Te invitamos a dialogar sobre una educación para la autonomía y los proyectos de vida de las mujeres. ¿Qué preguntas tiene tu calzón en cuanto a una educación no sexista? Déjanos saber en los comentarios.
Horario del evento por región:
4:00 pm / 16 hrs. Hora Centroamérica
5:00 pm / 17 hrs. Perú, Ecuador, Colombia
6:00 pm / 18 hrs. Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y el Caribe
7:00 pm / 19 hrs. Argentina.
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¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!
Repudiamos las expresiones estigmatizantes del Presidente Rodrigo Chaves sobre categorías diagnósticas vinculadas a la salud mental y su política para debilitar la Seguridad Social.
Desde el colectivo Podemos Volar, conformado por personas locutoras con experiencias de atención de salud mental en el Hospital Nacional de Salud Mental, con apoyos de personas estudiantes, técnicos radiofónicos y docentes de la Universidad de Costa Rica, deseamos manifestar nuestro repudio a las expresiones estigmatizantes del Presidente Rodrigo Chaves sobre categorías diagnósticas vinculadas a la salud mental y su política de debilitar la Seguridad Social.
Nuestro colectivo ha luchado durante más de una década por el respeto a todas las personas con discapacidad psicosocial y puesto sobre la mesa la importancia de desestigmatizar todo lo relacionado con la salud mental y la locura. Consideramos que la Presidencia de la República con estas expresiones reproduce lógicas discriminatorias, manicomiales y estigmatizantes que se profundizan en la cultura costarricense.
Rechazamos también la política fascista de la Administración Chaves Robles sobre la Seguridad Social, al expresar que esta debe regirse por principios neoliberales de rentabilidad económica, donde la atención en salud de las poblaciones (principalmente de las más vulnerables) quede a merced de las políticas fiscales regresivas.
En Podemos Volar reafirmamos nuestro compromiso con un país que produzca una atención comunitaria, pública y solidaria en salud mental, que apoye los procesos para construir una vida digna y respete los Derechos Humanos. Para ello, como lo hemos señalado en el pasado, debemos fortalecer y transformar la Caja Costarricense de Seguridad Social para honrar los principios históricos de su fundación y asegurar a futuro una Costa Rica más justa y solidaria con una atención en salud pública, pronta y de calidad. Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad costarricense que compartan estos principios de justicia social, equidad y Derechos Humanos a pronunciarse respecto a estas expresiones y políticas de la Administración Chaves Robles.
15 de junio, 2023 Hospital Nacional de la Salud Mental Pavas, San José, Costa Rica
La campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!» de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) conmemora el Día Internacional de la Educación No Sexista, establecido en 1981 por representantes de la REPEM reunidas en Paraguay.
El objetivo principal de esta campaña es promover una educación que fomente la equidad de género en todos los ámbitos y a lo largo de la vida. Busca cuestionar, reflexionar e investigar sobre la educación desde una perspectiva feminista, con consciencia de clase y con memoria histórica. Asimismo, busca impulsar procesos educativos libres de estereotipos de género y garantizar la participación plena de las mujeres y las niñas en la sociedad.
La REPEM reclama una educación no sexista, laica, integral e inclusiva que informe, empodere y acompañe a las niñas, jóvenes y mujeres en la construcción autónoma de sus proyectos de vida. El objetivo de nuestra incidencia, es transformar las condiciones actuales de violencia y discriminación, que perpetúan la desigualdad de género.
Según el informe 2020 seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO, alrededor de 132 millones de niñas en la edad escolar no asisten a la escuela.
Desde la carrera de administración educativa de la UNED y COLYPRO en conjunto con la UCR se llevó a cabo un taller para identificar el racismo y las acciones que se pueden llevar desde los docentes.
La actividad fue dirigida por especialistas del Observatorio para la Acción contra el Racismo.
La intención es generar cooperaciones para informar sobre el tema, sobre todo la violencia que se esta generando en los centros educativos, sobre todo de colegios.
La charla fue en las instalaciones de la UNED en Villa en Pérez Zeledón.
Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.
San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.
Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.
Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.
La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.
Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.
Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.
En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.
En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:
Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias. Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
La Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) anunció el lanzamiento de la Campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!» en conmemoración del Día Internacional de la Educación No Sexista.
En 1981, representantes de la REPEM reunidas en Paraguay, declararon el 21 de junio como Día Internacional de la Educación No Sexista. Esta iniciativa busca unir las voces que exigen el derecho a una educación que promueva la equidad de género en todos los espacios.
Ésta campaña nos invita a cuestionar, reflexionar e investigar sobre la educación desde una perspectiva feminista, con consciencia de clase y con memoria histórica. Promover procesos educativos libres de estereotipos de género, comprometidos con garantizar la participación de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la sociedad.
Reclamamos una Educación No Sexista laica, integral e inclusiva que informe, empodere y acompañe a las niñas, jóvenes y mujeres en la construcción autónoma de sus proyectos de vida. Accionamos para transformar las condiciones actuales de violencia y discriminación, que ponen siempre en desventaja a las niñas y mujeres.
REPEM invita a todas las personas, organizaciones y comunidades a unirse a esta campaña en pro de una educación no sexista que promueva el derecho a la igualdad y el desarrollo pleno de todas las niñas y mujeres de Latinoamérica y el Caribe.
Para obtener más información y participar en la campaña, visite nuestro sitio web repem.org y síganos en nuestras redes sociales.
Durante el mes de junio se conmemora el Mes del Orgullo, por eso este lunes 12 de 8 a 9 am en Radio UCR 870 AM, tendremos una importante conversación acerca de los acontecimientos y hechos de la conmemoración de esa significativa fecha para la comunidad LGBTIQ+, así mismo, en torno a las líneas y rutas que ha tomado esta celebración.
Participarán Marco Castillo Rojas y Rodrigo Campos de OIDH-CR y Gloriana Rodríguez, directora de Saber Vivir.
Podrás unirte a la transmisión en vivo en las páginas de Facebook de Radio 870UCR y de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica.
La ANEP nombró como afiliado de honor a Marco Castillo Rojas ex secretario general de ANEP, quien tuvo que dejar el cargo hace 49 años por acciones homofóbicas en su contra.
– La posición de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad se da en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró este lunes 29 de mayo.
Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, señor Nogui Acosta Jaén, en diversos medios de comunicación, sobre la propuesta del gobierno de aplicar impuestos a productos de apoyo que son vitales para la funcionalidad y la autonomía de las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas y bastones, la Seccional ANEP Personas con Discapacidad manifiesta su desaprobación y rechazo absoluto ante estas declaraciones, con base en los siguientes aspectos:
Somos nosotros la primera seccional a nivel nacional conformada por Personas con diversas situaciones de discapacidad, que nos enfocamos en trabajar en la defensa de los derechos de las Personas en situación de discapacidad, que se encuentran laborando en el sector público, privado, independiente, informal o bien, que actualmente se encuentra desempleado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece en su artículo 4: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Con relación a este punto, es importante recalcar que es obligación del gobierno consultar y verificar antes las consecuencias de gravar los productos de apoyo, pero directamente con la población afectada, en este caso, las personas con discapacidad y no basándose en criterios sin fundamento y sin una noción de la realidad.
De igual forma, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 20: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.”
El mayor porcentaje de personas con discapacidad de Costa Rica lo representa las personas con discapacidad física y discapacidad visual, que son entonces los principales usuarios y usuarias de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas ortopédicas y bastones y por ende, los más perjudicados con estos nuevos impuestos.
La mayoría de las personas con discapacidad visual adquieren su bastón con recursos propios, debiendo pagar un mínimo de ¢15 000 y hasta ¢35 000 por un bastón, que muchas veces, tiene una vida útil demasiado corta, gracias a las condiciones en que se encuentran las calles, aceras y zonas públicas de nuestro país.
Hay muchas personas con discapacidad que viven en áreas rurales, que no pueden acceder a los programas sociales que les permitan obtener una silla de ruedas o un bastón, ya sea por la distancia o porque muchas instituciones se encuentran centralizadas en el Gran Área Metropolitana únicamente.
Luis Flores Jiménez, Presidente Seccional ANEP-Personas con Discpacidad se refiere al rechazo de impuestos a sillas de ruedas, bastones y cama ortopédicas.
También, hay personas con discapacidad que carecen de un Seguro Social o que presentan una condición migratoria irregular que les permite tenerlo.
El señor Nogui, menciona al principio de su entrevista hacia El Observatorio: “la gente que más compra implementos médicos de ese tipo son los de más altos ingresos, porque los otros los reciben de la caja”. Basándonos en tan severas palabras, las cuales reflejan claramente el desconocimiento del señor ministro de la situación en que viven la mayoría de personas con discapacidad de nuestro país, se vuelve necesario explicarle varios aspectos que hay que contemplar:
Según datos reflejados en el 2018 mediante la Encuesta Nacional en Discapacidad ENADIS, el 18, 2% de la población nacional mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad, de los cuales un 60, 9% corresponde a las mujeres y un 39, 1% de hombres; de los cuales un 74, 6% de esta población en condición de discapacidad requiere o utiliza algún producto de apoyo (dígase por dispositivos, servicios o asistencia animal) o humana.
Además se debe agregar que este mismo estudio muestra: “(…) se destaca que a pesar de que 43,6% de personas con discapacidad tiene algún trabajo o está buscando uno, se ubican en los quintiles de menores ingresos: más del 50% están en pobreza o pobreza extrema, según el INEC.” (Datos expuestos incluso en la misma página del Gobierno de la República, la cursiva y negrita no se muestra en el texto original).
Se debe recalcar que, esta situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan día a día las personas con discapacidad, se agravó con la pandemia ocasionada por el COVID 19 y que a la fecha, existe un gran rezago también en las listas de beneficiarios de los diversos subsidios que ofrecen instituciones del sector social, como IMAS, CONAPDIS, CONAPAM, entre otros, los cuales han tenido que disminuir los apoyos a las diversas poblaciones por los recortes presupuestarios que ha realizado el gobierno.
Además, muchas personas que se contagiaron del COVID 19 son ahora personas con discapacidad, debido a las secuelas que les dejó esta enfermedad, aumentando así las listas de personas que requieren de un producto de apoyo para realizar sus actividades diarias.
En términos generales, la realidad que vive toda la población costarricense se ha vuelto insostenible, con una tasa de desempleo de un 10, 6%, además posteriormente de la pandemia hemos identificado que la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad ronda más del 75%, esto se le debe tomar en cuenta el alto costo de la vida, los salarios reales que recibe la población en pobreza, en la era en el 2022 de un 23, 0%, en la que por ejemplo:
Según la ENAHO, el 23% total de hogares del país viven en situación de pobreza, que alcanzó ₡120.136 en julio del 2022 (monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias).
Los ingresos per cápita de aproximadamente 399.439 hogares del país no alcanzan siquiera para satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa cifra presenta un incremento de 15.934 hogares (…). (UNA Comunica, 2022).
En cuanto a temas relacionados con la CCSS, debemos recordar:
Sus funciones se orientan a brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la protección económica a los diferentes grupos de la población del país, su accionar se ha organizado en las áreas estratégicas: Salud, Pensiones y Administración para la gestión. (MIDEPLAN, 2002).
Debemos recordar entonces que el plan de desarrollo de la CCSS, va enfocado en:
Agilidad y calidad de los servicios que se brindan.
La inclusión de la participación social.
Brindar atenciones integrales enfocadas en la prevención.
Régimen de Pensiones.
Atención Ambulatoria.
Desarrollo Político-Institucional.
Servicios de hospitalización y cirugía.
Desarrollo y protección del medio ambiente.
Vigilancia de la salud.
Investigación y desarrollo tecnológico. (MIDEPLAN, 2002).
Estas atenciones se brindan gracias a los aportes que se brindan en el pago de los seguros sociales y demás cargas, que es del conocimiento para el Ministerio de Hacienda, pero debemos de recordar, y citamos algunos ejemplos:
(…) para diciembre 2019, el Hospital Chacón Paut presentó el menor costo por concepto de estancia hospitalaria por el orden de ¢95.683,80 (noventa cinco mil seiscientos ochenta y tres con ochenta céntimos) y el costo más elevado en ¢771.282,49 (setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta nueve céntimos) correspondió al Hospital Nacional de Niños.
En el siguiente cuadro, se destaca que, a diciembre 2020, el Hospital México muestra el costo de estancia más elevado en ¢1.015.422,42 (Un millón quince mil cuatrocientos veinte dos con cuarenta y dos céntimos) y el Hospital Chacón Paut, continuó siendo el centro médico del tercer nivel con el menor costo por concepto de estancia hospitalaria, por el orden de ¢135.134,28 (Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro con veintiocho céntimos). (…) (CCSS, 2021).
Por lo que le preguntamos señor Nogui, viendo la verdadera realidad, ¿usted cree que una persona puede pagar una atención por día de hospitalización de ¢95.683,80, con el salario real que recibe la clase media o baja de la población costarricense, si no existiera un seguro social?, ¿cree usted que con el promedio de atenciones diarias que brinda la caja, y que para nadie es un secreto, la saturación de los servicios y la fuga de especialistas, sea posible, dentro de las funciones que se leyeron anteriormente de la caja, sea factible lo que usted dice tan vehemente de que la CCSS puede suplir a la población con discapacidad de los dispositivos y productos de apoyo que necesita?
Sandra Ribas Solano, Vicepresidenta seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la importancia del Día Nacional de las Personas con Discapacidad
Es claro y evidente que la CCSS no cuenta con la capacidad económica suficiente para poder brindar los implementos médicos que el señor ministro menciona que es obligación de la caja otorgar.
Es importante agregar que, aunque la CCSS ofrece productos de apoyo, no califican todas las personas que los requieren como candidatos para obtener uno de estos productos, debido a la gran demanda que existe en torno a ellos en comparación con el insuficiente presupuesto con que cuenta la institución, debiendo incluso esperar durante años las personas que sí califican para que se les realice la entrega de los mismos.
Lamentablemente uno de los mayores problemas que hay es la falta de información o conocimiento por parte de los altos mandos del gobierno, ya que la responsabilidad social realmente recae en ellos, pues:
La Responsabilidad Social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades responsables. (RSS, 2019).
¿Y por qué debe recaer esta gran responsabilidad en el gobierno?
Porque está en ellos comenzar a promover el respeto y la enseñanza hacia la población costarricense sobre temas de discapacidad, y dejar de lado todos estos prejuicios y malos comentarios que se hacen hacia la población de personas con discapacidad.
Debemos de recordar las palabras que incluso la Asamblea Legislativa muestra sobre temas de equidad e igualdad, en la que dice:
La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. (Asamblea Legislativa, 2021).
Recordemos que todas las personas, incluidos las personas con discapacidad, primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, que son universales e inherentes para todos, sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.
Rita Corea Arazo, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la salud mental de esta población ante las adversidades que deben enfrentar día a día.
Con todo lo anterior, apoyamos y unimos nuestra voz a lo expresado por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y a lo manifestado por otros grupos organizados, exigiendo una disculpa pública por parte del señor Ministro de Hacienda y la presentación inmediata de su renuncia al puesto, y dejamos claro con nuestro pronunciamiento que las personas con discapacidad sí sabemos organizarnos y que seguiremos luchando para que se cumpla lo enunciado en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad:
Estudiantes sin discapacidad brindando apoyo a estudiantes con discapacidad es una de las acciones del TCU. Foto: Archivo ODI, UCR
Igualdad e inclusividad
El proyecto de TCU «Tendiendo puentes» facilita apoyos como traducción a braille o LESCO a las y los estudiantes que lo requieren
Marcela Ramírez Morera requiere de más apoyos para poder realizar algunas cosas. Desde los 15 días de nacida tuvo una condición que afecta su desarrollo motor que le sitúa en la población con discapacidad. Afortunadamente, gracias a su propio esfuerzo y al apoyo que recibió del proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) TC-98 Tendiendo puentes: oportunidades y estrategias de accesibilidad para la eliminación de barreras hacia la discapacidad en el ámbito intra y extra universitario, le fue más fácil transcribir las 31 entrevistas que necesitó para completar su tesis doctoral: Las condiciones asociadas a la experiencia de éxito universitario de las mujeres con discapacidad.
Ramírez, quien es Trabajadora Social con un doctorado en Educación, es la representación de que una persona estudiante con discapacidad en la Universidad de Costa Rica (UCR), puede acceder de forma efectiva al derecho a la educación, la información y el conocimiento, gracias a varias iniciativas del centro de estudios, dentro de las que destaca el proyecto TC-98.
La docente e investigadora Marcela Ramírez Morera ha recibido los apoyos del TCU y también los brindó mientras era estudiante. Foto: Cristian Araya Badilla, UCR
Según datos de la Encuesta Nacional en Discapacidad (ENADI)-2018, en el país hay 670.640 personas adultas con discapacidad (18,2% de la población), las cuales enfrentan altos porcentajes de desempleo, exclusión, desigualdad, pobreza y pobreza extrema.
Desde su niñez, esta población presenta mayores porcentajes de analfabetismo, más posibilidades de abandonar la escuela y ausentarse de clases, de sufrir discriminación y violencia en el contexto escolar y menores tasas de promoción en los sistemas educativos. Adicionalmente, tienen menor desarrollo de habilidades para insertarse en el mercado laboral y cuando lo logran, sus salarios son mucho más bajos. De ahí, la relevancia de proyectos como “Tendiendo puentes”, que buscan eliminar algunas de las barreras u obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito académico.
Apoyos brindados por el proyecto
Este proyecto tiene como objetivo principal brindar apoyos a instancias de la Universidad que tengan estudiantes con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, motora o alguna condición de aprendizaje como dislexia, discalculia o déficit de atención.
Estos apoyos se manifiestan en la práctica por medio de la traducción de textos y materiales al braille (sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas), LESCO (lengua de señas costarricense para población sorda), la grabación de textos en audios para ser escuchados o el préstamos de lectores de pantallas (que facilitan la lectura a personas con problemas visuales).
La traducción a Braille es parte de los servicios y apoyos del TCU para estudiantes con alguna discapacidad visual. Foto: Yara Salazar Hidalgo, UCR
La responsable del proyecto, Eugenia García Artavia, indicó que en muchas ocasiones se trabaja en coordinación con el Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad (CASED) de la UCR, para determinar cuáles estudiantes necesitan apoyos específicos.
Incluso el proyecto brinda un servicio al personal docente con discapacidad. En el caso de la docente Ramirez, recibió la ayuda de estudiantes de este TCU en el proceso de su trabajo de investigación.
Cuando Ramirez era estudiante de la carrera de Trabajo Social, matriculó este mismo proyecto de TCU e impartió clases y charlas sobre discapacidad en el Museo de los Niños. Años después, recibió el apoyo del mismo proyecto para finalizar su tesis doctoral.
“Tendiendo puentes” nace en la década de 1970 y ha pasado por varias transformaciones, especialmente para actualizar paradigmas. Integrar a personas con alguna condición de discapacidad junto con el resto de la población es un enfoque más actual e inclusivo, en comparación a paradigmas anteriores donde se separaba a las personas y se resaltaban sus diferencias, según indicó García.
Una doble función
En el proyecto pueden participar estudiantes de todas las carreras, ya que tiene un perfil abierto. Según García, el objetivo de esta condición es ofrecer los apoyos hacia la población estudiantil con discapacidad y por otro lado, aumentar la concientización de los estudiantes y futuras personas profesionales, para que conozcan a la población con discapacidad, sus características y sus necesidades. “No se puede esperar que exista un proceso inclusivo si solo las personas [estudiantes] de Educación Especial entienden lo que es una persona con discapacidad”, finalizó García.
Fuera de la U
Mural elaborado por estudiantes del TCU para la campaña «Las llevo diferentes porque somos iguales» de la Fundación Yo puedo y ¿Vos? Foto cortesía del TCU-98, UCR
Actualmente el proyecto brinda apoyo y asesoría a 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad. Algunas de ellas son: Patronato Nacional de Ciegos, Programa Inglés Inclusivo para el Trabajo (de la Universidad Técnica Nacional), Asociación Costarricense de Goalbol, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD) y Fundación Soy Capaz… Yo Sí Puedo, entre otras.
