Habitantes en condiciones de vulnerabilidad sufren para hacerle frente a sus procesos de enfermedad
Una de las entidades más denunciadas por las y los habitantes ante la Defensoría de los Habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social por transgresiones al derecho fundamental a la salud, siendo algunas de las principales causas: tiempos de espera prolongados, problemas en la entrega de medicamentos, citas con especialistas a plazos irrazonables, realización de exámenes diagnósticos, insuficiencia de recursos humanos, condiciones de infraestructura, problemas en el equipamiento, entre otros.
Las denuncias de los habitantes, el resultado de las investigaciones, la observación activa de procesos de coordinación interinstitucional en el sector salud y las inspecciones de centros de salud, permiten a la Defensoría obtener una mirada que pone en la palestra los riesgos del sistema y la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades. No sólo se trata de intervenir en la sostenibilidad financiera del sistema a través de una adecuada recaudación, sino también la incorporación de acciones innovadoras en materia de recursos humanos, financiamiento, infraestructura y equipamiento, que se traduzcan en forma efectiva en la satisfacción plena del derecho a la salud de los habitantes.
Los tiempos de espera para exámenes, consultas y cirugías, en múltiples ocasiones resultan irrazonables, situación que coloca a los habitantes en condiciones de vulnerabilidad para hacerle frente a sus procesos de enfermedad. La suspensión de muchos proyectos de infraestructura no sólo ha defraudado las expectativas de muchos habitantes, sino que incrementa los riesgos y ejercen presión sobre el sistema que de por sí, ya está sobrepasado por la demanda. La fuga de especialistas médicos nos da cuenta de un sistema que debe fortalecerse para atender en forma armónica las necesidades de la población, en consideración de saludables y atractivas condiciones laborales para todos los trabajadores del sector.
Procesos de formación de especialistas regulados y estratégicos, estudios de necesidades que sirvan de fundamento para la toma de decisiones con visión prospectiva, un uso máximo y racional de toda la infraestructura disponible, así como el aprovechamiento de todos los turnos horarios; son solo algunas de las líneas de acción que la Defensoría de los Habitantes considera que se deben valorar con urgencia.
La población se enfrenta a una oferta de servicios insuficiente y con problemas de calidad, que podrían tener explicación – en no pocos casos- en esa insuficiente oferta de servicios. Los retos son muchos y definitivamente deben pasar por el fortalecimiento del primer nivel de atención, con mayor capacidad resolutiva, en términos de calidad y cantidad y con un mecanismo definido de coordinación en red, que permita una maximización de los recursos disponibles y un servicio resolutivo más cercano a la población en términos geográficos.
En otro orden de ideas, la digitalización de los servicios sin duda alguna, es una herramienta que facilita los procesos de intervención en salud. El acceso a través de herramientas tecnológicas, ha facilitado a muchas personas su asistencia a los servicios, no obstante, el uso del EDUS y de las plataformas tecnológicas para la obtención de citas, no debe constituirse en una estrategia de intervención generalizada, que desconozca las diferencias en las poblaciones, la disposición de los recursos tecnológicos aptos para su uso y las posibilidades logísticas de los diferentes grupos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. Por ello, es necesario evaluar la medida y determinar dónde es idóneo para atender las necesidades de la población adscrita y dónde debe variarse la estrategia para la asignación de citas a las personas aseguradas.
La inversión en la salud de la población requiere un fortalecimiento sostenible en el tiempo. El perfil epidemiológico de nuestro país plantea retos que deben ser atendidos en tiempo y calidad, de tal suerte que la población pueda ver atendidas sus necesidades oportunamente. No resulta de recibo y así lo ha establecido la Sala Constitucional, que continuemos creando barreras a las necesidades de los habitantes en el campo de la salud, argumentando insuficiencia de recursos. Las necesidades del sector salud demandan acciones en las que participen todos los sectores que forman parte del sector, con una mirada hacia el fin público y la garantía del derecho a la salud de los habitantes, con una armonización clara, con rectoría firme y consistente del Ministerio de Salud, tanto en la articulación y regulación, como en la fiscalización del cumplimiento de metas. Y en ese proceso, la voz del paciente y sus organizaciones siguen siendo un punto de partida central, pues los pacientes – receptores directos de los servicios, también pueden contribuir a referenciar los puntos álgidos del sistema y comprender los puntos álgidos del sistema.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Dr. Fernando Morales Martínez Médico geriatra y gerontólogo Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica Miembro Honorario de ACANAMED
En el año 2017 un grupo de médicos geriatras y gerontólogos, investigadores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, bajo mi coordinación, realizó una investigación clínica con la población centenaria de la Península de Nicoya, que buscaba conocer su condición clínica tomando en cuenta la cuadrifuncionalidad en el área física, mental, funcional y social, cuyo objetivo era aclarar, desde el punto de vista geriátrico y gerontológico, los factores de éxito de este grupo poblacional.
Para realizar esta investigación, de previo se consultó con los siguientes investigadores quienes tienen experiencia en estudios de población centenaria y fueron invitados presencialmente a Costa Rica: Dr. Robert Schreiber de la Universidad de Harvard; Dr. Thomas Perls de la Universidad de Boston y de las doctoras Karen Andersen y Signe Hoi. Rasmussen, ambas de la Universidad de Dinamarca. Además, en la reunión anual del grupo internacional de expertos en estudios de poblaciones centenarias que se llevó a cabo en el recinto de Santa Cruz de la Universidad de California, se presentó y se avaló el protocolo de la investigación.
La investigación puso en evidencia una serie de características que presentan los centenarios de la Península de Nicoya; todos estos hallazgos fueron publicadas en la revista científica Aging Clinical and Experimental Research, en el año 2019 en Europa.
Una Zona Azul es un área de mayor longevidad, en el mundo existen solo cinco: Okinagua en Japón, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia, Loma Linda en California, Estados Unidos, y la península de Nicoya en Costa Rica.
Para la realización de esta investigación se contó con el aval del Comité Ético Científico local y del Consejo Nacional de Investigación en Salud. Además, se solicitó el consentimiento informado, el cual tuvo la anuencia tanto de la persona centenaria como del familiar responsable.
Se inició con un proceso de inducción en el Hospital de la Anexión, en Nicoya, con las autoridades y profesionales de las Áreas de Salud de los cinco cantones de la zona: Carrillo, Santa Cruz, Hojancha, Nandayure y Nicoya. Luego los investigadores se trasladaron a la Península, con el fin de evaluar, in situ, a cada uno de los 43 centenarios.
Una vez concluida la recolección de información, debidamente procesada y analizada, se compartió con la Dirección Regional de Salud de la zona con la Dirección General, el Hospital de la Anexión, las áreas de salud y con los EBAIS donde están adscritos los pacientes centenarios, con el objetivo de que se les brindara el seguimiento correspondiente. Además, en los casos en los que se detectó alguna enfermedad, se coordinó con el Hospital de la Anexión para ser estudiados y tratados con el geriatra local y el apoyo del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.
Fotografía de Facebook de Nicoya Zona Azul Journey.
Nos aseguramos por diferentes rutas de que esa información llegara a todos los médicos que tenían la responsabilidad de estos centenarios. Se realizaron más de 50 diferentes exámenes, entre los que se contemplaron fuerza prensil, electrocardiogramas, test de la memoria, marcha, funcionalidad, actividades de la vida diaria, depresión, autopercepción (como se perciben ellos mismos), y múltiples exámenes de laboratorio. Con todos esos resultados, en cada caso, se hizo un análisis integral valorado por dos médicos especialistas en geriatría y gerontología.
Los centenarios viven en áreas rurales y están a distancias considerables entre ellos, por lo que se invirtió tiempo en los traslados del equipo a cada domicilio. Todos estaban en áreas separadas, pero dentro de los cinco cantones que componen la Zona Azul.
Del total de los 43 centenarios, 25 eran mujeres y 18 hombres. Predomina la viudez en las mujeres que suman 20 centenarias. La edad promedio es de 102 años. Eso se comprobó por medio de las constancias de nacimiento del Registro Civil y de bautismo de la Iglesia católica. La mayor concentración estaba en Santa Cruz, seguida de Nicoya. Las mujeres tienen en promedio más de seis hijos, la mayoría de los centenarios vive con su familia y solamente dos viven en el Hogar para Ancianos de Nicoya. En general tienen un buen apoyo familiar con tres, cuatro y hasta cinco generaciones alrededor, en algunos casos.
En cuanto a las enfermedades crónicas, la principal fue visual por cataratas intervenidas quirúrgicamente, hay presencia de hipertensión arterial (menor que en la población adulta mayor general), diabetes mellitus solo hubo cuatro casos, cáncer tres casos, cardiopatía isquémica (irrigación precaria en corazón) se detectaron cuatro casos, enfermedad pulmonar, obstrucción crónica, nueve casos y dos de anemia severa.
Destacó el poco uso de medicamentos, menos de uno por persona, lo que constituye la cifra más baja reportada por la literatura médica mundial a nivel de personas adultas mayores. El patrón del sueño fue en promedio de ocho horas diarias y solo siete casos tomaban algún medicamento para dormir.
En cuanto al estado anímico, 30 casos respondieron estar satisfechos, solamente uno tuvo un puntaje de diagnóstico de depresión, lo cual refleja la satisfacción de su estado de vida.
En relación con la nutrición, su dieta es rica en granos, frijoles, maíz, legumbres, cerdo, animales de corral, productos lácteos (queso tipo cuajada), frutas, verduras, baja ingesta de harinas y carbohidratos; su dieta, aunque modesta es suficiente. No se encontró ningún índice de masa corporal en rango de obesidad.
Fotografía de Facebook de Nicoya Zona Azul Journey.
Respecto al estado funcional, los hombres presentaban mejor funcionalidad que las mujeres.
Los exámenes de laboratorio se revisaron en dos ocasiones para tener certeza de que estaban correctos. Se lograron detectar dos casos de anemia severa. En cuanto a electrocardiogramas, el 20% no presentó ninguna afectación.
Estas personas han sido muy activas, trabajaron en el agro y tienen su parcela y habitaciones modestas donde viven rodeados de su descendencia que les apoyan presencialmente.
Debemos aprender mucho de ellos en cuanto a la actitud hacia la vida, sus buenos hábitos de salud y su gran espiritualidad, documentada en que el 100% de los participantes profesaba una religión: el 86% de la población era católica y el 14% de otras creencias religiosas.
Sin duda alguna las personas centenarias de la Península Azul han puesto a Costa Rica en un lugar especial en el mundo, por su gran longevidad; desafortunadamente, la evidencia demográfica reciente, parece indicar que, paulatinamente, este comportamiento longevo, desaparecerá en los próximos años.
Cuestionados por privatizar 10 áreas de salud con sobreprecios
Comunicado de UNDECA
UNDECA presentó una fundamentada denuncia en el Ministerio Público, con el objeto de que se investigue la responsabilidad penal que, conforme a derecho, le pudiera corresponder a la Presidenta Ejecutiva, directores y otros funcionarios de la CCSS, que participaron y aprobaron la adjudicación de 10 áreas de salud, favoreciendo a varias cooperativas y un consorcio hospitalario privado.
Además, solicitamos que, de conformidad con el Código Procesal Penal, se aplicaran las medidas cautelares pertinentes contra los imputados, entre ellas la separación del cargo de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, los otros directores y María de los Ángeles (Marielos) Gutiérrez Brenes, sin goce de salario o dietas.
Asimismo, UNDECA amplió su petición de medidas cautelares, a raíz del sorprendente nombramiento que realizó Marta Esquivel, favoreciendo a la coimputada Marielos Gutiérrez, en el cargo de gerente general, con un salario superior a los 5 millones de colones, cuya acción de personal firmó el día siguiente al que fue dejada en libertad; no es un nombramiento cualquiera, es en uno de los puestos de mayor jerarquía institucional. cuya conducta refleja la total inconveniencia de que regrese a su cargo, como si nada hubiera pasado.
En el caso Barrenador, aunque entendemos su complejidad y la atención mediática, la tardanza en la implementación de medidas judiciales puede tener consecuencias graves para testigos y denunciantes: riesgos laborales, personales -incluyendo amenazas a la vida y la integridad física- además del riesgo para la integridad del proceso judicial.
UNDECA ha insistido ante las autoridades judiciales, que es absolutamente necesario, imprescindible, que por lo menos sean separadas de sus cargos jerárquicos, sin goce de salario y dietas, Marta Eugenia Esquivel, los demás directores y funcionarios que participaron en la aprobación de aquella adjudicación.
“Hacemos una instancia respetuosa a las organizaciones para que se pronuncien, con la finalidad que se garantice la normalidad de la prosecución de la investigación penal, sin obstáculos de ninguna especie, impedir futuras situaciones de favorecimiento y evitar represalias contra las personas denunciantes, testigos, representantes y directivos de los sindicatos”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Por: Johnny Núñez Z./periodista Oficina de Comunicación-UNA jnunez@una.cr
“La madrugada del 11 de marzo de 2007, un fuerte dolor en la caja torácica que se irradiaba en ambos brazos me despertó de forma súbita. Para no caer en pánico di varias vueltas por la sala de mi casa, hasta requerir ayuda. Ingresé al hospital, al parecer con síntomas de infarto, lo cual se confirmó en un electro que me realizaron. Sinceramente no me había percatado de la gravedad del asunto hasta que me hicieron un cateterismo… En ese procedimiento descubrieron que mi corazón estaba muy enfermo, por lo que era inevitable e impostergable una cirugía, la cual se hizo cinco meses después. Pensé que mi vida se acababa. Tiempo después el médico me recomendó acudir al Programa de Rehabilitación Cardiovascular de la UNA, en el Campus Benjamín Núñez. En pocas palabras mi vida cambió, gracias a esta rehabilitación que devolvió mi paz y calidad de vida”.
El testimonio de Oscar Fernández de 76 años es uno de varios casos de éxito del proyecto Educación y Rehabilitación Cardiopulmonar Fase III de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (Ciemhcavi) de la Universidad Nacional (UNA), que fomenta hábitos saludables en pacientes cardiópatas o en personas con factores de riesgo de forma preventiva.Actualmente, Fernándezrealiza actividad física tres veces por semana con la debida supervisión, lo cual le ha permitido participar en carreras de 10 y 11 km.
Educación y confianza
Gretel Villalobos, coordinadora de rehabilitación cardiaca fase III explicó que este proyecto busca que personas como don Oscar mantengan un estilo de vida saludable para insertarse a sus actividades diarias lo más normal posible.
Sin embargo, antes de incorporarse a este proceso, la persona tuvo que superar las fases I y II del Programa de Rehabilitación Cardiovascular. La fase uno es el periodo donde el paciente está hospitalizado después de sufrir un evento o procedimiento cardiaco y la fase II, es cuando inicia la rehabilitación, previo aval médico, entre la primera y segunda semana posterior a la intervención cardiaca. Esta fase consta de 36 sesiones de ejercicio programado y monitoreado por medio de la telemetría, supervisión médica y sesiones de educación al paciente, en cuanto a la enfermedad cardiaca, manejo de los factores de riesgo coronario y cambios en su estilo de vida.
La especialista de Ciemhcavi detalló que lo más importante de la fase III es la educación, donde la persona aprende a conocer su cuerpo, detectar un síntoma, cuándo asistir al médico y el tipo de ejercicio que puede realizar de forma controlada. “En esta fase no prescribimos el alta, la idea es que la persona se mantenga en el proyecto, se involucre en actividades sociales o grupos conformados, donde se sienta parte de la comunidad al cumplir un rol social y no se aísle en su casa”, subrayó Villalobos.
Precisó que mediante la rehabilitación en fase III el paciente vence el miedo de volver a ejercitarse, comparte sus experiencias con otros usuarios, aprende sobre su padecimiento y cómo abordarlo. Además, desde la parte física, el mantenimiento de su capacidad cardiovascular.
Video:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimientodel AyA y del Ministerio de Salud,condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como del fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA.
Frente Ecologista señala que “no va a descansar hasta ver fortalecido el Laboratorio Nacional de Aguas” ya que la Sala Cuarta les dio la razón y ordenó fortalecer dicho laboratorio.
Consultorio Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCR acompaña en proceso de denuncia al Frente Ecologista de Cipreses ante la Gestión de Desobediencia que es analizada por la Sala Cuarta
Comunicado
El Frente Ecologista continúa en pie de lucha y recientemente presentó una diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y del Ministerio de Salud, de la Resoluciones N° 022027086 y Nº 2023013384 de la Sala Constitucional de las 9:30 horas del 15 de noviembre del 2022 y las 13:41 del 6 de junio de 2022, de resolver la contaminación del agua de las nacientes Plantón, y Carlos Calvo con clorotalonil, sumado al incumplimiento de las instituciones condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA como medida preventiva y mayor capacidad de análisis.
Los ecologistas señalan que todo sigue igual, que se siguen fumigando las nacientes y que el Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación del agrotóxico contaminante clorotalonil.
“El clorotalonil ha sido prohibido en la Unión Europea y recientemente en Costa Rica, por lo que solicitamos en aras de proteger la salud que se ordene al Laboratorio Nacional de Aguas conseguir los reactivos y equipos tecnológicos necesarias para analizar todos los subproductos de clorotalonil y meter de oficio esos análisis en todos los muestreos N4 que se hacen en Costa Rica. También solicitamos que se le ordene tener la capacidad técnica de monitorear todas las partículas de plaguicidas registrados en Costa Rica. No queremos que el Laboratorio Nacional de Aguas siga siendo el cuchitril que ha demostrado ser y que siga sin tener capacidad técnica instalada. Costa Rica merece un Laboratorio Nacional de Aguas de vanguardia y con capacidad de proteger la salud humana y ambiental” Indicó el agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco Cipreses
Los ecologistas señalan que acuerdo a la normativa anterior y el bloque de constitucionalidad que rige sobre esta materia, se está dando una omisión evidente y descarada a tal punto que ya existen tres recursos de amparo presentados con vista positiva de la Sala Constitucional con respecto a la tutela del derecho fundamental de acceso al agua potable de las personas de la comunidad de Cipreses de Oreamuno y alrededores, y aun así no se han visto en la realidad que se cumplieran estas tres órdenes extendidas por la Sala Constitucional.
En el recurso de inejecución de sentencia por el incumplimiento interpuesto por los y las ecologistas señalan que existe un evidente incumplimiento de obligaciones por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dentro de las pretensiones del recurso de gestión de desobediencia el Frente Ecologista de Cipreses respaldado por el Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica solicita:
Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia No.2022027086 y No. 2023013384, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Así mismo señalan que se le ordene al Ministerio de Salud establecer las medidas necesarias de coordinación con las autoridades correspondientes del MINAE, AyA y MAG, en el respectivo ejercicio de sus competencias, para que se ejecute lo indicado por Sala Constitucional en sus resoluciones No.2022027086 y No. 2023013384, además de dar atención a lo solicitado en el informe sin número “Informe Técnico Clorotalonil”
Se le ordena al AyA realizar las gestiones pertinentes que permitan garantizar al Laboratorio Nacional de Aguas los recursos necesarios para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, así como implementación a nivel nacional un programa de vigilancia y control en agua para consumo.
Se solicita que, en caso de continuar el incumplimiento de estas disposiciones, la Sala Constitucional ordene la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, así como el traslado de piezas al Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia por parte de los funcionarios responsables de dicho incumplimiento, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El Frente Ecologista de Cipreses señala que lograr que el Laboratorio Nacional de Aguas sea fortalecido es un logro de su lucha y trabajo y que no descansará hasta ver dicho laboratorio fortalecido. Así mismo señalan que el acompañamiento legal y jurídico del Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica es de singular importancia en lograr dicho cometido.
El enfoque identifica factores de riesgo para evitar llegar a etapas avanzadas de la enfermedad y así prevenir las muertes
Una nueva esperanza de vida ya está disponible para la población costarricense desde el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Se trata de los análisis para el diagnóstico temprano del cáncer de próstata, el tipo de cáncer con mayor mortalidad en Costa Rica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer de la OMS, cada año se diagnostican en Costa Rica cerca de 1 700 nuevos casos de cáncer de próstata y, aproximadamente, 400 individuos fallecen anualmente a causa de esta enfermedad. ¿El principal motivo de tantas muertes? El diagnóstico tardío.
Ante esa realidad, el Cicica-UCR, junto con la Asociación Proprevención y Lucha contra el Cáncer de Próstata (Aprecap), están ofreciendo paquetes de detección temprana a bajo costo que contempla la medición del antígeno prostático específico (APE), así como una valoración clínica que incluye el examen físico, la evaluación de los síntomas, los antecedentes familiares y el tacto rectal.
El precio del paquete puede variar según las necesidades particulares, por lo que el costo final se le informa a cada persona de manera específica al momento de solicitar su cita al Cicica-UCR al 2511-3322.
Ambos procedimientos se efectúan en las instalaciones de la UCR y su aplicación permite iniciar cuanto antes el tratamiento contra el cáncer, a fin de evitar que las personas lleguen a etapas avanzadas del padecimiento y, por lo tanto, a la muerte.
“Con la UCR hemos logrado gestionar un precio especial para que los hombres puedan venir a realizarse el examen de sangre y el tacto rectal. Con esta medida buscamos disminuir las barreras económicas que impiden que muchos hombres accedan al diagnóstico temprano y, de esta forma, reducir las altas tasas de mortalidad por la detección tardía”, manifestó Hellen Arroyo Mora, directora ejecutiva de Aprecap.
El servicio que brinda la alianza UCR-Aprecap surge como una opción para contribuir a la salud pública nacional ante los desafíos de atención que presenta tanto el sector público —con sus listas de espera—, como el sector privado —por los altos costos del servicio—.
La atención proporcionada por la UCR es rápida y los resultados de las pruebas se entregan en un plazo de dos semanas, lo que le permite a los pacientes tomar decisiones informadas de manera oportuna.
Una de las razones del diagnóstico tardío es la percepción errónea del tacto rectal. Desde Aprecap se han dado cuenta cómo algunos hombres son reacios a realizarse el examen de próstata por el estigma social, o bien, por el factor económico de los análisis.
Las pruebas
La Dra. Ana Cristina Castro Castro, microbióloga e investigadora del Cicica-UCR, indicó que los procedimientos que aplica el Centro son los que ya están estandarizados a nivel nacional e internacional.
Por ejemplo, el APE es la prueba estándar de oro que mide el nivel del antígeno prostático específico en el cuerpo, un tipo de proteína que es producida por la próstata. “Los niveles elevados de APE en la sangre pueden alertar la presencia de diversos problemas, incluidos el cáncer de próstata”, expresó la Dra. Castro.
El tacto rectal, por su parte, otorga la oportunidad de evaluar el estado de la próstata al palparla a través del recto. El objetivo de este procedimiento es identificar cambios en la forma de la glándula prostática, así como nódulos, tamaño o textura, que puedan sugerir la presencia de una enfermedad.
Al unir esas dos pruebas, tanto el tacto rectal junto con el examen de APE, se logra obtener un método eficaz para la detección temprana de este tipo de cáncer, aun en personas que no presentan síntomas evidentes.
“Estos exámenes nos orientan sobre el riesgo que tiene el paciente de desarrollar un cáncer de próstata. Así, podemos identificar de manera oportuna si la persona requiere estudios complementarios para descartar (o no) la presencia de un tumor”, manifestó el Dr. Gonzalo Azúa Córdova, urólogo del Cicica-UCR y encargado de la valoración clínica.
En el cáncer de próstata hay tumores más agresivos que otros, especialmente, los de carácter hereditario. Por eso, se recomienda que quienes presentan antecedentes familiares inicien su chequeo a partir de los 40 años. Imagen efectuada mediante IA.
La prioridad
En estos momentos, el Cicica-UCR está brindando atención a pacientes con riesgo alto e intermedio de cáncer de próstata.
El Dr. Azúa explicó que el grupo de riesgo alto lo integran aquellos con familiares de primer orden —papá o hermanos— que han tenido cáncer de próstata antes de los 55 años, pues dicha carga hereditaria aumenta el riesgo de sufrir este padecimiento.
Otro de los grupos identificados como de alto riesgo son los pacientes de etnia afrodescendiente. Se ha visto que tienen un riesgo aumentado. Por lo tanto, “a nivel poblacional se recomienda que inicien el control a partir de los 40 años con tacto rectal y antígeno prostático”, agregó el Dr. Azúa.
Por otro lado, los de riesgo intermedio están conformados por personas de 50 años en adelante quienes, solo por estar en este rango de edad, requieren ser valorados.
Por último, están los hombres en riesgo bajo —menores de 40 años—, a los que se les recomienda tener estilos de vida saludables, hacer ejercicio y poseer una dieta equilibrada para disminuir el riesgo de aparición de la enfermedad.
“El cáncer de próstata es silencioso y crece lentamente. En etapas iniciales el hombre no presenta ninguna molestia y puede estar hasta por cinco, siete o diez años sin molestias. Ya cuando ese tumor creció lo suficiente para dar molestias, quiere decir que es muy tarde y es poco lo que se puede hacer. Esto es lamentable, porque la persona tuvo un buen tiempo para abordarlo y por eso es que insistimos en que siempre consulten de manera rutinaria”, explicó el Dr. Azúa.
El requisito para la toma de la muestra de sangre es una abstinencia sexual de tres días, porque la eyaculación eleva transitoriamente el antígeno prostático. Si el paciente ha presentado alguna infección urinaria, prostatitis o cirugía de próstata, debe esperar al menos mes y medio antes de la toma de la muestra a fin de evitar falsos positivos.
La atención
Actualmente, la UCR está en capacidad de atender alrededor de cuatro pacientes por semana y el paso a paso es bastante simple.
A la persona primero se le agenda un espacio en el laboratorio del Cicica-UCR, a fin de obtener la muestra de sangre para la medición del antígeno prostático.
Posteriormente, con los resultados obtenidos se le da una cita con el Dr. Azúa para la valoración clínica. Después de esto pueden pasar dos cosas.
Si los análisis salen normales, al paciente se le dará cita de control dentro de un año en el Cicica-UCR. Si no, se le remitirá a estudios complementarios a un centro externo, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El paciente tendrá una referencia en la cual ya está priorizado según su nivel de riesgo. Esta priorización ayuda a agilizar las listas de espera.
Al llegar al centro de salud, el médico valorará realizar un ultrasonido transrectal y una biopsia. Si la biopsia aparece alterada, la persona tiene tres opciones. La primera es que sea un cáncer de bajo nivel de agresividad que se puede vigilar.
La segunda es que sea de riesgo patológico intermedio o alto. En este caso se procede a una prostatectomía radical —extirpar toda la glándula prostática— o a la radioterapia, las únicas dos terapias disponibles en Costa Rica con propósitos curativos. La tercera son los cuidados paliativos si ya es un cáncer avanzado.
“Queremos que los hombres sepan que el cáncer de próstata puede tratarse exitosamente si se detecta a tiempo. Nuestro objetivo es que más hombres acudan a hacerse los exámenes y así salvar muchas vidas”, subrayó Hellen Arroyo.
Con esta iniciativa, la UCR y Aprecap esperan concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y, a largo plazo, reducir las elevadas tasas de mortalidad.
Desde el punto de vista de mortalidad hablamos, en general, de dos tipos de cáncer de próstata: el temprano, cuando todavía se puede ofrecer tratamiento curativo; y el avanzado, que brinda solo tratamiento paliativo para aliviar las molestias.
En esto hay que tener claro que no se puede evitar la aparición del cáncer de próstata. Lo único que se puede hacer son los exámenes periódicos para detectarlo a tiempo.
Lo que viene
El servicio que ofrece la UCR es único e integral. Este combina la atención médica con los pilares característicos de la UCR: la acción social, la docencia y la investigación.
“Queremos un ganar-ganar. Al valorar a una persona, estamos haciendo acción social para que tenga un acceso oportuno en el corto plazo, conozca su nivel de riesgo y pueda tomar decisiones sobre estudios adicionales. Actualmente, esta es la primera etapa”, añadió el Dr. Azúa.
Esta primera fase de acción social está centrada en optimizar los recursos y en validar los procesos. Posteriormente, comentó el especialista, irá la fase dos que contempla la investigación.
Esta fase se nutrirá de los datos obtenidos de la primera etapa. Uno de los campos en los que el Cicica-UCR desea trabajar es sobre cómo detectar aquellos cánceres de próstata que son agresivos de los que no lo son, ya sea mediante una prueba clínica o exámenes de laboratorio no invasivos como la biopsia líquida.
“El objetivo futuro en la fase de investigación es diferenciar estos tumores para generar nuevo conocimiento y, eventualmente, cambiar algunas de las prácticas que hacemos actualmente en la labor asistencial —como es el tamizaje— por pruebas moleculares basadas en la realidad costarricense. Si nosotros logramos estudiar nuestra genética y nuestros tumores, podríamos tener el conocimiento necesario para favorecer a nuestros hombres”, puntualizó el Dr. Azúa.
Finalmente, la fase tres tendrá un enfoque docente orientado a enseñar y a capacitar en técnicas de diagnóstico, como lo son el ultrasonido transrectal de próstata y la toma de biopsias.
«A nivel de tamizaje aún no estamos innovando, pero una vez que pasemos a la segunda y tercera fase esperamos poder ofrecerle al país medidas más avanzadas y efectivas que mejoren los métodos actuales«, señaló el médico especialista.
Con este servicio, la UCR sigue demostrando su compromiso con la salud pública nacional, al no brindar solo la atención médica, sino también al contribuir con futuras investigaciones y en la formación de profesionales en el área de salud.
Mediante esta nueva iniciativa se espera que más personas puedan acceder a un diagnóstico temprano que les permita tratar a tiempo esta enfermedad silenciosa, pero mortal.
“En la Aprecap tenemos más de 11 años de ser pioneros en la lucha contra el cáncer de próstata y, definitivamente, creemos que en la Universidad de Costa Rica, una universidad de grandísimo renombre y con profesionales de altísimo nivel, existe una gran oportunidad para realizar investigación científica y seguir gestionando información que nos apoye en esta lucha”, concluyó Hellen Arroyo.
Desde noviembre del 2023, cuando inició el servicio, en la UCR ya se han atendido a más de 70 pacientes.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
UNDECA deplora, que tras ser detenida la señora Marta Esquivel, ella nombró este miércoles a la coimputada Marielos Gutiérrez como Gerente General de la CCSS. Esto a pesar que tanto Marta Esquivel como María de los Ángeles Gutiérrez, fueron detenidas el lunes 23 de septiembre, por el caso Barrenador.
La señora Esquivel Rodríguez firmó el documento de nombramiento de gerente general de la CCSS a María de los Ángeles Gutiérrez, con un salario de ¢5.415.000 mensuales por 6 meses, en la tarde de este miércoles 25 de septiembre del 2024.
Un comunicado de UNDECA precisa: “Es lamentable la falta de respeto a las autoridades judiciales, un acto éticamente reprochable, en los momentos difíciles que vive la CCSS y el pueblo costarricense. Es inadmisible que continúe en el pleno ejercicio de sus funciones como jerarca de la entidad, como si nada hubiera pasado, hasta que la autoridad judicial determine su situación jurídica en definitiva”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA. UNDECA sostiene que esa actuación Marta Esquivel constituye una burla al sistema de administración de justicia..
Le invitamos a escuchar la denuncia completa en el siguiente video:
Dra. Sofía Chaverri Flores Especialista en Medicina Física y Rehabilitación Invitada de ACANAMED
La enfermedad cardiovascular, en especial la cardiopatía isquémica, constituye la principal causa de mortalidad a nivel mundial, así como a nivel nacional. De igual manera, estas patologías presentan un alto índice de morbilidad que pueden llevar a las personas a una situación de discapacidad, con alteraciones en su capacidad funcional y en su calidad de vida.
Es por ello, que es indispensable crear programas de prevención secundaria, como lo son los Programa de Rehabilitación Cardíaca, con el fin de brindar una atención integral y especializada por parte de un equipo interdisciplinario de trabajo, para optimizar el estado funcional del usuario cardiópata, atacando los factores de riesgo cardiovascular y así, disminuir la incidencia de nuevos eventos coronarios, lo cual puede conllevar a reinternamientos y reintervenciones quirúrgicas.
La Organización Mundial de la Salud, ha definido a las Unidades de Rehabilitación Cardíaca como el conjunto de medidas que persiguen la recuperación y readaptación del individuo que padece o ha padecido alguna enfermedad cardíaca, hasta conseguir los niveles óptimos en los aspectos físico, psicológico, social y laboral. Por lo tanto, estos programas tienen como objetivo fundamental ayudar a los pacientes a recuperar su forma de vida, dándole herramientas necesarias para alcanzar un nivel de independencia que le permita reintegrarse como miembro productivo a la comunidad, así como promover medidas que busquen prevenir la discapacidad o, adaptarse a las limitaciones impuestas por su enfermedad.
La Rehabilitación Cardíaca se considera una intervención costo-efectiva, ya que mejora el pronóstico al reducir el número de hospitalizaciones sucesivas y los gastos sanitarios, a la vez que prolonga la vida. Abarca múltiples componentes como lo son la prescripción del ejercicio físico, el optimizar los niveles de actividad física diaria y prevenir el comportamiento sedentario. Así mismo, también se basa en otros pilares fundamentales para gozar de una buena salud: el control de factores de riesgo, el cese del tabaquismo, una alimentación saludable, un descanso reparador, el control del estrés y una gestión adecuada de las emociones, así como el ámbito social y laboral del individuo.
El Programa de Rehabilitación Cardíaca se divide en III fases, comenzando con la fase I durante la hospitalización. Inicia a las 24 a 48 horas del después del evento, procedimiento o cirugía cardíaca, ya sea en la Unidad de Cuidados Intensivos o en el salón. Su objetivo es prevenir los efectos de la inmovilización sobre el sistema cardiovascular y muscular, trabajando con ejercicios de baja intensidad. Además, sirve para monitorizar al paciente mientras realiza el ejercicio físico, para así asegurar un egreso seguro a casa. Como en todas las fases, esta fase tiene un fuerte componente educativo y su duración es variable, en general tiene una duración de tres a doce días y depende de la condición médica, del riesgo residual, de la capacidad funcional y de los progresos obtenidos del paciente. La fase II es ambulatoria, pero debe de ser supervisada y tiene una duración de 8 a 12 semanas. Por último, la fase III o fase de mantenimiento, se desarrolla en la comunidad y es supervisada ya sea por profesionales de la salud fuera del ámbito hospitalario o con grupos organizados. El objetivo principal de esta etapa es estimular la continuidad en la realización del ejercicio físico y sus nuevos hábitos de vida.
Dr. Oswaldo Gutiérrez Sotelo Especialista en Cardiología y Electrofisiología Miembro de Número de ACANAMED
Las enfermedades del corazón todavía siguen siendo, en la mayoría de los países, la principal causa de muerte en el mundo; además, significan un costo económico para los sistemas de salud que cada sociedad tiene que asumir, incluyendo la ausencia laboral y la discapacidad resultante.
En la mayoría de las personas afectadas por cardiopatías, subyacen “factores de riesgo”, tales como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el hábito de fumar y la obesidad, los cuales tienen un substrato genético sobre el que se agregan factores ambientales, que determinan la edad de aparición clínica de estas condiciones, así como su evolución.
Desde la aparición y uso a gran escala de los betabloqueadores (años 50s), las unidades de cuidados coronarios (60s), las estatinas (80s), los inhibidores de la angiotensina (90s) y las intervenciones con catéter en las arterias coronarias (90s), el tratamiento efectivo de estos factores de riesgo y de las obstrucciones coronarias ha experimentado una reducción espectacular de la mortalidad relacionada a estas condiciones; a tal punto que, en algunos países desarrollados, pasaron a ser la segunda causa de muerte, después del cáncer.
A pesar de que estas terapias e intervenciones han pasado el tamiz de la evidencia clínica contundente, así como el de su seguridad, estas enfermedades son cada vez más frecuentes y afectan a grupos de edad cada vez menor. ¿A qué se debe este incremento, a pesar de que existan todas estas terapias y adelantos científicos? Hoy adolecemos de situaciones que no existían en décadas pasadas: el sedentarismo, la comida rápida, el estrés -laboral, económico o familiar-, el uso de sustancias ilícitas y la contaminación ambiental.
En tal sentido, es menester implementar medidas preventivas, tanto a nivel familiar como social. Es imprescindible fomentar, desde temprana edad, una nutrición balanceada y saludable, realizar ejercicio físico en forma regular, de acuerdo a la edad y a enfermedades subyacentes; evitar el sedentarismo, en especial, en los jóvenes, muy dados a navegar con el teléfono inteligente o a jugar en línea por períodos prolongados; y, en especial, aprender a lidiar con el estrés, manifestado en formas tan distintas como el matonismo escolar, la malas relaciones interpersonales a nivel familiar o laboral, la sobrecarga de trabajo o el sobreendeudamiento. Es necesario implementar programas educativos en los que se incluya conocimientos prácticos nutricionales, acerca de actividad física sana y de los riesgos relacionados al sobrepeso o al uso recreativo de humo de tabaco -incluyendo el “vapeo”- y de sustancias ilícitas psicotrópicas.
Las proyecciones de crecimiento de la industria farmacéutica y de dispositivos cardiacos implantables (tales como los stents coronarios, los marcapasos y muchos otros) para la siguientes décadas es exponencial; debemos tomar consciencia de esta realidad y poner manos a la obra. Nuestros corazones agradecerán las acciones preventivas que tomemos para fomentar su cuidado y bienestar.
Rafael Ángel Ugalde Quirós, periodista, abogado y notario Rodrigo Arias López, matemático y actuario
Con el presente artículo pretendemos explicar en cuatro entregas las complicadas formas cómo los fondos de la CCSS tienen años de ser barrenados; se pretende además que el trabajo sea una especie de “Cuadernillo independiente de educación popular” para sindicalizados, movimientos sociales y estudiantes.
Quienes nos han gobernado desde la Colonia hasta nuestros días, nos crearon una serie de mitos que, en la práctica, nos desenfocan de los problemas serios, encaminado todo a que el engaño, la simulación y las apariencias políticas, económicas, electorales, legales, entre otras, se perfeccionen cada vez mejor; de tal manera que los millares de trabajadores, estudiantes, amas de casa, pensionados, desempleados, etc., vean “progreso” donde existe retroceso y oportunismo y “favores” en lugar de derechos. Por eso, a los costarricenses nos han enseñado que la “chota” es mejor que tomar el toro por los cuernos, y el chiste, la risa y el vacilón reflejan en gran medida impotencia y frustración.
Los ejemplos para desenfocarnos de nuestra cotidianidad abundan a diario: somos el país más feliz del mundo, aunque no seamos tan felices, vivimos la mejor democracia del mundo (con casi un millón de gente sin vivienda digna, trabajadores con salarios congelados, tribunales que absuelven presuntos asesinos de luchadores sociales…), es una dicha vivir en la Suiza Centroamericana, bla bla bla.
Para no ir muy lejos, en estos días, la Fiscalía sorprendió a tirios y troyanos con el “caso barrenador”. En La República lo ilustran con el logo de la Caja lleno de moscas verdes, informan que “supuestamente se creó un sistema corrupto para favorecer a varias cooperativas” y que “la analogía surge porque los huevos del gusano se comen el sistema y al huésped, lo cual sería básicamente lo mismo con la CCSS y las cooperativas supuestamente favorecidas”. [1]. ¿Y cuándo comenzó este gusano a comerse el sistema? Pueblo que pierde su memoria está condenado a cometer los mismos errores. Nada más recordemos: Durante la administración del presidente Luis Alberto Monge (1982-86) se echaron abajo las Asociaciones Cantonales de Salud, que engendraban la participación del ciudadano en el proyecto de “Hospital sin paredes”, sustituyéndolas por dóciles Juntas de Salud, como coadministradoras (paraestatales) de los establecimientos de Salud Pública.
Después de descabezarse el “Hospital sin paredes” en 1985 ([2] página 10), como experiencia novedosa nacida de las entrañas del pueblo, llegamos a lo que experimentamos hoy. Se promovió y apareció la primera forma de “tercerización” de servicios que, aunque haya sabiondos que lo niegan, es una privatización de servicios, al entregarse en administración a cooperativas los primeros centros de salud (el de salud de Pavas fue el primero en “cooperativizarse”, a cargo de quien luego sería viceministro de salud, en la Administración de Oscar Arias).
La experiencia del Hospital sin Paredes nacida hace más de 50 años en San Ramón de Alajuela resolvía integralmente los problemas con el bienestar integral de la persona, pero a la vez resultaba inaceptable para el comercio con el bien salud que ya tenían planeado (Foto tomada de [2]).
Se inició la “desnaturalización” de la Caja, comprando servicios médicos privados, mandando sus pacientes a examinarse a centros empresariales y el derecho a la salud fue visualizado como negocio, con el silencio cómplice, de unos pocos profesionales que vieron la oportunidad de trabajar menos y mejorar sus ingresos, o las pequeñas protestas y pasajeras denuncias de algún que otro sindicato, quizá incrédulos de lo que estaban viendo.
Ya para el 23/9/2024, Noticias Repretel, reporta 20 allanamientos y la detención de 8 personas, entre empleados, directores y exdirectores de la CCSS, realizados por el OIJ y la Fiscalía de Probidad por presunta corrupción. [3]. La misma fuente, un día después, informa de presuntas amenazas con bombas en la Fiscalía (hasta el 28/9/2024 se desconocía sí aparecieron tales bombas, el tipo de material explosivo etc.), mientras el 26/9/2024, la Fiscalía consigna la queja de que le habían borrado 300 correos del dispositivo de uno de estos investigados, estando él detenido y cuando se supone era probanza calificada para determinar la certeza de un indicio de supuesto delito.
Parte de la justificación dada por el fiscal general, Carlo Díaz Campos, es “una investigación que lleva la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la misma se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de 12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la Caja quien presentó la denuncia; pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus informes y sus observaciones en la misma”. [4]
Díaz también hizo un llamado a la población “a que denuncie y para eso estamos y esperamos que cada persona cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo se acerque a la fiscalía y lo denuncie”. Y tomándole la palabra al fiscal general, para que use sus facultades legales y grandes dado por el marco jurídico, es necesario investigar la infección que en epidemiología llaman el “paciente cero”. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires mencionan que el “número básico de reproducción 𝑅o = a/b es el definido como el número medio de infecciones secundarias que ocurren cuando un individuo infeccioso es introducido en una población susceptible. Es decir, cuántos individuos va a infectar directamente el paciente cero. La cantidad 𝑅o es de gran importancia en epidemiología, ya que indica si la infección se va a extender.” [5]
El caso cero ayudaría a que la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la Caja, el fiscal general y el Poder Judicial, conozcan si el paciente que la Auditoría Interna de la CCSS envió al Ministerio Público, es o no es el paciente cero, así como determinar la cantidad de infectados, con sus nombres y apellidos. Además, podrán medir con mayor precisión que tan avanzada está la infección; es decir, si el daño es solamente ¢12.500 millones anuales o si es mucho mayor y si la podredumbre es a partir de hoy o nació años o décadas atrás. Con esto, los contralores, auditores y fiscales no solamente podrían poner en aislamiento a todos los infectados y vectores, sino que les sería más fácil informar a los jueces que tan profunda debe ser la cirugía para evitar que continúe la corrupción, infección o podredumbre.
En la búsqueda del paciente cero el fiscal general nos da una pista cuando dice que “se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS”, pues estos son parte de la estructura del primer nivel de atención de la salud o medicina preventiva, que hasta el 3/12/1993 estaba a cargo del Ministerio de Salud (MS). Antes de esa fecha la “Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973 decía “Artículo 6º.- La atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serán de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública”. Con la Ley N° 7374 del 3/12/1993 se derogó el artículo antes citado y se trasladó a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva con la promesa en su artículo 9 que el Ministerio de Hacienda sería el responsable de financiar su costo.
Esto nos animó a buscar el “caso cero” en la década de 1980, así como sí había indicios del gusanillo “barrenador”, pero no había entonces redes sociales como ahora y las contradicciones de intereses en las altas élites no eran tan marcadas como ahora por la “institucionalidad” y los pocos derechos que aún quedaban a los trabajadores. En 1990, un artículo publicado por Fernando Marín Rojas, fundador de COOPESALUD, R.L., nos da un panorama de esta década, cuando nos ilustraba: “Para enfrentar los problemas mencionados de una manera integral se propuso, en 1986, el desarrollo de un plan piloto en la Clínica de Pavas, en el área metropolitana de la capital costarricense. Después de tres años de trabajo -donde se hicieron arduas negociaciones, se hicieron los estudios de factibilidad y se constituyó la empresa COOPESALUD R.L.-, el 30 de agosto de 1988, se inició el proyecto con los servicios del seguro social, y el 16 de febrero de 1989, el Ministerio de Salud también traspasó a la Cooperativa sus programas, logrando constituir un Sistema Local de Salud “totalmente integrado.”” [6] (Destacados no son del original).
La panacea para los costarricenses sin acceso a clínicas y hospitales privados se llamó “tercerización” del derecho a la salud. Pocos chistaron. (F. tomada de Facebook con fines ilustrativos).
Marín cita que, el objetivo era resolver una serie de problemas y críticas, entre ellos la dificultad para el acceso de los servicios, los largos tiempos de espera, mala calidad de los medicamentos, bajo rendimiento y altos costos de funcionamiento, entre otros. Para tal fin, la cooperativa quedaba autorizada a ofrecer diversos servicios de salud, principalmente preventivos, pero también del segundo nivel de atención.
Además, Fernando Marín nos da cifras monetarias que a la luz del artículo 6 de la Ley 5349 vigente antes de 1993, podían mandarse fondos del Seguro Social hacia el Ministerio de Salud, como gasto de éste hacia la CCSS. Marín reporta que “Para iniciar el proyecto, la Caja Costarricense de Seguro Social proporcionó una clínica nueva, con 4.750 m2 de construcción y 9.000 m2 de áreas verdes y parqueos, la cual estaba equipada en un 80%, aproximadamente. Todo con un costo cercano al millón y medio de dólares. La cooperativa pagó, por una sola vez, un alquiler simbólico de ¢2.000 (US$30).” [6]
Marín también informa: “Por la administración de la Clínica de Pavas, la C.C.S.S. paga, actualmente un monto anual de ¢2.600 (aproximadamente US$30) por cada asegurado residente en el área de salud. Dicha suma se negocia anualmente y es cancelada en cuotas mensuales. Por su parte, el Ministerio de Salud fijó un aporte mensual permanente de ¢1.375.000 (aproximadamente US$15.000), el cual solo ha honrado, hasta la fecha, en forma parcial.” [6].
Nadie habló entonces de “tercerización” de servicios del sector salud, iniciada por el PLN, como se probó anteriormente, y continuada por el PUSC, con el fin de trasladarle costos a la Caja, barrenarle sus ingresos, satisfacer exigencias de organismos financieros internacionales y promover el negocio de la salud privada.
Este humilde aporte podría ayudar a los fiscales para que en las pesquisas de pruebas que están haciendo, vayan anotando en sus bitácoras los daños ocasionados a los fondos de la CCSS y de los asegurados, en adición a los ¢12.500 millones que ya tienen anotados.
La historia ocurre dos veces, decía a mediados de 1800, un viejillo barbudo, odiado por quienes endiosaban el libre mercado y cascarrabias a todas luces, “la primera como tragedia y la segunda como farsa”.
