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En defensa de la CCSS y el bono Proteger – para firmar en línea

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Compartimos un enlace para firmar en línea un pronunciamiento en defensa de la CCSS y el bono Proteger.

El documento señala:

Pronunciamiento sobre el bono Proteger, la CCSS y el presupuesto extraordinario

Quienes firmamos este pronunciamiento, ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con profunda preocupación por el archivo que se ha hecho del Presupuesto Extraordinario que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y que procuraba allegar fondos indispensables para financiar el programa “Bonos Proteger” y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el contexto de la delicada situación por la que atraviesan las personas y las instituciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, con respeto pero a la vez con firmeza, manifestamos:

  1. La propuesta para financiar los “Bonos Proteger” pretendía aportar 75 mil millones de colones para destinarlos a personas trabajadoras que se han quedado sin empleo, han sido suspendidas, o han visto reducidas sus jornadas laborales. Al día de hoy, el Estado no tiene cómo financiar esos faltantes y no ha podido otorgar esta ayuda a cerca de 200 mil personas.
  2. Otra de las partidas que preveía este presupuesto extraordinario, se refiere a 33 mil millones de colones destinados a paliar las pérdidas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en momentos en que esta institución enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, y en vista de que sus ingresos se han visto seriamente disminuidos precisamente en razón de la crítica situación sanitaria por la que pasa nuestro país y el mundo entero.
  3. Tampoco puede dejar de señalarse que en el mismo plan presupuestario extraordinario, se incluyen 62 mil millones de recorte de gastos al Gobierno Central.
  4. Hasta ahora, las razones que se han hecho públicas del por qué una considerable mayoría de la Asamblea Legislativa (39 diputadas y diputados de oposición), han decidido rechazar la propuesta y archivar el expediente legislativo, han sido omitidas o muy escuetamente expresadas. De manera que el país desconoce las verdaderas causas del rechazo que se está consumando.
  5. En circunstancias críticas como las que atravesamos, programas como el de “Bono Proteger” resultan fundamentales, precisamente para impedir que el hambre ataque a cientos de miles de seres humanos y que, de paso, se eviten los estallidos sociales que esta situación extrema conlleva. Por ello, resulta insensato oponerse a su ejecución en vista de que “no parecen suficientes los recortes en gasto público” o se crean necesarias “nuevas propuestas presupuestarias” o “negociaciones políticas” para llegar a acuerdos.
  6. Respetuosamente instamos a las señoras y señores diputados, en vista de que las necesidades elementales de la ciudadanía no pueden esperar, que se deponga todo tipo de intereses personales o partidarios, o en el peor de los casos cálculos electorales evidentemente contraproducentes, para privilegiar el interés y la dignidad de las personas, la urgencia de atender sus requerimientos y la importancia de sacar adelante el país entre todas y todos.

Las firmas que respaldan el pronunciamiento, el cual usted puede firmar aquí, son las siguientes:

  1. Alianza por una Vida Digna
  2. Mario Devandas Brenes, cédula 1342692. Economista.
  3. Walter Antillón Montealegre, cédula 1221295. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  4. Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 1-928-731. Abogada y defensora de derechos humanos.
  5. Rafael López Alfaro, cédula 401490119. Movimiento Humanista.
  6. Erika Henchoz Castro, cédula 105700927. Periodista.
  7. Marcela Martino Aguilar, cédula 110220014. Defensora de Derechos Humanos.
  8. Antonieta Fernández Quirós, cédula: 30229017. Abogada, Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
  9. Vínyela Devandas Brenes, cédula 103940034. Profesora pensionada Magisterio Nacional.
  10. Adriano Corrales Arias, cédula número 2332689. Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  11. Ricardo Solano Madrigal, cédula 700481458. Secretario General Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la CCSS.
  12. Manuel Enrique Delgado Cascante, cédula 401030846. Periodista jubilado.
  13. Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485. Investigador del Centro de investigación Antropológicas CIAN, UCR.
  14. Mauricio Zeledón Leal, cédula 105690067. Partido Humanista.
  15. María Elena López Núñez, cedula 103410135. Médica Salubrista.
  16. Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006. Profesor emérito Universidad Nacional.
  17. Jaime Ordóñez Chacón, cédula 105370458. Director Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y catedrático UCR.
  18. Roxana Morales Ramos, cédula 111670990. Economista.
  19. Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636. Catedrático Universidad de Costa Rica y exministro de Agricultura y Ganadería.
  20. Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815. Catedrático Universidad de Costa Rica.
  21. José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  22. Oscar Jara Holiday, cédula 800780568. Sociólogo y educador popular.
  23. José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073. Exmagistrado y Catedrático Universidad de Costa Rica.
  24. Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373. Economista, Director CICDE-UNED.
  25. Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499. Profesora Universidad de Costa Rica.
  26. Eva Carazo Vargas, cédula 108930621. Investigadora y activista social ecofeminista.
  27. Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856. Periodista, profesor UCR, director de SURCOS Digital.
  28. Dayana Ureña Solís, cédula 205900549. Docente.
  29. Ricardo Araya Montero, cédula 2259881. Jubilado por la CCSS.
  30. Ana Lorena Cartín Leiva, cédula 900490969. Pensionada por la CCSS.
  31. Casilda Sancho Barrantes, cédula 2241142. Educadora popular. Jubilada.
  32. Flora Fernández Amón, cédula 105230903. Empresaria, integrante Costa Rica Solidaria.
  33. Elena Fournier Solano, cédula 1388971. Presidenta Asociación Conservacionista YISKI, Extensionista UNED.
  34. Irene Ávalos Monge, cédula 105130558. Ingeniera Industrial, Concejal del Distrito de Sabanilla de Montes de Oca, Vicepresidenta del Concejo de Distrito.
  35. Marco Aguilar Badilla, cédula 107740694. Médico Psiquiatra CCSS.
  36. Carlos Aguilar Herrera, cédula 102950249. Empresario.
  37. Gerardina Badilla Vargas, cédula 103260178. Ama de casa.
  38. Dionisio Cabal Antillón, cédula 104250831. Músico y escritor.
  39. Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510. Jubilada UNA.
  40. Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538. Catedrático pensionado de Universidad Nacional, escultor.
  41. Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692. Profesora jubilada UCR.
  42. Jaime Delgado Rojas, cédula 400960395. Profesor universitario jubilado.
  43. Álvaro Fernández González, cédula 104330981. Profesor jubilado, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, Sabanilla de Montes de Oca.
  44. Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085. Catedrático Universidad de Costa Rica.
  45. German Masís Morales, cédula 3 225625. Profesor jubilado de la Universidad Nacional.
  46. Carlos Campos Rojas, cédula 1605202. Sociólogo, Coordinador Nacional Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
  47. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403. Comunicador Social jubilado.
  48. Juan Carlos Durán Castro, cédula 106690465. Dirigente sindical CCSS Hospital San Juan de Dios.
  49. Ana María Trejos Trejos, cédula 104470409. Ciudadana.
  50. Eddson Gómez Chavarría, cédula 402320039. Consultor en Comunicación Social.
  51. Jazmín Melania Arias Rodríguez, cédula 114720740. Socióloga, Instituto Clodomiro Picado, UCR.
  52. Marjorie Jiménez Castro, cédula 502440652, Profesora UCR.
  53. Mario Solera Salas, cédula 105310339. Músico, Profesor pensionado UCR.
  54. Miguel Ángel Araya Picado, cédula 203090462. Profesor Educación Física CNR ANDE, Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias Calle Orlich, Asociación Agroturística Bajo la Paz.
  55. Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493. Luchadora Comunal, promotora política, actriz empírica y técnica en el arte de la payasería.
  56. Nardo Vanegas, cédula 800500053. Ciudadano.
  57. María del Milagro Solís Aguilar, cédula 206970566. Consultora independiente, vecina de Montufar, La Unión, Cartago.
  58. Eva Montero Solís, cédula 116800240. Estudiante, Mitigar, La Unión Cartago.
  59. Ma José Monterroso Solís, cédula 115320014. Gestora en Recursos Naturales, Montufar La Unión, Cartago.
  60. Ernesto Monterroso Solís, cédula 117740541. Estudiante, Montufar La Unión, Cartago.
  61. Miguel Sobrado Chaves, cédula 102940994. Pensionado UNA.
  62. Luis Muñoz Varela, cédula 203220588. Comunidad de Calle Las Juntas, Ángeles Sur de San Ramón de Alajuela.
  63. Sindy Mora Solano, cédula 1-1051-0573. Investigadora y profesora UCR-UNA.
  64. Daniel Camacho Monge, cédula 102720032. Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica.
  65. Isabel Ducca D., cédula 105640060. Alianza por una Vida Digna.
  66. Roberto Fragomeno Castro, cédula 801370052. Profesor de la Escuela de Filosofía de la UCR.
  67. Carlos Alberto Hernández Porras, cédula 104630666. Asesor economía solidaria, Organización Red Economía Social Solidaria, RedESS / COKOMAL.
  68. Flavia José Mora Cubero, cédula 2 0536 0772. Docente de Artes Industriales, MEP; grupos comunales: APP Justicia Tributaria, Movimiento Justicia y Libertad.
  69. Luis Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540. Asesor Legislativo.
  70. Juan Ignacio Palma Guzmán, cédula 110580820. Psicólogo desempleado.
  71. Bernardo Jaén Hernández, cédula 501580141. Médico Veterinario.
  72. Leda Méndez Arias, cédula 103770884. Abogada jubilada.
  73. Lía Teresa Vargas C., cédula 103670905. Administradora de Negocios.
  74. Carlos Luis Chacón Salas, cédula 202140725. Pensionado y taxista.
  75. Nora Garita Bonilla, cédula 103820064. Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
  76. Rafael Barrantes Bonilla, cédula 700480771. Técnico Eléctrico, pensionado.
  77. Álvaro Vega Sánchez, cédula 22841409. Sociólogo.
  78. Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula: 10360070. Profesora Emérita UCR.
  79. Carmen Brenes Sáenz, cédula 1343289. Profesional, pensionada, presidenta de ABISO, Organización Ambientalista en Goicoechea, San José.
  80. Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010. Presidenta de CEFEMINA (Centro Feminista de Información y Acción).
  81. Ana Leonor Ramírez Montes, cédula, 104830426, psicóloga social.
  82. Marta Rojas Porras, cédula 103870924. Catedrática de UCR pensionada.
  83. Oscar Héctor Leiva Cerrato, cédula 8-0094-0463. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
  84. Ana Lolita Castillo Murillo, cédula 1678682. Ciudadana.
  85. Alicia Hernández Rojas, cédula 1-405 -805. Ciudadana.
  86. Luis Bernardo Villalobos Solano, cédula 104290837. Médico salubrista. ex Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.
  87. Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652. Economista.
  88. Milena Barrientos Blanco, cédula 104840489. Jubilada, vecina de Río Grande de Paquera.
  89. Denis Omar Cálix.C., Res. 134000130711. Planificador Económico Social. miembro de ACODEHU.
  90. Bernarda Rivas Madrigal, cédula 105490673. Trabajadora Social, integrante de ACODEHU.
  91. Enid Cruz Ramírez, cédula 303180599. Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo.
  92. Jáirol Núñez Moya, cédula: 6-0311-0623. Profesor asociado, Universidad de Costa Rica.
  93. Tatiana Herrera Ávila, cédula 108850940, Docente UCR.
  94. Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482. Jubilada UCR.
  95. Patricia Salgado Muñoz, cédula 1-0418-0050. Antropóloga, jubilada.
  96. Alejandra Cartín Leiva, cédula 105720619. Psicóloga.
  97. Yamileth González García, cédula 202460555. Jubilada, profesora emérita UCR.
  98. Macarena Barahona Riera, cédula 105260207. Catedrática UCR.
  99. Carolina Somarribas Dormond, cédula 1-1110-0145. UNED-PGL.
  100. Guillermo Fernández Arias, cédula 103690223. Pensionado del INEC.
  101. Maritza Marín Herrera, cédula 107590200. Docente, Universidad de Costa Rica.
  102. Sandra Salazar Vindas, cédula 204150213. Comunicadora social.
  103. Marcedonio Zúñiga Arias, cédula 900730394. Ciudadano.
  104. Adriana Laclé Murray, cédula 103820809. Médico, especialista medicina interna, pensionada de la CCSS y actualmente miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca.
  105. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593. Psicóloga/Pedagoga. Jubilada.
  106. Vera V Sancho Mora, cédula 104111454. Colectivo Mujeres por Costa Rica.
  107. Mainier Barboza Soto, cédula 202790037. Movimiento Patriótico por Costa Rica. Teólogo, licenciado en docencia.
  108. María Trejos Montero, cédula 106890938. Activista de Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.
  109. Laura Vargas, cédula 104340593. Socióloga – educadora popular.
  110. Blanca Durán, cédula 8057296. Trabajadora Social pensionada.
  111. Efraín Valverde Moreno, cédula 104680015. Secretaría de Proyectos, Cultura para Todos, Asociación de Desarrollo Integral de Agua Buena.
  112. Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166. Trabajadora social, San Ramón.
  113. Mauricio Gutiérrez Arguedas, cédula 112220457. Profesor, Escuela de Química, UCR.
  114. Organización Política Carmen Lyra.
  115. Yamilette Fontana Coto,cédula 104410669. Coordinación del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
  116. María Del Milagro Solís Aguilar, cédula 16970567. Consultora. Vecina de La Unión, Cartago
  117. Lilliam Zamora Estrada, cédula 301770293. Profesora pensionada.
  118. Saray Córdoba González, cédula 1438311. Profesora pensionada Universidad de Costa Rica.
  119. Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Para apoyar este pronunciamiento siga este enlace:

https://bit.ly/FirmaProtegerCCSS

Imagen: TEC

¿Quién paga la salud de las personas migrantes?

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Jenyel Contreras Guzmán*

El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:

  1. Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
  2. Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
  3. Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.

Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.

Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.

Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses  acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.

Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.

Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.

Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.

* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen: https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/costa-rica-garantiza-acceso-a-salud-para-indigenas-panamenos-durante-el-periodo-de-cosecha-del-cafe/

UCR: cantón de Talamanca trabaja por la prevención del suicidio en personas jóvenes

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

TCU promueve la salud mental comunitaria por medio del fortalecimiento de vínculos sociales

Este proyecto busca impulsar acciones de incidencia sobre la importancia de salud mental comunitaria como una vía de resistencia y prevención del suicidio.

La población de Talamanca ha presentado en los últimos años uno de los índices de intentos y suicidios concretados más altos del país. En el año 2014 las cifras revelaron 47 intentos de suicidio, de los que se concretaron 12, la mayoría en adolescentes entre los 12 y los 14 años.

El Consejo Municipal de Talamanca se declaró, en setiembre del 2014, en Emergencia Cantonal y realizó a su vez, un llamado a distintos actores institucionales a lo largo del país, para que se interesaran y brindaran apoyo y orientación para enfrentar esta problemática. Como respuesta a esta situación, desde la Universidad de Costa Rica (UCR) surge el Trabajo Comunal Universitario (TCU) Salud mental comunitaria: prevención del suicidio en personas jóvenes del cantón de Talamanca (TC-709).

Este TCU trabaja por promover un abordaje en salud mental comunitaria para el fortalecimiento del vínculo y el lazo social como estrategia preventiva ante el suicidio. Desde esta iniciativa se propone un enfoque preventivo del suicidio en la población joven, priorizando la construcción de prácticas humanizadoras que permitan el encuentro, la construcción de subjetividad e intersubjetividad y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.

“Este es un proyecto que consiste en abrir espacios para la escucha dentro de las comunidades que históricamente se han visto afectadas por intentos o suicidios consumados en personas jóvenes en lo que es el cantón de Talamanca. Sabemos que el suicidio de personas jóvenes se relaciona muchísimo con la falta de oportunidades en el estudio, en lo laboral, para tener una voz y para ser escuchados por las personas adultas y también por un sistema que da pocas oportunidades para que estas personas jóvenes surjan”, comentó Damián Herrera González, coordinador del proyecto.

Las condiciones de pobreza, violencia y abandono social que caracterizan a gran parte de la población joven del cantón hace que los esfuerzos por generar espacios de expresión e interacción sean fundamentales. El abordaje interdisciplinar para promover la salud mental comunitaria ha dado grandes resultados en áreas como la expresión, el desarrollo de herramientas emocionales y sociales, así como la construcción de proyectos de vida.

El TCU ha trabajado de la mano de otras instituciones como FUNDAMENTES en la que, por medio de su proyecto de Casitas de Escucha gran cantidad de jóvenes han encontrado un lugar en el que pueden desarrollar sus capacidades artísticas, conocer nuevas personas y hablar sobre las problemáticas que les afectan.

“Yo creo que lo principal en este proyecto es la apertura de espacios que le den voz a los y las jóvenes y que de espacio a la creatividad y capacidad de creación. Aquí hemos hecho vídeos, canciones y obras de teatro que lo que hacen es abordar temas de preocupación para su edad y su comunidad y buscar soluciones dentro de estos espacios artísticos”, expresó Herrera.

Los esfuerzos conjuntos han permitido empezar la construcción de puentes y espacios seguros para las personas jóvenes y recalcar la importancia de la salud mental comunitaria. Cada día hay más jóvenes que se unen a las actividades y se espera que los resultados de estos esfuerzos sean visibles en los próximos años.

“Yo me siento muy especial aquí porque me entienden, porque me relaja de todos mis problemas. Yo aquí he aprendido muchas cosas sobre liberar mi mente y expresar lo que siento”, expresó Frachela Hawkins Castro, participante del TCU y las Casitas de Escucha.

Este TCU trabaja por promover un abordaje en salud mental comunitario para el fortalecimiento del vínculo y el lazo social como estrategia preventiva ante el suicidio

 

Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)

UCR: población penal juvenil se prepara para la reinserción social

Escrito en . Publicado en Derechos.

Proyecto de Acción Social brinda acompañamiento para el egreso de población penal juvenil

Esta iniciativa promueve que los sujetos se hagan conscientes de su realidad, entiendan y elaboren nuevas formas para actuar en ella y que esto, a su vez, les posibilite transformarla.

Salir del Canazo es un proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) orientado a desarrollar procesos de acompañamiento de egreso de población penal juvenil, con el fin de detectar necesidades y aportar respuestas en torno a casos específicos, para fortalecer las condiciones personales y sociales de cara a la desinstitucionalización penitenciaria y a la incorporación a la vida familiar y comunitaria.

“Este es un proyecto de Acción Social que acompaña directamente a los muchachos y a sus familias, sobre todo a las mamás que son el recurso prioritario y más fuerte que tienen en el proceso en el que están”, expresó Sergio Salazar Araya, coordinador del proyecto.

Según el más reciente informe sobre justicia en Costa Rica, elaborado por el Programa Estado de la Nación, “la población carcelaria por 100.000 habitantes se incrementó en un 60% en la última década”, lo cual ha implicado un esfuerzo reciente pero importante por disminuir los niveles de encarcelamiento y aplicar medidas alternativas a la privación de libertad, por lo que el acompañamiento para la reinserción social se convierte en un tema fundamental.

“El proyecto de egreso, en colaboración con la UCR, ha sido fundamental porque hablamos de un tema de reinserción social y la reinserción social no puede ser sólo una tarea del Ministerio de Justicia y Paz, sino que tiene que llevar una serie de componentes y actores sociales que se involucren para que sea efectivo y real”, comentó María Fernanda Mora Calvo, trabajadora social del Centro Penitenciario La Reforma.

Esta iniciativa promueve que los sujetos se hagan conscientes de su realidad, entiendan y elaboren nuevas formas para actuar en ella y que esto, a su vez, les posibilite transformarla. Además, busca brindar acompañamiento a las familias, las cuales se ven gravemente afectadas y pocas veces son tomadas en cuenta por los procesos institucionales.

“Mi hijo entró al sistema penitenciario a los 14 años y fue demasiado duro para mí porque yo estaba embarazada y así iba a verlo, yo nunca lo abandoné. Siempre estuve con él, estoy con él y estaré con él. Para mí, la UCR ha sido mi familia en este país y les agradezco de todo corazón porque nunca había tenido la oportunidad de que alguien me llamara y me preguntara cómo estoy o cómo me siento, expresó “Carmen”, madre de uno de los jóvenes egresados del centro penitenciario La Reforma.

A pesar de que existen normativas que explícitamente regulan la intervención institucional del sistema penitenciario posterior al egreso de la población que ha estado privada de libertad, lo que busca este proyecto es generar procesos de realimentación y reflexión que permitan elaborar un modelo adecuado y pertinente a la realidad personal.

Los procesos de egreso están atravesados por temas como violencia doméstica, drogadicción, callejización, narcotráfico y redes delictivas que muchas veces condicionan las posibilidades de las personas privadas de libertad para poder hacer una vida que no tenga que ver con la actividad delictiva. Es necesario romper también con los imaginarios clasistas, racistas, xenofóbicos y estigmatizantes en torno a esta población y ofrecer herramientas para evitar la reincidencia.

“Estoy vivo, pero estoy muerto en vida. Tengo a mi hija, pero no la tengo, tengo a mi familia, pero no la tengo, estoy a un paso de salir a la calle, pero el egreso me tiene con ansiedad porque no sé que voy a hacer cuando salga o cómo está la calle, pero mi mentalidad es de salir y buscar un trabajo, ser una persona diferente y cambiar, comentó “Daniel”, residente de La Reforma.

El egreso es distinto para cada persona, así como las herramientas que poseen para enfrentarse a sus nuevas realidades. Salir del Canazo busca dar respuestas a los casos específicos y brindar una mano a quienes muchas veces creen no tener ninguna. Por ejemplo, “Jeison” es un joven egresado del sistema penitenciario y fue deportado a su país de nacimiento a pesar de que nunca había vivido ahí. Él, además de enfrentarse al proceso de reinserción social, tuvo que aprender a vivir en un sitio desconocido y sin sus redes de apoyo.

“Esto ha sido una prueba muy difícil, he sufrido mucho por haber sido privado de libertad y después por la deportación. El empezar una vida nueva en un país extraño donde nunca había estado. Para nosotros los jóvenes o personas que hemos estado privados de libertad, el contar con ustedes, que lleguen y nos apoyen, que nos suban el autoestima, es algo por lo que tengo que agradecer mucho a ustedes y a la UCR por el proyecto”, comentó.

Salir del Canazo trabaja por desarrollar procesos de acompañamiento de egreso de la población penal juvenil

 

Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)

UCR: Robotikids llevó la experiencia de la robótica y la Programación a decenas de familias hasta sus hogares

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Esta actividad volverá en el mes de octubre en modalidad virtual

En RobotiKIDS los niños y las niñas pueden dejar volar su imaginación mientras aprenden jugando.

El pasado 2 junio inició la cuarta edición de RobotiKIDS en la cual, 100 niños y niñas acompañados por sus familiares tuvieron la oportunidad de participar de diversos talleres y propuestas pedagógicas alrededor de la robótica educativa. Durante tres días los y las participantes aprendieron sobre lenguajes de programación, tecnología, fenómenos de la física y hasta a crear sus propios juegos en línea.

En esta ocasión, se recibieron más de 150 solicitudes durante el proceso de inscripción, en el cual se realiza una convocatoria abierta con difusión en redes sociales y por medio de alianzas con centros educativos y con la carrera de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Este contexto de pandemia a nivel nacional implica que los niños y las niñas estén todo el tiempo en casa con sus familias y esta oportunidad de poder brindar actividades extracurriculares permitió que se generara gran expectativa e interés en los talleres. Desde RobotiKIDS solicitamos que siempre haya una persona adulta acompañando a los y las niñas durante las sesiones, por lo que fue un aprendizaje que se amplió a toda la familia”, comentó Isabel Rojas Córdoba, coordinadora del proyecto.

Para los y las organizadoras fue todo un reto el cambio metodológico para un desarrollo completamente virtual, el cual “implicó un proceso formal de exploración, investigación, diseño, validación y corrección” para asegurarse de que el trabajo con niños y niñas sea de provecho, sencillo, entretenido y que permita comprender de la mejor manera las herramientas de trabajo, expresó Hazel Castro Araya, docente de la carrera de Educación Primaria.

Los resultados finales fueron muy positivos, tanto niños y niñas como el personal organizador aseguran que los talleres fueron un éxito y cumplieron con los objetivos propuestos.

“Yo estoy muy feliz y satisfecha con los resultados. Considero que alcanzamos el objetivo que estábamos buscando que es poder estimular la parte creativa y la curiosidad para que los niños y las niñas se acerquen a la tecnología y podamos apuntar a un mayor desarrollo científico de este nivel en el país.

Dela misma manera, en las evaluaciones las personas encargadas de los niños y las niñas expresaron estar muy satisfechos. “Fue una buena experiencia para los niños ya que permiten que ellos tengan un acercamiento al mundo de la tecnología y a la programación”, expresó una de las madres.

RobotiKIDS ofrece a los niños y las niñas la posibilidad de enamorarse de la robótica y adquirir nuevas herramientas tecnológicas.

RobotiKIDS es un espacio dedicado a la robótica infantil promovido desde el Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA) de la Facultad de Educación que nace en el año 2015 como parte de las actividades del RobotiFest. Este año, debido al contexto nacional por el COVID-19, se realizó la primera edición virtual con 7 talleres para niños y niñas en edades entre los 4 y los 13 años.

Durante el mes de octubre RobotiKIDS realizará su quinta edición de manera mayoritariamente virtual y ajustándose a las medidas solicitadas desde la

Rectoría, en el marco del RobotiFest de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), un festival de tecnología abierta que promueve la aplicación de tecnologías no sólo de robótica, sino también de automatización de procesos productivos y para la vida cotidiana, es decir, para resolver problemas de la vida diaria aplicando robótica, programas de computación y la automatización.

“Este 2020 desde RobotiFest y RobotiKIDS nos vamos a mantener en la modalidad virtual debido a las condiciones por COVID-19. Estamos en una etapa de planificación de metodologías en entornos virtuales tipo Zoom y utilizando videos y otras tecnologías que nos permitan alcanzar los objetivos con muy poca presencialidad. Además, vamos a tener conferencias y talleres durante toda la semana en la que se realiza el RobotiFest”, indicó José Alberto Moya Segura, profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial y parte del equipo organizador del RobotiFest.

 

Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social).

UCR: Niños, niñas y adolescentes aprenden sobre nuevas masculinidades

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Equidad y derechos de la mujer.

TCU brinda herramientas para la prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz

El TCU busca implementar acciones para que instituciones y organizaciones comunitarias incluyan en su quehacer diario el enfoque de prevención primaria de la violencia de género y la promoción de la cultura de paz.

El Trabajo Comunal Universitario (TCU) Prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidad en niñas, niños y adolescentes (TC-630) trabaja por implementar procesos de prevención de la violencia con niños, niñas y adolescentes, docentes, líderes y lideresas comunitarias, integrando la perspectiva de género y promoviendo a su vez relaciones pacíficas entre todos y todas.

El proyecto trabaja en los cantones de Montes de Oca y Curridabat, principalmente con centros educativos cuyas poblaciones viven en condiciones de vulnerabilidad. “Este es un TCU que se inserta principalmente en zonas de alta vulnerabilidad, porque nos interesa trabajar la prevención primaria de la violencia y la promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidad con niños y niñas que viven en condiciones de alto riesgo como hacinamiento, expuestos a la venta y consumo de drogas y con contextos familiares donde hay violencia”, expresó Ruthman Moreira Chavarría, coordinador del TCU.

Entre las labores del proyecto destaca el generar espacios de reflexión en torno a los procesos de socialización de las masculinidades. Esto apunta a inducir cambios en las prácticas cotidianas perjudiciales que perpetúan los estereotipos y a su vez justifican las violencias de género y las violencias sociales.

“Estamos tratando de incidir en cómo podemos mejorar las relaciones entre hombres y mujeres desde edades tempranas para evitar asuntos tan complejos como lo es la violencia en todas sus dimensiones”, expresó Moreira.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 35% de las mujeres de todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual. Además, diversos estudios nacionales demuestran que en países con altos índices de pobreza esta cifra puede llegar a aumentar hasta un 70%.

La violencia contra la mujer se puede definir como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

Existe un marco legal e internacional que recomienda trabajar la violencia de género por medio de la prevención primaria, es decir, desde edades tempranas. Dicho trabajo debe incluir el enfoque de masculinidades e involucrar a los hombres (niños y jóvenes) de modo que los mismos puedan construir y vivir masculinidades que respeten los derechos humanos y prevengan la violencia hacia las mujeres, incluidas las violencias simbólicas.

Este TCU, parte del entendido de que para que las niñas, los niños, los y las adolescentes puedan aprender a relacionarse con igualdad y equidad, es necesario desarrollar procesos de formación, orientados a facilitar que reflexionen y se cuestionen estas concepciones y adquieran los conocimientos y habilidades para poder ejercer sus derechos y respetar los derechos de los y las demás.

Quienes participan de la iniciativa mencionan que el trabajo con hombres requiere de procesos reeducativos y de resocialización para que puedan reconocer tanto la forma como han sido socializados en esta cultura patriarcal como los costos y los daños que esto conlleva para las mujeres, para las demás personas, para la naturaleza y para sí mismos.

“Creo que con las últimas noticias a nivel nacional, estas experiencias son importantes de fomentar en edades tempranas. La nueva masculinidad me parece que va a ayudar mucho a los chicos a que sean ellos mismos y no tanto lo que una sociedad les ha impuesto y que permita la búsqueda de la felicidad de ellos”, indicó María Alejandra Ureña, integrante del proyecto.

Los procesos de formación han sido muy bien recibidos tanto por las personas estudiantes como por los centros educativos, gracias a las metodologías lúdicas y los resultados que con el tiempo se van haciendo evidentes. Docentes y demás personas de las escuelas esperan que el proyecto continúe y permita cambiar las dinámicas de violencia aún presentes entre los niños y las niñas.

“Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Tenemos que continuar con esta alianza con los TCU porque los niños salen de sexto y vienen nuevos niños, ahora también tenemos niños de materno y la cultura de la escuela tiene que cambiar por eso estamos casadas con esto. Sabemos que son cambios a largo plazo y debemos iniciar desde edades tempranas por eso espero que la UCR nos siga apoyando”, comentó Brasilia Domus Pereira, psicóloga de la Escuela 15 de agosto.

TCU brinda herramientas para la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz

 

Información de Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social).

UCR: estudiantes avanzados de psicología brindan atención clínica psicológica en el CAP

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Salud.

Proyecto combina docencia, investigación y acción social para promover la salud mental

El CAP Busca formar estudiantes que puedan responder desde la intervención clínica psicológica a las necesidades psicosociales de los residentes en Costa Rica, a través de actividades profesionalizantes de calidad y articuladas a la proyección comunitaria. Fotografía tomada del portal de la Escuela de Psicología.

Desde el año 2004, el proyecto de Acción Social ED-2157 “Centro de Atención Psicológica” ha brindado atención clínica psicológica a personas residentes en Costa Rica, cuyos recursos económicos les impiden acceder a este tipo de servicios de manera privada. Esta atención es brindada por estudiantes avanzados de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR), bajo la supervisión de docentes con experiencia el ámbito clínico.

El CAP responde a la necesidad de brindar apoyo en materia de salud mental desde un espacio público y accesible para todas las personas en el cual, se beneficie tanto a la población atendida como al estudiantado.

El trabajo clínico que se desarrolla en el CAP tiene un impacto directo en las personas que reciben el servicio, en la formación de los y las estudiantes que desarrollan habilidades y experiencia en las diferentes actividades de índole clínica, y en la recopilación, sistematización y análisis de la información contenida en los expedientes para la investigación.

“El proyecto tiene un componente importante de acción social al ofrecer un servicio a población que no tiene acceso al mismo. La evaluación que recibimos habitualmente es muy positiva y tiene un componente formativo muy especial, porque queremos que las y los estudiantes hagan una experiencia muy buena de atención clínica, que tengan los elementos materiales y los soportes de supervisión y formación que les permitan un desarrollo muy adecuado de su intervención clínica, todo esto en el marco de un compromiso social” expresó Lucía Molina, coordinadora del proyecto.

Semestralmente se incorporan al CAP aproximadamente 80 estudiantes, por lo que los procesos clínicos implican un número similar de consultantes. Antes de su ingreso al centro, los y las estudiantes son parte de un proceso de capacitación y durante toda su participación cuentan con apoyo especializado de docentes de la Escuela de Psicología.

“A nivel académico, la supervisión que brinda el centro nos hace sentir muy apoyados en un espacio de práctica profesionalizante. Esta es una oportunidad que permite un acercamiento a esta realidad de la psicología clínica donde se pueden poner en práctica las herramientas que hemos aprendido durante el proceso de la carrera”, expresó Paulina Bravo, integrante del CAP.

Para los y las estudiantes estos espacios son fundamentales para su formación académica, pues les permiten sus primeros acercamientos en el ámbito clínico. Además, consideran que es un espacio valioso y necesario de aporte a la sociedad desde la universidad como institución pública.

“Al CAP acuden aquellas personas cuyos recursos económicos no son suficientes para financiar una atención psicológica clínica privada y de calidad. Y creo que ahí radica la importancia del proyecto, de atender a todas estas personas con malestares y con situaciones particulares que requieren y merecen de una escucha y de una elaboración que les permita en la medida de lo posible estar mejor y enfrentarse a su vida cotidiana” comentó Enyell Valerio, estudiante de psicología.

Actualmente, ante la emergencia nacional por COVID-19, el CAP se prepara para brindar espacios psico-educativos desde la virtualidad a población adulta durante el segundo semestre. Las metodologías se encuentran en construcción entre los y las docentes que forman parte del centro y esperan poder seguir brindando espacios para que los y las estudiantes no pierdan esta experiencia al trabajar desde sus hogares.

 

Información de: Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)

Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este próximo miércoles 24 de junio se llevará a cabo la presentación del «Pacto Ecosocial del Sur por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina«. Esta es una iniciativa que nace de un grupo de personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos.

«Durante mucho tiempo, las élites nos contaron que no se podía parar los mercados ni la gran máquina de acumulación capitalista, pero resulta que sí, que es posible activar el freno de emergencia cuando se decide que la vida está en peligro.

La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en juego. Una parte de la población está encerrada, otra parte enfrenta contagio, represión y hambre. Los pueblos indígenas y afroamericanos están expuestos a una nueva ola de exterminio; la violencia patriarcal y racista y los feminicidios han aumentado. Mientras, viejos y nuevos grupos de poder aprovechan la emergencia para asegurar que el “retorno a la normalidad” o “la nueva normalidad” no les deje sin beneficios.

La pandemia es una tragedia para muchas personas, cuyo dolor compartimos. Pero la pausa impuesta al capitalismo mundial por el COVID-19 representa también una enorme oportunidad de cambio: la de construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida.

Aun cuando se mantienen profundas heridas a la naturaleza, este freno forzado también significó desacelerar la destrucción de ecosistemas, sobre todo por la disminución de las emisiones de CO2. Las clases medias mundiales experimentan colectivamente que es posible vivir sin ese consumo exacerbado que provoca destrucción ambiental y que amenaza la vida misma en el planeta; que la felicidad y la calidad de vida tienen dimensiones más relevantes que el poseer y acumular cosas, como es vivir en un tejido de relaciones afectivas confiables.

Se ha puesto en evidencia que la vida campesina, los sentidos de comunidad, el cuidado y la reciprocidad son centrales en el sostenimiento de la vida; que, a pesar de vivir en el capitalismo, no vivimos por y para el capital. Tomamos conciencia de que la comercialización directa, los intercambios sin dinero, las redes por fuera de los mercados capitalistas hoy resuelven muchas de nuestras necesidades básicas; y experimentamos que tienen espacio y potencial para el futuro».(www.pactoecosocialdelsur.com).

Inscripciones

Activar la economía a costa de fracturar las medidas para la mitigación de la pandemia: mal presagio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar

El poder estatal y los medios de la opinión privada, callan los peligros para la ciudadanía al debilitar, flexibilizar o eliminar las restricciones sanitarias para el resguardo de la salud pública. Ante el aumento de infectados con el virus pandémico, se culpa a quienes carecen de alternativas de supervivencia y se exime de responsabilidad a los que presionan y deciden la apertura de comercios y negocios. Esto es, inmoralmente se acusa a las víctimas y se oculta a los culpables, que se imaginan héroes y benefactores.

La visión autoritaria y el posicionamiento político de los empresarios, una vez más, imponen sus intereses privados como si fueran intereses de todos, de la sociedad y del Estado. Los que se creen dueños de la sociedad y del destino de las personas, están imponiendo exigencias y sacrificios a todos para beneficios privados. En la actual coyuntura crítica una vieja historia se repite: la necesidad de salarios de quienes históricamente han sido despojados de los recursos para la vida, que no es un apoyo a los empresarios que se enriquecen con su trabajo y consumo, es la imposibilidad de vivir sin vender su trabajo.

La economía es falsamente considerada como el único determinante para definir la condición y calidad de vida de los individuos, poblaciones y sociedades, y a partir de ello se busca reactivar la economía, independientemente de sus implicaciones en la salud y la condición vida de las poblaciones. Reactivar la economía sin cambiar los modos de apropiación de las ganancias generadas colectivamente, que generan pobreza, miseria y hambre en los espacios sociales nacionales, es una contradicción, que no se resuelve con el crecimiento empresarial ni con los dogmas simplistas de modelos macroeconómicos. La concentración y centralización de la riqueza privada tiene su correlato en la pobreza cada vez más profunda y generalizada.

América Latina es el espacio de mayor polaridad social del mundo, la brecha entre ricos y pobres es abismal, como también lo es para Costa Rica, pero no son los trabajadores ni sus salarios los responsables. La economía latinoamericana y costarricense crece e enriquece a empresas mundiales y empresarios nacionales con masivos desempleados y pobres.

Las dramáticas consecuencias del Covid-19 y las desigualdades con que se vive la cuarentena o la enfermedad misma, deja al desnudo la esencia del capitalismo en su devenir histórico. La pandemia ha agudizado las tendencias imperantes en el mundo, han fallecido cerca de medio millón de personas e infectado a siete millones, pero está condenando a la miseria y hambre a cerca cinco mil millones de personas. Las víctimas del virus en su mayoría son producto de las inequitativas relaciones económicas imperantes y por el dominio político-militar, dispuesto a liquidar a toda la humanidad.

Efectivamente el Covid-19 está evidenciado la vulnerabilidad de la economía, pero no es el virus quien la ha paralizado, se ha frenado porque los trabajadores han debido dejar de trabajar y se les ha reducido sus jornadas y salarios, en un contexto desocupación y pobreza, a otros en cambio, como ocurre con trabajadores de la agricultura de exportación (piña, banano, tubérculos), les ha significado el aumento de las jornadas, con míseras compensaciones y en riesgosas condiciones sanitarias para nacionales, indocumentados e informales, sin cobertura de seguridad social. Los trabajadores se han empobrecido y los empresarios han dejado de ganar en este período, que no es lo mismo que perder, sin embargo, esos patronos lo consideran intolerable e inaceptable.

La presión política empresarial para liberalizar las restricciones sanitarias, en colusión gubernamental y legislativa, está propiciando la proliferación de infectados con el coronavirus que, sin medicamentos, vacunas ni alternativas, ponen en riesgo sus vidas y la de otros.

Eliminar las restricciones sanitarias no resuelve la reactivación económica en un contexto que ha empobrecido y desempleado masivamente a trabajadores, que no serán reincorporados ni recuperarán sus montos salariales, menos aún, cuando aumentan los precios de mercancías y servicios que ofrecen las empresas. Esto es, la disminución de la capacidad adquisitiva de gran parte de la población impide satisfacer sus necesidades, como limita a los empresarios a recuperar las inversiones y materializar las ganancias en las mercancías que no se consumirán. Pese a que la ruta tomada para la apertura, reproduciendo e incluso profundizando las condiciones de desigualdad previas a la pandemia, no reactivará la economía. Sin embargo, aumentar la absorción laboral y los salarios, no son alternativas imaginadas por el poder totalitario imperante en nuestro tiempo, aunque fueron una realidad exitosa con el New Deal, que en 1929-1932 reactivó la economía en la mayor crisis conocida en el capitalismo. Asimismo, se olvida los resultados económicos que trajo consigo el esfuerzo y contribución de miles de trabajadores que levantaron las fabricas terminada la Segunda Guerra Mundial, para luego ser entregadas a sus dueños, así como se omite la significación de la solidaridad internacional con el Plan Marshall para la Europa destruida de la postguerra.

Aquí, los propietarios de la UCCAEP muestran su ignorancia al creer que solo su visión de la economía es la única y verdadera, como un dogma divino, reclamando y exigiendo beneficios, subsidios y condonaciones o amnistías tributarias, aunque ello signifique el sacrificio de muchos para pocos.

La reproducción del infame círculo de miseria no se resuelve eliminando las restricciones sanitarias, como tampoco los Estados, pueden ni intentan satisfacer las necesidades básicas, salud y vida de los pobres y desempleados, menos aún en Costa Rica, con un gobierno, legisladores y magistrados que imponen, legislan y consienten la usura, las confiscaciones salariales, los aumentos impositivos a los trabajadores y sectores medios, e incluso absurda y anticonstitucionalmente, se pretende estrangular el presupuesto de las universidades públicas y particularmente de la Universidad de Costa Rica, benemérita institución pública que es orgullo nacional, reconocida internacionalmente por sus aportes científicos, técnicos e investigativos, así como por su contribución a la educación superior y a las esperanza de bienestar, vida digna y democracia para todos.

El terror empresarial de desaparecer agudiza su prepotencia totalitaria al querer apropiarse de los recursos y riquezas de la sociedad, así como, por su desprecio al pueblo, atenta contra sus vidas.

Reactivar la economía sin bienestar, contra los derechos, la educación y la vida, solo trae malos presagios que auguran enfrentamientos inconvenientes, donde todos seremos perdedores. La miopía estatal y empresarial, es tal, que no se percatan que una sociedad próspera, sana, segura y sin miedos conviene a todos, incluso a los dueños del capital.

(*) Juan Huaylupo Alcázar es catedrático en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica.

Enviado a SURCOS por el autor.

Convenio ICE-UCR ofrece mejoras en conectividad para apoyar el trabajo remoto y la docencia virtual

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La unión de esfuerzos como este es vital para que el país pueda salir adelante

Las personas que tienen conectividad en sus casas, ya sea por fibra óptica o por ADSL con servicios de Kölbi Hogar, podrán acceder a una de las opciones disponibles.

La Universidad de Costa Rica (UCR) estableció un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Kölbi, el cual le permite al personal docente y administrativo de la Institución acceder a una serie de beneficios en los planes de conexión a internet en el hogar. El fin es apoyar las labores de trabajo remoto, en el marco de la emergencia por COVID-19.

Alonso Castro Mattei, director del Centro de Informática (CI) de la UCR, indica que la Universidad es la primera institución pública del país en contar con este convenio. Tal acuerdo se da como una extensión adicional al que ya tenemos con el ICE, que es el proveedor de los servicios de internet para la UCR.

“Extendemos un convenio adicional para que el personal docente y administrativo se vea favorecido, y que las personas que tienen conectividad en sus casas, ya sea por fibra óptica o por ADSL con servicios de Kölbi Hogar, puedan acceder a una de las opciones disponibles, entre ellas una rebaja del costo mensual del enlace, un aumento en su velocidad actual de conectividad, o solicitar un servicio de conectividad nuevo al ICE, en el caso de funcionarios que aún no lo posean”, añade Castro.

El convenio está disponible para las personas funcionarias que posean o adquieran alguno de los siguientes planes de Kölbi Hogar: individual de internet, dúo de internet + telefonía fija, dúo internet + Kölbi TV y planes triples.

Para optar por este convenio, se debe cumplir con dos requisitos: poseer un nombramiento interino o en propiedad activo en la UCR y que el plan Kölbi contratado o a contratar esté a nombre de la persona funcionaria de la Universidad.

Las personas interesadas en aplicar a este convenio deben solicitar una constancia de su nombramiento activo en la Universidad, a la Oficina de Recursos Humanos (ORH), por medio del Portal UCR o al correo orh.vra@ucr.ac.cr . También deben llenar y firmar el formulario que se ha dispuesto para tal efecto, ya sea con firma digital o escaneando el documento impreso con la firma física.

En el caso de funcionarios que cuenten con uno de los planes Kölbi en sus hogares, pero que se encuentre a nombre de un familiar, podrán completar el formulario de cesión de derechos, ubicado en el siguiente enlace: https://ci.ucr.ac.cr/node/107#page-title.

Este convenio es válido para un contrato por persona, aplicará de forma permanente y continuará una vez finalizado el período de emergencia por COVID-19.

“La negociación para alcanzar este convenio se hizo en aras de fortalecer y facilitar el trabajo remoto y la docencia en línea, a través de mejores enlaces de internet, sobre todo ahora que, en los hogares, este servicio es utilizado por las familias completas para efectuar teletrabajo y recibir clases de forma virtual. Queremos que las personas puedan trabajar de forma más cómoda y con un ahorro económico importante”, indica Castro.

Por su parte, Mauricio Rojas Cartín, gerente de telecomunicaciones del ICE, indica que, a lo largo de los años, ambas instituciones han reforzado sus relaciones en pro de fortalecer la educación superior. Añade que, ante los nuevos retos derivados de la emergencia nacional, se ha propiciado un cambio hacia los medios digitales, incluyendo el teletrabajo.

“En esta circunstancia, somos conscientes de esta nueva realidad y de que, solo uniendo esfuerzos, lograremos que el país pueda salir adelante. En el ICE, hemos diseñado una oferta exclusiva a través de nuestra marca kölbi Negocios, con un precio diferenciado y el ancho banda necesario para realizar el trabajo con enlaces de alta velocidad, así como una conexión de internet estable y segura. Nos enorgullece ser socios empresariales de la UCR para fortalecer la educación y el trabajo a distancia”, finaliza Rojas.

Para conocer mayores detalles del convenio, puede descargar el instructivo y el formulario en el siguiente enlace: https://ci.ucr.ac.cr/sites/default/files/informaciondigital/Convenio_Teletrabajo_UCR-ICE.pdf.

Otros esfuerzos que complementan el apoyo al trabajo remoto y clases virtuales

Desde el inicio de la emergencia por la pandemia COVID-19, el Centro de Informática se ha dedicado a dotar a la comunidad universitaria de las facilidades técnicas y las herramientas necesarias para adaptar las labores, una vez que se tomó la determinación de enviar a la comunidad universitaria a clases virtuales y trabajo remoto.

Estos esfuerzos han abarcado diversas etapas. Castro Mattei señala que, en una primera etapa, se duplicaron todos los enlaces de internet de las sedes y recintos, se procedió a habilitar el servicio de VPN y telefonía en las casas de las personas funcionarias, con el fin de que pudieran acceder a sus extensiones de la Universidad, desde su computadora o teléfono móvil. También se crearon los formularios de COVID-19 en el Portal UCR, se habilitaron licencias de diverso software para uso en casa, incluyendo herramientas de videoconferencia como Zoom y de seguridad como el antivirus.

Igualmente, se trabajó en fortalecer herramientas como Mediación Virtual, de forma que pudiera soportar una mayor cantidad de cursos y personas usuarias.

Como segunda etapa, se realizó la compra de tabletas y chips de conexión a internet, que han permitido apoyar a los estudiantes que no cuentan en sus casas con un equipo de cómputo adecuado o que tienen conexiones a internet limitadas e inestables. Además, en conjunto con el ICE, se logró eliminar el consumo de datos en la consulta de sitios con dominio ucr.ac.cr. Adicionalmente, lanzamos una campaña de información sobre ciberseguridad a la hora de realizar trabajo remoto.

“Ahora, estamos trabajando en los preparativos para asumir el segundo semestre y continuar en la mejora de las condiciones de trabajo remoto y docencia virtual para nuestra comunidad universitaria. Pronto, tendremos funcionando la plataforma UCR Global para los cursos en línea de Acción Social y un sistema para incluir y analizar la información de las posibles actividades presenciales que desean retomarse en el II ciclo 2020, entre otras novedades”, finaliza Castro.

 

Melissa Gómez Arce
Comunicación, Centro de Informática, UCR