En el contexto #COVID-19 muchas personas han querido responsabilizar directamente a las poblaciones migrantes como responsables importantes de los contagios en los últimos meses. Lo cierto es que, el estigma que se tiene a las personas inmigrantes, mayoritariamente nicaragüenses, carga con muchos mitos que es necesario corregir si queremos una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de los DDHH.
Para una revisión de reflexiones y notas sobre este tema le recomendamos seguir estos dos enlaces de SURCOS:
El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:
Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.
Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.
Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.
Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.
Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.
Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.
Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.
* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
TCU brinda herramientas para la prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz
El TCU busca implementar acciones para que instituciones y organizaciones comunitarias incluyan en su quehacer diario el enfoque de prevención primaria de la violencia de género y la promoción de la cultura de paz.
El Trabajo Comunal Universitario (TCU) Prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidad en niñas, niños y adolescentes (TC-630) trabaja por implementar procesos de prevención de la violencia con niños, niñas y adolescentes, docentes, líderes y lideresas comunitarias, integrando la perspectiva de género y promoviendo a su vez relaciones pacíficas entre todos y todas.
El proyecto trabaja en los cantones de Montes de Oca y Curridabat, principalmente con centros educativos cuyas poblaciones viven en condiciones de vulnerabilidad. “Este es un TCU que se inserta principalmente en zonas de alta vulnerabilidad, porque nos interesa trabajar la prevención primaria de la violencia y la promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidad con niños y niñas que viven en condiciones de alto riesgo como hacinamiento, expuestos a la venta y consumo de drogas y con contextos familiares donde hay violencia”, expresó Ruthman Moreira Chavarría, coordinador del TCU.
Entre las labores del proyecto destaca el generar espacios de reflexión en torno a los procesos de socialización de las masculinidades. Esto apunta a inducir cambios en las prácticas cotidianas perjudiciales que perpetúan los estereotipos y a su vez justifican las violencias de género y las violencias sociales.
“Estamos tratando de incidir en cómo podemos mejorar las relaciones entre hombres y mujeres desde edades tempranas para evitar asuntos tan complejos como lo es la violencia en todas sus dimensiones”, expresó Moreira.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 35% de las mujeres de todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual. Además, diversos estudios nacionales demuestran que en países con altos índices de pobreza esta cifra puede llegar a aumentar hasta un 70%.
La violencia contra la mujer se puede definir como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Existe un marco legal e internacional que recomienda trabajar la violencia de género por medio de la prevención primaria, es decir, desde edades tempranas. Dicho trabajo debe incluir el enfoque de masculinidades e involucrar a los hombres (niños y jóvenes) de modo que los mismos puedan construir y vivir masculinidades que respeten los derechos humanos y prevengan la violencia hacia las mujeres, incluidas las violencias simbólicas.
Este TCU, parte del entendido de que para que las niñas, los niños, los y las adolescentes puedan aprender a relacionarse con igualdad y equidad, es necesario desarrollar procesos de formación, orientados a facilitar que reflexionen y se cuestionen estas concepciones y adquieran los conocimientos y habilidades para poder ejercer sus derechos y respetar los derechos de los y las demás.
Quienes participan de la iniciativa mencionan que el trabajo con hombres requiere de procesos reeducativos y de resocialización para que puedan reconocer tanto la forma como han sido socializados en esta cultura patriarcal como los costos y los daños que esto conlleva para las mujeres, para las demás personas, para la naturaleza y para sí mismos.
“Creo que con las últimas noticias a nivel nacional, estas experiencias son importantes de fomentar en edades tempranas. La nueva masculinidad me parece que va a ayudar mucho a los chicos a que sean ellos mismos y no tanto lo que una sociedad les ha impuesto y que permita la búsqueda de la felicidad de ellos”, indicó María Alejandra Ureña, integrante del proyecto.
Los procesos de formación han sido muy bien recibidos tanto por las personas estudiantes como por los centros educativos, gracias a las metodologías lúdicas y los resultados que con el tiempo se van haciendo evidentes. Docentes y demás personas de las escuelas esperan que el proyecto continúe y permita cambiar las dinámicas de violencia aún presentes entre los niños y las niñas.
“Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Tenemos que continuar con esta alianza con los TCU porque los niños salen de sexto y vienen nuevos niños, ahora también tenemos niños de materno y la cultura de la escuela tiene que cambiar por eso estamos casadas con esto. Sabemos que son cambios a largo plazo y debemos iniciar desde edades tempranas por eso espero que la UCR nos siga apoyando”, comentó Brasilia Domus Pereira, psicóloga de la Escuela 15 de agosto.
TCU brinda herramientas para la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz
Información de Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social).
SURCOS recibió el siguiente comunicado de Mujeres en Acción:
Queridas compañeras del movimiento feminista y de mujeres:
En Mujeres en Acción estamos muy preocupadas por las decisiones que el gobierno está tomando en el contexto de la crisis del COVID 19. Dichas medidas apuntan hacia una sociedad más desigual que la que teníamos, más excluyente para la diversidad de mujeres y otras poblaciones tradicionalmente discriminadas y, más frágil ante futuras emergencias como la que estamos viviendo. Sin embargo, esta crisis y sus lecciones, pueden ser la oportunidad para diseñar y construir una Costa Rica inclusiva, justa y democrática entre todas.
Pensando en la sociedad que sí queremos, hemos redactado un documento para plasmar las preocupaciones y plantear propuestas que aseguren el ejercicio de los derechos humanos básicos, tan urgentes en esta coyuntura.
Queremos invitarlas a leerlo, divulgarlo al interior de sus organizaciones y suscribirlo si así lo consideran. En el enlace que incluimos más abajo podrán leer el documento y firmarlo a título personal, como organizaciones o colectivas. Una vez recogidas las firmas, lo publicaremos y lo presentaremos junto a ustedes, en una sesión virtual de redes sociales.
La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos compartió con SURCOS este video del conversatorio acerca de la situación de los derechos para la población de la diversidad sexual en nuestra región. Le invitamos a ver y compartir el video.
El hecho más relevante, importante y peligroso que de manera inmediata se le presenta al país es la negociación con el FMI, mucho más riesgosa para la clase trabajadora que las propuestas vía ultimátum que presentó la UCCAEP.
El FMI le prestará al país $2.250 millones de dólares en 3 años y a cambio de ello el Gobierno se compromete a un programa de ajuste estructural, informa la prensa.
Este ajuste, en las versiones preliminares, se orienta a:
1-. Reducir la deuda pública a un 50% del PIB, lo que significa reducirla en más de 6,1 billones de colones en un plazo de 14 años (al 2034), solo de principal, sin calcular pago de intereses.
2-. Reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 4 años (al 2025). La proyección del FMI es que este año el déficit sea de 8,7%; en otras palabras, reducirlo en 6,7 puntos, que significan 2,5 billones de colones en 4 años, sin incremento alguno del presupuesto del 2020.
El dilema es cómo reducir el déficit y simultáneamente reducir la deuda pública.
En números aproximados hay que reducir la deuda en 2 mil millones cada año por principal y el déficit en 600 mil millones por año, manteniéndose congelado el actual presupuesto.
En consecuencia, habría que congelar el actual presupuesto, sin aumentos de ningún tipo, ni gasto, inversión, trasferencias, etc. Y luego buscar 2.600 millones de colones adicionales para pagar la deuda y reducir el déficit.
El FMI prestaría 430 mil millones por año. El FMI nos presta para obligarnos a pagar la deuda, para pagarle principalmente a los acreedores internacionales. Pero su préstamo es ridículo en relación con las obligaciones que nos impone.
Los restantes 2.100 millones de colones que por año se deben conseguir, proponen recaudarlos de tres fuentes: reducción de gasto, venta de activos e impuestos.
(Esta es una proyección lineal que no incluye distintas variables, pero da una idea clara de lo que nos exigirá el FMI).
Cuando el anterior ministro de Hacienda propuso la venta de Bicsa y Fanal, sus datos más optimistas eran de que su venta podría producir 200 mil millones. Como se ve no mueve la aguja. Entonces, habría que vender por lo menos un banco estatal, el INS o el ICE.
La reducción de gastos es congelar salarios, reducción al aporte financiero a universidades públicas, PANI o CCSS y despido de funcionarios, vía cierre de instituciones y despido por reorganización.
Sobre los impuestos ya varias fracciones legislativas dijeron que no aceptarían un nuevo impuesto, con lo cual dejan claro que la crisis no tocará ni un pelo de los grandes empresarios. Todo el peso recaerá sobre los trabajadores y trabajadoras.
¿Pero es el préstamo y el programa de ajuste del FMI la única solución a la crisis? Por supuesto que no. En primer lugar, porque como queda explicado, esa solución no resuelve el problema y en segundo porque existen otras posibilidades más reales y que puedan resolver el asunto de fondo.
El movimiento popular ha hecho muchas propuestas realistas, serias y profundas. Creo que dos son importantes: trabajar por una moratoria de la deuda pública por un plazo de 4 años e imponer un impuesto solidario a las grandes empresas y patrimonios por 4 años. Nada de ello perjudicará gravemente a los acreedores del país ni a los grandes empresarios y resolvería el problema de las finanzas públicas sin empobrecer más a las clases populares.
Existen varias consideraciones importantes a las cuales se debe prestar atención en relación con el incremento de los discursos de odio hacia las personas migrantes en el país, mayoritariamente son nicaragüenses.
Guillermo Acuña González, sociólogo y escritor comentó con SURCOS como esta tendencia xenofóbica en el país responde a relaciones históricas, sociales, económicas y culturales, no únicamente al contexto de crisis sanitaria que enfrentamos actualmente.
Perspectivas de jóvenes colegiales evidencian la necesidad vigente de crear políticas públicas inclusivas
Resultados de la medición constatan un escaso contacto social de las personas consultadas con las poblaciones afrocostarricenses e indígenas. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La iniciativa se ejecutó durante el primer semestre del año 2019 como resultado de una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La medición estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR y encuestó una muestra aleatoria de 1200 estudiantes de 37 colegios públicos de todo el país, a fin de conocer sus actitudes, creencias y experiencias en torno a las poblaciones indígenas y afrocostarricenses.
Como parte de los resultados de la consulta se determinó que el 74.3% de los jóvenes encuestados estarían dispuestos a recibir en su casa a alguien con un color de piel diferente al suyo, pero al mismo tiempo la cifra se redujo al 58.8% si se tratara de una personas de otra etnia.
Pese a que el 81.5% de los colegiales está de acuerdo con que el país apoye la preservación de tradiciones y costumbres de diferentes grupos culturales, sólo el 37.5% de los consultados está de acuerdo con que las sociedades multiculturales son más capaces de resolver problemas.
La investigación evidenció también niveles de contacto social limitados con ambas poblaciones, pues sólo el 28.8% de los jóvenes cuenta con personas afrocostarricenses en su grupo de amistades, cifra que se reduce al 4.6%, cuando se trata de personas indígenas.
El 60.2% de los colegiales reconoció sentimientos favorables hacia las personas afrocostarricenses y sólo el 52.2% lo hizo con las personas indígenas, mientras que los grupos recibieron una valoración social de 5.77% y 4.13% respectivamente, frente a un 6.2% que se atribuyeron los propios encuestados.
Aunque los jóvenes relacionan a ambas poblaciones con calificativos positivos como trabajadores y alegres, al mismo tiempo les atribuyen estereotipos vinculados con violencia, superstición y pobreza que según la investigación, tenderán a producir actitudes adversas y conductas discriminatorias.
Presentación de los aprendizajes de la Encuesta se realizó por medio de una transmisión en la página de Facebook de UNESCO-San José. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La investigadora del IIP, Vanessa Smith-Castro, afirmó que, tal como lo han detectado otras investigaciones en el mundo, la contradicción es una parte inherente de los seres humanos y refleja la coexistencia de visiones negativas y positivas respecto a un mismo objeto, que se activan en distintos momentos.
“Las visiones o representaciones se activarán frente a aspectos como el discurso imperante en la sociedad o las experiencias personales acumuladas. Nadie es totalmente consistente y en este caso, lo importante es saber que hay ideas que resuenan más que otras cuando los jóvenes piensan en unos u otros grupos” argumentó la investigadora.
Sin embargo, la psicóloga reconoció que las opiniones y los estereotipos negativos tienen impactos reales en las relaciones sociales que además de generar sufrimiento a las personas que se les atribuyen, pueden afectar su desarrollo académico, profesional y por tanto, también otros ámbitos de la vida.
“Los estereotipos terminan modificando nuestras conductas hacia las personas a las que se los atribuimos y al mismo tiempo afectan a esas personas cuando llegan a pensar que eso que se dice sobres ellas es real y entonces se terminan limitando” enfatizó la académica.
Por su parte, la directora de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe (CEAC) de la UCR y una de las principales impulsoras de la encuesta, Rina Cáceres Gómez afirmó que las opiniones de los estudiantes consultados son “un espejo” de la sociedad costarricense y evidencian muchas preguntas respecto a la forma en que nos reconocemos.
“Estos jóvenes son el resultados de sus familias, vecinos, amigos medios de comunicación, pero también de los textos y las currículas educativas. Este espejo de lo que somos como sociedad nos muestra que hay una población que no es reconocida y que está siendo invisibilizada en el día a día”, explicó.
La académica considera que la opinión de los jóvenes hace un claro llamado de atención respecto a la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas como las que amerita una sociedad multiétnica y pluriculturalidad, al tiempo que “nos obligan a preguntarnos si la modificación constitucional del 2015 quedó en la folclorización de las demandas”.
“Creo que en este momento hay un grito desesperado en todo el mundo que demanda el reconocimiento de quienes componen cada nación. ¿Cuántos de nuestros héroes o símbolos nacionales recuperan el legado indígena o afrodescendiente?, el espacio de la representación política es excluyente y esto hay que cambiarlo, porque es la única forma de que nadie se quede atrás” concluyó la experta.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Existen muchos mitos y desinformación sobre la población migrante en el país. Esto provoca un escenario donde la xenofobia está a la orden del día. Analizamos con Koen Voorend, investigador y docente de la UCR, este fenómeno en el marco de la crisis sanitaria; y la importancia de reconocer los aportes de la población migrante al país.
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