Ir al contenido principal

Universidad de Costa Rica advierte riesgos socioambientales en proyecto minero de Abangares

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Universidad de Costa Rica, por medio de su Consejo Universitario, analizó el proyecto de ley denominado Ley para la protección de la actividad minera de Abangares (Expediente N.° 24.932), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, y acordó recomendar su no aprobación en su forma actual, hasta tanto no se incorporen observaciones sustantivas de carácter técnico, ambiental y social (CU-19-2026).

Este criterio se fundamenta en los aportes de diversas instancias universitarias consultadas, entre ellas el Programa de Kioscos Socioambientales, la Sede Regional de Guanacaste y la Escuela Centroamericana de Geología, las cuales advierten vacíos significativos y riesgos asociados al proyecto.

El Programa de Kioscos Socioambientales señala que la propuesta legislativa “no corrige los problemas estructurales identificados históricamente; por el contrario, profundiza un modelo de gestión excepcional, caracterizado por altos niveles de opacidad, informalidad y riesgo socioambiental”. Asimismo, advierte que “el análisis comparado demuestra el rezago de Costa Rica frente a países latinoamericanos que han implementado sistemas rigurosos de trazabilidad… En contraste, la dependencia de declaraciones juradas perpetúa la opacidad e impide controlar el flujo de oro desde zonas prohibidas hacia circuitos formales”.

Por su parte, la Sede Regional de Guanacaste enfatiza que “la omisión más preocupante del proyecto de ley es la falta de disposiciones orientadas a la salud pública”, subrayando la ausencia de medidas de atención, monitoreo y prevención para las comunidades expuestas a contaminantes como el mercurio. Si bien reconoce la importancia económica de la minería para Abangares, advierte que su continuidad debe estar condicionada a garantías reales de protección ambiental y sanitaria, de lo contrario se podrían profundizar los daños ecológicos y humanos.

Desde la Escuela Centroamericana de Geología se advierte que “el proyecto no aborda la complejidad real de la problemática minera en Abangares”, y se cuestiona la persistencia de un enfoque fragmentado en la legislación minera. Señala además que la sucesiva ampliación de plazos para la formalización de concesiones evidencia un patrón problemático de legislación reactiva, orientada a “apagar incendios”, en lugar de impulsar una reforma integral del Código de Minería. En este sentido, coincide con las demás instancias en la urgencia de implementar mecanismos robustos de trazabilidad.

En conjunto, estos criterios coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, podría profundizar las condiciones de informalidad, opacidad y riesgo ambiental, comprometiendo tanto el patrimonio natural del país como la salud y seguridad de las comunidades involucradas.

La representante de Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, señaló que “en las últimas semanas, a partir de las investigaciones recibidas sobre los daños ambientales asociados a la minería ilegal, se cuenta con evidencia de que no se trata únicamente de procesos artesanales o coligalleros independientes, sino de formas de explotación ilegal con características industriales en Costa Rica, acompañadas de una alta importación de mercurio y cianuro, sustancias que contaminan las aguas y afectan gravemente la salud de las personas”. Asimismo, destacó la importancia de que esta situación se convierta en un llamado a fortalecer el debate académico y a profundizar el aporte de la universidad en materia de salud pública y protección ambiental.

En consecuencia, la Universidad de Costa Rica reitera su disposición a contribuir con conocimiento técnico y científico para el fortalecimiento de iniciativas legislativas que garanticen una gestión responsable, transparente y sostenible de la actividad minera en el país, en resguardo del bien común.

Otros sectores. La posición de la Universidad de Costa Rica es coincidente con un pronunciamiento suscrito por más de 50 organizaciones y personas, el cual advierte sobre los riesgos de mantener un modelo que permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas sin trazabilidad verificable. Este pronunciamiento señala que la minería ilegal no opera de forma aislada, sino que converge con otras actividades criminales, incluyendo el lavado de dinero, el contrabando de minerales y el uso descontrolado de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, así como posibles vínculos con dinámicas del narcotráfico en zonas fronterizas.

Dictamen (CU-19-2026): https://drive.google.com/file/d/1EzqYd_H8r2um28zApqhww15eGjs4h6I9/view?usp=sharing

Solicitan información detallada sobre pasos de fauna en vía hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El abogado José Francisco Alfaro Carvajal, de CONCEVERDE, presentó una solicitud formal ante la Municipalidad de Barva para que se brinde información detallada sobre los pasos de fauna instalados en la carretera recientemente habilitada hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Volcán Barva, en el contexto de preocupaciones ambientales sobre el impacto de esta vía.

Según consta en la nota dirigida a la Alcaldía Municipal, el solicitante requiere información precisa sobre la infraestructura destinada a la protección de la vida silvestre en ese tramo vial, incluyendo la cantidad, tipo y ubicación exacta de los pasos de fauna, así como sus respectivas coordenadas geográficas.

Asimismo, solicita copia de la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) mediante la cual se otorgó la viabilidad ambiental para la construcción y ampliación del camino, lo cual resulta clave para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.

Municipalidad traslada solicitud a instancias técnicas

Mediante el oficio MB-AMB-0225-2026, la Alcaldía de Barva trasladó la solicitud a la Unidad Técnica de Gestión Vial y a la Gestión Ambiental municipal, con el fin de que elaboren una respuesta conjunta sobre los aspectos planteados.

El documento indica que también se remitió copia al solicitante para su conocimiento, en seguimiento al trámite administrativo correspondiente.

Antecedentes: preocupaciones por impacto ambiental en zona protegida

La apertura y uso de la vía hacia el sector del Volcán Barva ha generado preocupaciones en sectores ciudadanos y ambientales, particularmente por su posible impacto sobre los ecosistemas del Parque Nacional Braulio Carrillo, una de las áreas protegidas más importantes del país.

En notas previas procesadas por SURCOS se ha señalado la necesidad de garantizar medidas efectivas de mitigación ambiental, entre ellas la correcta implementación de pasos de fauna que permitan la movilidad segura de especies silvestres y reduzcan la fragmentación de hábitats.

También se han registrado advertencias sobre la importancia de la transparencia en los procesos de evaluación ambiental, así como del acceso a información pública que permita a la ciudadanía verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por SETENA.

Acceso a la información y control ciudadano

La solicitud presentada por el Lic. Alfaro Carvajal se inscribe en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, particularmente en temas de interés ambiental, donde la participación ciudadana y el control social resultan fundamentales.

El seguimiento de este caso permitirá determinar si las obras ejecutadas en la vía cumplen con los estándares ambientales requeridos y si las medidas de mitigación, como los pasos de fauna, han sido adecuadamente diseñadas e implementadas.

Impactos ambientales de las bases militares: elementos de experiencias latinoamericanas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Históricamente las bases militares en América Latina han dejado caos y destrucción en todas las fases de instalación, operación y cierre.

  • El aparato militar de Estados Unidos prioriza instalarse en lugares estratégicos que muchas veces coinciden con ecosistemas frágiles.

Costa Rica. 17 de marzo de 2026. El debate que ha abierto la desafortunada ocurrencia de Fabián Silva Gamboa, asesor de la presidenta electa, sobre las bases militares estadounidenses en Costa Rica merece advertir que dicho proyecto no está exento de gravísimos impactos ambientales para ecosistemas frágiles.

Vale la pena señalar que el historial de las bases militares en América Latina tiene como saldo de vastas áreas contaminadas; miles de hectáreas usadas como depósitos de escombros y municiones sin detonar; ensayos navales y militares que han acabado con ecosistemas enteros; campos de experimentación de armas químicas y biológicas en la absoluta impunidad, inclusive desechos nucleares abandonados. Así lo dejó claro la doctora en biología Elizabeth Bravo una conferencia el pasado 12 de marzo en la Universidad Andina en Quito, Ecuador.

Experiencias como el archipiélago de Hawái han sido denunciadas por “una larga historia en la producción de daños ambientales permanentes contra el pueblo hawaiano y contra las islas al verter sistemáticamente sustancias tóxicas, detonar municiones y filtrar productos petroquímicos” puntualizó la Dr. Bravo.

Por otro lado, nuestro país vecino Panamá también tiene una larga historia de lidiar con bases militares imperiales, donde 17 mil hectáreas fueron ocupadas por Estados Unidos para destinarlas en polígonos de tiro y bases militares estadounidenses. Se reporta que al menos 7.300 hectáreas estaban contaminadas por explosivos no detonados y otros contaminantes propios de las actividades bélicas.

Por su puesto Puerto Rico, es otro de los sitios donde se han instalado complejos militares trayendo graves impactos en la calidad del agua debido a la infiltración de sustancias tóxicas en la Isla de Vieques donde en su lecho marino permanecen miles de bombas sin detonar. Además, en la Isla de Vieques se reportan innumerables maniobras militares con explosiones con municiones reales, en donde viven cerca de 9000 personas que han sido desplazadas por el ejército que ocupa el 75% del territorio.

Recientemente el gobierno de Daniel Noboa intentó instalar bases militares en las Islas Galápagos. Afortunadamente, en un referéndum el año 2025 el pueblo ecuatoriano rechazó la propuesta de Noboa. Pero cabe preguntarse sí la intención en Costa Rica es instalar bases militares sobre islas con ecosistemas frágiles como la Isla del Coco, la Isla del Caño o alguna otra similar. Tomando en cuenta la cercanía ideológica del gobierno de Noboa y el de Chavez-Fernadez; pero además la cercanía geográfica de las Galápagos y la Isla del Coco.

Costa Rica se convertiría en objetivo militar. Estaríamos en la misma condición que hizo al archipiélago de Hawái objeto de ataque en la militar en la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941 cuando una de sus islas fue atacada: Pearl Harbor. Esto sin duda, es importante en medio de un clima de guerra como el actual, instalar bases militares estadounidense en territorio nacional convertiría a Costa Rica en un objetivo militar. Por lo que, la propuesta del Fabian Silvia no solo es temeraria sino además compromete la seguridad de Costa Rica.

Para terminar, hay que mencionar que las emisiones de gases de efecto invernadero militares de la OTAN representan un 5,5% de las emisiones de gases invernadero del mundo. La Dr. Bravo también puntualizó que: “En los primeros 20 años de este siglo, el ejército de Estados Unidos fue responsable de 1.200 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero; emitiendo más gases tóxicos que la mayoría de los países del mundo.”

En conclusión, la desafortunada apuesta por militarizar el país no solo traerá consecuencias sociales y económicas irreversibles sino abriría una etapa de destrucción ambiental en Costa Rica aún sin precedentes.

Jornada de limpieza en el Río Tacares

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 14 de marzo se realizó una jornada de limpieza en el Río Tacares, en Grecia, en el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos. La actividad reunió a organizaciones comunitarias, instituciones, estudiantes y personas voluntarias comprometidas con el cuidado del agua y de los territorios.

En esta nota compartimos algunos aprendizajes y reflexiones que dejó la jornada:

* La importancia de la articulación entre comunidades, organizaciones e instituciones para cuidar los ríos.

* La problemática de los basureros informales, que terminan contaminando quebradas y cuencas.

* El valor de estas jornadas no solo para limpiar, sino también para generar conciencia y encuentro comunitario.

* La necesidad de fortalecer la corresponsabilidad en la gestión de residuos y el cuidado del agua como bien común.

* La invitación a continuar participando en nuevas jornadas de acción por los ríos en la región de Occidente.

Podés leer la nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/accion-por-los-rios-r

¿Qué está pasando realmente en el Caribe Sur?

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

A veces los cambios en el territorio parecen pequeños: un árbol menos, un relleno aquí, una chapea allá. Pero cuando se observan juntos en el tiempo, empiezan a revelar tendencias preocupantes de transformación ambiental.

Compartimos esta nueva nota que recoge señales de alerta identificadas a partir del monitoreo ciudadano realizado durante más de dos décadas por Philippe Vangoidsenhoven en el Caribe Sur de Costa Rica, un trabajo que ayuda a documentar cambios graduales en ecosistemas sensibles y presiones sobre el territorio.

Además, invitamos a explorar el sitio Monitoreo Caribe Sur, donde se pueden consultar reportes, fotografías y registros de observación territorial:

https://sites.google.com/view/monitoreocaribesur/inicio

👉 Leer la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/de-cambios-aislados-a-tendencias-territoriales-senales-de-alerta-desde-el-monitoreo-ciudadano-en-el-caribe-sur/

📍 Observar el territorio también es una forma de defender los bienes comunes.

¿Qué está pasando con la minería metálica en el Caribe de Nicaragua?

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Presentación del informe 2025 del Colectivo Investigación Urgente sobre su monitoreo a la minería metálica en Nicaragua.

Con la participación de:

Carmen Corea-Sánchez: investigadora científica nicaragüense y colaboradora de asociaciones indígenas de base de la Costa Caribe nicaragüense. Autora del informe.

Alex Zeledón: colaborador de asociaciones indígenas de base de la Costa Caribe nicaragüense y especialista en el régimen de autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua.

Prahaku: abogado indígena Mískitu, defensor de DDHH.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

Desafíos del movimiento socioambiental ante el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.

Contexto

Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.

Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.

En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.

A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.

La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.

Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.

Acciones estratégicas

Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.

También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.

La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.

En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.

La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.

Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.

El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.

* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.

Denuncian avance extractivista y exigen protección para mujeres defensoras

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Colectivas ecologistas denuncian el avance extractivista y exigen protección urgente para mujeres defensoras en Costa Rica y Latinoamérica

Costa Rica no es el paraíso verde que venden los folletos turísticos. Detrás del discurso de sostenibilidad, nuestros territorios están bajo la amenaza del modelo extractivista que sigue avanzando y destruyendo la vida con la permisividad del gobierno de Rodrigo Chaves. En este Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz para denunciar esto, así como el preocupante aumento en el número de feminicidios y de la violencia de género en el país en los últimos cuatro años.

Sabemos que somos las mujeres quienes estamos en la primera línea resistiendo, cargando con el peso de una defensa que el Estado debería garantizar pero que muchas veces criminaliza. Las políticas del Estado que priorizan los intereses económicos nos obligan a luchar y resistir frente a diversas y complejas problemáticas: minería no metálica mal regulada que está acabando con los ríos, agrovenenos al por mayor que envenenan el agua y el suelo, monocultivos depredadores que desplazan la vida, abandono de la semilla criolla y desprecio a la biodiversidad alimentaria, falta de recursos y apoyo estatal a las mujeres y organizaciones de mujeres en acciones pro naturaleza y empleos verdes, inexistente gestión integrada de residuos que convierte el mar y los ríos en vertederos, desfinanciamiento de las áreas silvestres protegidas que compromete su conservación, desprotección de las comunidades indígenas y represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

De esta forma la amenaza de la minería a cielo abierto no es cosa del pasado. La lucha en Crucitas sigue vigente mientras haya empresas esperando su oportunidad y suelos fértiles en riesgo. Nosotras, las que cuidamos las quebradas y sembramos la tierra, sabemos que detrás de un proyecto minero viene la deforestación de grandes extensiones de bosque, la contaminación del agua y el despojo de comunidades, por lo que no vamos a permitir que pongan el lucro por encima de nuestra salud y la de los ríos. Esta lógica de explotación también se repite cuando las ciudades consumen y generan toneladas de desperdicio, pero son las comunidades rurales y costeras las que terminan cargando con los rellenos sanitarios. No es casualidad, es discriminación territorial: nos usan como vertedero, contaminan nuestros suelos y aguas, y luego nos dicen que progresamos. El ecofeminismo lo tiene claro, la misma lógica que explota y violenta a las mujeres, explota y destruye la tierra, y no aceptaremos que nuestros territorios sean la solución barata para los problemas de otros.

La presión sobre la vida de las mujeres se siente también en el litoral, donde los planes reguladores o las voluntades políticas que se ajustan para facilitar el desarrollo turístico en realidad abren la puerta a la especulación inmobiliaria, a la gentrificación y al ecocidio. Pero además del turismo mal entendido, nuestras costas enfrentan una amenaza silenciosa y brutal: el avance del narcotráfico. El tráfico de drogas ha profundizado la violencia en nuestros territorios, trayendo consigo inseguridad, control armado y miedo. Las mujeres que vivimos en zonas costeras sabemos que cuando el narco llega, se llevan la paz, se llevan a nuestros jóvenes y nos dejan más vulnerables. Y cuando denunciamos, cuando nos oponemos, la represalia llega más rápido. El narco no sólo trafica con drogas, también trafica con nuestras vidas.

Así también, las mujeres de pueblos originarios y las recuperadoras de tierras ancestrales sostienen la defensa del territorio con su cuerpo en Costa Rica y toda Latinoamérica. Ellas enfrentan amenazas, criminalización y violencia por proteger lo que es suyo por derecho histórico, y cuando queman una comunidad recuperada o desalojan con violencia, no solo atacan un espacio físico, sino que atacan la memoria y el futuro de un pueblo. Exigimos justicia y el fin de la impunidad para quienes hostigan a estas compañeras defensoras. Particularmente, a diez años de su siembra, queremos recordar y exigir justicia para Berta Cáceres, indígena lenca defensora del río Gualcarque en Honduras, quien recientemente se confirmó que fue asesinada por la cúpula empresarial del proyecto Agua Zarcas, utilizando fondos provenientes de bancos internacionales y con la complicidad del estado hondureño.

Además, manifestamos total solidaridad con las mujeres en Gaza, que llevan más de dos años viviendo un genocidio y ecocidio perpetuado por Israel y con apoyo de Estados Unidos. Estas han sido despojadas de su territorio, de sus olivos milenarios, de sus cultivos, del libre acceso al agua, se les ha arrebatado la posibilidad de reproducir y sostener la vida y se les ha exterminado sistemáticamente. Por esto manifestamos nuestra total oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel que fue pactado por el gobierno de Rodrigo Chaves, pero que aún no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. ¡No queremos negociar con Estados genocidas!

El ecofeminismo nos enseña que la lucha por la tierra es la lucha por nuestros cuerpos y nuestro futuro, y no es casualidad que quienes más cuidan la vida sean las más amenazadas, pero tampoco lo es que seamos las más organizadas. Hoy, 8 de marzo resistimos, y mientras haya una mujer cuidando un manglar, protegiendo el arrecife o recuperando tierra ancestral, la vida seguirá resistiendo.

Desde las organizaciones que trabajamos por las montañas, los bosques, el mar, los ríos y el territorio, reafirmamos:

● No a la minería a cielo abierto, en Crucitas o en cualquier rincón del país. El agua vale más que el oro.

● Justicia ambiental para las comunidades rurales y costeras: basta de convertirnos en el basurero del «desarrollo» urbano y en zonas de sacrificio.

● Protección real para las mujeres defensoras: garantías de seguridad, fin a la criminalización y acceso a la justicia.

● Planes reguladores con participación comunitaria, no al servicio de la especulación inmobiliaria.

● Respeto a las Áreas Silvestres Protegidas: Gandoca-Manzanillo y todos los ecosistemas protegidos no son negociables.

● Apoyo real del Estado a proyectos por la Naturaleza gestionados por mujeres.

● Alto al represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

En memoria de María del Mar Cordero, ecologista asesinada en Costa Rica 1994 – La Guerrera del Golfo Dulce.

Organizaciones

Bloque Verde

Defensores de la Casa Común

Federación Ecologista

Guanadefensoras

Red de Mujeres Costeras y Rurales

Ecobichotas

Coecoceiba-amigos de la tierra Costa Rica

Movimiento Ríos Vivos

Costa Rica por el Océano

Talamanca Siempre Verde

Frente Ecologista Universitario – FECOU

Solicitan anular viabilidad ambiental de proyecto minero en el río Guacimal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Graves omisiones e inconsistencias técnicas

Un incidente de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicita la anulación de la Resolución N.° 0100-2025-SETENA, mediante la cual se otorgó viabilidad ambiental a un proyecto de extracción de material del cauce del río Guacimal, en Puntarenas. El recurso advierte deficiencias graves en el Estudio de Impacto Ambiental, contradicciones técnicas, ausencia de análisis esenciales y un riesgo significativo de daño ambiental irreversible en un ecosistema de alta fragilidad ubicado dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana.

El incidente fue presentado por la abogada Sofía Barquero Mata, con el apoyo técnico de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (E-Law), en representación de un amplio grupo de organizaciones comunitarias de la cuenca del río Guacimal. El escrito sostiene que la resolución de SETENA está viciada de nulidad absoluta por haberse fundamentado en un Estudio de Impacto Ambiental que no cumple con los contenidos mínimos exigidos por la legislación ambiental y que impide una toma de decisión informada, en contravención del artículo 50 de la Constitución Política.

Un estudio ambiental insuficiente y contradictorio. Según el documento, el estudio ambiental adolece de múltiples deficiencias sustantivas y formales que comprometen su idoneidad técnica y jurídica. Entre ellas se señala la ausencia de una línea base ambiental adecuada, la incorrecta delimitación del área de influencia directa e indirecta, la omisión de impactos aguas arriba y aguas abajo, así como la falta de análisis de efectos acumulativos y sinérgicos. El recurso también advierte que anexos completos del expediente parecen corresponder a otro proyecto distinto, pues hacen referencia a “CDP Río San Carlos” y citan un número de expediente diferente, lo que genera dudas razonables sobre la coherencia y autenticidad del estudio evaluado.

Ecosistemas frágiles y especies amenazadas. El proyecto se ubica dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana, una franja estratégica que conecta bosques nubosos con manglares costeros y que resulta fundamental para la movilidad de fauna y la conservación de la biodiversidad. El propio estudio reconoce la presencia de especies en categorías de amenaza, como el mono congo, la nutria de río, diversas aves y fauna acuática migratoria. Sin embargo, el recurso subraya una contradicción central del documento técnico, ya que mientras se reconoce que la fragilidad del ambiente acuático es alta, posteriormente se afirma que la afectación sería mínima al limitarse al tajo de extracción, minimizando el riesgo sin respaldo técnico suficiente.

Riesgo al agua, al paisaje y a las comunidades. El documento también señala que no se realizaron mediciones adecuadas de calidad del agua en el área que sería directamente intervenida, pese a que el propio estudio admite que la extracción de materiales libera sedimentos finos en suspensión, lo cual puede afectar la respiración y alimentación de organismos acuáticos. Este punto es particularmente crítico porque el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen del río tanto en calidad como en cantidad. Además, la cuenca cumple una función clave para la conservación del corredor biológico, la economía local y la salud del manglar y del Golfo de Nicoya, por lo que el impacto no se limita al cauce intervenido, sino que tiene efectos acumulativos en todo el sistema socioecológico.

El recurso también cuestiona la omisión del valor paisajístico, recreativo y cultural del río Guacimal, a pesar de que el área cuenta con pozas, rápidos y sectores naturales utilizados para el baño, la recreación y el turismo de naturaleza. El estudio llega a afirmar que no existen valores paisajísticos, comerciales, recreativos o religiosos que puedan verse afectados, sin estudios de campo ni respaldo empírico que sustente esa conclusión. En el plano social se evidencian contradicciones adicionales, pues aunque el documento afirma que no hay población en el área de influencia, reconoce la existencia de comunidades cercanas, tránsito de vagonetas, riesgos para peatones y la presencia de un pozo comunal aguas abajo utilizado para abastecimiento doméstico.

Solicitud de anulación y medidas cautelares. Ante este panorama, el incidente solicita la anulación de la viabilidad ambiental otorgada y la adopción de medidas cautelares urgentes, incluyendo la suspensión inmediata de los efectos de la resolución para evitar que el proyecto avance hacia etapas potencialmente irreversibles. El texto advierte que permitir la continuación del trámite vaciaría de contenido el mandato constitucional de tutela preventiva del ambiente, convirtiendo la evaluación ambiental en un control tardío y meramente formal. Se enfatiza además que la suspensión solicitada es temporal, que no existen inversiones consolidadas acreditadas por parte del desarrollador y que el daño ambiental potencial sería estructuralmente irreversible.

Problemática y organización de Defensa del Rio Guacimal. En paralelo, comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, junto con organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, presentaron ante el Concejo Municipal de Puntarenas una solicitud para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal debido a los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Actualmente el río se encuentra amenazado por once solicitudes de concesión minera en cauce para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes. Dos ya operan y las restantes se encuentran en trámite, lo que implicaría casi veinte kilómetros de extracción prácticamente continua, abarcando más de la mitad del río. Las comunidades advierten que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión acelerada, pérdida de biodiversidad, afectación de zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Asimismo, alertan que se restringiría el acceso tradicional al río y se afectarían emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas que constituyen pilares económicos del distrito.

Desde el año 2025 un bloque de veintiuna organizaciones ha articulado esfuerzos para visibilizar la importancia del río mediante campañas de concienciación y reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo. Desde hace más de quince años las comunidades iniciaron la defensa de esta cuenca, particularmente del río Veracruz, uno de sus principales afluentes, frente a intentos de explotación comercial de su recurso hídrico para riego agrícola. Aquella iniciativa habría comprometido gravemente el equilibrio ecológico del sistema, poniendo en riesgo la supervivencia de la cuenca.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Erosión del Caribe es menor donde hay vegetación

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Los recientes eventos de oleaje extremo registrados en el Caribe costarricense provocaron un retiro significativo de arena en varias playas y afectaciones a la infraestructura próxima al mar. El estudio también revela que el impacto fue menor en las áreas cubiertas de vegetación.

Entre los sitios más impactados destacan la carretera de acceso a Puerto Viejo (Playa Negra) y el equipamiento turístico en Manzanillo. Sin embargo, Gustavo Barrantes, investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), confirmó que la erosión no afectó a toda la costa por igual, tras una gira de monitoreo que realizó del 10 al 12 de febrero.

Los sectores con mayor erosión incluyen Moín, Playa Negra de Puerto Viejo, Punta Uva y Manzanillo, donde se registró caída de vegetación, retroceso de la línea de costa, formación de escarpes (gradas) que superan el metro de altura y reducción de las playas.

En Moín se identificaron escarpes entre 10 y 70 centímetros, mientras que en zonas más impactadas alcanzan cerca de metro y medio. La entrada al Parque Nacional Cahuita y su punta presentan afectación significativa, con pérdida de senderos y acumulación de troncos que dificultan el acceso.

Pero también se evidenció que la vegetación costera reduce la erosión. “Donde no hay cobertura natural, la erosión fue más extendida”, explicó Barrantes.

El investigador comentó que los oleajes severos están asociados con vientos intensos que traen los frentes fríos y recordó que este problema forma parte de una historia de erosión que se intensifica desde 2015.

La UNA estudia estos procesos a través del Programa de Geomorfología Ambiental de la Escuela de Ciencias Geográficas, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), mediante el Sistema Nacional de Monitoreo de Erosión Costera (SINAMEC), en el que participan también José Francisco Valverde, de la Escuela de Topografía Catastro y Geodesia y Daniela Campos. Esta iniciativa recopila datos sobre el comportamiento de las playas, identifica zonas vulnerables y orienta la toma de decisiones.

Según los registros, el oleaje severo no solo provoca pérdidas temporales de arena, sino que genera cambios permanentes en la línea de costa. Barrantes lo ilustró con el oleaje de 2020, cuando varias playas se recuperaron parcialmente con el paso de los años, aunque la costa retrocedió, acercó viviendas e infraestructura al mar y con ello su nivel de exposición.

Las investigaciones coinciden en que la erosión será cada vez más frecuente como resultado del aumento del nivel del mar, la variabilidad climática, y el uso inadecuado del suelo en zonas costeras. “La Municipalidad de Talamanca trabaja en su plan de ordenamiento territorial, esta es una oportunidad para incorporar, en la planificación del uso del suelo, la amenaza que representa la erosión costera y los oleajes severos en la costa, especialmente para proteger la actividad turística, una de las principales fuentes de ingresos de la comunidad”, finalizó Barrantes.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica