Hoy hemos sido testigas de pactos patriarcales de nivel político. Pactos de fraternidades masculinas hegemónicas que permiten a los hombres dejar de lado sus diferencias y salir a defender sus privilegios y que justifican la cultura de la violación. Hacen alianzas, porque están en juego sus privilegios de machos. Ellos tienen hermandades, cofradías, ellos se saben machos y se protegen para conservar su poder que les da casi total impunidad.
(…)»
Le invitamos a leer el comunicado completo de Feministas Periféricas de Mentes en la siguiente imagen:
Para concursar por esta segunda modalidad de ingreso no se debe realizar ningún trámite o proceso adicional
Todos los años, personal de la UCR se traslada a todos los rincones del país para que los estudiantes puedan realizar la Prueba de Aptitud Académica. Luego de que se conocen los resultados de admisión, se hace la Admisión diferida con alumnos de los colegios que resultaron menos representativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Admisión Diferida se implementó por primera vez en el 2015, bajo la aspiración de aprovechar al máximo la capacidad de admisión a cada carrera y recinto, y promover la representación equitativa de la población estudiantil de todos los centros educativos de secundaria del país, en consonancia con los principios de excelencia académica, equidad y justicia social, que orientan el actuar de la Universidad de Costa Rica.
El mecanismo de “Admisión Diferida para promover la equidad”, ofrece una posibilidad de admisión para los jóvenes procedentes de centros educativos en los cuales un 15% o menos del estudiantado que efectuó la Prueba de Aptitud Académica (PAA), resultó admitido en la fase ordinaria del concurso a carrera.
Por este motivo, desde la primera experiencia de aplicación de este mecanismo, la Universidad ha sometido sus resultados a una sistemática ponderación del logro de los propósitos que lo instituyeron, lo que del mismo modo ha permitido constatar su pertinencia e impulsar su fortalecimiento.
Para el año 2019, la UCR enfocó este análisis de mejora en los criterios de selección, y en la robustez de la inclusión.
El cambio en los criterios de selección para el 2019
El mecanismo de Admisión Diferida, incluye dentro de los criterios de selección, el establecimiento de la nota de admisión modificada para cada una de las carreras y recintos, que decide la posibilidad de concurso de la persona estudiante a las carreras y recintos que solicitó en el proceso de Admisión Ordinaria.
Es precisamente en este aspecto en el cual se impulsó una mejora, ya que a partir del 2019, la nota de admisión modificada para el mecanismo de Admisión Diferida corresponderá a la menor nota corte de los últimos 10 años de cada carrera. En el caso de aquellas carreras nuevas o en las que la nota de corte menor de los últimos 10 años coincida con la nota corte de admisión del 2019, la nota de admisión modificada corresponderá a la nota corte del 2019 menos el valor percentil 40.
Anteriormente la nota modificada para Admisión Diferida se calculaba de la siguiente manera: a la nota de corte resultante del año en curso, en cada una de las carreras y recintos, se le restaba el promedio de las cuatro diferencias absolutas resultantes de las notas de corte de cada uno de los últimos cinco años (incluido el año en curso) con respecto al año anterior.
Con la utilización de la menor nota de corte reportada para cada carrera y recinto, se estima fortalecer la asignación de la oferta de cupos, manteniendo los criterios de excelencia académica de la UCR, ya que serán asignados a aquellas personas que obtuvieron los mejores puntajes de admisión en la medida en que los mismos superen o correspondan a la nota de corte menor de los últimos 10 años de cada carrera.
“La nueva forma de establecer la nota de admisión modificada para la fase de Admisión Diferida, nos permite favorecer la máxima asignación de los cupos que se ofrecen en cada carrera y recinto, y mantener un balance en el comportamiento histórico de las notas de corte de admisión a cada carrera, salvaguardando de esta forma el criterio de excelencia académica que orienta el quehacer de nuestra institución”, señaló la M.Sc. Ruth De la Asunción Romero, Vicerrectora de Vida Estudiantil.
Mejora en la inclusión
Por otra parte, el segundo aspecto de mejora radica en que para el 2019 con este mecanismo de Admisión Diferida podrán participar, además de los estudiantes de todos los centros educativos de secundaria del país (que lo hacen desde el año 2015), los estudiantes provenientes de Bachillerato por Madurez Suficiente, de Educación Diversificada a Distancia (EDAD) y de los colegios del exterior, siempre y cuando cumplan con los requisitos que para ese efecto dispone la Vicerrectoría de Docencia.
Gracias a la modalidad de Admisión Diferida, más de mil doscientos estudiantes han logrado integrarse dentro de la población de primer ingreso admitida a la Universidad de Costa Rica, en los últimos 4 años.
Información para la población estudiantil
Es importante indicarle a la población estudiantil que para concursar por esta segunda modalidad de ingreso no debe realizar ningún trámite o proceso adicional, ya que la Oficina de Registro e Información se encarga de aplicar las condiciones establecidas para la Admisión Diferida de acuerdo con la Resolución VD-R-10549-2018
Este 10 de diciembre se celebran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Acción Social de la UCR en derechos humanos llega a casi dos millones de personas en todas las regiones
“La vulnerabilidad del incumplimiento de los derechos humanos es un asunto que atraviesa a todos los segmentos de población. En especial, la pobreza, la exclusión educativa, el trabajo informal y otras actividades que los enrolan en actividades ilícitas”, detalló Dina Espinosa Brilla, coordinadora del proyecto EDNA. Foto muestra niños jugando. Archivo VAS.
Para superar los pendientes en materia de derechos humanos y lograr que la mayor cantidad de habitantes en el territorio nacional los disfruten a plenitud, cada año la Universidad de Costa Rica (UCR) invierte miles de horas en la ejecución de más de 130 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
Los desafíos de la sociedad costarricense para construir una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos son múltiples. Por eso, desde cada una de las iniciativas de la VAS se llega a las comunidades con proyectos relacionados con la niñez y la adolescencia, el derecho al trabajo justo, el envejecimiento digno, el acceso a la educación, la prevención de la violencia por causa de género, edad, orientación e identidad sexuales.
Con un presupuesto de ₡265 millones anuales, el personal universitario y la comunidad estudiantil asumen como propios los problemas que impiden que cada persona acceda a los derechos humanos garantizados por la normativa nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Precisamente, este 10 diciembre la humanidad celebrará los 75 de la promulgación de dicha declaración. Sus 30 artículos se han constituido una guía para que los Estados y sus instituciones eliminen las barreras para garantizar que todas las personas alcancen esa plenitud, sin distinción alguna.
“Los Derechos Humanos tienen por principio primordial el respeto y el reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas. Esto implica a su vez la gestión de la igualdad de oportunidades, lo que tiene que ver con la inclusión y la reducción de la brecha social”, aseguró el Lic. José Daniel Rodríguez Arrieta, coordinador del proyecto “Población con discapacidad y derechos humanos: comunidades hacia la inclusión y el empoderamiento” (TC-633).
En materia de derechos humanos, el vínculo universidad-sociedad ha sido constante desde la creación de la UCR, aseguró Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social. Foto muestra jóvenes que se toman fotografia con marco #AcciónSocialUCR Archivo VAS.
El TC-633, de la Escuela de Ciencias Políticasde la UCR, es una instancia que vincula a estudiantes con las comunidades para fomentar espacios y actividades para reconocimiento, apropiación y sensibilización acerca de los derechos humanos de la población con discapacidad en función de la inclusión.
Una importante cantidad de proyectos de Acción Social trabajan porque la niñez y adolescencia tengan acceso a la salud, la educación y la posibilidad de vivir en ambientes libres de violencias. Uno de ellos es el proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) denominado “Prevención de Violencia en 100 Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública” (ED-3221) . El objetivo es brindar capacitación al personal destacado en dichas escuelas sobre los temas de la violencia intraescolar y fomentar la permanencia en las aulas.
Además, la UCR aporta investigación para el diseño de políticas públicas en esta materia. Por ejemplo, se difunden periódicamente informes relacionados con la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Entre ellos destaca el “Informe EDNA: Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” (ED-389), cuyo equipo de profesionales tiene su base en la Escuela de Estudios Generales.
En total, para el año 2018 unos 35 proyectos se relacionan con la población infantil y adolescente en Costa Rica.
Derechos Humanos y vínculo social
“La acción social es un pilar fundamental en la lógica y razón de ser de las universidades estatales. Nuestra labor es enteramente en función de la sociedad costarricense en tanto su progreso y su consolidación como una sociedad inclusiva que busque sostenidamente la reducción de las brechas sociales y económicas. Este es el contacto más directo y tangible de la Universidad con las comunidades a las cuales se debe; es la más visible devolución que se hace de la inversión de una sociedad en la educación superior y no debe nunca escatimarse en esta inversión”, aseguró el Lic. Rodríguez Arrieta.
Como parte de su compromiso con los derechos humanos, la UCR trabaja de la mano con instituciones estatales y organizaciones comunitarias para favorecer condiciones de acceso a todos los derechos para las personas habitantes en el territorio nacional. Foto archivo ODI.
De los 168 proyectos inscritos en la VAS, unos 16 se enfocan en el apoyo coordinado con otras organizaciones para que personas con alguna discapacidad tengan iguales oportunidades de acceso a la educación, la participación ciudadana e integrarse a la fuerza laboral del país.
Un ejemplo es el proyecto del Instituto de Investigación en Educación de la UCR para crear un “Modelo de capacitación en higiene y manipulación de los alimentos para personas con discapacidad intelectual” (ED-3104), que le ha permitido a jóvenes concluir exitosamente el curso este requisito para optar por una oportunidad laboral. Para ello, se diseñaron módulos temáticos a partir de los contenidos del programa estandarizado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Otro proyecto, “Construyendo juntos: Personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos” (ED-3297), ejecutado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, se propone que en el país se “cumpla totalmente normativa nacional e internacional en derechos humanos en discapacidad e identificar las brechas normativas que aún persisten entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece”, acotó el magíster Erick Hess Araya, coordinador del mismo.
Hess reafirmó que el “vínculo entre Universidad y sociedad es total, porque el proyecto avanza en la medida en que las personas con discapacidad así lo demandan y porque las personas con discapacidad van a obtener una orientación y asesoría técnica y académica que han solicitado para beneficio de sus propios intereses”. Actualmente, en Costa Rica cerca de medio millón de personas viven con alguna discapacidad y el 64% están excluidas de la fuerza laboral, con especial énfasis las mujeres.
“Decir que la UCR ha contribuido con los más diversos sectores de la sociedad costarricense no es retórico. La UCR ha estado presente desde sus inicios en el mejoramiento de la educación, la formación del concepto integral de la salud, en la generación de competencias productivas comunales, la defensa del ambiente, de los derechos humanos y la reivindicación de las fibras culturales que conforman nuestras identidades”, recordó la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social.
“…no es justo que, descargando todo el peso de las contribuciones sobre los pobres, estos sientan más de lo necesario su pobreza, mientras los ricos se hagan más ricos cada día, por no tener que pagar lo que en razón y equidad deben pagar y pueden soportar sin fatiga ni sacrificio.” Alfredo González Flores
Un grupo de personas comprometidas con la justicia tributaria han promovido el Foro Alfredo González Flores, convocado para este martes 13 de noviembre a las 5:30 pm en el auditorio de la ANDE. Entre las actividades previstas está la firma de este manifiesto:
Los abajo firmantes, ciudadanos en ejercicio de sus derechos, ante la crisis financiera, moral e institucional por las que atraviesa el Estado costarricense, nos hemos unido para constituir un Movimieno Cívico bajo el nombre de don ALFREDO GONZÁLEZ FLORES, con base en los siguientes razones y principios:
Razones:
I.- Ya en el Siglo XIX, los gobiernos de casi todos los Países más avanzados habían establecido un sistema tributario de signo progresivo dominado por la presencia y la principalía de los impuestos directos: territorial, sucesorio, renta, que han constituido desde entonces la principal fuente de ingresos tributarios de esos Países.
II.- Por el contrario, en América Latina, y particularmente en Centroamérica, el sistema tributario, heredero de la Colonia, era de signo regresivo, pues estaba dominado por impuestos indirectos como los impuestos aduaneros, sobre la actividad jurídica (timbres fiscales), sobre los productos de primera necesidad, etc., satisfechos en mayor proporción por los pobres.
III.- Don Alfredo González Flores, quien gobernó entre 1914 y 1917, fue el primer (y único) presidente que trató de implantar en Costa Rica un sistema tributario de signo progresivo, haciendo promulgar leyes sobre Catastro Nacional, Impuesto Territorial e Impuesto sobre la Renta. A consecuencia de ello sufrió un golpe de Estado que lo derrocó y revirtió las cosas al estado anterior.
IV.- Hasta después de transcurridos 30 años tuvimos de nuevo en Costa Rica el Impuesto sobre la Renta (Ley N.837 de 1946); pero desde entonces hasta ahora (por tarifas bajas, mala administración, evasión) nunca se ha logrado la progresividad (la justicia) del sistema tributario. Actualmente se estima que la evasión de este impuesto alcanza el 60%.
V.- La crisis fiscal, debida a múltiples factores, pero en la cual ha jugado un papel importante la deficiencia crónica en la recaudación de los tributos debidos por los más ricos, se ha venido agravando a través de varios lustros, porque ningún gobierno ha querido enfrentarse a la oligarquía, de modo que ha acudido a diversas formas de endeudamiento que no rozan las causas de la crisis, sin afrontar una solución de fondo.
VI.- Debemos luchar para que nuestro Gobierno reformule su actual Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tomando como base un impuesto sobre la renta moderno y justo que determine la progresividad del sistema tributario nacional.
VII. Los sistemas de fijación y cobro de los impuestos directos de los Estados modernos constituyen versiones altamente perfeccionadas que facilitan una tributación pronta, completa, segura y apegada a la legalidad. Su adaptación al sistema tributario costarricense es factible dentro de plazos razonables, si tenemos la determinación de transformar dicho sistema, para asegurar una mayor justicia tributaria.
Principios:
A) Los impuestos directos, y en especial los que recaen sobre la ‘renta’, son los impuestos comparativamente más justos; su mayor peso dentro del sistema tributario le otorga a éste un carácter progresivo; de modo que un sistema tributario progresivo es, por definición, el más justo.
B) Nuestros gobernantes deben tener la voluntad política de implantar la progresividad del sistema tributario por la vía de modernizar los impuestos directos, y particularmente los que gravan las rentas o ganancias, tomando como modelo los sistemas vigentes en los Estados de mayor desarrollo y cultura.
C. La justicia tributaria, a más de un imperativo moral, es parte principalísima de la justicia social, formado con esta una unidad indivisible.
Conferencia abordó la responsabilidad de la sociedad en las dolencias de las mujeres
Expositoras denunciaron que, a lo largo de la historia, la mujer ha sido sometida a través del dolor impuesto por cánones machistas.(Foto con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
En una sala llena de hombres y mujeres en la Biblioteca Carlos Monge, varias académicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) plantearon una reflexión sobre cómo la mujer ha sido sujeto del sufrimiento social.
El espacio, denominado “Debate feminista: El sufrimiento en las mujeres” y organizado por el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), contó con la participación de la estudiante de Sociología y Trabajo Social, Ana Beatriz Peralta; la directora del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Dra.Roxana Hidalgo; la directora del Programa de Investigación sobre Violencia y Sociedad, Dra, Mónica Vul; y la directora del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Dra. Vanessa Smith, como moderadora de la actividad.
Para iniciar la actividad, la directora del CIEM, Dra. Montserrat Sagot, contextualizó la posición de la mujer a lo largo de la historia y la forma en que ha sido sometida a través del dolor impuesto por cánones machistas.
“El patriarcado necesita de sujetos subyugados, y una de las formas en las que las mujeres hemos sido subyugadas es a través de la dolencia en sus distintas manifestaciones, que termina produciendo mujeres dolientes.” comentó Sagot.
Panel de académicas discuten sobre las distintas manifestaciones del sufrimiento de la mujer Foto: Anel Kenjekeeva.
Este dolor se extiende a distintas partes de la sociedad y se manifiesta en diferentes maneras, dentro de las que forma parte el escenario de la guerra. Según Vul Galperín en este espacio el cuerpo de la mujer es tomado como arma de guerra y se vuelve sujeto al dolor físico y psicológico.
A través de una serie de recuentos de mujeres salvadoreñas, hondureñas y congoleñas, la académica explicó que las mujeres no solo son expuestas a humillaciones y a asesinatos de sus seres queridos, sino que también sufren violaciones y agresiones que son ejecutadas como tácticas bélicas a costa de su integridad.
Su ponencia también destacó la manera en que estos conflictos son generados por intenciones capitalistas de hombres en el poder que excluyen de la narrativa a la mujer y sin embargo, son ellas las que más sufren las consecuencias de sus acciones.
“¿Son estas mujeres las que planifican la guerra? No. Allí donde se concibe la guerra, ellas no están, sin embargo, en su territorio cuerpo está el emblema de todo el territorio (…) Es la economía de muerte sobre las relaciones de producción y poder; son intereses internacionales y económicos para explotar los recursos mineros que financian esta muerte.” afirmó Vul Galperín.
La directora del CIEM, Dra. Montserrat Sagot, abrió el espacio compartiendo unas palabras sobre el tema. Foto: Anel Kenjekeeva.
No obstante, en otros ámbitos como el de la maternidad, las mujeres son señaladas como gestoras de la muerte En su presentación, Hidalgo exploró este tema buscando el trasfondo familiar y psicológico de las madres que cometieron crímenes de infanticidio.
A partir de la recopilación de entrevistas con madres encarceladas por infanticidio, la experta mostró que estas personas proceden de contextos marcados por violencia doméstica, aislamiento, y trabajo en la calle prematuro desde la infancia hasta su adultez.
“Sus vidas también nos hablan de asfixia, torturas, traumatismos, hemorragias, y heridas cicatrizadas. ¿Quién se enteró de la vida de estas mujeres cuando eran niñas? ¿Quien escuchó sus gritos desesperados pidiendo ayuda? Posiblemente nadie. Estas realidades a menudo se ignoran mientras no provoquen un quiebre en las normas morales que gobiernan las relaciones sociales.” resaltó la investigadora.
Lejos de justificar el accionar de las mujeres, la ponencia de Hidalgo problematizó las razones por las que estas mujeres cometieron crímenes y hasta qué punto la sociedad les falló e ignoró su sufrimiento hasta que las convirtió y condenó como “leonas homicidas”.
“Es el asesinato del hijo en manos de la propia madre el que horroriza, el que levanta las voces de una ‘moral’. Y de esta forma se logra canalizar el odio colectivo hacia alguien vivido como extranjero, o sea, estas ‘mujeres monstruos’.”, aseveró Hidalgo.
Desde una perspectiva sociológica, Peralta exploró la raíz de este dolor, al cual las mujeres han sido sometidas, a través de la visualización del sufrimiento como cuestión social.
En su ponencia, “La que sufre sola, pero sostiene a todxs”, Peralta explicó cómo a la mujer desde pequeña se le enseña a apoyar emocionalmente a las personas a su alrededor siendo tierna y discreta, pero también se le instruye a nunca enseñar su dolor y admitir su sufrimiento.
“Se culpabiliza a la mujer que sufre (…) Vemos que se nos enseña a sufrir, pero también se nos enseña a sostener a quién está sufriendo (…) Se refuerza ser mujer débil, pero no ser humana con condición de humana vulnerable.” concluyó la estudiante.
El espacio abrió la oportunidad para comentarios del público, el cual destacó la forma en que el sufrimiento de la mujer es impuesto a través de la socialización desde su nacimiento y luego, se esparce y afecta los distintos aspectos de sus vidas.
Fotos de la campaña «UCR: oportunidades para todos y todas», de la UCR.
La Universidad de Costa Rica tiene el firme compromiso de desarrollar un Modelo Integral para la Empleabilidad de Personas con Discapacidad, el cual procure la igualdad, el respeto y la protección de los derechos humanos de este grupo poblacional, y que les ofrezca oportunidades de inclusión en los procesos de selección, contratación y desarrollo propios de la alma mater. Es por eso que, como parte de la implementación de este modelo, presenta la campaña de concienciación «UCR: oportunidades para todos y todas».
Esta campaña inicia el 30 de octubre de este 2018 y está compuesta por cinco videos, en ellos personas con alguna condición de discapacidad, quienes ya trabajan en la UCR, comparten sus vivencias como miembros de la comunidad universitaria. A partir del 30 de octubre, cada martes, durante las próximas cinco semanas, se incluirá uno de los videos en la plataforma institucional UCR Informa y en el Facebook oficial de la Institución.
Además de las historias de vida que narran los cinco videos, el proyecto incluye una serie de vallas informativas ubicadas en diferentes zonas del campus Rodrigo Facio, así como materiales impresos que la Oficina de Recursos Humanos hará llegar a las diferentes dependencias y oficinas de la universidad. El fin es que quienes conforman la comunidad de la UCR reflexionen sobre el derecho de las personas con discapacidad a un trabajo digno y sobre las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento personal que representa la interacción en el trabajo entre personas con y sin discapacidad.
Fotos de la campaña «UCR: oportunidades para todos y todas», de la UCR.
En síntesis, la campaña busca generar en la comunidad universitaria una conciencia sólida sobre los derechos, las capacidades y los aportes de las personas con discapacidad en el ámbito laboral de la institución, conciencia que también permita reconocer las posibles contribuciones de este grupo en diferentes espacios de trabajo de la sociedad.
El Modelo Integral para la Empleabilidad de Personas con Discapacidad de la UCR, aprobado en diciembre de 2017, da respuesta a la Ley Núm. 8862 Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, así como a las políticas institucionales 2016-2020. El modelo propone la incorporación de personas con discapacidad en las nuevas plazas administrativas y docentes, como parte del nuevo talento humano contratado. Esta iniciativa integral permite avanzar en la construcción de un entorno laboral accesible, sustentado en una cultura de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas con discapacidad, para que se inserten en nuestra comunidad universitaria diversa.
La Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica, junto con la Comisión Especializada Institucional y la Oficina de Divulgación e Información presentan esta campaña para promover y construir una institución libre de barreras, con las puertas abiertas para que participen personas con discapacidad y respetuosa de su derecho al trabajo libremente elegido, en condiciones de igualdad y de equidad con los demás.
Fotos de la campaña «UCR: oportunidades para todos y todas», de la UCR.
Tal vez el mío sea un pensamiento inactual, rezagado con respecto a la doctrina moderna en el campo tributario, pero sigo convencido (hasta que los sabios me convenzan de lo contrario) que los impuestos directos, y en especial los que recaen sobre la ‘renta’, son los impuestos comparativamente más justos; que su mayor peso dentro del sistema tributario le otorga a éste un carácter progresivo; y que un sistema tributario progresivo es, por definición, el más justo.
La justicia tributaria, además de un imperativo moral, es parte principalísima de la justicia social.
El impuesto sobre la renta se había establecido en varios países europeos ya en el Siglo XIX. Don Alfredo González Flores lo conoció y seguramente lo estudió en Inglaterra, donde residió entre 1898 y 1905. Don Alfredo fue abogado de profesión, pero economista y financista de afición, a partir de su experiencia inglesa. Cuando regresó al país, rodeado de libros y con una serie de ideas claras acerca de Economía y Política Financiera, tenía plena conciencia de la injusticia del arcaico sistema impositivo costarricense, tal como lo dejaría explicado años más tarde:
“…Ricos y pobres siempre ha habido, y siempre los habrá; pero no es justo que, descargando todo el peso de las contribuciones sobre los pobres, estos sientan más de lo necesario su pobreza, mientras los ricos se hagan más ricos cada día, por no tener que pagar lo que en razón y equidad deben pagar y pueden soportar sin fatiga ni sacrificio.”
Conversaciones con el Pueblo, 1916.
Sabemos que cuando don Alfredo González Flores llegó inesperadamente a la Presidencia de la República en 1914, llevaba diez años de formación autodidacta en las Ciencias Económicas y Hacendarias y había hecho sus primeras armas en la política nacional como diputado por el Partido Republicano. Creo que nadie en Costa Rica ha llegado a la Presidencia tan bien preparado y con tantos proyectos como don Alfredo. Inmediatamente se puso a la obra, de modo que entre 1914 y 1917, en medio de la severa crisis económica que se abatió sobre los pueblos, producto de la Primera Guerra Mundial (1914/18), fundó la Escuela Normal de Heredia, que fue una enorme cantera para la formación de educadores; abrió el primer banco estatal (el actual Banco Nacional); creó las Juntas de Crédito Agrícola; ideó e inició la construcción de un hospital para los enfermos de tuberculosis (el Sanatorio Durán); fundó los Almacenes Generales de Depósito; etc. Pero posiblemente el proyecto más deseado que consiguió se hiciera realidad fue la promulgación, en 1916, de las Leyes de Catastro, de Impuesto Territorial y de Impuesto sobre la Renta; proyecto cuya aprobación fue para él un imperativo moral y social: poner a Costa Rica en el camino del progreso que años antes habían seguido con éxito los países “del Norte”. Lo expresó con las siguientes palabras:
“…Toda la enorme diferencia que hay, en cuanto al modo de administrar el Estado y en cuanto a las entidades administrativas, entre el Norte y nuestros países, consiste simple y únicamente en que allá se paga impuestos y aquí no. Entre nosotros todo el sistema se reduce hasta ahora a cobrar derechos de aduana y otra contribución indirecta sobre el consumo, como ella no sea difícil de colectar. Estas contribuciones pesan de manera más injusta sobre el pueblo consumidor y dejan libres o casi a los más obligados a contribuir; es decir, a los ricos, a los grandes propietarios, a las empresas extrajeras, a éstos que en Londres, París, New York y otras ciudades lejanas reciben el importe de sus dividendos, sin molestia ninguna, ni gravamen ninguno; estos que, por no consumir nada en el país, no pagan derechos de aduana, en ninguna forma, en nada contribuyen para sostener los gastos inherentes a la administración pública, a cuya sombra obtienen, sin embargo, todas sus ganancias .”
Carta a un salvadoreño, 1916.
Don Alfredo fue derrocado por los Tinoco en 1917 porque sus leyes de impuestos afectaban los intereses de la oligarquía nacional y de los accionistas de las empresas extranjeras. Y de hecho no hubo en Costa Rica impuesto sobre la renta hasta 30 años después (ley 837 de 1946).
Dicen los que saben que la ley actual (número 7092 de 1988), con gran cantidad de reformas que dificultan su aplicación, ha permitido por su estructura y por su deficiente administración, una altísima cifra de elusiones y evasiones que están pidiendo a gritos un nuevo texto legal y una batería de reglamentos idóneos para colocar a éste, nuestro impuesto progresivo por excelencia, en el centro del sistema tributario.
Hace más de veinticinco años venimos hablando de la crisis fiscal, pero los políticos tradicionales han pretendido resolverla depositando el pesado fardo impositivo en las espaldas del Pueblo. Hasta ahora han fracasado, y la crisis luce peor que nunca.
En mi gran ignorancia, sospecho que esa crisis no se resolverá sino hasta que, al fin, hagamos lo que la oligarquía y las transnacionales impidieron hacer a don Alfredo González Flores en 1917, y han evitado en los siguientes cien años: implantar un sistema tributario justo y progresivo, flexible y equilibrado, sobre la base de un moderno y eficiente impuesto sobre la renta que tendrá que ser el buque insignia del sistema mismo.
Por descontado que la oligarquía, al igual que en 1917, se defenderá con uñas y h . . Pero el Pueblo costarricense tiene aquí una bandera: luchemos porque nuestro Gobierno reformule su actual proyecto tomando como base un impuesto sobre la renta moderno y justo, cuya progresividad prevalezca sobre la regresividad del IVA y los otros miembros del sistema. Formemos un gran foro nacional bajo el nombre de Alfredo González Flores.
La tasa de desempleo de los hombres es 6,6% mientras que la de las mujeres de 12%
Únicamente 3 de cada 10 puestos gerenciales del sector privado son ocupados por mujeres
San José, 11 de octubre de 2018. El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU en colaboración y con el apoyo de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reunieron a 70 empresas y organizaciones durante el foro Hacia una cultura de igualdad: El papel de las empresas como entes transformadores, para discutir sobre los desafíos y oportunidades para la integración de la igualdad de género en el sector público y privado. Esto es parte del compromiso del país en el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los derechos humanos.
Las organizaciones participantes provienen de diversos sectores como el tecnológico, financiero, turismo y construcción. Estas empresas compartieron sus experiencias en la implementación de prácticas y acciones, en tres temas que se consideran cruciales para el alcance de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres: la prevención de la violencia contra las mujeres, la corresponsabilidad social de los cuidados y la participación de calidad de las mujeres en el campo de la ciencia y tecnología.
El evento cerró con una plenaria para escuchar y discutir sobre acciones concretas y compromisos del sector empresarial, para que el país cumpla las metas establecidas en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 (PIEG) y la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032 (PLANOVI).
La ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, Patricia Mora Castellanos, presidio la actividad y celebró que cada año más empresas se comprometan con la igualdad de género.
“El origen de las brechas de género, se encuentra en la división sexual del trabajo, que se expresa en una invisibilización del trabajo doméstico y de cuido, y en la inexistencia de políticas sobre corresponsabilidad social del cuido. Si no existe una redistribución democrática de las responsabilidades de las tareas domésticas y de los cuidados no remunerados, en donde se dé el compromiso del Estado, el mercado, las comunidades y las familias, seguiremos produciendo el nudo crítico de la discriminación”, agregó Mora Castellanos.
Por su parte, Alice H. Shackelford, Coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y Representante Residente del PNUD, resaltó el rol que cumple el sector privado en desarrollar acciones e intervenciones para mejorar las oportunidades y condiciones de las mujeres en el mundo del trabajo decente y formal. “No hay y no habrá desarrollo sostenible, en tanto un 50% de la población continúe haciendo frente a la discriminación, la desigualdad y la violencia. Para cambiar esta situación e impulsar la igualdad de género, es de vital importancia fortalecer las alianzas multisectoriales. La alianza entre ONU Mujeres y PNUD (y otras agencias del sistema de NNUU) en apoyo al trabajo del INAMU, muestra el compromiso a un trabajo conjunto enfocada a la agenda 2030 y la igualdad de género”.
La desigualdad en cifras:
Sobre el Sello de igualdad de género: Las organizaciones interesadas en implementar un Sistema de Gestión para la Igualdad de Género deben contactar a selloigualdad@inamu.go.cr
Mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, mesoamericanas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, colectivos feministas convocadas por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y la Asociación Tinamaste en el Encuentro Mesoamericano “Juntarnos para la reflexión de la situación de las mujeres del campo”, el día 14 de octubre de 2018, desde la indignación y la necesidad de justicia social manifestamos:
La imposición de la reforma fiscal que quiere hacer el Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria en Costa Rica, atendiendo los intereses de quienes concentran el capital, atenta contra los principios de justicia social y económica y contra las mujeres de los sectores populares en particular. Las acciones de gobierno han estado caracterizadas por tergiversación de la realidad, desprecio de la opinión popular, invisibilización de las manifestaciones opositoras de cientos de miles de personas en diversas comunidades, persecución de las organizaciones gremiales, comunitarias y otras organizaciones populares, violación del derecho a huelga, persecución y represión de las manifestaciones de oposición en diferentes lugares del país.
Esta propuesta de reforma fiscal contiene impuestos regresivos y exoneraciones injustas, que provocaría un mayor empobrecimiento de los sectores marginados de este país, mientras que por otro lado, favorece el enriquecimiento por evasión y elusión fiscal.
El sistema económico actual favorece la concentración de los bienes del territorio nacional y el despojo de los sectores populares. Este proyecto de Ley impulsado por las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, conduciría a un mayor deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.
La desinformación desde los sectores dominantes del país ha promovido la división de buena parte de la sociedad y conduce a negar el derecho a la oposición, el derecho humano a la protesta y a que no se escuchen las propuestas alternativas que han construido organizaciones populares y gremiales.
El gobierno ha venido desarrollando una estrategia de agotamiento de los sectores y organizaciones que buscan una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Esta estrategia pasa por generar desde noticias falsas, argumentos fundamentados en falacias, hasta el sabotaje y el uso directo de la fuerza a través de la violencia policial y la criminalización de la protesta social.
Las mujeres campesinas, indígenas y las organizaciones fortalecidas hemos determinado que el combo fiscal aumenta la feminización de la pobreza y pone en riesgo las actividades económicas de nuestras comunidades, incrementa los atentados contra una forma de vida saludable, contra la soberanía alimentaria, contra el ambiente sano y el bienestar de nuestras comunidades y familias. Este proyecto de Plan Fiscal limitaría aún más nuestras capacidades productivas y fomentaría la continuidad y expansión de los monocultivos como el de la piña.
Como organizaciones conscientes de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos sabemos que este combo fiscal no va a generar impactos sustantivos sobre el déficit que existe, o una dinamización sobre la producción del país, sino todo lo contrario, afectaría las diferentes actividades económicas.
Por lo tanto, manifestamos nuestro apoyo a quienes se mantiene en oposición al proyecto de ley 20.580 y multiplicamos el llamado a la movilización de las diferentes comunidades y organizaciones populares. Es desde los puntos en común entre las distintas organizaciones y movimientos, que podemos construir para transformar la opresión que enfrentamos.
Estamos convencidas que la Reforma Fiscal solo puede ir en una dirección: que quienes tienen más, paguen más. Por ello no puede haber reforma fiscal sin la participación de distintas organizaciones y movimientos en proyectos alternativos y solidarios. La canasta básica no debe ser gravada.
RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
SALUD SIN PAREDES
AUTOCONVOCADAS NICARAGUA
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS ASTRADOMES
CENTRO FEMINISTA DE INFORMACIÓN Y ACCION
ORGANIZACIÓN POLITICA CARMEN LYRA
HAND MAIDS-CR.
RED DE MUJERES NICARAGÜENSES
COLECTIVO AUTONOMO ESTUDIANTIL Y POPULAR EL QUILOMBO
RADIO 8 DE OCTUBRE
YARÄ KANIC
ASOCIACIÓN TINAMASTE
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Red de Mujeres Rurales
La ciudadanía pide diálogo para lograr consenso por un plan fiscal progresivo, equitativo y justo. Cuarenta y una organizaciones sociales promueven una carta pública dirigida al Presidente de la República y a las fracciones legislativas a fin de propiciar “un diálogo sereno, transparente y propositivo” que permita obtener los recursos financieros que el país necesita para su desarrollo.
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