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¡Pongamos un ascensor para llegar a la cima del Chirripó!

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. PROAL/JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Los parques nacionales son áreas de conservación de biobiversidad por cuyas condiciones únicas y frágiles están protegidos y no deben ser alterados. Mantener el 26% del territorio nacional con distintos niveles de protección resulta cada día más difícil; empezando por el desfinanciamiento estatal. A modo de ejemplo para ver el abismo entre discurso verde y realidad, en el 2025 el presupuesto del Ministerio de Ambiente, MINAE, fue de ¢59.092,0 millones, 1,6% menos que 2024. Los gastos corrientes que incluyen salarios y contribuciones sociales de los y las funcionarias se redujeron ¢1.555,3 millones en 2025 con respecto de 2024. El MINAE no pelea contra esto, si no que ayuda a disminuir y hasta anular sus competencias y capacidades, como lo hizo con el proyecto de ley 23.213 para su supuesto “fortalecimiento”, que lo que buscaba deliberadamente era mutilar el ministerio.

Ese debilitamiento a veces incluye chambonadas como la de “instalar una escalinata en los últimos metros de acceso a la cumbre del cerro Chirripó”. Esto es del todo inadmisible porque pretende alterar o intervenir un sitio cuyas características propias limitan el acceso. No todas las personas podemos llegar a todo lado, y esto no es discriminación de ningún tipo. Los ecosistemas nos ponen sus propias limitaciones, y eso es “natural”. Si queremos facilitar el ingreso a éstos, los cambios nunca deben impactarlos severamente; este es un principio elemental e ineludible de la conservación.

En el Chirripó, ciertamente el último tramo de subida a la cima es difícil. Hay personas que llegan a la base y no suben, otras lo intentan y no lo logran, otras suben de “4 patas”, y todo eso es parte de la aventura. Pero igual, se disfrutan otros sitios como Laguna Ditkevi, Valle de los Conejos, Valle de las Morrenas, Crestones, Sabana de los leones, etc., todos en lo alto del parque. Incluso Ventisqueros es muy difícil para algunas personas y no por eso debemos ponerle un pasamanos o una cortina metálica. No todas las personas llegamos a todo lado, ni seremos los hermanos Messner escalando la montaña Nanga Parbat.

Hace tiempo detuvimos la “mágica” idea de construir un teleférico en el Parque Nacional Chirripó que justificaban diciendo que era para dar acceso a más gente. Ningún argumento se sostenía porque no hay forma de justificar una alteración de alto impacto en un ecosistema tan frágil como este parque. Nunca presentaron ningún estudio técnico y, sin embargo, la Municipalidad de Pérez Zeledón lo aprobó. Con ese teleférico de más de 15 kilómetros ya el parque estaría desbordado de todo tipo de turistas y de seguro ya venderían comidas rápidas y gaseosas en la cima del Chirripó.

Los senderos en el Chirripó permanentemente se erosionan; tanto los tres principales de llegada como los de la cima. Pero, darles mantenimiento en lo que corresponde es muy diferente a alterarlos con construcciones que desvirtúan la naturaleza del parque en sí. Esto sólo puede estar asociado con el posible aumento de visitantes y los negocios que, eventualmente, mejoren para las empresas concesionarias que operan los servicios dentro del parque (ya de por sí abundan las quejas por el acaparamiento y reventa de entradas y costos exorbitantes para muchos bolsillos). Nada justifica el tipo de “facilidades” que pretende el ministro. Eso estimularía que más gente vaya y por tanto que aumente la presión sobre los ecosistemas. En terrenos escarpados como la cima del Chirripó, toda la fila Urán y en otros sitios similares, siempre se van a presentar cambios/erosión por agua, viento y movimientos de suelos. Esas son sus cualidades que el cemento ni otros materiales (aunque sean “amigables”) deben sustituir.

Una “escalinata” en la cima del Chirripó sería como que “arregláramos” el río Jäküii/Pacuare porque tiene rápidos peligrosos para mucha gente. En este caso el ministro podría meterle dragas y aplanarle el lecho para hacerlo suavecito y calmado y cambiar a rectas y llanas las orillas para que la gente pueda acercarse con más facilidad. Pero lo cierto es que es sencillamente absurdo pensar en alterar severamente las condiciones naturales de un ecosistema para hacerlo más accesible. No todo el mundo se anima a tirarse al agua en los rápidos categorías 2, 3, 4 y 5 del Jäküii, pero pueden navegar en aguas calmadas (¡de repente en las presas del río Reventazón que fue el más usado para rafting hasta que lo llenaron de represas como las dos más grandes: Angostura/174 megavatios y Reventazón/304 megavatios!). En su vida cada río moldea y rehace sus orillas y su lecho, de tal forma que los cambios son permanentes y “naturales”. Igual los cambios ocurren en cualquier otro ecosistema.

Estas “intervenciones” del MINAE provocan que otros parques nacionales, como el Manuel Antonio, ahora sea como una fiesta patronal o turno abarrotado, o si quieren un centro comercial repleto. Los números son lapidarios: en menos de un año la entrada subió de 1120 a 1568 personas y de 1800 personas que fue el tope hasta el 29 de mayo de 2024 a 2501 (701 más sólo en el último salto). Ya el año anterior la Sala IV había condenado al Estado por permitir que la visitación diaria al Parque Nacional Manuel Antonio se superara en un 267.9%. En el PN Manuel Antonio se sobrevenden las entradas de US$ 5,65 hasta en más de US$100. Las y los empleados del SINAC esculcan los bolsos de la gente en la entrada para que nadie meta ni un “guevo duro” y así no disminuir ni en un peso el negocio privado de comidas, ropa, artesanía y otros chunches, que está en el parque metido como un tórsalo (por cierto, re-caro y la comida de pésima calidad como se pude constatar con turistas de cualquier procedencia). Las multitudes abarrotan todas las playas y bosques y favorecen a quienes usufructúan con el patrimonio natural de Costa Rica privatizado en la práctica con el sexy apodo de “concesión”.

Aunque asuste coincidir con el ministro de Ambiente y Energía, está en lo cierto cuando anota que el PN Chirripó es de “gran importancia tanto desde el punto de vista ecológico, geológico y cultural, lo cual lo hace atractivo para la visitación turística”. Pero pare de contar, porque son esas atribuciones y cualidades del PN Chirripó las que lo hacen un sitio de altísima fragilidad. Si de ideas absurdas se trata, podrían incrustar una escalera eléctrica o un asensor en la llegada a la cima, lo cual implicaría clavar torres y tirar líneas de transmisión, ¡que sin duda llevarían progreso al páramo! Repito, no podemos llegar a todo lado y no debemos admitir propuestas demagógicas sobre más y mejores accesos, que lo que esconden es mayor mercantilización de nuestras áreas silvestres (des)protegidas.

El ministro debería estudiar o pedir que le expliquen todas las cualidades insustituibles del PN Chirripó y así tal vez deseche su escalerita (¡aunque pienso en Gandoca-Manzanillo y pierdo la ilusión pues está más que demostrado que los negocios y las ocurrencias le ganan a la inteligencia, la cordura y la conservación!).

¿Se necesita una ley para modificar los límites del Parque Braulio Carrillo y la Ruta 32?

Por Bloqueverde

En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:

Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.

No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.

Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.

Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.

Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.

Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.

No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.

Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.

Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.

Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen

En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.

Parlamento Cívico Ambiental desmiente información falsa y reafirma respaldo a su presidente Bernardo Aguilar González

San José, Costa Rica – 5 de setiembre de 2025

Ante la publicación reciente en medios digitales, titulada “Organizaciones piden destitución del presidente del Parlamento Cívico Ambiental”, el Parlamento Cívico Ambiental, integrado por 40 organizaciones, se ve en la obligación de aclarar y desmentir categóricamente la información difundida.

La noticia se basa en un documento presentado por únicamente cuatro organizaciones, que de manera unilateral y sin el consenso del plenario, pidieron la destitución del presidente del Parlamento, Bernardo Aguilar González, dejando la sensación de que se trataba de una solicitud respaldada por la totalidad de las organizaciones.

Esta información es inexacta y engañosa, pues la gran mayoría de las organizaciones miembro apoya de forma clara la labor y gestión del directorio y del actual presidente.

La verdad sobre la situación interna

  • El Parlamento está conformado por 40 organizaciones activas, las cuales mantienen su apoyo a la actual administración.
  • El grupo minoritario que impulsó esta solicitud ha intentado de forma reiterada perjudicar el trabajo colectivo, actuando por intereses particulares.
  • Bajo el liderazgo de Bernardo Aguilar durante los últimos tres años, el Parlamento ha pasado de ser una entidad nominal a convertirse en un espacio activo de análisis, dictamen y defensa de leyes y causas ambientales que benefician a todo el país.

Manifiesto en defensa de la integridad y transparencia

Hoy, la mayoría de las organizaciones que integran el Parlamento ha aprobado un Manifiesto en el que:

  1. Reafirma su voto de confianza en Bernardo Aguilar y en la gestión del actual directorio.
  2. Llama a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse confundir por campañas mediáticas basadas en datos falsos, y a respetar el trabajo voluntario y transparente de quienes integran este órgano.

Compromiso con la defensa del ambiente

El Parlamento Cívico Ambiental es un espacio voluntario y plural, donde las organizaciones trabajan sin ningún beneficio económico, dedicando tiempo y esfuerzo a la protección de los ecosistemas y comunidades a través de la revisión y dictamen de leyes socio-ambientales, así como la elaboración de manifiestos de incidencia.

Nuestro compromiso es con Costa Rica, la Casa Común y con las futuras generaciones, no con intereses particulares.

Reiteramos que las decisiones y posturas del Parlamento se toman siempre en procesos democráticos y representativos, guiados por la ética y la transparencia colectiva.

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

¡Ni el Estado ni las empresas, a los ríos no les ponen más represas!

Declaratoria del encuentro Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Las y los participantes en el Encuentro Jäküii-Pacuare de territorios indígenas, comunidades y organizaciones ecologistas, reunidas del 28 al 31 de agosto 2025 en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio Cabécar, manifestamos:

  1. Cada río vivo y libre garantiza la vida del planeta, mantiene y está asociado a todos los ecosistemas, nos provee alimentos, sirve para actividades económicas, cultura, espiritualidades, recreación y alegría. Los ríos son bienes colectivos de la naturaleza al servicio de la gente.

  2. Desde siempre la humanidad ha usado los ríos, pero hace mucho perdimos la capacidad para relacionarnos positivamente con ellos. Más de la mitad de los ríos del planeta que cubren casi la mitad de la superficie terrestre han sido explotados y destruidos para generar hidroelectricidad o para otros fines energéticos. Muchos ríos mueren antes de llegar al mar, a lagos u otros ríos mayores, y con ellos mueren todas las formas de vida, incluida la vida humana. Miles de pueblos han sido desplazados de manera forzada. De acuerdo con International Rivers, de los 177 ríos más largos del mundo, solo un tercio corren libres y sólo 21 ríos de más de 1000 km llegan al mar. Su explotación también genera disputas internacionales y amenazas de guerras.

  3. Debemos avanzar hacia una verdadera transición energética justa. La explotación de los ríos y ecosistemas del sur global sirven a modelos económicos y sociales que solo son buenos para las élites ultrarricas que viven en la opulencia y el derroche a costa de la destrucción y el hambre de cada vez más personas. Para la mayoría de la población lo “verde y sostenible” no es más que un discurso vacío. No estamos viviendo una transición energética justa preocupada por el bienestar de los pueblos, sino más bien el agravamiento del modelo de destrucción masiva de ecosistemas y vidas humanas en los países del sur del mundo. Las materias primas del sur están mojadas con sangre, y en el norte del mundo, gobiernos, corporaciones y buena parte de la institucionalidad supranacional vende la idea de que avanzamos hacia energético limpias. En América Latina, África y otras partes del mundo, se sigue replicando el modelo colonial de explotación ilimitada de la Tierra y de la gente y las élites del sur también caminan sobre la miseria de los pueblos y la muerte de la naturaleza.

  4. Ya es tiempo de demoler represas y de respetar la vida de los ríos. Los ríos ya no deben ser más objeto de explotación y lucro privado con generación de electricidad, minería no metálica en los cauces de dominio público, concesiones de agua para monocultivos de cualquier tipo, turismo irresponsable, comercio privado nacional o transnacional de agua, ni deben ser reducidos a bienes privados. Todos los Estados y las entidades públicas deben revisar, fiscalizar y ajustar los alcances y costos de las concesiones de todo tipo y contemplar sus impactos acumulativos. Además, que haya más ríos represados y más generación no significa que la gente más pobre tenga acceso a la electricidad. No existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía “limpia” o “renovable”. Hablar de “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% del caudal de los ríos es un disparate de la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental. Aunque ha sido muy difícil, ya hay lecciones que podemos seguir: sólo en 2023 en Europa fueron eliminadas 487 represas y en Estados Unidos, ríos que estuvieron represados por más de un siglo, como el Klamath, ya fueron liberados.

  5. Es urgente un nuevo modelo energético y eléctrico. Hasta ahora las decisiones sobre energía y modelos eléctricos en Costa Rica y el mundo han sido exclusivas y controladas por gobiernos, empresas privadas y técnicos de espalda a los pueblos. Demandamos que en adelante la definición de nuestro modelo energético y eléctrico sea un ejercicio democrático y consensuado que asegure la participación efectiva de las personas y los derechos de los ecosistemas y la electricidad como derecho humano. Además, implica que los ríos deben ser reconocidos y respetados como sujetos jurídicos con derechos. En esta línea una meta prioritaria es mantener el río Jäküii/Pacuare libre por siempre y declararlo sitio RAMSAR según la Convención de Ramsar de 1971. En Costa Rica sabemos que esta es una tarea compleja porque el Ministerio de ambiente fue secuestrado para favorecer negocios corruptos y privados usurpando y destruyendo los ecosistemas que debiera proteger.

  6. Una condición básica del nuevo modelo energético y eléctrico es que los pueblos sean efectiva y obligatoriamente incluidos en el proceso completo de cualquier tipo de proyecto y que los Pueblos originarios sean consultados según la Ley indígena 6172 del 20 de diciembre de 1977 y su Reglamento de 1978, y el «Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes» de la Organización Internacional del Trabajo/Convenio 169, OIT, (Ley Nº 7316/1992 de Costa Rica). Los territorios no son simples áreas de intervención y construcción, si no espacios de vida de la naturaleza y las personas, que deben ser respetados.

  7. Jamás aceptaremos la privatización eléctrica. Rechazamos y trabajaremos hasta desechar el proyecto 23.414 mal llamado de “armonización” del sistema eléctrico nacional, porque no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza rebajar las tarifas. Este es un proyecto privatizador del servicio social de electricidad para que generadores y distribuidores privados mejoren sus negocios como lo han hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Este proyecto acaba al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, como director de la electricidad y aniquila los principios de planificación, distribución en todo el país, equidad, precios justos y subsidiados, tarifas bajas y reguladas y solidaridad del servicio público de electricidad. Defenderemos al ICE como nuestra entidad de servicio social público, pero le demandamos respeto por las comunidades, los ecosistemas y los ríos en particular, y desechar las prácticas verticales, inconsultas e impositivas. Información completa, diálogo y consenso con la sociedad son condiciones irrenunciables.

  8. Quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar su defensa. Demandamos que las empresas de turismo que usan y explotan comercialmente los ríos, no multipliquen los discursos “verdes” publicitarios y más bien que se sumen a la acción directa por su defensa científica, técnica y política; tarea que hemos asumido los movimientos sociales ecologistas y las comunidades indígenas y campesinas, que sin titubear hemos enfrentado a gobiernos y a empresas y logrado salvar ríos como Jäküii, Duchíí, Savegre, Térraba, San Rafael, Coto Brus, Bonilla y muchos más, para las presentes y las futuras generaciones. Por ética, quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar a quienes nos organizamos y luchamos para mantenelos libres.

  9. Rechazamos la sobreexplotación de los ríos y del agua de cualquier fuente, facilitada por gobiernos, municipalidades, Asadas, u otras entidades, en favor de la gentrificación que expulsa a la gente local y estimula el irrespeto a la Zona Marítimo Terrestre y muchos otros sitios. Rechazamos la indecente y criminal contaminación del agua con agroquímicos vergonzosamente facilitada por el Estado. Ante estos problemas debemos asumir responsabilidad directa reconectándonos con la naturaleza y recuperando los ecosistemas para la vida, la recreación, la cultura, la soberanía alimentaria y la agroecología.

  10. Sabemos que defendemos los derechos de la Tierra en un tiempo de brutal autoritarismo político y criminalización. Pero no tenemos miedo: seguiremos organizándonos para cuidar la vida del planeta, señalar los responsables directos de acelerar la crisis climática, denunciar la voracidad sostenida y la esclavitud con que operan las corporaciones, condenar genocidios como el del Estado de Israel -y todos sus cómplices- contra el pueblo de Palestina, aunque nos digan “terroristas”.

  11. Nos unimos y solidarizamos con los pueblos, organizaciones y personas de todo el planeta que trabajan para cuidar la vida, el agua, los suelos, los ríos, los territorios y todos los ecosistemas. Ésa es una tarea peligrosa que se realiza en medio de amenazas y muertes, pues tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo y el saldo de asesinatos entre 2012 y 2023 alcanzó 2.100, según Global Witness.

  12. Nos solidarizamos con los Pueblos originarios en el camino de recuperación de su Tierra, su cultura y organización propia y autónoma, y hacemos nuestras las palabras de las personas indígenas que participaron en el Encuentro Jäküii: “Nuestros ríos, bosques y territorios son bienes colectivos, no mercancías. No aceptamos que gobiernos ni empresas los vean sólo como “potencial energético” o fuente de riqueza. Vender la naturaleza es vendernos a nosotros y nosotras mismas; es entregar nuestra dignidad y nuestra casa común. Por eso decimos fuerte y claro: los ríos no se venden, los territorios no se negocian, la Madre Tierra no se explota. Desde nuestra Tierra y desde nuestra palabra colectiva, instamos a todas las personas a unirse en la defensa de los ríos, de la tierra-territorio y de nuestros derechos”.

Los ríos que están libres deben ser cuidados y ser usados sólo bajo estrictos límites y condiciones de salvaguarda, cuando se trate de atender necesidades humanas comprobadas como indispensables, justas y respetuosas; y nunca más para el lucro y la acumulación de riqueza.

¡Ni el Estado ni las empresas,

a los ríos no les ponen más represas!

Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Nimarí Ñak, 30 de agosto 2025.

Participantes de Santubal, Nimarí Tüo, Dorbata, Nimarí Ñak, Blory Ñak, Ñari Ñak, Jokbata, Paso Marcos, Sharabata, Jäkuy, Shara, Tneklari, Alto Pacuare, Tsirbä Klä, Tsisbata sector Shara/territorio cabécar, Nairi Awari/cabécar, Shule krats/Buenas Vista-Salitre/territorio Bribri, Yimba, (Curre), Térraba, Sixaola/territorio Ngäbe, San Pablo, Pacuar, Pajo Pacuare, San Joaquín de Tuis, Santa Rosa, San Martín, Turrialba centro, La Suiza y otros de Turrialba; Punta Morales, Chomes, Santa Rosa, San Antonio, Guacimal, Monteverde de Puntarenas; Volcán, Longo Mai de Buenos Aires, Cristo Rey de San Pedro, Rivas, Santa Elena de Pérez Zeledón. Organizaciones nacionales e internacionales.

Más información: Osvaldo Durán Castro y Mariana Porras Rozas jakuiipacuare@gmail.com

#jakuii2025

Ninguna victoria ecologista es permanente… Sobre nuestra lucha anti-petrolera en Costa Rica

Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica
Agosto 2025

En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.

Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.

Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.

Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.

La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:

Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
(Fuente:
Semanario Universidad)

En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
(Fuente:
Semanario Universidad)

Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.

La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.

La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.

Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.

La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.

Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
(Fuentes:
Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)

Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?

Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.

Grupos ambientalistas y comunitarios rechazan el proyecto de atracadero en Puerto Viejo

  • Falta de información y transparencia

  • Tercer intento en la misma zona arrecifal

  • La prioridad debe ser la educación y la inversión social

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) anunció la aprobación de un nuevo proyecto de atracadero vecinal en Puerto Viejo de Talamanca, con una inversión de ₡950 millones. Sin embargo, grupos de mujeres, ambientalistas y comunitarios expresamos nuestra profunda preocupación ante los antecedentes de proyectos fallidos y los riesgos que esta obra representa para el ecosistema marino.

Ver más información y fotos: https://docs.google.com/document/d/1Swk_PpKfmGK702J7RkbuzfPiu5D_lUaz/edit#heading=h.d842bh3pzfel

Las luchas por los ríos confluyeron en el encuentro social Jäküii-Pacuare 20+

Esteban Barquero (Instituto Monteverde)
Dany Villalobos (Coordinador CBPC)

El pasado 29 y 30 de agosto en Bajo Pacuare de Turrialba, se realizó el encuentro Jäküii- Pacuare +20 +10, para conmemorar el 20 aniversario del plebiscito que liberó al río Jäküii-Pacuare de represas. Este plebiscito fue realizado en el año 2005 en el cantón de Turrialba con una victoria aplastante del 97% en favor del río y en contra de las represas.

Para este encuentro el Instituto Monteverde y el Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC) facilitaron la participación de una delegación de siete personas de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas como organización referente en la defensa de los ríos en los distritos rurales de Puntarenas.

La delegación estaba compuesta por representantes del proyecto Venas del Bosque en Monteverde, la Asociación COMUNIDADES de Guacimal y Santa Rosa, la ASADA de Punta Morales, y el Subcomité de Chomes, así como el Coordinador del CBPC, quienes compartieron información sobre las amenazas ambientales en las cuencas de los ríos Guacimal y Lagarto.

En el encuentro se realizaron actividades de intercambio de la historia de las comunidades que luchan por proteger los ríos en diferentes zonas del país. Participaron otras delegaciones de la Zona Sur, Talamanca y territorio indígenas Brörán, Yimba Cájc, Salitre, Sepecue y territorios Cabécares que habitan alrededor del río Jäküii y Duchí.

También hubo espacios informativos con investigadores expertos sobre las transformaciones y presiones que enfrenta el sistema eléctrico nacional, sobre todo por los intereses privados en el ámbito de la generación eléctrica, que aspiran a lucrar con el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Sumado a esto, se enfatizó en la importancia de la soberanía energética y el derecho humano a la energía como orientadores para un modelo eléctrico justo, frente a la privatización y el lucro que plantea el modelo de libre mercado, que busca hacer negocios jugosos con un crecimiento insostenible de la demanda de grandes consumidores regionales.

Hacia el cierre del evento, se realizó una visita a la escuela de Nimarí Ñak para realizar reflexiones finales sobre el problema de las represas, quebradores, sobreexplotación del agua, contaminación y otras amenazas a los ríos como ecosistemas. El cierre se realizó a las orillas del río Jäküii-Pacuare con la consigna principal de que el río será libre para siempre..

Contexto de los ríos en el CBPC

Igual que en el resto del país, los ríos del área del CBPC enfrentan amenazas al equilibrio de su ciclo ecológico. En la parte alta se realizan esfuerzos para proteger las nacientes y quebradas que originan los ríos y que están sometidas a una alta presión por la expansión turística e inmobiliaria, que a su vez genera una alta cantidad de aguas grises que hasta hoy han carecido de un tratamiento adecuado, contaminando el río Guacimal.

En la parte media y baja de las cuencas, la captación excesiva de agua para actividades como el riego han generado los principales conflictos, por aumentar la sequía, los usos recreativos y la condición de estrés hídrico en los meses más secos. Estas situaciones se han presentado principalmente en los ríos Veracruz, Acapulco, Aranjuecito, Guacimal, Lagarto, Abangares y Aranjuez.

Otra amenaza actual son las concesiones mineras en cauce de dominio público de los ríos, para procesar materiales de construcción. En todos los ríos del CBPC existen 10 o más solicitudes de concesión con fines de lucro (algunas ya aprobadas), cada una equivalente a una sección de 2 km dentro del cauce, que en suma abarcarían 20 km de extracción lineal de materiales en cada uno de ellos, devastando la biodiversidad y la función ecológica de conectividad acuática de los ríos como hábitat de multitud de especies.

Actualmente las organizaciones comunales de Guacimal y Chomes gestionan medidas para defender sus ríos. Una de estas medidas es una campaña de rotulación para el río Guacimal, destacando su valor histórico, cultural y ecológico para las comunidades, ya que las empresas evaden las consultas o dar información sobre sus proyectos, afectando zonas recreativas, el equilibrio ecológico del caudal, y las fuentes de agua de los pueblos.

La Alianza de Comunidades está comprometida con mantener la lucha por los ríos sanos en Puntarenas y seguir uniendo personas en esta causa. Además, se solidariza con las causas vigentes que defienden la justicia ambiental, económica y social de las comunidades, pueblos y territorios indígenas en todo el país, y se compromete a seguir cooperando para recuperar los ríos degradados y amenazados por proyectos extractivos y privatizadores.

Conclusiones:

El desafío ambiental en materia de ríos trasciende fronteras regionales y nacionales, por este motivo es fundamental seguir colaborando en las estrategias sociales para reivindicar los derechos de las comunidades, el ambiente y los ríos, así como el fortalecimiento de liderazgos, involucramiento de la juventud y la niñez para multiplicar la conciencia y garantizar el uso sostenible y cuido de los ríos y sus funciones ecológicas.

Se destaca la importancia de la gestión de los corredores biológicos como estrategia pública para atender la conectividad y el equilibrio en las cuencas hidrográficas, propiciando la participación activa de la población en temas ambientales. La educación ambiental y la inversión en acciones multiplicadoras serán esenciales para asegurar la efectividad de las metas del CBPC en materia de protección hídrica.

Manual exprés: demandar, embargar y llamar a eso “conciliación”

El Observatorio de Bienes Comunes UCR aborda un megaproyecto “innombrable” que logra silencio y consenso a punta de demandas, embargos y amenazas, mientras se viste de verde esperanza y habla de diálogo responsable. El acuerdo no nació de conversar, sino de la presión y el miedo a perder lo poco que se tiene.

La censura se disfraza de conciliación y el greenwashing se convierte en espectáculo judicial. Mientras tanto, los bienes comunes quedan atrapados en un juego de poder donde quien defiende la vida aparece como agresor.

Se les invita a visitar la página para leer la nota completa https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/manual-expres-demandar-embargar-y-llamar-a-eso-conciliacion/

Organizaciones y ciudadanía respaldan proyecto de ley para proteger la libertad de expresión y a las personas defensoras del ambiente

Comunicado

San José, 28 de agosto de 2025

Ante el creciente uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para intimidar y silenciar a quienes ejercen su derecho a denunciar afectaciones ambientales, el Parlamento Cívico Ambiental y diversos sectores de la sociedad civil expresan su firme respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, que reforma el artículo 86.1 del Código Procesal Civil. El Parlamento aprobó este viernes 22 de agosto un Acuerdo Positivo respecto a este proyecto mediante resolución 025-2025 que se comunicará a las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Asimismo, lanzó el MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DEL AMBIENTE en apoyo a la iniciativa.

La iniciativa, conocida como “Ley para evitar acciones coercitivas en el ejercicio de la libertad de expresión”, busca impedir que se impongan embargos preventivos contra personas cuya única “falta” sea participar en decisiones que afectan el ambiente o expresar públicamente su opinión sobre asuntos de interés público. Esta reforma no elimina el derecho legítimo a reclamar daños, pero garantiza que no se utilicen medidas cautelares como represalia antes de que exista una sentencia firme.

El impulso a este proyecto responde a casos recientes, como el embargo solicitado contra un creador de contenido que denunció posibles delitos ambientales asociados al proyecto Bahía Papagayo. Este tipo de acciones judiciales generan un efecto inhibitorio que amenaza la libertad de expresión y la participación ciudadana, principios fundamentales de la democracia costarricense.

El Parlamento Cívico Ambiental subraya que la aprobación de este proyecto es coherente con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como con la necesidad urgente de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú.

“Proteger a quienes defienden el ambiente es proteger la democracia. No podemos permitir que se utilice el sistema judicial como un arma para acallar la voz ciudadana”, señaló el Parlamento en un pronunciamiento oficial.

Llamado a la acción

El Parlamento Cívico Ambiental llama a diputadas, diputados, instituciones y ciudadanía a respaldar activamente la aprobación del expediente 25.125 y a trabajar por un marco legal e institucional que brinde verdadera seguridad jurídica a las personas defensoras del ambiente y promueva la libertad de expresión sin temor a represalias.

Manifiesto para descargar.