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Frente Nacional por la Seguridad Social se opone a proyecto que amenaza autonomía de la CCSS

El Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass) manifestó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca modificar el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que esta propuesta representa un retroceso histórico y un atentado contra la autonomía constitucional que ha protegido a la institución por más de ochenta años.

La organización calificó la propuesta como “vergonzosa” y denunció que responde a “intenciones perversas y mezquinas de los mercaderes de la salud en los diferentes gobiernos del turno”. En su pronunciamiento, Frenass llamó la atención sobre la gravedad de que se intente debilitar una institución que, desde su creación, ha sido pilar fundamental en la construcción de las garantías sociales y del Estado social de derecho en Costa Rica.

La Caja es autónoma y tiene que seguir siendo autónoma por todo lo que esta institución le ha dado a este país. La Caja no se vende, la Caja se defiende” concluyó la organización.

Más información en: www.facebook.com/share/v/16LyxMNL7N/?mibextid=wwXIfr

Movimientos y personas declaran non grata a diputada que impulsa reforma para quitar autonomía a la CCSS

Ante la propuesta de ley N.° 25181, “Reforma al artículo 73 de la Constitución Política”, que busca modificar la Carta Magna para arrebatarle la autonomía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), organizaciones sociales y sindicales anunciaron una declaratoria de non grata contra la diputada Daniela Rojas Salas, promotora de la iniciativa.

En la carta pública, los movimientos convocantes señalan que la CCSS ha sido una de las instituciones más emblemáticas en la construcción de derechos sociales y en la garantía del acceso a la salud en Costa Rica. Resaltan que la propuesta de reforma constitucional representa un grave retroceso y una amenaza directa al principio de seguridad social, reconocido en el país como un derecho humano fundamental.

Las organizaciones denuncian que este proyecto responde a intereses privatizadores y atenta contra la institucionalidad costarricense. Subrayan que la defensa de la autonomía de la CCSS es una causa histórica y un compromiso ciudadano que no puede cederse a presiones políticas coyunturales.

En ese marco, expresan:

“Ante la propuesta de ley N.° 25181 Reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que implica una reforma constitucional para arrebatarle la autonomía a la CCSS, impulsada por diputada Daniela Rojas Salas, diferentes movimientos sociales y sindicales decidimos impulsar una declaratoria de non grata contra esta diputada, les invitamos a leer la carta y darnos el apoyo en este rotundo señalamiento: formulario de adhesión.”

Las firmas de respaldo, así como los logos de las organizaciones que impulsan esta gestión, pueden consultarse descargando el documento completo en formato PDF desde este enlace: Declaratoria non grata PUSC

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre la seguridad social y la Caja Costarricense del Seguro Social

Una sociedad democrática requiere de un sistema de protección y seguridad social sobre una base universal, equitativa y solidaria. Entre otros ámbitos, en el centro de esa aspiración se encuentra la salud y, en nuestro país, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución cuyo fortalecimiento demanda reflexión crítica y acciones efectivas que aseguren su sostenibilidad.

El seguro de salud de origen contributivo evolucionó hacia la universalidad con la ampliación progresiva de asegurados cubiertos por este régimen, y con el incremento también gradual de prestaciones en los diferentes niveles de atención. Además, se creó un régimen subsidiado de carácter no contributivo, con prestaciones similares a las del régimen contributivo, pero financiado enteramente por el Estado con recursos fiscales.

No obstante, se ha dado un reiterado incumplimiento del financiamiento a la CCSS por parte del Estado a lo largo del tiempo, lo cual ha generado una importante deuda acumulada. Ello compromete seriamente la sostenibilidad de la universalidad de las prestaciones y amenaza el acceso equitativo a la salud.

La actual administración, además, ha debilitado los principios de solidaridad y universalidad al promover la provisión de servicios en el mercado privado, pero sin regulación de precios por parte de la CCSS e ignorando regulaciones existentes, con el riesgo de generar exclusión. También se ha debilitado la gobernabilidad de la institución, y se suspendieron temporalmente inversiones estratégicas.

Si bien se han acumulado reservas financieras del seguro de salud, e impulsado importantes inversiones en infraestructura y personal, persiste la necesidad urgente de fortalecer políticas de prevención, así como mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones. Es necesario lograr un acuerdo nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del Estado que coadyuve a la viabilidad global del seguro de salud, así como analizar estratégicamente el modelo financiero de la CCSS para asegurar su sostenibilidad. Paralelamente, es fundamental garantizar el uso eficiente de los recursos de la institución.

Está en curso un envejecimiento en el país, en el cual los grupos en edad laboral van a disminuir, en tanto que el grupo de personas mayores de 65 años va a aumentar. Este patrón demográfico contribuirá a causar un desbalance estructural entre ingresos y gastos en la CCSS. Se requiere un debate plural y técnicamente riguroso sobre opciones que permitan enfrentar este problema, tales como el pago de la deuda estatal, una política tributaria progresiva, impuestos a productos nocivos para la salud, reducción de la informalidad, promoción de mayor y mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral de la mano de políticas de cuido y aumento de la edad de retiro, entre otras alternativas.

La transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles impone nuevas exigencias al sistema de salud, que hacen necesario fortalecer el primer nivel de atención, reducir inequidades territoriales y mejorar el acceso para poblaciones vulnerables. La investigación científica y tecnológica debe jugar un rol central para comprender y atender estos desafíos, mediante alianzas interinstitucionales nacionales e internacionales.

La gestión en la CCSS enfrenta serios problemas, tales como crisis de liderazgo, ruptura de la gobernanza institucional en cuanto a su autonomía conforme a la ley y turbulencias en la composición de la junta directiva de la institución, lo cual complica la toma de decisiones, nombramientos inestables de la máxima autoridad de la institución y de las gerencias, politización, debilitamiento de la rendición de cuentas y desmotivación del personal. Mejorar la gestión es una condición necesaria para que cualquier reforma tenga éxito. De lo contrario, la CCSS no podrá hacer frente a los enormes retos que tiene por delante.

El déficit de especialistas, agravado por la fuga de talentos y la sobrecarga laboral, exige nuevas estrategias de formación, incentivos adecuados y el uso de tecnologías como la telemedicina y la inteligencia artificial. Por otra parte, la crisis de las listas de espera, que refleja deficiencias en la planificación, podría reducirse significativamente con una mejor gestión. Es crucial reformar el sistema de contratación extraordinaria para enfocarlo en la eficiencia y así evitar incentivos distorsionados.

Costa Rica debe avanzar hacia un modelo que supere el enfoque reactivo que prioriza la atención de las enfermedades y evolucionar hacia un modelo centrado en la producción social de la salud y la promoción de la salud. En última instancia la salud es un producto social y la consolidación de nuestra seguridad social debe fortalecerse con una amplia participación ciudadana e institucional.

Nuestro país debe renovar los pactos sociales que permitan consolidar la seguridad social en salud y en otros ámbitos de la vida nacional. Es esencial fortalecer los valores de universalidad, equidad y solidaridad que han sido el fundamento de nuestra salud pública.

*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, Edgardo Moreno Robles, Henriette Raventós Vorst y Catharina Wesseling, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, celebrado el 19 de junio del 2025 con la participación como panelistas de María Luisa Ávila Agüero, Luis Rosero Bixby, Ana Sojo Martínez y Carlos Zamora Zamora.

El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace:

Historias de un caminante. ¿Cómo defender la salud en nuestras comunidades?

Edison Valverde Araya

El próximo 3 de septiembre habrá elecciones de juntas de salud en todo el país. Los asegurados pueden acercarse a los centros de salud de su comunidad (EBAIS, clínicas, etc.) con su cédula para elegir a sus representantes ante la Junta.

Las Juntas de Salud pueden promover el mejoramiento de las relaciones de los EBAIS con la comunidad, fortalecer los servicios, impulsar la educación y la salud preventiva, así como defender a la CCSS.

Se alerta que los EBAIS, como los de Paso Ancho–San Sebastián, que ahora son administrados por la CCSS, podrían volver a manos privadas dentro de dos años y medio, con la experiencia de un pésimo servicio brindado anteriormente por la Clínica Bíblica, cooperativas, entre otros. Para evitar que esto suceda, los servicios deben mejorar, la comunidad debe participar activamente, los resultados deben ser exitosos y, además, en el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben representarnos personas que defiendan la seguridad social, no políticos que le deban a la CCSS o que busquen debilitarla privatizando o desmejorando sus servicios.

El mensaje es claro: es muy importante saber por quién votar, la salud no es un juego. Sería un suicidio votar por los enemigos de la CCSS.

Grupo de Apoyo Salud PASS
Fotos EBAIS Paso Ancho San Sebastián, 25 de agosto 2025.

Feria de las Flores por cuidados paliativos pediátricos

La Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos estará en la Antigua Aduana del 10 de septiembre a el 14 de septiembre en la Feria de las Flores.

La actividad se realiza impulsada por la Fundación para construir con los fondos que se recauden el hospicio que necesitan las niñas y los niños de Costa Rica para ser atendidos como se lo merecen.

La doctora Lisbeth Quesada hace la invitación, puede escucharla en el siguiente video:

26 de agosto, Día Internacional contra el Dengue

Dra. Idis Faingezicht Gutman
Pediatra Infectóloga
Académica de Número

Dengue: panorámica actual

El dengue es el arbovirus más difícil de controlar debido a su amplia distribución a nivel mundial.

Este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre el riesgo de brotes en las Américas e indicó la necesidad de asegurar un diagnóstico temprano y una atención oportuna con el fin de prevenir casos graves y muertes.

Esta advertencia está relacionada con la introducción o el aumento en la circulación del serotipo DEN-3 en las Américas.

El serotipo DEN-3 fue reintroducido en las Américas en 1994, tras una ausencia de 16 años. Desde entonces, se ha propagado desde Centroamérica hacia el Caribe y Sudamérica. En la actualidad, ha resurgido en varios países incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.

DEN-3 está ganando predominancia en la región, desplazando progresivamente a los serotipos DEN-1 y DEN-2.

El DEN-3 plantea una doble amenaza de casos graves de dengue y posibles epidemias que abruman los sistemas de salud.

Según la OPS, la región de las Américas enfrenta un riesgo elevado debido a la amplia distribución de mosquitos, el movimiento humano y los niveles de inmunidad variable entre las poblaciones.

El dengue clásico incluye lesiones exantemáticas características, descritas como “islas blancas en un mar rojo” (piel normal intercalada con eritema). En el dengue grave o hemorrágico, la piel puede verse pálida, fría y húmeda, con lesiones purpúricas o petequiales, lo que indica compromiso vascular.

En el décimo quinto Congreso de Dermatología, en abril del 2025, se afirmó que, desde la perspectiva dermatológica, el Dengue tiene más manifestaciones hemorrágicas; el Zika tiene más prurito, el Chicungunya dolor articular importante y en el Oropouche, es común que las lesiones de la piel recaigan después de una mejoría inicial.

Vacunación

Hasta la fecha, Dengvaxia es la única vacuna contra el Dengue aprobada por la FDA pero descontinuada debido a falta de demanda en el mercado global.

La vacuna contra el DengueTAK-003, producida por Takeda ofrece una defensa más débil contra DEN-3, particularmente en niños seronegativos, sin proteger contra la enfermedad sintomática o hospitalización por este serotipo. Por tal motivo es necesario fortalecer la vigilancia epidemiológica, la atención clínica y los diagnósticos de laboratorio, mejorando los mecanismos de monitoreo y promoviendo medidas preventivas.

Si se utiliza la vacuna TAK-003, la recomendación es priorizar protocolos estrictos y monitorear de cerca los eventos adversos asociados a esta, para mantener estándares de seguridad.

Se recomienda su uso en entornos de alta carga de enfermedad, en población de 6 a 16 años y en individuos con comorbilidades en áreas endémicas. También se recomienda la vacunación para viajeros de regiones no endémicas a endémicas de 6 a 60 años.

La contraindicación incluyen­: embarazo, lactancia, inmunodeficiencias, VIH sintomático y un historial de terapia inmunosupresora.

Esta vacuna ya autorizada, no se espera que tenga un impacto importante en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad a corto o mediano plazo. Brasil y Argentina han observado un aumento del riesgo de lesiones dérmicas post vacunación.

El Instituto Butantan de Brasil, está desarrollando una vacuna tetravalente contra el Dengue, cuyos estudios en fase IV han demostrado seguridad y eficacia contra los cuatro serotipos de alrededor de 67.3%

Diagnóstico

El diagnóstico comienza con la sospecha clínica, se basa en los síntomas del paciente y el contexto epidemiológico para guiar los protocolos de confirmación.

Es importante fortalecer las capacidades de atención primaria para gestionar eficazmente los casos sospechosos. Se debe enfatizar la necesidad de diagnóstico clínico temprano, reconocer los signos de alarma e iniciar la gestión adecuada de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Se debe proporcionar orientación clara a los pacientes y familiares para monitorear los signos de advertencia y buscar atención inmediata si es necesario. Los hospitales deben estar preparados para manejar casos de Dengue con signos de advertencia y Dengue grave.

Laboratorio

La cuantificación directa del ARN viral en la sangre mediante la técnica de RT-PCR es más sensible que la detección de antígeno NS1, pero requiere habilidad y recursos moleculares.

Además de las pruebas virológicas, los ensayos serológicos basados en la detección de anticuerpos de inmunoglobulina M (IgM) también pueden utilizarse en el diagnóstico de Dengue. Sin embargo, estas pruebas deben interpretarse con cautela debido al potencial de reacciones cruzadas con anticuerpos producidos en respuesta a flavivirus (Zika, Fiebre Amarilla). En ocasiones es necesario obtener una segunda muestra, una semana después de la muestra inicial. Esto, ayuda a diferenciar los verdaderos casos de Dengue de los posibles falsos positivos causados por reactividad cruzada con otros virus relacionados.

Educación

La educación, participación comunitaria y liderazgo de las municipalidades con sostenibilidad de las intervenciones, son importantes en la lucha contra Aedes. Los huevos pueden resistir las condiciones secas altas más de un año: esa es una de las estrategias, más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay Dengue.

Fallo del Tribunal Contencioso sobre adjudicación de EBAIS sacrifica la salud pública

ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes

La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.

El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.

Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.

La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.

Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.

1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.

2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.

3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.

4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.

En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.

Auditoría Ciudadana cuestiona atención de Contraloría y Auditoría Interna de la CCSS sobre denuncias de presunta corrupción

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió el pasado 12 de agosto un oficio dirigido a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, y a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que amplía y reitera solicitudes sobre denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la institución.

En la carta, la ACSS señala que la Contraloría General informó haber remitido al Ministerio Público un expediente por supuestas irregularidades en las proyecciones y resultados actuariales de la CCSS. Sin embargo, advierte que sus denuncias abarcan aspectos más amplios que el tema actuarial, como el presunto incumplimiento de leyes que regulan el financiamiento del Seguro Social y la utilización indebida de fondos destinados a salud y pensiones.

La organización solicita aclarar si en la denuncia presentada por la Contraloría ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se incluyeron los señalamientos específicos planteados desde el 2022, entre ellos que la CCSS no estaría cobrando al Estado el 100% de los costos que le corresponden y que habría desvíos anuales de recursos del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud.

Además, la ACSS pide acceso al expediente abierto en la FAPTA y copia del documento de la Contraloría remitido a ese órgano, en aras de garantizar el principio de transparencia. También solicita que se incorporen sus oficios como prueba en el proceso y ofrece a cinco de sus integrantes como testigos expertos.

El oficio ACSS-002-2025 está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Juan Carlos Aguilar Zamora, Rodrigo Arias López, Jorge García Araya y Carlos Eduardo González Arroyo, miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

El Gobierno de Chaves presentará retrocesos y erosión de controles en materia de plaguicidas como avances

Trece acciones de la administración Chaves-Robles que han empeorado la crisis por contaminación con plaguicidas.

(21 de agosto 2025. Bloqueverde) El día de mañana viernes 22 de agosto, los ministros de ambiente, salud y agricultura harán una conferencia de prensa en el IICA en Coronado titulada “Avances en la gestión responsable de Agroquímicos” Un intento desesperado por hacer campaña política con la contaminación por plaguicidas.

La administración Chaves Robles ha agravado la crisis por contaminación con plaguicidas, incluso peor que administraciones anteriores, la diferencia es que ahora la erosión de controles y la tolerancia a la contaminación por parte de las autoridades se volvió política pública. Aunque no es una lista exhaustiva pasamos a mencionar algunos puntos relevantes sobre el agravamiento de crisis de contaminación con plaguicidas.

1. El Ministerio de Salud ha modificado el Reglamento de Agua Potable para permitir una mayor concentración de plaguicidas en el agua que tomamos en Costa Rica. Esta desmejora se hizo en el marco de la crisis de contaminación por Clorotalonil que viven diversas comunidades, un plaguicida prohibido en más de 35 países y que es catalogado como cancerinogénico. La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

2. En esta administración se ha implementado una forma de registro de plaguicidas que se le conoce como “registro por homologación” en la que se están registrando las moléculas viejas y que deberían de salir del mercado por su peligrosidad. Pero esto lo plantean las autoridades como “una modernización de alternativas para el agricultor”. Esos registros por homologación sólo los revisa el MAG-SFE y están permitiendo registros con información incompleta y evaluaciones ambientales parciales.

3. Se flexibiliza el registro de plaguicidas. El gobierno de Chaves incorporó otra forma de registro para facilitar aún más y que cualquiera que no tenga información propia de su producto, la pueda sacar de Internet y con eso registrar y vender. Existen inconsistencias técnicas para que avalen estos registros

4. MAG no permite el avance en la emisión de un reglamento para aplicaciones terrestres, porque quiere que las distancias entre una casa y la aplicación de venenos sea entre 0 y 5 metros. Es decir, EL MAG desea que le apliquen plaguicidas en el portón de su casa o escuela, clínica, etc.

5. Las escuelas que han tenido que ser evacuadas por ser impactadas por la deriva de las fumigaciones con agroquímicos no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades. Cientos de niños y niñas que esperan recibir enseñanza han tenido que ser llevados al hospital con cuadros de intoxicaciones graves con plaguicidas debido a sus vecinos negligentes. El proyecto de ley 23697 que ayudaría a evitar este tipo de percances ha recibido la oposición de la fracción oficialista.

6. Este gobierno insiste en que los drones se consideren “equipo terrestre” para poder usar cualquier plaguicida sin las regulaciones de seguridad que pide Aviación Civil y las regulaciones de fumigación aérea existentes.

7. MAG ha impedido que se prohíba el fipronil en la agricultura, desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional para proteger las abejas y otros polinizadores. Hay que recordar que el insecticida fipronil es catalogado cómo el mayor asesino de abejas y se encuentra prohibido en muchos países del mundo por esta misma razón. Sumado a esto, la administración chavista engañó al país con el decreto que según ellos prohibía el fipronil, pero esto no era así. Es falso que el decreto ejecutivo 43767 proteja a las abejas, porque el uso industrial y profesional solamente se refiere a la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas. En cambio el uso en campos agrícolas es el que verdaderamente mata a las abeja, y esa aplicación sigue siendo legal.

8. Las autoridades justificaron ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes la necesidad de mantener el uso de clorpirifos en Costa Rica a pesar de que este convenio de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de retirarlo del mercado desde el año 2022 por sus impactos a la salud humana, especialmente en niños y niñas.

9. El día de mañana se anunciará una lista de 18 moléculas como una supuesta reducción de plaguicidas, pero sólo es una limitación para una forma de registro (ya que existen varias). En realidad, sólo se dejarán de usar ciertas formulaciones, mientras que el grueso de los formulados con esas mismas moléculas seguirá a la venta. Para que esas moléculas se dejen de usar realmente, hay que hacer informes entre los 3 ministerios (MAG, MINAE, MINSA), como lo dicta la legislación y analizar qué criterios tienen más peso; la protección de la salud y el ambiente o la producción agrícola con plaguicidas.

10. El SFE está obligado todos los años a medir los residuos de plaguicidas que tienen los alimentos frescos que se comercializan en Costa Rica. Para el informe publicado este año las muestras de frutas, hortalizas y vegetales fueron recolectadas en fincas con programas de reducción de plaguicidas, parte del programa de Buenas Prácticas Agrícolas en su gran mayoría y no reflejan de ninguna manera una muestra representativa de la realidad nacional. Ya que el grueso de la producción no implementa ningún método de reducción de pesticidas.

11. El Ministerio de Salud durante esta administración ha debilitado la Unidad de Registro de Plaguicidas quitándole personal y erosionando la capacidad de advertir los riesgos a la salud de los plaguicidas que se comercializan en el país. Debilitando así el criterio técnico que por ley le corresponde al MINSA.

12. En esta administración la inacción ante eventos de contaminación ha sido la constante. La biodiversidad ha sufrido repetidos eventos de contaminación en cuerpos de agua como el Humedal de la Laguna Madre de Dios en Batán donde han sido ampliamente denunciadas por vecinos y pescadores de la zona, pero sólo reciben silencio institucional.

13. El año pasado vimos cómo el gobierno chavista desmanteló el Departamento de Agricultura Orgánica, pese a denuncias de los productores agroecológicos.

Mientras esto pasa, la Casa Presidencial impulsa la Alianza del Pacífico con impactos irreversibles a la soberanía alimentaria de nuestro país. El ministro de agricultura no deja de defender la importación de arroz, cebolla, papa y cualquier otra cosa que le pidan los financistas de la campaña chavista.

Gestión de personal médico especialista en deuda con el país

La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de la planificación de necesidades de personal médico especialista y su distribución en los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. Resulta relevante dado que el país ha enfrentado crisis recurrentes por déficit de especialistas, que han generado desigualdades en el acceso y sobrecarga hospitalaria. Es fundamental garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud especializados.

La planificación y distribución de personal médico especialista no cumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, al no garantizar razonablemente un enfoque integral, informado y equitativo. Esta situación afecta directamente la disponibilidad y acceso de la población a la atención médica especializada en todo el país.

Los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, de acuerdo con su nivel de complejidad, lo que refleja brechas en la atención. El 56% del personal médico especialista de los hospitales de la CCSS está concentrado en el Gran Área Metropolitana. Hay 505 médicos especialistas laborando con jornada reducida, limitando la disponibilidad efectiva de atención en los centros de salud.

El Ministerio de Salud carece de una base técnica para estimar las necesidades país, de médicos especialistas. La CCSS no dispone de una planificación técnica y trazable para proyectar las necesidades de personal médico especialista y su asignación. La distribución de estos médicos no considera criterios epidemiológicos y de equidad que prioricen la atención de las necesidades reales de la población.

Conozca el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017931.pdf

Imagen de la UCR con fines ilustrativos.