El pasado lunes 29 de mayo para la campaña “Gracias CCSS” del FRENASS, Manuel Delgado, periodista y escritor, compartió su preocupación ante el inminente peligro que se cierne sobre el patrimonio y conquista histórica del pueblo que es la Caja.
El compañero Delgado recuerda las estrategias que están siendo desarrolladas por este gobierno como lo es el asalto ilegalmente de la Junta Directiva, negándose a pagar la deuda y pasar los fondos aprobados en la Ley de Presupuesto 2023, así como la deuda histórica del Estado, una proyección negativa para denigrar la labor de la CCSS y las políticas de privatización de los servicios entregándola a manos privadas.
Manuel expresa lo siguiente:
“¡Exigir el pago de la deuda, el financiamiento y la inversión, los proyectos en infraestructura que tiene la Institución, es una forma patriótica de defender la historia de esta Costa Rica que tanto queremos, de la que somos hijos!”
Él nos invita a unir esfuerzos para hacer una gran campaña en defensa de la CCSS y así salvar este valiosísimo patrimonio, herencia de nuestros antepasados.
Una enfermera muestra a una niña un vial con la vacuna cubana anticovid Soberana 02, agosto de 2021. Foto: Tomada de The Washington Post / Ramón Espinosa / AP.
¿Cómo puede la humanidad evitar que la próxima pandemia sea tan desastrosa como esta, en la que han muerto hasta 15 millones de personas? La semana pasada, los países de la Organización Mundial de la Salud se reunieron en Ginebra para comenzar a debatir un acuerdo de preparación para una pandemia. Un objetivo principal es desarrollar rápidamente nuevas curas y vacunas, y la capacidad de entregarlas a todos en el planeta.
Si bien nadie sabe aún qué recomendaciones hará la OMS en última instancia, es posible predecir una cosa que no recomendará: aliviar las sanciones de EE.UU. a la industria biotecnológica nacional de Cuba, que tiene los medios para desarrollar vacunas y tratamientos de vanguardia y compartirlos con países para los que es imposible pagar los precios premium de las compañías farmacéuticas del Primer Mundo.
Esto es un error.
Durante la crisis de la covid-19, Estados Unidos tuvo la posibilidad de compartir su tecnología de vacunas con el mundo, y no hacerlo prolongó la pandemia en el país y en el extranjero.
En junio de 2022, un alto funcionario de la Administración de Biden admitió que la variante omicron, que ha sido responsable de más de 300 000 muertes en Estados Unidos y más de 1.5 millones en todo el mundo, podría no haber surgido si el mundo hubiera estado lo suficientemente vacunado en 2021.
Lo que es menos conocido es que Cuba tuvo la misma oportunidad de ayudar a vacunar al mundo. La historia de cómo Cuba fue bloqueada sistemáticamente en su búsqueda para hacer que sus propias vacunas altamente efectivas estuvieran ampliamente disponibles ofrece lecciones cruciales.
El capítulo más reciente de esta historia comenzó en el verano de 2021. La variante delta estaba devastando India y abriéndose camino alrededor del mundo. Las nuevas vacunas ofrecieron esperanza, pero los países con menos recursos no pudieron obtenerlas por amor o dinero.
Si bien Estados Unidos y Europa donaron dosis, sus esfuerzos apenas fueron suficientes para resolver el problema global. Fundamentalmente, estos Gobiernos no pudieron persuadir a las empresas a las que habían financiado para que compartieran las tecnologías que podrían haber permitido a otros países fabricar vacunas por su cuenta.
En este panorama sombrío, fue sorprendente saber que Cuba había creado dos vacunas efectivas contra el coronavirus desde cero y luego prometió compartir su propiedad intelectual en todo el mundo.
“Nos dimos cuenta de que no íbamos a tener dinero para comprar vacunas para nuestra gente, así que tuvimos que hacer las nuestras, y teníamos que hacerlo en muy poco tiempo”, nos dijo recientemente Rolando Pérez Rodríguez, director de Ciencia e Innovación de BioCubaFarma.
En agosto de 2021, uno de los laboratorios de BioCubaFarma también produjo un refuerzo. Ambos demostraron más del 90% de eficacia, a la par de las principales vacunas occidentales.
El costo de desarrollar estas vacunas fue de 50 millones de dólares, según BioCubaFarma, muy por debajo de los miles de millones invertidos por el Gobierno de Estados Unidos y los cientos de millones invertidos por Alemania en las suyas.
Sorprendentemente, Cuba finalmente exportó casi tantas dosis de vacunas como las que usó en el país, abasteciendo a Venezuela, México, Vietnam, Siria, Nicaragua, Bielorrusia e Irán. Pero aunque muchos países de África y el sur de Asia también necesitaban vacunas desesperadamente, no aprovecharon la oferta de Cuba.
Para explicar por qué no lo hicieron, debemos remontarnos a 1962, cuando entró en vigor el embargo económico [bloqueo] estadounidense contra Cuba. Desde entonces, las sanciones cada vez mayores que Estados Unidos ha reforzado mediante la aplicación de una presión política y financiera constante, han aislado a Cuba no solo de Estados Unidos sino también del mundo. Las severas sanciones por violar esas medidas de EE. UU. han hecho que las instituciones y los Gobiernos las cumplan de manera rutinaria.
Cuba podría haber pedido a la OMS certificar sus vacunas para facilitar que otros países las compraran con ayuda internacional. Pero no pudo permitirse comprometerse con la OMS después de que el presidente Donald Trump no solo revocó las reformas de sanciones leves introducidas por su predecesor, sino que también designó a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo.
Esto ha significado que, incluso en países donde es legal realizar transacciones con Cuba, pocos bancos estén dispuestos a arriesgarse a fuertes multas y sanciones penales por ser percibidos como partidarios del terrorismo.
Las relaciones Cuba-EE.UU. son un cable vivo político, pero los nuevos tiempos exigen nuevas medidas. El mundo ha cambiado desde 1962. El espectro que lo acecha hoy no es el comunismo, sino otra emergencia sanitaria mundial.
Hay pocos indicios de que la Administración Biden presionará a las compañías farmacéuticas estadounidenses para que compartan sus inventos médicos con el mundo. Pero el presidente Biden podría dar un paso gigantesco hacia la seguridad sanitaria mundial revirtiendo las políticas draconianas de la Administración Trump hacia Cuba.
Si fuera más allá, al permitir nuevas excepciones en el régimen de sanciones de Estados Unidos, entonces Cuba podría seguir desarrollando, y compartiendo, vacunas y tratamientos innovadores para las enfermedades del mundo.
Más de tres años después, es obvio que el mundo reaccionó mal ante la aparición del coronavirus, que se perdieron vidas innecesariamente. Pero ahora hay tiempo para prepararse para la próxima pandemia, para establecer un rumbo hacia una distribución más equitativa de las tecnologías médicas. El antiguo embargo [bloqueo] de Estados Unidos no solo está perjudicando a Cuba. Está lastimando al mundo.
MAG no podría seguir emitiendo decretos unitariamente sino coordinadamente
Como hemos estado viendo en los últimos días: cargamentos contaminados de melones devueltos de Europa, reportajes internacionales, la contaminación el agua de Cartago y Río Cuarto, Escuelas y la niñez fumigadas en la Zona Norte, productos agrícolas con restos de venenos que superan el límite permitido en las ferias del agricultor y uno de los agroquímicos más mortíferos de las abejas sin ninguna prohibición, son evidencias de la falta de planes para el control y fiscalización del uso de plaguicidas para actuar de forma preventiva y no reactiva, como evidencia un reciente informe de la Contraloría General de la República.
Según el informe N.º DFOE-SOS-IAD-00002-2023 los ministerios no coordinan de oficio esas labores y solo reaccionan a desastres ambientales, es decir con todos los eventos de emergencia que se intensifican año con año y no hay planes para prevenir contaminación con plaguicidas.
La contraloría también recuerda que Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de plaguicidas según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Otro aspecto importante que deja ver el informe es la división que hay entre el bloque de ministerios de Salud, Ambiente y el MAG, pues si bien los primeros sugieren prohibiciones el MAG veta, atrasa y cuestiona todas las sugerencias del ambiente y la Salud, como ha sido evidente en el caso de fipronil que no ha sido prohibido su uso agrícola como determinaron informes técnicos que la Sala constitucional mandó a pedir. El MAG amparado en que el uso agrícola es su competencia de dedica no hacer nada y justificarlo de manera muy detallada. Esto también se evidencia, una vez más, en un reciente informe emitido por los equipos técnicos del Ministerio de Salud, el MINAE y AYA, donde recomiendan la prohibición del clorotalonil, pero el MAG continúa guardando silencio, con tal de seguir manteniendo el peligroso plaguicida en el mercado y en el agua de la tubería en Cartago.
La contraloría asegura que la coordinación institucional: “Es importante recalcar que mediante el control se pueden detectarse causales de cancelación del registro de plaguicidas y sacar de circulación aquellos que, por ejemplo, aún utilizados bajo las recomendaciones de uso, representan un riesgo inaceptable para la salud, el ambiente y agricultura; son ineficaces para todos los usos aprobados por el SFE; o bien cuando por razones de afectación a la salud o al ambiente, se encuentran prohibidos en el ochenta por ciento de países de la OCDE o el producto registrado por la modalidad de homologación es cancelado o desautorizado por la autoridad reguladora del país miembro OCDE” ( pg. 18).
Esto último sería un paso muy importante porque el interés comercial de los vendedores de venenos y transnacionales es inscribir usando el registro europeo, pero cuando se habla de prohibir moléculas usando el mismo criterio y para lo cual hay normativa vigente ha sido hasta ahora imposible de aplicar. Es decir, lo que es bueno para el ganso debe ser para la gansa, pero sabemos que somos el basurero de productos prohibidos en Europa porque tiene un gran margen de ganancia para los que lucran a costa del ambiente y la salud pública.
La disposición final del informe ordena a las personas jerarcas de MINSA, MINAE y MAG “Definir, oficializar, divulgar e implementar de forma conjunta, la política que seguirá el país en cuanto a la gestión de los plaguicidas y los patrones de uso en Costa Rica en el corto mediano y largo plazo, que direccione el actuar de las instituciones competentes en la materia hacia un propósito común y de forma coordinada. Dicha política deberá incorporar objetivos, metas, actividades, roles, responsabilidades y seguimiento, con el fin de proteger el ambiente, la salud humana y la seguridad alimentaria”.
El Frente Nacional por la Seguridad Social presentó a José María Gutiérrez, científico y ganador del premio MAGON 2022.
En un video compartido por el FRENASS, Gutiérrez expresa que la Caja Costarricense del Seguro Social es una institución emblemática del estado costarricense.
Desde 1940 ha habido un incremento en los índices de vida de los costarricenses que son ejemplares a nivel internacional, esto gracias a los principios filosóficos de solidaridad y equidad de la Caja.
A pesar de esto, Gutiérrez comenta, hay factores políticos y económicos que han hecho que se debilite. Por un lado, hay una deuda enorme con la Caja, y políticas fiscales erráticas debilitan y dificultan los planes de inversión y el crecimiento de la institución. Hay aspectos del seguro social que deben ser mejorados, pero lo que se debe hacer es buscar el fortalecimiento y no el debilitamiento de la institución.
Es por esto que José María Gutiérrez invita a los y las costarricenses a defender la caja y todo lo que esta representa, para así asegurar que ésta siga siendo pública y que busque cumplir con los intereses del bien común.
Prisma Latinoamérica publica un mensaje que hace un llamado a los colombianos para que se unan a la promoción de un sistema de salud inclusivo y participativo en Colombia. Existe un gran debate en Colombia sobre la reforma de la ley de salud, donde se plantea incorporar el sistema de salud de Costa Rica, que contó con una etapa primordial para un estado pleno unido.
Dicha etapa es el “hospital sin paredes” donde se levantó caso por caso información de la comunidad para combatir las enfermedades. “Un sistema de salud que transformó vidas en Costa Rica y que es posible replicarlo en Colombia. Por un futuro en el que nadie se quede sin atención médica, donde cada vida importa y todos tenemos la oportunidad de contribuir al bienestar de nuestra comunidad”, mencionó Prisma Latinoamérica.
Este domingo 4 de junio diversos colectivos de ciclismo urbano junto a la Municipalidad de Curridabat y al Corredor Biológico Interubano del María Aguilar (CBIMA) estaremos realizando una gran cleteada urbana para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta.
Desde el año 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta, con el propósito de que los gobiernos del mundo promuevan en sus países el uso de la bicicleta como medio de transporte, deporte y recreación; como una forma de mejorar la salud de las personas, reducir la contaminación por emisiones contaminantes, el congestionamiento y el estrés urbano.
Cada vez son más las personas que usan la bicicleta como medio de transporte, para trabajar, para hacer ejercicio, para la recreación y el esparcimiento en nuestro país. Sin embargo, el MOPT sigue sin responder adecuadamente a su obligación de desarrollar mayor infraestructura ciclista, así como planes, programas y políticas dirigidos a promover el uso seguro de la bicicleta. Por esta razón pretendemos con esta cleteada urbana masiva, hacer un llamado a las autoridades de gobierno, a las municipalidades y especialmente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que:
Desarrollen planes y programas nacionales y cantonales para el desarrollo de infraestructura ciclista en consonancia con lo que establece la ley 9660 de Movilidad Ciclística.
Que cumplan con todas las demás disposiciones y alcances de esta ley, especialmente en lo concernientes al desarrollo de los planes ciclistas cantonales, la asignación participativa de presupuestos municipales para el desarrollo de infraestructura ciclista, entre otros.
El MOPT y el MEP pongan en práctica los cursos de educación y seguridad vial en escuelas y colegios tal y como lo demanda la ley 9660.
Se desarrollen campañas para la pacificación del tráfico automotor y para el respeto de las personas peatonas y ciclistas y su prioridad como usuarias de la vía pública.
La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano es la mejor solución a los problemas de salud provocados por el sedentarismo y la obesidad; que le cuestan miles de millones de colones a la CCSS. Ayuda a disminuir el congestionamiento vial, así como a reducir la contaminación sónica y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los automotores y que son la principal causa del cambio climático global, que está causando tanta devastación en el Planeta entero.
Por ello invitamos a todas las personas que quieran sumarse a participar de esta gran cleteada urbana, completamente gratuita. Habrá refrigerio e hidratación, rifas y sorpresas, así como camisetas conmemorativas para las primeras 100 personas en inscribirse en el punto de salida.
Fecha: Domingo 4 de junio Hora: 8am Lugar de salida: Parque del Prado. Curridabat (300 metros sur de Plaza del Sol) Recorrido: Curridabat-La Sabana-Curridabat. 16 km de distancia.
Se recomienda llevar bicicleta en buen estado, casco, bloqueador solar, agua o hidratante. Apta para personas mayores a 12 años.
ACONVIVIR Amigos Bike Amigos en Cleta Amigos Mountain Bike ARCA Cleteros MTB Costa Rica Ciclo Jamis Colectivo de Ciclismo Urbano Las Luciérnagas Corredor Biológico Interurbano del María Aguilar Goicocleteros Interlace Maestro Bikers Team Municipalidad de Curridabat Reventa2 Revista Bike
Luis Chavarría Vega, secretario general y Martha Elena Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, envían mensaje a la ciudadanía costarricense sobre la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS.
Esta posible prohibición que hoy se discute es un evidente logro de la lucha popular ecologista en defensa del agua y la gente.
¿Ahora veremos quien se impone o el monopolio de importadores de venenos (PAC, PUSC, PLN y MAG) o la salud pública y la ciencia?
(31 de mayo 2023) En el más reciente informe técnico del Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía le dan la razón a las comunidades de la zona norte de Cartago que viene pidiendo la prohibición del Clorotalonil desde hace más de tres años.
La organización comunitaria Frente EcoCipreses no sólo hizo pública la contaminación del agua que consume su comunidad con derivados de la molécula del Clorotalonil, sino además ha liderado una campaña nacional por su prohibición. Este colectivo fue el primero en alzar la voz en 2020 cuando se dieran a conocer los resultados de los análisis de agua realizados por el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional que demostraban la presencia en del líquido vital de metabolismos secundarios del fungicida carcinogénico.
Hay que recordar que el Clorotalonil ha sido prohibido en otras latitudes precisamente por ser un peligroso agrotóxico muy contaminante y que es sospechoso de dañar la salud humana, contaminar el agua, aire y matar peces, abejas, aves y anfibios.
Para el abogado Álvaro Sagot es un “logro ecologista” así lo señaló el especialista en derecho ambiental luego de conocer el informe del MINSA, AyA y Minae.
El informe es contundente en sus conclusiones señalando que: “En concordancia con las recomendaciones expuestas, así como de los riesgos analizados, se recomienda la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica, en línea con las medidas adoptadas por la Unión Europea. Se deben implementar medidas de seguridad y alternativas para la agricultura que minimicen la exposición de los trabajadores y de los consumidores, así como velar por la protección de las fuentes de agua, el medio ambiente y la salud de la población”.
Este es un gran logro ecologista debido a que todos los integrantes del Frente EcoCipreses han sido objeto de ataques y una campaña de acoso por parte de la Asada de Cipreses junto a empresarios importadores de agro-venenos que han negado la contaminación pese a la evidencia científica y el amparo legal. Es una victoria ecologista que ahora el MINSA, el AyA y el MINAE tengan que reconocer que este peligroso agro-tóxico debe ser desterrado del país.
Se debe recordar que las fuerzas vivas comunitarias de pueblos afectados por la contaminación de tomas de agua captadas para consumo humano de dos ASADAS en la Zona Norte de Cartago, organizados como el Frente Ecologista de Cipreses y apoyos por diferentes organizaciones a nivel nacional donde destacan la ANEP el Bloque Verde entre muchas otras agrupaciones lanzaron el 24 de julio del 2022 el manifiesto por el agua en el cual se solicitaba al gobierno la Prohibición Del Clorotalonil En Costa Rica, Así Como El Fortalecimiento De Las Capacidades Técnicas Del Laboratorio Nacional De Aguas para introducir en su panel de monitoreo los contaminantes del clorotalonil y todos los cientos de plaguicidas que dicho laboratorio aún continúa sin poder monitorear para garantizar la inocuidad del agua de las personas en Costa Rica.
En este informe técnico emitido el 14 de abril además de reafirmar lo que movimiento ecologista vienen alertando en relación con las propiedades cancerígenas del clorotalonil (se presenta en el cuadro 2 página 10) que uno de los principales contaminantes encontrados en Cipreses de Cartago, producto de la degradación del clorotalonil, es extremadamente tóxico para mamíferos. El informe señala: “en la recopilación de información ecotoxicológica del metabolito 4-hidroxiclorotalonil detectado en aguas de cipreses de oreamuno, cartago se indica que “es altamente tóxico para mamíferos”.
El MAG brilla por su desidia, inoperancia y sobretodo por su ausencia.
Además de ni siquiera aportar una sola coma en el informe técnico señalado, se debe mencionar que en paralelo el Ministerio de Agricultura y Ganaderia emitió una respuesta pusilánime a los Magistrados de la Sala Constitucional que están analizando el tercer Recurso de Amparo interpuesto por el activista ecologista Fabián Pacheco del Frente Ecologista de Cipreses bajo el expediente N°22-026649-0007-CO. En el oficio DM-MAG-465-2023 con las respuestas a los magistrados “dejan mucho que desear y queda en evidencia la incapacidad técnica de dicho ministerio para garantizar al menos las Buenas Prácticas Agrícolas” indicó Pacheco.
En resumen, el MAG hace una enumeración más o menos larga de cualquier acción que esté realizando en la zona con los agricultores; pero deja claro lo siguiente:
“1. Que no es competencia legal del MAG velar por la calidad de las aguas y que no tiene recursos para hacerlo.
Que tampoco tiene el MAG competencia legal para obligar a los agricultores a capacitarse ni a aplicar las BPA en las fincas, porque todo esto es voluntario y competencia del agricultor.
Que en Costa Rica ningún laboratorio tiene la capacidad de analizar los metabolitos del clorotalonil.
O sea, ellos no saben ni les incumbe saber si hay metabolitos contaminando el agua
El ministro señala que los técnicos están recomendando restringir o prohibir el clorotalonil, por cuanto está contaminando las aguas.
Así las cosas, queda claro,que el MAG y el SFE están reconociendo que el registro de plaguicidas es solo un formalismo, que en la práctica no tienen la capacidad de controlar que haya un uso adecuado de plaguicidas; que ni siquiera tienen claro qué otros plaguicidas se utilizan para controlar las plagas para las cuales se utiliza el clorotalonil”.
Con estos argumentos, el ministro MAG pide a Sala IV desestimar el recurso de amparo contra ellos. Sobre esta repuesta señala el Máster en Agro Biología Ambiental Fabián Pacheco que “es evidente que desde el MAG están haciendo un máximo esfuerzo para no resolver nada”.
“La posible prohibición del clorotalonil está en juego. ¿Ganará el bienestar público, la ciencia y los criterios técnicos del MINAE, AyA y Salud O terminarán quebrando el brazo del poder ejecutivo los intereses económicos detrás del clorotalonil y muy bien representados por el MAG? Preguntó de forma retórica Pacheco.
“Ya el sector ecologista y académico donde destaca el apoyo del IRET de la UNA presentó una lista de más de 60 alternativas químicas para sustituir el clorotalonil en Costa Rica al poder Ejecutivo. No se trata de maltratar a los agricultores de a pie, pero no hay excusas para proteger nuestra salud “Indicó Ana María Montenegro vecina de cipreses y ecologista activa en esta lucha y afectada directa de la contaminación.
En todo caso para los activistas del Bloque Verde es claro que esta posible prohibición que hoy se discute es un evidente logro de la lucha popular ecologista en defensa del agua y la gente. Nada de esto se hubiera descubierto y discutido sin el empuje de las comunidades defendiendo sus bienes comunes y con el invaluable apoyo de las universidades públicas donde destaca la UNA y la UCR.
Salimos a la calle y visitamos a la comunidad de Quebrada Honda de Patarrá, donde conversamos con Julio Rojas sobre el impacto de las actividades relacionadas a las carboneras en la vida comunitaria, nos ayuda a comprender las implicaciones ambientales y en la salud de las personas.
Para escuchar el programa, haga clic en este enlace.
– La posición de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad se da en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró este lunes 29 de mayo.
Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, señor Nogui Acosta Jaén, en diversos medios de comunicación, sobre la propuesta del gobierno de aplicar impuestos a productos de apoyo que son vitales para la funcionalidad y la autonomía de las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas y bastones, la Seccional ANEP Personas con Discapacidad manifiesta su desaprobación y rechazo absoluto ante estas declaraciones, con base en los siguientes aspectos:
Somos nosotros la primera seccional a nivel nacional conformada por Personas con diversas situaciones de discapacidad, que nos enfocamos en trabajar en la defensa de los derechos de las Personas en situación de discapacidad, que se encuentran laborando en el sector público, privado, independiente, informal o bien, que actualmente se encuentra desempleado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece en su artículo 4: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Con relación a este punto, es importante recalcar que es obligación del gobierno consultar y verificar antes las consecuencias de gravar los productos de apoyo, pero directamente con la población afectada, en este caso, las personas con discapacidad y no basándose en criterios sin fundamento y sin una noción de la realidad.
De igual forma, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 20: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.”
El mayor porcentaje de personas con discapacidad de Costa Rica lo representa las personas con discapacidad física y discapacidad visual, que son entonces los principales usuarios y usuarias de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas ortopédicas y bastones y por ende, los más perjudicados con estos nuevos impuestos.
La mayoría de las personas con discapacidad visual adquieren su bastón con recursos propios, debiendo pagar un mínimo de ¢15 000 y hasta ¢35 000 por un bastón, que muchas veces, tiene una vida útil demasiado corta, gracias a las condiciones en que se encuentran las calles, aceras y zonas públicas de nuestro país.
Hay muchas personas con discapacidad que viven en áreas rurales, que no pueden acceder a los programas sociales que les permitan obtener una silla de ruedas o un bastón, ya sea por la distancia o porque muchas instituciones se encuentran centralizadas en el Gran Área Metropolitana únicamente.
Luis Flores Jiménez, Presidente Seccional ANEP-Personas con Discpacidad se refiere al rechazo de impuestos a sillas de ruedas, bastones y cama ortopédicas.
También, hay personas con discapacidad que carecen de un Seguro Social o que presentan una condición migratoria irregular que les permite tenerlo.
El señor Nogui, menciona al principio de su entrevista hacia El Observatorio: “la gente que más compra implementos médicos de ese tipo son los de más altos ingresos, porque los otros los reciben de la caja”. Basándonos en tan severas palabras, las cuales reflejan claramente el desconocimiento del señor ministro de la situación en que viven la mayoría de personas con discapacidad de nuestro país, se vuelve necesario explicarle varios aspectos que hay que contemplar:
Según datos reflejados en el 2018 mediante la Encuesta Nacional en Discapacidad ENADIS, el 18, 2% de la población nacional mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad, de los cuales un 60, 9% corresponde a las mujeres y un 39, 1% de hombres; de los cuales un 74, 6% de esta población en condición de discapacidad requiere o utiliza algún producto de apoyo (dígase por dispositivos, servicios o asistencia animal) o humana.
Además se debe agregar que este mismo estudio muestra: “(…) se destaca que a pesar de que 43,6% de personas con discapacidad tiene algún trabajo o está buscando uno, se ubican en los quintiles de menores ingresos: más del 50% están en pobreza o pobreza extrema, según el INEC.” (Datos expuestos incluso en la misma página del Gobierno de la República, la cursiva y negrita no se muestra en el texto original).
Se debe recalcar que, esta situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan día a día las personas con discapacidad, se agravó con la pandemia ocasionada por el COVID 19 y que a la fecha, existe un gran rezago también en las listas de beneficiarios de los diversos subsidios que ofrecen instituciones del sector social, como IMAS, CONAPDIS, CONAPAM, entre otros, los cuales han tenido que disminuir los apoyos a las diversas poblaciones por los recortes presupuestarios que ha realizado el gobierno.
Además, muchas personas que se contagiaron del COVID 19 son ahora personas con discapacidad, debido a las secuelas que les dejó esta enfermedad, aumentando así las listas de personas que requieren de un producto de apoyo para realizar sus actividades diarias.
En términos generales, la realidad que vive toda la población costarricense se ha vuelto insostenible, con una tasa de desempleo de un 10, 6%, además posteriormente de la pandemia hemos identificado que la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad ronda más del 75%, esto se le debe tomar en cuenta el alto costo de la vida, los salarios reales que recibe la población en pobreza, en la era en el 2022 de un 23, 0%, en la que por ejemplo:
Según la ENAHO, el 23% total de hogares del país viven en situación de pobreza, que alcanzó ₡120.136 en julio del 2022 (monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias).
Los ingresos per cápita de aproximadamente 399.439 hogares del país no alcanzan siquiera para satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa cifra presenta un incremento de 15.934 hogares (…). (UNA Comunica, 2022).
En cuanto a temas relacionados con la CCSS, debemos recordar:
Sus funciones se orientan a brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la protección económica a los diferentes grupos de la población del país, su accionar se ha organizado en las áreas estratégicas: Salud, Pensiones y Administración para la gestión. (MIDEPLAN, 2002).
Debemos recordar entonces que el plan de desarrollo de la CCSS, va enfocado en:
Agilidad y calidad de los servicios que se brindan.
La inclusión de la participación social.
Brindar atenciones integrales enfocadas en la prevención.
Régimen de Pensiones.
Atención Ambulatoria.
Desarrollo Político-Institucional.
Servicios de hospitalización y cirugía.
Desarrollo y protección del medio ambiente.
Vigilancia de la salud.
Investigación y desarrollo tecnológico. (MIDEPLAN, 2002).
Estas atenciones se brindan gracias a los aportes que se brindan en el pago de los seguros sociales y demás cargas, que es del conocimiento para el Ministerio de Hacienda, pero debemos de recordar, y citamos algunos ejemplos:
(…) para diciembre 2019, el Hospital Chacón Paut presentó el menor costo por concepto de estancia hospitalaria por el orden de ¢95.683,80 (noventa cinco mil seiscientos ochenta y tres con ochenta céntimos) y el costo más elevado en ¢771.282,49 (setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta nueve céntimos) correspondió al Hospital Nacional de Niños.
En el siguiente cuadro, se destaca que, a diciembre 2020, el Hospital México muestra el costo de estancia más elevado en ¢1.015.422,42 (Un millón quince mil cuatrocientos veinte dos con cuarenta y dos céntimos) y el Hospital Chacón Paut, continuó siendo el centro médico del tercer nivel con el menor costo por concepto de estancia hospitalaria, por el orden de ¢135.134,28 (Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro con veintiocho céntimos). (…) (CCSS, 2021).
Por lo que le preguntamos señor Nogui, viendo la verdadera realidad, ¿usted cree que una persona puede pagar una atención por día de hospitalización de ¢95.683,80, con el salario real que recibe la clase media o baja de la población costarricense, si no existiera un seguro social?, ¿cree usted que con el promedio de atenciones diarias que brinda la caja, y que para nadie es un secreto, la saturación de los servicios y la fuga de especialistas, sea posible, dentro de las funciones que se leyeron anteriormente de la caja, sea factible lo que usted dice tan vehemente de que la CCSS puede suplir a la población con discapacidad de los dispositivos y productos de apoyo que necesita?
Sandra Ribas Solano, Vicepresidenta seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la importancia del Día Nacional de las Personas con Discapacidad
Es claro y evidente que la CCSS no cuenta con la capacidad económica suficiente para poder brindar los implementos médicos que el señor ministro menciona que es obligación de la caja otorgar.
Es importante agregar que, aunque la CCSS ofrece productos de apoyo, no califican todas las personas que los requieren como candidatos para obtener uno de estos productos, debido a la gran demanda que existe en torno a ellos en comparación con el insuficiente presupuesto con que cuenta la institución, debiendo incluso esperar durante años las personas que sí califican para que se les realice la entrega de los mismos.
Lamentablemente uno de los mayores problemas que hay es la falta de información o conocimiento por parte de los altos mandos del gobierno, ya que la responsabilidad social realmente recae en ellos, pues:
La Responsabilidad Social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades responsables. (RSS, 2019).
¿Y por qué debe recaer esta gran responsabilidad en el gobierno?
Porque está en ellos comenzar a promover el respeto y la enseñanza hacia la población costarricense sobre temas de discapacidad, y dejar de lado todos estos prejuicios y malos comentarios que se hacen hacia la población de personas con discapacidad.
Debemos de recordar las palabras que incluso la Asamblea Legislativa muestra sobre temas de equidad e igualdad, en la que dice:
La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. (Asamblea Legislativa, 2021).
Recordemos que todas las personas, incluidos las personas con discapacidad, primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, que son universales e inherentes para todos, sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.
Rita Corea Arazo, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la salud mental de esta población ante las adversidades que deben enfrentar día a día.
Con todo lo anterior, apoyamos y unimos nuestra voz a lo expresado por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y a lo manifestado por otros grupos organizados, exigiendo una disculpa pública por parte del señor Ministro de Hacienda y la presentación inmediata de su renuncia al puesto, y dejamos claro con nuestro pronunciamiento que las personas con discapacidad sí sabemos organizarnos y que seguiremos luchando para que se cumpla lo enunciado en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad:
