Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN, hace un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que impulsen y aprueben la reforma al impuesto de renta y una contribución solidaria del sector financiero para financiar al mediano plazo el bono proteger y aspirar a convertirlo en una renta universal mientras dure la pandemia.
Investigación de la UCR realiza la primera exploración nacional en torno a procesos educativos y convivencia cotidiana en el contexto del COVID-19
La investigación evidencia que las labores de cuido y el involucramiento parental educativo pedagógico son asumidas mayoritariamente por mujeres. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Anel Kenjekeeva.
De manera inesperada, la mesa de comedor de los hogares costarricenses dejó de ser un espacio exclusivo de alimentación para albergar actividades laborales, tareas escolares y otras dinámicas de convivencia. La llegada del COVID-19 trasladó la vida diaria de todos los miembros de las familias a un mismo tiempo y espacio.
El contexto impuesto por la emergencia sanitaria motivó al Dr. Mariano Rosabal Coto y a la Dra. Mónica Salazar Villanea del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) a adaptar un estudio sobre involucramiento parental educativo para analizar el tema en el marco de esta nueva realidad.
El estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio denominado “Las relaciones primarias familiares intergeneracionales pueden contribuir al desarrollo educativo de niños y niñas” en el que también participan la Dra. Ana María Carmiol, el Dr. Javier Tapia Balladares y la Dra. Tamara Fuster.
Según el Dr. Rosabal, las interacciones que desarrollan las madres, padres y personas cuidadoras con los niños y niñas gestan ambientes emocionales que impactan de forma directa en sus diversos procesos de aprendizaje, así como en su desarrollo cognitivo y académico.
Las medidas de confinamiento, decretadas en marzo anterior por el Ministerio de Salud, trasladaron a los hogares el cuido de los menores a tiempo completo y la continuidad de las actividades académicas, mientras los adultos responsables lidiaban también con adaptaciones laborales y la protección familiar frente a la emergencia sanitaria.
El cambio descrito en las dinámicas cotidianas generó tensiones al interior de las familias costarricenses y dio lugar a una realidad a la cual logró acercarse el IIP mediante una encuesta digital, aplicada en el mes de abril, tras las primeras tres semanas de confinamiento en Costa Rica.
“Sabemos que en este contexto particular de pandemia hay zozobra, estrés y frustración en los padres y madres. Hay una sobrecarga emocional que necesariamente influye en el acompañamiento que dan a los niños y niñas”, explicó el investigador.
La consulta, divulgada por medio de las redes sociales del propio Instituto y de algunos de sus investigadores, obtuvo respuestas completas de 867 personas, de las cuales el 87,7 % fueron mujeres, en su mayoría costarricenses, de zona urbana y con estudios universitarios completos.
Rosabal afirma que si bien los datos del estudio no son representativos para todo el país, se convierten en una primera exploración nacional en el contexto del COVID-19 que aporta insumos relevantes para investigaciones posteriores en torno al proceso educativo y las dinámicas familiares.
Según la Dra. Salazar, los resultados de la investigación evidencian que las labores de cuido y el involucramiento parental educativo pedagógico son asumidas mayoritariamente por mujeres, quienes ante el incremento de las demandas en el contexto de la pandemia asumieron “una especie de triple jornada”.
“Tienen el trabajo de la casa, el trabajo de afuera, el cuido y ahora la labor pedagógica que ya no es solamente involucrarse en las tareas, sino que ahora es tener una escuela en casa. Todo esto hace que la demanda suba, pero no necesariamente los recursos que tenían para enfrentarla”, mencionó la experta.
Investigadores destacaron que tanto las personas consultadas como las acciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) reconocen que también hay aprendizajes en las tareas de la vida cotidiana. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Las personas que respondieron la encuesta aceptaron que no podían cubrir el trabajo de enseñanza como lo hacen los docentes al tiempo que atienden sus propias obligaciones laborales y las responsabilidades de la casa en medio de la cotidianidad impuesta por el COVID-19.
El contexto obligó a las familias a priorizar las situaciones a su alrededor y colocaron en el primer lugar de importancia el hecho de mantener la salud, seguido por sostener lazos afectivos; mientras que se relegó a un tercer lugar el cumplir las tareas y rutinas.
La encuesta reconoció como principal preocupación de las familias mantener la salud y los ingresos, así como la calidad de la relación en sus lazos afectivos y las condiciones de salud del entorno inmediato, y situaron como última de sus inquietudes el posible atraso o pérdida de continuidad en el ámbito escolar de sus hijos e hijas.
“En una pandemia lo que tenemos que hacer es sobrevivir. Existe la necesidad de priorizar para que la dinámica sea sostenible en el tiempo y, por lo tanto, hay tareas que no se van a cumplir. Tenemos que ajustar las expectativas y flexibilizar, esto también permitirá reconocer lo que está haciendo bien el sistema familiar”, señaló Salazar.
La investigadora destacó que tanto la opinión de las personas consultadas como las acciones incorporadas durante los meses posteriores por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) reconocen que, más allá del avance curricular, también existen aprendizajes en las tareas de la vida cotidiana.
“En este momento, no se trata tanto de avanzar en las materias como de lograr aprender de esta experiencia de vivir en una pandemia y este es un aprendizaje en términos de cuido, de la salud, de la familia, de la casa y de la propia comunidad”, manifestó la experta.
La medición del IIP determinó también que la mayoría de las personas consultadas ha promovido o permitido que sus hijos o hijas conozcan sobre las implicaciones del COVID-19 en la salud, la economía y la sociedad, decisión que según el Dr. Rosabal les permite crear expectativas realistas.
Lejos de que los niños y niñas observen noticieros o consuman contenidos sin supervisión, se recomienda que las personas adultas a su cargo sean las responsables de mediar la información que reciben para garantizar que se maneje un vocabulario y complejidad acorde a sus capacidades.
“Si no hablamos con ellos van a pasar 3 semanas y no van a entender por qué no van a escuela o no ven a los amiguitos o a los abuelos y tampoco van a interiorizar la responsabilidad que tienen de su autocuidado y el cuidado de la familia, así que la información no los daña, sino que los instrumenta”, explicó Rosabal.
Los resultados de esta consulta serán publicados próximamente en un artículo académico, pero ya han sido socializados en espacios abiertos al público y diálogos con el MEP, como parte de una retribución a las personas que aportaron sus experiencias al proceso de investigación.
Los investigadores planean que, superada la pandemia, puedan recolectar datos de manera presencial sobre el involucramiento parental educativo y, de esta forma, ampliar la comprensión del tema en el contexto costarricense, donde resaltan particularidades como la convivencia intergeneracional en un mismo entorno familiar.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
De la crisis que genera la pandemia por el COVID 19, solo saldremos juntos y juntas como sociedad. No podemos dejar a nadie atrás. En este contexto de crisis pandémica, queda claro que la salud pública y, principalmente, la Caja Costarricense de Seguro Social siempre ha estado en la primera línea de contención de la enfermedad. Por eso, exigimos al gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada honrar la deuda que el Estado Costarricense tiene con la seguridad social. Demandamos del presidente una sana solución financiera para la Caja, a corto, mediano y largo plazo, dado que sus ingresos se han visto disminuidos con la rebaja -promovida por su Gobierno-de la base mínima contributiva desde el mes de marzo a la fecha, con un promedio de 180.000.000 (ciento ochenta mil millones de colones por mes), lo que podría alcanzar al cierre del 2020, más de un billón de colones. Lo que impedirá a la Caja hacerle frente en forma eficaz a la atención por la demanda del servicio de salud y a la emergencia por la pandemia.
La Caja es patrimonio del pueblo de Costa Rica, por eso, solicitamos vehementemente a la Junta Directiva de la Caja, promover una DISCUSIÓN NACIONAL amplia y participativa acerca del futuro de nuestra C.C.S.S., más allá de una atención coyuntural de la pandemia. Exigimos al gobierno de Alvarado y a la Asamblea Legislativa aprobar los recursos necesarios para garantizar a las familias desempleadas, víctimas de contratos laborales suspendidos, o jornada laborales disminuidas, el sustento diario a través del Bono Proteger y destinar para ello, parte de las reservas en dólares del Banco Central y establecer una política de impuestos progresivos sobre la renta y sobre la riqueza que contribuya a reducir la desigualdad social de nuestro país que se ha hecho evidente con la pandemia. Rechazamos la propuesta de tercerizarlos servicios de salud que brinda la Caja promovida por la UCCAEP y el sector empresarial, porque corresponde a una estrategia neoliberal que busca privatizar la Caja poco a poco.
NO ES CIERTO que los servicios que brindan las empresas privadas o terceros resulten más baratos para la Caja y para quienes contribuimos solidariamente con su sostenimiento. Denunciamos ante la ciudadanía la campaña generalizada contra el sector laboral público, al que se le ha querido responsabilizar por los desequilibrios económicos de la mala administración del gobierno y de las políticas económicas abusivas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Exigimos a los que más tienen y más riquezas han acumulado pagar la cuota de responsabilidad que les corresponde para sobrellevar la crisis actual y mantener el estado social de derecho costarricense.
POR ESO, INVITAMOS TODAS Y TODOS, DENTRO Y CON NUESTRAS BURBUJAS SOCIALES, IR EN CARAVANA DEL PARQUE DE LA MERCED A LA CASA PRESIDENCIAL, MAÑANA JUEVES 23 DE JULIO. 9:00 A.M.
HOY MÁS QUE NUNCA, LA CAJA NECESITA QUE LA DEFENDAMOS.
Hoy 22 de Julio estaremos conversando sobre las reformas al reglamento de SETENA ¿Avances o retrocesos en la protección ambiental? Con la participación de Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente; Dany Villalobos, geógrafo y presidente de FECON; e Ifigenia Quintanilla, representante del sector ambiental en la Comisión Mixta de apoyo a SETENA. A las 5:00pm por la 96,7fm o por el facebook live de Radio Universidad de Costa Rica.
“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Patricia Castillo Vargas, en su condición de directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales del Ministerio de Hacienda, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que adopte las medidas necesarias y ejecuten las acciones pertinentes a efectos que a la parte recurrente se le proporcione en el plazo de cinco días la información solicitada en fecha 11 de mayo de 2020, debiendo suprimir los datos sensibles”.
Así se lee en el Por tanto firmado por las magistradas y los magistrados de la Sala Constitucional, al resolver el recurso de amparo interpuesto por Amanda Ugalde Arguello a favor del Observatorio de Transparencia Fiscal contra el Ministerio de Hacienda.
El magistrado redactor consigna en su escrito:
“La recurrente acusa que el 11 de mayo de 2020 el Observatorio de Transparencia Fiscal solicitó información de interés al Ministerio de Hacienda, referente a las empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes que han sido objeto de un control extensivo durante el período comprendido entre enero 2010 a diciembre 2019. Sin embargo, aqueja que, en su informe de respuesta, la autoridad recurrida no aportó el nombre de las empresas que son grandes contribuyentes y que han sido auditadas, lo cual imposibilita al Observatorio ejercer su función de fiscalización”.
Ante la solicitud formulada en mayo por el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, la Dirección de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda había respondido: “esta Dirección proporcionará la información de manera estadística por cantidad de actuaciones de control tributario intensivo llevadas a cabo por año, mismas que pudieron versar sobre varios impuestos y periodos impositivos… no se proporcionará el nombre de los obligados tributarios ni sus cédulas jurídicas, al estar impedida la Administración Tributaria de divulgar información propia de la cuantía de las rentas de los contribuyentes, mismas que gozan de confidencialidad”.
Con la resolución de la Sala los datos deben entregarse al Observatorio.
En el enlace puede descargar el documento completo enviado a SURCOS por el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
Se fuga información de un expediente judicial relacionado con el Pueblo Cabecar de China Kichá.
Información es utilizada por oficiales de la Fuerza Pública para amedrentar a recuperadoras de tierra Cabecares.
Lunes 20 de julio de 2020. Tres oficiales de la Fuerza Pública se presentaron el pasado miércoles 15 de julio de 2020, alrededor de las 5:30 de la tarde en la tierra recuperada Sá Ka Duwé Senaglö (tierra de venados), terreno recuperado por 7 mujeres Cabecares desde el pasado 26 de febrero y que estuvo ocupado ilegalmente por el no indígena Danilo Badilla Román; esto en el Territorio Cabecar de China Kichá, en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica.
Los oficiales identificados como Marisel Salas, Jesús Vindas y Javier Rojas, se apersonaron al sitio en la patrulla placa E85563; supuestamente en atención a una alerta de incendio y con el objetivo de inspeccionar y hacer un informe; después de reunir a la mayoría de recuperadoras, les insistieron en tono amenazante que ellas no podían realizar quemas, ni siembras, ni ningún otro trabajo en la finca, ya que tenían una medida cautelar en su contra, emitida el 7 de julio anterior, reiterándoles que ellas habían sido notificadas ese mismo día y que esa resolución a ellos, los oficiales, se las habían enviado desde el Poder Judicial y les mostraban de lejos la resolución.
Las recuperadoras Cabecares les indicaron a los oficiales que ellas, ni su representante legal habían sido notificados de esa resolución; ante lo cual los oficiales llamaron a algún encargo jurídico de la Fuerza Pública, quien les indicó, que, si no habían sido notificadas, no podían seguir con la inspección y el informe; el mismo encargado llamó al Juez Tramitador de la causa, Jean Carlo Céspedes Mora, quien confirmó que las partes no habían sido notificadas. Finalmente, los oficiales levantaron una bitácora y se retiraron a las 8:30 de la noche.
Ante esta situación irregular, el representante legal de las recuperadoras se comunicó con el Comisionado Edwin Miranda, Jefe Policial de la Zona, quien le informó que él mismo tenía la resolución en su celular y que la acción de los oficiales, quienes también tenían la resolución en sus teléfonos móviles; era con la intención de prevenir a las recuperadoras; sin indicar de quien o cómo habían obtenido la resolución de medida cautelar indicada.
Efectivamente el supuesto usurpador, Danilo Badilla Román, interpuso un interdicto de amparo de posesión contra las recuperadoras, causa que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) bajo el Expediente 20-000018-1555-AG-1 y es conocido por el Juez Tramitador Céspedes Mora.
El 7 de julio se dictó resolución respecto a una medida cautelar atípica solicitada por la parte actora, en la cual se declara sin lugar la medida cautelar solicitada de restitución posesoria y se le previene a las recuperadoras abstenerse de realizar quemas, construcciones o remover cercas; sin embargo, podrán continuar en el terreno hasta tanto no se resuelva por el fondo.
Tanto las recuperadoras, como su representante legal, fueron notificados de la resolución indicada, vía fax hasta el día viernes 17 de julio, después de las consultas hechas por el abogado, ante las anomalías descritas.
Ante los hechos indicados, las recuperadoras Cabecares de Sá Ka Duwé Senaglö, denunciamos:
Que los oficiales de la Fuerza Pública y el Comisionado Miranda no debían contar con la resolución en cuestión, máxime que la misma no había sido notificada a ninguna de las partes.
Que los oficiales que se presentaron a la tierra recuperada utilizaron dicha resolución para amedrentar, intimidar y generar confusión en las familias recuperadoras.
Que los oficiales no fueron comisionados por ninguna instancia judicial para notificar la resolución mencionada.
Que el Juez Tramitador de la causa, Jean Carlo Céspedes Mora, se encuentra bajo investigación interna en el Poder Judicial por irregularidades en varias causas relacionadas con Pueblos Originarios.
Por lo anterior exigimos al Poder Ejecutivo y Judicial una investigación inmediata, cuyos resultados sean públicos y que se apliquen las sanciones administrativas y judiciales correspondientes, en relación con:
¿Cómo obtuvieron los 4 oficiales de la Fuerza Pública una resolución judicial que no había sido notificada a ninguna de las partes del proceso?
Las circunstancias e ilegalidad del actuar de los tres oficiales que se presentaron en la tierra recuperada, quienes actuaron sin orden judicial alguna, asumiendo actos judiciales que no les competen.
El manejo de la información de este caso por parte del despacho judicial ¿Quién o como se filtró la información indicada?
Exigimos una vez. la separación del conocimiento del Juez Céspedes Mora de cualquier asunto relacionado con tierra-territorio de los Pueblos Originarios.
Recuperadoras Cabecares de Sá Ka Duwé Senaglö Coordinadora de Lucha Sur Sur ¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
Coligallero es el nombre del documental costarricense que retrata la actividad minera artesanal que se desarrolla actualmente en las Juntas de Abangares. Una película de Arajo Films dirigida por Wainer Méndez Solano y producida por Ana Nicté Castillo en colaboración con el Ministerio de Cultura y Juventud a través de su programa Puntos de Cultura.
El estreno centroamericano se realizará en el festival de cine de Panamá ACAMPADOC, en su 9° edición virtual por motivo del Covid-19, siendo el único festival en Centroamérica y el Caribe que vincula formación, realización y fomento del género documental al rescate de los patrimonios culturales.
El documental retrata la cotidianidad que viven los coligalleros dentro y fuera del túnel, y pone en perspectiva los principales desafíos políticos y legales en los que se realiza esta actividad. Esta película es un retrato íntimo de las familias mineras, sus vivencias, su cultura e historia que desde hace más de un siglo practican la minería artesanal para la extracción de oro en las montañas de Abangares.
Las proyecciones del festival on line se realizarán del 6 al 15 de agosto del 2020, donde el jurado premiara basado en méritos, innovación y cualidades sobresalientes de los documentales. Además, el premio del público está abierto a cualquier película en Selección Oficial y será determinado por un sistema encuestas numeradas durante la proyección y las tendencias del público en la comunidad y redes sociales.Coligallero se proyectará el 11 de agosto a las 7 p.m.
La producción del documental se realizó a partir de cursos audiovisuales, en donde jóvenes y adultos de las comunidades de Abangares formaron parte del equipo de grabación y construyeron las guías narrativas de la historia. Los cursos se enfocaron en el manejo del guion, fotografía, sonido e iluminación, así como talleres de investigación y reflexión de la historia e identidad cultural de la minería artesanal.
Juan Morales es un minero artesanal que creció en el cantón de Abangares, un pueblo saqueado por compañías extranjeras hace más de 120 años, desde pequeño aprendió el oficio del coligallero y hoy en día continúa subsistiendo del oro. Él junto a su familia y amigos nos introducen a un mundo subterráneo en donde se libran batallas políticas, económicas y ambientales que ponen en peligro la subsistencia de sus familias y la pérdida de su identidad cultural. En la amalgama entre el humano y la naturaleza; el amor, la esperanza y el dolor son parte de la historia del minero artesanal en Abangares, llamado popularmente Coligallero
Casa Productora: Arajo Films Productora ejecutiva: Ana Nicté Castillo Delgado Director: Wainer Méndez Solano Música original: Glen Ortiz, Moller, Café Guancasco Dirección de fotografía: Wainer Méndez Solano Sonido en directo: Felipe Nuñez Edición y montaje: Laura Mora
Compartimos el mensaje de Carlos Campos Rojas, coordinador de la Segunda Actividad de Rendición de Cuentas como un aporte al proceso de alfabetización ciudadana en la construcción de la República y la institucionalidad participativa, la cual fue llevada a cabo el pasado viernes 17 de julio de manera virtual.
“La realización de la Segunda Actividad de Gala de Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados, fue un gran éxito, gracias a la participación responsable de personas funcionarias públicas, conscientes de establecer el mandato constitucional del Art. 11 y del compromiso de construir la cultura de rendición de cuentas y de transparencia, ante el influjo de la corrupción y la impunidad en nuestro tejido social y político.
El mensaje de los jerarcas institucionales, reconoció el esfuerzo de una ciudadanía responsable que hace diez años dijo presente ante el mandato constitucional.
El papel que jugó la Comisión Nacional Metodológica fue fundamental, constituida por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la CONAMAJ, la UNA, la UCR, debiéndose reconocer especialmente el trabajo de la UNED y su equipo técnico para lograr establecer la plataforma a distancia para realizar el evento.
Contamos ya con un documento descriptivo y la infografía con detalles sobre el Índice de Participación Ciudadana, en un plazo máximo de dos meses, estaremos compartiendo un resumen de la Memoria y estará disponible el documento completo para quien lo requiera.
Los acuerdos logrados empiezan desde hoy los procesos de concreción, para aportar al país la demostración de una actitud con responsabilidad dialógica, para la recuperación de la credibilidad institucional y la paz.
GRACIAS A TODOS POR SU COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA, CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y CON COSTA RICA”.
Las formulaciones del Instituto Clodomiro Picado de la UCR ahora son sometidas a estrictas pruebas de calidad
El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR) ya envasó con éxito los dos primeros lotes de inmunoglobulinas equinas con los cuales se pretende tratar a pacientes graves con COVID-19. Los lotes constan de un total de 1 000 viales y contienen anticuerpos contra dos combinaciones diferentes de proteínas del SARS-CoV-2.
“Después de varios meses de trabajo, finalmente hemos logrado envasar la formulación de inmunoglobulinas equinas. El proceso ocurrió según lo programado. Los datos previos que tenemos indican que las formulaciones cumplen con el diseño que habíamos establecido”, manifestó el Dr. Guillermo León Montero, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR.
Ahora sigue una de las fases más estrictas del proceso: el control de calidad. En estos momentos, las formulaciones están siendo sometidas a una serie de rigurosos análisis que incluyen la prueba de esterilidad.
El propósito de la prueba de esterilidad es garantizar que el suero sea seguro para los pacientes antes de enviarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En esta ocasión, el estudio está siendo realizado por el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la UCR (Layafa-UCR).
Por más de 15 años, el Layafa-UCR ha contribuido con el Ministerio de Salud en la tarea de asegurar que los fármacos comercializados en el país cumplan con todos los criterios de calidad, seguridad y eficacia.
“Nosotros estamos corriendo el ensayo de esterilidad para dos lotes de inmunoglobulinas equinas fabricados por el ICP-UCR. Esta prueba de calidad busca demostrar la seguridad del producto en cuanto a verificar la ausencia de bacterias aerobias, hongos y levaduras. La prueba es muy importante pues, si se le aplica al paciente un producto con alguna contaminación, este puede producir una sepsis y poner en peligro su vida”, indicó la Dra. Jeimy Blanco Barrantes, coordinadora del Laboratorio.
Adicional a lo anterior, la Universidad de George Mason, de los Estados Unidos, también está analizando si las formulaciones propuestas por los científicos costarricenses inhiben la infectividad del virus SARS-CoV-2 en células de cultivo.
Si todo lo anterior es culminado de manera satisfactoria, lo que sigue es el envío oficial de los lotes a la CCSS. Los resultados del estudio clínico que efectuará la Caja serán los que determinarán, de manera concluyente, si las formulaciones realizadas son eficaces para el tratamiento de los pacientes con COVID-19.
“El esfuerzo ha sido grande y hemos obtenido los frutos que teníamos programados. Las formulaciones tienen altas concentraciones de anticuerpos contra las proteínas virales. De hecho, tienen concentraciones bastante más altas que la del plasma de pacientes convalecientes. Sin embargo, solo el estudio clínico dirá si las formulaciones son eficaces”, enfatizó el Dr. León.
En este trabajo participó todo el equipo del Instituto Clodomiro Picado de la UCR, que incluye el personal del bioterio, serpentario, caballeriza, producción, control de calidad, desarrollo tecnológico, investigación y del área administrativa.
La Universidad de Costa Rica comunicará de manera oportuna el avance de este proceso (que podría tardar un par de semanas), así como la entrega oficial de los lotes a la CCSS.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Por Priscilla Carballo Villagra, profesora de la Maestría en Artes, UCR
La crisis económica actual ha afectado radicalmente al sector cultura. No obstante, este es uno de los grupos más solidarios en la crisis: pusieron a disposición sus películas, dan conciertos fines de semana, leen cuentos en línea, comparten sus montajes y espectáculos, escriben canciones sobre la crisis y, con su trabajo, nos hacen sonreír
Priscilla Carballo Villagra, profesora de la Maestría en Artes, UCR.
Las expresiones culturales son producto y reflejo de las dinámicas sociales, son espacios donde las personas de las artes se hacen preguntas sobre la condición humana. Temas como el amor, la muerte, las condiciones políticas y las guerras han estado presentes en las manifestaciones artísticas como preguntas inminentemente humanas.
Las artes en toda su diversidad están cada día en la vida de las personas. Por ejemplo, basta transitar una calle o tomar un bus, para estar expuestos a la música, a un texto, a una imagen y a otras expresiones del arte.
¿Pero qué pasa con el arte en periodos de crisis como los actuales? El contexto de crisis económica, que se ha generado con la pandemia del COVID-19, ha afectado radicalmente a este sector por la cancelación de actividades colectivas y por los problemas económicos de la población que limitan sus posibilidades de invertir en actividades culturales. Este es un sector que está siendo y va a ser profundamente golpeado por la crisis, y con tiempos venideros realmente inciertos.
La sobrevivencia económica de las personas que se dedican al arte siempre ha sido un reto. Attali, por ejemplo, nos recuerda el caso de Mozart, un personaje fundamental en la historia de la música, pero que en su vida no estuvo cerca de tener estabilidad financiera:
“Nadie vivió más que Mozart la inseguridad del músico empresario, víctima de la despiadada censura económica a todo lo largo de su vida, uno de los primeros prisioneros del dinero abstracto, anónimo, del dinero vestido de negro. Pocos meses antes de su muerte, escribía aún: ‘En vez de pagar mis deudas, ¡sigo pidiendo dinero! […] A causa de mi enfermedad, no he podido ganar dinero. Pero debo añadir que a pesar de mi estado lastimoso, he decidido dar conciertos por suscripción en mi casa para poder hacer frente al menos a mis gastos cotidianos, porque estaba absolutamente convencido de tu ayuda amistosa. Pero hasta eso ha fallado. El destino está tan puesto contra mí —de hecho, únicamente en Viena— que ni siquiera cuando pongo todo de mi parte consigo ganar dinero’” (Attali, 1977, p. 106).
Hasta el día de hoy el escenario no ha cambiado de manera significativa, mucho menos en economías pequeñas como las centroamericanas, donde pocas personas pueden gastar dinero en asistir a una obra, comprar un cuadro, ir a un concierto o comprar libros.
En el actual contexto de crisis económica se habla de sectores que están siendo afectados como el turismo, las pequeñas empresas o los restaurantes. Pero poco se habla de los grupos de teatro que estaban a punto de estrenar una obra, de músicas y músicos que tenían conciertos programados en restaurantes, festivales y hoteles, de las editoriales independientes que publicaron nuevos libros recientemente, de cineastas que iban a proyectar en el Festival de Cine, de los teatros y cines alternativos que tuvieron que cerrar o de la labor de docencia que realizan todos y todas estas artistas para complementar sus ingresos, la cual no puede ser realizada de manera virtual fácilmente. Estas personas trabajadoras independientes vieron paralizadas sus economías y no se vislumbran medidas claras para ellas.
Históricamente, en el país no han existido políticas de protección para las personas trabajadoras de la cultura, ni seguros de desempleo, ni subsidios, y en esto el Estado costarricense ha fallado. En esta crisis tenemos la oportunidad de vencer esta deuda histórica y tomar medidas para apoyar la materialidad de la existencia de estas personas. Del arte se vive y son obreros del arte, por tanto, sus condiciones deben ser atendidas como con cualquier otro sector laboral.
Justamente, esta omisión del Estado sobre la condición de las personas trabajadoras del mundo del arte se debe a dos elementos: en primer lugar, a una limitación estatal y social para comprender el arte como trabajo remunerado y base de subsistencia de las personas que se dedican a él. Y, en segundo lugar, por acciones estatales que jerarquizan y priorizan unos empleos sobre otros, así como un modelo de productividad sobre otro. Desde estos parámetros solo algunos empleos merecen ser protegidos. Es decir, se remite a la urgencia de “rescatar” de la crisis a sectores productivos y laborales prioritarios, y el sector del arte nunca lo es. Se asumen sus productos como bienes de segundo orden, y se deja a la libre del mercado la existencia o no de estos emprendimientos. En esta priorización existen premisas violentas que generan precarización de dicha población laboral.
Irónicamente, a pesar de la dureza de las condiciones, este es uno de los sectores más solidarios en la crisis y que ha estado más presente en la cotidianidad de las clases medias que se han podido quedar en casa. Estos y estas artistas han puesto a disposición sus películas, han dado conciertos fines de semana, han leído cuentos en línea, han compartido sus montajes y espectáculos, han escrito canciones sobre la crisis y el encierro, y nos han sacado una sonrisa moviendo recuerdos y vivencias a partir de su trabajo.
Algunas grandes empresas quieren capitalizar los esfuerzos de las y los artistas para hacer crecer sus redes sociales empresariales. Les proponen hacer presentaciones virtuales desde las plataformas de sus empresas, sin ofrecer nada más; ofrecen visibilidad, como si esto diera de comer. Hacer estas propuestas es irrespetuoso, es seguir sin entender el arte, verlo como el show gratis o como mero espectáculo, sin aportar nada a la dura situación que el sector enfrenta.
Este grupo va a ser posiblemente uno de los que va a retomar labores con más dificultad, por la necesidad de colectividad en su trabajo, porque trabajan desde y con su cuerpo, y en este contexto el contacto corporal es visto como un peligro. Entonces, ¿cómo se hace danza o música sin tocarse entre sí? ¿Cómo se hacen los montajes manteniendo la distancia? ¿Y cómo se agrupa al público para un espectáculo? Si ya generar taquilla es un reto en estos países, ahora con un aforo de 50 % esto resulta imposible.
Aplaudir no basta, nunca ha bastado. Para ellos y ellas el arte es una forma de vida, no es algo recreativo que se hace en el tiempo libre, es parte de lo que son y de lo que hacen. Se necesita una institucionalidad que asuma y comprenda las particularidades del sector, que contemple acciones concretas e inmediatas en elementos básicos de su condición laboral. Es urgente una legislación específica para el sector, la cual contemple formas de cobertura específicas en temas como seguridad social, seguros, subsidios de desempleo, licencias de maternidad. Pero, además, en esta coyuntura es urgente elaborar estrategias para invertir y dinamizar el espacio de la cultura cuando podamos retomar los espacios públicos.
Como ciudadanos y ciudadanas que nos nutrimos de las expresiones culturales, debemos exigir estos apoyos para el sector y no dejarlo solo en este proceso, pues las expresiones culturales construyen ciudadanía y dinamizan el espacio social. La cultura no es gratis y es un deber del Estado invertir en ella, pues con estas acciones se está garantizando un derecho humano: el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de las artes.
Fuente Attali, J. (1977). Ruidos: Ensayo sobre la economía política de la música (1. ed. En español). Siglo Veintiuno Ed.
Mtr. Priscilla Carballo Villagra Mtr. Priscilla Carballo Villagra, socióloga, profesora de la Maestría en Artes, UCR
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