas Jean Carlo Céspedes (quien incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), viola las Resoluciones Judiciales, ordena «Medida Cautelar de Desalojo, voto 288 – F – 2020 ”, ratificada por el Tribunal Agrario, para las y los hermanos/as Cabécares de la Finca Recuperada Kono Ju del Territorio de China Kichá, ubicado en el Cantón (Municipio) de Pérez Zeledón al Sur oeste del país; dejando al empresario josefino, poseedor ilegitimo de la finca recuperada dentro del Territorio y sacando a las familias Cabécares, que por Ley no procede.

Esta acción, muestra la ignorancia a las Leyes Indígenas, Convenios de DDHH, y de otras Resoluciones Judiciales; («ignorancia» premeditada y maliciosa) por parte de estos operadores (as) de Justicia y la actitud del Estado Costarricense en una escalada de violencia «sistémica y sistemática» contra los Pueblos Indígenas.

Denunciamos la política estatal etnocida, el racismo de Estado en sus poderes judicial/Legislativo/Ejecutivo, por actuar parcializado a favor del interés de poseedores irregulares e ilegales en territorios indígenas posicionándose a favor de un fallo judicial grave y peligroso que implica un retroceso a los DDHH de los Pueblos Indígenas.

El Gobierno tiene la posibilidad de impedir el desalojo y aplicar acciones alternativas e “instrumentos” válidos para impedir ese ilegal e ilegítimo Desalojo Judicial del 28 de setiembre próximo:

  1. Puede usar la Ley Indígena, la cual es clara y la fortalecen resoluciones judiciales, estableciendo que los Territorios Indígenas, son exclusivos de las Comunidades indígenas y si algún NO indígena tiene y demuestra posesión de Buena Fe o «propiedad inscrita en el Registro el Estado/ Gobierno”, debe comprobando la legalidad de esa posesión o propiedad, iniciar negociaciones para indemnizar al NO indígena, nunca desalojar del Territorio a las y los indígenas, pues son los auténticos propietarios de las tierras.
  2. Usar la Ley de Manejo de Conflictos que establece que en cualquier tiempo las partes en un Conflicto o contienda incluso judicial, pueden negociar y llegar a Acuerdos Extra-Judiciales.
  3. El Decreto de Desalojos (utilizado por la Administración anterior del Presidente Luis Guillermo Solís y por la Vice Ministra Ana Gabriel Zúñiga que en lo que interesa, establece la obligatoriedad de una Resolución de la Comisión Interinstitucional para el conocimiento y manejo de Desalojos; en esa Comisión están los Ministerios de Seguridad, Vivienda, Salud, Presidencia, de la Mujer (el INAMU), el IMAS, el PANI, la CONAPAM, el INDER etc.; con el fin de atender la realidad (consecuencias) sociales, de salud- económicas y culturales que genera un acto de desalojo como este para las mujeres, niñez, mayores /as, personas en estado especial del territorio. Esa Comisión debe emitir un acuerdo y directrices específicos, para que opere el “desalojo”.
  4. La declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (Asamblea General de la ONU 2012).

Reiteramos que, según legislación nacional e internacional, los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles, imprescriptibles e inembargables, de uso exclusivo de los Pueblos Indígenas que las habitan. Características y derechos que se derivan de instrumentos como la Ley Indígena N° 6172, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la misma Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Alertamos que el Gobierno PAC de la Alianza Nacional (de todos los grupos de poder y Partidos), del Presidente Carlos Alvarado, y su Gabinete, ha manejado un doble discurso en la agenda indígena pues manifiestan trabajar por el saneamiento territorial, sin embargo, los desalojos a no indígenas poseedores ilegítimos en otros territorios, han quedado paralizados producto de la pandemia y en este caso no se detiene este desalojo indígena, proveniente de una Resolución Judicial ilegitima.

El saneamiento territorial de invasores y usurpadores de las tierras es fundamental para que haya justicia por un derecho ancestral, abriendo una puerta a un proceso de movilización y levantamiento indígena nacional impensable que traerá peores situaciones y consecuencias que las ya vividas, de esta forma responsabilizamos al Estado/Gobierno y en especial al Poder Judicial de la escalada de violencia y un posible derramamiento de sangre que pueda resultar, ya que los/as hermanos /as de Kono Ju, han comunicado que los sacarán “muertos”, pero que no se dejarán, y un apoyo directo para los finqueros terratenientes y sus matones este 28 de setiembre como mensaje contundente que el Estado de Costa Rica, manda no solo en este territorio, sino a nivel nacional en todos los procesos de recuperaciones territoriales que se encuentran activos.

Los pueblos indígenas NO VAMOS A PERMITIR MÁS AGRESIONES NI MÁS ARREBATO DE NUESTRA TIERRA TERRITORIO.

¡SERGIO VIVE en esta lucha a muerte por la Vida de nuestros pueblos!

Estamos en unión con KONO JU, no nos detendrá nada, ni jueces vinculados a los usurpadores, ni Gobiernos ni Municipalidad negligente y complaciente con las injusticias y la impunidad en contra nuestra.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todas y todos! ¡Si tocan una Recuperación Tocan a Todas!

Ver infografía al final del texto.

INFORME PRELIMINAR 18a MISIÓN
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONOMÍA INDÍGENA

LA 18a. MISIÓN DEL ODHAIN hace entrega del siguiente Informe Preliminar a las autoridades oficiales y a la opinión pública, terminadas sus visitas al territorio Térraba, pueblo Borán, en Buenos Aires de Puntarenas (sur del país) y al territorio Maleku, en Guatuso de Alajuela (norte del país). La visita al sur se realizó los días 24, 25 y 26 de agosto del 2020 y la visita al norte se realizó el 26, 27 y 28 de agosto del 2020. La visita al sur fue compuesta por Ana Nicté Ana Nicté Castillo Delgado, por el Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR); Sussy González, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC); y Víctor Madrigal Sánchez, por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional. La visita al norte fue integrada por Suy Wong Ugalde, por el Centro Amigos para la Paz (CAP); Linford Patterson Regato, por la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos; y Luis Eduardo Delgado Hernández, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC-CR).

La Misión se realizó a Solicitud del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y de familias recuperantes, ante el surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio que vienen a aumentar la tensión y que eventualmente podrían desembocar en hechos lamentables de pérdida de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

En esta oportunidad, la 18ava. Misión ODHAIN cumplió su objetivo mediante dos visitas a regiones diferentes con dos equipos de observadores en las que se hizo contacto con dos territorios indígenas en situación de conflicto y con diversas personas y autoridades relacionadas directa o indirectamente con 8 fincas recuperadas de presuntos usurpadores no indígenas en los que se han dado hechos violentos como amenazas de muerte y otros atropellos a los derechos humanos.

La 18ava. Misión logró registrar y documentar testimonios de agresiones físicas, amenazas de muerte, daños a la naturaleza mediante incendios provocados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras de ambos territorios. El informe final de la Misión contendrá detalles de la observación, así como conclusiones y recomendaciones.

Se recibieron testimonios en los que se acusa al Estado costarricense por su inacción, indolencia y descuido en la aplicación del Derecho Indígena en los territorios visitados de Térraba y Maleku. Las personas recuperantes Maleku justificaron su decisión de tomar sus tierras ancestrales indicando: “Estamos cansados de esperar a que el Estado cumpla la ley” (Comunicado de prensa). Se entrevistaron autoridades locales de los cantones de Buenos Aires y Guatuso, así como personas que sostienen las fincas recuperadas y poseedores no-indígenas que mantienen actividades comerciales en ambos Territorios.

En Térraba, a pesar de las Medidas Cautelares de la CIDH, a inicios del presente año se vivió un repunte de violencia que culminó con el asesinato del líder brörán Jerry Rivera, al cumplirse el año de otro asesinato, el de Sergio Rojas Ortíz, bribri, miembro de la coordinación y cofundador del FRENAPI.

Los conflictos por tierra se dan en el contexto de tres actores: los pueblos indígenas, los finqueros y el Estado y sus instituciones. Los pueblos originarios recurren a la legitimidad de su posesión ancestral primera en el tiempo, respaldada por la Ley Indígena 6172, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU del 2007 y demás legislación nacional e internacional. Los finqueros aseguran tener derechos de posesión adquiridos por la antigüedad de su llegada al territorio y que por eso les asiste el derecho de ser poseedores de buena fe. El Estado regula la aplicación de la ley y le corresponde velar por el estado de derecho sobre los principios de igualdad y no discriminación.

El escenario resultante es de territorios indígenas invadidos por no indígenas, y pueblos indígenas en lucha por recuperar sus territorios que -en su intento- son violentados en sus derechos ante un Estado que tiene un papel pasivo y que mantiene una deuda histórica con los derechos humanos de los primeros pobladores de Costa Rica.

La 18ava. Misión constata un ambiente de racismo, hostilidad e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras. En el Territorio Térraba existe presencia de una patrulla policial casi permanente lo que ha ayudado a disuadir provisionalmente la violencia. Por su parte, en Territorio Maleku se pudo constatar patrullaje constante de parte de la Fuerza Pública, lo que no impidió que se dieran algunos hechos antes y durante la visita de la 18a Misión del Observatorio.

Además, el ODHAIN, en su 18a Misión, hace constancia de conocer (post Misión) la situación de “Medida Cautelar de Desalojo” por parte del cuestionado juez agrario de Buenos Aires de Puntarenas, Jean Carlo Céspedes quien (incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), en contra de las y los compañeros recuperantes Cabécares del territorio de China Kichá (Tierra de Tepezcuintles) en la finca Kono Ju. Esto, pese a que existen medidas para desalojar a finqueros poseedores ilegítimos en otros territorios. Esta vez, se verán afectados los indígenas recuperantes y en el marco de una emergencia nacional como lo es la pandemia producto del virus Covid- 19, con el posible desalojo de este 28 de setiembre de 2020.

La Misión ODHAIN hace un llamado al diálogo de las partes involucradas, a la paz y a la no violencia. Urgimos al Estado costarricense a aplicar Ley indígena sin dilaciones, a acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en los conflictos señalados.

Por último, el ODHAIN hace una alerta al Estado y sus instituciones para prevenir de forma oportuna la violencia antes de que tengamos que lamentar situaciones dolorosas.

El Estado – gobierno del bicentenario, está a tiempo para contener y disuadir la violencia que se mantiene en los territorios de lo contrario los conflictos irán en aumento, así como la desconfianza en la función del Estado de ser garante de los derechos humanos.

Estamos convencidos de que la prevención es la solución y de que la justicia es el camino de una PAZ EFECTIVA.

San José, 18 de setiembre de 2020.
18ª. Misión ODHAIN.
Equipo Norte
Equipo Sur

Le invitamos a ver la infografía compartida por FRENAPI:

FRENASS: Seguridad Social, Economía y Política

Este martes 22 de setiembre a las 4 p.m. el Frente Nacional por la Seguridad Social llevará a cabo el conversatorio “Seguridad Social, Economía y Política”.

Estará a cargo de Mario Devandas y podrá seguirlo a través de la plataforma Webex y por el Facebook Live de FRENASS.

UCR: Pridena abre opciones virtuales de capacitación

Con cursos y talleres cortos fortalece gestión de atención de personas menores de edad

El Pridena-UCR abrió la matrícula para cursos y talleres mediante plataformas virtuales dirigidos a personas funcionarias de instituciones que abordan la temática de niñez y adolescencia. Imagen Pridena-UCR.

El Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena-UCR) continúa trabajando desde la virtualidad para cumplir con el objetivo de promover espacios de Acción Social, Investigación y Docencia para la construcción de ciudadanía de la niñez y adolescencia en Costa Rica.

Para setiembre sigue capacitando a personal de organizaciones públicas y privadas que atienden esos sectores poblacionales con cursos y talleres, siempre desde el enfoque de los derechos humanos mediante procesos de información, divulgación y discusión para fortalecer las redes interinstitucionales y participación activa en los escenarios de decisión política.

Además, con el proyecto +Vos, el podcast en el que las personas adolescentes toman la palabra en una variedad de temas. Este se difunde mediante las redes sociales del Pridena, en conjunto con las radioemisoras universitarias, en setiembre organizó dos cursos.

El primer curso de setiembre generó un gran interés y en corto tiempo sobrepasó las expectativas de matrícula. En el mismo se abordó “¿Cómo incorporar el enfoque de derechos en el quehacer profesional con niñas, niños y adolescentes?”, y concluyó el jueves 17 de setiembre. En el curso las personas matriculadas aprendieron sobre las herramientas necesarias para la comprensión de aspectos básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de orientar sus prácticas e intervenciones cotidianas con niñas, niños y adolescentes desde el enfoque de derechos.

Actualmente, debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria mundial, los cursos se imparten en modalidad virtual, con una duración de 12 horas. El curso implica un tiempo de estudio individual y otro de discusión mediante plataformas tecnológicas. La participación no tiene costo y como requisito se solicita ser persona trabajadora de una institución pública u organización no gubernamental (ONG) en atención directa de niñas, niños y adolescentes.

Para el magister Milton Brenes Rodríguez, coordinador del Pridena-UCR, en Costa Rica existen pendientes en la atención de los desafíos en materia de niñez y adolescencia indicados por el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que reúne a expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

“En el Pridena-UCR continuaremos con esta tarea, y sabemos que después de la pandemia los desafíos continuarán, e incluso se podrían agudizar”, afirmó Brenes.

Las personas interesadas en conocer más sobre el trabajo que realiza el Pridena-UCR pueden solicitar información al correo electrónico pridena@ucr.ac.cr, o directamente al número telefónico del Programa 2511-6390. También, conectarse a las redes sociales del programa donde se difunden las opciones de capacitación disponibles

Los talleres y cursos cortos enfocan sus temáticas en los derechos humanos de la niñez y adolescencia a la luz de la normativa nacional e internacional.

Nuevo curso

Como parte de las actividades del mes de la niñez y adolescencia el Pridena-UCR concluirá con un nuevo taller titulado “Herramientas para el acompañamiento profesional de niñas, niños y adolescentes con expresiones, identidades género y orientaciones sexuales diversas”.

Este iniciará el viernes 25 de setiembre y tendrá dos sesiones más los días 2 y 9 octubre, todas las sesiones virtuales colectivas iniciarán a las 6 p.m., mediante la plataforma Zoom. Aunque el taller es gratuito, la capacidad es de solo 20 personas.

Brenes recordó que las personas menores de edad, sin importar su expresión e identidad de género u orientación sexual tienen derechos que “deben ser asegurados mediante el respeto a las garantías y derechos individuales. El acatamiento de los Derechos Humanos representa la expresión máxima de acceso a la justicia al ser estos inherentes a todas las personas. Se pretende contribuir al desarrollo de una vida digna de vivir, reconociendo el rol fundamental de las familias y la localidad en esta tarea, así como en la reproducción de valores más inclusivos con respecto a la diversidad de niñas, niños y adolescentes”.

Según Brenes, en Costa Rica la violencia institucional hacia la diversidad de niñas, niños y adolescentes sigue presente en la realidad nacional. “En el año 2015 la UNESCO señaló que el 51% de la población estudiantil de sexto grado de educación primaria de 16 países latinoamericanos, aseguran haber recibido insultos, amenazas, golpes o robos por su preferencia sexual. Costa Rica es uno de los cinco países de la región con los más altos índices de violencia física”.

Entre algunas formas de violencia hacia esta población están el aislamiento por parte de compañeros y compañeras en los centros educativos, su hogar o en la comunidad, la marginalización de servicios esenciales como educación y seguridad social, abandono familiar, acoso escolar, así como violaciones sexuales con el supuesto de corregir su sexualidad. La inadecuada atención a las personas menores de edad transexuales incrementan las conductas autodestructivas, como la automutilación y hasta el suicidio.

Para ampliar estos temas, el taller se dividió en tres módulos que iniciarán con el marco jurídico e histórico, la diversidad entre personas menores y una sesión para pensar en posibles acciones afirmativas para la intervención.

Pese a los avances normativos en materia de derechos humanos de las personas trans, en Costa Rica predominan los prejuicios y la discriminación en las esferas públicas y privadas, atravesadas por los discursos de odio incentivados por organizaciones políticas y religiosas. Durante la anterior campaña electoral se registraron decenas de agresiones físicas hacia personas por motivo de su expresión e identidad de género u orientación sexual.

El taller “Herramientas para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes con expresiones, identidades de género y orientaciones sexuales diversas” será moderado por Shi Alarcón Zamora, con la asistencia de Enmanuell Molina Chavarría. Alarcón es co fundadora de Casa Rara, una organización que desde el 2017 acompaña a jóvenes en el desarrollo de su identidad.

 

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social

Presentación del libro: Diversidad Sexual: Democracia y Ciudadanía

Este próximo martes 22 de setiembre a las 9 a.m. en el marco de: II Coloquio Internacional sobre Humanidades, Derechos Humanos y Diversidad Sexual: Familias Diversas, se llevará a cabo la presentación del libro: “Diversidad Sexual: Democracia y Ciudadanía”, con la participación de:

Dra. Dina Espinosa Brilla, profesora, Escuela de Estudios Generales
Dr. Benjamín Valdivia Magdaleno, profesor, Universidad de Guanajuato
Lic. Marco Castillo Rojas, abogado, Organización Intersectorial por Derechos Humanos de Costa Rica
Dr. Álvaro Carvajal Villaplana, profesor, Escuela de Estudios Generales
Mtra. María Gabriela Rangel Díaz, profesora, Escuela de Estudios Generales (moderadora)

Esta actividad es organizada por la Escuela de Estudios Generales de la UCR con la colaboración de la Asociación Costarricense de Filosofìa (ACAFI)

Podrá seguir el evento Vía Zoom:
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Pronunciamiento de CONADECO con respecto a pretensión de venta de FANAL

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL

San José, 11 de setiembre 2020

SEÑOR
CARLOS ALVARADO QUESADA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
S.D

Estimado Presidente

La Junta Directiva de Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal CONADECO, en su sesión celebrada el día 5 de setiembre 2020, con respecto a la pretensión del actual Gobierno de la República, para la venta de la FANAL emite el siguiente pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONADECO CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA FANAL.

RESULTANDO:

  1. CONADECO es el Órgano Superior de las Asociaciones de Desarrollo Comunal a nivel País constituida en el año 1987, al día de hoy representa los intereses de las 13 Federaciones de Uniones Cantonales y cien Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del territorio nacional que aglutinan un aproximado de 3800 Asociaciones de Desarrollo.
  2. CONADECO desde su visión mantiene un compromiso con la Institucionalidad del Estado Costarricense, las Asociaciones de Desarrollo desde su constitución hace más de 53 años mediante la Ley 3859 Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad, se encuentran legitimadas para representar los más altos intereses comunales del pueblo costarricense, al día de hoy poseen declaratoria de interés público.
  3. CONADECO ha hecho un análisis profundo de la situación de la FANAL y por este medio emite los considerandos tomados en cuenta para argumentar en su totalidad este acuerdo.

CONSIDERANDO:

  1. La FANAL es una Institución del Estado Costarricense fundada el 02 de septiembre de 1850, por el entonces Presidente de la República y Benemérito de la Patria Juan Rafael Mora Porras, distinguido por luchas heroicas que desde entonces posicionan la democracia costarricense.
  2. La FANAL es prácticamente el único proveedor de las Soluciones Antisépticas y Soluciones de concentración de Alcohol para la Caja Costarricense de Seguro Social, que permite, a precio de costo brindar seguridad, salud y desinfección en el ejercicio de sus labores en atención de la población, en sus 29 hospitales, 106 áreas de salud, 1053 EBAIS y Puestos de Visita Periódica en el País.
  3. En el año 2019, la utilidad bruta fue cercana a los $ 50.000.000, de los cuales casi ₡11.000.000.000 se destinaron al pago de impuestos que se detallan más adelante, sin embargo, es claro que el impacto positivo a los programas sociales es ineludible, se impactan programas y proyectos del INDER, IFAM, CNP, PANI, IAFA, CONAPAN, Programas Deportivos y demás.
  4. La FANAL dentro de los impuestos que paga, a la que menos provee es la Municipalidad de Grecia, no obstante, en el Cantón de Grecia este aporte impacta al primer cuatrimestre del 2020 a 147

Distribución según Ley 6619

(%)

Monto a Distribuir

Número de Entidades

Monto Distribuido a cada Entidad

MUNICIPALIDAD GRECIA

0,50

91 452 007,60

1

91 452 007,60

ASOC DES., JUNTAS EDUC Y ADM

0,30

54 871 204,56

138

397 617,42

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES

0,10

18 290 401,52

1

18 290 401,52

HOGAR ANCIANOS Y ESC ENS. ESP

0,05

9 145 200,76

2

4 572 600,38

CENTROS SALUD Y NUTRICIÓN (CINAI)

0,05

9 145 200,76

5

1 829 040,15

TOTAL

1,00

182 904 015,20

147

0,00

Es claro que con los ingresos que perciben estas 147 organizaciones, se multiplican los recursos dado que desde el traslado de la FANAL a Grecia en el año 1981 estas organizaciones han provisto de programas, de infraestructura y desarrollo sus instituciones.

  1. La FANAL desde el 2015 al 2019 ha aportado por medio de los Impuestos los siguientes montos:
    • Impuesto de Consumo: ₡1.356.408.000
    • Impuesto de Ventas: ₡ 6.127.116.000
    • Impuesto de Beb. Alc. Ley 7972: ₡ 23.425.071.000
    • Impuesto de Renta: ₡ 3.273.345.000
    • Impuesto IFAM: ₡ 1.769.195.000
    • Impuesto INDER: ₡ 1.319.831.000
    • Impuesto de Grecia: ₡ 625.542.000
  1. Para el País, para el Cantón de Grecia y la Región de Occidente es latente la preocupación de que en caso de venta de la FANAL, ante el real problema de desempleo que afronta nuestro país, que inició previo de la Pandemia, traería problemas gravosos a 227 familias que dependen del ingreso directo, sin dejar de contar los empleos indirectos que genera a miles de costarricenses y extranjeros, que de una u otra manera brindan servicios complementarios a la Fábrica, como la industria de envases, etiquetas, tapas, publicidad, bares, restaurantes, licoreras, supermercados, hotelería, turismo, etc. Provocando estancamiento en la dinamización de la economía cantonal y nacional.
  2. La FANAL desde que inició la pandemia por el COVID-19, a un precio razonable, no lucrativo, inició la venta a un precio de costo, kits de solución antiséptica y alcohol líquido, inicialmente desde las propias puertas de la fábrica, y posteriormente por la alta demanda, redoblando esfuerzos, con alianzas estratégicas, se inició la distribución en todo el País, adicionando esfuerzos por parte de Correos de Costa Rica.
  3. En el año 2019 la FANAL esfuerzos por esfuerzos por parte del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTEC), la certificación en inocuidad alimentaria FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000 por sus siglas en Ingles). Esa certificación incluye dos normas ISO 22000:2005 e ISO/TS 22002-1:2009, aplicable a la producción de alcohol extra-neutral para industria, obtenido de la caña de azúcar, siendo una certificación de las más estrictas en inocuidad ya que forma parte de los Sistemas de Gestión aceptados internacionalmente por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), permitiendo la FANAL la posibilidad de poseer un posicionamiento en la comercialización del alcohol siendo competitiva con compañías multinacionales dentro y fuera del País, facilitando un posicionamiento nacional y regional al ser la Primer Empresa Gubernamental en obtener este tipo de certificación.

POR TANTO

La defensa de la FANAL deja manifiesto que la institucionalidad pública debe resguardar los más altos intereses de la ciudadanía costarricense, vender la FANAL a manos privadas, no garantiza que el Estado Costarricense vaya a disminuir puntualmente siquiera el déficit fiscal, dado que se ha insinuado que un posible monto de venta puedan ser igual o similar al monto que anualmente está distribuyendo esta Institución en impuestos anuales, aunando que los impuestos dan sostenibilidad y favorecimiento a la implementación de programas sociales y el destino de recursos al propio Estado Costarricense.

DEBIDO A LO ANTERIOR ACORDAMOS:

  1. Oponernos al desarrollo del estudio de “Preinversión” solicitado por el CNP al Ministerio de Planificación y Comercio Exterior, este tendrá un costo aproximado de ₡ 43.000.000, que, en pandemia, ya que consideramos el mismo es “un estudio de mero trámite” para confirmar la pretensión de venta de la FANAL en manos privadas.
  2. CONADECO con apoyo a Municipalidades del País y Asociaciones de Desarrollo Comunal ha hecho defensa de los recursos que perciben las Asociaciones de Desarrollo a través del 2% del Impuesto Sobre La Renta, sin embargo, las Asociaciones no reciben ni siquiera el 30% de esos recursos, recientemente el Presupuesto de las Asociaciones se disminuyó en un 25%, y para el año 2021 se ha asignado solamente un 15%, preocupa que Las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Grecia han sabido multiplicar los recursos de la FANAL, que han sido complemento a los recursos del 2% del ISR para ejecutar los proyectos aprobados por sus Asambleas, desproteger aún más el sector comunal que también está sumado a atender en primera línea la pandemia es una defensa que desde CONADECO apoyaremos.
  3. Apoyar el acuerdo de la Municipalidad de Grecia celebrado en la Sesión Ordinaria N° 22 del 30 de julio del 2020 en la que aprobaron moción presentada por los Regidores Karla Chávez González y Andrés Stanley Ugalde con respecto a la defensa de la FANAL.
  4. Manifestar nuestro apoyo al Concejo Municipal, para cualquier gestión que se pretenda desarrollar para oponerse a la venta de FANAL y en la defensa de la Institucionalidad Costarricense.
  5. Hacer una exhortativa al Gobierno de la República y a los Diputados de la República para que se conforme la Comisión Especial de Diputados que propone el Concejo Municipal de Grecia en el Artículo V del Acta N° 22 del 30 de julio del 2020.
  6. Exhortamos a las Asociaciones de Desarrollo Comunal Integral y Específicas, Federaciones y Uniones Cantonales y Zonales del País para que se pronuncien en defensa de la FANAL y la protección de los intereses comunales representados en el Cantón de Grecia.

San José, 11 de septiembre del 2020.

Señor Presidente con la estima de siempre, le saluda y agradece la atención a la misma.

Atentamente:

Daniel E. Quesada Mora
Presidente
Confederación Nacional Asociaciones Desarrollo Comunal

CC Lic Marcelo Prieto Ministro de la Presidencia
Licda Silvia Lara Vice Ministra de la Presidencia.
Lic. Elián Villegas Ministro de Hacienda
Lic Marlo Antonio Monge Castro Ministro del MAG
Lic Ronald Arias Camacho Administrador FANAL
Lic Roger Bermúdez Presidencia Ejecutiva del CNP
Municipalidad Consejo Municipal de Grecia
Lic. Franklin Corella Vargas Director Nacional de DINADECO
Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO
Federaciones de Uniones Cantonales de Asociaciones
Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo.
Fracciones Políticas de la Asamblea Legislativa.
Prensa Nacional