El hecho más relevante, importante y peligroso que de manera inmediata se le presenta al país es la negociación con el FMI, mucho más riesgosa para la clase trabajadora que las propuestas vía ultimátum que presentó la UCCAEP.
El FMI le prestará al país $2.250 millones de dólares en 3 años y a cambio de ello el Gobierno se compromete a un programa de ajuste estructural, informa la prensa.
Este ajuste, en las versiones preliminares, se orienta a:
1-. Reducir la deuda pública a un 50% del PIB, lo que significa reducirla en más de 6,1 billones de colones en un plazo de 14 años (al 2034), solo de principal, sin calcular pago de intereses.
2-. Reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 4 años (al 2025). La proyección del FMI es que este año el déficit sea de 8,7%; en otras palabras, reducirlo en 6,7 puntos, que significan 2,5 billones de colones en 4 años, sin incremento alguno del presupuesto del 2020.
El dilema es cómo reducir el déficit y simultáneamente reducir la deuda pública.
En números aproximados hay que reducir la deuda en 2 mil millones cada año por principal y el déficit en 600 mil millones por año, manteniéndose congelado el actual presupuesto.
En consecuencia, habría que congelar el actual presupuesto, sin aumentos de ningún tipo, ni gasto, inversión, trasferencias, etc. Y luego buscar 2.600 millones de colones adicionales para pagar la deuda y reducir el déficit.
El FMI prestaría 430 mil millones por año. El FMI nos presta para obligarnos a pagar la deuda, para pagarle principalmente a los acreedores internacionales. Pero su préstamo es ridículo en relación con las obligaciones que nos impone.
Los restantes 2.100 millones de colones que por año se deben conseguir, proponen recaudarlos de tres fuentes: reducción de gasto, venta de activos e impuestos.
(Esta es una proyección lineal que no incluye distintas variables, pero da una idea clara de lo que nos exigirá el FMI).
Cuando el anterior ministro de Hacienda propuso la venta de Bicsa y Fanal, sus datos más optimistas eran de que su venta podría producir 200 mil millones. Como se ve no mueve la aguja. Entonces, habría que vender por lo menos un banco estatal, el INS o el ICE.
La reducción de gastos es congelar salarios, reducción al aporte financiero a universidades públicas, PANI o CCSS y despido de funcionarios, vía cierre de instituciones y despido por reorganización.
Sobre los impuestos ya varias fracciones legislativas dijeron que no aceptarían un nuevo impuesto, con lo cual dejan claro que la crisis no tocará ni un pelo de los grandes empresarios. Todo el peso recaerá sobre los trabajadores y trabajadoras.
¿Pero es el préstamo y el programa de ajuste del FMI la única solución a la crisis? Por supuesto que no. En primer lugar, porque como queda explicado, esa solución no resuelve el problema y en segundo porque existen otras posibilidades más reales y que puedan resolver el asunto de fondo.
El movimiento popular ha hecho muchas propuestas realistas, serias y profundas. Creo que dos son importantes: trabajar por una moratoria de la deuda pública por un plazo de 4 años e imponer un impuesto solidario a las grandes empresas y patrimonios por 4 años. Nada de ello perjudicará gravemente a los acreedores del país ni a los grandes empresarios y resolvería el problema de las finanzas públicas sin empobrecer más a las clases populares.
Existen varias consideraciones importantes a las cuales se debe prestar atención en relación con el incremento de los discursos de odio hacia las personas migrantes en el país, mayoritariamente son nicaragüenses.
Guillermo Acuña González, sociólogo y escritor comentó con SURCOS como esta tendencia xenofóbica en el país responde a relaciones históricas, sociales, económicas y culturales, no únicamente al contexto de crisis sanitaria que enfrentamos actualmente.
Perspectivas de jóvenes colegiales evidencian la necesidad vigente de crear políticas públicas inclusivas
Resultados de la medición constatan un escaso contacto social de las personas consultadas con las poblaciones afrocostarricenses e indígenas. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La iniciativa se ejecutó durante el primer semestre del año 2019 como resultado de una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La medición estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR y encuestó una muestra aleatoria de 1200 estudiantes de 37 colegios públicos de todo el país, a fin de conocer sus actitudes, creencias y experiencias en torno a las poblaciones indígenas y afrocostarricenses.
Como parte de los resultados de la consulta se determinó que el 74.3% de los jóvenes encuestados estarían dispuestos a recibir en su casa a alguien con un color de piel diferente al suyo, pero al mismo tiempo la cifra se redujo al 58.8% si se tratara de una personas de otra etnia.
Pese a que el 81.5% de los colegiales está de acuerdo con que el país apoye la preservación de tradiciones y costumbres de diferentes grupos culturales, sólo el 37.5% de los consultados está de acuerdo con que las sociedades multiculturales son más capaces de resolver problemas.
La investigación evidenció también niveles de contacto social limitados con ambas poblaciones, pues sólo el 28.8% de los jóvenes cuenta con personas afrocostarricenses en su grupo de amistades, cifra que se reduce al 4.6%, cuando se trata de personas indígenas.
El 60.2% de los colegiales reconoció sentimientos favorables hacia las personas afrocostarricenses y sólo el 52.2% lo hizo con las personas indígenas, mientras que los grupos recibieron una valoración social de 5.77% y 4.13% respectivamente, frente a un 6.2% que se atribuyeron los propios encuestados.
Aunque los jóvenes relacionan a ambas poblaciones con calificativos positivos como trabajadores y alegres, al mismo tiempo les atribuyen estereotipos vinculados con violencia, superstición y pobreza que según la investigación, tenderán a producir actitudes adversas y conductas discriminatorias.
Presentación de los aprendizajes de la Encuesta se realizó por medio de una transmisión en la página de Facebook de UNESCO-San José. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La investigadora del IIP, Vanessa Smith-Castro, afirmó que, tal como lo han detectado otras investigaciones en el mundo, la contradicción es una parte inherente de los seres humanos y refleja la coexistencia de visiones negativas y positivas respecto a un mismo objeto, que se activan en distintos momentos.
“Las visiones o representaciones se activarán frente a aspectos como el discurso imperante en la sociedad o las experiencias personales acumuladas. Nadie es totalmente consistente y en este caso, lo importante es saber que hay ideas que resuenan más que otras cuando los jóvenes piensan en unos u otros grupos” argumentó la investigadora.
Sin embargo, la psicóloga reconoció que las opiniones y los estereotipos negativos tienen impactos reales en las relaciones sociales que además de generar sufrimiento a las personas que se les atribuyen, pueden afectar su desarrollo académico, profesional y por tanto, también otros ámbitos de la vida.
“Los estereotipos terminan modificando nuestras conductas hacia las personas a las que se los atribuimos y al mismo tiempo afectan a esas personas cuando llegan a pensar que eso que se dice sobres ellas es real y entonces se terminan limitando” enfatizó la académica.
Por su parte, la directora de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe (CEAC) de la UCR y una de las principales impulsoras de la encuesta, Rina Cáceres Gómez afirmó que las opiniones de los estudiantes consultados son “un espejo” de la sociedad costarricense y evidencian muchas preguntas respecto a la forma en que nos reconocemos.
“Estos jóvenes son el resultados de sus familias, vecinos, amigos medios de comunicación, pero también de los textos y las currículas educativas. Este espejo de lo que somos como sociedad nos muestra que hay una población que no es reconocida y que está siendo invisibilizada en el día a día”, explicó.
La académica considera que la opinión de los jóvenes hace un claro llamado de atención respecto a la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas como las que amerita una sociedad multiétnica y pluriculturalidad, al tiempo que “nos obligan a preguntarnos si la modificación constitucional del 2015 quedó en la folclorización de las demandas”.
“Creo que en este momento hay un grito desesperado en todo el mundo que demanda el reconocimiento de quienes componen cada nación. ¿Cuántos de nuestros héroes o símbolos nacionales recuperan el legado indígena o afrodescendiente?, el espacio de la representación política es excluyente y esto hay que cambiarlo, porque es la única forma de que nadie se quede atrás” concluyó la experta.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Existen muchos mitos y desinformación sobre la población migrante en el país. Esto provoca un escenario donde la xenofobia está a la orden del día. Analizamos con Koen Voorend, investigador y docente de la UCR, este fenómeno en el marco de la crisis sanitaria; y la importancia de reconocer los aportes de la población migrante al país.
Los diseñadores del juego no me quieren muerto. No aún, de cualquier manera. Juegos del Hambre – Suzanne Collins
Luis Andrés Sanabria Zaniboni*
Bienvenidas y bienvenidos a la 77 edición de los Juegos del Hambre, tenemos el paradisíaco escenario de la frontera con una amenaza viral de fondo, oficiales armados recorren la frontera, entradas clandestinas y puntos ciegos ofrecen la emoción para las y los espectadores, les prometemos un evento sin igual… ¿parece ciencia ficción? Hoy los medios de comunicación dominantes nos ofrecen esta cobertura sobre la zona fronteriza con Nicaragua. Nos atreveremos a preguntarnos ¿Quienes le sacan partido a la xenofobia?
Resulta lógico según las voces de estos medios culpar a una oleada de migración sin control, que ingresa por puntos ciegos en la frontera, ante lo cual hay una necesidad por incrementar las fuerzas policiales, para contener y deportar a estas personas indocumentadas, intrusos en territorio nacional. Concluyen que cualquier medida para la defensa será necesaria.
Ahora que ya hemos colocado lo que muchos quieren leer, démonos el momento de pensarlo otra vez, partamos de un criterio simple, el coronavirus no tiene patria, en estos momentos su contagio responde a la presión del movimiento de las personas.
Acaso podríamos argumentar ingenuamente que la zona norte del país es ajena a la estancia de personas nicaragüenses, pues no, además estas personas son empleadas en las actividades agrícolas presentes ahí, y si sumamos como dato anecdótico que muchas de esas labores son cultivos “estrella” para la cámara de exportadores, podríamos mirar con recelo y preguntarnos ¿Por qué estos empleadores no salen en defensa de sus trabajadoras y trabajadores? ¿Será que les beneficia su invisibilización?
Por otro lado, negar la atención sanitaria y médica a las personas migrantes hasta que estén las autoridades policiales y migratorias presentes ¿será un buen camino? ¿Qué un esquema de atención al migrante puede quebrar la CCSS? detengámonos aquí. ¿Acaso el coronavirus se suspende bajo la tenencia o no de la documentación migratoria? Con este último asistimos a un sinsentido.
No es la criminalización del migrante el mejor camino para atender la pandemia del Covid19, son las medidas sanitarias para las personas que deben primar en la gestión del territorio, sea cual sea. Tal vez digan, pero es una oleada de personas, casi una “invasión”. Lamentamos decirle que los seres humanos no son los culpables, a la persona migrante se le protege y acoge, y las autoridades deben responder en el marco de los derechos humanos.
Pregúntese lo siguiente, si el Coronavirus no tiene patria, los esquemas regionales serían la prioridad para la gestión de la pandemia, ya se presionó por una gestión regional para el transporte de mercancías, pero para la movilidad de las personas no hay nada equivalente, y ni se preocupan por tal.
Así que si desean ver los culpables de una expansión de la pandemia, culpe a las autoridades de su país y de la región a la que pertenece, ningún país se salva sólo y mucho menos fronterizos, observe los intereses que los mueven y las razones que esgrimen, también culpe a los deudores de la Caja y a los empleadores de la región por no garantizar la seguridad sanitaria para trabajadoras y trabajadores.
Hoy ante el riesgo real que vivimos con el Covid19, no merecemos prácticas leoninas de sectores productivos que miran para otro lado para resguardar la precarización laboral que engorda sus bolsillos, ni los espectáculos baratos de patrullajes fronterizos, ni mucho menos la suspensión de derechos.
Lo que debemos aspirar y exigir es la responsabilidad por una gestión adecuada de la migración humana, sistemas de atención sanitaria y laboral apropiados y oportunos. El Estado Social de Derecho se caracteriza por su capacidad de ampliación y no por su reducción.
Es así que sigue la tarea pendiente por trabajar en la implementación de esquemas para atención de las personas migrantes solidarios e inclusivos, por el momento seguiremos con la triste y egoísta apuesta de estos Juegos, rogando que la suerte esté siempre de nuestro lado.
MUJERES EN ACCIÓN PROPONE: CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS
¿Quiénes somos?
MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.
La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.
Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.
Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.
En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.
Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.
El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.
En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.
Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.
Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.
Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.
Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas
habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.
En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.
Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.
Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)
La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.
El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..
En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):
La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.
Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.
Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.
En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.
NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS
Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.
Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.
Ante la imposibilidad de seguir desarrollando actividades turísticas comunitarias por la pandemia del COVID-19, el pueblo de Barra del Tortuguero invita a la colecta de víveres que se realizará este viernes 12 de junio en al parque de Guápiles.
Puede llevar o enviar su aporte entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. En este video de un minuto una representante de la comunidad explica:
Andrés Gilberto Ramírez Víquez, joven agricultor de Tierra Blanca, Cartago, con la rodilla en el cuello y suplicando más tiempo al banco para que el gobierno respondiera con eficacia ante la desgracia de las erupciones del volcán Turrialba. No pudo más. Tomó la decisión más difícil, suicidarse.
Su resuello se acabó cuando el sistema financiero se abalanzó sobre su casa y sus posesiones, porque en estos momentos de emergencia, la persona, la familia y su futuro no cuentan, cuando prevalece solamente la voracidad financiera y el interés de enriquecerse de una mafia política, que hasta ahora se considera inmune e impune. Vienen por todo.
La historia de nuestro país está llena de actos heroicos y demostraciones de que hay capacidades sobradas de gobernantes y personas ciudadanas que lograron construir un tejido social ejemplar, demostrando su condición de estadistas.
De eso muchos hoy no saben, porque la mediocridad decidió enterrarla, cuando la eliminó de la formación cívica y ciudadana del sistema educativo, para llenarnos de burbujas de ensueños, de realidades que no nos pertenecen.
Así, llevaron la producción agrícola a una condición de desprecio, arrebatándoles sus recursos asignados por ley, para repartirlos entre los amigos de los amigos.
Facciones en este gobierno han demostrado de qué están hechos y a lo que están dispuestos, su doble moral y sus actos no se olvidan, son propios de una estrategia de Goebbels y de su discurso: todo por el partido y la patria. Aquí solo algunas perlas.
Una antorcha de la independencia secuestrada para transportarla por vía aérea con la mentira de que quienes se manifestaban pacíficamente en las calles, impedirían su paso. Un teléfono oficial para delatar los maestros que estaban en huelga y actuar en contra de ellos. Una campaña de insultos contra quienes se atreven a disentir de sus ocurrencias. Un ministro de agricultura que lleno de miedo, convoca a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) además de la policía y cierra por primera vez los portones institucionales, para impedir el acceso de los agricultores que se movilizaron, exigiendo que les explicaran por qué su condición productiva es un desastre en un gobierno que dijo que serían prioridad. Un grupo de muchachos en Casa Presidencial con su laptop personal apropiándose por decreto, de nuestros datos personales. Ahora, escudados en un respetable funcionario, cual si fuera un cipayo –enredado por ocurrencias de palacio-, proponen transformar las asociaciones de desarrollo en policías o delatores de quien no acate las órdenes del gobierno, las SS no lo hubieran hecho mejor.
Susan Rodríguez de La Fortuna de San Carlos, una voz fresca, nueva y decidida, tuvo la capacidad de desnudar los jerarcas del Ministerio de Agricultura en una reunión pública.
Miles de productores y costarricenses fuimos testigos de su valía. No se quedó ahí, exigió a la Junta Directiva del Banco Nacional que explicara por qué la Ley 1644 que da origen al Sistema Bancario Nacional y que en su Capítulo VII establece claramente que el 10% de la cartera del Banco debe asignarse a la producción agropecuaria, a través de las Juntas Rurales de Crédito, tuvieron la osadía de incumplirla sin estar derogada. Así dejaron desamparados a los agricultores y campesinos nacionales, para concentrarse en mejores clientes. El video que hizo circular de la conversación sostenida con la ex diputada oficial y ahora privilegiada presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, es elocuente.
Desde el Banco Nacional han hecho llegar un documento donde, entre otros argumentos fabricados por reconocidos economistas de la Academia Centroamericana, establecen que un pequeño agricultor es aquel que “al menos el 75% del núcleo familiar se dedica a la agricultura”. Es decir, en una familia agricultora de cuatro personas, solo un hijo debe tener derecho al estudio y tal vez a una profesión, el perdedor va al campo a sembrar la comida de los costarricenses, así, con ese etiquetamiento, se valora a quienes todavía siembran la tierra.
La decisión de Andrés Gilberto Ramírez Víquez, es la alerta a una clase política que impunemente se esconde detrás de un muro lleno de fisuras y se resiste sorda y torpemente a establecer un diálogo respetuoso y sincero. Uno que permita construir las soluciones en nuestro país. Donde ya se empieza a poner al descubierto, que la ciudadanía se cansó del autoritarismo, de la impunidad, la corrupción, y la comunicación mediática. Una ciudadanía que se enfrenta a un miedo que nos distancia y una violencia que nos arrebata la libertad.
El llamado a formular un nuevo pacto social, es la urgencia nacional, pues para que haya paz, debe haber diálogo. Habrá disensos, así construiremos consensos, sin miedos, todos de la mano.
La probidad, la transparencia y una ciudadanía que se respeta a sí misma porque conoce su potestad constitucional, la memoria de Andrés Gilberto y la voz de aliento de muchas Susan de este país, serán los pilares de ese nuevo tejido social que urge y que nos sobra la capacidad y las destrezas para lograrlo.
El Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica invitan al conversatorio Hablemos de racismo en Costa Rica.
La actividad será este martes 9 de junio a las 6 de la tarde mediante el Facebook Live CIEP-UCR.
Los detalles se encuentran en el afiche.
Imagen tomada del documental El racismo y discriminación a los negros en Costa Rica – Ver la nota: https://wp.me/p6rfbZ-bxL
