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Denuncian arrasamiento en “derecho de vía” de la Ruta 32 y exigen evaluación técnica y respuestas del MINAE y el MOPT

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La Asociación Conservacionista YISKI volvió a denunciar lo que califica como un arrasamiento indiscriminado de cobertura vegetal en el llamado “derecho de vía” de la Ruta 32, particularmente en tramos cercanos al Parque Nacional Braulio Carrillo, y exigió una evaluación técnica y científica independiente sobre los supuestos riesgos de deslizamiento utilizados para justificar las intervenciones.

Según informó María Elena Fournier, presidenta de YISKI, las fotografías tomadas el 6 de diciembre, entre las 10:36 y las 11:18 de la mañana, evidencian que las labores realizadas no distinguen entre zonas con riesgo real de deslizamiento y áreas donde, a criterio de la organización, no existía justificación técnica para la tala, lo que habría provocado una afectación generalizada del entorno.

Las imágenes —tomadas por N. Landry, con autorización expresa para su publicación— muestran extensos tramos sin cobertura vegetal, lo que, advierten, podría agravar procesos de erosión, afectar la fauna silvestre y comprometer la estabilidad ecológica del área protegida y su zona de influencia.

Falta de respuestas institucionales

De acuerdo con la denuncia, han transcurrido más de catorce días hábiles sin respuesta por parte del despacho del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, a quien señalan como máxima autoridad del ente rector en materia ambiental. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la consulta habría sido trasladada a una dependencia interna sin que, hasta el momento, exista una respuesta formal.

La denunciante cuestiona además la inestabilidad administrativa en el MOPT, con jerarcas en condición interina y constantes cambios, situación que —a su juicio— contribuye al abandono y desorden en la gestión de la red vial nacional, así como a la falta de rendición de cuentas.

Exigen criterios técnicos y fiscalización ambiental

Desde YISKI se insiste en que las intervenciones realizadas bajo el argumento de “derecho de vía” deben estar respaldadas por criterios técnicos y científicos claros, debidamente documentados y sujetos a fiscalización ambiental, en especial cuando se trata de áreas colindantes con parques nacionales y ecosistemas sensibles.

La organización espera pronunciamientos concretos del SINAC–MINAE, del Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) y de las autoridades responsables de la infraestructura vial, a fin de determinar quién autoriza, ejecuta y supervisa estas labores, y bajo qué parámetros.

Un conflicto que no es aislado

Esta nueva denuncia se suma a cuestionamientos previos documentados en SURCOS sobre la aplicación del concepto de “derecho de vía” en carreteras nacionales, particularmente en la Ruta 32, donde organizaciones ambientalistas han advertido sobre tala excesiva, ausencia de pasos de fauna y falta de transparencia en los procesos de decisión.

En esos antecedentes se ha señalado que el uso amplio y poco preciso de esta figura puede derivar en daños ambientales irreversibles, especialmente cuando no existe información pública clara ni evaluaciones independientes que sustenten las intervenciones.

YISKI reiteró que se mantendrá vigilante y que continuará recurriendo a los mecanismos legales y administrativos disponibles para defender el patrimonio natural y exigir responsabilidades a las autoridades competentes.

Balance socio ambiental 2025

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Por Mauricio Álvarez Mora
Docente UNA
Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios

El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica.

Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.

A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.

La violencia se reproduce además gracias a la impunidad y a discursos profundamente polarizantes que legitiman la hostilidad frente a cualquier forma de disenso. Este clima se expresa en un discurso abiertamente ecocida, sostenido tanto por el presidente como por sectores empresariales. Ya en 2024 se había registrado un aumento en la criminalización y los ataques contra organizaciones socioambientales; en 2025 esta tendencia continuó, materializándose en demandas judiciales contra personas comunicadoras e influencers, así como en múltiples expresiones de violencia simbólica dirigidas contra defensoras y defensores ambientales.

Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.

En el plano del debate público, se lograron avances importantes en la disputa de ideas. Se consolidó el rechazo social a la exploración petrolera y de gas, y se amplió la discusión crítica sobre los impactos de la gentrificación y la turistificación. En este contexto, se realizó el primer Encuentro Nacional y se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, una articulación inédita que conecta luchas locales en territorios como Guanacaste, Caribe, Talamanca y Puntarenas.

Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.

Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas, también se registraron avances significativos. La Universidad de Costa Rica aprobó el acuerdo CU-19-2024, que establece la realización anual, cada 7 de diciembre, de actividades institucionales en homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. En 2025, esta conmemoración reconoció a un amplio grupo de lideresas, líderes comunitarios, organizaciones y activistas que actualmente enfrentan amenazas, criminalización y persecución vinculadas a proyectos extractivos y políticas de despojo en territorios como Playa Pelada, la Fila Costeña, Punta Pelencho, Térraba, el Humedal de Coris, Cipreses de Oreamuno, Playa Cabuyal, Caribe Norte, Miramar y Belén.

Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.

Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.

Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.

Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.

Paralelamente, tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación. Más allá del debate público, estas tensiones se expresaron de forma concreta en los territorios: desalojos en Playa Pelada; críticas al modelo de “república independiente” en Papagayo; oposición al Plan Regulador de Talamanca; denuncias por la destrucción del Refugio Gandoca–Manzanillo, Playa Negra,  defensa de Punta Pelencho en Brasilito; y el fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. Prácticamente todas las regiones costeras del país registraron acciones de articulación y resistencia comunitaria.

Finalmente, se consolidaron luchas temáticas a lo largo del territorio nacional: resistencia contra nuevos rellenos sanitarios, Ojochal, Rio San Juan, Abangares, Pacifico Central, ,Caribe Norte, defensa de espacios naturales como el Parque Ross y el Santuario del Agua en Belén; protección de ríos como el Ario, el Frío y el Guacimal frente al extractivismo; y defensa de arrecifes como El Chino en Puerto Viejo y Jícaro en Bahía Culebra.

El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

La Contraloría General de la República aceptó y trasladó a fiscalización la denuncia sobre permisos de construcción en la Fila Costeña

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La tarde de hoy, la Contraloría General de la República notificó, mediante el oficio DFOE-DEC-9527, a las organizaciones sociales y a las diputaciones que respaldaron la denuncia, que esta fue trasladada al Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la institución.

Según indica el documento oficial, el traslado se realizó mediante el oficio DFOE-DEC-TI-00010-2025, con el objetivo de que la denuncia sea considerada como insumo para la planificación estratégica de los proyectos de fiscalización de dicha área. En términos prácticos, esto significa que la denuncia fue admitida y será tramitada por el área encargada de realizar investigaciones y procesos de control.

Tal como se señaló en el comunicado emitido el pasado 29 de octubre, la denuncia corresponde a una solicitud de investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio.

Es el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible es encargada de fiscalizar las funciones del Estado y el uso de los recursos públicos relacionados con los recursos naturales y con actividades que generan impactos ambientales -como el turismo, la pesca y la producción agrícola-, con el fin de promover una gestión de la Hacienda Pública orientada al equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del ambiente. Asimismo, le corresponde ejecutar procesos de fiscalización previa y posterior, emitir criterios vinculantes, y brindar asesoría y capacitación en las materias de su competencia.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Puede verse los antecedentes en esta nota de SURCOS:
https://surcosdigital.com/solicitan-a-contraloria-general-investigar-ala-municipalidad-de-osa-por-permisos-de-construccion-en-la-fila-costena/

Tribunal Ambiental ordena restauración de manglar y bosque tras 15 años de lucha contra Hotel RIU en Guanacaste

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Luego de más de quince años de denuncias, trámites y resoluciones incumplidas, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) resolvió dar con lugar a la denuncia ambiental contra el complejo Hotel RIU en Playa Matapalo, cantón de Carrillo, y ordenó la restauración del manglar y de áreas boscosas afectadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

La resolución —dictada en el expediente que se remonta al año 2009— reconoce como hechos probados la eliminación y relleno de ecosistemas de manglar, la alteración de vegetación arbórea y arbustiva, así como la modificación del curso de una quebrada, todo ello en zonas de dominio público y de protección especial.

De acuerdo con lo resuelto, y la información enviada a SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, el Tribunal estableció la responsabilidad solidaria de las empresas vinculadas al proyecto y de su representante, y ordenó eliminar los rellenos, devolver la zona a su estado original y presentar un plan técnico de restauración ecológica, con plazos concretos para su ejecución.

Un caso marcado por dilaciones y sentencias incumplidas

El fallo llega tras un prolongado proceso caracterizado por retrasos, a pesar de que la Sala Constitucional emitió al menos cuatro sentencias ordenando al Tribunal Ambiental dictar resolución definitiva en un plazo razonable, en apego al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.

En resoluciones reiteradas, la Sala advirtió sobre eventuales responsabilidades administrativas e incluso penales por desobediencia, ante el incumplimiento sistemático de lo ordenado. En uno de los episodios más recientes, incluso se dispuso testimoniar piezas al Ministerio Público para valorar la posible comisión del delito de desobediencia.

Las personas denunciantes y organizaciones ambientales han señalado que las dilaciones favorecieron, durante años, la consolidación de los daños ambientales, mientras el proyecto avanzaba y se anunciaban nuevas etapas constructivas en la zona.

Zona pública afectada y ecosistemas vulnerados

La documentación incorporada al expediente, incluyendo el plano oficial de la zona afectada, confirma que los daños ocurrieron dentro de la zona pública de la ZMT, en áreas identificadas como manglar, humedal y protección de cauces, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.

Los hechos probados incluyen la deposición de materiales de relleno, el enterramiento de mojones oficiales y la eliminación de cobertura vegetal, acciones que afectaron directamente funciones ecológicas esenciales y bienes de dominio público.

Vigilancia ciudadana y exigencia de cumplimiento

Organizaciones y personas denunciantes han señalado que, si bien la resolución representa un avance significativo, la verdadera prueba será su cumplimiento efectivo, por lo que han anunciado que se mantendrán vigilantes del proceso de restauración ordenado.

El caso es considerado emblemático por evidenciar las tensiones entre grandes proyectos turísticos, la institucionalidad ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano, así como las debilidades estructurales en la aplicación oportuna de la normativa ambiental.

CONCEVERDE denuncia complacencia municipal ante construcción ilegal en zona de protección

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El colectivo CONCEVERDE, junto con personas vecinas de San Rafael de Heredia, denunció nuevamente la inacción de la Municipalidad de San Rafael frente a la construcción de una obra levantada sin permisos y dentro de una zona especial de protección del Gran Área Metropolitana (GAM), en un terreno declarado inalienable según la Ley N.º 65 de 1888.

De acuerdo con el comunicado público, desde 2024 se viene alertando sobre el inicio de una edificación que, por sus características, mostraba ser una planta industrial o bodega, uso completamente incompatible con el régimen de suelo permitido. La Municipalidad colocó sellos de clausura al constatar la ausencia de licencia, pero la construcción continuó hasta su finalización, pese a la prohibición expresa.

El colectivo señala además un agravante: las áreas circundantes se utilizan como chatarrera de desechos de vehículos, actividad que implica manejo de aceites, combustibles y otros contaminantes que pueden afectar aguas superficiales y subterráneas, comprometiendo bienes de dominio público y el derecho colectivo a un ambiente sano.

Tras concluir las obras, la Municipalidad notificó al propietario la obligación de demoler lo construido ilegalmente. El responsable presentó un recurso de apelación y, paralelamente, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar para suspender la demolición. Sin embargo, de acuerdo con información comunicada por el propio alcalde, el Tribunal rechazó la medida cautelar, lo que habilitaba la ejecución inmediata del derribo.

A pesar de ello, la Municipalidad decidió no ejecutar la demolición, alegando que debía esperar la resolución sobre el fondo del recurso. Para CONCEVERDE, esta decisión constituye un acto de complacencia y negligencia que contradice la resolución judicial y confirma una serie de omisiones que han permitido la continuidad de obras ilegales en el cantón.

El colectivo sostiene que este caso no es aislado y se inscribe en un patrón de falta de fiscalización municipal, el cual afecta la legalidad urbanística, la protección ambiental y el interés público. Asimismo, recuerda que la zona donde ocurrió la construcción es parte de un territorio especialmente protegido para la recarga hídrica y la conservación paisajística del GAM, por lo que las autoridades locales tienen la obligación reforzada de actuar con diligencia.

CONCEVERDE reitera su llamado a que se cumpla la normativa ambiental y urbanística, se ejecute la demolición ordenada y se garantice la protección de los bienes públicos afectados.

Yiski cuestiona falta de fiscalización en tala dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

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La Asociación Conservacionista Yiski alertó nuevamente sobre la corta intensiva de árboles y cobertura boscosa que se realiza en el tramo de la Ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (sector Zurquí). Según denuncia su presidenta, María Elena Fournier, la intervención continúa ejecutándose bajo el argumento de “derecho de vía”, pero sin controles técnicos visibles, sin información pública clara y en sectores donde no hay evidencia de deslizamientos o emergencias viales que justifiquen una remoción de tal magnitud.

En su comunicación más reciente, Fournier señala que la situación avanza “demasiado rápido” y que se han cortado árboles en zonas que no presentan riesgo evidente, lo que podría generar afectaciones irreversibles en un ecosistema reconocido por su biodiversidad y sensibilidad ecológica.

La denuncia formal fue registrada ante el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), bajo el número 33035, y remitida además al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach; a la Auditoría del SINAC; y al Área de Conservación Central (ACC). En la presentación, Fournier solicita aclarar quién está fiscalizando los trabajos y bajo qué criterios técnicos se autorizó la intervención en un área protegida donde la legislación exige supervisión estricta.

Preocupación por limitaciones al acceso a información pública

En los correos dirigidos al MINAE y al SINAC, Fournier cuestiona que el sistema SITADA no permite solicitar información urgente, pues únicamente está diseñado para registrar denuncias. Subraya que la ciudadanía tiene derecho a recibir información completa, oportuna y verificable sobre decisiones que afectan bienes de dominio público, especialmente cuando se trata de un parque nacional.

Señala además que las respuestas institucionales insisten en redirigir todo trámite al SITADA, sin atender de manera directa la consulta central: quién supervisa la tala y bajo qué justificación técnica se está realizando.

Impactos en el ecosistema del Zurquí

De acuerdo con los antecedentes aportados por Yiski y especialistas en derecho ambiental, esta intervención se suma a presiones acumuladas sobre el ecosistema:

  • ruido constante y tránsito pesado,
  • contaminación por combustibles,
  • iluminación artificial continua,
  • ausencia de pasos de fauna,
  • disminución de especies sensibles, como ranas de cristal,
  • interrupción de corredores biológicos utilizados por aves, mamíferos y otros organismos que se desplazan sin tocar el suelo.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin recordó en el documento anterior que cortar árboles sin prever medidas de conectividad, como puentes de lianas, afecta directamente la movilidad de especies que dependen de la continuidad del dosel forestal.

Solicitudes planteadas a las autoridades

La Asociación Conservacionista Yiski insiste en tres puntos fundamentales:

  1. Detener temporalmente la corta hasta contar con un análisis técnico verificable.
  2. Aclarar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  3. Garantizar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la normativa de áreas silvestres protegidas.

La organización advierte que continuará recurriendo a los mecanismos institucionales disponibles, incluyendo acciones constitucionales, si la información solicitada no es entregada dentro de los plazos legales.

Manifiesto sobre la crisis ecológica derivada de fumigaciones agrícolas en la región Caribe

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Diciembre 2025 – Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental, en representación de las 39 organizaciones que componemos este foro, nos unimos a las comunidades, científicos, pescadores artesanales, guardianes territoriales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los ecosistemas de Costa Rica, en declarar nuestra profunda alarma y condena ante la reciente mortandad masiva de peces, aves y cocodrilos registrada en Barra de Pacuare, Laguna Madre de Dios y zonas aledañas de la costa Caribe.

Este episodio, denunciado públicamente por comunidades locales y registrado en fotografías y testimonios directos, no constituye un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un patrón histórico de contaminación asociado al uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y agroquímicos altamente tóxicos provenientes de plantaciones bananeras y piñeras cuyos sistemas de drenaje colapsan o rebalsan con las lluvias.

Denunciamos

  • La existencia de un modelo agrícola industrial en el Caribe costarricense en este caso, pero presente en otros lugares del país también, que, desde hace décadas, envenena ríos, lagunas, humedales y mares, vulnerando derechos humanos, comunitarios y ambientales fundamentales.

  • La falta sistemática de controles efectivos por parte del Estado, permitiendo que corporaciones agrícolas operen bajo esquemas que priorizan su rentabilidad sobre la salud pública y la integridad ecológica.

  • El silencio institucional y la negligencia que, pese a reportes recurrentes, ha normalizado la muerte de fauna silvestre, la afectación a trabajadores y la contaminación de acuíferos y zonas de reproducción de peces.

Esta tragedia ocurre precisamente durante periodos de desove, intensificando el riesgo de colapso pesquero para comunidades que dependen del mar, de los humedales para su sustento y el alto riesgo de envenenamiento de comunidades aledañas y vida silvestre, por el consumo de peces contaminados.

Razón por la que exigimos

  1. Una investigación inmediata, independiente y con participación ciudadana liderada por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que determine las causas exactas, la cadena de responsabilidades y las consecuencias ecológicas y socioeconómicas del evento.

  2. La suspensión temporal de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas donde existan riesgos de escorrentía hacia cuerpos de agua, mientras avanza la investigación.

  3. La aplicación estricta del principio precautorio, incorporando monitoreo permanente de calidad de agua en ríos, canales y lagunas.

  4. Sanciones ejemplares a las personas o empresas responsables del vertido o manejo inadecuado de químicos por parte de las instancias gubernamentales y judiciales que deben cumplir con su deber de hacerlo.

  5. La acción y seguimiento urgente por parte de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que regulen estas actividades y castiguen con mayor severidad acciones como éstas.

  6. La formulación de un Plan Nacional de Transición Agroecológica que erradique gradualmente los insumos que hoy ponen en riesgo la vida silvestre y humana.

Y reafirmamos

  • Que la salud de los ecosistemas es inseparable de la salud del país.

  • Que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una reputación ambientalista mientras tolera prácticas agrícolas que destruyen su biodiversidad y envenenan a su gente.

  • Que la protección de la vida marina, de los humedales y de las especies emblemáticas del Caribe no es opcional: es un deber moral, constitucional (conforme lo establece nuestro Artículo 50 de la Constitución Política) y generacional.

Proclamamos

Este manifiesto se eleva en nombre de la vida silvestre asesinada de las comunidades que han soportado décadas de toxicidad impuesta, de los pescadores que hoy ven morir los ciclos que sostienen su economía y cultura, y de todos los costarricenses que exigen un país coherente, justo y verdaderamente comprometido con la protección ambiental.

El Parlamento Cívico Ambiental pone este documento a disposición de las organizaciones, asociaciones pesqueras y colectivos territoriales para su validación, adhesión y fortalecimiento.

Porque sin agua limpia, no hay vida, porque sin vida silvestre, no hay futuro y
porque sin justicia ambiental, no hay una Costa Rica como la que anhelamos

Acordado el 6 de diciembre de 2025 por votación unánime.

Por el Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidencia
Victoria Rudín Vega. Vicepresidencia
Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría
Patricia Corrales López. Segunda Secretaría a.i.

Organización ambiental cuestiona a la Contraloría por omitir pasos de fauna en ampliación de la Ruta 1

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La Asociación Conservacionista Yiski, por medio de su presidenta María Elena Fournier, cuestionó a la Contraloría General de la República (CGR) ante la ausencia de información sobre pasos de fauna subterráneos y aéreos en el proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional n.° 1, sección Barranca–Limonal, recientemente refrendado por la institución fiscalizadora.

El mensaje fue enviado directamente al equipo de prensa de la CGR, con copia a diversas personas y organizaciones, expresando preocupación por el incumplimiento de obligaciones ambientales esenciales que Costa Rica ha asumido internacionalmente.

Una omisión incompatible con los compromisos de conservación

Fournier recuerda que Costa Rica ha firmado y ratificado múltiples convenios internacionales vinculados con la protección de la biodiversidad y la vida silvestre. Sin embargo, en la práctica, miles de animales mueren cada año en las carreteras del país por atropellos evitables.

En su comunicación, plantea una pregunta central:

“¿Están contemplados también, en esta rehabilitación y ampliación de Ruta Nacional No. 1 y otras mencionadas, los pasos de fauna subterráneos y aéreos?”

Subraya que la ampliación vial sin medidas de conectividad ecológica representa una grave falta de alineación con compromisos ambientales vigentes y con el deber estatal de protección de la fauna silvestre.

El refrendo de la CGR y la ausencia del componente ambiental

El comunicado enviado por Xinia Valverde Corrales, de la CGR, informaba que la entidad refrendó dos contratos para ampliar la Ruta 1 a cuatro carriles, adjudicados a:

  • Consorcio Barranca Ruta 1, por más de 121 millones de dólares, más servicios especializados.

  • Constructora Meco S. A., por más de 141 millones de dólares, más servicios especializados.

La CGR indicó haber verificado requisitos legales, técnicos, estudios de preinversión y disponibilidad de terrenos, pero no menciona en ningún punto el componente ambiental relacionado con la conectividad de fauna, un aspecto indispensable para obras dentro de un país megadiverso y con compromisos internacionales de conservación.

Un llamado urgente a la fiscalización ambiental

La Asociación Yiski insiste en que la rehabilitación y ampliación de la Ruta 1 debe incorporar de manera obligatoria:

  • Pasos de fauna aéreos y subterráneos en los tramos necesarios.

  • Respeto a la legislación y normativa ambiental vigente.

  • Coherencia con los compromisos internacionales de conservación firmados por Costa Rica.

Fournier concluye su mensaje recordando la urgencia de detener la mortalidad de fauna silvestre en las carreteras y la responsabilidad institucional de evitar proyectos viales que profundicen esta crisis ecológica.

Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral

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  • FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.

(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.

La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:

Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.

Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.

Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.

Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.

La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.

Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.

El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.

Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.

Denuncian tala indiscriminada en el “derecho de vía” del Parque Nacional Braulio Carrillo

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La Asociación Conservacionista Yiski -junto con otras personas especialistas en derecho ambiental- alertó sobre una corta intensiva de árboles y cobertura boscosa en la Ruta 32, en el tramo que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (Zurquí). La intervención estaría siendo realizada bajo el criterio de “derecho de vía”, pero —según denuncian— se estaría aplicando sin controles adecuados, sin criterios técnicos claros y en zonas que no corresponden a deslizamientos ni emergencias viales.

La denuncia fue dirigida al presidente Rodrigo Chaves, al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, al Área de Conservación Central (ACC), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al ministro de Obras Públicas y Transportes, Pablo Camacho, solicitando explicaciones urgentes y una fiscalización inmediata.

¿Qué se está denunciando?

Según expone María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, en su comunicación oficial:

  • La corta observada la semana pasada incluye árboles de todo tamaño, en sectores donde no existe justificación por deslizamientos.
  • La intervención se estaría realizando sin supervisión visible, sin límites claros y sin presencia de funcionarios que garanticen criterios técnicos o ambientales.
  • Se califica la acción como abuso de autoridad y falta de conciencia ambiental, debido al impacto directo sobre uno de los ecosistemas más biodiversos del país.

Impactos señalados sobre el ecosistema del Zurquí

En el texto se advierte que esta corta se suma a una serie de presiones acumuladas sobre la zona:

  • Contaminación por combustibles fósiles.
  • Ruido excesivo por parte de transportistas.
  • Iluminación artificial continua.
  • Ausencia de pasos de fauna aéreos y subterráneos.
  • Reducción visible en la presencia de especies sensibles, como las ranas de cristal.

Según Fournier, estas presiones, sumadas a una tala indiscriminada en la zona boscosa, profundizan la afectación sobre anfibios, aves y fauna que depende de la conectividad del bosque.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin reforzó la preocupación señalando que:

  • Muchas especies del Parque Nacional Braulio Carrillo se movilizan sin tocar el suelo, utilizando las ramas frondosas que cruzan sobre la carretera como corredores naturales.
  • Cortar estos árboles sin prever puentes de lianas u otras estructuras de conectividad biológica implica romper los corredores y poner en riesgo a numerosas especies.
  • Boeglin cuestiona que las autoridades actúen sin considerar las obligaciones ambientales y recuerda que la Sala Constitucional ya ha establecido criterios claros sobre la protección del área en sentencias previas.

Petición urgente

  • Detener de inmediato la tala hasta contar con un análisis técnico verificable.
  • Explicar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  • Asegurar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la legislación de áreas silvestres protegidas.

La carta de María Elena Fournier concluye insistiendo en que la situación requiere atención inmediata para evitar daños irreversibles en un parque nacional reconocido por su extraordinaria biodiversidad.