La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, secundada por el presidente, en un show político presenta un panorama desolador, que no corresponde a la realidad institucional para justificar:
1.- No pagarle a la CCSS la multimillonaria deuda que tiene con la Institución, certificada en casi 3 mil millones de millones, por la atención a la población más vulnerable de nuestro país.
2.- No trasladarle a la Caja los recursos, que, de conformidad con la Constitución Política y la Ley Constitutiva, el ministro de Hacienda está obligado a presupuestar y trasladar anualmente a la institución para la universalización de los seguros Sociales.
3- La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria por un monto de ₡7 mil millones de millones, que el Estado no ha pagado.
4.- Además, a la Caja le adeudan una millonaria inversión en títulos valores del Ministerio de Hacienda, para la construcción de toda la infraestructura indispensable para la ciudadanía.
5.- La incompetencia para resolver las listas de espera y el deterioro de los servicios que promueve este gobierno, no lo pueden esconder mediante este tipo de maniobras.
6.- Sobre el tema de las mascarillas y el proceso de compra del edificio Océano, el sindicato UNDECA, entre otros, había realizado las respectivas denuncias.
7.- Sobre el pago de ajuste salarial a los trabajadores de la Caja, este fue autorizado por el Consejo de Salarios del Sector Público, con la firma de Rodrigo Chaves siendo ministro de Hacienda de Carlos Alvarado.
Rechazamos toda ofensa que denigra la función de los trabajadores de la salud pública que día a día salvan vidas, como en la reciente Pandemia de Covid-19.
Este gobierno sigue violentando la autonomía constitucional y la Junta Directiva de la Caja ha sido secuestrada por el gobierno de Rodrigo Chaves, hacemos un llamado al pueblo costarricense a defender esta institución.
El compañero Franklin Vargas Rojas humorista nacional, en apoyo a la campaña “Gracias CCSS” del FRENASS, nos recuerda que nuestro modelo de seguridad social y salud pública es de los mejores del mundo y a través de su testimonio personal nos cuenta cómo en nuestra benemérita institución, patrimonio de nuestro pueblo, le salvaron la vida.
En FRENASS reiteramos que la gran experiencia que nos cuenta el compañero Franklin, ha sido la afortunada realidad de millones de personas en estos casi 82 años de existencia de nuestra querida CCSS.
El compañero Franklin nos indica que es uno más de los que se suma a la Defensa de la CCSS diciéndonos: ¡Siempre respaldaré a la CCSS, pueden contar con mi apoyo!
Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.
San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.
Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.
Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.
La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.
Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.
Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.
En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.
En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:
Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias. Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical CCSS Hospital San Juan de Dios Servicio de Cirugía Ambulatoria Junio 11, 2023
Creemos que posiblemente no existe ninguna recomendación de la Contraloría que este pendiente de atender por parte de la CCSS, en el tema de estados financieros.
En el mensaje de video de Doña Marta Esquivel de una forma indirecta, consideramos cuestiona a la Controlaría, diciendo que por años esta institución ha emitido recomendaciones a la CCSS, que no se han cumplido y que, por eso, la Junta no aprueba los Estados Financieros.
A ver, todas las recomendaciones que da la Contraloría tienen un plazo de cumplimiento y un estricto seguimiento por parte del ente contralor para asegurarse que se cumpla su mandato.
En algunas oportunidades, tal plazo se puede ampliar a petición de la Administración, pero tarde o temprano, las recomendaciones tienen que cumplirse y la Contraloría emite un oficio indicando que ya está atendida.
¿Qué sucede si la Administración no cumple con una o varias recomendaciones de la Contraloría?, pues simplemente que la Contraloría abre un procedimiento Administrativo y eventualmente impone una sanción, qué incluye desde una suspensión de días sin goce de salario, el despido y/o la prohibición de que se pueda ejercer por un cierto número de años, un puesto en el sector público.
Entonces lo que deseamos dejar como mensaje, es que la Contraloría ya hubiera impuesto sanciones a los funcionarios de la CCSS, responsables de no cumplir con las supuestas recomendaciones señaladas por la presidenta ejecutiva de la CCSS.
Así las cosas, hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía en el sentido de no caer en trampas informativas que distorsionan la realidad y le generan un enorme daño reputacional a la imagen de la Caja, acciones de este tipo en otros países han sido juzgadas y han generado sanción legal contra quienes las han ejecutado.
Dicho esto dejamos formulado un reto público a Doña Marta Esquivel, para que presente al país, los estudios técnicos y legales que dieron pie al rechazo de los Estados Financieros y además haga pública la certificación de la Contraloría que determina la enorme cantidad de incumplimientos por parte de la CCSS, junto a un listado de los y las funcionarios y funcionarias que han sido sancionados por la Contraloría en razón de la enorme cantidad de incumplimientos.
Caso contrario quedará en evidencia que en el fondo lo que se desea es mantener una narrativa muy aventurada y malintencionada contra la Caja y paralelamente el desarrollo de una política de miedo que contiene una suerte de persecución laboral y política que bien podría ser recurrida ante instancias nacionales e internacionales.
Por estas y otras razones es que dejamos formulada la necesidad urgente de que el Poder Ejecutivo en la persona del Presidente y la Presidenta Ejecutiva opten por un freno a la retórica tristemente célebre de que la Caja está quebrada y un cese definitivo de la persecución laboral y política contra trabajadores y trabajadoras que no comparten la línea del Ejecutivo y de Doña Marta Esquivel, la aceptación de estás dos condiciones expuestas serían una buena señal de cara a un posible diálogo social a lo interno de la CCSS.
Cuatro condiciones elementales de cara a un diálogo con la Presidencia Ejecutiva de la CCSS:
1- Freno al discurso de quiebra de CCSS por parte de presidente de la República y presidenta ejecutiva.
2- Cese inmediato a persecución laboral y política contra funcionarios y funcionarias que difieren de la tesis de quiebra de la CCSS.
3- Respeto a procedimientos y acuerdos de Junta Directiva para nombramientos en altos cargos gerenciales, directores, asistentes o similares.
4- Descartar la política de CONFIDENCIALIDAD de las sesiones de Junta Directiva y transparentarlas de cara a la ciudadanía.
El diablo no da explicaciones sobre su actuar, le gusta señalar los errores de los demás y oculta cualquier acto que lo desfavorezca.
Esto es un claro ejemplo de lo que está pasando en los Ministerios, instituciones públicas en general y lamentablemente en la CCSS.
Ante el posible nombramiento de Daniel Muñoz Corea en la Gerencia Financiera y/o la Dirección de Riesgos, así como su actual rol de perito experto nombrado por Consejo de Gobierno y en alianza con Marta Eugenia Esquivel, es necesario hacer los siguientes apuntes en grado de presunción, ya que resultan necesarios ante la actual coyuntura institucional.
Tengamos memoria por eventos que han ocurrido en el pasado con don Daniel:
1- Dos años de permiso con goce de salario para estudiar una maestría en Argentina.
2- Nombrado y separado como director de Inversiones de la Gerencia de Pensiones, por una inversión no recuperada de un Proyecto Ciudad Ricardo Saprissa, a través del Banco Popular.
3- Dos años más separado de la CCSS, mientras Daniel peleaba una sanción de 5 días que le habían acreditado.
4- Cuatro años incapacitado entre 2012 y 2016, donde se logró comprobar por la instancia pertinente que existían pagos improcedentes.
5- Deuda con firmeza administrativa de más de 30 millones de colones, pendiente de pago, producto de montos de incapacidad pagados de más.
¿Entonces el perito experto, por decir que la CCSS esta quebrada tendrá un buen pago?
Las autoridades de la CCSS están alejadas de pensar en las necesidades en salud y pensiones de la gente de carne y hueso, prueba de ello es la improvisación que tuvieron con la nueva Gerente de Infraestructura, que no duró ni un mes y ya salió por la puerta de atrás.
Funcionarios y costarricenses, luchemos por la Caja Costarricense de Seguro Social.
*Dirigente Sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social Trabajador Hospital San Juan de Dios, Servicio de Cirugía Ambulatoria, cédula 1 0669 0465 San José, 11 de junio 2023
Dr. Rodrigo Cedeño Gómez Especialista en Urología Invitado de ACANAMED
Diagnóstico temprano del cáncer de la próstata
El año anterior 2022 fallecieron en Costa Rica 468 hombres por causa del cáncer de próstata. ¿Qué eran desconocidos? No es así: eran padres, hermanos, abuelos, tíos o amigos de alguien. Y si así no fuera, eran personas como usted y como yo.
¿Se pudo haber evitado que murieran tantos hombres por esta causa? ¿Este cáncer se puede coger a tiempo? Es muy posible que sí. Ya les diré cómo.
La próstata es una glándula que está situada a la salida de la vejiga, donde comienza el canal que lleva la orina al exterior (uretra), rodeándolo en su totalidad como un anillo grueso. La próstata produce un líquido que llega a formar parte del semen y que sirve de nutriente a los espermatozoides para que puedan fecundar el óvulo; sin esto, el hombre no podría engendrar.
Está formada por una enorme cantidad de células que en algún momento pueden cambiar su destino para convertirse, no se sabe por qué, en un cáncer como puede ocurrir en otros órganos del cuerpo.
Este cáncer, ¿puede ser evitado? Lamentablemente no. ¿Puede ser curado? La buena noticia es que sí, casi siempre.
Cualquier hombre, sin excepción, puede llegar a tener un cáncer de próstata principalmente después de los 50 años. La posibilidad es mayor si algún pariente cercano lo ha tenido como el padre, el abuelo, un tío o un hermano.
Como no puede evitarse y como cualquier hombre en esas edades lo puede sufrir, para combatirlo y exterminarlo solo existe una manera: cogiéndolo a tiempo, cuando es aún pequeño y no se ha salido de la próstata. Solo en estos casos el tratamiento funciona, para curarlo y eliminarlo para siempre.
La manera de lograrlo es bastante simple. La regla es: todo hombre sano, sin esperar a tener síntomas, a partir de los 50 años (para los que han tenido parientes con cáncer de próstata a partir de los 40 años) debe hacerse un examen de sangre que es como cualquier otro, para medir una sustancia que se llama antígeno prostático y someterse a un examen a través del recto (tacto rectal) mediante el cual el médico determina el estado la próstata.
La otra regla es que el cáncer cuando comienza y se puede curar, aún no ha dado síntomas. Si espera a tener molestias para consultar, puede ser demasiado tarde.
El antígeno prostático es una proteína que es producida solo por la próstata y pasa a la sangre normalmente en cantidades pequeñas, de manera que cualquier hombre sano tiene un valor normal que se puede medir con un examen. Pero el cáncer produce 10 veces más antígeno, de manera que si aumenta es un indicador de que el paciente podría tener el cáncer.
Con el tacto rectal el médico puede determinar si existe alguna alteración de la próstata que sugiera un tumor, generalmente un endurecimiento o un “nódulo”. El examen es incómodo por ser a través del recto, no debe ser doloroso y es muy rápido. Es el precio que hay que pagar para no morir del cáncer.
Es obligatorio hacer los dos exámenes combinados (el de sangre y el tacto) a la edad indicada y repetidos año a año sin falta. Es la única manera de descubrir el cáncer cuando no haya dado síntomas, cuando sea muy pequeño y por lo tanto que se pueda eliminar mediante uno de los tratamientos disponibles en la actualidad.
Se le invita a participar de los talleres de culminación del proyecto de “Empoderamiento a través del uso de la bicicleta”. Estos se realizarán el día sábado 10 de junio; habrá un horario en la mañana a las 9: 00 a.m. y otro por la tarde a las 2 p.m, para que pueda acomodar el que mejor les quede en su agenda.
Los talleres de la mañana se realizarán en el colegio Anastasio Alfaro, Montes de Oca, y por la tarde en el Salón Comunal de San Marino de Montes de Oca.
La sesión está dividida en 3 partes:
Mecánica de bicis: esta es una inmersión profunda para saber todos los tips y trucos para reparar tu bici. (Y si tienen algo que reparar de una vez la traen para resolverlo)
Defensa personal: herramientas para la seguridad personal, sobre todo dirigida a las mujeres, pero bienvenidxs todxs.
Nuestro barrio y comunidad caminable y costeable: diseño ciudadano para mejorar y crear espacios inclusivos, seguros y amables en Montes de Oca.
Si nos puede acompañar, confirme por este medio: WhatsApp 8823 4501.
Costa Rica, el país que condimenta la malnutrición con el alto precio de los alimentos
Un conversatorio en la UCR abordó los desafíos del país y las soluciones nacionales que actualmente se llevan a cabo
Los datos del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) divulgados a inicios del 2023 mencionaron que la inflación en Costa Rica aumentó y, además, se agravó por las restricciones de suministro global y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Esa situación de inflación, por supuesto, puede cambiar durante el año. Las expectativas a 12 meses comunicadas por el Banco Central de Costa Rica muestran pronósticos más alentadores.
Sin embargo, desde la mirada nutricional, la inflación (aunque sea en porcentajes menores) es un hecho que persiste y afecta en el precio de los alimentos y la energía, los que más tienden a subir según explica la OCDE.
¿El resultado de esas dinámicas económicas? Para las y los especialistas la respuesta es solo una: una influencia directa en la inseguridad alimentaria y nutricional de la población.
Así se habló en el conversatorio “Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) desde los gobiernos locales”, liderado por la Escuela de Nutrición, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva —ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR)— y la Red de Economía Social Solidaria (RedESS).
Durante el conversatorio, en el cual participaron profesionales del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Red Costarricense de Agricultura Familiar y la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las y los profesionales analizaron los importantes desafíos que vive Costa Rica en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Los datos son claros.
Si se hace una cuidadosa revisión estadística en la tabla de la OCDE, esta indica que en enero del 2023 la inflación de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas de Costa Rica se posicionó con una cifra de inflación del 18.5 %.
Dicho porcentaje, uno de los más elevados, hizo que nuestro país ocupara el lugar número 17 entre las naciones de la OCDE con mayor inflación en ese mes de enero. Esta tendencia no era nueva y ya se venía registrando meses anteriores.
En agosto del 2022, por ejemplo, la OCDE comunicó que la inflación en el precio de los alimentos en Costa Rica alcanzó el 22.5 %, lo que ubicó a nuestro país en el top de las naciones con uno de los mayores aumentos registrados.
Lo anterior es especialmente importante ante un contexto en el cual los salarios e ingresos de la población no suelen aumentar tan rápido como la inflación.
“Si le decimos a las personas compren frutas y vegetales, pero la estructura de precios en nuestro país no lo permite porque somos uno de los que tienen los más altos costos de los alimentos —que son el pilar del sistema alimentario— es claro que se va a afectar la seguridad alimentaria nutricional a nivel nacional, especialmente a las poblaciones más vulnerables”, dijo la Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias del Ministerio de Salud.
Por fortuna, en los últimos tres meses de febrero, marzo y abril de 2023, la misma OCDE registró una dinámica diferente con datos más positivos. Los porcentajes de inflación fueron 14.3 %, 12.3 % y 9.9 %, respectivamente para cada mes. Sí, los porcentajes son menores pero el fenómeno de inflación continúa.
¿Una posible solución? Fortalecer el consumo de alimentos nacionales y de temporada. Esto ayudaría no solo a dinamizar la economía local y alimentos a un menor costo, sino también a incentivar una alimentación saludable, un punto en el cual Costa Rica ha estado bastante alejado.
Dicha condición de sobrepeso y obesidad aumentó en todas las naciones de la región de América Latina y del Caribe entre 2000 y 2016, donde Costa Rica, Haití y República Dominicana predominan con un aumento significativo en más de 10 puntos porcentuales, señala la FAO.
Lo mismo refleja el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (Elans), al respaldar en Costa Rica el problema de obesidad. Por supuesto, la población infantil tampoco es la excepción. El censo de Peso y Talla reveló en el 2016 que más de 118 000 escolares tienen sobrepeso y obesidad. Algunas personas profesionales en nutrición desde el 2019 ya catalogaban este fenómeno en Costa Rica como una “epidemia de obesidad”.
¿Los lugares más afectados con esa “epidemia”? Cuatro de los distritos con los índices más bajos de desarrollo social (IDS): Zapotal, Picares, Caldera y Desamparaditos, zonas cuya prevalencia de obesidad es superior al 50 %, según el Censo de Peso y Talla 2016. Así, no es de extrañar que el alto precio de los alimentos incida en la malnutrición. Para algunas familias las comidas baratas y poco nutricionales son sus únicas opciones.
¿Y qué está haciendo el país?
La respuesta es solo una: mucho. Ante los desafíos económicos, una de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional es la agricultura familiar.
Actualmente, la agricultura familiar es uno de los principales generadores de alimento en el país pero, al mismo tiempo, uno de los más inseguros y pobres, expresó la Lic. Karen Rodríguez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
De acuerdo con la FAO, más del 70 % de los alimentos en la región de América Latina y el Caribe se genera a raíz de la agricultura familiar. En Costa Rica, los datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) expresan que aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Estas representan un 26 % de la extensión total de uso agropecuario del país.
Sin embargo, a pesar de esa importante contribución, el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 del MAG informa que en la región seis de cada diez de los hogares, que dependen de la agricultura, viven en situación de pobreza e inseguridad. Precisamente, por esa razón nace este Plan Nacional, con el fin de cambiar esta realidad, disminuir la pobreza que vive el sector, dinamizar la economía y favorecer la nutrición a nivel nacional.
“La agricultura familiar es un modo de vida. En Costa Rica esta se relaciona con familias rurales, urbanas, y periurbanas a nivel de población indígena, afrodescendiente y, también, con las organizaciones que promueven la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en la familia como en la población. La agricultura familiar tiene tipologías como el autoconsumo o el mercado para comercializar. No hablo solamente de las huertas familiares, sino en diferentes agronegocios”, ahondó la Lic. Rodríguez, quien además coordina el Plan Nacional desde el MAG.
La experta dijo que el plan actualmente está conformado por 36 intervenciones y ocho pilares estratégicos. Todos ellos, además de fortalecer a las familias, propician el desarrollo territorial mediante el apoyo de la infraestructura productiva, incubación de microempresas familiares y el fomento del emprendimiento en mujeres y jóvenes.
Asimismo, robustece el desarrollo de mercados locales, las alianzas entre el sector público y privado, el fomento de la asociación de los productores familiares y hasta la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.
En este sentido, Wagner Suazo Chanto, de la Red de Economía Solidaria de Costa Rica, concuerda. Además, agregó el componente de economía solidaria que está directamente conectado con el tema de la agricultura familiar. Esto es especialmente importante si se conoce que el país tiene 736 asociaciones de productores identificadas, un número bastante considerable con base en la última estadística del 2017 de Infoagro.
“La producción de alimentos es, esencialmente, asociativa y está presente hasta en el tema de la comercialización. En el país existen 85 ferias del agricultor. Esto quiere decir que siguen siendo un espacio de comercialización y de acceso a los alimentos importantes de manera directa y, en muchos casos, sin intermediarios. También, organizadas por asociaciones o centros agrícolas cantonales”, expuso Suazo.
¿El impacto económico para las familias? Mucho. Suazo mostró que el 5 % del ingreso de los hogares proviene de la producción para el autoconsumo, donación y trueque. En cambio, para los hogares de menores ingresos, este porcentaje de ingreso se eleva considerablemente a un 12 %, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018-2019.
“Estamos hablando de unos 40 000 o 50 000 colones por hogar dependiendo si es rural o urbano. Esto juega un rol importante para que las personas mejoren su situación”, añadió.
En Costa Rica, aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Una guía
A esas acciones de agricultura familiar y economía solidaria se le suma otra: las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios de Costa Rica del Ministerio de Salud, que iniciaron su implementación en 1997.
La Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión, manifestó que las guías alimentarias reconocen la necesidad de reforzar prácticas y hábitos alimentarios nutricionalmente adecuados como el consumo de frutas y vegetales.
Además, se orientan en promover la modificación de aquellas prácticas inadecuadas como el consumo excesivo de sal o azúcar e, incluso, motivar la incorporación de nuevos alimentos. “Especialmente, revitalizar toda la agricultura, los alimentos autóctonos tradicionales y la incorporación de nuevas prácticas alimentarias”, comentó la Dra. Madriz.
Por supuesto, la especialista fue clara que se deben intervenir los sistemas alimentarios y el entorno para generar los medios y las condiciones que le permitan a la población tomar decisiones más saludables. Una de esas condiciones está en el precio de los alimentos si lo que se busca es tener un impacto integral.
“En las guías partimos de una realidad nacional y es la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, relacionadas con una inadecuada nutrición. Es así que surge la necesidad de iniciar todo un proceso nacional para mejorar la salud de la población mediante una alimentación saludable, dado que estas enfermedades son las responsables de las altas cargas de morbimortalidad y de los altos costos de atención al seguro que generan grandes pérdidas económicas y un importante impacto social”, profundizó la Dra. Madriz.
Ejemplos de éxito
En el conversatorio también se compartieron algunos ejemplos de éxito sobre acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional. María Carmen Elizondo Soto, licenciada en Trabajo Social y coordinadora de Asuntos Sociales y Económicos de la Municipalidad de Sarapiquí, dio a conocer algunas de las ideas que se realizan en su cantón.
Una de las iniciativas más importantes fue incorporar el enfoque de mejoramiento de vida, cuyo objetivo final es lograr el bienestar mediante el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las comunidades y de las familias. El enfoque tiene como pilares los hábitos del capital social y la economía familiar, con los cuales se busca mejorar la nutrición, la autoestima y la expansión económica.
“El enfoque de mejoramiento de vida surge en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno y las agrupaciones empiezan a acercarse a las comunidades para ver qué es lo que tienen las personas y cómo, a partir de sus recursos disponibles, lograr el bienestar y la mejora continua. Este enfoque lo iniciamos en el 2019 y lo hemos estado incorporando en el acompañamiento a giras, en el conocimiento de las comunidades y en propiciar que se articule lo que se puede desde la municipalidad”, mencionó la Lic. Elizondo.
Los primeros logros ya se hacen evidentes. Tres comunidades del cantón este 2023 cumplen dos años o más de estar participando en el Programa de Mejoramiento de Vida. Estos son: el distrito de Puerto Viejo, Cerro Negro y la comunidad de Río Magdalena. El enfoque ha permitido que la comunidad pueda trabajar temas de jornada diaria, comunicación y alimentación.
“El enfoque le dice a la comunidad coman rico, coman saludable, cuiden su salud y produzcan con lo que tienen disponible. Además, se ven temas sobre cómo manejamos nuestras finanzas y cómo las ordenamos. El enfoque no busca que las familias se conviertan en productoras a gran escala, sino que puedan ser capaces de tener una estabilidad financiera que les permita un balance y un acceso económico y oportuno a los alimentos”, completó la Lic. Elizondo.
A eso se le añade el empoderamiento que ganan las comunidades, al romper las barreras culturales e incentivar el trabajo en equipo desde las necesidades de la zona. Todos y todas se involucran gracias a diferentes metodologías participativas y el trabajo interinstitucional (academia-organizaciones-instituciones).
“Sarapiquí es un cantón meramente rural, con capacidades para la producción, para la agricultura y para la ganadería. Estas metodologías nos acercan a poder entender qué es lo que las comunidades pueden hacer, cuáles son sus capacidades y cómo pueden desarrollarse”, profundizó Elizondo.
Llama la atención que Costa Rica tenga importantes índices de sobrepeso y obesidad cuando posee un alto precio de los alimentos. Para las y los nutricionistas, gran parte se debe a que las familias terminan por inclinarse a consumir comidas más baratas y poco nutricionales.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Santa Bárbara saludable
Otro ente que compartió sus experiencias fue la Municipalidad de Santa Bárbara. El Ing. Victor Manuel Hidalgo Solís, alcalde de esa municipalidad, habló sobre la política cantonal en seguridad alimentaria y nutricional que han implementado. El esfuerzo se enfoca en unir todas las acciones que se realizan desde la individualidad y generar un trabajo permanente que, a su vez, se adapta al día a día con base en las nuevas necesidades y cambios.
“Santa Bárbara es un cantón ubicado en Heredia. Somos un territorio en el cual la agricultura ha sido la base desde tiempos atrás y, para nosotros, un eje importante es la reactivación de la economía, específicamente, poder producir. Lo que nosotros actualmente producimos se va, no lo comemos. Nuestra feria del agricultor viene de afuera y la plata se va. Vienen agricultores de otros lugares y son muy pocos, o casi nada, los agricultores del cantón que logran poder posicionar sus productos”, expuso el Ing. Hidalgo.
Justamente, esa es una de las realidades que se busca cambiar, y más, si se toma en cuenta los retos actuales que amenazan la producción nacional, como el cambio climático, la escasez de agua, la escasez de alimentos, los residuos, los plásticos, la economía y la salud.
“Somos un país agrícola con una tierra riquísima para cultivar, pero ya nadie quiere cultivar. Todo el mundo quiere vender las herencias, quiere construir casas y nadie está pensando en la comida. ¿La traemos de otros países? ¿Qué pasa si vuelve otra pandemia? ¿Y si nos cierran las fronteras qué vamos a comer? ¿Cemento? Estas cosas nos preocupan y, sobre todo, por las nuevas generaciones”, enfatizó Hidalgo.
La idea, comentó el alcalde, es sacarle provecho a la gran cantidad de tierra que tiene disponible Santa Bárbara, así como ríos y fuentes importantes de agua para sostener proyectos de agricultura. ¡Claro! También se contempla la economía circular que fortalezca el reciclaje y la creación de abono mediante el compostaje.
Por eso, hoy Santa Bárbara tiene una política basada en el consumo saludable que engloba la nutrición, la calidad de vida y la salud de la población. Para el alcalde, la prioridad es sembrar y que los agricultores de la zona puedan vender la comida en el cantón. Además, generar espacios permanentes para la agricultura que no se pierdan en el tiempo.
¡Ya la cosecha se está recogiendo! Al día de hoy ya se han logrado más de 30 acciones materializadas, precisó el Ing. Hidalgo.
Entre ellas están las campañas de recolección de residuos de manejo especial, educación ambiental, modernización de un sistema de riego cantonal, reintegración al clima local de semillas, seis fincas bajo programa de agroinnovación tecnológica para reducir los agroquímicos y hasta fincas en el Programa de Bandera Azul.
Un camino por delante
Si bien Costa Rica ha tenido grandes avances, aún falta un largo trayecto por recorrer y una deuda pendiente por pagar.
Wagner Suazo sostuvo que en el pasado hubo una destrucción sistemática del agro que inició a mediados de los años 80 por ajustes de corte neoliberal. Además, desde su criterio, Costa Rica experimentó fuertes cambios en el modelo de desarrollo. Por ejemplo, pasamos de ser un país agricultor a ser un productor de servicios.
También, se pasó de apoyar la producción local a la atracción de inversión extranjera directa la cual, “hay que decirlo: es un fracaso. El desempleo no ha dejado de subir. En los últimos 30 años, tenemos 25 % de pobreza. La mitad de las personas que trabajan en este país lo hacen desde la informalidad. Entonces, es una apuesta que salió bastante mal”, aseveró Suazo.
Ante esto, y a pesar de las políticas a nivel país realizadas y de las acciones efectuadas por los gobiernos locales, es claro que el pasado generó intereses por saldar, con la gran diferencia de que hoy hay menos recursos.
“Solamente el año 2018 a 2022, el presupuesto anual de las instituciones del sector agropecuario se redujo casi en 30 000 000 000de colones. En este contexto, nos parece que el rol de los gobiernos locales se vuelve clave para fomentar el reconocimiento, la visibilización y el apoyo. Cuando decimos reconocimiento desde lo asociativo, se trabaja mucho desde la parte de emprendimiento individual, pero hay que reconocer que la producción de alimentos se hace de manera asociativa y hay que tener claridad de las implicaciones que tiene ese tipo de particularidades”, mencionó Suazo.
Así, el experto añadió que se deben hacer nuevos marcos normativos, generar más espacios de diálogo, promover la capacitación de actores en economía social, apoyar el fortalecimiento organizativo y estimular la demanda social.
Por último, Raquel Hernández, nutricionista de la Municipalidad de Santa Ana, platicó sobre el proyecto de gobiernos locales de la FAO. La iniciativa busca apoyar la sensibilización y la educación a los líderes y tomadores políticos de decisiones en temas de seguridad alimentaria y nutricional.
Desde la FAO, comentó Hernández, se da acompañamiento, seguimiento y articulación para que cada gobierno local pueda ir trazando una ruta hacia la seguridad alimentaria nutricional, con acciones cada vez más concretas y debidamente institucionalizadas.
“Cuando un gobierno local trabaja la seguridad alimentaria y nutricional, no hay pérdida, todo es ganancia. Estamos trabajando en el desarrollo integral del municipio, en la calidad de vida de las personas de ese municipio y en pro de la agricultura del cantón. Es un tema que nos compete a todos”, remarcó Hernández.
El gran sueño ahora, concluyó Hernández, es que en algún momento Costa Rica tenga más oficinas de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, que trabajen desde las municipalidades para que verdaderamente se pueda llegar a acciones concretas.
Gracias a la acción constante y bien fundamentada del Frente EcoCipreses, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso orientado a garantizar la salud de la población.
Puede verse un detalle del proceso mediante este enlace:
