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UCR expresa profunda preocupación por posible tala de árboles en Playa Panamá y llama a revisar el modelo turístico de Papagayo

• UCR promoverá estudios científicos
• Exige a las instituciones gubernamentales cumplir la legislación ambiental vigente
• Expresa solidaridad con personas comunicadoras y líderes comunales que han sido víctimas de persecución

San José, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su profunda preocupación ante la posible tala rasa de 748 árboles de 22 especies distintas autorizada en Playa Panamá, Guanacaste, como parte de la primera fase de un proyecto turístico e inmobiliario que contempla la construcción de hoteles, residencias y otras infraestructuras dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Mediante un acuerdo aprobado hoy 18 de junio de 2026, el Consejo Universitario advirtió sobre los potenciales impactos ambientales que podría generar la eliminación de esta cobertura arbórea, tanto para la biodiversidad como para los ecosistemas y la vida silvestre asociada a la zona.

La Universidad recordó que existen criterios técnicos que señalan que el área donde se pretende desarrollar el proyecto podría corresponder a un bosque ubicado en terrenos estatales administrados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), condición que le otorgaría la categoría de patrimonio natural del Estado y, por tanto, una protección especial bajo la legislación nacional.

“Ante la existencia de criterios contrapuestos sobre la naturaleza del área intervenida, la Universidad considera fundamental que prevalezca el rigor científico y el análisis técnico independiente”, señala el acuerdo.

Por esta razón, la UCR instó a sus unidades académicas especializadas en biología, ecología, geografía y gestión ambiental a valorar la realización de estudios científicos que permitan determinar si el terreno donde se autorizó la tala reúne las características necesarias para ser clasificado legalmente como bosque.

La Universidad enfatizó que la posible eliminación de 748 árboles podría ocasionar daños graves e incluso irreversibles sobre los ecosistemas locales, afectando especies de flora y fauna que dependen de estos hábitats.

Asimismo, destacó que la conservación de los recursos naturales constituye uno de los principales activos de la región y una de las bases fundamentales de la actividad turística en Guanacaste. En ese sentido, advirtió que la pérdida de cobertura forestal podría comprometer los mismos valores paisajísticos y ambientales que sustentan el atractivo turístico del territorio.

Como parte del acuerdo, la UCR hizo un llamado al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para que garanticen el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de la biodiversidad.

La Universidad recordó que el artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado de garantizar su protección.

El acuerdo también expresa solidaridad con personas comunicadoras, activistas y líderes comunales que han denunciado posibles irregularidades relacionadas con el proyecto y que, según se ha señalado públicamente, enfrentan situaciones de persecución y presiones derivadas de su labor de denuncia ambiental.

Sobre este punto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ciencias Sociales, Dra. Ilka Treminio Sánchez, señaló que “en los últimos años se ha producido persecución contra personas defensoras del ambiente y contra quienes se enfrentan a este tipo de procesos, en los que las empresas dominan los negocios y también buscan determinar el uso y disfrute de las playas y los recursos naturales. Prueba de ello es que precisamente la próxima semana se realizará el juicio contra el influencer Juan Bautista Alfaro, quien ha defendido con mucha fuerza y valentía los recursos naturales de Playa Panamá”.

La UCR reafirmó que toda persona tiene el derecho constitucional de denunciar acciones que puedan afectar el ambiente sin ser objeto de represalias, así como de exigir la reparación de los daños ocasionados.

Más allá del caso específico de Playa Panamá, la Universidad considera necesario abrir una discusión nacional sobre el modelo de desarrollo impulsado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

El Consejo Universitario señaló que la Ley Reguladora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, vigente desde 1982, responde a una visión de desarrollo propia de otra época y requiere ser analizada a la luz de los actuales desafíos ambientales, sociales y territoriales.

En este contexto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ingeniería, Dra. Natalia Solano Meza, afirmó que “como concesión territorial, el Polo Turístico de Papagayo lleva detrás una visión de desarrollo que implica despojo de tierras, daño ambiental, gentrificación y, como bien lo señala el dictamen, turistificación. Esta concesión funciona, sin lugar a dudas, bajo una lógica similar a la de los enclaves productivos de los siglos XIX y XX en Costa Rica, y además pone en riesgo la capacidad del Estado costarricense para regular el impacto ambiental de estos proyectos”.

La Universidad considera necesario evaluar de forma integral los costos y beneficios del modelo turístico predominante en la región, incorporando criterios de sostenibilidad ecológica, participación comunitaria, justicia social y protección de los territorios.

Foto con fines ilustrativos, archivo OCI UCR.

Asociación conservacionista solicita revisar nombramiento en SETENA y designar una persona con trayectoria intachable

La Asociación Conservacionista Yiski remitió una carta dirigida a la presidenta de la República, Laura Fernández, y a la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro, en la que solicita revisar y anular el nombramiento de Ulises Álvarez Acosta como secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y designar en su lugar a una persona que, según la organización, reúna condiciones de idoneidad y una trayectoria profesional intachable.

La carta está firmada por María Elena Fournier S., presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, organización fundada en 1990. En el documento, la organización manifiesta su preocupación por la designación realizada por el Ministerio de Ambiente y Energía y solicita que el Gobierno reconsidere dicha decisión.

Según la misiva, la petición se fundamenta en que la persona nombrada mantiene una causa penal que, de acuerdo con la información citada por la organización, no habría concluido. La asociación considera que, dada la naturaleza de las funciones de SETENA, el cargo debe ser ocupado por una persona que genere plena confianza pública y garantice objetividad y ética profesional en la toma de decisiones.

La organización adjuntó a su carta información procedente de una publicación periodística nacional y otros antecedentes recopilados por sus integrantes, en los que se hace referencia a una investigación judicial relacionada con el denominado caso Comején. La carta señala que la situación genera inquietud en sectores de la sociedad civil respecto a los criterios utilizados para la designación del puesto.

En el documento, la Asociación Conservacionista Yiski solicita a la Presidencia de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía que valoren la revocatoria del nombramiento y procedan a seleccionar a una persona que posea una trayectoria profesional y ética acorde con las responsabilidades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

La agrupación indicó que espera una respuesta favorable a su gestión y reiteró su interés en que las instituciones públicas actúen bajo principios de transparencia, ética y confianza ciudadana.

Solicitan declarar nulos 209 permisos de uso de suelo otorgados en el área de influencia del Refugio Gandoca-Manzanillo

Marco Vinicio Levy Virgo presentó una denuncia formal ante la Municipalidad de Talamanca, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Ambiental, mediante la cual solicita la declaratoria de nulidad absoluta de 209 permisos de uso de suelo otorgados entre marzo de 2014 y enero de 2019 en la zona marítimo-terrestre comprendida entre Cocles y Manzanillo.

La gestión se fundamenta en una certificación emitida por la Secretaría del Concejo Municipal de Talamanca, según la cual durante ese período fueron aprobados 209 permisos de uso de suelo en terrenos ubicados dentro del área de influencia del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Según la denuncia, dichos permisos fueron otorgados a personas físicas y jurídicas para la ocupación y, en múltiples casos, la explotación comercial de terrenos localizados en una zona considerada de dominio público estatal y vinculada a un área silvestre protegida. El documento sostiene que tales autorizaciones habrían sido emitidas sin la participación de las autoridades competentes en materia de áreas protegidas.

Levy argumenta que existe una amplia base jurisprudencial relacionada con ocupaciones y explotaciones comerciales en esa misma zona. Entre las resoluciones citadas se encuentran las sentencias N.º 178-2002, 286-2003, 285-F-04 y 220-2007, esta última relacionada con el conocido caso del Hotel Las Palmas, ubicado en Punta Uva. De acuerdo con la denuncia, estas resoluciones confirmaron la ilegalidad de determinadas ocupaciones dentro del refugio y consolidaron criterios sobre la protección del dominio público y de las áreas silvestres protegidas.

Como respaldo adicional, el denunciante incorpora documentación histórica relacionada con el caso Hotel Las Palmas. Entre ella figura una gestión presentada ante la Contraloría General de la República en julio de 2008 por la Asociación de Desarrollo para la Ecología, en la cual se señalaba que existían resoluciones judiciales firmes cuya ejecución seguía pendiente a pesar de haber sido confirmadas por los tribunales.

Asimismo, se aportan oficios de la Procuraduría General de la República y del SINAC correspondientes al año 2008. En ellos se hace referencia a procesos judiciales y administrativos relacionados con el Hotel Las Palmas y a la necesidad de ejecutar actuaciones vinculadas con el desalojo y la protección de los bienes públicos ubicados dentro del refugio.

La denuncia sostiene que los 209 permisos presentan varias causales de nulidad absoluta. Entre ellas menciona la supuesta incompetencia de la Municipalidad de Talamanca para autorizar usos dentro de un refugio nacional de vida silvestre, la violación del régimen jurídico de los bienes de dominio público, el desconocimiento de resoluciones judiciales firmes, la desviación de poder y el eventual abuso del derecho.

El documento también señala que los actos cuestionados afectarían normas de orden público ambiental y el régimen demanial del Estado, razón por la cual solicita que se declare la nulidad absoluta e insanable de todos los permisos otorgados entre 2014 y 2019.

Entre las medidas solicitadas figuran la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de los permisos, la prohibición de emitir nuevas autorizaciones derivadas de ellos, la realización de inspecciones técnicas y la paralización de obras o actividades desarrolladas al amparo de dichos permisos. También se solicita una auditoría integral de los permisos otorgados en áreas protegidas y zonas de dominio público desde 2014 hasta la actualidad, así como la remisión de información a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Ambiental para determinar eventuales responsabilidades.

Como prueba documental, la gestión incorpora la certificación municipal sobre los 209 permisos, las sentencias judiciales relacionadas con el caso Hotel Las Palmas y documentación histórica vinculada con actuaciones de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el SINAC.

Causa Sur convoca a acuerpar a activista ambiental Juamba durante juicio por denuncias sobre Playa Panamá

La organización Causa Sur hizo un llamado a la ciudadanía, organizaciones sociales y personas defensoras del ambiente a acompañar al activista ambiental conocido como Juamba durante las audiencias judiciales programadas para el próximo 26 de junio en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

Según la convocatoria, el proceso judicial surge a raíz de denuncias realizadas por Juamba en 2025 sobre presuntos daños ambientales, tala irregular y afectaciones al bosque en Playa Panamá, Guanacaste, vinculadas al megaproyecto turístico Bahía Papagayo de Enjoy Hotels.

De acuerdo con la información divulgada por Causa Sur, tras visibilizar públicamente esta problemática, la desarrolladora turística presentó demandas en su contra y promovió un embargo preventivo sobre sus cuentas y bienes.

La organización sostiene que el caso trasciende la situación individual del activista y representa una preocupación para quienes defienden el ambiente, los territorios y la libertad de expresión. En ese sentido, considera que las acciones judiciales emprendidas contra Juamba constituyen un intento de desalentar la denuncia ciudadana frente a posibles afectaciones ambientales.

Por esta razón, Causa Sur convoca a manifestar solidaridad y respaldo durante las audiencias previstas para el viernes 26 de junio, con el objetivo de acompañar al activista y reafirmar el apoyo a las personas que participan en la defensa de los bienes naturales y los territorios.

La actividad de acompañamiento se realizará en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón en dos horarios: a las 7:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde.

Bajo la consigna “Defendemos a quienes defienden los territorios”, la organización invita a asistir, compartir la convocatoria y sumarse a las acciones de solidaridad con quienes promueven la protección ambiental y la participación comunitaria.

Datos de la convocatoria

Lugar: Tribunales de Justicia, Pérez Zeledón.
Fecha: Viernes 26 de junio de 2026.
Horarios: 7:30 a.m. y 1:30 p.m.

“Este caso no es solo contra Juamba; es un intento de silenciar la defensa comunitaria y la libertad de expresión en nuestro país”, señala la convocatoria difundida por Causa Sur.

Abejas buitre plantean nuevas preguntas sobre la transformación de paisajes tropicales

Una investigación desarrollada en Sarapiquí documentó 13 especies de abejas sin aguijón que utilizan carroña como parte de su dieta. Mientras las abejas continúan siendo asociadas casi exclusivamente con flores y miel, en los bosques tropicales de Costa Rica algunas especies son capaces de cambiar su dieta, adaptarse a entornos alterados y sobrevivir utilizando recursos que, hasta hace poco, parecían impensables para una abeja.

En los bosques de Sarapiquí hay abejas que llegan a las flores, pero también a restos de animales en descomposición. Algunas cortan pequeños fragmentos de carne y los transportan hasta sus colonias. Otras se alimentan directamente sobre la carroña. Estas abejas son conocidas como abejas necrófagas o “abejas buitre”, y su comportamiento es poco conocido, incluso en el mundo científico.

Una investigación, desarrollada en la zona norte de Costa Rica, identificó al menos 13 especies de abejas sin aguijón que utilizan tejidos animales en descomposición como recurso alimenticio. El hallazgo amplía lo que se conocía hasta ahora sobre este comportamiento y plantea nuevas preguntas sobre la manera en que las abejas responden a la transformación de los paisajes tropicales.

El estudio forma parte del proyecto Abejas buitre en Costa Rica: detección, ecología y comportamiento, liderado por Carolina Esquivel Dobles, investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, junto con Laura L. Figueroa Amaya, de la Universidad de Massachusetts Amherst.

Aunque puede parecer extraño el asociar abejas con carne en descomposición, las investigadoras explican que el fenómeno tiene raíces evolutivas.

“Las abejas evolucionaron hace millones de años a partir de avispas, y las avispas son carnívoras”, explicó Esquivel. “Con las abejas necrófagas obligadas, o sea, las que solamente comen carroña y no comen polen, todavía no sabemos si mantuvieron la dieta que tenían sus ancestros o si, como el resto de las abejas, primero se especializaron en polen y posteriormente evolucionaron hacia el uso de recursos animales”.

La investigación se desarrolló a lo largo del Corredor Biológico San Juan – La Selva, en un gradiente que incluyó bosque primario, bosque secundario y zonas agrícolas. En total se evaluaron 20 sitios donde se colocaron cebos de pollo crudo para registrar qué especies visitaban el recurso y con qué frecuencia.

Se registraron más de 200 individuos que visitaron los cebos, y además se documentaron visitas sobre carroña natural, heces y flores.

Las observaciones mostraron que no todas las especies utilizan el recurso de la misma manera. Algunas cortan fragmentos de tejido animal y los transportan hasta sus colonias, mientras otras consumen la carne directamente en el sitio. Pero uno de los hallazgos más importantes, de acuerdo con las investigadoras, fue descubrir que varias especies mantienen dietas flexibles. Es decir, no abandonan por completo las flores, sino que combinan recursos florales con recursos de origen animal dependiendo de las condiciones del entorno.

Foto Randall Montoya.

“Con respecto al grupo de las abejas facultativas, que son estas que sí comen polen y néctar, pero también visitan la carroña, realmente hay más especies de esas que de las obligadas”, detalló Esquivel.

En el mundo hay solo tres especies de abejas necrófagas obligadas, el estudio encontró una de ellas: Trigona necrofaga. Las demás abejas que se encontraron son “omnívoras”; no se sabía que algunas de ellas visitaban carroña. Son nuevos registros.

La investigadora explicó que una de las hipótesis que intentan comprender está relacionada con la competencia por recursos alimenticios. “Se cree que puede ser por el tema de la competencia. Entonces utilizan también ese recurso como una manera de complementar la dieta”, comentó. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora también muestran que el fenómeno es más complejo de lo esperado. “Para nuestros resultados, la presencia de flores no afectó cuánto visitaban las abejas los cebos de pollo”, agregó.

Estos resultados no respaldan el planteamiento inicial de que las abejas recurrían a la carroña únicamente cuando las flores escaseaban. Aunque la investigación sugiere que la carroña podría funcionar como complemento nutricional en paisajes transformados por la agricultura o la pérdida de bosque, la mayor diversidad de abejas en los cebos se registró en sitios boscosos. Esto indica que los bosques siguen siendo fundamentales para estas especies, probablemente porque les proporcionan recursos esenciales como sitios de anidación. Los resultados muestran que estas abejas tienen una flexibilidad mucho mayor de la que se pensaba. Para las investigadoras, el comprender cómo modifican sus hábitos alimentarios ayuda también a entender los efectos de la fragmentación del bosque sobre especies clave para la polinización y el funcionamiento de los ecosistemas.

En los últimos años, las poblaciones de polinizadores han enfrentado presiones asociadas a la pérdida de hábitat, el cambio climático y la transformación acelerada de los paisajes tropicales. En ese contexto, investigaciones como esta permiten observar estrategias poco conocidas que podrían estar funcionando como mecanismos de supervivencia.

El proyecto cuenta además con la participación de María Fernanda Rojas Campos, estudiante que desarrolla su tesis de licenciatura bajo la modalidad de pasantía. Su trabajo dentro de la investigación le ayudó a obtener nuevas oportunidades académicas, pues fue seleccionada por la Universidad de Massachusetts para realizar su doctorado sobre este tema.

Este estudio cuenta también con la colaboración de Quinn McFrederick, de la University of California Riverside, y James Crall, de la University of Wisconsin–Madison. El trabajo de campo se realiza en Sarapiquí con apoyo del Refugio Lapa Verde, donde Randall A. Montoya Solano colabora en las actividades de investigación.

Además, la estudiante participante recibió becas de estadía otorgadas por el Refugio Lapa Verde y la Organization for Tropical Studies, en La Selva Biological Station.

Foto Randall Montoya.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Programa Alternativas debatirá la construcción de un tejido latinoamericano en ecología política

El programa Alternativas, espacio de análisis y reflexión impulsado por el colectivo Reflexión-Acción, dedicará su próxima edición a discutir el papel de la ecología política en América Latina y los desafíos de construir articulaciones regionales frente a las problemáticas socioambientales contemporáneas.

Bajo el título “¿Para qué un tejido latinoamericano en ecología política?”, el programa reunirá a especialistas provenientes de distintos países y disciplinas para analizar los aportes de este campo de estudio al debate sobre ambiente, territorio, cultura, economía y justicia social.

La actividad se realizará el 12 de junio de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de las plataformas de Facebook Live, YouTube y Spotify.

El panel estará integrado por:

  • Ayar Arawi Guanotuña Chusin, agrónomo y estudiante de la maestría en Ecología Política.

  • Martina Inés Casás Pino, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ecología Política.

  • Karina Nieves Marcano, licenciada en Química y magíster en Ecología Política.

  • Danissa Álvarez Salazar, lingüista y magíster en Ecología Política.

  • Álvaro Céspedes, sociólogo y magíster en Ecología Política.

La propuesta busca reflexionar sobre la necesidad de fortalecer redes de intercambio y colaboración entre personas investigadoras, profesionales, estudiantes y activistas de distintos países latinoamericanos que trabajan en torno a los conflictos socioambientales, la defensa de los territorios, la sostenibilidad y las relaciones entre sociedad y naturaleza.

El programa Alternativas se ha consolidado como un espacio de diálogo interdisciplinario que promueve el análisis crítico de los principales desafíos sociales, políticos, culturales y ambientales de la región, mediante la participación de especialistas y actores sociales de diversos ámbitos.

La transmisión contará además con el apoyo de las emisoras amigas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución de CONACOOP, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias 97.3 FM, que colaboran en la difusión de los contenidos del programa.

La actividad está abierta al público interesado en las temáticas ambientales, territoriales y sociales, así como a estudiantes, docentes, organizaciones comunitarias y personas vinculadas a los debates sobre ecología política en América Latina.

Ciudadano solicita anular permisos y acciones administrativas en proyecto Puket con base en informe técnico del Tribunal Ambiental Administrativo

El ciudadano y activista ambiental Marco Vinicio Levy Virgo presentó un requerimiento formal ante diversas instituciones públicas para que adopten medidas inmediatas en relación con el denominado Proyecto Puket, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y para que se declare la nulidad absoluta de cualquier acto administrativo que haya permitido intervenciones en el área desde el año 2011.

La gestión, dirigida al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Municipalidad de Talamanca y a la Contraloría General de la República, se fundamenta en un informe técnico elaborado por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) tras una inspección realizada en abril de 2011.

Según el documento presentado por Levy Virgo, el informe técnico TAA-DT-0048-011 constituye una prueba oficial del propio Estado que determinó hace más de una década que la propiedad inspeccionada se encuentra dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, que parte de los terrenos corresponden al Patrimonio Natural del Estado y a zona restringida de la zona marítimo-terrestre, y que en el sitio existían condiciones de bosque y humedal.

El informe también documentó alteraciones ambientales significativas, entre ellas la corta de sotobosque, la construcción de canales de drenaje, la introducción de pastos y especies exóticas y la preparación de terrenos para cambios de uso de suelo en aproximadamente 9,1 hectáreas.

De acuerdo con la exposición presentada, el informe técnico del Tribunal Ambiental Administrativo concluyó que el área afectada conserva características propias de bosque y humedal, pese a las intervenciones realizadas, y que parte de las acciones observadas respondían a prácticas recurrentes en la región para transformar ecosistemas naturales en terrenos aptos para otros usos.

Con base en estos hallazgos, Levy sostiene que las instituciones públicas contaban desde 2011 con información suficiente para actuar en defensa del área protegida y que la falta de acciones efectivas durante más de una década podría generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para las autoridades competentes de distintas épocas.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la paralización inmediata de cualquier obra o actividad en el área objeto del informe, la adopción de medidas cautelares por parte del SINAC, la reactivación o continuación de procedimientos administrativos en el Tribunal Ambiental Administrativo, la revisión de eventuales servicios públicos brindados en la zona y una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre posibles omisiones institucionales.

Asimismo, el documento plantea la solicitud de declarar la nulidad absoluta de cualquier permiso, autorización, concesión o acto administrativo emitido con posterioridad al informe técnico de 2011 que haya permitido construcciones, cambios de uso del suelo, infraestructura u otras intervenciones en el área analizada.

La gestión forma parte de una serie de acciones ciudadanas relacionadas con la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde distintos sectores han venido cuestionando actuaciones estatales y decisiones administrativas vinculadas con el manejo de territorios protegidos, humedales y zonas de patrimonio natural.

En su escrito, Levy Virgo solicita respuestas institucionales dentro de plazos específicos y advierte que, de no obtenerlas, se reserva el derecho de acudir a distintas vías legales y administrativas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de protección ambiental establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense.

SURCOS ha dado seguimiento durante los últimos meses a diversas gestiones, denuncias y resoluciones relacionadas con la protección ambiental en Gandoca-Manzanillo, un territorio que continúa generando debate nacional por la conservación de sus ecosistemas, humedales y áreas protegidas.

APREFLOFAS estrena podcast con llamado a no alimentar la fauna silvestre

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) presentó el primer episodio de su nuevo podcast Seres Endémicos, una iniciativa desarrollada junto con Cucumelo Films para promover la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y la protección de la vida silvestre en Costa Rica.

El episodio inaugural aborda una práctica frecuente en playas, parques nacionales, carreteras y zonas turísticas del país: la alimentación de animales silvestres por parte de personas visitantes y residentes. Aunque muchas veces se realiza con buenas intenciones, especialistas advierten que esta conducta provoca graves alteraciones en la salud y el comportamiento de numerosas especies.

Para analizar esta problemática, el programa contó con la participación de la Dra. Laura Porras, investigadora del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS) de la Universidad Nacional, quien expone evidencia científica acumulada durante décadas sobre los efectos negativos de alimentar fauna silvestre.

Durante la conversación se explica cómo especies como los mapaches, los monos cara blanca y los cocodrilos han modificado sus patrones de comportamiento debido a la disponibilidad de alimentos proporcionados por seres humanos. Entre las consecuencias documentadas se encuentran alteraciones nutricionales, problemas de salud, dependencia alimentaria, cambios en los horarios de actividad y un aumento de los conflictos entre personas y animales.

Uno de los casos analizados corresponde a investigaciones realizadas en el Parque Nacional Manuel Antonio, donde se ha observado que algunos mapaches han adaptado sus rutinas a los horarios de mayor presencia turística para obtener alimentos. Según se explica en el programa, el problema no radica en la especie, sino en los cambios que genera la disponibilidad de comida no natural para estos animales.

La entrevista también aborda los efectos del consumo de alimentos procesados y azucarados en especies silvestres. Como ejemplo, se mencionan los monos cara blanca que reciben golosinas, frutas procesadas u otros productos destinados al consumo humano, situación que puede afectar su salud y modificar sus hábitos naturales.

Otro de los temas desarrollados es el riesgo que implica alimentar cocodrilos. La práctica puede provocar que estos animales asocien la presencia humana con la obtención de alimento, aumentando el peligro de incidentes y ataques en zonas donde existe interacción frecuente entre personas y fauna silvestre.

La Dra. Porras destaca además la necesidad de fortalecer la educación ambiental y la divulgación científica para que más personas comprendan por qué no deben alimentar animales silvestres y cuáles son las consecuencias ecológicas de hacerlo.

El episodio recuerda que la alimentación de fauna silvestre está prohibida por la Ley de Conservación de Vida Silvestre de Costa Rica. De acuerdo con el artículo 116 de la normativa, esta conducta puede ser sancionada con multas cercanas a los 150.000 colones.

Asimismo, se informa que las personas pueden denunciar estos hechos mediante la línea telefónica 1192 o a través del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Con el lanzamiento de Seres Endémicos, APREFLOFAS busca contribuir a la sensibilización ciudadana sobre la importancia de proteger la biodiversidad y promover prácticas responsables de convivencia con la fauna silvestre.

El primer episodio ya se encuentra disponible en YouTube:

Parlamentos cívicos exigen diálogo nacional sobre los retos y políticas ambientales y respeto a su denominación

  • “Costa Rica necesita acuerdos ambientales de largo plazo: Parlamentos Cívicos se pronuncian”
  • “Declaración conjunta: justicia climática y defensa de los Parlamentos Cívicos”. Aprueban preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento
  • “Mes del Ambiente: Parlamentos Cívicos llaman a un pacto nacional inclusivo”
  • “Unidos por la justicia ambiental y la participación ciudadana”

San José, Costa Rica. — En el marco del Día Mundial del Ambiente, los Parlamentos Cívicos y Consejos Cívicos Ciudadanos del programa de formación e incidencia ciudadana del Departamento de Participación Ciudadana se reunieron y expresaron en un documento su convicción de que Costa Rica necesita abrir un diálogo nacional amplio, plural e inclusivo sobre los principales retos ambientales que enfrenta el país.

“Reconocemos que la protección del ambiente, la acción climática, la movilidad sostenible, la conservación de la biodiversidad, la gestión adecuada del territorio, la justicia ambiental y la participación ciudadana no pueden abordarse de manera aislada ni coyuntural. Estos desafíos requieren acuerdos de largo plazo, construidos con base en evidencia técnica, participación social efectiva y compromiso institucional”, señala el pronunciamiento.

El Dr. Bernardo Aguilar presidente del Parlamento Cívico Ambiental manifestó que hoy inician un proceso de diálogo ciudadano durante el Mes del Ambiente, orientado a desarrollar una declaración conjunta que priorice las políticas públicas ambientales que Costa Rica debería impulsar en los próximos diez años.

Según lo acordado este proceso recogerá la diversidad de voces, experiencias y preocupaciones de distintos sectores de la sociedad costarricense, incluyendo comunidades locales, juventudes, mujeres, población afrodescendiente, pueblos indígenas, adultos mayores, personas discapacitadas y otras poblaciones vulnerabilizadas, organizaciones ambientales, actores territoriales, sector académico, sector privado, instituciones públicas y ciudadanía organizada.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse a este esfuerzo de reflexión y construcción colectiva, agregó Aguilar.

Costa Rica cuenta con una importante trayectoria ambiental, pero también enfrenta retos urgentes que exigen visión, responsabilidad y capacidad de diálogo desde estos foros cívicos. Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda ambiental inclusiva, democrática y orientada al bienestar de las presentes y futuras generaciones.

El Mes del Ambiente debe ser una oportunidad no solo para conmemorar, sino también para iniciar una conversación nacional seria sobre el país que queremos construir en la próxima década.

En el marco de esta actividad, todas las personas asistentes aprobaron unánimemente la proclama conjunta y acordaron informar a la administración de la Asamblea Legislativa que los espacios de participación mantendrán su denominación como Parlamentos Cívicos —Parlamento Ambiental, Parlamento Afrocostarricense, de Mujeres Jóvenes por el Clima y de Movilidad Sostenible—, en respuesta a la propuesta de las gerencias legislativas de rebautizarlos como Consejos Cívicos. Esta decisión reafirma la identidad y el carácter deliberativo de estos foros ciudadanos, respaldando la importancia de preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento institucional. En el encuentro participaron activamente también las exdiputadas Paola Valladares y Rosalía Brown.

Treinta y dos organizaciones solicitan prórroga para evitar el archivo del proyecto de ley sobre pasos de fauna

Un total de 32 organizaciones ambientales, comunitarias y de la sociedad civil solicitaron a la Asamblea Legislativa la ampliación del plazo cuatrienal del expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructura”, con el fin de evitar su archivo y permitir que sea sometido a segundo debate.

La petición fue presentada el 1 de junio de 2026 por la Coalición por los Pasos de Fauna y dirigida a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, así como a las jefaturas de fracción legislativa. El documento también fue remitido con copia al despacho de la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle.

Las organizaciones recuerdan que el proyecto fue aprobado en primer debate de forma unánime el pasado 21 de abril de 2026 con 47 votos a favor, reflejando un amplio consenso político sobre la necesidad de atender una problemática que durante años ha afectado a la fauna silvestre del país. Sin embargo, advierten que la iniciativa podría quedar archivada al vencer su plazo cuatrienal el próximo 9 de junio.

Según la exposición presentada ante el Congreso, el atropello y la electrocución constituyen dos de las principales causas de muerte de animales silvestres en Costa Rica. La situación ha sido documentada durante décadas por organizaciones especializadas, instituciones públicas, personas investigadoras y organizaciones de la sociedad civil.

Las agrupaciones sostienen que el problema tiene efectos directos sobre las poblaciones de fauna silvestre y genera impactos acumulativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Señalan que diversas investigaciones han registrado afectaciones a aproximadamente 140 especies, entre ellas felinos, primates, reptiles, anfibios, perezosos, armadillos, venados, pizotes, mapaches, dantas e iguanas.

La solicitud destaca además que la conservación de la biodiversidad tiene implicaciones económicas para el país, particularmente por la estrecha relación entre la salud de los ecosistemas y la actividad turística. Las organizaciones argumentan que la pérdida de fauna silvestre afecta la imagen internacional de Costa Rica como destino de turismo sostenible y repercute en empleos vinculados al turismo y a las áreas silvestres protegidas.

Asimismo, consideran que permitir el archivo de una iniciativa que ya superó casi cuatro años de trámite legislativo y que fue aprobada en primer debate representaría un desperdicio de recursos públicos y del trabajo realizado durante el proceso legislativo. Por ello, hacen un llamado a la responsabilidad ecológica y financiera de las diputadas y diputados para que aprueben la ampliación del plazo y permitan la votación definitiva del proyecto.

Las organizaciones indican que su solicitud se fundamenta en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que regula las ampliaciones del plazo cuatrienal de los proyectos de ley.

El documento señala además que la petición cuenta con el respaldo de más de 17.000 firmas ciudadanas recolectadas mediante una campaña electrónica en apoyo a la aprobación de la ley.

Las organizaciones firmantes son:

APREFLOFAS

Bloque Verde

SalveMonos

Savage Lands

Verde Mar

Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta

Alturas Wildlife Rescue Costa Rica

Alianza Escazú

Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

GuanaDefensoras

The Leatherback Trust

Asociación Civil Pro Natura

Asociación de Desarrollo Específico para la Conservación del Medio Ambiente Playa Grande

Comité Punta Pelencho

Fundación Fogaus

Un Puerto Limpio

Sol Sanctuary

Antigentrificación

Asociación de Desarrollo de Playa Brasilito

Asociación de Desarrollo de Playa Potrero

Fundación Halfway Home Tamarindo

Coalición Floresta

Fundación Orgánica

Colectivo Ecologista Liberiano

Asociación Sostenibilidad en Grande

Defensores de la Casa Común

Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral

Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

Mercado Bahía Ballena

Asociación Regenerativa Matzú Insigne

Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación

Mar & Comercio

SURCOS pone a disposición de sus lectoras y lectores el documento completo:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/SOLICITUD-DE-PRORROGA-23166-TEXTO-SUSTITUTIVO.pdf