Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
El pasado 19 de enero en pleno centro de la ciudad capital costarricense, se produjo un hecho que requirió la intervención policial.
En apariencia se trataba de un episodio en el que mediaba un arma de fuego e involucraba dos personas: el padre y su hijo. El evento término con la muerte del segundo en su propio vehículo, a manos de la policía destacada en el lugar.
El suceso ocurrió en una de las cuadras más concurridas de la capital en horas cercanas al medio día, situación propicia para que los noticieros de mayor alcance nacional dedicaran la apertura de sus emisiones o sus “portadas” como se suele indicar en el argot de producción televisiva, a informar en vivo lo que estaba ocurriendo.
Uno de los telenoticieros de mayor audiencia a esa hora acompañó su transmisión en vivo con videos que fueron tomados por personas-testigas de lo ocurrido, los que mostraban dicho sea de paso a decenas de personas con sus teléfonos celulares grabando o sacando fotografías del evento, que seguramente hoy circulen como tendencia o continúen siendo “viralizados en redes sociales”.
Ante estas nuevas formas de intermediar la realidad, solo se puede pensar en la hiperespectacularización de lo cotidiano, la ausencia de sensibilización ante el sufrimiento del otro o la otra y la banalización como acto central en la construcción de sentido de los eventos que se presencian.
De esto hablaremos en próximas reflexiones, al igual que la acción policial a todas luces errática, así como el tema de la deteriorada salud mental en la población costarricense.
Lo que quisiera compartir ahora es cómo una vez más algunas ideas son materia de un burdo tratamiento informativo. En esa misma emisión noticiosa y en un intercambio entre periodista y director en estudio, este último consultó si era conocida la nacionalidad de los involucrados en el hecho.
Esta sola consideración sugiere análisis extensos sobre construcción de la noticia, el miedo como premisa de contenido y la presunción de que en todo acto violento o de inseguridad, tiene que estar presente, si o si, una persona extranjera.
Si algo ha quedado en evidencia en estos dos años ya de pandemia es la asociación entre riesgo y extranjeros como una fuerte idea a través de la cual trazar hipótesis y explicaciones. Lo mismo ocurre con el tema de la inseguridad.
Hemos insistido desde esta columna en propiciar mejores lecturas, centradas sobre otras formas posibles de informar donde no medien percepciones ni presunciones de sospecha. La sola pregunta sobre la nacionalidad es prescindible porque no suma en la ecuación explicativa sobre el hecho en sí. Entonces ¿para qué lo hacen los medios?
La convivencia colectiva sigue siendo un asunto pendiente, que, dicho sea de paso, exige entre otras cosas discreción, respeto, sensibilidad. Empecemos por alguna de las tres. La última, si les parece.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Enfundado en su chaqueta de algún caro patrocinador, apoyado desde afuera por sus preocupados y exultantes padres y por una fanaticada “nole-lover” que se tomó las calles de la capital de Serbia para exigir su liberación, Novak, Nole (cómo le llama la prensa deportiva de los medios transnacionales que le siguen durante toda la temporada tenística) montó su propia agenda contra las leyes migratorias en tiempos de excepcionalidad.
Ante cientos de periodistas de varios medios de comunicación mundiales, sus padres denunciaron las condiciones deplorables del lugar en que “tuvieron retenido al tenista”, compartido con otras personas en condición de irregularidad migratoria a su arribo a Australia.
Precisamente eso es lo que presentó el tenista: una condición migratoria irregular, condición suficiente para que le fuera negada su visa de entrada al país oceánico, donde pretendía ingresar para formar parte del primer torneo Grand Slam del año, el Abierto de Australia.
La decisión de las autoridades de aquel país se produce ante su poca claridad respecto a la vacunación contra el COVID y su renuencia a someterse a la normativa. Esto es: montar una agenda propia, desconocer la contingencia, usar el privilegio como escudo de combate.
Esta actitud, tan propia de un sector de población global que no sabe que aún al día de hoy el planeta se tranza con una nueva ola más agresiva en la rapidez de los contagios propiciada por la variante Ómicron, acabó por encerrar al deportista en un albergue migratorio a la espera de una resolución a su estatus legal.
Por ello la preocupación de sus padres, aunque es inaudito que no supieran que a estas horas en todos los países del mundo los albergues migratorios distan mucho de ser lugares hospitalarios y paradisiacos, placenteros y atractivos.
Al momento de escribirse esta columna, un juez ordenó la “liberación” de Djokovic, al mismo tiempo que las autoridades migratorias australianas, por segunda ocasión, le negaron la visa por las razones ya esgrimidas. Esta vez le agregaron motivos de “interés público” a su decisión.
El número uno del mundo, acostumbrado a erráticos performances de conducta en cancha y fuera de ella, se convirtió en un migrante irregular más, un “expulsado” al decir de Saskia Sassen, un paria del sistema.
Cuando la comunicación global elabora productos y los vende, los temas de fondo pueden quedar en un segundo plano, debajo de la alfombra. Las luces y los reflectores a los que tuvo acceso el entorno del tenista para denunciar su situación y las condiciones deplorables en la que se encontraba en compañía de otras personas en un hotel-albergue, no las tienen cientos de miles de migrantes que hoy tratarán de cruzar fronteras, marcados por el accionar de una industria migratoria inhumana y de políticas claramente castigadoras hacia estas personas.
Nos preguntamos entonces por los otros parias. Por los 52 migrantes fallecidos al volcar un camión en el sur de México al iniciar diciembre anterior o las más de 100 personas fallecidas durante 2021 intentando cruzar la frontera entre aquel país y Estados Unidos. Para ellos, el tratamiento mediático ha sido claramente diferente que al tenista, aderezado con las percepciones públicas que cuestionan desde un racismo y xenofobia exacerbados su proyecto migratorio.
Al cerrarse la puerta de entrada a Australia por segunda vez, Nole el paria de élite, regresará a casa. No lo hará esposado. Su equipo de apoyo, su familia, lo acompañarán en un viaje “insufrible” a bordo de un avión de lujo, en primera clase y con todas las comodidades.
¿Saben los otros parias que existe una vida así? ¿que si son deportados los invitarán en primera clase de cualquier vuelo comercial, vino y canapés incluidos? ¿Saben los otros parias que existe vida después de la migración?
El actuario y matemático Rodrigo Arias López presentó un recurso de reconsideración ante la Defensoría de los Habitantes, en relación con su tesis sustentada en investigación propia de que hubo desvío de fondos de los recursos correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que debe cubrir las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ante gestiones del máster Arias López, la Defensoría de los Habitantes envió una serie de requerimientos de información a las instancias correspondientes de la CCSS. Luego de varias respuestas el órgano defensor solamente concluye: “…la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI”.
Ante ello, Rodrigo Arias López estima que la Defensoría no está cumpliendo con su deber por tres razones:
Primero. En el oficio de la referencia esa Defensoría se limita a comunicar las consultas que le realizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las respuestas de la CCSS, sin que haya realizado ninguna investigación ni análisis independiente, serio y objetivo como en derecho corresponde, sobre la legalidad de las actuaciones de la CCSS sobre el desvío de más de un 7,5% sobre los salarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Segundo. En relación con lo anterior, se observa que en el oficio que se cuestiona, esa Defensoría dedica 15 páginas para realizar citas textuales de preguntas que le realizó a la CCSS y de las respuestas que recibió y al final se limita a decir lo siguiente en un único párrafo:
A la luz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI.
Tercero. Consta en el oficio que se cuestiona que la solicitud de intervención de esa Defensoría la realicé el 17 de diciembre de 2021; es decir, hace CUATRO AÑOS. En tal sentido, el artículo 17 de la Ley de esa Defensoría dispone lo siguiente:
“2.- La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República debe darse dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad para aceptar reclamos o quejas aun fuera de ese plazo si, a su juicio, considera necesaria su intervención.”
Le invitamos a leer el documento completo del recurso de reconsideración presentado ante la Defensoría de los Habitantes por el matemático y actuario Rodrigo Arias López:
Carlos Gutiérrez Vargas, profesor sordo, bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Foto: Anel Kenjekeeva.
La evolución de los derechos de las personas con discapacidad
El autor es el primer estudiante sordo usuario de la Lesco en graduarse del Bachillerato en Derecho de la UCR
Dentro del marco jurídico general, la referencia, directa e indirecta, que alude a las personas con discapacidad dentro de la Constitución Política (Asamblea Legislativa, 1948), en el capítulo sobre los derechos y garantías sociales, es el artículo 51: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.”
El significado de la expresión “enfermo desvalido” ha sido señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como referente a las personas con discapacidad en la sentencia 3820/94. Comprendiendo el momento coyuntural de la creación de la Constitución en 1949, se usaba este término que, sin duda se trata de un precepto que está concebido en su redacción con el uso de un lenguaje arcaico, derivado de la visión de los parámetros del modelo médico o rehabilitador de la discapacidad.
De esta visión provienen la utilización de términos para aludir a las personas con discapacidad como: “discapacitado”, “deficiente”, “enfermo”, “inválido”, “impedido”, “sordomudo” y “mudito”, entre otros. El uso del lenguaje correcto es importante, nos indica la manera en que comprendemos la realidad de la sociedad y la construcción de las relaciones sociales, dando un valor significativo a la diversidad humana, por lo tanto, la utilización del lenguaje alusivo a las personas en condición de discapacidad implica la eliminación de términos discriminatorios y debe promover el respeto de la dignidad humana.
Es fundamental abordar la comprensión de los modelos de enfoque de la población en esta condición antes de analizar la relación de las normas referentes con los derechos fundamentales.
Mediante la evolución histórica de los modelos que brindan un enfoque de la discapacidad por la sociedad y el Derecho, se inicia por el primer y más antiguo modelo de prescindencia que se contextualiza en la antigüedad clásica, conceptualizando los orígenes del concepto desde la perspectiva religiosa, de forma que la excluye de la sociedad por políticas marginadoras y segregantes. En ese momento, se partía de la idea de que las personas con discapacidad no tenían nada indispensable que aportar a la sociedad y no merecían vivir, por lo que se prescinde de ellas mediante su eliminación física o la reclusión a un espacio de exclusión1.
Posteriormente, surge el modelo rehabilitador que concibe a la persona con discapacidad como enferma, objeto de asistencia y de esfuerzos públicos destinados a su curación y rehabilitación. La incorporación a la sociedad como un miembro que puede dar aportes útiles se logra previamente que se haya cumplido en ella el propósito rehabilitador. Por lo tanto, al no cumplir esta exigencia, la persona quedaba excluida de la vida social, al no ser “curada”.
Por último, el modelo social de la discapacidad implica un gran cambio de perspectiva, enfoca la dignidad por igual para todos los seres humanos, independientemente de sus capacidades, busca que se dé la inclusión y participación de todas las personas en la sociedad, incluyendo a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. En este sentido, las actuaciones públicas y los poderes del Estado se dirigen a corregir, remover las barreras y obstáculos del entorno social para la promoción de la participación plena dentro de la vida comunitaria.
Bajo este modelo se ha modificado el artículo constitucional número 51: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” De esta manera, reformado por el artículo único de la ley N° 9697 del 16 de julio de 2019, denominada «Reforma artículo 51 de la Constitución Política para garantizar la protección especial del Estado a las personas con discapacidad»2.
Cabe destacar que, entre otros preceptos tratados de forma indirecta como el artículo 33 de la Constitución Política (Asamblea Legislativa, 1948), referente al tema de la discapacidad, se establece lo siguiente: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. La prohibición de la discriminación por motivo de discapacidad, ya que es opuesta a la dignidad y por el principio de igualdad. Las personas con discapacidad son sujetos que llevan la titularidad de todos los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, además de los Derechos Humanos que están incluidos en instrumentos jurídicos internacionales.
La jurisprudencia amplia y desarrollada por la Sala Constitucional de Costa Rica en el campo de los derechos de las personas con discapacidad, aborda distintos ámbitos como la mediación, el acceso a la información, el espacio físico, el trabajo, la comunicación y otros. La sentencia 1999-02288, interpreta los alcances del artículo 51, refleja la posición de la Sala al enfatizar sobre la protección especial que da el ordenamiento jurídico a las personas con discapacidad para que se desenvuelvan sin barreras dentro de la sociedad. No es un trato especial, como ha enfatizado dicho órgano supremo, que busca atender a las condiciones particulares de la comunidad de personas con discapacidad, sino que son en esencia su derecho y la obligación que tiene el resto de las personas sobre el respeto de estos y cumplir estas obligaciones derivadas. La Sala plantea que sus decisiones y la jurisprudencia tienen efectos erga omnes, siendo parte del bloque de constitucionalidad que el estado costarricense y la sociedad deben acatar en la aplicación de medidas para garantizar dicho fin. Erga Omnes es una expresión latina que significa contra todos o referente a todos. En el ámbito jurídico se refiere a aquellos derechos cuya eficacia y reconocimiento se producen a favor de todas las personas versus a los derechos cuya eficacia solo afecta a una persona o personas determinadas.
En lo que se refiere a la ratificación de instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, Costa Rica ha sido signatario de muchas normas internacionales, especialmente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual ha sido aprobada mediante la ley N° 8661, del 29 de setiembre de 2008 (Asamblea Legislativa, 2008).
En este ensayo, para referir a los principios fundadores del concepto de derechos humanos, se sintetiza un panorama general acerca de su evolución y su enlace con los derechos de las personas con discapacidad.
Los hechos históricos de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de América, la Revolución Francesa y la revolución industrial, como la evolución de la propagación de ideas de intelectuales como Locke, Rousseau, Montesquieu, Hobbes y entre otros, han dado construcción a las bases del estado moderno del derecho al caracterizar algunos aspectos como: la división de poderes, la observancia del ordenamiento jurídico reconociendo su legalidad (imperio de ley), derechos y libertades fundamentales , legalidad de actuaciones del estado y el control judicial de las mismas3. Todo viene de un movimiento que critica las monarquías absolutistas que constituían los estados existentes en los siglos XVII y XVIII.
Ciertos documentos han aportado cronológicamente a la evolución filosófica de los derechos humanos: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la cual establece la igualdad para todos los seres humanos que son dotados de los derechos inalienables (vida, libertad y felicidad) por el Creador, dentro de la concepción del estado, con respecto a la garantía de estos derechos que son instruidos por el gobierno cuyo poder legítimo es derivado del consentimiento de los gobernados. No obstante, en esos momentos hubo situaciones en las que se les negaron los derechos ciudadanos por igual a todos los habitantes como el caso de la esclavitud, la discriminación racial, la persecución de los indígenas estadounidenses, la discriminación por género (las mujeres) y el no reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad4. En esta declaración podemos ver cómo se ha reflejado la perspectiva filosófica de la ley natural, además de las ideas de Locke y otros intelectuales.
Posteriormente se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual cita la inherencia de los derechos a la naturaleza del ser humano y que precisamente no son derechos que fueron creados en determinada coyuntura, sino que son derechos constatados. En esta declaración se mencionan los derechos con carácter natural e imprescriptible del ser humano, los cuales han existido con anterioridad al poder establecido, además de ser aplicables en cualquier momento y espacio, estos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La importancia que encierra esta declaración es por la definición de los derechos personales y colectivos visto como universales, al comprender que los derechos son válidos en todo momento, por ser una pieza indispensable en el engranaje de la naturaleza humana. A pesar de eso, aun en esta coyuntura, la universalidad e igualdad tenía un sentido rígido y limitado, debido a que en esta época tampoco se les conceden derechos a las personas con discapacidad.
Por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), surgida en el contexto de los conflictos bélicos internacionales, deja una gran huella en el derecho internacional de los derechos humanos, declarando como innatos los derechos por ser pertenecientes a nuestra condición de ser humanos, además los conceptos modernos de derechos humanos son irrevocables, inalienables, inherentes, intransmisibles para todas las personas sin distinción de raza, clase social y condición. Se configura así el concepto de dignidad humana, donde se aborda el valor intrínseco del ser humano al respetar su capacidad racional y en la construcción de su esencia como la base de los demás derechos. Por ser un principio esencial de un ordenamiento social – jurídico el respeto inherente al ser humano que sea independientemente de sus condiciones propias, tiene la obligación de ejercer el respeto y la protección de los bienes que forman parte de la esfera personal del ser humano.
La propuesta más actualizada es el paradigma de derechos humanos en discapacidad, que tiene un nexo con el modelo social de la discapacidad en función de su compatibilidad, por la exigencia de la justicia fundamentada en la dignidad del ser humano y que considera que todos son sujetos de los mismos derechos. Busca, luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad, con la existencia de las condiciones materiales para que la población disfrute de una mejor calidad de vida al ejercer sus derechos, mediante la visualización de las diferencias, el cuestionamiento del entorno, por cuanto la sociedad es la que crea obstáculos para la inclusión de las personas con discapacidad. Los derechos humanos, por lo tanto, se basan en la dignidad del ser humano, sin distinción de credo, edad, clase social, género, discapacidad; al gozar de ellos lo que les permite vivir en libertad e igualdad.
La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su protocolo aprobado el 19 de septiembre de 2008 mediante la ley 8661 (Asamblea Legislativa, 2008) constituye un instrumento jurídico cuya dimensión establece un desarrollo social en el que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La paulatina evolución histórica de las normas de derechos humanos de las personas con discapacidad ha formado parte de las maniobras jurídicas que busca involucrar al Estado en el compromiso por el cambio social, al buscar que se cumplan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Federación Iberoamericana de Ombudsman. (2010). VII Informe sobre Derechos Humanos, Personas con Discapacidad. Trama Editorial. 1-712. Recuperado de http://hdl.handle.net/10017/9082
Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
3 Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
4 Molina Díaz, K. (2016). Análisis de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde la Teoría Crítica. Anuario Centro De Investigación Y Estudios Políticos, (6), 35-87. Recuperado a partir de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/26101
Carlos Gutiérrez Vargas Profesor sordo, bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En Guatemala decretaron tres días de duelo. Esa noche empezábamos una amena conversación con el poeta y diseñador visual Julio Cúmez, originario de San Juan Comalapa, una comunidad de artistas y artesanos de la palabra, ubicada en las cercanías a Quetzaltenango.
Una de las personas de la audiencia a nuestro programa informaba sobre lo ocurrido recién: un accidente en el sur de México, en el que habían fallecido varías personas migrantes, muchas de ellas, la mayoría, provenientes de Guatemala.
La noche del 9 de diciembre, mientras nos aprestábamos a conversar de arte y vida con Julio en nuestro espacio dedicado a esos temas, supimos que una herida más se le había abierto a la región centroamericana.
En un año que cierra con la imposición de Estados Unidos hacia México para contener los flujos migratorios y activar el programa “Quédate en México” como política migratoria disuasiva, los hechos recientes colocan de nuevo el pesado lastre de la acción securitaria e institucional sobre los cuerpos de las personas en contextos de movilidad.
Hacinados casi hasta la asfixia, cerca de 250 personas migrantes habían pagado entre 2.500 y 3.000 dólares para ser transportados en un camión cuyo contenedor les ofrecía una distribución inhumana, por decir lo menos.
De hecho, las hasta ahora contabilizadas 55 personas fallecidas, estaban colocadas en la pared que volcó haciendo contacto con un puente peatonal de hierro. Quienes salvaron su vida se apretujaban casi sin aliento, en el centro del contenedor.
Dimensionar la magnitud de una tragedia como ésta en un año en que la cifra de personas fallecidas en contextos de movilidad en tránsito ya alcanza más del millar, según cifras aportadas por OIM, implica necesariamente tener claras las dimensiones antihumanitarias de una política migratoria que un día sí y otro también se ensañan contra las personas migrantes.
En el sur de la región centroamericana quizá la narrativa no alcanza a avisorar lo que ocurre desde Honduras hasta la frontera entre México y Estados Unidos, donde los efectos de la imposición de una política migratoria dura se dejan sentir con toda su furia sobre las personas migrantes. Por eso lo verbalizamos e insistimos.
Quienes sobrevivieron al accidente del 9N en Chiapas refieren escenas de terror al observar la muerte desperdigada por entre las latas retorcidas del camión volcado y en la propia calle. Algunos de ellos serán repatriados a sus países de origen quizá con alguna fractura producto del percance. Muchos, pese al evento, lo intentarán de nuevo.
Y entonces volverán a engrosar las estadísticas del riesgo y el horror en un ciclo que no se detendrá hasta que la inclusión, el cese de la violencia y la igualdad vuelvan a existir en todos los países desde donde se origina la migración.
Al tiempo que terminamos de escribir estas notas se conoce de acciones de violencia contra grupos de migrantes que llegaron al centro de México en medio de las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe. Muchos de ellos han sido llevados a la propia basílica: mujeres con sus niños pequeños que funcionaron como primer escudo ante las arremetidas de la seguridad mexicana, personas jóvenes, personas con alguna discapacidad.
Esto seguirá repitiéndose indefinidamente hasta que el modelo no cambie y la industria migratoria deje de lucrar con el dolor y la necesidad de la gente.
En Guatemala decretaron tres días de duelo. Esa noche Julio y yo hablamos de poesía, de arte. También encendimos nuestra luz interior para acompañar en su viaje definitivo a quienes lo emprendieron por última vez. Luz para ellos y ellas.
Imagen de cabecera: https://www.latimes.com (Lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes en Chiapas.)
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados de una encuesta denominada “Construyendo una ruta común hacia el 2030” en la que se arrojaron resultados interesantes sobre la visión país que tienen las personas consultadas.
Llama la atención la permanencia de núcleos duros de opinión sobre la discriminación subjetivamente experimentada.
La persistencia de estas prácticas entre la población costarricense continúa representando enormes desafíos para la base de una colectividad que, ya lo hemos dicho en otros momentos, debe construir nuevas formas de contrato social para poder enrumbarse hacia el futuro.
Resaltan por ello, dos aspectos de los resultados compartidos: el conjunto de discriminaciones experimentadas en razón de ciertas características como la edad y la condición social, entre otros, así como la persistencia de las ideas sobre las personas extranjeras en tanto “otros sociales”, a los que se les reconoce su aporte a la sociedad costarricense pero se les sigue “manteniendo” con cierta distancia social y cultural.
En el primer caso, la discriminación experimentada evidencia una frágil construcción de mínimos en los reconocimientos socioeconómicos, generacionales y de género. Así lo evidencian 6 de cada 10 personas consultadas por el estudio.
En estas condiciones, no es difícil imaginarse un escenario donde la convivencia sea tranzada, negociada, por un conjunto de presupuestos que colocan al otro en una situación de inferioridad. En un escenario de esta magnitud, estar juntos no necesariamente implica convivir y esto se traduce en una serie de dificultades y bloqueos para establecer acuerdos mínimos en una experiencia colectiva que hace mucho dejó de serlo, para presentarse como una visión atomizada y fracturada, repleta de fraccionamientos sociales.
En el segundo caso, la continuación de discursos de discriminación hacia ciertas poblaciones como las migrantes, revela una tarea todavía inconclusa en materia de respeto hacia la condición de nacionalidad.
Así, más de la mitad de las personas consultadas indicaron que en Costa Rica se vuelve difícil vivir si se es nicaragüense, condición que se comparte con las poblaciones indígenas. Ambos grupos fueron superados ampliamente por las poblaciones con alguna discapacidad, para las cuales se les dificulta vivir en un país como este.
En cualquiera de los tres casos, la dificultad expresa una permanente fractura hacia las poblaciones que no representan esa identidad homogénea y anquilosada que se dibuja bajo la noción de Costa Rica.
En una aparente transición hacia un nuevo estado de procesos sociales y culturales producto de la crisis civilizatoria experimentada distante los últimos dos años, un enorme desafío para trabajar en la convivencia se impone en Costa Rica.
No lo resuelve la dimensión política porque es del orden de lo sociocultural y solo con un trabajo de contenidos comunitarios y educativos estaremos listos para dar el paso entre la aparente estancia de estar juntos a convivir, reconociéndonos en nuestras diferencias. Esa es la tarea.
El 25 de noviembre, en el marco de la marcha por la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres realizada en San José, oficiales de la Fuerza Pública y la GAO agredieron física y verbalmente a las participantes,con especial ensañamiento a las compañeras migrantes. En reiteradas ocasiones,contingentes de hasta 20 oficiales invadieron la marcha desde ambos costados de la calle, empujando y golpeando a decenas de mujeres que se manifestaban exigiendo un alto a la violencia.
La marcha avanzaba sobre la Av. Segunda. El primer momento de represión ocurrió alrededor de las 6:00 pm, a la altura del Paseo de los Estudiantes cuando la policía se ensañó contra una mujer nicaragüense, defensora de Derechos Humanos. Ella fue acorralada por 6 oficiales. Ante esto, una multitud de mujeres rodeó a la policía, gritando por su liberación. La presión y el acuerpamiento de las manifestantes logró la liberación de la compañera, y la manifestación continuó.
A las 6:10 aprox, frente a Caja de ANDE,un grupo de hombres y mujeres policías volvió a invadir la marcha con mucha violencia, lanzando golpes,patadas y empujones contra las manifestantes. En esta ocasión, tomaron por el cuello a una persona costarricense, y le arrastraron jalándole el pelo. Una vez más, las manifestantes y el equipo de seguridad de la marcha lograron contener la situación, arrebatarles a le compañere que estaba siendo retenida y expulsar a la policía de la manifestación.
Cerca del final de la marcha, un grupo de personas migrantes y costarricenses se refugiaron de la lluvia debajo de un techo, donde fueron abordadas por varios oficiales. dentro de los cuales reconocieron a uno de los agresores. Al cuestionarlo por qué abusaba de su autoridad y usaba la fuerza para violentar mujeres, el oficial respondió con más violencia, diciéndole a las mujeres migrantes que se callaran, que fueran a lavarse el culo bajo la lluvia», entre otros insultos. La situación escaló causando miedo e indignación a estas personas,dentro de las cuales se encontraban menores de edad. Una oficial comenzó a amenazar con arrestar a las feministas que les exigían respeto. Se acercó a una de las mujeres migrantes y le dijo: «Miré, y según su acento,¿usted tiene papeles? ¿Usted está legal en este país?Mire, usted puede tener problemas por irrespetar
a la autoridad». Entonces llamó a una patrulla, lo que representó una clara muestra de xenofobia. Otras compañeras nicaragüenses defensoras de derechos humanos y costarricenses le cuestionaron que le pidiera papeles solo a ella, a lo que la oficial afirmó que era por su acento. Al hacerle ver que se podía denunciar por muestras de xenofobia y pedirle sus datos negó, y solo así decidieron retirarse.
Los y las oficiales no portaban identificación alguna, y se negaron a dar sus nombres. Había oficiales en ejercicio sin uniforme y algunos incluso portaban armas. Continuaron hostigando a las manifestantes hasta el final, incluso cuando se retiraron de la marcha, tomando fotografías, señalando a determinadas compañeras e invadiendo reiteradamente el contingente de la movilización. Esta grave situación revive los traumas de la violenta represión policial que han sufrido las compañeras migrantes
en su país de origen,y constituye una forma de violencia psicológica que violenta la dignidad y los derechos de las mujeres.
Cabe recordar que el Reglamento de Ética de los Miembros de las Fuerzas de Policía Adscritas al Ministerio de Seguridad Pública en su artículo 2 establece que las fuerzas policiales deben «Actuar con total objetividad e imparcialidad. sin discriminar entre las personas en razón de su condición social,cultural o económica, de sus creencias religiosas o ideas políticas, o por los cargos que pudieran tener en la sociedad». Asimismo, la
Declaratoria de cero tolerancia a cualquier manifestac ión de violencia contra las mujeres en el Ministerio de Seguridad Pública indica que deben «Abstenerse todas las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, sus funcionarios y funcionarías, personal y agentes de todas sus dependenc ias, de practicar o tolerar cualquier forma de violencia contra las mujeres tanto en el ejercicio público de su función policial o administrativa, como en el marco ·de las relaciones interpersonales de trabajo y en su vida privada».
El Estado costarricense ha asumido compromisos internacionales que le otorgan la responsabilidad de velar por la seguridad y la integridad de las personas refugiadas y solicitantes de refugio. Lamentablemente, el pasado 25 de noviembre se vivió lo contrario: el hostigamiento y acoso policial,el abuso de autoridad,la violencia física y verbal,y la manifestación de la misoginia, la xenofobia y el racismo estructural.
La marcha era pacífica, la policía fue quien llevó la violencia,ensuciando la conmemoración de las luchas cotidianas de tantas mujeres por vivir en paz y libertad. Repudiamos estas agresiones xenofóbicas y misóginas. Nadie tiene derecho de mandar a callar a una mujer, mucho menos por el hecho de ser migrante.
Por lo anterior, exigimos que las autoridades policiales rindan cuentas de las agresiones cometidas. Exigimos que los y las oficiales que violentan física, verbal y psicológicamente a las manifestantes sean
Identificados y sancionados. Exigimos que el gobierno de Costa Rica siente las responsabilidades del
caso,y que el gobierno se pronuncie sobre estas graves violaciones a los derechos y las cuerpas de las mujeres migrantes.
El próximo jueves 9 de diciembre del 2021, a las 3:00 pm Costa Rica / 6:00 pm argentina se realizará el encuentro: “Masculinidades y Educación Popular. Encendiendo el fuego del encuentro”.
En este segundo encuentro seguimos tejiendo un espacio para reflexionar y profundizar en la crítica a la Masculinidad Hegemónica y buscar juntes las herramientas necesarias para este tiempo de las masculinidades del CEAAL, en América Latina y el Caribe. En esta oportunidad compartiremos las experiencias de los compañeres:
Nicolás Vargas. Asociación Ecuménica de Cuyo -FEC- Mendoza/Argentina.
Javier Omar Ruiz. Colectivo Hombres y Masculinidades. Colombia
La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos invita al foro “La Interseccionalidad: Una estrategia para la acción Colectiva.”
Las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia, la disidencia afectiva, sexual y de género, la discapacidad, la clase social, etc. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y la Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica hablan de la estrategia para enfrentarla.
El foro se realizará el próximo 7 de diciembre a las 5:00 pm (hora Centroamérica) / 6:00 pm hora Panamá.
Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense.
Vaya usted a saber qué idea literaria estuvo en la mente y la cabeza de quienes con tino y un poco de ironía procedimental endosaron el flamante nombre de “Caso Diamante” a los recientes actos de corrupción ventilados a la opinión pública costarricense con la participación, hasta ahora sólo indicada más no comprobada en las instancias judiciales, de seis alcaldes y funcionarios representantes de la empresa privada, en específico una de las empresas constructoras que viene siendo cuestionada por, también, otros actos de corrupción que la inspiración narrativa endosó con el nombre de “Cochinilla”.
En ambos episodios, su “denominación de origen” caló hasta los huesos en una opinión pública ya un poco desgastada de tanta recurrencia, persistencia, pero también de tanta impunidad en ese deporte de hacerse con las cosas ajenas, disponer de ellas, lo que lo ha convertido en el sexto sentido nacional.
Entre las alcaldías cuestionadas recientemente en la figura de su máximo representante, se encuentran dos municipios cuya lógica público-privada ha sido leitmotiv de su gestión.
Esta relación no es suficiente, sin embargo, para explicar la buena salud de algunos índices como el IDS (Índice de Desarrollo Social), en el que tanto San José como Escazú muestran buenas ubicaciones.
Es suficiente con darse una vuelta por el Escazú de la globalización, no el rural ni el periférico claro está, para percatarse de la forma como la inversión, en particular infraestructural, mobiliaria y el desarrollo de una economía de servicios orientada a atender a una franja de población local y extranjera con altas capacidades de consumo, ha convertido a este cantón en copia fiel y reproducida de otros escenarios fuera de nuestras fronteras.
Ahora uno se pregunta con un poco de malicia, si esa opulencia no provendrá también de los amaños y entuertos con que algunos vivillos han asumido para su beneficio, la función pública.
El tema de lo político y su definición en el plano local es complejo y necesariamente requiere con urgencia de otras formas de discutirse.
La separación de las elecciones nacionales y municipales no cumple aún 10 años de haberse implementado, pero es preciso volver a replantearse los esquemas de escogencia de las autoridades locales, estudiar sus redes y encadenamientos “hacia atrás y hacia adelante” y valorar los procesos de participación comunitaria, tan corroídos por el lenguaje del empoderamiento que sigue escondiendo los desequilibrios y las desigualdades imperantes en todos los espacios sociales.
Sin embargo, el fondo de este marco de fragilidad de lo local en sus instancias organizadas como las mismas municipalidades, sigue presentando el lastre de lo colonial como organización del poder que se enquista en todas las estructuras formales y no formales en funcionamiento.
Las declaraciones racistas, misóginas y discriminatorias del alcalde del cantón de Matina, Walter Céspedes, deben ser contextualizadas en el marco de una extensa e histórica relación de subordinación en que las comunidades originarias han quedado posicionadas. Más allá del antecedente, desafortunado y grave, lo que estas declaraciones señalan es una costumbre enraizada que se ha convertido en práctica recurrente y hasta naturalizada.
La forma y el fondo con el que muchos de los líderes locales establecen su relación con la población a la que sirven, continúa marcada por más de 200 años de clivaje colonial en el que género, etnia, clase social y nacionalidad son dimensiones intervinientes en la construcción de dinámicas absolutamente espurias, de dominación y control sobre los cuerpos y los territorios.
Quisiera terminar señalando una apostilla a esta reflexión. El lenguaje en todos sus extremos es una herramienta de comprensión del entorno. Pero también es una herramienta política que puede llegar a ser utilizada para avasallar e insultar, como en el caso del tristemente célebre alcalde ya mencionado.
Conviene posicionar estos temas en la formación permanente a nivel municipal, así como se discuten los presupuestos locales o la planificación territorial, a fin de desterrar de una buena vez este tipo de enfoques que aún hoy en día siguen atravesados por el lastre colonial que gobierna nuestros países. Empecemos por el plano local. Luego ampliemos su alcance.
