Ocho años después de la decisión del tribunal, la comunidad exigirá una vez más que el gobierno ecuatoriano cumpla con el fallo que exige la eliminación de explosivos enterrados en su territorio y la garantía de una consulta previa e informada gratuita de acuerdo con las normas internacionales y nacionales.
Quito, Sarayaku, 2 de julio: El 19 de junio de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador publicó su decisión de admitir una queja presentada por los pueblos indígenas Kichwa de Sarayaku en relación con el incumplimiento de una decisión de 2012 emitida por la Corte Interamericana de Derechos humanos. Lenin Moreno, Presidente de la República, César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional, Cecilia Chacón, Secretaria Nacional de Derechos Humanos, y el Dr. Iñigo Salvador Crespo, Fiscal General del Estado, deben responder por el incumplimiento de tres órdenes de reparación en el caso Sarayaku.
El caso comenzó en 1996, cuando el Estado de Ecuador otorgó una concesión para la exploración y explotación de petróleo a la compañía petrolera argentina CGC (Compañía General de Combustibles) en el territorio ancestral de la comunidad Kichwa de Sarayaku. Después de presentar múltiples quejas ante las autoridades nacionales, la comunidad indígena logró retrasar las actividades extractivas durante varios años.
Sin embargo, en 2002, miembros de CGC ingresaron por la fuerza al territorio de Sarayaku, custodiados por las fuerzas de seguridad militares y privadas. La compañía abrió caminos, utilizó explosivos y deforestó tierras, destruyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Cerca de 1.400 kilos de explosivos de pentolita fueron enterrados en su territorio, poniendo en grave peligro la vida del pueblo de Sarayaku y amenazando su acceso a una vida digna.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador por violar el derecho a la integridad física de la comunidad de Sarayaku y poner en grave peligro su derecho a la vida. El Tribunal también determinó que el Estado violó los derechos del pueblo de Sarayaku a la consulta previa e informada gratuita, la propiedad comunitaria y la identidad cultural.
Ecuador aún no ha cumplido con la decisión de la Corte Interamericana sobre tres puntos clave: (I) la eliminación de los explosivos enterrados por la compañía petrolera CGC en el territorio de Sarayaku; (II) la garantía de una consulta gratuita previa e informada de conformidad con las normas internacionales antes de cualquier nuevo proyecto en el territorio de Sarayaku; y (III) la implementación efectiva del derecho a una consulta libre, previa e informada con la participación de las comunidades en la legislación ecuatoriana. Ante este incumplimiento persistente, Sarayaku presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional ecuatoriano.
La decisión de admitir la queja llega en un momento en que Sarayaku y otros pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana sufren los efectos de las inundaciones devastadoras que comenzaron en abril de este año, así como la propagación del COVID-19 entre las comunidades indígenas en la ausencia de asistencia del Estado.
Tupak Viteri, Tayak Apu (presidente) de Sarayaku, afirmó que a pesar de esta situación crítica, no abandonarán su lucha para garantizar que se implemente la decisión de la Corte Interamericana. «El Estado solo nos recuerda durante las elecciones, cuando quiere eliminar el petróleo de nuestro territorio o cuando ganamos un juicio», dijo.
La Corte Constitucional ahora debe ordenar la regulación de la consulta previa de los pueblos indígenas de conformidad con la Constitución del Ecuador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recientemente, el Ministerio de Minería anunció la adopción de un reglamento sobre consulta previa sobre minería que nuevamente no cumple con los estándares internacionales y los requisitos establecidos por la Corte Interamericana.
En los próximos días, según la ley ecuatoriana, la Corte notificará formalmente a los acusados sobre su decisión. Entonces, el Estado debe cumplir de inmediato o justificar su incumplimiento en una audiencia que se celebrará dentro de los dos días. Junto con sus representantes, el abogado Mario Melo y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el pueblo de Sarayaku solicita que la Corte priorice este juicio, dado que ya han esperado ocho años para que se implemente la decisión interamericana. También reiteran que el Estado ecuatoriano tiene la obligación internacional de actuar de manera efectiva e inmediata para abordar la crisis de salud y las inundaciones dentro del territorio de Sarayaku, en consulta con la gente, para garantizar su derecho a la vida y la salud
Costa Rica atraviesa la peor crisis sanitaria de su historia, hasta el momento cargada en los hombros de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la clase trabajadora
El costo económico para atender la pandemia, más las desacertadas decisiones de la jerarquía de la Caja, para «oxigenar» al empresariado evasor y moroso con la seguridad social y el fisco, que esclaviza y despide solapadamente a miles de trabajadores, está siendo pagada por los trabajadores sanitarios, con atrasos de salarios y escasez de Equipos de Protección y de recurso de humano.
Evidentemente el mayor riesgo por la pandemia lo corren los trabajadores de la salud. Según los datos oficiales al 10 de junio la institución había enviado a 1631 trabajadores, de todas las disciplinas, a confinamiento domiciliario, por contacto con compañeros de trabajo o usuarios positivos por COVID-19, sin embargo, en los últimos días se han aislado cientos de funcionarios, que hacen presumir una cifra cercana a los 2.500 trabajadores.
Los trabajadores de la CCSS contagiados que en abril pasado representaban el 20% de los contagiados (133), un mes después eran 146, pero la semana pasada solo en tres hospitales se diagnosticaron 23 nuevos casos de trabajadores, por lo que podría superar los 300 según los informes que hemos recibido.
Considerando las cifras de personas contagiadas, particularmente en las zonas de mayor densidad poblacional, los datos se tornan alarmantes, porque si no priorizamos la protección de los trabajadores de la salud muchas personas pueden morir, porque los trabajadores están enfermos.
En los centros de salud escasean los kit de pruebas para el diagnóstico y los equipos de protección, las constantes quejas son por la cantidad y la mala calidad de los equipos, las mascarillas son insuficientes para las extenuantes jornadas, cuando se las suministran, con el riesgo de que el personal ni siquiera se percate de que están propagando el virus.
Hoy el mundo vive una guerra sanitaria con los países más ricos, por los recursos para atender las necesidades de la población, como respiradores y otros equipos de cuidados intensivos, pero el impacto para el país de no contar con suficiente personal de salud sería una verdadera catástrofe, ya que el único distanciamiento social de los trabajadores de la CCSS es el Equipo de Protección. UNDECA exige a las autoridades de la CCSS y del Ministerio de Salud garantizar el diagnóstico oportuno, el acceso inmediato a los equipos de protección, suministros y recurso humano necesarios para atender a la población afectada por esta enfermedad.
Carta Abierta al Presidente de la República y la Ministra de Economía
Recientemente se emitió la ley contra la usura (número 9859). Urge ahora que, sin dilación, se emita el reglamento respectivo, y que este incorpore criterios técnicos y paramétricos que garanticen una protección efectiva de las personas consumidoras. Ello motiva esta carta abierta que, desde el grupo Economía Pluralista, enviamos al presidente Alvarado y a la ministra Hernández de Economía.
San José, viernes 3 de julio de 2020
Señor Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República
Señora Victoria Hernández Mora Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Excelentísimo señor Presidente y muy distinguida señora Ministra:
Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes mediante esta misiva abierta con el propósito de realizar un llamado o exhortativa pública, y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra preocupación cívica e independiente con relación al cumplimiento pleno de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969; específicamente en lo referente al artículo 21 y su párrafo tercero, el cual textualmente indica: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”. Lo anterior en concordancia con el artículo 243, de la Sección Segunda de la Ley N. 4573 o Código Penal. Esperamos, por lo tanto, que, en forma coherente con lo antes indicado, la Ley 9859 recientemente sancionada sea reglamentada, sin dilación alguna.
Con relación a la Ley 9859 o Ley de adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quarter, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la ley 7472 o Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, coincidimos con quienes consideran urgente que se proceda a su pronta reglamentación. Ello de conformidad con los establecido en el artículo 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política, según el cual ése es un deber y una atribución que corresponde conjuntamente al Presidente de la República y al respectivo Ministro de Gobierno.
Entre los temas que requieren ser reglamentados se encuentra el concepto de Tasa de Interés Efectiva, sobre el cual ya existe camino andado. Mediante el Acuerdo SUGEF 10-07, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el término Tasa de Interés Efectiva se cita en el Artículo 9, del Acta de la Sesión 652-2007, celebrada el 11 de junio del 2007 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 123 del 27 de junio del 2007, que comenzara a regir desde esa fecha. De esa forma, el Reglamento sobre Divulgación de Información y Publicidad de Productos y Servicios Financieros, define claramente el instituto de la Tasa de Interés Efectiva como una variable de suma utilidad para comparar el costo efectivo de los créditos que ofrecen las diferentes entidades y es determinante para la certidumbre en la toma de decisiones de las personas usuarias de productos financieros.
El hecho de contar con una definición de Tasa de Interés Efectiva y los conceptos que deben incluirse en la misma es de suma importancia, no solo como remedio frente al agravio histórico y la deuda moral y normativa pendiente que es la usura, sino para la corrección de las asimetrías de información, lo cual afecta sobre todo a las personas usuarias más vulnerables. Esperamos que ese concepto quede formulado en forma claro y coherente, sin generar contradicción entre diferentes normas reglamentarias. De allí la importancia de utilizar la misma definición en el nuevo Reglamento.
Igualmente, y con todo respeto, deseamos hacer notar al señor Presidente y la señora Ministra, la urgencia de contar a la brevedad posible con un Reglamento que permita dar cumplimiento pleno a una obligación rezagada por más de 50 años, para castigar el flagelo de prácticas lesivas y usurarias, perpetuadas por la ausencia de una referencia paramétrica con rango legal. Es también menester poner en vigencia el reglamento a fin de que los diversos actores sociales y personas que tienen interés en la determinación de la tasa de interés máxima a cargo del Banco Central, puedan realizar una adecuada aplicación de la ley.
Exhortamos a ustedes, señor Presidente y señora Ministra, para que se ejecute la potestad reglamentaria y para que se indique a las entidades crediticias, el deber de acatamiento del principio de legalidad derivado de la Ley 9859, según el cual los oferentes y colocadores de crédito deberán inmediatamente adecuar todos aquellos contratos de crédito actuales y sucesivos. Esto implicará que se ajusten a los parámetros tope para los créditos en general, a partir del 20 de junio de 2020, en cumplimiento irrestricto de la ley.
Reiteramos a ustedes que el ejercicio que anima la presente comunicación, lo realizamos en un marco de profundo respeto, que estimamos fundamental para la vigencia del Estado de derecho. Agradecemos de antemano la receptividad característica de la institucionalidad, su anuencia y apertura ante las demandas que surgen de la preocupación de la población en general y en particular sobre este tema, de relevancia histórica.
La Oficina de Becas y Atención Socioeconómica junto con la Sede del Sur realizó la campaña el 17 y 18 de junio
La campaña de Optometría y Oftalmología se llevó a cabo el 17 y 18 de junio en la Sede del Sur.
Con el objetivo de velar por el bienestar de la población estudiantil, la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica de la Universidad de Costa Rica realizó una campaña de optometría y oftalmología en la Sede del Sur, entre el 17 y 18 de junio.
Gracias a esta iniciativa un total de 92 estudiantes se vieron favorecidos con el beneficio complementario de Optometría y Oftalmología que se le otorga, una vez por año lectivo, a los becarios 4 y 5; y que consiste en un descuento total para cubrir los costos de diagnóstico o compra de lentes del paquete básico contratado por la UCR a Asembis.
La MBA. Anabelle León Chinchilla manifestó que esta iniciativa se suma las múltiples acciones emprendidas desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para fortalecer los canales de comunicación y atención con la población estudiantil, en la coyuntura de la pandemia.
“El servicio que, desde sus centros de atención, brinda la empresa con la cual la Universidad mantiene el convenio, se ofrece en las distintas regiones del país, lo que ha favorecido la cercanía para que el estudiantado pueda acceder este beneficio que le otorga la beca. Para la sede del Sur no se contó con esta proximidad, por lo que la empresa, a través de sus profesionales, se hizo presente en las Instalaciones del centro de estudio para brindar la atención”dijo León.
Campaña de Optometría y Oftalmología en la Sede del Sur.
Además de los estudiantes de la Sede del Sur, un total de 3229 estudiantes de otras sede universitarias también fueron favorecidos con la asignación de este beneficio complementario.
A esta cifra se le sumarán aquellos y aquellas estudiantes que efectuaron la solicitud del beneficio con fecha cierre del 30 de junio y que realizarán la gestión del beneficio complementario durante esta semana (cierra el 04 de julio).
La asignación de este beneficio complementario está sujeta a la categoría de beca económica 4 y 5 de la población estudiantil.
Tatiana Carmona Rizo Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Motivar el aprendizaje de niños y niñas en edad escolar y fortalecer las buenas relaciones con sus familias, en tiempos de pandemia, es el objetivo de la campaña «Aprendamos juntos todos los días un ratito», organizada por entidades que protegen los derechos de la niñez, entre ellas el Ineina-UNA.
Escribir la historia de los abuelos, realizar un viaje imaginario, dibujar, reflexionar en familia, son parte de las actividades que promueve la campaña “Aprendamos juntos todos los días un ratito”, orientada a motivar el aprendizaje de niños y niñas en edad escolar y fortalecer las buenas relaciones entre los menores y sus familias, a través del aprendizaje en conjunto.
Desarrollada en el marco del Núcleo de Trabajo en Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, en el cual participan diversas que protegen los derechos de las personas menores de edad, la campaña está dirigida a las poblaciones más vulnerables, las cuales se han visto más rezagadas y con mayor dificultad para mantenerse activas en este contexto de aislamiento ante la pandemia de la covid -19.
Aprendamos juntos todos los días un ratito brinda diferentes actividades para fortalecer la lectura, la escritura, el dibujo, la memoria, la imaginación, el pensamiento matemático en los niños y niñas, además de actividades para el desarrollo socioemocional de las niñas y los niños, ya que el desarrollo de la resiliencia es fundamental en esta emergencia mundial.
A través de la promoción de distintas actividades, la campaña viene a motivar el aprendizaje de los niños y niñas de edad escolar, convirtiéndose en un apoyo para que las familias puedan crear espacios de aprendizaje desde sus casas.
La población meta son niños y niñas de edad escolar, entre los 6 a 11 años, así como padres, madres y cuidadores de estos menores en edad escolar.
Por parte del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA), los académicos Miroslava Bonilla y Rodolfo Vicente, son los representantes en el Núcleo de Trabajo en Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes.
También participan DNI Costa Rica, Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Fundación Ser y Crecer, Si Callas, Permites, NO al Maltrato Infantil CR., World Vision Costa Rica, Aldeas Infantiles SOS, Costa Rica, Afapac – Familia y Projusticia, PRIDENA – Universidad de Costa Rica y Cosecodeni.
Se insta a las familias a compartir las actividades que realicen como producto de esta campaña, en secretaria@dnicostarica.org
***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
El periodista Manuel Delgado llama la atención acerca de que ya «tenemos mucha experiencia» como para confiarnos. Escuche sus palabras en este video de dos minutos:
En adición a la Circular R-23-2020 y ante la declaratoria de alerta naranja en varios cantones del país, por parte del Ministerio de Salud, esta Rectoría comunica que a partir de mañana viernes 03 de julio y hasta el 13 de julio del 2020 inclusive, todo trabajo docente y administrativo que se desarrolle en estos cantones, deberá ser realizado de manera remota, salvo aquellas actividades consignadas como estrictamente presenciales o servicios esenciales, como el caso de la seguridad institucional; lo que deberá ser coordinado por la Vicerrectoría correspondiente o con la Dirección de la unidad académica o administrativa.
En el caso de las empresas constructoras que estén ejecutando contratos para la Oficina de Servicios Generales y para la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones, seguirán desarrollando los proyectos de infraestructura, por lo cual las personas funcionarias que ejecutan labores de supervisión de estas obras podrán continuar con esta labor, siempre que se cumplan a cabalidad los protocolos sanitarios establecidos.
La Unidad de Salud Ocupacional está en la mejor disposición de brindar el asesoramiento correspondiente, para la aplicación de los protocolos requeridos, con el fin de salvaguardar la salud de la comunidad universitaria, ante el aumento de casos provocados por el virus SARS Co-2.
-Contaminación con agroquímicos quedaría sin castigo; -No se reconoce a las ASADAS como entes jurídicos
(FECON, 01-07-2020). La Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa dictaminó el día de hoy el proyecto de ley #20.212 denominado: «Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico» sin incorporar las 21 observaciones planteadas por las organizaciones ambientales mediante documentos y audiencias.
El proyecto de ley presenta ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua; carece de avances sustantivos en la protección de fuentes y cuerpos de agua que erradiquen las acciones de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación; genera un significativo retroceso en de la participación social en la fiscalización del dominio público; además la propuesta legislativa contiene regresiones importantes en términos ambientales.
En el texto se observaron vacíos de redacción para garantizar el dominio público e interés social en el manejo del recurso hídrico como objetivo de la Ley, ya que carece de mecanismos de participación social en la planificación.
Así mismo, la ley carece de herramientas para aumentar la gobernabilidad del agua. Por ejemplo: no existe en la ley para evitar la perpetuación de personas en cargos como de la Dirección Nacional de Aguas, que en la actualidad genera gestiones inoperantes y con poca transparencia.
La propuesta legislativa le niega el reconocimiento jurídico de las ASADAS. Estas organizaciones están totalmente ausentes dejándolas con inseguridad jurídica. Además, es urgente incluir el Principio Precautorio en las definiciones y artículos para su aplicación oportuna por parte de la administración pública.
En el tema de contaminación, es un error sacar de la ley un término importante como la “contaminación difusa” que permitiría la sanción apropiada ante daños, por la complejidad de las dinámicas ambientales y la necesidad de proteger el interés común en los casos de contaminación con agroquímicos por parte de empresas agroindustriales.
Igual de preocupante es que en el campo de la evaluación del impacto ambiental, se limita la posibilidad de proteger el líquido vital. La propuesta legislativa mantiene al agua apenas con un insignificante 8% del puntaje dentro del análisis del impacto los proyectos, impidiéndose proteger efectivamente las fuentes, por lo que se plantea análisis directo del impacto extractivo con base en el criterio de caudal ambiental.
Existe preocupaciones por elementos ambiguos o riesgosos para la gestión ambiental sostenible del agua y el dominio público efectivo, como lo son la inclusión de las fincas ganaderas dentro del uso doméstico, los injustificados “usos especiales del agua” que evaden el pago de canon, los reconocimientos por inversiones que traspasan funciones públicas a actores privados y desfinancian la gestión pública, además de la polémica figura de autoabastecimiento en condominios que sobrepone intereses particulares sobre el interés común.
En un contexto de conflictividad creciente por temas de protección y acceso al agua, y la incapacidad actual de las instituciones de responder y resolver adecuadamente estas situaciones, este proyecto de ley no representa un avance suficiente para tutelar un efectivo derecho al agua.
FORO: LA NUEVA NORMALIDAD EN COSTA RICA POST COVID-19 SEGÚN EL CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
El pasado viernes 12 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) realizó el Foro Virtual “La Nueva Normalidad Post COVID 19- Escenarios Futuros de Costa Rica”, con académicos del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) para analizar el panorama latente en el pais y posibles propuestas de mejoramiento en diferentes áreas estrategicas que podrían presentar mayores cambios a futuro.
Juan Carlos Mora, académico de la EPPS, explicó que el trabajo efectuado lleva dos meses de investigación, en este sentido, se está en plena acción de la segunda y tercera fase de consulta a diversos actores y sectores, los cuales han brindado sus opiniones y criterios. Se indica, que se han sistematizado alrededor de 840 observaciones que aportan información sobre los grandes cambios en el futuro: “Estos datos se han analizado y sistematizado, por consiguiente, se ha obtenido 56 variables, a lo cual nuevamente se le realizó un proceso de análisis, para llegar a tener 8 variables macro que mostrará el futuro más posible para Costa Rica”.
En este foro realizado mediante la aplicación Zoom, se compartieron cinco cuestionarios con los participantes del CINPE, con el objetivo de conocer su criterio experto en materia de política económica, asimismo, escuchar comentarios de los expertos en el tema.
La primera pregunta generadora fue: ¿Cuál área de la política costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los resultados de esta pregunta muestran que la mayoría de los participantes en el foro piensan que el área más afectada será la legislación laboral, fiscal y comercial (90%). Seguidamente se encuentra la opción Reforma del Estado, empleo público, privatización, (60%) y Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional (50%). Como últimas opciones se encuentran Modelo de gobernanza y participación social (30%), Geopolítica global, organismos multilaterales, reglas globales, (20%) y Cooperación internacional, bien común y solidaridad internacional (20%).
Jeffrey Orozco, académico del CINPE, comentó, que los resultados reflejan la tendencia de encargar muchas de las reformas hacia el sector laboral, es decir la clase media: “Esto es algo que muchos no quisieran, porque se le implementan más impuestos a este sector el cual no tiene tanto poder adquisitivo, ya que es lo más fácil de realizar, ¡aunque tenga un costo social más alto”.
Para Orozco, la preocupación actual es principalmente la posible dirección que van a tomar estas reformas en un futuro, ya que existe el riesgo de alejarse de todos los avances sociales que ha logrado el país durante gran cantidad de años. Además, de que esta reforma se siga haciendo bajo la línea que se trae actualmente de minimizar la importancia real del Estado.
Keynor Ruiz, integrante del CINPE, indicó que el concepto referido a la Nueva Normalidad que se plantea, estaría forzando un análisis de esta situación, pues habrá que evaluar si se estará viviendo una nueva normalidad o una continuidad de lo que hemos venido profundizando en ciertos aspectos: “Las reformas en el Estado y sus temas relacionados tiene una base que no necesariamente tiene que ver la pandemia, porque se presentan variables se han venido afectando desde hace muchos años”. Ruiz agregó, que hay nuevas ideas y reformas en temas laborales, que se vienen pensando en realizar desde antes de la pandemia y que hasta ahora se llevan a cabo, por lo que es de esperarse, que se continúen después de que normalice la situación actual: “Para visualizar los posibles elementos del futuro es necesario analizar primeramente los elementos actuales y cómo llegarán a cambiar en un futuro, para luego conocer cuáles sí serían los elementos nuevos”.
Como segunda pregunta se expuso: ¿Cuál área de la economía costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los académicos del CINPE coincidieron en que el área de la economía costarricense que presentará mayores cambios a futuro sería la deuda pública, déficit fiscal y el desempleo (80%). En segundo lugar, se considera el comercio electrónico, diversificación de mercados y emprededurismo (60%). Seguidamente se encuentran las opciones que consideran turismo, nuevos negocios, tecnología, innovación (40%) y las brechas sociales, desigualdad(40%).Y en último lugar están las opciones, inversión pública, empleo, inversión extranjera (30%) y empleo, ingreso de las familias, demanda interna (20%).
Olman Segura director del CINPE, comentó que los temas de deuda pública, déficit fiscal y desempleo siempre serán de prioridad, ya que no hay duda de que estos van a aumentar debido a la pandemia actual, por lo que se deben de considerar en la agenda para la toma de decisiones en cuanto a índices y porcentajes que se aplicarían.
Segura, dijo que se ha empezado a desarrollar más el comercio interno por las restricciones en las fronteras, además, del comercio electrónico y el emprendedurismo que han empezado a aumentar en los últimos meses. Además, Segura, relaciona con el tema de las brechas sociales y la desigualdad, el problema de turismo, ya que no se debe únicamente a los problemas de reducción de los espacios de ocio, sino también, por la cadena de valor que existe alrededor del turismo, la cual ha venido presentando deficiencias por la pandemia.
Keynor Ruíz, agregó que el aumento del comercio electrónico no solo se debe a compañías transnacionales como Amazon o E-bay, sino también a Correos de Costa Rica que ha cumplido un importante papel, para permitir que los comercios se vayan virtualizando poco a poco mediante la actualización de sus servicios. Esto genera que las personas tengan la tendencia en un futuro de comunicarse y adquirir productos vía electrónica ya que se ha generado más confianza y viabilidad para aprovechar estos servicios: “Los sectores de innovación, emprededurismo y nuevos negocios son los que van a tener más cambios a futuro ya que se presentarán la introducción de nuevas tecnologías o procesos de automatización, sin embargo, el turismo y los negocios actuales se irán recuperando lentamente, pero sin presentar cambios drásticos a futuro”. Ruiz, reiteró que es normal que los aspectos que han venido teniendo problemas durante varios años, como lo son el déficit fiscal, la deuda pública y el desempleo se agraven, por lo que se van a tener que atender de manera drástica durante los próximos años.
Como tercera pregunta generadora se expuso: ¿Cuál área del ámbito social costarricense presentará mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los resultados de la encuesta presentada muestran que la mayoría de los participantes del foro piensan que las brechas sociales, la desigualdad, la pobreza (70%) la educación dual, la flexibilidad laboral y las pensiones, ambas con un (70%) son las opciones de preferencia en donde se presentarán más cambios en la nueva normalidad.
Seguidamente, se encuentran las opciones que consideran la salud preventiva, los derechos humanos, la equidad con un 50% de votos y luego la protección social, las pensiones y los seguros con un 40%. En último lugar se encuentran la seguridad ciudadana, la convivencia social y las redes de apoyo mutuo con un 20%, las migraciones, desplazados y los adultos mayores con un 10% de porcentaje elegido.
Olman Segura, comentó que todos estos temas son parte de la problemática actual y se deben discutir en los ámbitos políticos y de desarrollo económico y social: “La opción que abarca la educación dual, la flexibilidad laboral y las pensiones, que ha cambiado la polarización de pensamiento en la población con respecto a estas; conforme pasan los años se han empezado a ver los aspectos positivos que tienen”. En cuanto a la opción que abarca las brechas sociales, la desigualdad y la pobreza, sucede lo contrario, ya que estos vienen afectando desde hace muchos años y con la coyuntura actual han aumentado, por lo que se deben tomar acciones con respecto a estos fenómenos. El tema de la salud preventiva, derechos humanos y el acceso a la salud, es de suma importancia ante esta pandemia, ya que la buena gestión de esta genera un trato equitativo y así se logra ir reduciendo las brechas sociales y la desigualdad” acotó el director del CINPE.
Rafael Díaz, académico (CINPE-UNA), manifestó que el análisis plantea la probabilidad de que las migraciones son las más probables de presentar cambios en el futuro, por lo que se debe procurar que Latinoamérica sea cada vez más igualitaria, para que estos movimientos no traigan consecuencias negativas. Además, los temas de protección social y pensiones también serán temas del futuro, porque la población costarricense está envejeciendo y las desigualdades sociales cada vez están aumentando: “Los otros temas deberían de ser considerados porque puede que estén en el futuro, sin embargo, los temas mencionados anteriormente son los que vienen manifestándose desde hace tiempo y se debe prestar atención, porque son muy poco probable que desaparezcan”.
Suyen Alonso, académica (CINPE-UNA) mencionó que el tema de brechas digitales está uniendo todos estos temas expuestos en el instrumento, lo que evidencia las diferencias entre la población que tiene más acceso a la tecnología y quienes no: “Es cierto que toda esta virtualización ha traído grandes desventajas a nivel social y económico para ciertos grupos de la población. Esta pandemia lo que ha generado es la aceleración de la toma de decisiones, para empezar a aplicar ideas que se venían pensando desde hace varios años atrás”.
Para conocer cuál sería el futuro papel de la tecnología en la sociedad, se preguntó (IV Consulta): ¿Cuál área del ámbito tecnológico costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
La comunicación virtual, redes sociales y la conectividad (91%) son las que según los participantes del foro presentarán mayores cambios a futuro, seguidamente se consideran la virtualización de la educación, telemedicina y teletrabajo (82%). Con el mismo porcentaje se encuentran las opciones que abarcan temas como la inversión en investigación, desarrollo, (36%) ciudades inteligentes, accesibilidad e innovación (36%). Por último, con el menor porcentaje se encuentra la opción de robotización, Big Data y genoma humano con un 18%.
Marco Otoya, académico (CINPE-UNA), comentó que la coyuntura lleva a pensar que hay una necesidad para modificar áreas como la comunicación, el trabajo, la educación y que nos hemos visto forzados a tratar de adaptarnos lo más rápido posible, para empezar a utilizar de mejor forma las plataformas virtuales, sin embargo, en muchos casos no se cuenta con la disponibilidad de la tecnología para adaptarse de la mejor manera: “La educación no es algo que se puede adaptar rápidamente a la virtualidad y muchos menos en su totalidad, porque siempre habrá áreas de conocimiento que no se puedan virtualizar. Mas es importante considerar la bimodalidad en aquellos cursos que si se pueden llevar a cabo de ambas formas”.
Jorge Solano, investigador junior del CINPE, añadió que el análisis que el tema de la conectividad, la virtualización y las redes sociales, vienen generando un impacto desde hace tiempo y en cuestión de tres meses toda nuestra realidad se ha logrado plasmar en materia virtual, lo que genera muchos retos a la hora de la relacionarse con otras personas. “Pero ante esta rápida adaptación es necesario valorar el nivel del cambio que generó en la población, porque existe la posibilidad de volver a la presencialidad, y puede que la virtualización, al no mantenerse tanto tiempo en la sociedad, se olvide por completo”.
Solano acotó, que el tema del comercio está muy ligado con la virtualización, pues en este tiempo se ha visto como ha aumentado el comercio digital y el emprededurismo mediante las redes sociales, las cuales han traído grandes ventajas a los emprendimientos de la población.
Keylin Jiménez economista, asistente de investigación del CINPE, comentó que la tecnología es algo que para las generaciones más nuevas siempre ha sido parte de la normalidad, por lo que esta población no se ha visto tan afectada durante esta adaptación a la virtualización tan drástica: “Me asiste la duda si la utilización excesiva de las redes sociales para interactuar con las personas: ¿se va a dejar de lado cuando se acabe la pandemia o se mantendrá?…
Jiménez, acotó que la virtualización de la educación, a pesar de que los grupos poblaciones más jóvenes están más acostumbrados a utilizar las plataformas digitales, no se puede generalizar, porque existen carreras y cursos que no se pueden llevar a cabo de manera virtual.
La quinta pregunta generadora fue: ¿Cuál área de la dimensión ambiental costarricensense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiendose en parte de la Nueva Normalidad?
En los resultados se evidencia que las energías renovables, la carboneutralidad y los servicios ambientales (82%) son las que presentarán más cambios en el futuro. Seguidamente, con 64% se encuentran el transporte público de pasajeros, la logística, la resilencia, la protección de los recursos naturales, la gestión del agua y los bosques. En último lugar se localizan el reciclaje, reducción, reúso, rechazo (36%,) el ecoturismo, la cultura y el paisaje con 18%.
Marco Otoya, indicó que Costa Rica es un país que en la parte electrica siempre se ha mantenido muy ecoamigable, que habría que precuparse más en la reducción de emisiones generadas por el transporte, ya que el 75% de hidrocarburos vienen de las emisiones de los vehículos, de esta manera, al mejorar el transporte público, no solo nos llevaría a la carboneitralidad, sino tambien, a facilitar el desplazamiento de las personas en todo el país.
Jorge Solano dijo que la logística comercial tiene un impacto importante en el ambiente, ya que se ha visto como esta puede modificarse para buscar que sea más ecoamigables en los comercios y reducir hasta donde se pueda el impacto que genera la comercialización en el ambiente.
Como quinta y última pregunta se expuso: ¿Cuál área de la cultura costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Según la elección de los participantes del Foro, se evidencia que la vida familiar/laboral y los roles en el hogar (73%), serán las áreas de la cultura costarricense que presentará mayores cambios a futuro. En segundo lugar, se ubica convivencia entre las personas, el autocuidado y los espacios públicos, (64%) seguidamente están el ejercicio físico, el ocio, el sedentarismo (55%) y las redes de solidaridad comunal y territorial (45%). En los últimos lugares se aprecia la espiritualidad, comunicación interpersonal y el hogar (18%) y la educación cívica, ahorro y educación vial con 0%.
Keynor Ruíz, expresó que los cambios en los últimos meses nos han forzado a adaptarnos a poder llevar una vida familiar y laboral en el mismo espacio, por lo que esta situación ha llevado a repensar ciertos elementos en la vida familiar, para poder adaptarse de la mejor manera, lo que ha logrado que la población valore más las relaciones que tiene con las personas de su núcleo familiar: “Esta pandemia ha cambiado la visualización que se tiene con respecto a los espacios, el ejercicio físico, el autocuidado entre otras variables, para pensar más sobre cómo se integran estas en la vida de las personas en los próximos años”.
Suyen Alonso, agregó en el foro virtual con el equipo académico del CINPE que los temas expuestos en la cuesta, son las principales tendencias que a nivel de sociedad y mercado se han integrado en el último mes: “Esto ha generado nuevos temas como los hogares multifuncionales que han permitido implementar otra orientación de la comercialización de productos, para poder beneficiar a las personas para que tengan todo lo que necesitan para desarrollarse en el hogar”.
También mencionó que se ha logrado analizar el perfil de los nuevos consumidores a nivel de cultura y que estos cambios en la cultura se van a mantener de manera permanente, porque ya han modificado otras áreas como la comercialización que promueve más esta nueva cultura.
El equipo académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social estará integrando la información recogida tanto en este Foro como otros que se han realizado, para ir sistematizando los aportes y obtener una visión integral de la nueva normalidad, escenarios futuros de Costa Rica y compartirla con el país en el mes de julio de 2020.
Por: Efraín Cavallini Acuña-Académico EPPS-UNA Maria Laura Jiménez Villalobos. Estudiante EPPS-UNA
FORO: LA NUEVA NORMALIDAD -ESCENARIOS FUTURO PARA COSTA RICA- POST COVID-19
El pasado 10 de junio de 2020 se realizó el foro “La Nueva Normalidad Post COVID-Escenarios Futuros d Costa Rica, para reflexionar sobre los posibles escenarios que puede presentar el país después del COVID-19, según la perspectiva del equipo académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional.
Este foro fue dirigido por el académico de la EPPS, M.Sc Juan Carlos Mora, quien hizo referencia a las fases que se han venido realizando con la metodología de la Prospectiva Estratégica, para visualizar los posibles escenarios de Costa Rica en el futuro inmediato, así como en el mediano y largo plazo.
Para Mora, en la fase inicial del trabajo se solicitó el criterio a diferentes personas, previamente seleccionadas y pertenecientes a instituciones, empresas y otras organizaciones, con el propósito de buscar respuestas críticas y que permitiera la diversidad de visiones y pensamientos: “ El equipo académico de EPPS-UNA, a cargo del proyecto La Nueva Normalidad-Escenarios Futuros para Costa Rica del 2030, registra muy bien a quien se le envió el cuestionario, de esta forma procurar que los participantes respondan las preguntas según las áreas donde la persona entrevistada eses experta”.
Mora, aclaró que las preguntas del cuestionario realizadas en la primera fase no son preguntas de opinión, porque el objetivo es de formar criterios: “Este tipo de estudios se recomiendan que se hagan con grupos más pequeños de gente experta en los temas, sin embargo, se prefirió hacer una encuesta más amplia para que participara más gente, aunque somos conscientes, que a la hora de realizar la base de datos unas respuestas serán más críticas que otras, lo cual se debe diferenciar”.
Mora, fue quien dirigió este foro virtual en donde se preguntaron cuáles aspectos sociales, tecnológicos, culturales y de dimensión institucional presentarán mayores cambios a futuro, mediante la votación de las posibles respuestas.
La metodología del foro fue mediante preguntas generadoras de opinión en donde los y las académicas participantes deberían de elegir las opciones que consideren más pertinente con respecto a los escenarios expuestos.
Master Ángel Ortega Ortega, Director de la EPPS, comentó que este trabajo de la “La Nueva Normalidad” se encuentra en su tercera fase, por lo que se están llevando a cabo foros con diversos sectores del país, para complementar el trabajo obtenido en las fases anteriores y garantizar la mayor objetividad y veracidad de la información obtenida: “ se debe tener en cuenta que toda la información obtenida, permitirá plantear un aproximado en grandes parámetros sobre lo que podría ocurrir en un futuro en Costa Rica”.
El primer escenario propuesto para elegir por parte de los participantes fue:
La recuperación económica se dará por una reforma profunda del Estado con cambios institucionales, en legislación laboral, fiscal y comercial y auge del turismo y nuevos negocios apoyados en innovación, la aplicación de la tecnología y la conectividad.
Los resultados se esta encuesta muestran que el 38% de los participantes piensan que este es muy poco probable que se dé. Seguidamente un 25% piensan que es poco probable, el mismo porcentaje para las personas que dudan de este escenario. Y por último un 13% de los votantes establece que este escenario será probable.
Ángel Ortega, director de la EPPS, indicó que, de acuerdo a los resultados de la elección, desde su punto de vista el Estado no va a presentar mayores cambios, excepto que haya sectores sociales que empujen o que obligan que se presenten los cambios. Agregó, que según los datos obtenidos en este ejercicio su opinión es que, el Estado debe generar los cambios necesarios para avanzar en el desarrollo, asimismo, que el papel de los sectores sociales es determinante para generar transformaciones. Que las garantías sociales costarricenses son una base muy importante, que han sido cimentadas históricamente por la presión y el consenso entre el Estado, las organizaciones sociales y la voluntad del ciudadano. Por esta razón, dijo que hay temas cruciales que se deben poner a discusión como el económico, el social, la legislación laboral, fiscal y comercial, la aplicación de la tecnología y la conectividad, para poder llegar a acuerdos para el beneficio de la población.
Con respecto a la misma pregunta, el académico Heiner Murillo comentó que la recuperación económica puede darse independiente al Estado y debería de suceder así, sin embargo, piensa que la coyuntura de pandemia y la crisis puede aprovecharse para hacer los cambios y reformas que se han querido realizarse en el país.
Murillo dijo que se han realizado muchas propuestas, tanto a nivel institucional como a nivel legislativo, aunque se estén dando soluciones temporales dada la situación de la pandemia, no se puede depender del tiempo que dure la crisis. Murillo, comentó que se tiene una posición pesimista con respecto a la duración de la crisis específicamente en América Latina, ya que estos países tienen la característica de no contar con los suficientes recursos para recuperar la economía tan rápido: “Esta coyuntura de la crisis de la pandemia puede favorecer la reforma del Estado de una manera mucho más profunda a favor de los cambios institucionales, legislativos y fiscales”.
En el segundo escenario se expone: Virtualización en educación, trabajo, medicina, comercio de bienes y servicios serán una realidad generándose efectos sobre relación vida familiar/ laboral, roles/ hogar, autocuidado de personas, convivencia en espacios públicos y mejora calidad ambiental.
Los resultados de esta pregunta demostraron que el 50% de los participantes en el foro piensan que muy probable que se dé. Seguidamente se encuentran las opciones probable y poco probable, ambas con un porcentaje de 25% cada una.
El académico de la EPPS, David Morera, comentó que es importante destacar que la desigualdad social, el hambre, la miseria, las rebeliones que están pasando actualmente se van a normalizar. Dijo que no ve una normalidad post pandemia, porque ve que es muy difícil que se renueve el ciclo productivo y reproductivo que tenía antes el sistema: “Este pensamiento se debe que varios estudios incluyendo los de la OCDE revelan que esta pandemia traerá un rebajo de al menos 6% del PIB mundial, y las consecuencias de esto se están evidenciando en las Pymes y MiPymes, porque actualmente 8 de cada 10 de estas están a punto de quebrar, esto porque la centralización de la riqueza tiende a ser muy profunda ante los tiempos de crisis”.
Ángel Ortega, director de la EPPS, agregó que al utilizar la palabra normalidad no se está hablando necesariamente de algo bueno o malo, sino, que se están considerando todas las posibles características que tenga esta futura normalidad, por esta razón, no se está evaluando si eso es lo mejor o lo peor para las personas. Esto porque es en la siguiente fase de la investigación, se entra el análisis de estos escenarios, para evaluar si estos traerán beneficios o no para la sociedad: “Al al conocer esta información es cuando se empezarán a tomar decisiones y acciones para aliviar la cantidad de consecuencias negativas que puede traer consigo el futuro. Lo que está pasando o puede llegar a pasar es claramente el reflejo del sistema de desarrollo actual, sin embargo, cuando se habla de un posible escenario se refiere a lo que eventualmente se pueda definir”, agregó Ortega.
Para complementar el análisis de esta pregunta, el Master Fabricio Vargas, académico de la EPPS, comentó que a esta pregunta le encuentra mucha relación con el primer enunciado, en términos de la recuperación económica, dado que algunas áreas que se exponen en esta pregunta podrían verse afectados tanto de manera positiva como de manera negativa, dependiendo de la política pública y económica, que se desarrolle en función de la recuperación económica y de la función fiscal y monetaria que vaya a tener el país en ese momento.
El tercer escenario expone: La reforma del Estado implicará una profunda innovación de procesos y actividades estratégicas, simplificación de trámites, cambios en transporte público de personas y logística, aplicación del enfoque territorial, internet de las cosas y un impulso de energías renovables.
Observamos que los resultados a esta premisa indican un empate entre las opciones que se consideraba que fuera probable y poco probable este escenario. Seguidamente están las opciones: muy probable, duda, muy poco probable y no emito criterio, con el mismo porcentaje (12%).
Mora Montero, académico de la EPPS, explicó que se habla sobre las reformas del Estado, específicamente del cambio en el rol que este cumple. Esta fue una de las opciones más votadas en el cuestionario abierto (Pregunta 3) porque se piensa que es necesaria para esta futura normalidad. Si bien es conocido que la recuperación económica no depende directamente del Estado, es importante que el Estado brinde las condiciones necesarias para poder lograr esta recuperación.
Heiner Murillo, académico de la EPPS explicó que es importante conocer quién está reformando el Estado, para así saber cuáles serán estos cambios y su enfoque, para visualizar bajo que ideología se desarrollará ese Estado de la nueva realidad post pandemia. Piensa que esta reforma se está haciendo para eliminar procesos y así promover la eliminación del Estado por sí mismo, esto porque desde su punto de vista las reformas no implican necesariamente una innovación de procesos, sino, que buscan favorecer a las personas con poder.
Para agregar al análisis de esta pregunta, Efraín Cavallini, académico de la EPPS, dijo que con base a las tendencias de los porcentajes arrojados en la tercera proposición, ve un escenario difícil, lo cual demuestra que efectivamente en este proceso que somos parte y no estamos ajenos, y que la reforma del Estado es un asunto de planificación y de apuestas políticas por una planificación a mediano y largo plazo sin interrupciones, que se preocupen por la justicia social, donde el Estado junto al gobierno atiendan las demandas crecientes, que reclaman los ciudadanos: “Se debe atender, aparte de lo económico, lo que tiene relación directa con el perfeccionamiento de la gestión, la mejora en los servicios básicos, en relación con la calidad, y esto incluye componentes nuevos como el valor agregado y el valor público del mismo. No es suficiente la prestación de estos servicios, sino que, además, se presentan otras situaciones vinculadas a la prestación de los mismos relacionados con la eficiencia, eficacia, planificación y previsión de la acción del aparato estatal. Se demandan aspectos de tiempo, de respuesta, costo, calidad, competitividad e impacto. También la armonía del crecimiento y el desarrollo con el medio ambiente están presentes en la mirada del ciudadano, la cual no se puede ignorar”.
David Morera agregó que el problema es que estamos en una situación sumamente grave para nosotros mismos, además que el problema de este tipo de planteamientos prospectivos, es que puede llegar a ser muy difícil de aplicar, porque la realidad es sumamente compleja y absolutamente nueva: “En realidad el cambio y la nueva normalidad no depende de las autoridades, sino, de los movimientos sociales quienes son los principales actores de la promoción del cambio”.
El Master Carlos Ulate Azofeifa, subdirector y académico de la EPPS, añadió que estos cambios no se van a dar principalmente como una estrategia del gobierno central, por lo que es importante que varios grupos tengan una mirada hacia el desarrollo local, en términos de darle continuación a diversas iniciativas que verdaderamente pueden darles a todos los sectores de la población un desarrollo: “ Tomar en cuenta, el tema de turismo, complementariedades entre cantones, estrategia local, entre otros, son esos elementos que necesitan que se les dé un seguimiento; porque se debe tener conciencia del agotamiento del Estado y la falta de credibilidad a este que le tiene la población. El desarrollo local es la forma más acertada, para poder garantizar que la nueva normalidad traiga consigo más beneficios para la población, indicó Ulate, para quién el liderazgo que han presentado algunos alcaldes en sus cantones en esta coyuntura, ayuda para avanzar positivamente, y vale la pena rescatar dichos esfuerzos para favorecer a la tendencia del cambio local y aumento de servicios básicos para la sociedad.
Ortega, indicó que el sistema político que nos gobierna está enfocado al crecimiento económico de los mismos, por esta razón, el sector empresarial busca ser prioridad en el Estado: “Este es uno de los escenarios más posibles que puedan dar a futuro y que este ejercicio, permite definir cuáles serán estas variables que sí o sí van a estar en la nueva normalidad. A pesar de que sea muy fácil suponer cuales podrían ser estas variables, es necesario no enfocarse solo en las suposiciones, para poder enterarse de diferentes puntos de vistas que exponen una diversidad de posibles escenarios. La prospectiva no se ve sin la estrategia, porque al conocer la realidad se deben tomar acciones para mejorarla” Comentó el director de EPPS-UNA.
Para finalizar el foro Mora, indicó, que lo avanzado hasta ahora en el ejercicio del equipo académico, podría pensarse que la tendencia de futuro es mirar hacia cuatro escenarios a partir de dos variables. Uno escenario recurrente en los foros con diversos sectores apunto a la virtualización de las actividades, donde gran cantidad de sectores se verán obligados a virtualizarse para desempeñar sus prioridades y mejorar su situación: “Esto podría prever que los países con mayores niveles de conectividad, sean los que saquen mayor ventaja sobre los demás, y en este escenario Costa Rica se ve muy rezagado. Esto se debe porque al adoptar la conectividad en el país siempre habrá desigualdad, porque hay sectores en los cuales sea sumamente difícil que se adapten de la mejor manera y con facilidad a las nuevas tecnologías” concluyo el académico Mora Montero.
Por: Efraín Cavallini Acuña-Académico María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS-UNA
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