Desde hace muchos años, Edgardo Moreno y Elías Barquero, junto a otros especialistas de la UNA, trabajan en el abordaje de la brucelosis.
Edgardo Moreno, profesor emérito y Elías Barquero académico de la Escuela de Medicina Veterinaria (EMV) de la Universidad Nacional (UNA), publicaron recientemente una investigación sobre el papel de los neutrófilos (un tipo de célula inmune) en la brucelosis. En esta publicación se logró evidenciar cómo esta bacteria es capaz de pasar desapercibida del sistema inmunológico y de replicarse dentro de las células del organismo para inducir en estese y infecciones de larga duración (infecciones crónicas).
En la investigación, los investigadores propusieron, además, un modelo en el que los neutrófilos infectados por Brucella, funcionan como vehículos para la dispersión bacteriana y que, a su vez, estas células funcionan como moduladores de la respuesta inmunológica de esta infección.
Barquero explicó que los neutrófilos son unas de las principales células del sistema inmune relacionadas con el ataque a las bacterias. “Normalmente cuando los neutrófilos detectan las bacterias, estas células se activan intensamente para eliminarlas; no obstante, las brucelas inducen una activación muy débil de los neutrófilos y por lo tanto logran sobrevivir dentro de estas células”, comentó el científico.
Agregó que una vez que los neutrófilos fagocitan (atraer partículas de una célula para destruirla) a las brucelas, los neutrófilos infectados mueren por un mecanismo poco inflamatorio. Los neutrófilos infectados y en proceso de muerte son fagocitados por otras células que se llaman macrófagos, los cuales se infectan de forma indirecta con las brucelas que tenían estos neutrófilos infectados. Finalmente, las brucelas se multiplican de forma abundante en los macrófagos infectados.
Caballo de Troya
Este mecanismo favorece el desarrollo de la infección en el organismo y causa que esta se vuelva crónica. “A este proceso de infección le denominamos “Caballo de Troya” debido a que los neutrófilos funcionan como vectores para que las brucelas puedan infectar finalmente a los macrófagos, que es la célula blanca que permite a las brucelas multiplicarse de forma abundante y causen enfermedad. Además de la función de los neutrófilos como vehículos para las brucelas, se ha visto que los neutrófilos disminuyen la capacidad inmunológica del organismo contra esta bacteria”, detalló Barquero.
Aseveró que por mecanismos que aún no se conocen bien, los neutrófilos disminuyen la capacidad de activación de otras células importantes en el control de infecciones, lo cual genera un atraso en la respuesta inmunológica necesaria para controlar la infección. Dicho atraso genera una “ventana de tiempo” para que la bacteria se disperse a distintos tejidos del organismo. “Pareciera que este este retraso en la respuesta inmunológica es un requisito para el desarrollo de una brucelosis duradera. Esta propiedad podría ser compartida también con otras bacterias patógenas que producen enfermedades de tipo crónico”, expresó Barquero.
Prestigiosa revista
Jorge Herrera, vicerrector de Investigación de la UNA, se mostró muy complacido por la investigación de Moreno y Barquero, la cual recientemente fue aceptada para ser publicada en la revista científica de la Sociedad Estadounidense de Microbiología: Microbiology and Molecular Biology Reviews (MMBR, por sus siglas en inglés), la cual cuenta con un factor de impacto de 14.625 y a la vez explora la importancia y las interrelaciones de los últimos descubrimientos que construyen la comprensión de las bacterias, virus, parásitos, hongos y otros eucariotas superiores.
Los artículos de revisión permiten que tanto los no especialistas como los especialistas comprendan el estado de la ciencia y apliquen los últimos hallazgos para avanzar en su propia investigación.
Para los investigadores, este estudio es un acúmulo de publicaciones y datos generados durante muchos años de trabajo en una misma línea de investigación. “Constituye, además, el producto de tesis de graduación con participación estudiantil y de colaboraciones científicas, tanto en Costa Rica como con investigadores internacionales”, comentó Barquero.
La brucelosis y la salud pública
La brucelosis es una enfermedad contagiosa del ganado que tiene importantes consecuencias económicas. La causan diversas bacterias de la familia Brucela, cada una de las cuales tiende a infectar a una especie animal específica. La enfermedad en los animales se caracteriza por la existencia de abortos o falta de reproducción. En las personas, la brucelosis es extremadamente infecciosa y suele manifestarse con fiebre intermitente o irregular, cefalea, debilidad, sudor abundante, escalofríos, pérdida de peso y dolor general. También puede producirse la infección de órganos como el hígado o el bazo.
Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
****Mayor información con: Dr. Elías Barquero. EMV-UNA (8388-3233) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (8674-8535).
Convocatoria para el Fondo de Incentivos FUNDAVAS está abierta hasta el 30 de octubre
El Fondo de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Acción Social en el contexto de la COVID-19 es una iniciativa para la puesta en marcha de proyectos financiados con un fondo proveniente del presupuesto de la Fundación de la Universidad de Costa Rica. El objetivo principal de este fondo es el abordaje de los impactos provocados por la emergencia sanitaria COVID-19 en los ámbitos social, económico, educativo, cultural, entre otros.
“Los fondos concursables de la Fundación, a los que hemos denominado FUNDAVAS surgen de una decisión histórica importante de la Junta Directiva de la Fundación UCR que decide utilizar unos fondos que no se lograron ocupar debido a la pandemia para el beneficio de las comunidades y de los proyectos de investigación, de docencia y de Acción Social en general”, comentó Sandra Araya Umaña, Vicerrectora de Acción Social.
Debido al contexto actual, los proyectos por ejecutarse deberán implementar procesos de virtualización y se le dará prioridad a aquellas propuestas orientadas al abordaje integral de ejes temáticos como:
Prevención de la violencia contra las mujeres, la población infantil y las personas jóvenes, personas con discapacidad y población adulta mayor.
Derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas por etnia, condición migratoria (particularmente en zonas geográficas fronterizas y costeras) y pobreza (situación de calle, cuarterías, entre otros).
Fortalecimiento de las capacidades socioproductivas de las microempresas.
Educación para la innovación en las formas de producción sostenible (seguridad alimentaria, agroecología y economía social solidaria).
Salud mental comunitaria a través del fortalecimiento de vínculos colectivos.
Gestión cultural como factor para el desarrollo económico y social.
Brecha digital frente a la exclusión en el sistema educativo.
Gestión del riesgo con énfasis en comunidades vulnerabilizadas.
Los proyectos podrán participar en dos modalidades: como proyectos nuevos que ya posean un diagnóstico documentado sobre la problemática que abordarán o como redes de acción social que articulen proyectos en torno a una zona, un tema o una población para un abordaje integral y estratégico.
La convocatoria se habilitará del 25 de septiembre al 30 de octubre y su fin primordial es el abordaje de los distintos impactos provocados por la emergencia sanitaria COVID-19.
La modalidad de redes se orienta a la promoción del trabajo colaborativo entre proyectos vigentes de acción social. Sus objetivos principales se centran en construir una comunidad de aprendizaje entre proyectos de distintas unidades académicas para la reflexión de las prácticas desarrolladas y el intercambio de experiencias, generar productos o resultados concretos que aporten al mejoramiento de la vida de las personas y articular capacidades, experiencias y recursos para impactar de manera más efectiva en un territorio que presente bajos índices de desarrollo o problemáticas sociales prioritarias de atender.
Las redes deberán ser propuestas por al menos, dos proyectos de acción social, se debe especificar la unidad base desde la que se coordina la red, justificar detalladamente la pertinencia de la red propuesta a partir de las necesidades identificadas en los proyectos involucrados, detallar la metodología que se aplicará, orientar los objetivos y las metas a la organización de la red e incorporar un objetivo de sistematización del proceso.
Los proyectos, en cualquiera de las dos modalidades, contarán con un presupuesto máximo de ocho millones de colones. Para los proyectos nuevos de Trabajo Comunal Universitario, el financiamiento del primer año se realizaría por medio de los fondos de FUNDAVAS y para los años posteriores, deberán solicitar recursos de los fondos ordinarios de la Vicerrectoría de Acción Social.
Fechas importantes
Del 25 de septiembre al 30 de octubre del 2020, se deben remitir las propuestas a la dirección de correo electrónico vas@ucr.ac.cr . Para la presentación de la propuesta las personas coordinadoras deberán presentar un oficio de la dirección de la unidad académica, en el cual se confirma la participación del proyecto, copia del acta de la comisión de acción social o del consejo científico correspondiente, con su respectivo aval, propuesta en el Sistema Institucional Plan Presupuesto (SIPPRES), cuyo estado sea “aprobado”, documentación adicional según lo indicado en el apartado de requisitos y la formulación presupuestaria según la plantilla de desglose del presupuesto.
Del 2 al 18 de noviembre del 2020, se evalúan las propuestas presentadas. Las Comisiones de Acción Social y los Consejos Científicos evalúan las propuestas según el siguiente instrumento antes de la presentación a la VAS para la continuidad del proceso.
El 20 de noviembre 2020 se comunicarán los resultados.
Del 30 de noviembre al 15 de diciembre 2020, se inscriben los proyectos ganadores en la Vicerrectoría.
“Hago un llamado a la comunidad académica para que aprovechemos esta oportunidad derivada de una decisión de la Junta Administradora, en aras de maximizar las finanzas y el presupuesto para colocarlo al servicio de la comunidad nacional. Ahora lo que necesitamos es esa creatividad, esa criticidad y, por supuesto, el compromiso que ya tenemos de la comunidad universitaria para la presentación de las propuestas”, indicó Araya.
El Centro Centroamericano de Población de la UCR y el Conapam unen esfuerzos para dimensionar la situación actual de una población que crece aceleradamente
Para el 2050, un cuarto de la población costarricense tendrá 65 años y más. Por ello, el Centro Centroamericano de Población de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, el Conapam y el PIAM profundizan en los principales desafíos que enfrenta este sector de la población, con el fin de que las instituciones públicas y privadas tomen las decisiones adecuadas para mejorar su calidad de vida. Foto: Anel Kenjekeeva.
La población mundial está envejeciendo a un ritmo muy acelerado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que para el 2050, el 22% de la población serán adultos mayores y además, el número de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones.
Costa Rica no es la excepción a este fenómeno, pues en 30 años el país tendrá alrededor de 1 262 000 personas mayores de 65 años, prácticamente tres veces más de las que se registraron en el 2019.
Así lo establece el II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica realizado por el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Programa Integral para la Atención de la Persona Adulta Mayor (PIAM-UCR).
En este informe se dimensionan las necesidades y condiciones de las personas adultas mayores en la actualidad, a la vez que, concreta en un solo documento los datos que permitirán abordar el tema de manera holística.
“Con este informe se brinda información actualizada a instituciones públicas y privadas, con el fin de fortalecer la toma decisiones en sus estrategias ante la necesidad de atención de las personas adultas mayores. Además, de potenciar en todo momento la complementariedad de las modalidades de atención y requerimientos de este grupo de la población”, señaló Teresita Aguilar, presidenta de la Junta Rectora del Conapam.
Uno de los factores expuestos en el informe, es el de la densidad demográfica.
Al ser la región Central la que presenta mayor densidad poblacional en el país, consecuentemente, también es en la que habita la mayor cantidad de adultos mayores, un 9,2 % exactamente, que equivale a 288 000 personas. Dicho porcentaje aumentará para el 2050, año en el que esta población representará un 23 % de la región.
Sin embargo, la península de Nicoya es la zona donde hay más personas con edades muy avanzadas, pero son los cantones de Belén y Escazú, los más envejecidos según la razón de envejecimiento (la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15 años).
Por otro lado, son las regiones Pacifico Central y la Brunca las que tienen un envejecimiento más acelerado y las regiones Norte y Caribe las que poseen un ritmo más lento.
Estabilidad económica
Según el criterio de pobreza multidimensional, un 18 % de los hogares con adultos mayores son pobres. La incidencia de pobreza y vulnerabilidad aumenta cuando en un hogar hay menores de edad quienes dependen del ingreso de la persona mayor, situación conocida como hogar multigeneracional.
Asimismo, un 13 % de las personas jubiladas siguen laborando. Según Gilbert Brenes, director del CCP, uno de los factores para que los pensionados tomen esa decisión, es que requieran de un mayor ingreso y más beneficios de la seguridad social.
“Por otro lado, están las personas que se encuentran en perfectas condiciones de salud y que consideran que pueden seguir trabajando. Entre ese porcentaje de personas ocupadas, el 59 % son trabajadores independientes, el 26 % lo hace desde su casa y el 13 % labora en actividades agrícolas”, comentó.
Cabe recalcar que, en comparación con el primer informe publicado en el 2008, hay cada vez más personas mayores con la segundaria completa, que son separadas, divorciadas o están viviendo en unión libre.
“Existe mayor prevalencia de discapacidad entre las mujeres mayores, siendo las enfermedades crónicas lo que más se padecen y las psiquiátricas las que menos, pero son estas las que están asociadas a una mayor discapacidad y peor estado de salud. Esta situación representa un gran reto para el sistema de salud costarricense, pues se debe hacer el esfuerzo de ampliar los servicios psiquiátricos que atienden a esta población”, señaló Gilbert Brenes, director del CCP-UCR.
Convivencia y acompañamiento
De acuerdo con lo recapitulado en el informe, San José cuenta con un total de 46 centros de atención para adultos mayores. No obstante, se indica que la cantidad de este tipo de instituciones sigue siendo escasa frente a la demanda y el crecimiento poblacional. En el país hay un total de 135 de hogares, centros diurnos y fundaciones dirigidas a las personas de 65 años y más.
Por otro lado, han habido avances en cuanto a la atención que se brinda en estos espacios, pues pasó de una atención estrictamente asistencial a un enfoque mucho más integral que involucra lo social, lo emocional y lo cultural, y que también enfatizan en la promoción de la salud. Estas características son albergadas por el concepto de “cuido” y bajo este abordaje es que las “Red de Cuido” se han ido desarrollando y esparciendo por todo el país. De manera que, se ha atendido a 15 mil personas en 52 redes en funcionamiento, según datos del 2020.
“El desarrollo de estas organizaciones surge en un contexto de reconocimiento e institucionalización de los derechos de las personas adultas mayores”, comentó Marisol Rapso Brenes, trabajadora social e investigadora de este proyecto.
Si bien es cierto, la mayoría de las personas adultas mayores vive en hogares familiares, muchas de ellas lo hacen en condiciones de vulnerabilidad. Por esta razón, el Conapam hace un llamado a la promoción de las organizaciones de bienestar social.
“Estas son sostenibles si existe una integración entre las instituciones públicas y las iniciativas privadas, que muchas veces surgen de las comunidades o sea un trabajo en conjunto para fortalecer la cantidad y calidad de servicio”, señaló.
Discrimincación y violencia
Lastimosamente, el II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores señala que los abusos y la discriminación hacia este sector de la población persiste. De manera que, un 43 % de los costarricenses de 65 años y más reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia.
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis 2018), entre el 2014 y el 2018, la manifestación de abuso más frecuente fue el abandono y la negligencia, seguido del abuso institucional, que se caracteriza por ser la negación de seguridad social y servicios de salud.
En la Enadis se tomaron en cuenta los registros administrativos sobre consultas y denuncias en las distintas instancias y fue en ese análisis en el que se evidenciaron las agresiones psicológicas, físicas, hurtos, agresiones con arma.
Además, el 10 % de las personas encuestadas perciben algún tipo de discriminacion, sobre todo en espacios como el hogar, el barrio, el transporte público y los centros de salud.
Por su parte, el informe del CCP y el Conapam muestra las percepciones de los distintos grupos de edad relacionados a la vejez. En general, esta etapa se asocia con aspectos negativos como la pérdida del respeto, el deterioro de la salud, aislamiento social, la dependencia y la depresión.
“Es importante señalar que sin la academia involucrada de lleno en estos esfuerzos nos quedamos con rezagos importantes que hay que atender. Ya que, si no tenemos la información se complica tomar decisiones, pero este informe nos permite hacerlo con mayor precisión porque nos permite ubicarnos donde están los verdaderos desafíos”.
Marvin Rodriguez, vicepresidente de la República.
Específicamente, las mujeres tienen una perspectiva más temerosa, pues ellas el envejecimiento lo relacionan con el miedo a lo desconocido y con pérdidas de la salud o la belleza.
En cambio los hombres, si integran aspectos positivos, aunque siempre vinculados con un estereotipo como en la madurez, el conocimiento y la experiencia que aportan los años. No obstante, ambos grupos identifican la violencia como un elemento siempre presente. El abandono es el tipo de violencia más mencionado.
De igual forma, las personas adultas mayores se autoperciben como “nada respetadas” (68 %), muy integradas en espacios familiares (56 %), pero indican poca integración en espacios de decisión (73 %), según el estudio del 2016 del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) citado en el informe.
De acuerdo con Teresita Aguilar, presidenta de la Junta Rectora del Conapam, uno de los objetivos de este informe es evidenciar la obligación de todos los costarricenses para brindar a las personas de 65 años y más, un país en donde se viva con dignidad y se respeten los Derechos Humanos. Foto: Anel Kenjekeeva.
Es por estas razones, que el Conapam, el CCP y el PIAM establecen la educación para el envejecimiento como un pilar para el cambio de perspectiva sobre la vejez, en la construcción de relaciones intergeneracionales, respetuosas y en la promoción de estilos de vida saludable, que tendrá como consecuencia una vejez activa y segura.
“Mucho de lo que nos revela este informe nos obliga a dar un mayor esfuerzo para todas las personas que creemos que los derechos de las personas adultas mayores deben ser respetados al igual que los derechos de todas las demás personas sin ninguna distinción”, comentó Marvin Rodriguez, vicepresidente de la República.
Rodríguez asistió a la presentación del II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica el pasado 1 de octubre, en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor.
Este documento deja claro que existen diferencias sociales, económicas y culturales en la población adulta mayor en Costa Rica y las características de algunos de los sugrupos es de vulnerabilidad y pobreza, lo que requiere atención del Estado y la sociedad en general, de acuerdo con Karen Masis, investigadora de la UCR.
Sin embargo, también se evidencia que hay cada vez más personas adultas mayores conscientes de sus derechos y que buscan activamente protegerlos y demandarlos.
Valeria García Bravo Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
El hallazgo permite incentivar una mejor clasificación de los pacientes para reducir las probabilidades de recaída
El IKZF1 está alojado en una proteína llamada Ikaros. El Ikaros es un factor de transcripción en el linfocito B y, si no tiene ninguna alteración, hace que ese linfocito avance, prolifere y madure en la línea correcta.
“Exigente, constante, proactiva y gran ser humano”, así es como Carlos Santamaría Quesada, jefe del Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Hospital Nacional de Niños (HNN), describe a la Dra. Melissa Granados Zamora, científica de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Las palabras del Dr. Santamaría no son para menos. Como tutor de maestría de la Dra. Granados, él sabe de primera mano que ella, con el apoyo de otras seis investigadoras del HNN, identificó en Costa Rica la existencia de una alteración genética que aumenta las probabilidades de que los niños y las niñas (dados de alta por leucemia linfocítica aguda B) en un futuro recaigan por la enfermedad.
El aporte de la joven científica no pasó desapercibido y hoy el HNN utiliza su hallazgo para apoyar en la clasificación de los menores que inician una dura batalla contra el cáncer. ¿El propósito? Hacer todo lo posible para evitar que el padecimiento regrese.
“Los pacientes con la alteración tenían un pronóstico muy malo en comparación con los pacientes que no la poseían. Bajo los esquemas actuales de quimioterapia que tenemos en el Hospital Nacional de Niños, que son muy buenos, teníamos que ofrecerles a esos pacientes otra alternativa terapéutica diferente para intentar aminorar ese factor pronóstico negativo y ese fue el principal logro del trabajo con Melissa”, destacó el Dr. Santamaría.
La excelencia de la investigación, producto de 42 meses de trabajo continuo, hace que el aporte de la Dra. Granados y sus colegas esté finalmente plasmado en la prestigiosa revista Journal of Pediatric Hematology Oncology, reconocida en el mundo por abordar temas relacionados con la oncología médica pediátrica.
“Para mí este logro significa poder devolverle a la población costarricense. Desde mi formación en la UCR, y la entrega que observo en los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), siento que como investigadora en el área de salud es un privilegio poder aportar, de alguna manera, a mejor la atención de los pacientes”, manifestó la Dra. Granados.
La Asociación Americana de Cáncer indica que cerca de la mitad de los pacientes sufren una recaída. En el caso de los niños, la cifra es casi de un 20 %. Foto con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Pero, ¿cuál es este gen y su alteración?
El gen identificado en Costa Rica, y en el cual se encuentra la alteración, se llama IKZF1. Este gen se descubrió en el 2009 bajo el liderazgo del científico Charles G. Mullighan, y fue divulgado por primera vez en la respetada revista The New England Journal of Medicine.
Mullighan y sus otros 28 colegas encontraron que la alteración genética del IKZF1 se asociaba a la producción de células B “muy pobres”; es decir, defectuosas.
Recordemos que cualquier tipo de cáncer se suele generar por la proliferación de células anormales. En el caso de la leucemia linfocítica aguda hay dos tipos distintos. Una es, justamente, producto de la alteración de células B.
Las células B sanas son las encargadas de combatir las infecciones de cualquier agente patógeno pero, si las células madre que las producen tienen defectos, pueden convertirse en células cancerígenas.
“Los pacientes con este tipo de leucemia tienen células que no maduran adecuadamente. Las células, en vez de evolucionar hacia linfocitos B normales, tienen marcadores de otras líneas que no deberían de tener. Al final, el linfocito B no es normal sino uno aberrante. Justo por eso a este cáncer, en específico, se le denomina leucemia linfocítica aguda del tipo B (LLA-B)”, amplió la especialista.
Ahora bien, la pregunta que inquietaba a la científica costarricense era la posibilidad de que dicha alteración genética estuviera en el país y, si estaba, qué tanto influía a que los menores costarricenses diagnosticados con LLA-B recayeran por la enfermedad.
Así, del 2011 al 2018 se inició un estudio en el cual se le dio seguimiento a 155 pacientes válidos en el Hospital Nacional de Niños tratados con un protocolo modificado llamado Berlin-Frankfurt-Münster (BFM).
El estudio usó dos metodologías moleculares para el análisis: una Multiplex PCR desarrollada por la Dra. Granados y otra comercial conocida como MLPA. Dichas pruebas dieron paso para obtener la respuesta final que tanto se buscaba: la alteración sí está presente en el país y, en efecto, aumenta las posibilidades de que los pacientes recaigan.
“La investigación nace a raíz de la problemática que estábamos enfrentando con nuestros pacientes pediátricos diagnosticados con leucemia linfocítica aguda B, cuyo porcentaje de recaída era alto. A nivel internacional, esas recaídas empezaron a disminuir y los niños comenzaron a tener una mejor sobrevivida gracias al hallazgo de nuevas alteraciones genéticas. Por eso decidimos tomar esa alteración ya reportada y ver si se reflejaba en nuestra población”, comentó la Dra. Granados.
Toda persona sana genera células madres y una es de la línea linfoide. La célula madre da vida a un linfoblasto. Este luego dará origen a tres diferentes linfocitos, entre ellos el B. Con la ayuda del Ikaros esa línea madura pero, si el Ikaros está alterado, la maduración del linfocito B es anormal y un cáncer se está desarrollando. Imagen del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos.
Ayudar a los más pequeños
Conocer la existencia de la anomalía permite que el IKZF1 sea usado como un factor pronóstico de posible recaída. En otras palabras, si un médico observa que su paciente presenta la alteración, puede clasificarlo de mejor manera y efectuar abordajes terapéuticos más agresivos.
“A los pacientes con LLA se les clasifica en riesgo bajo, estándar o alto y esto define qué tipo de tratamiento va a llevar. En ocasiones habían pacientes que se les clasificaba con riesgo bajo, respondían muy bien al tratamiento asignado, pero luego recaían. Cuando un paciente recae el panorama se les complica. En niños con esta mutación se ha visto que, a quienes se les aplicó un tratamiento más fuerte, las probabilidades de recaer bajaban de manera considerable”, ahondó la Dra. Granados.
Otros expertos internacionales también respaldan el retador panorama que enfrenta un niño recurrente por LLA. Uno de ellos es el especialista mexicano, el Dr. José Carlos Jaime Pérez, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su artículo publicado en la Revista «Hematología”, él explica que la “probabilidad de curación en niños con recaída de leucemia linfoblástica aguda es alrededor del 25 %”.
Según la Dra. Granados, parte de las razones es porque los pequeños traen más alteraciones genéticas y tienen la médula ósea más afectada, por lo que no suelen ser candidatos para trasplante. Solo algunos pocos logran salir adelante y por eso es importante evitar, del todo, que recaigan.
La científica estudió si los pacientes mostraban lesiones del gen intragénicas (pérdida de solo un fragmento) o extragénicas (pérdida de todo el gen). El 50 % tenía la pérdida completa del gen.
Verdadero triunfo
La contribución de esta joven científica actualmente es utilizada por el sistema de seguridad social costarricense. De acuerdo con el Dr. Carlos Santamaría, gracias a esta investigación el HNN aplica de manera formal la prueba molecular para mejorar el factor pronóstico.
“El impacto en los pacientes es evidente. Ya sabemos que cuando viene un paciente cuyas condiciones clínicas es una leucemia estándar, que será tratado con quimioterapia estándar y sale este marcador, uno le dice al médico: esto puede ir mal; el niño puede necesitar una quimioterapia más intensiva”, indicó el Dr. Santamaría.
Si bien el HNN tiene cinco u ocho años de aplicar la MLPA para otras patologías, para tumores hematológicos es muy reciente y se incursiona, justamente, con el trabajo de Melissa. Desde el 2019, ya la prueba es parte de la rutina de diagnóstico del IKZF1 en los pacientes, adicional a los otros 5 marcadores que actualmente lleva a cabo el Hospital.
Pero no solo los más pequeños se han beneficiado, sino también pacientes adultos. “A nivel internacional la recaída en adultos está reportado en un porcentaje mucho mayor. Los hematólogos, al enterarse de la disponibilidad del examen, empezaron también a solicitarla”, dijo la Dra. Granados.
Además, los logros se extendieron más allá e incluso proporcionó evidencia relevante sobre un método de detección más barato y con una sensibilidad casi igual a la utilizada a nivel internacional para detectar los resultados de la PCR multiplex para diagnosticar la presencia del gen.
En la fotografía se encuentran la Dra. Karla Chaves, la Dra. Estela Morera, la Dra. Kathia Valverde y el Dr. Carlos Santamaría, todos investigadores del Hospital Nacional de Niños y parte del logro. Fotografía facilitada por el HNN.
“Para la PCR Multiplex usamos dos métodos de detección. A nivel internacional se usa la forma más cara, que es el análisis de fragmentos. En cambio, en Costa Rica a lo que más tenemos acceso es a la electroforesis en gel que es algo mucho más sencillo. Entonces, analizamos ambas técnicas y nos dimos cuenta de que las dos eran muy comparables. Obtuvimos los mismos resultados y eso también hizo que la revista internacional se interesara mucho en el estudio”, relató la microbióloga.
Lo anterior abre una puerta importante para los países en vías de desarrollo. Las naciones que deseen hacer la PCR Multiplex como tamizaje no deben contar con un equipo tan caro, pues se puede hacer la electroforesis por gel, cuya sensibilidad (detección de la anomalía) es bastante similar para las deleciones de este gen
Más estudios
Un aspecto relevante de la investigación fue que la incidencia de la alteración rondó cerca del 13 % de los pacientes. El porcentaje podría parecer poco, pero no lo es. En la LLA, la alteración genética más reportada es la translocación t(12;21), que abarca el 25 % de los pacientes.
Por lo tanto, en el ámbito científico ese 13 % se considera una cifra relevante y ese el motivo por el cual ahora la Dra. Granados se prepara para efectuar investigaciones adicionales.
“Es un segundo estudio para mi doctorado haremos un nuevo perfil IKZF1 plus. La idea es analizar subgrupos de pacientes y perfeccionar su clasificación con seis genes más. Ahorita estamos solicitando los permisos de bioética y ya están en una segunda revisión”, resaltó.
La investigadora enfatizó que los resultados en pacientes se harán visibles varios años después para ver cuánto bajó el porcentaje de recaídas. Si bien solo el tiempo revelará el verdadero impacto, para el Dr. Santamaría el efectuar esta investigación es fundamental a fin de avanzar en mejores abordajes.
La Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI), que este 2020 cumple 40 años de brindar esperanza a los niños con la enfermedad, indica que en promedio 170 casos anuales de todo tipo de cáncer son diagnosticados en el país, con un 75 % de sobrevivda y un 0 % recisión.
En el caso del LLA, el GCO reflejan que en el 2018 cerca de 87 314 menores fueron diagnosticados, lo que hace al LLA ocupar el primer lugar como el tipo de cáncer más común.
Cuadro metodológico
Esta investigación fue de carácter retrospectivo. El diagnóstico de LLA en pacientes pediátricos costarricenses se realizó exclusivamente en el Hospital Nacional de Niños.
En total, 165 pacientes fueron inscritos en el estudio, pues representan la población pediátrica total diagnosticada con LLA-B durante el período que abarca desde enero de 2011 hasta julio de 2014 en Costa Rica. Se excluyeron los pacientes con diagnóstico secundario de LLA o LLA-T.
Los resultados de la PCR multiplex fueron válidos para las 165 muestras de pacientes, mientras que 155 fueron válidos para MLPA.
La edad al diagnóstico fue entre 0 y 13 años. El diagnóstico se basó en las características morfológicas, cariotipo, análisis de hibridación de fluorescencia in situ, citometría de flujo y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real para translocaciones comunes.
Investigadoras
MSc. Melissa Granados-Zamora, Departamento Clínico de Análisis, Facultad de Microbiología de la UCR.
Karla Chaves-Herrera, Departamento de Hematología del Hospital Nacional de Niños.
Estela Morera-Araya, Departamento de Hematología y del Laboratorio de Diagnóstico Molecular del HNN.
Paola Granados-Alfaro, Departamento de Hematología del Hospital Nacional de Niños.
Kathia Valverde-Muñoz, Departamento de Hematología del Hospital Nacional de Niños.
Gabriela Soto-Herrera, Departamento de Hematología del Hospital Nacional de Niños.
Tutor: PhD. Carlos Santamaría-Quesada, Departamento de Hematología y del Laboratorio de Diagnóstico Molecular del HNN.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.
La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.
Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.
Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:
AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.
¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS! foromujeres@inamu.go.cr
La Casita de Escucha Iriria Ditso Jú le invita a formar parte de su Red Solidaria de Cooperación para la Comunidad. Puede colaborar con implementos de protección y desinfección de espacios por el Covid-19.
Implementos tales como: mascarillas, Paracetamol, alcohol en gel y líquido, jabón de manos, jabón en polvo, desinfectante, y otros elementos de cuidado personal como papel higiénico y toallas sanitarias (desechables o de tela).
Para ser parte puede comunicarse al 8355-2495, o bien al correo sussanrcb@gmail.com
UNDECA denuncia que la obligación de reutilizar equipo descartable (cubre bocas y otros) hasta por 5 veces, es contrario a la lógica y al ordenamiento jurídico. La decisión de autoridades de la CCSS ponen en serio peligro a trabajadores y pueblo costarricense.
SINAE AFINES inicia la campaña De Corazón Damos Todo, que incluye 10 entrevistas a funcionarios de la CCSS con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre el trabajo que realiza el personal de salud.
Compartimos la primera entrega.
En SINAE AFINES existe preocupación porque en el CEACO se registran hasta tres muertes por turno y lo que se avecina es un colapso en los servicios de salud.
Expertas le recuerdan al Estado su responsabilidad de velar por los derechos reproductivos de esta población
El Observatorio de los Derechos Reproductivos de la Universidad de Costa Rica (UCR) señala que, ante un eventual colapso hospitalario, las necesidades de salud de las mujeres embarazadas en periodo de parto o posparto son impostergables. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
De cara al riesgo de un colapso hospitalario debido al incremento de pacientes con COVID-19 en el país, el Observatorio de los Derechos Reproductivos de la Universidad de Costa Rica (UCR), le recuerda al Estado que las necesidades de salud de las mujeres embarazadas son impostergables.
Este proyecto, vinculado al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), desarrolla una campaña en redes sociales, por medio de la cual informa a esta población sobre sus derechos reproductivos y llama a las autoridades sanitarias a velar por su adecuada atención en el marco de la pandemia.
La coordinadora del Observatorio, la Dra. Gabriela Arguedas Ramírez, afirmó que el Estado costarricense tiene la responsabilidad de mantener la atención de las mujeres embarazadas, en periodo de parto y posparto, como un grupo prioritario en medio de cualquier contexto.
Según la académica, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud deben buscar alternativas de organización, que les permitan continuar brindando un servicio de calidad para evitar que “el costo de la pandemia lo paguen las mujeres y adolescentes embarazadas”.
Un servicio inadecuado a esta población podría generar un aumento de la mortalidad materna y neonatal o bien, de la morbilidad materna, que corresponde a secuelas físicas y mentales experimentadas como resultado de complicaciones en el embarazo, parto o postparto.
“Es comprensible que todas las necesidades de atención de salud se hayan visto afectadas por la pandemia, pero la situación no puede dejar desprotegidas a poblaciones como las mujeres embarazadas ni causar que se les dé una atención de menor calidad”, aseguró Arguedas.
En medio de la actual pandemia, el Observatorio vela por el cumplimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y, por tanto, le recuerda al Estado las obligaciones que ha suscrito en virtud de los marcos internacionales de derechos humanos.
“Es indispensable mantener una alerta constante, llamando la atención de las autoridades sanitarias sobre las necesidades de salud de las mujeres, para que entren en la agenda prioritaria, sobre todo cuando estamos hablando del embarazo, parto y postparto”, enfatizó la investigadora.
La Dra. Gabriela Arguedas Ramírez coordina el Observatorio de los Derechos Reproductivos y, desde el 2013, investiga la violencia obstétrica en el país. Foto: Anel Kenjekeeva.
El contexto incrementa los riesgos de vulneración
El Observatorio también alerta sobre los factores contextuales que podrían incrementar el riesgo de vulneración de las mujeres en periodo de embarazo, parto y posparto, al tiempo que señala la importancia de sensibilizar al personal de salud que las atiende.
Según la experta, el alarmante panorama que se pronostica para el país en los próximos meses, como resultado de la pandemia, demanda que la CCSS desarrolle planes de contingencia y defina los procedimientos para brindar la mejor atención posible a este grupo.
Sumado a lo anterior, la académica señaló la necesidad de facilitar al personal de salud la información actualizada y el conocimiento que se ha ido generado sobre el COVID-19 en otros países y, de esta forma, evitar errores en la atención de las mujeres embarazadas contagiadas con el virus.
“Este es un llamado de alerta respecto a la forma en que el contexto de la pandemia pone en riesgo y vulnera a estas mujeres. Sus necesidades no se pueden postergar o reagendar, su atención debe darse de manera adecuada”, concluyó la coordinadora del Observatorio.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El Tribunal Contencioso, Administrativo y Hacienda de Goicoechea encontró que la Caja no acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente. Ante recurso de casación del Estado, la Sala Primera de la Corte consideró como desvío de fondos aquellos dineros que por norma están destinados a un fin especifico y se utilizan para otro.
En la parte II de esta serie (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-megas-huecos-presupuestarios-contra-la-ccss-parte-ii/) planteamos a los costarricenses preguntarse: ¿Por qué los burócratas de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS), en la sentencia contra Hacienda por deudas acumuladas a la seguridad social, la Fiscalía General de la República (FGR), no hicieron nada para responsabilizar civil, penal o administrativamente a aquellos funcionarios que pasaron maquillando números y jugaron con la misma existencia de la Caja?¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la FGR en relación con el cumplimiento de sus deberes?
Algunos pensarán que ya los políticos de la CCSS merecen ser los héroes de la seguridad social y que ahora sí tienen puesta la camiseta de defensores de la institución y sus asegurados. Pero no olvidemos que hay un maquillaje de ₡413.384,79 millones, con corte a 2014, presentado desde 2015, según consta ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II circuito Judicial Goicoechea, donde se tramita la Ejecución de la sentencia contra Hacienda (Expediente N° 13-006261-1027-CA). Se presentó una liquidación de sentencia semejante a un conejo gigantesco por casi ₡6 Billones. Si los jueces conceden solamente el gatillo pulgoso (₡413.384,79 millones), pero gato al fin y al cabo, aún, permitiéndole que llene el bolso con los recursos faltantes de 2015 a 2019, entonces, adivinen cuál será la excusa de los burócratas colocados por los partidos políticos en el corazón de la Caja: no nos permitieron recobrar todos los dineros que le fueron escamoteados a la CCSS, palabras menos, palabras más, ustedes escucharán. No sería raro que, así como pasaron maquillando números hayan olvidado que los jueces se rigen por los principios de “ultra petita” y “extra petita” (las partes marcan la cancha a los jueces conforme a los extremos petitorios). Máxime que en la sentencia el Tribunal tuvo como hechos no probados, que: “No se acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro que realizó La Caja Costarricense de Seguro Social, ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente.” Las negrillas no son del original; tiene como fin resaltar la diligencia respecto a la Seguridad Social.
Los partidos políticos que tienen su gente dentro de la CCSS y el Ministerio de Hacienda sabían que, de conformidad con la sentencia del Tribunal, ambas partes tenían que presentar una metodología “consensuada” para determinar el monto que se debía trasladar mensualmente a la Caja; sin embargo, lo que se presentó fue el conejo gigantesco y vitaminado que los burócratas de la CCSS tenían escondido, quién sabe en que madriguera, sin que el animalote lo reconocieran los representantes del Ministerio de Hacienda, porque ya estaban encariñados con el gatillo pulgoso y artrítico.
De esta manera los políticos de la CCSS se percataron que, ante la declaración de sus propios funcionarios, en el sentido de que en ausencia de los ingresos del artículo 9 de la Ley 7374 a cargo del Estado, “Los recursos se ha tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.”. Esto facilitó el argumento de los representantes del Estado para decir que entonces la CCSS no se había visto afectada, porque siguió operando y los recursos invertidos por ella en atención primaria “provienen del mismo seguro de enfermedad” (Negrillas suplidas).
Pero el tiro les salió por la culata, porque ni el Tribunal ni la Sala de Casación se tragaron la carnada, argumentando lo siguiente:
“Así, en resumen, los preceptos referidos transfirieron los programas de atención preventiva de salud y el personal a cargo de ellos, del Ministerio de Salud a la CCSS, y dispusieron, con claridad meridiana, fuera de cualquier atisbo de duda, que el Estado debería trasladar, mensualmente y sin límite de tiempo (pues no hubo disposición en tal sentido) los recursos financieros para cubrir su continuidad, a efecto de lo cual el Ministerio de Hacienda debía tomar las previsiones presupuestarias. La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).” (El destacado es suplido), de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” (Lo destacado es del original, lo aclaramos para destacar lo que no vio la Fiscalía Anticorrupción).
Continuó diciendo la Sala Primera: “Por otra parte, si la CCSS hizo uso de los recursos del seguro de enfermedad y maternidad para cubrir los costos de los programas trasladados, ello no implica una inversión legítima, tal y como sugiere, sino un desvío de recursos de un fondo con destino específico constitucional, que expresamente lo prohíbe (artículo 73 de la Constitución Política). Dicho de otro modo, su tesis de que los gastos del programa debían ser absorbidos por el fondo de maternidad y enfermedad, carece de cualquier asidero constitucional o legal y, por el contrario, contraviene el numeral referido de la carta magna.” (Subrayado y negrilla es nuestro y tiene como fin destacar que la inversión fue ilegítima y que los fondos tienen fuerza constitucional y no legal).
Es decir, los políticos de la CCSS estarían notando que su propio pellejo podría estar en riesgo ante confesión de parte de desvío de fondos. Más aún, cuando existen abundantes documentos oficiales de la CCSS que así lo indican, como el oficio DAPE-479 del 29/10/2004, dirigido al Presidente Ejecutivo de la CCSS Dr. Alberto Sáenz Pacheco y al Gerente de la División de Pensiones Lic. José Alberto Acuña Ulate (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiFbLlIrW_vwDvld1), con el cual el Director de la Dirección Actuarial Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, les informó lo siguiente:
“a) Los ingresos para financiar los regímenes de protección que incluyen a las personas aseguradas mediante convenios, cuenta propia y régimen no contributivo a cargo del Estado son insuficientes. (El subrayado es nuestro)
b) EL 50% de la prima establecida para financiar la cobertura de los trabajadores asalariados, es suficiente para financiar las prestaciones y beneficios de este grupo y sus dependientes. El restante 50% se utiliza para financiar el déficit indicado en el punto anterior.” (Subrayado es nuestro).
O como en el estudio actuarial del seguro de salud realizado por la CCSS con corte al 31/12/2013, en el cual se proyectan para el año 2018 faltantes de cientos de millones de colones (Cuadro N° 17), no facturados por la CCSS o facturados parcialmente al Estado, por lo cual los jerarcas de la Caja presuntamente estarían desviando aportes de los trabajadores asalariados para cubrir esos megas huecos presupuestarios. Habría que oír la defensa de estos fondos hecha por la representación laboral en la Junta Directiva de la Caja.
Por otro lado, la jerarquía política de la CCSS y del Gobierno se sienten fortalecidas y estimuladas con el apoyo contundente de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, en la causa penal N° 18-000119-1218-PE. Ni la fiscala general Emilia Navas Aparicio y mucho menos las fiscalas designadas Diana Hernández Gamboa y Johanna Carpio, encontraron algo que les resultara raro en todo ese juego de números. Más bien, acogieron como válido el dictamen jurídico de los abogados de la CCSS, que interpreta que esos regímenes de asalariados, independientes, voluntarios, pensionados, asegurados por el Estado, son solo la forma en que la CCSS ha logrado “conceptualizar a los que son beneficiarios de las protecciones y servicios que brinda ya sea el régimen de salud o el de Invalidez, Vejez y Muerte”. Es decir, como cualquier abogado de garaje, ahora en Costa Rica no es la Constitución, ni las leyes 17, 7374, 5905, 5349, 7983, entre otras, las que crearon esos regímenes y/o le prohíben a la CCSS realizar desvío de fondos -como lo advirtió la Sala Primera- sino que es un mero arreglo interno que hace la CCSS. Así de jodido estamos en cuanto a cultura jurídica. La fiscalía anticorrupción solicitó al juez “se proceda a DESESTIMAR la presente denuncia”, lo que efectivamente fue acogido “POR ATÍPICO y FALTA DE PRUEBA” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQq-sE-BmCTkD_8b ). Incluso, ante la apelación realizada por el denunciante con la férrea oposición ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió archivar el caso, argumentando: “(…) De la referencia que ha hecho el Ministerio Público se observa que el señor Arias López no ostenta esta condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública… (…) el señor Arias López no ostenta la condición de víctima se observa que no pasa este filtro de admisibilidad por que el señor Arias López no cuenta con esa autorización legal establecida en el C.P.P para presentar el recurso de Apelación.” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQvXcG-UM-uACtGe) (Negrillas suplidas). Ni usted sería víctima, aunque al final sea perjudicado como contribuyente y le quiebren el IVM.
Interesante resulta la encuesta realizada por la Contraloría General de la República (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc/prevencion.html), que en los últimos meses tiene ojos de Halcón, en cuanto al fenómeno de la corrupción detectó, entre otras cosas: “El 75% de las personas no conoce alguna acción llevada a cabo por el sector público para evitar que se dé la corrupción. El 28% de las personas consultadas admiten que ellos o un conocido han sido testigos de algún acto de corrupción en el sector público. De las personas que admiten que ellos o un conocido fue testigo de un acto de corrupción en el sector público, el 79% de las personas no realizaron la denuncia. La principal razón por no denunciar un acto de corrupción se debe al miedo a represalias (28%), el no ver algún cambio (22%), y por desconocimiento del trámite de denuncia (16%).” (Negrilla suplida).
En este sentido el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción. Sr. Carlos Meléndez declaró recientemente: “El fenómeno de la corrupción constantemente muta y evoluciona constantemente. Por ejemplo, históricamente, donde se ha invertido más recursos en una fiscalía anticorrupción fue abordar el fenómeno de la corrupción pública; básicamente cometidos por funcionarios públicos abusando de sus funciones.” (Negrilla no es del original) (https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-de-probidad-la-corrupcion-ya-no-es-un-fenomeno-solo-de-funcionarios-publicos/).
El tema resulta sumamente interesante a juzgar por la sentencia que condenó al Ministerio de Hacienda a pagar a la Caja, pues si existe una norma, en este tipo de orden constitucional, cambiar de destino los fondos establecidos significa un “desvío” que no encuentra asidero en la costumbre administrativa, pero para la Fiscalía Anticorrupción estas conductas censuradas por el Tribunal Administrativo, que podrían poner en peligro el IVM y SEM, no encuentra sustento en la normativa penal.
Por el momento esperemos si es cierta la percepción delfiscal adjunto Carlos Meléndez, en cuanto, según dice, hay evolución y mutaciones en la corrupción.
