Este domingo 4 de junio diversos colectivos de ciclismo urbano junto a la Municipalidad de Curridabat y al Corredor Biológico Interubano del María Aguilar (CBIMA) estaremos realizando una gran cleteada urbana para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta.
Desde el año 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta, con el propósito de que los gobiernos del mundo promuevan en sus países el uso de la bicicleta como medio de transporte, deporte y recreación; como una forma de mejorar la salud de las personas, reducir la contaminación por emisiones contaminantes, el congestionamiento y el estrés urbano.
Cada vez son más las personas que usan la bicicleta como medio de transporte, para trabajar, para hacer ejercicio, para la recreación y el esparcimiento en nuestro país. Sin embargo, el MOPT sigue sin responder adecuadamente a su obligación de desarrollar mayor infraestructura ciclista, así como planes, programas y políticas dirigidos a promover el uso seguro de la bicicleta. Por esta razón pretendemos con esta cleteada urbana masiva, hacer un llamado a las autoridades de gobierno, a las municipalidades y especialmente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que:
Desarrollen planes y programas nacionales y cantonales para el desarrollo de infraestructura ciclista en consonancia con lo que establece la ley 9660 de Movilidad Ciclística.
Que cumplan con todas las demás disposiciones y alcances de esta ley, especialmente en lo concernientes al desarrollo de los planes ciclistas cantonales, la asignación participativa de presupuestos municipales para el desarrollo de infraestructura ciclista, entre otros.
El MOPT y el MEP pongan en práctica los cursos de educación y seguridad vial en escuelas y colegios tal y como lo demanda la ley 9660.
Se desarrollen campañas para la pacificación del tráfico automotor y para el respeto de las personas peatonas y ciclistas y su prioridad como usuarias de la vía pública.
La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano es la mejor solución a los problemas de salud provocados por el sedentarismo y la obesidad; que le cuestan miles de millones de colones a la CCSS. Ayuda a disminuir el congestionamiento vial, así como a reducir la contaminación sónica y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los automotores y que son la principal causa del cambio climático global, que está causando tanta devastación en el Planeta entero.
Por ello invitamos a todas las personas que quieran sumarse a participar de esta gran cleteada urbana, completamente gratuita. Habrá refrigerio e hidratación, rifas y sorpresas, así como camisetas conmemorativas para las primeras 100 personas en inscribirse en el punto de salida.
Fecha: Domingo 4 de junio Hora: 8am Lugar de salida: Parque del Prado. Curridabat (300 metros sur de Plaza del Sol) Recorrido: Curridabat-La Sabana-Curridabat. 16 km de distancia.
Se recomienda llevar bicicleta en buen estado, casco, bloqueador solar, agua o hidratante. Apta para personas mayores a 12 años.
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Luis Chavarría Vega, secretario general y Martha Elena Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, envían mensaje a la ciudadanía costarricense sobre la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS.
Esta posible prohibición que hoy se discute es un evidente logro de la lucha popular ecologista en defensa del agua y la gente.
¿Ahora veremos quien se impone o el monopolio de importadores de venenos (PAC, PUSC, PLN y MAG) o la salud pública y la ciencia?
(31 de mayo 2023) En el más reciente informe técnico del Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía le dan la razón a las comunidades de la zona norte de Cartago que viene pidiendo la prohibición del Clorotalonil desde hace más de tres años.
La organización comunitaria Frente EcoCipreses no sólo hizo pública la contaminación del agua que consume su comunidad con derivados de la molécula del Clorotalonil, sino además ha liderado una campaña nacional por su prohibición. Este colectivo fue el primero en alzar la voz en 2020 cuando se dieran a conocer los resultados de los análisis de agua realizados por el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional que demostraban la presencia en del líquido vital de metabolismos secundarios del fungicida carcinogénico.
Hay que recordar que el Clorotalonil ha sido prohibido en otras latitudes precisamente por ser un peligroso agrotóxico muy contaminante y que es sospechoso de dañar la salud humana, contaminar el agua, aire y matar peces, abejas, aves y anfibios.
Para el abogado Álvaro Sagot es un “logro ecologista” así lo señaló el especialista en derecho ambiental luego de conocer el informe del MINSA, AyA y Minae.
El informe es contundente en sus conclusiones señalando que: “En concordancia con las recomendaciones expuestas, así como de los riesgos analizados, se recomienda la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica, en línea con las medidas adoptadas por la Unión Europea. Se deben implementar medidas de seguridad y alternativas para la agricultura que minimicen la exposición de los trabajadores y de los consumidores, así como velar por la protección de las fuentes de agua, el medio ambiente y la salud de la población”.
Este es un gran logro ecologista debido a que todos los integrantes del Frente EcoCipreses han sido objeto de ataques y una campaña de acoso por parte de la Asada de Cipreses junto a empresarios importadores de agro-venenos que han negado la contaminación pese a la evidencia científica y el amparo legal. Es una victoria ecologista que ahora el MINSA, el AyA y el MINAE tengan que reconocer que este peligroso agro-tóxico debe ser desterrado del país.
Se debe recordar que las fuerzas vivas comunitarias de pueblos afectados por la contaminación de tomas de agua captadas para consumo humano de dos ASADAS en la Zona Norte de Cartago, organizados como el Frente Ecologista de Cipreses y apoyos por diferentes organizaciones a nivel nacional donde destacan la ANEP el Bloque Verde entre muchas otras agrupaciones lanzaron el 24 de julio del 2022 el manifiesto por el agua en el cual se solicitaba al gobierno la Prohibición Del Clorotalonil En Costa Rica, Así Como El Fortalecimiento De Las Capacidades Técnicas Del Laboratorio Nacional De Aguas para introducir en su panel de monitoreo los contaminantes del clorotalonil y todos los cientos de plaguicidas que dicho laboratorio aún continúa sin poder monitorear para garantizar la inocuidad del agua de las personas en Costa Rica.
En este informe técnico emitido el 14 de abril además de reafirmar lo que movimiento ecologista vienen alertando en relación con las propiedades cancerígenas del clorotalonil (se presenta en el cuadro 2 página 10) que uno de los principales contaminantes encontrados en Cipreses de Cartago, producto de la degradación del clorotalonil, es extremadamente tóxico para mamíferos. El informe señala: “en la recopilación de información ecotoxicológica del metabolito 4-hidroxiclorotalonil detectado en aguas de cipreses de oreamuno, cartago se indica que “es altamente tóxico para mamíferos”.
El MAG brilla por su desidia, inoperancia y sobretodo por su ausencia.
Además de ni siquiera aportar una sola coma en el informe técnico señalado, se debe mencionar que en paralelo el Ministerio de Agricultura y Ganaderia emitió una respuesta pusilánime a los Magistrados de la Sala Constitucional que están analizando el tercer Recurso de Amparo interpuesto por el activista ecologista Fabián Pacheco del Frente Ecologista de Cipreses bajo el expediente N°22-026649-0007-CO. En el oficio DM-MAG-465-2023 con las respuestas a los magistrados “dejan mucho que desear y queda en evidencia la incapacidad técnica de dicho ministerio para garantizar al menos las Buenas Prácticas Agrícolas” indicó Pacheco.
En resumen, el MAG hace una enumeración más o menos larga de cualquier acción que esté realizando en la zona con los agricultores; pero deja claro lo siguiente:
“1. Que no es competencia legal del MAG velar por la calidad de las aguas y que no tiene recursos para hacerlo.
Que tampoco tiene el MAG competencia legal para obligar a los agricultores a capacitarse ni a aplicar las BPA en las fincas, porque todo esto es voluntario y competencia del agricultor.
Que en Costa Rica ningún laboratorio tiene la capacidad de analizar los metabolitos del clorotalonil.
O sea, ellos no saben ni les incumbe saber si hay metabolitos contaminando el agua
El ministro señala que los técnicos están recomendando restringir o prohibir el clorotalonil, por cuanto está contaminando las aguas.
Así las cosas, queda claro,que el MAG y el SFE están reconociendo que el registro de plaguicidas es solo un formalismo, que en la práctica no tienen la capacidad de controlar que haya un uso adecuado de plaguicidas; que ni siquiera tienen claro qué otros plaguicidas se utilizan para controlar las plagas para las cuales se utiliza el clorotalonil”.
Con estos argumentos, el ministro MAG pide a Sala IV desestimar el recurso de amparo contra ellos. Sobre esta repuesta señala el Máster en Agro Biología Ambiental Fabián Pacheco que “es evidente que desde el MAG están haciendo un máximo esfuerzo para no resolver nada”.
“La posible prohibición del clorotalonil está en juego. ¿Ganará el bienestar público, la ciencia y los criterios técnicos del MINAE, AyA y Salud O terminarán quebrando el brazo del poder ejecutivo los intereses económicos detrás del clorotalonil y muy bien representados por el MAG? Preguntó de forma retórica Pacheco.
“Ya el sector ecologista y académico donde destaca el apoyo del IRET de la UNA presentó una lista de más de 60 alternativas químicas para sustituir el clorotalonil en Costa Rica al poder Ejecutivo. No se trata de maltratar a los agricultores de a pie, pero no hay excusas para proteger nuestra salud “Indicó Ana María Montenegro vecina de cipreses y ecologista activa en esta lucha y afectada directa de la contaminación.
En todo caso para los activistas del Bloque Verde es claro que esta posible prohibición que hoy se discute es un evidente logro de la lucha popular ecologista en defensa del agua y la gente. Nada de esto se hubiera descubierto y discutido sin el empuje de las comunidades defendiendo sus bienes comunes y con el invaluable apoyo de las universidades públicas donde destaca la UNA y la UCR.
Salimos a la calle y visitamos a la comunidad de Quebrada Honda de Patarrá, donde conversamos con Julio Rojas sobre el impacto de las actividades relacionadas a las carboneras en la vida comunitaria, nos ayuda a comprender las implicaciones ambientales y en la salud de las personas.
Para escuchar el programa, haga clic en este enlace.
– La posición de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad se da en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró este lunes 29 de mayo.
Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, señor Nogui Acosta Jaén, en diversos medios de comunicación, sobre la propuesta del gobierno de aplicar impuestos a productos de apoyo que son vitales para la funcionalidad y la autonomía de las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas y bastones, la Seccional ANEP Personas con Discapacidad manifiesta su desaprobación y rechazo absoluto ante estas declaraciones, con base en los siguientes aspectos:
Somos nosotros la primera seccional a nivel nacional conformada por Personas con diversas situaciones de discapacidad, que nos enfocamos en trabajar en la defensa de los derechos de las Personas en situación de discapacidad, que se encuentran laborando en el sector público, privado, independiente, informal o bien, que actualmente se encuentra desempleado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece en su artículo 4: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Con relación a este punto, es importante recalcar que es obligación del gobierno consultar y verificar antes las consecuencias de gravar los productos de apoyo, pero directamente con la población afectada, en este caso, las personas con discapacidad y no basándose en criterios sin fundamento y sin una noción de la realidad.
De igual forma, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 20: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.”
El mayor porcentaje de personas con discapacidad de Costa Rica lo representa las personas con discapacidad física y discapacidad visual, que son entonces los principales usuarios y usuarias de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas ortopédicas y bastones y por ende, los más perjudicados con estos nuevos impuestos.
La mayoría de las personas con discapacidad visual adquieren su bastón con recursos propios, debiendo pagar un mínimo de ¢15 000 y hasta ¢35 000 por un bastón, que muchas veces, tiene una vida útil demasiado corta, gracias a las condiciones en que se encuentran las calles, aceras y zonas públicas de nuestro país.
Hay muchas personas con discapacidad que viven en áreas rurales, que no pueden acceder a los programas sociales que les permitan obtener una silla de ruedas o un bastón, ya sea por la distancia o porque muchas instituciones se encuentran centralizadas en el Gran Área Metropolitana únicamente.
Luis Flores Jiménez, Presidente Seccional ANEP-Personas con Discpacidad se refiere al rechazo de impuestos a sillas de ruedas, bastones y cama ortopédicas.
También, hay personas con discapacidad que carecen de un Seguro Social o que presentan una condición migratoria irregular que les permite tenerlo.
El señor Nogui, menciona al principio de su entrevista hacia El Observatorio: “la gente que más compra implementos médicos de ese tipo son los de más altos ingresos, porque los otros los reciben de la caja”. Basándonos en tan severas palabras, las cuales reflejan claramente el desconocimiento del señor ministro de la situación en que viven la mayoría de personas con discapacidad de nuestro país, se vuelve necesario explicarle varios aspectos que hay que contemplar:
Según datos reflejados en el 2018 mediante la Encuesta Nacional en Discapacidad ENADIS, el 18, 2% de la población nacional mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad, de los cuales un 60, 9% corresponde a las mujeres y un 39, 1% de hombres; de los cuales un 74, 6% de esta población en condición de discapacidad requiere o utiliza algún producto de apoyo (dígase por dispositivos, servicios o asistencia animal) o humana.
Además se debe agregar que este mismo estudio muestra: “(…) se destaca que a pesar de que 43,6% de personas con discapacidad tiene algún trabajo o está buscando uno, se ubican en los quintiles de menores ingresos: más del 50% están en pobreza o pobreza extrema, según el INEC.” (Datos expuestos incluso en la misma página del Gobierno de la República, la cursiva y negrita no se muestra en el texto original).
Se debe recalcar que, esta situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan día a día las personas con discapacidad, se agravó con la pandemia ocasionada por el COVID 19 y que a la fecha, existe un gran rezago también en las listas de beneficiarios de los diversos subsidios que ofrecen instituciones del sector social, como IMAS, CONAPDIS, CONAPAM, entre otros, los cuales han tenido que disminuir los apoyos a las diversas poblaciones por los recortes presupuestarios que ha realizado el gobierno.
Además, muchas personas que se contagiaron del COVID 19 son ahora personas con discapacidad, debido a las secuelas que les dejó esta enfermedad, aumentando así las listas de personas que requieren de un producto de apoyo para realizar sus actividades diarias.
En términos generales, la realidad que vive toda la población costarricense se ha vuelto insostenible, con una tasa de desempleo de un 10, 6%, además posteriormente de la pandemia hemos identificado que la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad ronda más del 75%, esto se le debe tomar en cuenta el alto costo de la vida, los salarios reales que recibe la población en pobreza, en la era en el 2022 de un 23, 0%, en la que por ejemplo:
Según la ENAHO, el 23% total de hogares del país viven en situación de pobreza, que alcanzó ₡120.136 en julio del 2022 (monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias).
Los ingresos per cápita de aproximadamente 399.439 hogares del país no alcanzan siquiera para satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa cifra presenta un incremento de 15.934 hogares (…). (UNA Comunica, 2022).
En cuanto a temas relacionados con la CCSS, debemos recordar:
Sus funciones se orientan a brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la protección económica a los diferentes grupos de la población del país, su accionar se ha organizado en las áreas estratégicas: Salud, Pensiones y Administración para la gestión. (MIDEPLAN, 2002).
Debemos recordar entonces que el plan de desarrollo de la CCSS, va enfocado en:
Agilidad y calidad de los servicios que se brindan.
La inclusión de la participación social.
Brindar atenciones integrales enfocadas en la prevención.
Régimen de Pensiones.
Atención Ambulatoria.
Desarrollo Político-Institucional.
Servicios de hospitalización y cirugía.
Desarrollo y protección del medio ambiente.
Vigilancia de la salud.
Investigación y desarrollo tecnológico. (MIDEPLAN, 2002).
Estas atenciones se brindan gracias a los aportes que se brindan en el pago de los seguros sociales y demás cargas, que es del conocimiento para el Ministerio de Hacienda, pero debemos de recordar, y citamos algunos ejemplos:
(…) para diciembre 2019, el Hospital Chacón Paut presentó el menor costo por concepto de estancia hospitalaria por el orden de ¢95.683,80 (noventa cinco mil seiscientos ochenta y tres con ochenta céntimos) y el costo más elevado en ¢771.282,49 (setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta nueve céntimos) correspondió al Hospital Nacional de Niños.
En el siguiente cuadro, se destaca que, a diciembre 2020, el Hospital México muestra el costo de estancia más elevado en ¢1.015.422,42 (Un millón quince mil cuatrocientos veinte dos con cuarenta y dos céntimos) y el Hospital Chacón Paut, continuó siendo el centro médico del tercer nivel con el menor costo por concepto de estancia hospitalaria, por el orden de ¢135.134,28 (Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro con veintiocho céntimos). (…) (CCSS, 2021).
Por lo que le preguntamos señor Nogui, viendo la verdadera realidad, ¿usted cree que una persona puede pagar una atención por día de hospitalización de ¢95.683,80, con el salario real que recibe la clase media o baja de la población costarricense, si no existiera un seguro social?, ¿cree usted que con el promedio de atenciones diarias que brinda la caja, y que para nadie es un secreto, la saturación de los servicios y la fuga de especialistas, sea posible, dentro de las funciones que se leyeron anteriormente de la caja, sea factible lo que usted dice tan vehemente de que la CCSS puede suplir a la población con discapacidad de los dispositivos y productos de apoyo que necesita?
Sandra Ribas Solano, Vicepresidenta seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la importancia del Día Nacional de las Personas con Discapacidad
Es claro y evidente que la CCSS no cuenta con la capacidad económica suficiente para poder brindar los implementos médicos que el señor ministro menciona que es obligación de la caja otorgar.
Es importante agregar que, aunque la CCSS ofrece productos de apoyo, no califican todas las personas que los requieren como candidatos para obtener uno de estos productos, debido a la gran demanda que existe en torno a ellos en comparación con el insuficiente presupuesto con que cuenta la institución, debiendo incluso esperar durante años las personas que sí califican para que se les realice la entrega de los mismos.
Lamentablemente uno de los mayores problemas que hay es la falta de información o conocimiento por parte de los altos mandos del gobierno, ya que la responsabilidad social realmente recae en ellos, pues:
La Responsabilidad Social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades responsables. (RSS, 2019).
¿Y por qué debe recaer esta gran responsabilidad en el gobierno?
Porque está en ellos comenzar a promover el respeto y la enseñanza hacia la población costarricense sobre temas de discapacidad, y dejar de lado todos estos prejuicios y malos comentarios que se hacen hacia la población de personas con discapacidad.
Debemos de recordar las palabras que incluso la Asamblea Legislativa muestra sobre temas de equidad e igualdad, en la que dice:
La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. (Asamblea Legislativa, 2021).
Recordemos que todas las personas, incluidos las personas con discapacidad, primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, que son universales e inherentes para todos, sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.
Rita Corea Arazo, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la salud mental de esta población ante las adversidades que deben enfrentar día a día.
Con todo lo anterior, apoyamos y unimos nuestra voz a lo expresado por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y a lo manifestado por otros grupos organizados, exigiendo una disculpa pública por parte del señor Ministro de Hacienda y la presentación inmediata de su renuncia al puesto, y dejamos claro con nuestro pronunciamiento que las personas con discapacidad sí sabemos organizarnos y que seguiremos luchando para que se cumpla lo enunciado en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad:
Los productos de asistencia: requisito indispensable para la integración social.
Dr. Federico Montero Mejía Especialista en Medicina Física y Rehabilitación Miembro de Número de ACANAMED
Durante los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado varios documentos que resultan muy importantes, para convencer y ayudar a las autoridades de salud de todos los países, acerca de la importancia de los productos de asistencia.
Uno de los documentos es el llamado “Lista de Productos de Apoyo Prioritarios”, con el propósito de “mejorar el acceso a ayudas técnicas de calidad y a un precio asequible, en todos los países”. Dicha lista, al igual que la lista de medicamentos esenciales, es una guía que puede ser aprovechada por los sistemas de salud y servicios sociales de todo el mundo, con el fin de garantizar servicios integrales y equitativos a sus habitantes. El otro documento relevante, es el “Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia”. En este reporte se señala que:
La tecnología de asistencia incluye a todos los sistemas y servicios relacionados con la utilización de productos de asistencia y la prestación de servicios que los proveen y los distribuyen.
Los productos de asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para manejarse, con lo que promueven su bienestar.
Audífonos, sillas de ruedas, elementos de apoyo a la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros o recordatorios son algunos ejemplos de productos de asistencia.
En todo el mundo hay más de 2500 millones de personas que necesitan por lo menos un producto de asistencia.
Tomando en cuenta el envejecimiento de la población mundial y el aumento de las enfermedades no transmisibles, para 2050 habrá más de 3500 millones de personas que necesiten como mínimo un producto de asistencia, y muchas personas mayores a las que hagan falta 2 o más.
De acuerdo con la OMS, la tecnología de asistencia permite a las personas llevar una vida sana, productiva, independiente y digna y tomar parte en la educación, el mercado laboral y la vida social. La tecnología de asistencia reduce la necesidad de servicios oficiales de salud y apoyo y de atención crónica, así como la carga de trabajo que recae en los cuidadores. La falta de acceso a esta tecnología, ocasiona que muchas personas queden excluidas y aisladas de las actividades de la sociedad, llevándoles muchas veces a tener que vivir en la pobreza. Esto obviamente empeora las consecuencias de una enfermedad o discapacidad para la propia persona, su familia y la sociedad en general, pues aumenta significativamente los gastos por parte de los servicios de salud y otros servicios.
En la presentación del informe, el Director General de la OMS, expresa que “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.
Pero es importante saber que los productos de asistencia, no son requeridos solamente por aquellos a quienes nosotros generalmente conocemos como “personas con discapacidad”. También son requeridos por
las personas mayores;
las personas con enfermedades no transmisibles como diabetes;
las personas con condiciones de salud mental como la demencia o el autismo;
las personas afectadas de deterioro funcional progresivo;
por muchos niños con dificultades de aprendizaje, pues en la actualidad existen una gran cantidad de productos de asistencia que facilitan los procesos educativos.
La legislación nacional como la Ley 7600 principalmente en sus Artículos 3, 4, 5, así como la legislación internacional como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país fue promulgada como Ley No. 8661, obliga a que las instituciones públicas que proporcionan servicios de salud y otros, garanticen la provisión de los productos de asistencia para todas las personas que los requieran.
Pero lamentablemente, a pesar de esta legislación que el Estado en general y el gobierno en particular tienen la obligación de respetar, vemos como recientemente el gobierno propone gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, lo cual obviamente no solo refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, sino que ignora las recomendaciones de la OMS que hemos mencionado, y la legislación que tiene la obligación de cumplir.
Se olvida también, que la pandemia que hemos vivido con muchos dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero. Y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados, por lo que no podrían adquirir estos productos a más alto costo de que ya de por sí tienen. Sabemos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no satisface todas las necesidades de la población en la provisión de estos productos, lo cual obliga a muchas personas a sufragarlas por cuenta propia.
Busquemos entre todos las mejores soluciones para que “nadie se quede atrás”, y que el acceso a los productos de asistencia sea posible para todas las personas que los necesiten. Eso es posible.
Las funciones exclusivas y excluyentes en la Caja Costarricense de Seguro Social
Esta Ley Marco de Empleo Público incorpora una cláusula de salvaguarda, con la finalidad de rescatar el principio de separación de poderes, la independencia judicial y la autonomía institucional de las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y municipalidades.
Esta salvaguarda fue producto de la aplicación de la Opinión Consultiva a la Sala Constitucional, Voto 2021-017098, de las 23:15 horas del 31/07/2021, que afirma que la potestad de dirección del Poder Ejecutivo es incompatible con principios constitucionales y la autonomía de la CCSS.
La Sala advierte que compete a la Caja Costarricense de Seguro Social definir cuáles son los servicios o actividades que inciden sobre las competencias exclusivas y excluyentes y las funciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas.
Ese voto vuelve sobre la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual destaca la autonomía administrativa y de gobierno que le reconoce el artículo 73 de la Constitución Política, cuya autonomía la protege de la intervención del Poder Ejecutivo y hasta del Legislativo.
Esta autonomía la faculta determinar su régimen interior, incluso el régimen de empleo y contratación de los funcionarios que requiere, para el cumplimiento de su cometido constitucional: la administración y gobierno de los seguros sociales (Voto N*2011-14624)., afirmó que varios artículos son inconstitucionales, porque violentan la autonomía y “por no incluir en el citado inciso a los servidores que realizan labores sustanciales y administrativo, profesionales y técnicos, necesarios para alcanzar los fines constitucionalmente asignados a la CCSS, en los términos que se explica en el considerando general y supra.”
Con fundamento en las consideraciones de la Sala Constitucional, se puede sostener que todas las clases del Manual de Puestos de la CCSS, ya sean asistenciales, auxiliares, administrativas, técnicas, profesionales y especialistas, en el campo administrativo o de la medicina, reconducen a funciones de carácter exclusivas y excluyentes, absolutamente imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos constitucionalmente asignados a esta institución.
La autonomía de la Caja es política, orgánica y funcional, comprende todos los servicios y actividades que realizan todos sus servidores, sin distingos de ninguna especie, por lo que resulta totalmente artificioso establecer una dualidad de colectivos, unos sujetos a la gobernanza de la propia institución y otros sometidos a las regulaciones de MIDEPLAN, a contrapelo del precepto constitucional, y en menoscabo de la regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
Este martes 23 de mayo, FRENASS publica el mensaje de Gilda Montero Sánchez, presidenta de ANDE. Gilda nos recuerda que la CCSS es octogenaria y cumple un papel fundamental en la salud pública, puesto que beneficia a todos los ciudadanos, incluyendo a las personas en condición vulnerable. Gilda nos menciona que: “No tenemos forma de pagar todo el bien que la CCSS le ha hecho a la sociedad costarricense y por eso la vamos a defender, como baluarte de la seguridad social y de la salud pública costarricense, que garantiza el acceso a servicios de salud, especialidades y otros que el pueblo necesita”.
Para escuchar el mensaje completo de Gilda Montero observe el siguiente video.
Aplicación de prueba de esfuerzo físico, para valorar su actual condición física, comportamiento cardiaco, destrezas y habilidades
Fundación Caminantes de Costa Rica
Comience a realizar actividad física con una buena referencia de su condición física actual
Día. 27 mayo 2023
Hora. 7:15am
Lugar. UCR Explanada de Estudios Generales.
Inversión: Contribución voluntaria a la Fundación
Objetivo. Valorar el estado fisico actual, el rendimiento atlético y el comportamiento cardiaco de cada persona a través de una secuencia básica de ejercicios (coordinación, fuerza, potencia y concentración) una prueba de ersistencia (trote, carrera o caminata) en una distancia de 1.600 metros.
Es una actividad de esfuerzo fisico de fácil ejecución y medición de habilidades y destrezas y muy importante como referencia personal para dar inicio a un proceso de actividad física.
Cualquier persona puede participar de la misma, sin distingos de edad.
El resultado será valorado inicialmente por la parte técnica y finalmente su rango o calificación lo hará la parte médica.
Pueden realizar su inscripción a través de nuestro correo y les estaremos enviando la ficha personal que debe ser llenada y enviada a la dirección abajo adjunta.
Contamos con más de 50 años de experiencia en la actividad recreativa, ecológica y deportiva y en el atletismo nacional e internacional.
Desde la Academia Nacional de la Medicina de Costa Rica se hace la invitación a la conferencia virtual “Arte y Enfermedad” el día jueves 25 de mayo a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica). Este espacio será impartido por el Dr. Teodoro Evans Benavides.
Esta actividad es apta para todo público, avalada con 1 crédito de recertificación médica a los médicos incorporados que se inscriban al teléfono 2210-2292 o al correo info@acanmed.com
