El 26 de agosto conmemoramos el 80 aniversario de nuestra Institución, en medio de un contexto sin precedentes que nos motiva a recordar lo que hemos hecho y todo lo que nos queda por hacer. UCR, 80 años de transformar el país.
Históricamente, en Costa Rica las personas migrantes centroamericanas y particularmente las nicaragüenses han ocupado un porcentaje elevado de la fuerza laboral que sostiene importantes sectores de la economía costarricense. Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población sumó el 11,35 % del producto interno bruto, en áreas como:
No obstante, a partir de la emergencia sanitaria que impuso la pandemia del COVID-19, el 17 de marzo del 2020 se emitió un Decreto Ejecutivo que restringe de manera temporal el ingreso al territorio nacional de todas las personas que no fueran costarricenses o residentes, incluyendo (y principalmente) turistas. Posteriormente, el 25 de marzo se les pidió a las personas extranjeras residentes y de las categorías especiales no salir del territorio costarricenses, so pena de que se les imponga un impedimento de entrada.
Este escenario hizo que muchas familias quedaran divididas, pues quienes se encontraban en Nicaragua no podrían regresar y quienes salieran no podrían ingresar al país hasta nuevo aviso, lo cual con la situación actual podría tomar lo que resta del 2020 o más. Sumado a esto, en el caso de las personas nicaragüenses, sus familiares y amigos que estén en Nicaragua se encuentran en un país que no ha tomado medidas de distanciamiento social o cierre de negocios y que, también, ha sido señalada por reportar menos contagios y muertes a causa del COVID-19 de las que realmente son, según los datos aportados por la ONG Observatorio Ciudadano. Además, tal país ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud.
Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Adicionalmente, las personas que fueron contagiadas debieron permanecer en cuarentena junto con su familia, en muchos casos esto resultó en una pérdida automática del empleo.
La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió la sociedad de manera generalizada, en el caso de estas personas se sostienen hoy en día y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, quedando a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.
La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió de manera generalizada se mantienen actualmente en el caso de dichas personas y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, de manera que quedan a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de la sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.
A esto se suman las dificultades particulares de las familias binacionales —aquellas que cuentan con miembros tanto costarricenses como de otras nacionalidades—, muy especialmente en las familias cuyos integrantes de otros países tienen un estatus irregular. La potencial amenaza de ser deportados puede representar un hogar más que pierda el único ingreso económico familiar durante un periodo de crisis y con menores de edad que aún no asisten al sistema educativo y que, por tanto, no cuentan con las canastas que el Ministerio de Educación Pública entrega a sus estudiantes.
Muchas mujeres migrantes son jefas de hogar y la amenaza es que sean ellas las que se contagien por tener que salir a trabajar o quedarse sin empleo. Pero en el caso de quienes dependen económicamente de un compañero, la vulnerabilidad aumenta. Si su compañero se enferma o es deportado, estas mujeres deben encontrar una forma de generar ingresos económicos en un escenario absolutamente desfavorable para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, para las mujeres migrantes, con baja escolaridad, con poca o ninguna experiencia laboral y con varias personas menores de edad a su cargo, el escenario es aún más adverso.
Es indispensable que las medidas que se tomen para apoyar a las familias, que se han visto afectadas económicamente, sean inclusivas y tomen en cuenta las condiciones y necesidades de los hogares que más lo necesitan, justamente por todos los factores de vulnerabilidad que acumulan. Las mujeres migrantes indocumentadas deben contar con protección de parte del Estado en aras de evitar que se expongan a explotación laboral u otras situaciones de riesgo en el intento de mantener a sus hijos e hijas.
El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos, de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal. EL 16 de junio, el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en el sector agro. No obstante, los costos de estos trámites ascienden los USD 60, los cuales deben ser cubiertos por la persona migrante, pese a que esta oportunidad se otorga por la demanda de las grandes empresas para contar con la mano de obra necesaria para no perder las cosechas.
Es fundamental dotar a las instituciones de los recursos pertinentes, con el fin de que puedan cumplir con las inspecciones necesarias para asegurar que la vida de las personas no se esté poniendo en riesgo por la producción económica. Además, dotarlas de todas las capacidades normativas e instrumentales necesarias para amonestar y sentar las responsabilidades correspondientes sobre las empresas que sostienen dichas prácticas y no sobre las personas que fueron víctimas de estas.
Silvia Azofeifa Ramos
Coordinadora del proyecto “Migrantes como sujetos políticos”
Óscar Madrigal
El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS recibió ¢52.000 millones MENOS en ingresos corrientes en este primer semestre comparado con el de 2019, según la Contraloría.
El Gobierno debía transferirle a la Caja 146.000 millones, pero solo le pasó 91.400, es decir, 54.600 millones de colones MENOS. Esto, aducen, se debe a la situación fiscal.
Como se observa, las políticas de austeridad no se detienen ni siquiera respecto a las instituciones que están enfrentando la emergencia sanitaria.
Por un lado, el Gobierno informa que trasferirá ¢28.000 para saldar la deuda de la CCSS, pero por otro le deja de pagar más de ¢54.000 millones.
Producto de las políticas de austeridad se está dejando sin el financiamiento debido a la Caja en momentos que más requiere del apoyo financiero. Por ello a estas políticas más que de austeridad les llaman de austericidio.
San José, 14 de agosto de 2020.- El pasado 5 de agosto de 2020, el think-tank de asuntos ambientales Oakland Institute presentó “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, una traducción al español del informe Nicaragua ‘s Failed Revolution.
Este informe independiente recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos; con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense. El texto también expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de esta violencia.
Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, al que tiempo las violaciones continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de riesgo se agrava.
Como representantes de las comunidades indígenas miskitu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te invitamos a la presentación del informe “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, cuya versión en inglés ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura por parte del New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News, MongaBay, entre otros.
Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 10:00am a 11:30am hora Centroamérica en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el saneamiento.
Panelistas:
Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica
Regístrate: https://bit.ly/30NwbJG
Hallazgos clave del informe:
El Instituto Oakland es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.
CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.
CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
*Imagen destacada tomada de: https://www.dw.com/
Las Jornadas Solidarias son un espacio autoconvocado y organizado por personas autónomas que se solidarizan con las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo.
Desde el mes de marzo han estado apoyando a personas que se encuentran en condición de calle, cuarterías con orden sanitaria (donde viene niños, adultos mayores y mujeres embarazadas) así como casos de familias en pobreza extrema.
Los aportes solidarios se reciben en especie y en efectivo a través de depósitos por SINPE móvil.
Como aporte reciben alimentos preparados, así como diarios de alimentación básica (libre de crueldad animal) e implementos de higiene y limpieza.
Puede seguirlos en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/Jornadas-solidarias-101317718332080/
“Seguimos creyendo que solo la solidaridad nos puede sostener en medio de esta crisis”.
#TernuraRadical
#Solidaridad
#Autonomía
#Autogestión
San José, martes 18 de agosto de 2020.
S.G. 17-21-2246-20
AS-115-20
Sr. Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República
Sra. Epsy Campbell Barr
Primera Vicepresidenta de la República
Sr. Marvin Rodríguez Cordero
Segundo Vicepresidente de la República
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ASUNTO: Posición de ANEP y de ASDEICE sobre el proceso nombrado por el Gobierno como “Costa Rica escucha, propone y dialoga” y en respuesta al oficio PV-M-2020-238-DSV-274-2020 que se nos dirigiera, con fecha 14 de agosto de 2020, por parte de las vicepresidencias de la República.
Reciban formal y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE).
Acerca del oficio remitido por las vicepresidencias de la República, el pasado viernes 14 de agosto; y, asimismo, sobre el proceso que el Gobierno nombró como “Costa Rica escucha, propone y dialoga” anunciado en conferencia de prensa el pasado 9 de agosto (al cual hace referencia el oficio en mención); desde ANEP y ASDEICE manifestamos:
PRIMERO: En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen.
En momentos tan serios como estos, flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple “buzón digital de sugerencias”, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.
SEGUNDO: Se manifiesta en el oficio remitido por las vicepresidencias del Gobierno de la República, el pasado viernes 14 de agosto: “el señor Presidente de la República ha creído imprescindible ampliar los procesos de escucha, propuesta y diálogo, para tener un panorama más amplio, equilibrado y profundo de sus valoraciones e intereses legítimos”.
Sin embargo, a contrario sensu de lo afirmado, resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala señal de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.
TERCERO: El proceso que nos ocupa en el presente oficio, anunciado por el Gobierno luego de la efervescencia de diferentes organizaciones del sector público y privado durante las últimas semanas, no ocurre en el vacío; tiene dos fuertes antecedentes de conmoción social, acaecidos durante la actual Administración, específicamente, en los recién pasados años 2018 y 2019.
El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).
En ambos casos, los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual.
A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.
Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad.
CUARTO: Retomando sobre el presente proceso, de la metodología anunciada el pasado 9 de agosto, se desprende que el mismo no es una negociación, no incluye vías de anclaje al ritmo legislativo, no establece método para cumplir acuerdos y no detalla mecanismos de formalidad vinculante.
En materia de diálogo social, ni el hábito hace al monje, ni el nombre hace al proceso. El nombre “Costa Rica escucha, propone y dialoga” queda grande a un proceso marcado por una metodología que, confusa y bajo orientación vertical, más bien establece un buzón gubernamental digital de sugerencias, con opacos metodológicos sobre tramitación y valoración de propuestas, plazos perentorios (algunos casi inmediatos), que obstaculizan entendimientos; y, una agenda preconcebida unilateralmente, que excluye temas ultrasensibles que tan siquiera aparecen, tales como pensiones IVM-CCSS y el futuro del ROP, la transformación tributaria estructural del sistema tributario, por citar tan solo dos ejemplos.
QUINTO: Desde la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19 al país, ANEP y ASDEICE hemos realizado un abordaje con propuestas, todas remitidas a Casa Presidencia y a Asamblea Legislativa; propuestas entre las cuales figuran:
Nota de 14 de abril de 2020, remitida a jerarcas gubernamentales y legislativos sobre nuestra posición acerca de acciones a tomar ante las repercusiones laborales, económicas y sociales profundizadas a raíz del COVID-19 en el país.
El documento La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del covid 19 en el país – Una propuesta desde la otra acera, con 31 iniciativas compiladas del pensamiento de personas, organizaciones e instancias con genuina preocupación y capacidad de propuesta sobre el tema, comprendiendo el rol clave del Estado para el bien común. Una propuesta desde la otra acera, contempla: a) medidas para aportar liquidez financiera a la institucionalidad del Estado; b) Medidas para fortalecer el sistema tributario de cara a la emergencia; c) Medidas para el apoyo económico de quienes sufren la crisis; d) Medidas para el rescate con inclusión social y productiva; d) Medidas para atender brechas y sectores vulnerabilizados.
El manifiesto del lunes 27 de julio de 2020, suscrito por una serie de organizaciones e instancias del sector público y privado, remitida a Casa Presidencial y a Asamblea Legislativa, mediante nuestro oficio del 29 de julio; contemplando una serie de medidas sobre el abordaje del covid-19 en las políticas públicas del país, relacionadas con reactivación económica, protección del empleo y otros temas conexos como la defensa de la institucionalidad estatal costarricense.
SEXTO: El diálogo social que Costa Rica requiere, desde años atrás de la actual Administración, y desde el inicio de esta pandemia, en materia de política pública; ocupa algo más que un buzón digital de sugerencias. Sus temas no deben estar circunscritos a opacidades metodológicas marcadas por tres ejes preestablecidos, en espacios ajenos al de la apertura extraordinaria de una mesa real de intercambio y búsqueda de acuerdos, que sería la instancia encargada de delimitar los ejes del diálogo con el cual se nutriría un esfuerzo de tal calibre como para integrarse al mismo.
SÉTIMO: No encontramos ninguna explicación lógica racional que nos fundamente aceptar un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de 2.250 millones de dólares (además, a otorgarse en tres tractos de 750 millones $ cada uno); si nuestro país tiene cerca de 9 mil millones de dólares en reservas internacionales depositadas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Solamente encontramos explicación en el fanatismo ideológico que rechaza toda intervención del Estado en actividades susceptibles de apropiación privada para incrementar la acumulación de capital en pocas manos. Categóricamente y con base en una trayectoria histórica iniciada desde nuestra propia fundación republicana como nación, rechazamos la venta de activos del Estado como parte de la solución al problema fiscal nacional. El problema fiscal nacional tiene otras formas de solución que no pasan por una “negociación” con del FMI.
OCTAVO: La reactivación económica, si realmente queremos que sea estratégica, pasa por darle un pilar fundamental en la política pública del caso, al ámbito de las micropequeñas y medianas empresas y para los emprendimientos de economía social solidaria; incluyendo el otorgamiento de fondos de arranque no reembolsables, diferenciaciones tributarias y hasta cancelación-condonación y moratorias de deudas. Mención aparte impulsar la reactivación económica del agro nacional, incluyendo la cancelación de deudas que agobian al mismo en estos críticos momentos pandémicos.
Salvaguardar la capacidad adquisitiva del salario de sectores cuyo empleo no se ve directamente amenazado por la crisis, implica también una medida de reactivación que protege el consumo del mercado interno y el comercio, especialmente en el caso los emprendimientos y de las pymes. La preservación de los empleos en el aparato público es mucho más estratégica en estos críticos momentos socioeconómicos.
NOVENO: En cuanto al tema laboral, el empleo a crearse debe contemplar los postulados del Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya adoptó nuestro país como política de Estado. De ello que debamos rechazar, radicalmente, los intentos de aumentar la jornada ordinaria de trabajo de las 8 horas bajo el insostenible argumento de “flexibilización” laboral. La eliminación de la histórica jornada de 8 horas solamente vendrá a golpear el derecho empleo decente de amplios sectores de la población.
Por su parte, las medidas que han sido adoptadas sobre reducción de jornada y de salario en el sector privado, y que se dijeron de carácter de transitorio; no deben, bajo ninguna circunstancia, convertirse en permanentes. Por el contrario, deben incluir cláusulas de salida que permitan retrotraerlas al estado original anterior a la presente crisis.
Asimismo, es preciso derribar los tabúes impuestos ideológicamente en los últimos años que parten de una visión distorsionada, inexacta, extremista y absurda del empleo público. Lo anterior, debido a la necesidad de abrirlo en áreas de necesidad ciudadana diversa, hoy completamente debilitadas y que no ofrecen atractivo de lucro mercantil. La contrarreforma social en materia laboral debe detenerse.
DÉCIMO: Ante el Covid-19 en materia tributaria-fiscal, se requieren políticas públicas desde una perspectiva progresiva donde se aborde la reducción de la evasión, la elusión, las exenciones y las exoneraciones; en busca de que quienes más tienen den su aporte a la crisis, y así mismo, en procura que “los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”. La ausencia de éste, entre los ejes del proceso propuesto por el Gobierno, da a pie a preguntarse si se está salvaguardando la visión-país de grupos megaempresariales de mucho capital acumulado. Prácticamente, esta clase empresarial está “eximida” del proceso propuesto por el Gobierno, pues se le dio una mesa exclusiva para atender a este sector, lo cual expresa un tratamiento hegemónico y desigual para con el resto de la sociedad civil organizada.
Dudas como la anterior, sumadas a aspectos tales como el avance de la agenda de contrarreforma social en materia de derechos laborales, y la creciente pérdida de credibilidad del equipo económico de Gobierno, y el deterioro de la imagen de la Administración Alvarado Quesada en general; forman parte del contexto de pérdida de credibilidad del presente proceso, cuya metodología tampoco establece la figura de garantes, mediadores o interlocutores que generen confianza entre las partes dialogantes (gobierno y sectores).
POR TANTO: Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, las organizaciones firmantes, ANEP y ASDEICE, reiteramos a autoridades gubernamentales y legislativas, a nuestras bases laborales y sociales, a la clase política de todo signo y a la opinión pública en general:
MEDIO DE NOTIFICACIÓN: Establecemos como medio de notificación para efectos de acuse de recibe y respuesta de lo planteado en el presente oficio, las direcciones electrónicas siguientes:
Sin otra en particular, se suscriben atentamente:
Albino Vargas Barrantes Mario Ching Rosales
ANEP ASDEICE
Walter Quesada Fernández Juan de Dios Cordero Duarte
ANEP ASDEICE
Rafael Mora Solano César López Dávila
ANEP ASDEICE
En este año 2020, la Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica está celebrando su 7° aniversario, trabajando desde sus inicios por visibilizar la Economía Solidaria. La presencia de las múltiples formas de asociatividad es una realidad que se expresa en un conjunto de valores muy diferentes a los que sustentan el modelo capitalista actual. RedESS en estos 7 años se ha consolidado como un espacio de articulación y colaboración presentes en 6 redes territoriales, promoviendo una economía basada en valores éticos, solidarios, ecologistas y feministas.
En estos 7 años RedESS parte de que la economía solidaria deberá poner en su centro el bienestar de las personas, situando los recursos, la riqueza, la producción y el consumo como medios para alcanzar tal fin. Reflexionamos, dialogamos y entendemos la economía solidaria como el conjunto de prácticas económicas diversas y transformadoras que están presentes en todos los territorios, que demuestran que se puede producir, distribuir, consumir y, muy especialmente, vivir con base a otros valores como la solidaridad, la equidad, el empoderamiento de las personas y organizaciones, la participación colectiva en la toma de decisiones, el cuidado del ambiente, la valoración de los procesos relacionados con la reproducción de la vida y de los cuidados, la cooperación y la no competitividad, basados en el apoyo mutuo.
“A estos 7 años reafirmamos seguir impulsando con fuerza e ilusión nuevos proyectos y retos, junto con otras organizaciones y expresiones de economías transformadoras, seguiremos generando iniciativas y pensamientos consecuentes que cuestionan y confrontan el actual sistema económico. Seguiremos construyendo red y sumando más iniciativas prácticas que resuelvan las necesidades de una parte significativa de la población. Entre nuestros retos está el lograr una mayor presencia y visibilidad, y que la Economía Solidaria sea una opción accesible, especialmente para aquellos colectivos más vulnerables en los territorios.
¡Nos construimos como movimiento autónomo por los bienes comunes!”
RedESS
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Desde el jueves 13 de agosto del 2020 circula en redes sociales un video publicado por Ariel Alfonso Mora Fallas desde la cuenta Facebook “Profe Ariel C.R”. En el video se muestra a Hilda Valentina del Carmen Granados Solís, quien desde hace años ocupa ilegítimamente territorio indígena en Térraba. En dicho video, Hilda se representa desde un rol de víctima y emite una serie de afirmaciones FALSAS que buscan desacreditar nuestra causa y que incentivan el odio racista, ya de por si existente en contra de nosotros(as) como personas indígenas recuperantes y defensoras de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
En el video Hilda MIENTE A LA POBLACION indicando: “Me casé en el 73 y desde entonces vivo acá en este pedacito de tierra, aquí tuve a mis tres hijos… me casé con un indígena…” (Minuto 1:13). “Yo me siento una más de este Territorio, mis hijas son hijas de un indígena…” (Minuto 7:53). No obstante, y como puede ser verificado por cualquier persona, en el Registro Civil consta un único matrimonio de Hilda, mismo que se registró con Gerardo Enrique Duran Azofeifa hijo de Rafael Ángel Durán y Carmen Azofeifa Delgado; NINGUNA de estas personas es indígena Térraba/Brörán. Desde agosto del año 2019 se oficializó Decreto Ejecutivo N°41903 para uso de la Administración Pública, la Base de Datos de Personas Térraba/Brörán, esta Base la posee el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones como mecanismo de consulta y verificación de las personas indígenas Térrabas/Brörán. La Base está compuesta por 12 troncos genealógicos, DE NINGUNO DE ELLOS es Hilda ni se deriva que con quien Hilda estuvo casada sea una persona indígena Térraba/Brörán. Por lo tanto, son FALSAS las afirmaciones que Hilda estuviera casada con un indígena de este Territorio.
También, aclaramos que no es “un pedacito de tierra” el que ilegítimamente ocupa Hilda, como lo dice en el video ella misma “hoy en día tengo este negocio que gracias a Dios es amplio con mucho espacio…” (Minuto 4:29). También hacemos notar y denunciamos que Hilda no sólo ocupa ilegítimamente esta tierra, sino que su negocio Bar-Restaurante cuenta con la autorización de la Municipalidad de Buenos Aires y según indica ella misma “…pago mis impuestos a la Municipalidad, a Tributación…” (Minuto 6:00). DENUNCIAMOS el cinismo de Hilda, pero también el de la Municipalidad de Buenos Aires al otorgar esta patente desconociendo abiertamente la Ley Indígena N°6172 que en su Artículo 6 establece que los establecimientos comerciales en Territorios Indígenas sólo podrán ser administrados por indígenas y PROHIBE la posesión y concesión de patentes para la venta de bebidas alcohólicas dentro de los Territorios Indígenas. Denunciamos el actuar irregular, fuera de derecho de la Municipalidad de Buenos Aires y hacemos una solitud expresa para que este hecho sea debidamente investigado y sancionado por las autoridades correspondientes.
Según la Ley Indígena N°6172, en caso de que Hilda (persona no indígena) demuestre ser poseedora de buena fe, tiene derecho a la correspondiente indemnización. Desde diciembre del 2019, el Comité de Recuperantes de la Finca Crun Shurin, le entregó notificación informando que su ocupación en estas tierras es ilegal, y que acudiera a la vía judicial a reclamar una posible indemnización, sin embargo ha hecho caso omiso y más bien ha emprendido una cadena de acciones violentas en nuestros derechos. El hecho más reciente se dio el pasado 27 de Julio del 2020 cuando invadió la finca bajo posesión de Vinicio Navas, recuperador de Crun Shurin. Como es sabido, producto de esa invasión, Hilda en participación de otras personas usurpadoras no indígenas, introdujo maquinaria pesada en la finca causando grandes daños a un sitio arqueológico: una aldea precolombina, también uno de sus acompañantes amenazó de muerte a dos compañeros recuperantes incluso alardeando que por causar la muerte del compañero Pablo Sibar recibiría recompensa. En esa ocasión, la salida de Hilda y sus acompañantes de la finca invadida, solo fue posible ante el llamado de la policía. En ese momento, se le pidió el retiro de mangueras porque las mismas se encontraban conectadas a una naciente de la misma finca.
Denunciamos que el rol de “víctima” representado por Hilda en este video, genera más violencia de la que ya venimos viviendo las personas recuperantes. Nuestras luchas son pacíficas, y las convertimos en Acciones Directas No Violentas. Desmentimos el supuesto acoso que Hilda dice recibir por parte de nosotros(as). Rechazamos rotundamente haberle amenazado con quemar el restaurante, no luchamos por una estructura, nuestra lucha es por recuperar las tierras que nos corresponden según la Ley. Constantemente nos dicen oportunistas, que queremos beneficiarnos de tierras “ya trabajadas”, esto es falso. Para nosotros(as) recuperar la tierra lleva dentro de los compromisos trabajarla y trabajarla significa para nosotros(as) sembrar, volver a llenar estas tierras de las plantas y árboles que durante tanto tiempo han sido arrancados para hacer negocios y con ello han destrozado el habitad de tantos animales.
Mientras que para las personas usurpadoras, trabajar la tierra significa dejarlas “peladas” para dedicar el suelo al pasto de ganado, monocultivos o llenarlos de cemento al levantar amplias estructuras y negocios, para nosotros(as) eso solo significa destrucción. Al recuperar nuestras tierras tenemos claridad que hay mucho trabajo para intentar reparar todos los daños causados. La tierra es nuestra Madre y es hermana de caminada cultural. A quienes pretenden hacernos ver como “oportunistas y vagos”, les dejamos en claro que al recuperar nuestras tierras, trabajo es lo que más tenemos, no por casualidad es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante su Convenio 169, establece los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos, convenio suscrito y ratificado por el Estado Costarricense desde 1992.
Dado que el video que mencionamos fue promovido desde una cuenta pública de Ariel Alfonso Mora Fallas, (“Profe Ariel C.R”) y a la fecha dicho contenido con falsedades y mentiras, ha sido compartido muchas veces, generando muchos comentarios de odio racista solo en la publicación principal, -sin mencionar las reacciones violentas surgidas en otras redes sociales-, siendo que esta publicación ha motivado fuertes comentarios de odio racista hacia nosotros(as) como por ejemplo: “indios vividores”, “reguero de inútiles”, “Hps pendejos”, “imbéciles”, “ratas sin escrúpulos”, “indios vagos terroristas”, “indígenas mal nacidos”, “malditos”, “vagos buenos para nada”, “delincuentes”, “Chuzma zurda”, “Chanchos políticos”, “absurdos inmorales”, “los indígenas lo que saben es estropear lo que los blancos sí trabajan”, “…ojala y nos amarremos los pantalones y para el próximo gobierno pongamos a alguien con los pantalones para darles cacería y sacarlos de nuestro país de una vez por todas”; en aras de nuestro derecho de respuesta ante las falsedades emitidas por Hilda e inicialmente reproducidas y difundidas por Ariel Alfonso Mora Fallas, solicitamos que este Comunicado sea difundido de manera pública en la misma cuenta y condiciones que fue publicado el video de Hilda Granados Solís. Nos reservamos el derecho de accionar otras instancias para denunciar la incitación al odio racista que esta publicación ha generado en nuestra contra.
17 de agosto 2020, Recuperantes de la Finca Crun Shurín, Térraba, Costa Rica.
Enviado a SURCOS por Pablo Sibar
El representante de las trabajadoras y los trabajadores en la junta directiva de la CCSS, Mario Devandas Brenes, está organizando una reunión con el gerente de Pensiones de la CCSS para que explique las propuestas que ha llevado a ese órgano director.
El objetivo es recibir la información y aclarar dudas; no es para debatir ni para plantear posiciones. Está actividad virtual será este martes 18 de agosto a las 5 de la tarde.
Después de esa sesión, “cada organización enviará sus dudas y una vez respondidas se podrá elaborar propuestas para ser analizadas en otra sesión para procurar consensuar” entre las organizaciones del movimiento social, explicó Mario Devandas. “Hecho este trabajo entre nosotros, coordinaremos otra sesión con el gerente de pensiones para entregar nuestras propuestas”, dijo.
Quienes tengan interés de participar de esta primera sesión informativa deben completar este formulario:
Es tan sagrada es el agua para nuestros antiguos pobladores de nuestras Américas y sus descendientes, como dentro del simbolismo en el Génesis y el significado de vida desde cualquier punto de nuestra Madre Tierra y del cosmos.
Pero, lamentablemente, nos vemos afectados por el fenómeno de la globalización neoliberal, son muchos los intereses que quieren privatizar el agua, son muchos los dioses que la están poniendo en peligro: la idolatría de los dioses falsos y extranjeros, el dios poder, el dios dinero… (2), la idolatría está relacionada con la codicia, la injusticia, la discordia, al egoísmo, avidez, arrogancia, ambición…aparece como un elemento destructor de las relaciones humanas y de la fraternidad…, codicia, en griego “pleonexía” literalmente “tener más” (2 ) y lo más degradante: servir al dinero, servir en griego “deoleudein” es decir “ser esclavo”. (2)
Ante esta circunstancia, vemos amenazados nuestros recursos naturales, nuestra Soberanía, desde las estrategias para el desarrollo de cada país, préstamos otorgados y políticas, obviamente no consultadas con que practica el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM. el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y sus tentáculos como el Global Water Partnership, GWP, -cuyo principio sobre el agua es verlo como “una mercancía económica…, que tiene un valor económico en todos sus usos competitivos”-(3) y (9) las transnacionales y agencias, nos quieren imponer, como consecuencia de esta trágica estrategia, imponernos las bases para la privatización de los servicios de abastecimiento del agua o sea, estarán en peligros las Asadas, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, AyA, los acueductos de las Municipalidades, el Instituto Costarricense Electricidad, ICE… Estamos a un paso de convertir, este valioso recurso hídrico, patrimonio de la humanidad, un derecho humano sagrado para las culturas del mundo, en un jugoso billonario bien mercantilista, posiblemente entregado a las transnacionales y sus agencias locales, como : la Suez-Lyonnaise des Eaux, la Vivendi- Générale des Eaux, dueñas del 40% del mercado actual con ventas aproximadas a más de 140 millones de usuarios (4 ), “…apenas un 12% de la población mundial consume el 85% del agua y da la casualidad que el 12% en cuestión no reside en lo que llaman el Tercer Mundo…, “…también se calcula que para el año 2025, el 70% de los habitantes del planeta no tendremos acceso al agua…” (3)
Según algunos cálculos “sólo un 3% de toda el agua de la Tierra es potable. El resto es salada. De ese 3% más de la mitad está congelada en capas de hielo y glaciares(recordando que con el calentamiento global se está descongelando), de tal modo que el agua dulce disponible en ríos y lagos y bajo tierra es sólo el 1% de la cantidad total”. (5)
Además que pequeñas empresas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones nacionales y transnacionales ambientales, poco a poco van adquiriendo más poder sobre este recurso necesario para la sobrevivencia de todos los seres vivos, con la complacencia de altas esferas gubernamentales, de políticos que no tienen ningún compromiso con la colectividad y que más bien son lacayos de las demandas de éstas nefastas políticas internacionales.
En una investigación muy seria y denuncia valiente de la Dra. Maude Barlow en su libro “El Oro Azul”, nos permite ver el panorama del agua a nivel mundial y como si fuera poco, informa que el Fondo Monetario Internacional, FMI y el Banco Mundial ordenan la privatización del agua a dieciséis países subdesarrollados. Como parte de estas estrategias se forma una “red encaminada a la acción” para “resolver el problema del agua” y desde la perspectiva del FMI, obviamente, “para encontrar las herramientas necesarias en la práctica…” Entre sus más destacados afiliados están algunas organizaciones no gubernamentales, bancos, organizaciones gubernamentales, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con sede en Suiza y el sector privado. (3)
Como ejemplos de las acciones encaminadas para el proceso de la privatización del agua a nivel mundial podemos citar:
KwaZulu-Natal, provincia surafricana, el corte de agua por falta de pag de parte de una transnacional del agua provoca una epidemia del cólera enferman y mueren cientos de personas, la población reacciona y se dan feroces enfrentamientos con las autoridades como en un barrio en Johannesburgo. En Cochabamba y El Alto en La Paz, Bolivia, se producen revueltas, disturbios, muertes, alzamientos populares y enfrentamientos en contra las transnacionales del agua… En Colombia… y en Atlanta (Georgia) luchan por la no privatización del agua. (6 ) Estas políticas internacionales con la participación de las transnacionales del agua y sus agencias, han puesto en peligro vidas y han provocado muchas muertes, estos pueblos nos señalan ya una trayectoria vergonzosa mundial de los acontecimientos históricos recientes relacionados a la deshumanizante privatización del sagrado recurso hídrico.
En Costa Rica, ya tenemos luchas por el derecho al acceso del agua, a la protección de las nacientes y toda la dinámica de vida que se desarrolla alrededor desde la cuenca hidrográfica alta, mediana y baja, por tod@s conocido en Guanacaste, Barba de Heredia, proyectos hidroeléctricos como Boruca, que es parte del Plan Puebla Panamá, el proyecto español en Ribas de Perez Zeledón, proyectos en Guápiles que se logró, por el momento detener, movimiento de la comunidad nacional y de Belén en contra del establecimiento de la empresa Intel en Heredia, que se encuentra justo en uno de los acuíferos más importantes del Valle Central-además por el impacto en los cables de alta tensión que pasan por una zona residencial, aunque hubo oposición, siempre se instalaron, luego el problema en Monteverde con la concesión del agua, la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad , la contaminación del Río Ciruelas y como consecuencia el Golfo de Nicoya con el proyecto de minería de oro en Miramar, la lucha de la comunidad por el rescate del Río Barranca, las diferentes luchas por la defensa de los humedales como el de La Laguna Bonilla en Barranca, Puntarenas, la defensa por los humedales del Ramsar del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca Manzanilla en Limón, la construcción de rellenos sanitarios en zonas no adecuadas, los proyectos que traerán los tratados de libre comercio como el de Estados Unidos, China, Japón, entre otros países de la Comunidad Europea, quizás proyectos que sean una amenaza a la protección y acceso al agua o sea que atentan y que violentan la calidad de vida y a la vida misma y que se convierten finalmente en proyectos ecocidas.
De acuerdo a nuestra interpretación social, económica y ecológica, vemos la relación del recurso hídrico con el Banco Mundial, el FMI, el Plan Puebla Panamá, sus Corredores Biológicos Mesoamericanos privados, (apoyamos la idea de los corredores biológicos. son una necesidad, pero deben de estar bajo el control del Estado y vigilancia de las comunidades), la relación de sus Tratados de Libre Comercio, y otras iniciativas nacionales, (7 ) las intenciones solapadas a veces y otras en forma abierta de la privatización de las áreas silvestres protegidas, ASP ( 8) como una relación injusta, desigual, sin derecho siquiera a opinar, dar nuestras voces, menos nuestros votos en las decisiones que se toman, a sabiendas de que todas las riquezas que encierran estas únicas regiones del planeta , con sus maravillosas composiciones formadas por cataratas, lagos, quebradas, ríos, criques, manglares y finalmente el mar con sus ricas y fabulosas cordilleras oceánicas formando volcanes e islas, ricas en minerales son codiciadas también por los más grandes países y transnacionales, tecnológicamente avanzados tanto del oriente como de occidente y que no nos auguran ningún porvenir, sino más sometimiento político y económico por ende más miseria, violencia, amenaza a la paz y pérdida absoluta de nuestros valores, identidad cultural nacional, soberanía y dignidad. Todo ello ocurre con una indiferencia que nos frustra, nos asusta, nos hace sentir impotentes. Como por ejemplo, el resultado del Referéndum del TLC que tiene que ver, precisamente, con el presente y futuro del agua en Costa Rica. Y como si fuera poco “…todos los días observamos como los ríos, lagos, lagunas, acequias, riachuelos… mueren con el consentimiento cómplice de la población, la discreción del político y el consentimiento de los ministerios. (4 ). A lo que agregamos la ausencia de una verdadera y definitiva política participativa para la protección del recurso hídrico, deseamos ver un mayor compromiso de las universidades estatales y privadas, para el rescate de estas fuentes de vida, aunque vemos algunos esfuerzos pero son aislados. Somos parte de este grave problema y desde nosotr@s mismos, debe de darse una solución, alternativas y acciones cotidianas que minimicen el impacto que hacemos al agua desde nuestras hogares, trabajos, actividades agrícolas de la industrias, actividades turísticas, entre otras.
Nos preocupa sobremanera la situación de la industria de alta tecnología y la electrónica y su relación con los mecanismos para obtener el “derecho al agua”, “la tarificación del agua” presionando a los gobiernos para conseguir subvencionar pagando menos por el agua, otro mecanismo es la “prospección minera del agua”, donde se les permite vaciar las capas acuíferas al tiempo que aumenta los costos del acceso del agua para la agricultura, luego el “vertido de desecho” o sea se contamina las fuentes de agua y luego se pasa la factura a la comunidad. El recurso hídrico es muy importante para las industrias como IBM, AT&T, NEC, Fujitsu, Intel, Siemens, Phillips, Sumitomo, Honeywell, Samsung, entre otros. La alta tecnología es una industria altamente contaminante, como se ha demostrado en los Estados Unidos, además de que necesitan cantidades impresionantes de agua para la fabricación, por ejemplo, para los soportes y los “chips” informáticos (3).
El negocio del agua embotellada ha sido tema importante durante la lucha contra el TLC que especialistas abordaron con responsabilidad, seriedad y estamos advertid@s de sus impactos, nos corresponde continuar defendiendo este tesoro. (9)
Algunas alternativas y soluciones
* Como parte de nuestra cotidianidad, conocer y practicar el concepto de “bioregión” -según los ecologistas B. Devall y J. Dodge- y sus principios, concepto, que por cierto muy conocido por las culturas nativas, no quizás por este nombre pero en sus propios conceptos cosmológicos ancestrales, dicen: a) “muestra bioregión es el major lugar para cultivar la conciencia ecológica”, “…es el camino natural de organizarse, el elemento central es la importancia dada al Sistema natural, entender el sistema natural es empezar a entendernos…” b) La participación y regulación de los individuos y sus comunidades en la toma de las decisiones relacionadas a resolver los problemas de nuestra bioregión y al respeto a la integridad de los procesos naturales.
Cuidando su región significa evitar su contaminación, destrucción y explotación. c) La bioregión es lo espiritual. El espíritu bioregional se encuentra en las prácticas religiosas ya sean cristianas, budistas, nativas o cualquier expresión religiosa, puede ser expresado de muchas maneras. (5)
* Desde Yiski nos hemos preocupado hace años, de compartir a través de nuestras publicaciones, prácticas alternativas de limpieza y aseo en los hogares y oficinas y para minimizar, hasta llegar a “cero tóxicos” utilizando por ejemplo detergentes sin fosfatos, bicarbonato de sodio, vinagre natural…(5 ) , eliminar el cloro, los desinfectantes y limpiadores. Minimizar el uso de agroquímicos y dejar de envenenar el agua con productos químicos, prohibir los 107 plaguicidas que Costa Rica se comprometió y ratificó: el Acuerdo de la Reunión del sector Salud de Centroamérica y República Dominicana, Tegucigalpa 12 y 13 de septiembre, 2000, RESSCAD XVI (5 ) y además no permitir más venenos. Dar la oportunidad de desarrollar la agricultura orgánica y consumiendo sus productos y que no sólo sean para la exportación.
*También desde diferentes grupos y Yiski hemos planteado a los diferentes gobiernos el “Manifiesto Ecológico Político de la Defensa de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, (10 ) en dónde señalamos la grave situación de las Áreas Silvestres Protegidas y las Reservas Indígenas amenazadas, entre otros, por proyectos hidroeléctricos y geotérmicos y damos soluciones y alternativas para que esas frágiles regiones no sean, por ningún motivo alteradas.
No depender de las represas hidroeléctricas como recurso energético casi único, -menos la geotermia que violentaría el territorio de los Parques Nacionales-, más bien modernizándonos en la toma de decisiones, una comprometida y verdadera voluntad política para alcanzar un Plan Nacional de Desarrollo Energético, visualizada y redactada desde la participación y colaboración de todos los sectores nacionales, que conteste a las necesidades energéticas nacionales y no que atienda a las necesidades energéticas de la red de electricidad del Plan Puebla Panamá, PPP (7), que está diseñada para satisfacer la demanda energética de los Estados Unidos hacia el año 2023 cuando tengan su inevitable crisis y en dónde, si lo permitimos, se podrían llevar a cabo el programa del PPP y las represas hidroeléctricas.
En el caso nuestro debemos pensar en desarrollar con más fuerza alternativas como por ejemplo: en la biomasa, energía solar, lo han hecho Alemania y Suiza-países del norte de Europa que no tienen las mismas posibilidades de luminosidad solar como en Costa Rica-, ellos lo lograron con una “ voluntad política forzada”, gracias a la presión de los consumidores conscientes y responsables que han conducido cambios en estos países, acompañado este proceso claro está, con fuentes energéticas subsidiadas más amigables con el ambiente y en dónde el excedente de energía se puede vender al Estado, generando mejor una calidad de vida para todos los sectores y en dónde económicamente y ecológicamente es favorecida la colectividad a corto, mediano y largo plazo.
Conclusiones.
A nivel internacional hay diez principios: El agua: 1. pertenece a la tierra y a todas las especies. 2. Debe dejarse donde está en la medida de lo posible. 3. Debe ser conservada para todos los tiempos. 4. El agua contaminada debe ser recuperada. 5. La mejor forma de proteger el agua es dejarla en su entorno natural. 6. Es un mandato público por el que todos los niveles del gobierno deben velar. 7. Disponer del agua potable suficiente es un derecho fundamental. 8. Los mejores defensores del agua son las localidades y sus ciudadanos. 9. El público debe participar a partes iguales con el gobierno para proteger el agua. 10. El agua no será un recurso sostenible si prevalecen las políticas de mundialización económica. (3 )
La esperanza que algunos sectores y personas tenemos, ante este panorama que pareciera que para las y los pesimistas, un scenario apocalíptico, es seguir trabajando y compartir a través de las redes, visitas a comunidades, acudir a las instituciones educativas, contar con los medios de información alternativos y llevar toda la información, los conocimientos que tengamos a mano sobre todos los temas que tienen que ver con la biodiversidad y uno de sus principales elementos el agua, su uso, su protección y conservación y continuar denunciando, sin ningún temor, todos los actos que atenten contra el agua y la continuidad de la vida.
El agua debe permanecer siempre como de dominio público, nunca de interés público.
Colaborar y fortalecer los grupos que se formaron a raíz de la lucha contra el TLC y su Agenda de Implementación, y continuar la lucha con los grupos de resistencia, con los grupos comunitarios que defienden el agua con mucha valentía, compromiso y sobre todo sin temor.
Velar, estar alertas y siempre muy vigilantes de lo que sucede alrededor de nuestra bioregión, de nuestro habitat, nuestro cantón, distrito, provincia, país e istmo centroamericano y actuar responsablemente, comprometiéndonos, sintiendo que Dios está presente ayudándonos y por lo tanto, nunca tener miedo.
Bibliografía
Saravia, Albertina. 1979. Popol Vuh, Antiguas Historias de los Indios Quiches de Guatemala. México. Editorial Porrua, S.A. 3p.
Barlow, Maude. 2001. El Oro Azul: La crisis mundial del agua y la reificación de los recursos hídricos del planeta. Canada. The Council of Canadians. 26, 27, 33, 34, 35, 58, 59, 75.
Partido Vanguardia Popular. 2004, diciembre. Editorial “Soldados de las aguas eternas defensores de la biodiversidad”. 1, 2 p.
Nuestra casa, nuestro río, nuestro mar, nuestro planeta: ¡Sanos y limpios!. Fournier, M.E., Tuinstra, M. Séptima edición, 2007. Impresos litográficos F.G. 13, 32, 39 p.
Fuente Internet.
El Agua es Sagrada. Editorial El Tiempo. 21-11-2005. Bogotá, Colombia. Disponible: www.censat.org/A Noticias Nacionales 276 htm y Red: LEA-Venezuela.
El A,B,C del Plan Puebla-Panamá. Centro de Investigación Económico y Político de Acción Comunitaria, AC, CIEPAC. Ciepac.A.C.. 2002. México. 11, 25, 26, 26, 27, 32, 33, 36, 39, 40.
Periódico
Ramírez Flores, Eduardo. 2007, enero. Artículo: Rechazan privatización de parques nacionales. Proyecto impulsaría sociedad anónima. Semanario Universidad. San José, Costa Rica. 8, 9 p.
Otros. Artículos. (9) Pacheco, Dr. Freddy. 2007. Artículos: “El agua en el TLC”. ”La comercialización del agua”, “El agua turbia”. 1 p. cada artículo.
Documento: (10)Asociación Conservacionista Yiski, M.E. Fournier, R. Portilla y otros. “ Manifiesto por la Defensa de nuestros Parques Nacionales y Reservas Biológicas”. 2004.
Ma. Elena Fournier Solano
Presidenta
Asociación Conservacionista YISKI
yiski@racsa.co.cr
Diciembre, 2007
Artículo escrito para la Revista Biocenosis UNED
*Imagen ilustrativa, UCR.
Enviado por María Elena Fournier.