La Iglesia Luterana Costarricense fue designada Mariscal 2020 del Festival de la Diversidad.
La Iglesia Luterana Costarricense felicita a esta comunidad por los logros alcanzados.
Luis Rojas Herra (Pherra Divancci)
El 26 de mayo entró en vigencia la ley de reforma sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica, antes de esa fecha y desde el inicio de la declaración de Estado nacional de crisis sanitaria producida por el covid-19, las siglas LGBTIQ[1] no habían sido mencionadas por ningún medio de comunicación hegemónica en el país.
Desde el inicio de la crisis sanitaria se visibilizó una intensa campaña de propaganda promovida por los medios de comunicación hegemónica, para impulsar un discurso tergiversado de sororidad que garantizaba beneficiar a todos los ciudadanos por igual.
A pocas horas de entrar en vigencia el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario los discursos solidarios con la homofobia, el clasismo y la desigualad no se hicieron esperar por parte de una sociedad blanqueada, heterosexualizada que sentía en riesgo de perder sus privilegios.
A pesar de los discursos de odio y las actitudes políticamente incorrectas hacia la “comunidad LGBTIQ” que ejerció esta parte de la población, un grupo de “activistas”, que se hacen llamar promotores de los derechos humanos, siguen insistiendo en adquirir migajas de lástima, disfrazadas de respeto, por parte de este sector de la población.
Mismos promotores de los derechos humanos que se encargan de elevar una imagen de “comunidad LGBTIQ” al beneficio del régimen heteronormativo. Sin reconocer la gran desigualdad y violencia estructural que atraviesa el cuerpo y los afectos de las personas que constituyen esas 6 siglas.
Nuestra “comunidad LGBTIQ” ha sido construida por Lesbianas y homosexuales (LG) privilegiados, bajo principios individualistas y que trata de sostenerse de la explotación y desigualdad de las otras 4 letras (BTIQ).
Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se junten para proponer y construir propuestas que den respuesta para acabar o trans-formar la desigualdad producida por la discriminación.
Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como trans-formar los sentimientos de superioridad producida por la discriminación entre las mismas personas del colectivo LGBTIQ.
Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como trans-formar la desigualdad de oportunidades y condiciones laborales producida por la discriminación hacia las personas LGBTIQ.
Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como erradicar las herramientas afectivas heredades de la heteronormatividad, para producir las nuestras y trans-formar los vínculos afectivos tóxicos para aprender a relacionarnos de una forma más sana entre nosotrxs mismxs. Es en ese momento que podremos empezar a hablar de nuestro propio tejido social.
Cuando ese momento llegue, podremos empezar a llamarnos “comunidad” por merito propio. Hasta el momento la palabra comunidad es un mito construido por un grupo de homosexuales y lesbianas privilegiadas que se ven y viven como heterosexuales por que el capitalismo les favoreció y no piensan trans-formar la estructura que les genera sus privilegios.
Como ejercicio crítico sobre la conciencia de mis privilegios y por la posibilidad que me permite la escritura para gestionar otras recursos epistémicos y lingüísticos les invito a hacer[2] una comunidad LGBTIQ tóxica, yo empiezo:
Sigue usted…
[1] LGBTI utilizadas por un grupo hegemónico heterosexualizado y privilegiado para categorizar las personas que se enuncian de la disidencia del régimen heteronormativo.
[2] Durante la cuarentena se viralizaron una seria de memes que tenían como dinámica construir situaciones o espacios bajo la categoría tóxico. Donde las personas podían contribuir agregando a la lista nuevas situaciones o características.
El pasado 23 de junio por medio de Facebook Live de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos se expuso el tema: “Antes de casarte: ¿Qué aspectos legales a tomar en cuenta?”, con la participación de: Daniela Soto, Eva Camacho y Marco Castillo.
Compartimos el video.
Este martes 23 de junio a las 7 p.m. por medio de Facebook Live de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos se estará exponiendo el tema: «Antes de casarte: ¿Qué aspectos legales a tomar en cuenta?», con la participación de: Daniela Soto, Eva Camacho y Marco Castillo.
Imagen de portada tomada de http://talcualdigital.com
Aunque Costa Rica fue pionera en la región con la creación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en el año 2007, el país carece hasta hoy de una normativa que vele por este tema en el ejercicio de los medios de comunicación.
Así lo evidencia el informe sombra que elaboraron representantes de la academia y la sociedad civil para valorar el cumplimiento del Estado costarricense en torno a la Plataforma de Acción de Beijing, que desde 1995 impulsa una agenda mundial a favor de las mujeres.
Los Estados deben efectuar cada año un informe que retrate el avance en los convenios internacionales que han suscrito y, frente a estos, surgen los informes sombra que realiza la sociedad civil para contrarrestar perspectivas y opiniones.
Esta iniciativa de rendición de cuentas en Costa Rica forma parte de la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG por sus siglas en inglés), una red global integrada por personas e instituciones que velan por la igualdad de género en el mercado de la comunicación.
El informe presentado este año señala que, a diferencia de otras naciones centroamericanas, Costa Rica carece de leyes que contemplen la violencia simbólica contra las mujeres al momento en que son representadas en los diversos espacios de la comunicación.
Según la directora del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y una de las responsables del informe local, Yanet Martínez, la cobertura noticiosa es a menudo un espacio de violencia y discriminación para las mujeres.
Datos del Observatorio de Género y Medios (GEMA), aportados en el año 2015, evidenciaron que la presencia de las mujeres en las coberturas de los medios tradicionales es de solo un 25 % y en la comunicación en internet apenas alcanza el 37 %.
Martínez denunció que los medios de comunicación carecen de una perspectiva de género que les permita tomar conciencia de la importancia que tiene representar con paridad a los hombres y a las mujeres en su quehacer cotidiano.
“Tienden a reproducir estereotipos que colocan a las mujeres en lugares de subordinación, como víctimas y en condición de vulnerabilidad respecto a los hombres. Hay cuerpos sexualizados y tratamientos sexistas, muy pocas veces las mujeres aparecen como políticas, tomadoras de decisión o como fuente experta”, denunció la académica.
El informe también señala el contenido publicitario como un espacio de violencia simbólica, pues tal como ocurre en las coberturas noticiosas, la carencia de normativa en el país impide la sanción del contenido que agrede o discrimina a las mujeres.
El Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad (OIMP) de la UCR recibió entre el año 2016 y 2018 un total de 178 denuncias ciudadanas respecto a malas prácticas publicitarias ejercidas por parte de 29.6 anunciantes cada año.
La coordinadora del OIMP y también responsable del informe, Camila Ordóñez, afirmó que la Ley de Control de Propaganda que regula el contenido publicitario en el país data de 1975 y presenta vacíos para lograr una regulación efectiva.
“Es una ley muy antigua que se limita a contenidos explícitamente sexuales o violentos, pero deja por fuera otras expresiones como los estereotipos y, al centrarse en publicidad comercial, omite la publicidad política, institucional y social”, explicó la experta.
Ordoñez manifestó que cuando un anunciante incurre en una falta, la Oficina de Control de Propaganda (OCP) puede solicitar el retiro del contenido, pero la normativa vigente impide que se establezcan sanciones económicas o medidas de reparación.
“Solo se suspende la publicidad y no hay sanciones adicionales cuando es una práctica reincidente, tampoco hay medidas reparatorias, como sí sucede en otros países donde al menos el anunciante debe emitir una disculpa pública”, enfatizó.
El escenario de violencia simbólica contra las mujeres retratado por el informe se completa al señalar ambientes de trabajo predominantemente masculinos, donde además de tratos sexistas, las profesionales encuentran limitaciones para acceder a puestos de liderazgo.
La representante de GEMA y también propulsora de esta iniciativa que vela por el cumplimiento del Estado costarricense frente a la Plataforma de Beijing, Vilma Peña, afirmó que la agenda de las mujeres carece de voluntad política para que tome el papel relevante que requiere en la sociedad.
“La violencia se ha normalizado, ya no es algo que preocupe y menos la violencia contra las mujeres, pero, además, a los medios de comunicación les conviene jugar con esa libertad y no tener que formar a sus mismos periodistas desde un enfoque de género”, dijo.
Peña aseguró que la situación descrita por el informe responde a un problema estructural tan grande que resulta imposible atenderlo desde una instancia o sector en particular. Por eso, “debe abordarse desde todas las aristas posibles, donde la participación civil tiene mucho que aportar”.
Las representantes del Cicom, el OIMP y GEMA impulsan diversas acciones desde sus campos de trabajo para responder a las necesidades evidenciadas por el informe sombra, pero enfatizan que la atención del tema demanda una articulación entre las instituciones públicas, la academia y las industrias de la comunicación.
Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Andrea Carazo*
En la Universidad Nacional, hay elecciones para nuevas autoridades el próximo lunes 22 de junio. El periodo de Alberto Salom y Ana María Hernández venció hace muy poco y ya hay candidaturas oficiales.
Nos preocupan y deberían ocupar muchas situaciones de la educación superior, pero hay un tema en estas elecciones inusuales y particulares en medio de la situación que atraviesa el país, que no podemos olvidar; esta es la deuda histórica de las mujeres en la Universidad en los puestos de máxima autoridad. Y a cómo avanza el proceso, ese puesto va a ser ocupado de nuevo, por un hombre.
En la campaña #EleccionesRectoría2020, de la FEUNA se señala esto como un problema estructural, pero también como un reflejo de que aún nos falta avanzar en materia de derechos de la mujer, en garantizar la transversalidad de género en el quehacer universitario y como sociedad. ¡Sí hay mujeres!, Claro que las hay. Es responsabilidad de todas y todos que esta participación sea la normalidad. No caben las excusas, ni se vale responsabilizar a las mujeres cuando los entornos son por sí mismos discriminatorios y excluyentes.
En este sentido, hay que mencionar que las tres candidaturas llevan en su papeleta tres candidatas a la rectoría adjunta, en buena hora, definitivamente, hay mujeres; sin embargo, el puesto de la rectoría adjunta ha sido relegado a nosotras, sin posibilidad (de nuevo) de asumir la cabeza de la U. En 47 años de la UNA, solamente hemos tenido tres rectoras de diez.
A la próxima gestión, considerando que la comunidad universitaria está compuesta mayoritariamente por mujeres, se exige claridad y acciones concretas que velen por la eliminación del hostigamiento sexual en los campus; mecanismos eficientes que atiendan y resuelvan las denuncias; requisitos de contratación del personal que no tengan antecedentes de violencia de género; la inclusión de bibliografía de mujeres en los planes de estudio; y por supuesto, impulsar y garantizar a mujeres en los demás puestos universitarios. Finalmente,
¡A las mujeres tomando decisiones las ocupamos hoy, vivas y visibles! Y ya vamos tarde.
* Representante Estudiantil ante el Consejo Universitario de la UNA
Elementos gráficos utilizados por FEUNA en su campaña de información sobre las elecciones a rectoría 2020:
En el contexto #COVID-19 muchas personas han querido responsabilizar directamente a las poblaciones migrantes como responsables importantes de los contagios en los últimos meses. Lo cierto es que, el estigma que se tiene a las personas inmigrantes, mayoritariamente nicaragüenses, carga con muchos mitos que es necesario corregir si queremos una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de los DDHH.
Para una revisión de reflexiones y notas sobre este tema le recomendamos seguir estos dos enlaces de SURCOS:
Jenyel Contreras Guzmán*
El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:
Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.
Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.
Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.
Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.
Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.
Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.
* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Compartido con SURCOS por la autora.
El Trabajo Comunal Universitario (TCU) Prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidad en niñas, niños y adolescentes (TC-630) trabaja por implementar procesos de prevención de la violencia con niños, niñas y adolescentes, docentes, líderes y lideresas comunitarias, integrando la perspectiva de género y promoviendo a su vez relaciones pacíficas entre todos y todas.
El proyecto trabaja en los cantones de Montes de Oca y Curridabat, principalmente con centros educativos cuyas poblaciones viven en condiciones de vulnerabilidad. “Este es un TCU que se inserta principalmente en zonas de alta vulnerabilidad, porque nos interesa trabajar la prevención primaria de la violencia y la promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidad con niños y niñas que viven en condiciones de alto riesgo como hacinamiento, expuestos a la venta y consumo de drogas y con contextos familiares donde hay violencia”, expresó Ruthman Moreira Chavarría, coordinador del TCU.
Entre las labores del proyecto destaca el generar espacios de reflexión en torno a los procesos de socialización de las masculinidades. Esto apunta a inducir cambios en las prácticas cotidianas perjudiciales que perpetúan los estereotipos y a su vez justifican las violencias de género y las violencias sociales.
“Estamos tratando de incidir en cómo podemos mejorar las relaciones entre hombres y mujeres desde edades tempranas para evitar asuntos tan complejos como lo es la violencia en todas sus dimensiones”, expresó Moreira.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 35% de las mujeres de todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual. Además, diversos estudios nacionales demuestran que en países con altos índices de pobreza esta cifra puede llegar a aumentar hasta un 70%.
La violencia contra la mujer se puede definir como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Existe un marco legal e internacional que recomienda trabajar la violencia de género por medio de la prevención primaria, es decir, desde edades tempranas. Dicho trabajo debe incluir el enfoque de masculinidades e involucrar a los hombres (niños y jóvenes) de modo que los mismos puedan construir y vivir masculinidades que respeten los derechos humanos y prevengan la violencia hacia las mujeres, incluidas las violencias simbólicas.
Este TCU, parte del entendido de que para que las niñas, los niños, los y las adolescentes puedan aprender a relacionarse con igualdad y equidad, es necesario desarrollar procesos de formación, orientados a facilitar que reflexionen y se cuestionen estas concepciones y adquieran los conocimientos y habilidades para poder ejercer sus derechos y respetar los derechos de los y las demás.
Quienes participan de la iniciativa mencionan que el trabajo con hombres requiere de procesos reeducativos y de resocialización para que puedan reconocer tanto la forma como han sido socializados en esta cultura patriarcal como los costos y los daños que esto conlleva para las mujeres, para las demás personas, para la naturaleza y para sí mismos.
“Creo que con las últimas noticias a nivel nacional, estas experiencias son importantes de fomentar en edades tempranas. La nueva masculinidad me parece que va a ayudar mucho a los chicos a que sean ellos mismos y no tanto lo que una sociedad les ha impuesto y que permita la búsqueda de la felicidad de ellos”, indicó María Alejandra Ureña, integrante del proyecto.
Los procesos de formación han sido muy bien recibidos tanto por las personas estudiantes como por los centros educativos, gracias a las metodologías lúdicas y los resultados que con el tiempo se van haciendo evidentes. Docentes y demás personas de las escuelas esperan que el proyecto continúe y permita cambiar las dinámicas de violencia aún presentes entre los niños y las niñas.
“Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Tenemos que continuar con esta alianza con los TCU porque los niños salen de sexto y vienen nuevos niños, ahora también tenemos niños de materno y la cultura de la escuela tiene que cambiar por eso estamos casadas con esto. Sabemos que son cambios a largo plazo y debemos iniciar desde edades tempranas por eso espero que la UCR nos siga apoyando”, comentó Brasilia Domus Pereira, psicóloga de la Escuela 15 de agosto.
Información de Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social).
Este viernes 19 a las 6 de la tarde el tema en el programa Programa Alternativas será: Matrimonio igualitario: un paso hacia la igualdad de derechos.
Aquí puede ver los detalles:
