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Pronunciamiento sobre vulnerabilidad de quienes trabajan en monocultivos en la Zona Norte y Caribe

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.

Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.

En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.

A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.

Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.

Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.

Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.

Llamado a las acciones

En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:

  1. Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acata­miento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
  2. Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
  3. Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
  4. Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
  5. Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
  6. Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
  7. Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
  8. Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.

En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.

Costa Rica, 1 de julio de 2020

SUSCRIBIMOS

Organizaciones e instituciones

Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR
Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia.
Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR.
Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR.
Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR.
Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR
Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor»
Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR.
Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica.
Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
Alternativa UCR
Asociación Cultural Abriendo el Surco
CENDEROS
CEP Alforja
Circulo Bolivariano Yamileth López
Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes)
COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica
Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica
CR SOLIDARIA
Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR)
Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH)
Fundación Laberinto
Fundación Pedagógica Nuestramerica
Hablemos de Derechos Humanos
Handmaids Costa Rica
Iniciativa Universitaria por Nicaragua
Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica
La Cadejos, Comunicación Feminista
Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica
Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
Sindicato de Trabajadores del Sector Privado
Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA)
Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP

Personas

Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR
Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores
Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR
Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista.
Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh
Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED
Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado
Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA
Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres
Andrea Cuenca Botey, Psicóloga
Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR
Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica
Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga
Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional
Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista
Cynthia Ramírez Alvarado
Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines
Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista
David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp
Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP
Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social
Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista
Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo
Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica.
Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica
Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil
Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR
Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica
Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos.
Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión
Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones
Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR.
Henry Picado Cerdas,           Red de Coordinación En Biodiversidad
Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica
Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna
Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria
Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR
José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente
José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR
José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario
José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica
Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica
Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua
Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR
Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica
Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR
Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA
Krissia Rodríguez Muñoz
Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos
Laura Arias Cabrera, Docente y activista
Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR
Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante
Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE
Ligia Solís Solís, ANEP
Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco
Lucía Rescia, Psicóloga
Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra
Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH)
Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH).
Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA
Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR
María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora
María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica
María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga
Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN )
Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR
Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada
Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política
Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM)
Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica
Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga
Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA
Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú.
Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo
Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR.
Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP
Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica
Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP
Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR
Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista
Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP)
Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA)
Seidy Salas Víquez, Comunicadora social.
Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista
Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad
Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR.
Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica
Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR
Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica
Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria.
Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.

UCR: Vicerrector de Vida Estudiantil visita Sede Interuniversitaria de Alajuela

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Fuerte carga académica y problemas de salud mental son parte de las dificultades que vive la población estudiantil de esta sede

Reunión del vicerrector en la Sede Interuniversitaria de Alajuela (foto cortesía de Ruth Mora).

Con el objetivo de identificar los retos y desafíos que deben enfrentar los y las estudiantes de sedes universitarias de la Universidad de Costa Rica, en medio de la coyuntura generada por el COVID-19, el Dr. Carlos Sandoval García, Vicerrector de Vida Estudiantil conversó con funcionarios y estudiantes de la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

El encuentro se llevó a cabo este martes 30 de junio, y contó con la participación de los estudiantes: Yensen Rodríguez, Noelene Walker, María del Sol Arce, Luis Oreamuno y Dylan Arroyo.

En esta reunión también estuvieron presentes la Mag. Ruth Mora Barrantes Asesora Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil; la MBA. Anabelle León, directora de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica; y la MSc. María Sánchez Jiménez, Directora de la Oficina de Orientación. Además se unieron a la discusión las y los funcionarios de la sede Interuniversitaria de Alajuela: Randolf Arce, director de la sede; Tatiana Jiménez, jefa administrativa; Oscar Sibaja, coordinador de la carrera de la Ingeniería Industrial; Fabiola Castro,coordinadora de la carrera de Diseño Gráfico; Xiomara Chavez, Psicóloga; María Campos, Orientadora; Johanna Arce Ramírez, Trabajadora Social; y Whymer Rojas Vásquez, coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica.

Durante el conversatorio, los y las estudiantes señalaron que las principales dificultades y retos que enfrentan actualmente son: el aumento de la carga académica, los problemas de conectividad para llevar los cursos de manera virtual, las situaciones de desgaste emocional como estrés y ansiedad, y los cambios en la situación socioeconómica de sus familias.

Por su parte los y las docentes señalaron que el profesorado ha realizado un gran esfuerzo y un buen trabajo para adaptarse a la virtualidad, pero que es importante que la Universidad de Costa Rica los capacite en el uso de herramientas pedagógicas para esta modalidad.

Estudiantes y funcionarios coincidieron en que este proceso de adaptación ha impactado a la comunidad universitaria a nivel académico, económico, emocional y social; y que en este sentido, las estrategias de acompañamiento implementadas por la universidad (docentes y funcionarios) para apoyar a la población estudiantil han sido muy valiosas.

Situación socioeconómica de la población estudiantil

Con respecto al panorama socioeconómico de la población estudiantil, la presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, María del Sol Arce afirmó que muchos de sus compañeros y compañeras han reportado un cambio en su condición económica y le han comentado que están cubriendo sus necesidades básicas y las de sus familiares con el dinero que se les asigna la universidad a través de la beca.

Asimismo, Dylan González afirmó que las designaciones de horas estudiante, horas asistente, son fundamentales para que muchos de los estudiantes de la sede salgan adelante con los gastos asociados a los cursos del semestre, y que muchos de ellos ya no reciben estos beneficios debido a la pandemia.

Por su parte, la Orientadora de la Sede, María Campos Rodríguez manifestó que a nivel socioeconómico sí ha habido un impacto considerable en las condiciones de la población estudiantil y sus familias.

Estudiantes de la Sede Interuniversitaria de Alajuela compartieron con el vicerrector de Vida Estudiantil (foto: cortesía Ruth Mora).

Salud mental

En materia de salud mental, los y las estudiantes manifestaron que están viviendo situaciones de estrés, ansiedad, depresión e incertidumbre.

En este punto, el joven Luis Oreamuno afirmó que uno de los factores desencadenantes de estas situaciones emocionales que atraviesa la población estudiantil, es el hecho de que muchos de ellos y ellas se sienten aislados, solos y con una gran carga académica con la que deben cumplir.

Por su parte, Dylan González, quien también forma parte de la Asociación de Estudiantes de la sede, afirmó que este órgano estudiantil ha sido intermediario, y ha canalizado hacia las autoridades respectivas, la mayoría de casos urgentes en materia de salud mental.

Además, la orientadora de la Sede aseguró que, con el fin de prevenir estas situaciones y acompañar al estudiantado, se han llevado a cabo diferentes charlas, talleres y conversatorios en materia de Salud Mental; se activaron los estudiaderos y actividades del Programa de Liderazgo; y que desde la coordinación de Vida Estudiantil de la Sede Interuniversitaria también se ha brindado una guía a la población estudiantil en materia de trámites, gestiones, apoyo para estudio, entre otras.

Condiciones de estudio en medio de la virtualidad

Dentro de los principales retos de la virtualización de la docencia, la población estudiantil de esta sede, apunta que los problemas de conectividad, recursos económicos limitados y la falta de equipo son algunos de los inconvenientes que tienen para llevar los cursos de manera virtual.

A este tema le suman, el faltante de software específico en sus hogares para hacer las asignaciones de cada una de sus carreras, los problemas de conexión durante las pruebas y exámenes, el aumento de asignaciones, lecturas, trabajos en cada materia y la falta de capacitación del cuerpo docente para adaptar los cursos presenciales a lo virtual.

En este punto, señalaron la importancia de que la institución capacite al cuerpo docente, ya que reconocen que a pesar de que los recursos son limitados, la mayoría de profesores han hecho un esfuerzo sustancial para mejorar las técnicas de enseñanza- aprendizaje en la modalidad virtual, pero que sí hace falta dotarlos de más recursos y capacitación en este tema.

Asimismo, afirmaron que es fundamental abordar el tema de la carga académica y el tiempo que deben invertir los y las estudiantes frente al computador haciendo tareas o llevando clases, así como el hecho de que muchos cursos como los talleres y laboratorios son difíciles de ejecutar de forma virtual.

Al finalizar el encuentro, el vicerrector de Vida Estudiantil se comprometió a llevar todas estas inquietudes al Consejo de Rectoría con el fin de tomarlos en cuenta en el proceso de mejora con miras al II ciclo lectivo 2020.

También señaló que se está fortaleciendo el sistema de becas y que conversara con el Instituto Costarricense de Electricidad para mejorar el tema de la conectividad, en el marco del convenio UCR-ICE.

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Hacia una nueva normalidad: EPPS-UNA expone resultados de la segunda fase

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Confianza en las autoridades sanitarias, solides del sistema de salud, desigualdad social, desmejoramiento y lenta recuperación económica en Costa Rica pos pandemia destacan en estudio.

Bajo la premisa: ¿cuáles son los escenarios más probables para Costa Rica en el corto plazo 2021-2023?, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, EPPS-UNA concluyó la segunda fase del proyecto: “La Nueva Normalidad-Escenarios Costa Rica”.

Le invitamos a leer el texto completo en el siguiente enlace:

Diseño-Fase-2-Nueva-Normalidad-2606-2020Descarga

Foro: La nueva normalidad post COVID-19 una visión sindical

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

El pasado 11 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social invitó a representantes del sector sindical costarricense, para realizar un foro sobre la Nueva Normalidad en Costa Rica-post Covid-19 para con el fin de conocer sus perspectivas sobre los posibles futuros.

Este foro se realizó mediante la plataforma Zoom en donde se evidenció la participación de representantes de la Central General de Trabajadores, Sindicato de Empleados del PANI-SEPI-Sindicato del AYA, Sindicato 7 de agosto, Sindicato Sin Trazas, Mesa Sindical de Mujeres, Sindicato UTRA-UTN, ANATRANS (Asociación Nacional de Transportista) Sinpae, Sintrasas, Sitraa.

Juan Carlos Mora, académico de la EPPS explicó que este foro es parte de un proyecto realizado por la Escuela de Planificación y Promoción Social sobre la construcción de escenarios a futuro para la Costa Rica del 2030, para el cual han contado con la participación de muchas personas de distintos sectores de la población, esto les han permitido definir cuáles son los temas más relevantes que podrían presentar cambios en el futuro.

En el foro, los participantes seleccionaron según las prioridades para el país, aspectos sociales, tecnológicos, culturales, económicos y de dimensión institucional que presentarán mayores cambios a futuro y vertieron su criterio al respecto.

La metodología del foro fue mediante preguntas generadoras, en donde los participantes deberían de señalar las opciones más acercadas a su opinión con respecto al tema planteado.

Para iniciar el foro se presentó la siguiente pregunta:

¿Cuál área del ámbito social costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

Los resultados de esta elección mostraron que la mayoría de las personas (86%) piensan que, en el área de brechas sociales, desigualdad y pobreza se presentará más cambios. Como segundo lugar (57%) en la votación se señala el área de educación inclusiva, flexibilidad laboral y pensiones. Con el mismo porcentaje, en tercer lugar, (29%) quedaron las áreas de protección social, pensiones, seguros, seguridad ciudadana, convivencia social, redes de apoyo mutuo, migraciones, desplazados, adultos mayores, salud preventiva, derechos humanos y equidad.

Giovanni Beluche Velásquez, Secretario General Adjunto del Sindicato UTRA-UTN, dijo que se podrían tener serios problemas principalmente en la educación inclusiva, flexibilización laboral y pensiones. Y esto se debe a la desconfianza que se le tiene a los encargados de coordinar las pensiones. Además, cuando la preocupación de la educación es la afectación del FEES que está porvenir, pero también la pandemia, esto ha hecho que se evidencie la falta de equidad en el acceso a la educación a distancia.

El camino por el que se está yendo actualmente, según Beluche, va incrementando la brecha social lo cual no es nuevo, porque desde hace mucho tiempo esto se viene agravando por consecuencia del poder capitalista. A este modelo es inherente ensanchar la brecha social, porque sus objetivos no están enfocados en las necesidades de población, además que se caracteriza por provocar la pobreza material. Esta situación no es nada nuevo, sin embargo, la pandemia ha provocado que la agenda neoliberal profundice estas consecuencias.

Carlos José Cabezas, del Sindicato del PANI. agregó al análisis que el aumento de estas desigualdades es real, por ejemplo, es más del 40% de la población económicamente activa que pertenece al sector informal y no hay políticas que se enfoque en la resolución de este fenómeno.

Además, también está sucediendo que se da la informalidad en la formalidad, esto porque existen trabajadores que están contratados por patronos, pero no se le están respetando sus derechos, lo que genera que el escenario puede llegar a ser catastrófico.” Este problema no solo ocurre en Costa Rica, sino también en América Latina, lo cual se ha dado para seguir favoreciendo a unos pocos y concentrando la riqueza en una minoría”.

La segunda pregunta generadora fue:

¿Cuál área del ámbito tecnológico costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

En primer lugar, hubo un empate (88%) entre las opciones que hablaban sobre la comunicación virtual, redes sociales, conectividad y virtualización de la educación, telemedicina, teletrabajo.

Seguidamente se consideraron los temas de inversión en investigación y desarrollo (25%), luego la opción de ciudades inteligentes, accesibilidad, innovación (13%). Por último, con cero votos quedó la robotización, Big Data y genoma humano.

Mario Rodríguez, del Sindicato de AyA, dijo que en relación con la realidad en la que se está viviendo se tiene un proyecto en ley sobre el teletrabajo, esto porque el tema de la pandemia se prestó para que muchas instituciones públicas consideren la implementación del teletrabajo. Sin embargo, el tema del teletrabajo y de la jurisprudencia laboral no solo beneficia el trabajador, sino, también al patrón, ya que ahora las empresas se ahorran gastos de electricidad, internet, impuestos, entre otros. Por esta razón, el teletrabajo se convierte en otro tipo de trabajo a nivel mundial y esto se evidencia en el cambio de luchas que se darán, ya que ahora se demandará el tiempo de ocio con sus familias, sino va a ser, al contrario, ya que va a haber muchísimo más trabajo y explotación.

Cynthia Crespo Campos, Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE) comentó, que en el caso del Ministerio de Educación Pública existen grandes cambios, los docentes trabajan tres veces más de lo que laboran generalmente en las aulas, y por el mismo salario. Ante el MEP se planteó por parte de la agrupación de sindicatos del Magisterio “Magisterio en Acción” la conectividad gratuita a internet para estudiantes y docentes.

 Crespo, indicó que, además, los empresarios y patrones cuando se aprobó esta ley de teletrabajo pensaron que eran beneficios para ellos, cargándole al trabajador, los gastos de luz, agua, internet, y alquileres, sin aumentar salarios: “El excesivo trabajo hoy del docente, junto con quehaceres del hogar, y las necesidades de salubridad que pide el Estado, hace que la mujer, sea empleada pública o privada, sea objeto un abuso laboral por parte del MEP. Mientras, sin que la opinión pública sepa que no hay docentes nombrados y están despidiendo a docentes interinos, de esta manera, el ambiente se recarga de estrés constante, pues trabajamos hasta 15 horas al día como docentes y en lo demás. Y esto producirá más enfermedades y enfermos que el COVID-19”, manifestó, la representante del SINPAE.

Carlos José Cabezas, mencionó que esta virtualidad nos va a obligar a generar nuevas formas de comunicación, porque la educación de primaria y segundaria no están adaptadas a las nuevas tecnologías. Esto porque se deben definir metodologías apropiadas a la nueva tecnología y capacitar a las personas para sacar un mayor provecho didáctico y pedagógico de la enseñanza-aprendizaje: “El movimiento sindical se está empezando a valorar sobre cómo se utilizarán las redes sociales para protestar, el cual piensa que es algo muy fantasioso ya que no se piensa que mediante estas se pueda dar la suficiente presión que permita modificar las posiciones gubernamentales o empresariales. Se deben aprovechar las redes sociales con fines de propaganda, sin embargo, no es viable generar un verdadero cambio y movimiento mediante estas plataformas”, acotó el sindicalista, quien agregó que indudablemente la implementación de la tecnología va a ensanchar las brechas sociales ya que ahora para disfrutar de los servicios y beneficios de estas se tiene que pagar por lo que mediante la obligación de utilizar este tipo de plataformas se va a ver varios sectores de la población excluidos.

Efraín Cavallini, académico de la EPPS se refirió a que el tema de las redes sociales, tecnología y conectividad es complicado, porque aún en Costa Rica no existe una ley que organice y plantee claramente el tema de gobierno abierto y de las redes sociales. Esto tiene que ver con la comunicación y transparencia: “lo que pasa es que la ley de radio, televisión es obsoleta. El problema con esta situación es que el gobierno no les ha dado la oportunidad a las comunidades, gobiernos locales, fundaciones, asociaciones, ONG e instituciones públicas de explotar más estos servicios, y si no te tiene esta oportunidad, será casi que imposible lograr que todos los sectores de la población lleguen a tener al alcance a medios de servicio público para la enfrentar de la mejor manera la virtualización en beneficio de la educación y el trabajo”.

Carlos José Cabezas, añade que este tipo de ley ha inculcado que las emisoras y empresas de televisión se crean los dueños de estos servicios, porque tienen el mercado acaparado, y cuando se hacen iniciativas que promuevan la creación de espacios de comunicación comunal y cultural los califican de proyectos comunistas para minimizarlos. “Esto es de esperar que se agrave con el tiempo si no se hacen las reformas necesarias en las leyes actuales que tienen que ver con este tipo de servicios”.

La tercera consulta planteada correspondió a:

¿Cuál área de la cultura (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

Nuevamente hay un empate entre las opciones más votadas (90%), las cuales son las áreas que consideran la convivencia entre las personas, autocuidado, espacios públicos y vida familiar/laboral, roles en el hogar. En segunda posición (40%) están las redes de solidaridad comunal y territorial, seguidamente (30%) están la relación con la naturaleza y el medio ambiente y la espiritualidad, comunicación interpersonal y hogar. En penúltima posición (20%) se encuentra el ejercicio físico, ocio y sedentarismo, y en último lugar (10%) se encuentra la educación cívica, ahorro y educación vial.

Con respecto a esta pregunta, se considera que las medidas de salud y autocuidado existen en el papel, pero no en la práctica, por lo menos, en temas laborales en los que él autocuidado se es necesario que todos los trabajadores que todavía no han adoptado estas medidas las adopten lo más antes posible, para promover la salud y la unidad de los trabajadores, en los centros de trabajo. “El uso de espacios públicos para la recreación, por ejemplo, los parques, cuando se llegue a permitir más apertura, estos serán con restricciones muy estrictas a menos que se tenga la vacuna contra el Covid-19.

Según lo obtenido en la consulta y desde la percepción de los representantes sindicales, la vida familiar, va a cambiar, porque se deben empezar a adoptar nuevos hábitos, para poder separar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio. Esta situación viene a explotador más necesidad de terapia y servicios de psicología por la cantidad de estrés laboral que ha estado generando el teletrabajo y los casos de violencia intrafamiliar: “Por estas situaciones el movimiento sindical debe reinventarse y empezar a desarrollar acciones, que logren el cambio de las realidades que están viviendo los costarricenses en tiempos de pandemia” acotó Cabezas.

Carlos José Cabezas, agregó que en el tema de convivencia de las personas el país tiene un gran reto presente que se va a proyectar en el futuro: “ Esta pandemia ha despertado a muchos para darse cuenta de que la xenofobia y el racismo es algo muy presente en la cultura costarricense, aunque muchos pensaban que no, esto no debería de ser así porque la migración nicaragüense aporta muchísimo al sector productivo del país y sería fantasioso pensar que si se eliminan estas migraciones la mayoría de los problemas se resolverán. Esto no solo afecta en términos de ideologías sino también, que gracias a las migraciones en un futuro nuestra cultura será aún más pluricultural. Y esto debería de verse como una ventaja, pero la visión de las personas nacionales es otra y esta debería de cambiar porque las migraciones no se van a detener a menos que los otros países empiecen a realizar reformas para que las personas no tengan la necesidad de migrar. Por esta situación, que requiere que estemos en la casa, se ha empezado a valorar más el tiempo familiar lo cual podría ser una bandera a futuro, para generar motivos de luchas y demandar una regulación en el trabajo y eliminar la explotación laboral que traer consigo el teletrabajo”.

Como última pregunta generadora se expuso:

¿Cuál área de la dimensión institucional costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

La mayoría de las personas coincidieron con la respuesta: “Pensiones, seguros, subsidios” (89%). Seguidamente, se encuentran las opciones: “Innovación de procesos, simplificación de trámites, creatividad” y “Familia (56%), derechos humanos, religión” (56%). Como penúltima (33%) y última opción (22%) se encuentran respectivamente: “planificación de largo plazo, gestión de riesgos, resiliencia” y “Enfoque territorial, descentralización, desconcentración”.

Giovanni Beluche comentó que el tema de pensiones y subsidios está en el presente y va a estar en el futuro. En cuanto a innovación de procesos y facilitación de trámites aparece en el análisis dado las presiones que hace el sector empresarial. Sin embargo, reitera que lo que está sucediendo no es nuevo, ya que todo es producto de una agenda neoliberal que no se venía aplicando a fondo y se aprovechó la pandemia para empezar a profundizarse más. También que para realizar el análisis del futuro debe mirarse de manera retrospectiva, ya que desde el movimiento sindical se tiene que señalar el papel del presidente de la Asamblea Legislativa, que encabezó toda la reforma de la legislación para regular el derecho a la protesta social y a la huelga de parte de la clase trabajadora: “todo lo que estaban haciendo en ese momento, era para preparar las condiciones de reprimir a la población, porque saben que la agenda que se está aplicando con mayor profundidad necesariamente iba generar protesta social. Esto quiere decir que todas estas acciones han profundizado el marco del ensanchamiento de la brecha social y van a seguir en eso, esto sucede justamente cuando el sector sindical está encerrado en las casas y sin muchas posibilidades de protestaren las calles, por ello, se tendría que salir a protestar sin importar las condiciones de la actualidad.

Cabezas, dijo que a la Costa Rica del futuro le hace falta entender que el derecho a la sindicalización es un derecho sagrado y humano de primer nivel. Si esto se llega a entender bien, el país en el futuro se debe llegar a establecer una creciente unión de los trabajadores, sin embargo, la proyección que se está visualizando pareciera buscar la desaparición del sector sindical.

Se mencionó en el foro que será necesario la implementación del Estado Laico en Costa Rica, porque actualmente se están viendo aún más la necesidad de separar la religión de las decisiones que se toman con respecto a los derechos humanos. Se dijo, que las luchas sociales están siendo entre personas religiosas y otras no tan religiosas y no debería de ser así, dado que cuando se habla de derechos humanos deberíamos de ver el mundo como ciudadanos y no como personas pertenecientes a una religión específica.

Edly Halt, explicó que, con respecto a la realidad del país, la situación es bastante complicada, ya que en la mayoría de los temas hay divisiones muy marcadas y nunca se va a llegar al punto en el que la mayoría de la población este de acuerdo con las decisiones tomadas. Además, que las personas involucradas en el sindicalismo normalmente no están involucradas en la toma de decisiones, por lo que es necesario recapacitar la estructura de la población, ya que esta es extremadamente diversa y esta diversidad se debe convertir en un principio del quehacer político y económico del país, sin embargo, la realidad es que se busca tener a la gente dentro de un mismo molde.

Para concluir, se mencionó que, si no se empieza a ver la globalización desde otra perspectiva, no se lograría entender, la razón por la cual, se realizó un esfuerzo extraordinario, para que se cambiara el artículo primero de la constitución política, para incluir que somos un país muy diverso y pluricultural, así como también libre e independiente. Este principio obliga a repensar el Estado costarricense y a empezar a cambiar la orientación de las decisiones tomadas, para que se consideren la diversidad de la población y no se ignore como está pasando actualmente, agregó el sindicalista Edly Halt.

M.Sc Efraín Cavallini Acuña
Académico EPPS-UNA
María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS

Declaración de la Alianza Progresista para luchar contra las consecuencias del Covid-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Los desafíos sin fronteras requieren una solidaridad sin fronteras

La pandemia de Covid-19 se ha convertido en un azote para la humanidad. Cientos de miles ya la han contraído y muchos miles han muerto y morirán de ella. El virus causa un enorme sufrimiento, crea inseguridad individual y colectiva en todo el mundo al amenazar a través de las fronteras y desestabilizar países y regiones enteras.

Las consecuencias fatales de esta pandemia afectan en particular a las personas más vulnerables: los que ya están muriendo de hambre y que no pueden esperar apoyo financiero ni protección médica de sus gobiernos y autoridades públicas, los que sufren guerras y expulsiones. Son las mujeres que están lo más expuestas.

El Covid-19 es un enorme desafío para todos. Tanto el sistema médico y sanitario, como los sistemas económicos, ya están llegando a sus límites de máxima tensión. Se necesitan respuestas progresistas en estos desafíos, hoy y para el futuro.

Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas están a la vanguardia en la lucha contra los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta crisis sin precedentes. Lo que necesitamos a nivel nacional y mundial es más cohesión social y más solidaridad.

En las próximas semanas se sentarán las bases de un nuevo orden mundial. Los progresistas tienen que alzar su voz ahora para poder opinar sobre su configuración. El traspaso del control de los servicios públicos vitales al mercado privado se ha mostrado que es el camino equivocado. Ahora podemos ver claramente que la seguridad social y la atención sanitaria no son costos que se deban recortar, sino que son pilares esenciales del buen funcionamiento de las sociedades que necesitan inversiones sostenibles.

La ignorancia y la arrogancia de los nacionalistas y populistas dividen a las sociedades y nos ponen en peligro a todos. Su camino es equivocado y pone en peligro vidas humanas lo que ahora es más evidente que nunca al carecer de toda referencia ética o humanista y al socavar nuestras democracias.

Ya ha comenzado la lucha sobre quién tendrá que asumir los costos de los paquetes de rescate necesarios. A diferencia de la respuesta a la crisis financiera de 2008, nuestras democracias, sociedades, economías y simplemente el planeta no pueden permitirse otra década de austeridad o de mercados incontrolados.

La solidaridad significa que los fuertes utilizan su fuerza para sostener a los débiles. La respuesta a esta crisis es la solidaridad mundial. Por ello, los partidos y organizaciones de la Alianza Progresista exigimos y promovemos una agenda multilateral y global, inmediata y audaz:

Exigimos que se tomen medidas agudas:

  • Un cese del fuego humanitario mundial, tal como lo exige urgentemente el Secretario General de las Naciones Unidas a fin de crear el espacio necesario para hacer frente a la pandemia de Covid-19, incluso en zonas de guerra y de crisis. También el fin inmediato de los embargos por motivos políticos para permitir el acceso a comida, medicamentos y implementos de salud. Ahora se trata de salvar vidas y mitigar la propagación del virus.
  • La cooperación y la coordinación mundial son el requisito previo para una lucha exitosa contra los efectos causados por Covid-19. Exigimos que todos los gobiernos apliquen sin tardar las recomendaciones de la OMS. Quienes se aíslan y no apoyan a los demás con todas sus posibilidades muestran una falta de solidaridad y son responsables de una gran catástrofe. Es necesario que los políticos, los institutos de investigación y las empresas se apoyen mutuamente a nivel mundial para sostener a esos Estados y a las personas de las zonas vulnerables a través de las fronteras en su búsqueda de soluciones políticas y médicas.
  • Apoyo médico inmediato para los campamentos de refugiados para prevenir la propagación de la enfermedad viral. Los refugiados y las personas desplazadas son los más vulnerables y no deben ser olvidados. Las instituciones internacionales y los Estados deben continuar e incluso aumentar su ayuda y asistencia.

A mediano plazo, llamamos:

  • Que las Naciones Unidas creen un Fondo internacional para apoyar el tratamiento de los pacientes con coronavirus en todo el mundo y hacer frente a las consecuencias a largo plazo. Este Fondo no sólo debe permitir la adopción de medidas agudas, sino también inversiones orientadas al futuro en el interés general. Pedimos que se intensifique la cooperación para el desarrollo, ya que debemos asumir juntos los costos de la pandemia, dado que las repercusiones y los costos de la crisis del coronavirus serán enormes y supondrán una carga excesiva para muchos Estados, que se verán abocados a una grave crisis financiera, económica y social.
  • El G20 deberá trabajar en estrecha colaboración con las Naciones Unidas para coordinar las políticas fiscales y monetarias, así como la reanudación del comercio y los paquetes de ayuda conjunta con el fin de permitir financiar el plan mundial para afrontar los desafíos globales comunes. La política de crisis nacional es necesaria y justificada, no se puede dejar de lado a los países pobres y débiles para hacer frente a esta situación. Se exige a los países del G20 y a otras economías fuertes que den un paso adelante.
  • Proponemos que se genere una coordinación para prevenir el riesgo de una nueva crisis de la deuda y para combatir eficazmente la evasión fiscal. Esta coordinación debería crear un nuevo espacio y capacidad. Las estrategias selectivas de alivio de la deuda y los procedimientos ordenados de insolvencia de los Estados podrían aliviar en cierta medida la presión de la burbuja de la deuda.
  • Considerar la inversión en servicios de salud y atención médica como una inversión esencial de interés general. La crisis de Covid-19 no es una crisis social menor. Los sistemas de salud a nivel nacional y mundial están llegando a su límite de tensión o ya lo han superado. Si fuera necesario una prueba, la pandemia muestra claramente que el mantra neoliberal de maximizar los beneficios a expensas de los servicios sanitarios, sociales y públicos ha debilitado la capacidad de respuesta de los Estados y ha dejado a la gente sin acceso a la atención médica.
  • Acordar a corto plazo el control de los precios de los bienes médicos importantes; la cooperación internacional en la investigación de vacunas y los ensayos clínicos; el desmantelamiento de la protección de patentes; la ayuda a los países más afectados para estabilizar sus sistemas de salud y el aseguramiento de las cadenas de suministro de los bienes médicos.
  • Revisar las reformas neoliberales de los bienes y servicios comunes que han fracasado. Necesitamos pisos de protección social en todos los países como lo solicita la OIT. Proponemos en este marco el desarrollo de los sistemas de salud pública locales así como una inversión social sostenible.
  • A los gobiernos de los estados nacionales a que aumenten significativamente los respectivos salarios mínimos y de subsistencia en el sector de la salud, la atención y los servicios. La presión de los costes en las últimas décadas ha conducido al resultado que los trabajadores y trabajadoras, que aseguran nuestra atención y servicios sanitarios hoy en día, están al final de la escala de sueldos y salarios y además no están adecuadamente protegidos contra el virus que ellos y ellas combaten hoy en día.
  • Por un acuerdo internacional sobre programas de inversión sostenible en infraestructuras sociales. A diferencia de lo que ocurrió después de la crisis financiera de 2008, es importante que la nueva liquidez en los mercados de capital fluya hacia inversiones sostenibles reales y socialmente significativas, por ejemplo, infraestructuras sociales, paquetes de acuerdos verdes y similar con el interés general y alrededor de la agenda 2030 visando la transición socio-ecológica.
  • Por un multilateralismo renovado en el que los progresistas estén a la cabeza de las políticas alternativas y la promoción del interés público. Pedimos que se fortalezca el multilateralismo y se otorgue a las instituciones internacionales más poder de decisión. Los fundamentos legales y financieros deben ahora ser ampliados. Este virus no reconoce fronteras. Mientras que la lista de desafíos que sólo podemos abordar de manera global y colectiva es cada vez más larga, el multilateralismo está en declive. Muchas instituciones internacionales, como las Naciones Unidas y la OMC, carecen de fondos suficientes y están en crisis hoy en día, incapaces de cumplir sus funciones previstas para la gobernanza mundial.

En tiempos de crisis más que nunca se necesita una buena gobernanza legitimada democráticamente

El avance en gran medida incontrolado de esta pandemia sin precedentes es utilizado actualmente por regímenes autoritarios y antidemocráticos para reducir aún más el espacio democrático y cívico, los derechos fundamentales y las instituciones democráticas. Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas deben coordinarse en las instituciones regionales e internacionales para garantizar que esos intentos no queden sin consecuencias. Es necesario apoyar a la sociedad civil progresista y democrática.

  • Nos comprometemos a defender el estado de derecho democrático, los derechos fundamentales individuales y colectivos y las libertades civiles;
  • Promovemos el fortalecimiento de la solidaridad a nivel nacional y mundial;
  • Defendemos y promovemos la transparencia y la participación democrática en el buen gobierno;
  • Nos oponemos a cualquier intento de estigmatización de refugiados o minorías;

La lucha contra los efectos de la crisis del Covid-19 requiere un control y una gobernanza democrática a través de los parlamentos, incluido el uso de nuevas formas de comunicación a fin de asegurar un espacio de debate político sobre las opciones de políticas, programas y proyectos.

El virus no conoce fronteras. ¡La respuesta al virus tampoco conoce fronteras!

Como socialdemócratas, socialistas y progresistas nos comprometemos a mejorar la coordinación, adoptar enfoques comunes y establecer un nuevo paradigma progresista a través de nuestra red mundial: Alianza Progresista

Reafirmamos el compromiso de defensa de la institución y de las y los habitantes

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Las y los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) que suscribimos el presente pronunciamiento, reiteramos que nos debemos a las y los habitantes. Nos mantenemos en la lucha constante por promover la buena prestación de los servicios públicos, el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

Los recientes acontecimientos, en el marco de la gestión de la actual Defensora de los Habitantes, socavan la institucionalidad, la integridad, la mística y el espíritu de servicio que nos ha caracterizado durante más de 25 años, lo que impacta en el cabal desempeño de las funciones propias de la Institución. Algunos de los hechos ocurridos en las últimas semanas, quedan plasmados en las actas de la Asamblea Legislativa y en las declaraciones brindadas por la señora Defensora, que evidencian un estilo de gestión distante de los conceptos y principios contenidos en el Manual Interno de Macroprocesos.

Como personal técnico y administrativo de la Institución, nos sentimos en la obligación de expresarnos frente al debilitamiento de la imagen y credibilidad de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH). El espíritu esencial del Ombudsman radica en la figura de la magistratura de influencia como herramienta para la protección y defensa de los derechos e intereses de todas las personas y de la cual carece la actual titular.

Observamos con preocupación que no existe dirección estratégica desde el Despacho de la Defensora para restaurar el rumbo de la Institución; lo cual, además de debilitar la mencionada magistratura de influencia, genera desconfianza y falta de credibilidad de la población en la Defensoría de los Habitantes.

Por lo tanto, quienes formamos parte de la Institución y conocemos su realidad cotidiana, consideramos que su permanencia torna muy difícil encauzar la gestión con la confianza y credibilidad que se requiere.

Las y los funcionarios de esta Defensoría, seguiremos redoblando esfuerzos en nuestro compromiso diario y objetivo por la defensa y la promoción de los derechos de todas las personas.

Defensoría de los Habitantes de la República, San José, 29 de junio de 2020

SUSCRIBEN EL PRONUNCIAMIENTO “POR LA DEFENSORÍA 2906”

Alejandra Gamboa Arias
Marvin Alpízar Blanco
Alejandra Vega Hidalgo
Inti Ardón Morera
Alexander Chacón Valverde
Jean Paul San Lee
Ana Beatriz Segura Flores
Johanna Porras Alfaro
Ana Laura López Pérez
José Fulvio Sandoval Vásquez
Andrea Hidalgo Saborío
Juan Carlos Pereira Jiménez
Carlos León Ureña
Juan José Arroyo Sánchez
Carlos Valerio Monge
Kristel Campos Chacón
Carolina Ramírez Ramírez
Laura Garita Barquero
Eloisa Muñoz León
Marvin Fernández Ramírez
Federico Monge Aguilar
Mauricio Medrano Goebel
Franklin Ríos Vindas
Milagro Mora Guzmán
Francisco Vega Badilla
Nathalie Araya Jácome
Gabriela Bolaños Sanabria
Nazareth Correa Rodríguez
Gabriela Mora Montenegro
Olga Espinoza Villalobos
Gustavo Matarrita Patiño
Patricia Montero Villalobos
Heidy Oviedo Quesada
Paula Mora Umaña
Ingrid Berrocal Paniagua
Rodolfo Calderón Zamora
Laura Odio Salas
Rossy Zúñiga Villegas
Ligia Rivera Picado
Shelley Flores Zúñiga
Lorena Montero Badilla
Susana Calvo Sánchez
Luis Richmond Solís
Virginia Marín Arias
María Fernanda Álvarez Navarro
Vivian Medina Jiménez
Mariana Arand Ureña
Wendy Durán Mora
Mariela Matarrita Villalobos
Yolanda Chamberlain Gallegos
Marjorie Herrera Castro
Yorleny María Salas Murillo
Martha Gamboa García
Zaida Quesada Barrantes

La UCR no aplicará aumento salarial en el 2020 y trasladará esos recursos al sistema de becas estudiantiles

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Esta medida es producto de las acciones dirigidas a mitigar el impacto económico en áreas sensibles de las finanzas de la institución

La Universidad de Costa Rica continúa elaborando y aplicando estrategias para paliar el impacto económico derivado de la pandemia por el COVID-19. Foto Laura Rodríguez.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió este martes 30 de junio la resolución R-171-2020 en la que anuncia que no se otorgará el ajuste salarial por incremento del costo de vida a las funcionarias y funcionarios de la institución.

Asimismo, dictaminó que los recursos destinados para dicho concepto ahora serán inyectados al sistema de becas de atención socioeconómica y así fortalecer ese apartado dentro de las finanzas de la Universidad.

En la Sede Rodrigo Facio un total de 23 295 estudiantes reciben alguna de las cinco categorías en que se divide el sistema de becas de la UCR, o sea, un 53,8 % de su población estudiantil en el primer semestre del 2019, y de esa cifra el 80 % (19 000 estudiantes) reciben una beca 4 o 5. En las sedes regionales, más del 80 % de los estudiantes tienen beca.

La decisión emitida por la Rectoría responde a las decisiones que han tenido que tomar las autoridades universitarias para garantizar la subsistencia económica de la UCR, en medio del impacto negativo que tiene sobre las finanzas de las instituciones estatales la pandemia por el COVID-19.

Dentro de los considerandos que apuntó la Rectoría para tomar esta decisión se citan que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) definió que la inflación acumulada para el mes de mayo del 2020 es negativa (-0,22 %) y que los pronósticos de ese mismo indicador se mantendrán a la baja; inclusive, el BCCR vaticina que los próximos dos años la inflación se ubicará por debajo de la meta trazada por su Junta Directiva.

Sin embargo, si el BCCR determina que al concluir el 2020 se da un porcentaje de inflación acumulada positivo, la UCR reconocerá ese monto como un aumento salarial debido al costo de vida para el 2021.

Finalmente, esta resolución firmada por el rector Dr. Carlos Araya Leandro, declara que esta administración considera fundamental que la UCR disponga de los recursos económicos necesarios para garantizar la atención de la población más vulnerable de la comunidad universitaria.

 

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/