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La amenaza silenciosa de la acidificación marina: lo que significa para Costa Rica

Por Allan Astorga

(Imagen de svs.gsfc.nasa.gov)

Cuando pensamos en el cambio climático, la mayoría imagina temperaturas más altas, huracanes más intensos o sequías más largas. Sin embargo, existe otro fenómeno igualmente preocupante que avanza de manera silenciosa en nuestros océanos: la acidificación marina. Este proceso está ocurriendo a nivel mundial y tiene consecuencias directas para la vida en el mar, la pesca y, en el caso de Costa Rica, para las comunidades que dependen de sus costas.

¿Qué es la acidificación del mar?

Para explicarlo de forma sencilla: cuando quemamos carbón, petróleo o gas natural, liberamos dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera. Una parte importante de ese CO₂ no se queda arriba, sino que es absorbido por los océanos. El mar actúa como una “esponja” de carbono. Hasta ahora, ha absorbido aproximadamente un tercio de todo el CO₂ que hemos emitido desde la Revolución Industrial, aunque, ese fenómeno se ha dado, principalmente, de los años 80.

El problema es que, al disolverse en el agua, ese CO₂ reacciona formando ácido carbónico, que reduce el pH del agua marina, volviéndola más ácida. Aunque la variación parece pequeña, en términos químicos es enorme: el océano superficial ya ha perdido cerca de un 30 % de su alcalinidad en los últimos 200 años. Y esto afecta directamente a los organismos marinos que dependen de minerales como el carbonato de calcio para formar sus conchas o esqueletos: corales, moluscos, crustáceos y hasta parte del plancton.

De acuerdo con datos del Marine – Copernicus el agua de mar se está acidificando 10 veces más rápido que en cualquier momento de los últimos 300 millones de años.

¿Por qué es un problema global?

La acidificación debilita a los corales, que dejan de crecer y de cementar sus arrecifes. Esto pone en riesgo ecosistemas enteros, pues los arrecifes de coral son como las “ciudades submarinas”: refugio, guardería y despensa de miles de especies. Es el segundo ecosistema más biodiverso del mundo, después de los bosques tropicales.

Si los corales no pueden crecer al mismo ritmo que se erosionan, los arrecifes comienzan a desmoronarse. A largo plazo, esto significa menos peces, menos biodiversidad y menos protección natural para las costas. La pesca mundial también se ve comprometida, porque muchos moluscos y crustáceos de importancia comercial sufren directamente la pérdida de carbonato. A eso se suma el riesgo en la acuicultura, que ya reporta problemas en países como Estados Unidos y Chile debido a aguas más ácidas que matan larvas en viveros.

¿Y qué pasa en Costa Rica?

Aunque se habla poco, la acidificación ya es una realidad en nuestras costas. En el Pacífico Norte, especialmente en la Bahía Culebra y la zona de Papagayo, los vientos intensos de Papagayo empujan aguas profundas hacia la superficie en un fenómeno llamado surgencia. Estas aguas que suben son naturalmente más frías, pobres en oxígeno y ricas en CO₂. Cuando llegan a la superficie, combinan sus características naturales con la tendencia global de mayor acidificación, creando episodios en que el pH del agua baja mucho más de lo normal.

Se han medido allí valores de pH cercanos a 7,8, cuando lo normal en el océano abierto es de alrededor de 8,1. Esa diferencia representa un gran estrés para los organismos marinos. Durante estos eventos, los corales, moluscos y peces jóvenes enfrentan condiciones críticas que pueden afectar su supervivencia.

En el Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, el problema se agrava porque se combina la surgencia con la descarga de aguas residuales y sedimentos de origen humano, que provienen del Valle Central (transportados por el Río Tárcoles) y la misma zona urbana de Puntarenas – El Roble.

En el Caribe de Costa Rica, por su parte, aunque el efecto directo de la acidificación ha sido menor hasta ahora, los arrecifes enfrentan simultáneamente el estrés por calentamiento, contaminación y pérdida de cobertura coralina.

Las causas que debemos entender

Hay dos niveles de causas que en Costa Rica se debe tener claro:
1. La causa global: la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón mineral) sigue siendo el motor principal. Mientras la humanidad no ralentice y reduzca las emisiones de CO₂, los océanos seguirán absorbiendo más y más, aumentando la acidificación.
2. Las causas locales: en Costa Rica, la contaminación costera, la sobrepesca y la falta de protección efectiva de ecosistemas arrecifales y manglares reducen la capacidad natural de resiliencia.

Perspectivas y riesgos para el futuro

Si las emisiones globales no se reducen drásticamente, los modelos científicos proyectan que para la segunda mitad de este siglo los episodios de acidificación en el Océano Pacífico Norte podrían pasar de ser eventos temporales a condiciones casi permanentes. Esto significaría arrecifes más frágiles, menos biodiversidad y una caída en la productividad pesquera.

Para un país como Costa Rica, cuya identidad y economía dependen tanto del mar —turismo, pesca, cultura costera—, el impacto puede ser altamente significativo.

¿Qué podemos hacer?

– Reducir emisiones: seguir apostando por energías renovables y presionar para que los grandes emisores reduzcan su huella de carbono, o en su defecto, que se desarrollen e implementen acciones estratégicas de ralentización de las emisiones (aplanamiento de la curva) como las que se han sugerido a nivel global.
– Cuidar lo local: reducir la contaminación costera, tratar las aguas residuales, proteger los manglares y regular la pesca.
– Monitorear y educar: necesitamos estaciones permanentes de monitoreo de pH y oxígeno en zonas críticas como Papagayo y Nicoya, y debemos educar a la población sobre lo que significa este fenómeno.

Conclusión

La acidificación marina es una amenaza silenciosa que avanza en paralelo al calentamiento global. En Costa Rica ya estamos viendo sus señales en nuestras costas. Comprender sus causas y consecuencias es esencial para proteger nuestras comunidades costeras, nuestra biodiversidad y nuestro futuro.

Si ignoramos este problema, los mares que hoy nos alimentan podrían volverse hostiles en pocas décadas. Pero si actuamos con visión y decisión, Costa Rica puede ser ejemplo en la defensa de los océanos, igual que lo ha sido en la defensa de la naturaleza.

https://marine.copernicus.eu/es/ocean-climate-portal/ocean-acidification
ii Sánchez-Noguera, C., Stuhldreier, I., Cortés, J., Jiménez, C., Morales, Á., Wild, C., and Rixen, T.: Natural ocean acidification at Papagayo upwelling system (north Pacific Costa Rica): implications for reef development, Biogeosciences, 15, 2349–2360, https://doi.org/10.5194/bg-15-2349-2018, 2018.
Fuente de la imagen: https://svs.gsfc.nasa.gov/30697/

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/10/la-amenaza-silenciosa-de-la-acidificacion-marina-lo-que-significa-para-costa-rica/

Tala de árboles en área protegida del río Durazno

SINAC ordena restauración y mantiene caso en la Fiscalía Ambiental

Área de protección de la naciente afectada en Matinilla de Vázquez de Coronado. Fuente: SINAC, informe técnico SINAC-ACC-OSJ-inf-371-2025.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Central, confirmó que, en la finca conocida como Santa Teresita, en Matinilla de Vázquez de Coronado, se detectó la tala de al menos 127 árboles de especies como jaúl (Alnus acuminata) y Callicarpa acuminata dentro del área de protección de una naciente y del río Durazno.

Según el informe técnico SINAC-ACC-OSJ-inf-371-2025, la afectación abarca unas tres hectáreas, y aunque corresponde a una plantación forestal, parte de esta se ubica en áreas legalmente protegidas, lo que representa una infracción ambiental.

Los inspectores también observaron restos de árboles talados y quemas de residuos fuera de la zona de protección, además de intervenciones en cauces asociados a la naciente y al río Durazno. Dadas las condiciones de pendiente y la irregularidad del terreno, se recomendó que Ingeniería Forense del OIJ determine con exactitud la extensión de la afectación.

Orden administrativa y seguimiento

A raíz de estas denuncias (SITADAS 54716-2025, 54897-2025 y 55121-2025), el SINAC giró la orden SINAC-ACC-OSJ-1181-2025, que instruye a los propietarios a:

  • Detener de inmediato la corta de árboles en el área protegida.

  • Presentar un plan de restauración, elaborado por un profesional acreditado, que será evaluado y aprobado por la oficina subregional.

El SINAC advirtió que, de no cumplir con los plazos establecidos, se procederá a denunciar a los responsables por desobediencia a la autoridad, según el artículo 368 del Código Penal.

Caso bajo investigación judicial

El expediente también fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía Ambiental, bajo la causa 25-007231-0042-PE, donde se investigan posibles delitos ambientales vinculados a esta intervención.

El informe recuerda que los propietarios ya habían sido notificados previamente sobre la presencia de la naciente y las restricciones de aprovechamiento forestal. Además, señala que el caso no debe darse por cerrado, pues existen antecedentes de situaciones similares en el mismo predio.

Guerra por el agua

Diversas voces han advertido que la tala en áreas de protección de nacientes y ríos representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la biodiversidad, en un contexto donde Costa Rica enfrenta lo que algunos describen como una “guerra por el agua”.

El seguimiento a este caso será determinante para garantizar la restauración de la zona y sentar un precedente en materia de protección ambiental.

Orientaciones pastorales de la Iglesia Católica frente a la minería: un compromiso por la Casa Común

La Red Iglesias y Minería, con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), ha coordinado la elaboración de un documento que ofrece propuestas y orientaciones pastorales frente a los impactos de la minería en América Latina. El texto es fruto de un proceso de reflexión, discernimiento, oración y compromiso de comunidades eclesiales que dialogan de forma permanente con otras Iglesias y movimientos sociales de la región.

El documento se inspira en un reciente encuentro de obispos latinoamericanos que viven en territorios amenazados o afectados por la minería, y subraya la misión ética y profética de la Iglesia en un contexto de creciente colapso ambiental y climático. Retoma, además, el espíritu de la encíclica Laudato Si’, a diez años de su publicación, y lo vincula al Año Jubilar 2025, cuyo lema es “Peregrinos de Esperanza”.

Contenido del documento

La publicación se estructura en seis apartados principales:

  1. El clamor de personas empobrecidas y de la Madre Tierra, como punto de partida para entender la crisis socioambiental.

  2. El extractivismo, analizado en su dimensión destructiva sobre comunidades y ecosistemas.

  3. La opción de la Iglesia por las comunidades y sus territorios, reafirmando la defensa de la vida y los derechos colectivos.

  4. Fortalecimiento de las Iglesias locales para la conversión ecológica, impulsando una pastoral que integre la ecología integral.

  5. La relación de la Iglesia con Estados y empresas, señalando los desafíos éticos y políticos que implica.

  6. Conclusión, con llamados a una acción pastoral comprometida y transformadora.

En el año de especial relevancia —marcado tanto por el Jubileo como por la COP30 sobre el Clima en la Amazonía—, el documento propone a la Iglesia y a la sociedad abrir espacios de discernimiento, acción y acompañamiento a los pueblos que defienden sus territorios y, con ellos, la vida de toda la humanidad.

Puede descargar el documento completo aquí:

Orientaciones pastorales de las Iglesias católicas frente a la minería (PDF)

Compartido con SURCOS por Carlos Tamez.

Acalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia condenado por violentar el derecho constitucional a la justicia administrativa pronta y cumplida

CONCEVERDE – Comunicado

El pasado 19 de septiembre de 2025, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por vecinos de San Rafael de Heredia —del cual nuestro colectivo no fue parte—, en el que se condenó al señor Jorge Arias Santamaría por haber transgredido el derecho constitucional a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. La causa se relaciona con una construcción ilegal denunciada desde el año anterior, ubicada dentro del Área Especial de Protección del Gran Área Metropolitana (GAM) y parcialmente en la zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 del 30 de julio de 1888.

Desde el colectivo CONCEVERDE expresamos nuestra profunda preocupación ante la reiterada indiferencia de la Municipalidad de San Rafael de Heredia frente a las denuncias ciudadanas. La omisión en atender de manera eficiente varias denuncias sobre la edificación iniciada hace más de diez meses, sin contar con los permisos de construcción requeridos, ha llevado que la obra se haya concluido, lo que evidencia una negligencia institucional que, por su persistencia y efectos, se asemeja peligrosamente a una forma de complicidad.

La falta de respuesta oportuna por parte de la alcaldía ha sido tal que el máximo tribunal constitucional del país ha acreditado la violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza a toda persona el acceso a un procedimiento administrativo eficaz, diligente y conforme a los principios del debido proceso.

Desde CONCEVERDE, reiteramos nuestro compromiso con la defensa del ordenamiento territorial, la legalidad ambiental y los derechos ciudadanos, y exigimos a las autoridades municipales el cumplimiento estricto de sus deberes legales y constitucionales.

Esta denuncia se hace pública como acto de resistencia ciudadana frente a la inercia y negligencia municipal, y como llamado urgente a la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia administrativa.

Costa Rica Ambiental

Profesor Cristian Marrero
Buen Vivir Costa Rica

La Madre Tierra no es un recurso, es un ser vivo con derechos: derecho a la vida, al agua limpia, al aire puro, a un suelo fértil, a la diversidad biocultural y a vivir en paz.

Reconocer legalmente estos derechos no es solo un acto simbólico, es un paso decisivo para garantizar un país sostenible, justo y en equilibrio con la naturaleza.

Hoy, más que nunca, queremos que la Asamblea Legislativa incorpore los Derechos de la Madre Tierra en nuestra normativa. Porque si queremos disfrutar de una Costa Rica Ambiental, debemos habitar con respeto y defender juntos la vida en todas sus formas.

Súmese, comparta y apoye este llamado.

La defensa del ambiente sigue costando vidas: Informe Global Witness 2025

De acuerdo con una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR, en 2024, 146 personas defensoras ambientales fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo. El 82% de los casos ocurrió en América Latina: Colombia, Guatemala, México y Brasil concentran la mayoría de asesinatos.

El Informe Raíces de Resistencia de Global Witness 2025 advierte que, además de los ataques letales, se multiplican las amenazas, la criminalización y la violencia contra comunidades que protegen ríos, bosques y territorios.

En Costa Rica, aunque no se reportan asesinatos recientes, persisten estrategias más sofisticadas de represión, como demandas judiciales contra personas defensoras. A esto se suma la desregulación ambiental, que debilita la protección de la naturaleza y expone aún más a quienes la defienden. El país se presenta como líder verde, pero mantiene vacíos legales al no ratificar el Acuerdo de Escazú.

Lee la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/la-defensa-del-ambiente-sigue-costando-vidas-informe-global-witness-2025/

La desaparición silenciosa de los cangrejos en el Caribe Sur

El Observatorio de Bienes Comunes UCR destaca en una nota: en Puerto Viejo, la desaparición progresiva de los cangrejos costeros se ha convertido en una alerta silenciosa que refleja el impacto de la urbanización descontrolada y la pérdida de hábitat en el Caribe Sur. Según el vecino y activista Philippe Vangoidsenhoven, en épocas pasadas era común ver a los cangrejos azules cruzar la calle para depositar sus huevos, pero hoy esa imagen es prácticamente inexistente.

El crecimiento urbano, la construcción de carreteras, los rellenos y el chapeo de la vegetación han reducido drásticamente los espacios naturales necesarios para su reproducción y supervivencia. Estos cambios no solo afectan a la biodiversidad, sino que también borran prácticas culturales y memorias colectivas vinculadas a la vida cotidiana de la zona. “Nadie habla de esto. La población de cangrejos prácticamente ha desaparecido”, señala Vangoidsenhoven, recordando que incluso la pérdida de cobertura vegetal aumenta la presión de depredadores como el cangrejero sobre poblaciones ya debilitadas.

Los cangrejos cumplen funciones esenciales en los ecosistemas costeros, como airear el suelo, reciclar nutrientes y sostener cadenas alimenticias. Su ausencia, más allá de un problema ambiental, representa un vacío ecológico y cultural que afecta a toda la comunidad. La denuncia de Philippe y las observaciones vecinales funcionan como un monitoreo comunitario que permite visibilizar lo que no está siendo registrado oficialmente: la pérdida de una especie clave y, con ella, la fragilidad creciente del equilibrio natural en el Caribe Sur.

Lea la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/la-desaparicion-silenciosa-de-los-cangrejos-en-el-caribe-sur/

¡Pongamos un ascensor para llegar a la cima del Chirripó!

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. PROAL/JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Los parques nacionales son áreas de conservación de biobiversidad por cuyas condiciones únicas y frágiles están protegidos y no deben ser alterados. Mantener el 26% del territorio nacional con distintos niveles de protección resulta cada día más difícil; empezando por el desfinanciamiento estatal. A modo de ejemplo para ver el abismo entre discurso verde y realidad, en el 2025 el presupuesto del Ministerio de Ambiente, MINAE, fue de ¢59.092,0 millones, 1,6% menos que 2024. Los gastos corrientes que incluyen salarios y contribuciones sociales de los y las funcionarias se redujeron ¢1.555,3 millones en 2025 con respecto de 2024. El MINAE no pelea contra esto, si no que ayuda a disminuir y hasta anular sus competencias y capacidades, como lo hizo con el proyecto de ley 23.213 para su supuesto “fortalecimiento”, que lo que buscaba deliberadamente era mutilar el ministerio.

Ese debilitamiento a veces incluye chambonadas como la de “instalar una escalinata en los últimos metros de acceso a la cumbre del cerro Chirripó”. Esto es del todo inadmisible porque pretende alterar o intervenir un sitio cuyas características propias limitan el acceso. No todas las personas podemos llegar a todo lado, y esto no es discriminación de ningún tipo. Los ecosistemas nos ponen sus propias limitaciones, y eso es “natural”. Si queremos facilitar el ingreso a éstos, los cambios nunca deben impactarlos severamente; este es un principio elemental e ineludible de la conservación.

En el Chirripó, ciertamente el último tramo de subida a la cima es difícil. Hay personas que llegan a la base y no suben, otras lo intentan y no lo logran, otras suben de “4 patas”, y todo eso es parte de la aventura. Pero igual, se disfrutan otros sitios como Laguna Ditkevi, Valle de los Conejos, Valle de las Morrenas, Crestones, Sabana de los leones, etc., todos en lo alto del parque. Incluso Ventisqueros es muy difícil para algunas personas y no por eso debemos ponerle un pasamanos o una cortina metálica. No todas las personas llegamos a todo lado, ni seremos los hermanos Messner escalando la montaña Nanga Parbat.

Hace tiempo detuvimos la “mágica” idea de construir un teleférico en el Parque Nacional Chirripó que justificaban diciendo que era para dar acceso a más gente. Ningún argumento se sostenía porque no hay forma de justificar una alteración de alto impacto en un ecosistema tan frágil como este parque. Nunca presentaron ningún estudio técnico y, sin embargo, la Municipalidad de Pérez Zeledón lo aprobó. Con ese teleférico de más de 15 kilómetros ya el parque estaría desbordado de todo tipo de turistas y de seguro ya venderían comidas rápidas y gaseosas en la cima del Chirripó.

Los senderos en el Chirripó permanentemente se erosionan; tanto los tres principales de llegada como los de la cima. Pero, darles mantenimiento en lo que corresponde es muy diferente a alterarlos con construcciones que desvirtúan la naturaleza del parque en sí. Esto sólo puede estar asociado con el posible aumento de visitantes y los negocios que, eventualmente, mejoren para las empresas concesionarias que operan los servicios dentro del parque (ya de por sí abundan las quejas por el acaparamiento y reventa de entradas y costos exorbitantes para muchos bolsillos). Nada justifica el tipo de “facilidades” que pretende el ministro. Eso estimularía que más gente vaya y por tanto que aumente la presión sobre los ecosistemas. En terrenos escarpados como la cima del Chirripó, toda la fila Urán y en otros sitios similares, siempre se van a presentar cambios/erosión por agua, viento y movimientos de suelos. Esas son sus cualidades que el cemento ni otros materiales (aunque sean “amigables”) deben sustituir.

Una “escalinata” en la cima del Chirripó sería como que “arregláramos” el río Jäküii/Pacuare porque tiene rápidos peligrosos para mucha gente. En este caso el ministro podría meterle dragas y aplanarle el lecho para hacerlo suavecito y calmado y cambiar a rectas y llanas las orillas para que la gente pueda acercarse con más facilidad. Pero lo cierto es que es sencillamente absurdo pensar en alterar severamente las condiciones naturales de un ecosistema para hacerlo más accesible. No todo el mundo se anima a tirarse al agua en los rápidos categorías 2, 3, 4 y 5 del Jäküii, pero pueden navegar en aguas calmadas (¡de repente en las presas del río Reventazón que fue el más usado para rafting hasta que lo llenaron de represas como las dos más grandes: Angostura/174 megavatios y Reventazón/304 megavatios!). En su vida cada río moldea y rehace sus orillas y su lecho, de tal forma que los cambios son permanentes y “naturales”. Igual los cambios ocurren en cualquier otro ecosistema.

Estas “intervenciones” del MINAE provocan que otros parques nacionales, como el Manuel Antonio, ahora sea como una fiesta patronal o turno abarrotado, o si quieren un centro comercial repleto. Los números son lapidarios: en menos de un año la entrada subió de 1120 a 1568 personas y de 1800 personas que fue el tope hasta el 29 de mayo de 2024 a 2501 (701 más sólo en el último salto). Ya el año anterior la Sala IV había condenado al Estado por permitir que la visitación diaria al Parque Nacional Manuel Antonio se superara en un 267.9%. En el PN Manuel Antonio se sobrevenden las entradas de US$ 5,65 hasta en más de US$100. Las y los empleados del SINAC esculcan los bolsos de la gente en la entrada para que nadie meta ni un “guevo duro” y así no disminuir ni en un peso el negocio privado de comidas, ropa, artesanía y otros chunches, que está en el parque metido como un tórsalo (por cierto, re-caro y la comida de pésima calidad como se pude constatar con turistas de cualquier procedencia). Las multitudes abarrotan todas las playas y bosques y favorecen a quienes usufructúan con el patrimonio natural de Costa Rica privatizado en la práctica con el sexy apodo de “concesión”.

Aunque asuste coincidir con el ministro de Ambiente y Energía, está en lo cierto cuando anota que el PN Chirripó es de “gran importancia tanto desde el punto de vista ecológico, geológico y cultural, lo cual lo hace atractivo para la visitación turística”. Pero pare de contar, porque son esas atribuciones y cualidades del PN Chirripó las que lo hacen un sitio de altísima fragilidad. Si de ideas absurdas se trata, podrían incrustar una escalera eléctrica o un asensor en la llegada a la cima, lo cual implicaría clavar torres y tirar líneas de transmisión, ¡que sin duda llevarían progreso al páramo! Repito, no podemos llegar a todo lado y no debemos admitir propuestas demagógicas sobre más y mejores accesos, que lo que esconden es mayor mercantilización de nuestras áreas silvestres (des)protegidas.

El ministro debería estudiar o pedir que le expliquen todas las cualidades insustituibles del PN Chirripó y así tal vez deseche su escalerita (¡aunque pienso en Gandoca-Manzanillo y pierdo la ilusión pues está más que demostrado que los negocios y las ocurrencias le ganan a la inteligencia, la cordura y la conservación!).

¿Se necesita una ley para modificar los límites del Parque Braulio Carrillo y la Ruta 32?

Por Bloqueverde

En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:

Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.

No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.

Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.

Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.

Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.

Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.

No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.

Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.

Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.

Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen

En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.

Parlamento Cívico Ambiental desmiente información falsa y reafirma respaldo a su presidente Bernardo Aguilar González

San José, Costa Rica – 5 de setiembre de 2025

Ante la publicación reciente en medios digitales, titulada “Organizaciones piden destitución del presidente del Parlamento Cívico Ambiental”, el Parlamento Cívico Ambiental, integrado por 40 organizaciones, se ve en la obligación de aclarar y desmentir categóricamente la información difundida.

La noticia se basa en un documento presentado por únicamente cuatro organizaciones, que de manera unilateral y sin el consenso del plenario, pidieron la destitución del presidente del Parlamento, Bernardo Aguilar González, dejando la sensación de que se trataba de una solicitud respaldada por la totalidad de las organizaciones.

Esta información es inexacta y engañosa, pues la gran mayoría de las organizaciones miembro apoya de forma clara la labor y gestión del directorio y del actual presidente.

La verdad sobre la situación interna

  • El Parlamento está conformado por 40 organizaciones activas, las cuales mantienen su apoyo a la actual administración.
  • El grupo minoritario que impulsó esta solicitud ha intentado de forma reiterada perjudicar el trabajo colectivo, actuando por intereses particulares.
  • Bajo el liderazgo de Bernardo Aguilar durante los últimos tres años, el Parlamento ha pasado de ser una entidad nominal a convertirse en un espacio activo de análisis, dictamen y defensa de leyes y causas ambientales que benefician a todo el país.

Manifiesto en defensa de la integridad y transparencia

Hoy, la mayoría de las organizaciones que integran el Parlamento ha aprobado un Manifiesto en el que:

  1. Reafirma su voto de confianza en Bernardo Aguilar y en la gestión del actual directorio.
  2. Llama a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse confundir por campañas mediáticas basadas en datos falsos, y a respetar el trabajo voluntario y transparente de quienes integran este órgano.

Compromiso con la defensa del ambiente

El Parlamento Cívico Ambiental es un espacio voluntario y plural, donde las organizaciones trabajan sin ningún beneficio económico, dedicando tiempo y esfuerzo a la protección de los ecosistemas y comunidades a través de la revisión y dictamen de leyes socio-ambientales, así como la elaboración de manifiestos de incidencia.

Nuestro compromiso es con Costa Rica, la Casa Común y con las futuras generaciones, no con intereses particulares.

Reiteramos que las decisiones y posturas del Parlamento se toman siempre en procesos democráticos y representativos, guiados por la ética y la transparencia colectiva.