Ir al contenido principal

Presidencias extreman violencia de su narrativa socioambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Juan Francisco Campos
Abril 24 del 2026

La histórica política de Estado costarricense pro derechos humanos y protección del ambiente sustentada en su avanzado marco constitucional y legal, donde sobresalen los artículos 50 de la Constitución y 17 de la Ley 7554; hace aproximadamente 12 años viró hacia un proceso de involución, encubierto por el discurso oficial de paz con la naturaleza y desarrollo sostenible. Gobernanza que, hasta entonces había constituido una bandera efectiva de distinción mundial. Pero a pesar de tratarse de un retroceso con evidencia anticonstitucional, la administración Chaves Robles lo intensificó en un contexto de violencia, donde la herramienta política más visible, ha sido el “discurso de odio” y el presidente de la República su principal protagonista con un lenguaje coloquial e inmoral. Así denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional.

En ese orden, los procedimientos técnicos (regulaciones ambientales) más significativos y vigentes durante décadas para administrar con eficiencia estatal el uso racional de los recursos naturales; fueron etiquetados como “cuellos de botella y obstáculos al desarrollo nacional” con el objetivo de justificar su eliminación. En igual dirección, la Costa Rica así gerenciada por este gobierno y los sectores empresariales afines al neoextractivismo, de principal promotor del Tratado de Derechos Humanos Regional conocido como “Acuerdo de Escazú” auspiciado por la ONU, cambió radicalmente su posicionamiento ecológico para distinguirse entre los detractores que han rechazado su ratificación. Mientras otros países sin protagonismos ni trayectoria socioambiental similar a la costarricense se consolidaron como Estados Parte.

Es decir, la trascendental esperanza en el derecho internacional público de brindar protección efectiva a Defensores de Derechos Humanos en Costa Rica, paradójicamente fue eliminada desde el Poder Ejecutivo y Legislativo; así como un relativo acompañamiento del Poder Judicial. Mientras tanto, la inseguridad estructural del país y la narrativa oficial, han sido cada vez más violentas, los delitos ambientales crecen y los asesinatos de líderes ambientales y comunales siguen impunes. De manera que, hasta la actualidad se han concretado una serie contrarreformas ambientales sin precedentes, cuyas consecuencias más inmediatas, las podemos inferir de los miles de denuncias ambientales que cada año registran las instituciones encargadas (CA-MINAE). Quizás el único o último recurso que, le queda a la ciudadanía para reclamar su derecho constitucional a la vida sana; no obstante, la débil o nula respuesta del Estado y otras acciones específicas del presidente del país como la difamación de funcionarios públicos, calificación de terroristas a los defensores del ambiente y hasta incitación a la “limpieza política hemisférica”. Acciones a las que también suma la selección de “persona non grata” o “desvisado” -llama el presidente-, a cargo del principal aliado extranjero quien parece operar en estrecha coordinación.

Por otra parte, la instrumentalización mayor de la situación descrita, no sólo está en marcha, sino que, también explícita en las políticas públicas que los gobiernos saliente y entrante declaran abiertamente que, son y serán prioritarias para la continuidad de sus obras en tránsito hacia lo que denominan la “tercera República”. La venta y cierre de instituciones públicas, nuevos proyectos de ley, reglamentos y hasta reformas constitucionales del mismo corte regresivo; son acciones que ya están en lista o en los trámites correspondientes. Y sumado a ello, aparece intensificado el discurso de odio, instrumento que, a pesar de la crítica de expertos y advertencias de organismos mundiales, la gravedad de su contenido se ha elevado al umbral de “nivel superior”; lo cual, como establece la ONU para estos casos: “requiere prohibición legal según el derecho internacional a través del derecho penal”.

El caso denominado “Crucitas”, es en estos momentos el mejor ejemplo para describir la grave crisis socioambiental del país y que, si bien la afectación mayor aparentemente se extiende en parte de la Región Norte (entre 3000 y 10000 ha según recientes publicaciones), sus dimensiones reales transcienden el plano regional y nacional. Una situación de crisis extrema, aparentemente, facilitada por los gobiernos de al menos los últimos 20 años; sobre la cual, dan cuenta sentencias judiciales no cumplidas. De acuerdo con las informaciones hasta ahora divulgadas, en el país, no existe antecedente similar de generación y acumulación de tantos daños ambientales (delitos) sobre los ecosistemas y comunidades humanas, incluyendo los trabajadores mineros calificados como artesanales (coligalleros).

Además, lo que parece enigmático de esta “minería ilegal”, es que, mantiene una altísima productividad, pero según informan, la misma es “saqueada y exportada” desde territorio nacional. Se indica que, quienes saquean el mineral son los coligalleros de mayoría migrantes y sin identidad; mientras los exportadores sí están identificados y algunos hasta se les conoce públicamente. Dos clases de trabajadores cumplen órdenes por esta explotación en la zona, los subterráneos sin identidad ni derechos y los superficiales empleados policiales; éstos últimos obviamente bien identificados y equipados, hasta para ejecutar implosiones mediante el uso de dinamita. Así nos dicen las jefaturas de policía que “mitigan los daños ambientales”, no se sabe si asesorados por el ministro de Ambiente y personal de la SETENA; pero más parece que adelantan la minería a cielo abierto.

Diferentes actores incluyendo políticos interesados en legalizar esa explotación, informan que la actividad tiene aproximadamente 10 años de operación y que ha alcanzado una producción aurífera de miles de millones de colones anuales, pero que en su mayor parte es transportada a Nicaragua sin generar ningún beneficio para Costa Rica. Repiten también que, la devastación ambiental y social alcanzó límites de alerta máxima. Podríamos decir que han activado todas las alarmas de una situación de desastre nacional que, indudablemente requiere acciones técnicas de emergencia y recuperación; por ejemplo, ameritaría una declaratoria de emergencia nacional. Sin embargo, para el gobierno y voceros empresariales, la única solución que existe y admiten, es su propuesta de ley en trámite legislativo, a través de la cual, se plantea la concesión privada. En entrevistas públicas, han declarado como posibles concesionarias a viejas empresas con largo historial en la actividad, de fuerte poder económico e interesadas en invertir en el neoextractivismo minero; citan así a empresas activas en República Dominicana.

En este mismo contexto de emergencia no oficial, entre las afectaciones directas de carácter social ejecutadas por el Estado, el pueblo Chorreras de Cutris, fue desalojado del territorio en uso y todas sus edificaciones (públicas y privadas) arrasadas con el empleo de fuerza mecánica y presencia policial, ante la mirada impotente de niños, jóvenes y adultos; algunos llorando su destrucción. No tenemos referencia de alguna demanda de justicia para ellos. Sin duda que, fue una escena más propia de los pueblos actualmente sojuzgados por el poder y la maldad imperial, mismo poder al que, el gobierno ha declarado que le solicitó apoyo para atender esta situación. No obstante, para los sectores empresariales y de gobierno interesados en legalizar y extender la explotación, los responsables del desastre actual son los trabajadores coligalleros; y así procuran por diferentes vías de comunicación, generar el convencimiento de la opinión pública nacional.

Con tales señalamientos de responsabilidad, a las víctimas de esa forma de trabajo de historial esclavizante en el mundo, se les acusa de ser los victimarios del ambiente. Por lo tanto, no sería la excepción que, en Crucitas, la minería ilegal/artesanal (reconocida oficialmente) pero de elevada productividad y rentabilidad que informan, mantenga operaciones de esa detestable práctica; y aunque no esté confirmada, se refieren hechos que dan cuenta sobre muertes tanto en número como causantes desconocidas. Algo característico en territorios así ocupados, donde es conocido que, los factores de riego se multiplican y por ejemplo la falta de seguridad, criminalidad y violencia sobresalen; dando como resultado no sólo muertes por accidente sino también por criminalidad. Nada extraño será a futuro, también la aparición de fosas comunes anónimas en la zona.

De lo expuesto, es claro el afán de continuar con las explotaciones neoextractivistas en el país, como la propuesta en el año 2006 con el proyecto Crucitas por parte de corporaciones extranjeras y el apoyo gubernamental. Pues actualmente el presidente Rodrigo Chaves y sus seguidores, incluyendo la presidenta electa Laura Fernández, se han lanzado con todo y contra toda oposición política y científica a impulsar el proyecto de ley en trámite legislativo No.24717. En forma absoluta y contraria al marco normativo, tratan de legalizar una actividad ya operante de minería metálica a cielo abierto, explotación mundialmente caracterizada por los múltiples y elevados impactos ambientales negativos y permanentes; además de científicamente valorada como no sostenible.

Con este caso, debe contemplarse que, como actividad en operación al menos durante una década y al margen de la legalidad ambiental vigente, nuestro marco legal y constitucional, entre otros principios contempla la precaución; lo cual, permite comprender que, previamente no se establecieron y mucho menos cumplieron las medidas ambientales oficiales que correspondían. Por lo tanto, las impactos generados y acumulados en las áreas de influencia directa e indirecta, constituyen automáticamente daños ambientales que, la legislación nacional establece como delitos imprescriptibles. Vale así preguntarse: ¿Quiénes son los responsables por acción u omisión de la devastación generada hasta hoy día? ¿Si las autoridades nacionales no cumplen su función debe la ciudadanía demandarlo?

Lejos de posibles beneficios y conveniencia nacional según se planteaba en sus inicios, lo que se impondrá mediante el proyecto No. 24717, es la “continuidad” y elevación de la carga ambiental destructiva, indefinida e irreparable del territorio; a cambio de regalías (5%) de las inmensas ganancias potenciales que se generarían. Lo cual, parafraseando a doña Laura Fernández, para la Nación costarricense eso será “perder perder”. Entiéndase así que, con dicho proyecto lo que se pretende en primer lugar y sin más ni menos, es otorgarle condición legal a la misma actividad que durante años ha operado ilegalmente junto al “saqueo” de la Nación. Sin duda alguna, estamos ante toda una farsa, mediante la narrativa de una emergencia socioambiental para la que no existe alternativa diferente al proyecto de ley oficial; dejando con ello evidente la incapacidad política del gobierno y las acciones retroactivas que atentan contra el derecho ambiental.

Conclusiones:

  1. Si bien durante varios gobiernos se ha concretado un proceso de regresividad sobre el bloque de legislación ambiental, enfocado principalmente en materia de Evaluación y donde quizás lo más grave ha sido la derogación del Reglamento General de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental); gracias a la Constitución y leyes aún no modificadas con igual objetivo, los principios del derecho ambiental como pro natural, precautorio, participación, irretroactividad; están plenamente vigentes y el pretendido proyecto de ley por parte del gobierno no los supera.
  2. La Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos, obras o actividades mineros, aún con las grandes debilidades establecidas en el actual Reglamento, sigue manteniendo su función preventiva obviamente para proyectos nuevos; lo cual obliga a que toda propuesta de desarrollo de esta naturaleza debe contemplar antes de su inicio desde la fase de instalación, la elaboración y aprobación por parte del Estado de un estudio completo de Evaluación Ambiental. Bajo esta premisa, cualquier obra o actividad, iniciada o ejecutada sin haber cumplido con ese requerimiento, obliga a rechazar el proyecto y denunciar al desarrollador según las leyes.
  3. La Evaluación de todo proyecto, obra, actividad o plan; por parte del Estado según la reglamentación de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) concordante con cada uno; es insoslayable. Para el caso de la EAE que involucra los Planes de Ordenamiento Territorial y por ende los criticados y quizás poco conocidos Planes Reguladores, al planificar las categorías de uso de suelo, y obviamente, tomar decisiones para áreas con usos cuya condición presente se determina que sobrepasaron los límites ambientalmente sostenibles; no admiten la continuidad del sobreuso. Pues el objetivo superior es el desarrollo sostenible, por lo tanto, lo que demanda es establecer medidas que tiendan a la recuperación. Obsérvese en este sentido que, si la devastación de Crucitas, además de que se originó en una actividad al margen de la legalidad ambiental para la que ya no es legítima la EIA, los daños que presenta, evidencian el sobreuso de suelo a que ha sido sometida la zona; otro indicador de que, tampoco es técnicamente admisible la continuidad de la explotación. Repito, técnica y legalmente, se impone de inmediato la elaboración y ejecución de un plan de cierre técnico, y para ello no existe alternativa.
  4. Ha informado y reconocido el gobierno, la presencia en la zona de Crucitas de un oneroso destacamento de oficiales de policía ante la actividad diaria de cientos de trabajadores indocumentados; sin embargo, los resultados del trabajo oficial (vigilancia y control) no muestran congruencia con esa actividad diaria de cantidad de trabajadores mineros.
  5. Para el escenario que se vislumbra con la minería en esta Región, se debe tener presente que, ante denuncias de la ciudadanía por Viabilidades Ambientales otorgadas a proyectos en los que ha determinado inconsistencias, el órgano encargado de la EIA y EAE (SETENA) es recurrente en justificar la licencia, bajo el argumento de que las obras o actividades se ejecutarán en “áreas ya impactadas ambientalmente”. Por ejemplo, en los proyectos del nuevo hospital y un atracadero en Limón. Es decir, para dichas autoridades el sobreuso del suelo es viable, y que áreas así impactadas carecen de interés para la protección y en consecuencia requieren menos estudios ambientales o hasta no requerirlos. Este, es un criterio que carece de sustento técnico y constituye prueba de posible prevaricación.
  6. A partir del año 2023 con la entrada en vigencia del “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (D.E. 43898) derogatorio del Reglamento General de la EIA, se culminó la eliminación del requisito de Evaluación de Impacto Ambiental para un 65% de los proyectos, obras o actividades que hasta entonces la requerían. Por su parte, como resultado de las derogaciones al 35% restante se le flexibilizó el proceso, la mayoría recibe la viabilidad ambiental sin contemplar la inspección de campo y el control y seguimiento es casi nulo; son parte de los hallazgos de muchas debilidades que presenta el proceso actual de la Evaluación a cargo de la SETENA, según “el informe de auditoría especial DFOE-SOS-IAD-00008-2025” publicado el 30 de octubre de 2025. Con esta benevolencia ambiental se propone el gobierno continuar la senda del desarrollo sostenible abriendo las puertas al neoextractivismo minero metálico a cielo abierto.
  7. En las típicas alocuciones del señor presidente durante lo que ya son los últimos días de su administración, parece que se ufana de haber sido un ausente de las Asambleas Generales de la ONU. Ha expresado a la vez que, este Organismo se convirtió en un “refugio de ideologías”. Dice también que él habla tres cosas: “la verdad, de frente y claro”. Sin embargo, por ejemplo, no se conocen respuestas suyas acerca del “Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025” en Costa Rica, dado a conocer por la ONU. Pero sí exhibe en su acostumbrada narrativa, un tono más fuerte con el que arremete hasta contra gobiernos de otras naciones de nuestro hemisferio, mientras aparenta pretender el respaldo internacional para su candidata actual a la Secretaría General del máximo Organismo. Es decir, tanto en política exterior como en política ambiental y de derechos humanos, no se le ha observado ni escuchado la verdad de frente y menos claridad. Al final, la distopía que vino a descubrir y narrar el migrante don Rodrigo Chaves, es la que hereda a la espartana de “mano dura” doña Laura Fernández; quien ha prometido continuar al frente del gobierno con el mismo manual inspirado en el ideario de la extrema derecha internacional, aplicado en lo que fue la “Suiza centroamericana” en transición a un “Singapur occidental”.

Agua, bosques y desplazamientos: la crisis ecológica latinoamericana en acción

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Durante los capítulos anteriores se ha insistido en que la crisis climática y ecológica no constituye solamente un problema ambiental. Se trata de una crisis civilizatoria que compromete la forma de producir, consumir, habitar y organizar nuestras sociedades. América Latina ofrece hoy un escenario particularmente revelador de esta crisis, porque en ella convergen la devastación de ecosistemas estratégicos, la escasez de agua y el desplazamiento creciente de poblaciones enteras.

Tres temas permiten observar con claridad esa dinámica: la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones. Los tres están íntimamente relacionados. La destrucción de bosques reduce las lluvias; la escasez de agua debilita la agricultura y las condiciones de vida; y, finalmente, millones de personas terminan abandonando sus territorios.

La Amazonía: un regulador climático continental

La Amazonía no es solamente el mayor bosque tropical del planeta ni un inmenso reservorio de biodiversidad. Su importancia radica también en que regula lluvias, temperaturas y humedad en buena parte de América del Sur.

Los árboles amazónicos absorben agua del suelo y la liberan nuevamente a la atmósfera mediante “evaporación-transpiración”. Esa humedad forma enormes corrientes aéreas conocidas como “ríos voladores”, que transportan vapor hacia el centro y sur del continente. Gracias a ello, regiones agrícolas y urbanas de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina reciben lluvias indispensables para sus economías y para el abastecimiento humano.

Chile participa de manera más indirecta en estos procesos. Sus lluvias dependen mucho más de los sistemas atmosféricos del Pacífico y de los llamados ríos atmosféricos del mismo océano. Sin embargo, una Amazonía degradada podría alterar la circulación climática regional, afectar la nieve en la cordillera de los Andes, influir sobre glaciares y modificar parcialmente la disponibilidad de agua en ciertas zonas chilenas.

La amenaza principal es que la Amazonía podría aproximarse a un “punto de no retorno” en el proceso de deforestación y sequías. Diversos estudios advierten que entre 40% y 47% del bosque amazónico podría entrar, antes de 2050, en un proceso de degradación irreversible, dejando de comportarse como selva húmeda y convirtiéndose gradualmente en paisajes más secos, semejantes a sabanas.

Ese riesgo se refiere principalmente a la propia Amazonía. Las regiones más vulnerables son el sur, sureste y algunas áreas orientales del bosque, donde la deforestación, la expansión ganadera, los incendios y las sequías ya son intensos. El problema es que, si una parte importante de la selva pierde humedad y deja de producir lluvias, podría arrastrar progresivamente a otras regiones amazónicas, incluso a aquellas que hoy permanecen relativamente conservadas.

Las consecuencias serían enormes: menos lluvias para la agricultura, mayores sequías, menor capacidad hidroeléctrica, incendios más frecuentes, pérdida de biodiversidad y liberación masiva de carbono almacenado durante siglos. Por paradójico que parezca, la Amazonía dejaría de actuar como reguladora climática y comenzaría a transformarse en una fuente adicional de calentamiento global.

Detrás de la devastación amazónica existen intereses económicos muy concretos. La expansión de la ganadería, los monocultivos de soya, la minería, la explotación petrolera, la tala ilegal, las carreteras y los grandes proyectos hidroeléctricos convierten a la selva en un territorio permanentemente disputado. La Amazonía concentra madera, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, agua dulce y vastas extensiones de tierra. Su enorme riqueza explica también la intensidad de las presiones sociales que se ejercen sobre ella.

La crisis hídrica: escasez en un continente abundante en agua.

América Latina posee cerca de un tercio de los recursos de agua dulce del planeta. Sin embargo, millones de personas viven hoy bajo condiciones de escasez, racionamiento o contaminación.

La crisis hídrica no se explica únicamente por una menor disponibilidad natural de agua. También es resultado de la deforestación, del cambio climático, la contaminación minera e industrial, el crecimiento urbano desordenado, la expansión de monocultivos y la sobreexplotación de acuíferos. En muchas regiones, las lluvias son más irregulares, los ríos se reducen y las ciudades crecen más rápido que la infraestructura necesaria para abastecerlas del líquido más imprescindible de la humanidad.

Los sectores más responsables suelen ser los que se dedican a la gran minería, ciertos agronegocios altamente consumidores de agua, las industrias contaminantes y las ciudades sin planificación suficiente. Mientras tanto, las comunidades indígenas, rurales y periurbanas suelen recibir agua insuficiente, costosa y en numerosas ocasiones contaminada.

La crisis hídrica muestra con claridad que no basta con disponer de recursos naturales: también importa quién controla el agua, cómo se distribuye y con qué criterios se protege. Muchos gobiernos han intentado responder mediante la construcción de represas, plantas de tratamiento, acueductos y programas de infraestructura. Sin embargo, en numerosos casos predominan la débil fiscalización de las autoridades correspondientes, la permisividad frente a intereses empresariales y la falta de coordinación regional.

Resolver esta situación probablemente exigiría una integración más sólida entre Estados latinoamericanos, aunque no necesariamente una unificación completa de mercados o una estructura supranacional. Lo central e ideal también sería coordinar políticas mínimas comunes sobre cuencas compartidas, glaciares, acuíferos, incendios, contaminación y bosques. Pero, lo anterior ha resultado las más de las veces improbable, dadas las enormes diferencias de intereses contrapuestos entre las élites que controlan cada uno de los estados nacionales en América Latina y los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad.

Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo, pueden tener gobiernos de orientaciones ideológicas distintas; pero, con todo y estas contradicciones, no se puede obviar el hecho de que, igualmente necesitan cooperar porque comparten problemas que no respetan fronteras: sequías, incendios, glaciares andinos que se derriten, flujos migratorios y mercados energéticos en los que las políticas públicas no convergen. ¿Cómo lograrlo entonces conociendo estas graves diferencias políticas, sociales, económicas y culturales que subsisten?

La clave no sería eliminar diferencias políticas, puesto que esto con frecuencia no es viable, por lo que, no podemos sentarnos a esperar por ello. Pero, al menos se requeriría echar mano de un mínimo pragmatismo político indispensable, si se quieren crear mecanismos estables que sobrevivan a las enormes y reiteradas diferencias ideológicas que separan a minorías privilegiadas de los vastos sectores populares; también se interponen los mismos cambios de gobierno que con asiduidad dificultan la estabilidad de las políticas públicas. Esto constituye un verdadero desafío, ante las amenazas creadas por los embates del cambio climático y el calentamiento global, como son, las acciones violentas del mar, de los vientos huracanados, o de las mismas sequías. América Latina ya posee antecedentes de coordinación en esta dirección. Un ejemplo es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la cual reúne a varios países de esta región para coordinar y monitorear el ambiente. Se requiere con urgencia un intercambio de datos y acuerdos multinacionales en torno a programas de gestión de cuencas. También existen y se deben incrementar las redes regionales de estaciones hidro meteorológicas, observatorios y otros acuerdos técnicos.

Por todo lo expresado, más que una integración total, lo realista sería avanzar mediante acuerdos concretos: sistemas regionales de alerta temprana, protocolos frente a la contaminación minera, fondos para adaptación climática y estándares mínimos de protección de bosques, glaciares, humedales, y de las mismas aguas oceánicas, si es que se quiere enfrentar con éxito la crisis climática.

Migraciones: cuando la crisis ecológica se convierte en crisis humana

Las migraciones latinoamericanas suelen explicarse por la pobreza, la violencia o la desigualdad. Pero cada vez es más evidente que el deterioro ambiental también desempeña un papel importante. Sequías prolongadas, incendios forestales, pérdida de cosechas, huracanes, inundaciones, desertificación y escasez de agua debilitan y constituyen amenazas constantes sobre las condiciones de vida de millones de personas. Esto resulta especialmente visible en el llamado “corredor seco centroamericano”, donde numerosas familias campesinas han visto disminuir drásticamente sus posibilidades de subsistencia. Hay otras regiones áridas o vulnerables en vastos territorios de Sudamérica y México, pero el ejemplo más drástico lo constituye el “corredor seco centroamericano”, al que se hizo mención.

Muchas personas migran porque ya no pueden vivir de la tierra, ya sea porque sus cultivos fracasan, porque el agua escasea, o también debido al hecho de que sus territorios se vuelven inhabitables. El cambio climático no es la única causa de estos desplazamientos, pero sí actúa como un poderoso multiplicador de vulnerabilidades previas.

La migración climática no pertenece a un futuro lejano. Es ya una realidad presente en América Latina y probablemente aumentará conforme se intensifiquen las sequías, los eventos extremos, la pobreza y la degradación ambiental.

Posibles soluciones

Las soluciones existen, aunque ninguna será sencilla ni automática. En el caso de la Amazonía, será indispensable frenar la deforestación, restaurar áreas degradadas, fortalecer territorios indígenas y promover una bioeconomía basada en el bosque vivo y no en su destrucción. Todo esto requiere enfrentar intereses espurios, valga decir, contrarios a los intereses de la mayoría, al bien común y a la ética.

Para enfrentar la crisis hídrica, será necesaria una gestión pública más rigurosa del agua, acompañada de controles efectivos sobre actividades extractivas, inversiones en infraestructura, protección de cuencas y coordinación entre estados, teniendo en cuenta nuestro compromiso ético de proteger los intereses de la generación actual y de las futuras también.

Y frente a las migraciones, la región necesitará políticas de adaptación climática, protección social, desarrollo rural y reconocimiento de los desplazamientos ambientales como un fenómeno estructural y no excepcional.

El desafío de América Latina consiste en comprender que agua, bosques y personas forman parte de una misma trama. La devastación de la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones no son problemas aislados. Son expresiones distintas de un mismo modelo económico que transforma la naturaleza en mercancía y subordina la vida a la lógica de la ganancia en una sociedad regida por un consumismo desenfrenado.

Finalmente, además de todas las inclemencias del tiempo que atormentan a la humanidad, en especial a las poblaciones vulnerables que se desatan de los gases efecto invernadero provocados en especial por los mismos gases provenientes de los hidrocarburos, intervienen para agravar los problemas, las contradicciones sociales entre mayorías populares, tales como personas desocupadas, subempleadas, las que viven de un salario insuficiente, o, las que perviven en la extrema pobreza, enfrentadas y con frecuencia manipuladas por élites minoritarias privilegiadas que concentran la riqueza producida por toda la sociedad que labora en los campos y ciudades. De nuevo, hablamos de la lucha por la subsistencia y la vida para la mayoría de la humanidad, contra la lógica de la ganancia de la que disfrutan selectas minorías.

Corto “Ilustre” lleva al cine la defensa del Humedal de Coris-Bermejo y la trayectoria del ecologista Ricardo Muñoz

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) informó que respalda la difusión del cortometraje “Ilustre”, producción seleccionada en la cuarta edición del Festival Shorts Costa Rica 2026, que retrata parte de la trayectoria del reconocido ecologista Ricardo “Ilustre” Muñoz y una de sus principales luchas: la defensa del Humedal de Coris-Bermejo, en Cartago.

Según explicó la organización, el corto utiliza el lenguaje audiovisual para acercar al público a una causa ambiental de gran relevancia nacional, al tiempo que rescata la historia de una figura comprometida con la protección de los ecosistemas. APREFLOFAS destacó además el valor del arte como herramienta de comunicación para la conservación y la transformación social.

Un humedal de alto valor ecológico

La asociación subrayó la importancia ambiental del Humedal de Coris-Bermejo, al señalar su riqueza ecológica, su valor ecosistémico y la presencia de aguas termales y especies propias de este entorno natural. Indicó además que la situación del humedal mantiene expedientes abiertos en distintas instancias, entre ellas la Sala Constitucional, la Fiscalía, la Municipalidad, SETENA y la Defensoría de los Habitantes.

Las personas interesadas pueden conocer más detalles sobre este ecosistema en el sitio web de APREFLOFAS:
https://www.apreflofas.or.cr/humedal-de-coris-bermejo/

Fechas y sedes de exhibición

El afiche informa que “Ilustre” estará disponible en CCM Cinemas Rohrmoser, San Carlos y San Ramón, con funciones programadas para:

  • 17 de abril – 6:30 p.m.

  • 23 de abril – 8:30 p.m.

Las entradas para el festival pueden adquirirse por los canales oficiales del evento.

Equipo de producción

  • Dirección: Mar Andrade

  • Producción: Lenin López

  • Iluminación: Rubén Jiménez

  • Sonido y edición: Antonio Moya

El proyecto cuenta con patrocinio de Paradise Rental y Paradise Fototienda, e invitación de APREFLOFAS, organización que este año celebra su 40 aniversario.

Universidad de Costa Rica rechaza proyecto de ley sobre titularización de recursos minerales y energéticos

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

• Representantes de Consejo Universitario Llaman a un debate y a una auditoría de la deuda pública

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión ordinaria n.° 6966, acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado “Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (Expediente N.° 24.285), tras identificar múltiples riesgos ambientales, sociales, económicos y jurídicos asociados a la iniciativa.

Este pronunciamiento se sustenta en un amplio proceso de análisis institucional a partir de observaciones de diversas instancias académicas, entre ellas el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, así como unidades de las Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales.

¿Que propone el proyecto? La iniciativa propone titularizar flujos futuros derivados de concesiones de explotación, o incluso de no explotación, de recursos minerales y energéticos, con el fin de destinar dichos ingresos al pago de la deuda pública y a la reducción de tasas de interés. No obstante, el análisis académico advierte que esta lógica se sustenta en proyecciones inciertas y en supuestos que carecen de respaldo técnico y científico.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destaca que la iniciativa “podría incentivar una mayor explotación de los recursos naturales con el fin de generar flujos financieros futuros”, lo cual “podría contradecir los principios de conservación y sostenibilidad que caracterizan a Costa Rica”. Asimismo, se advierte que estos flujos “se fundamentan en expectativas inciertas, sujetas a variaciones en los precios internacionales, cambios tecnológicos y contextos políticos”.

El Consejo Universitario también alertó que la titularización propuesta “podría comprometer ingresos del Estado a largo plazo y restringir la capacidad de maniobra financiera de futuras administraciones”, además de generar “dependencia de verificadores externos”, lo que abre la puerta a conflictos de interés y problemas de transparencia.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto presenta vacíos significativos: “resulta ambiguo en aspectos clave como la valorización de los recursos, la definición de figuras como el ‘verificador externo reconocido’ y los mecanismos de titularización”. A esto se suma el “riesgo de subvaloración de los recursos naturales”, especialmente considerando su potencial valor futuro.

En materia ambiental y de política pública, la UCR advierte que la iniciativa podría entrar en conflicto con normativa vigente y compromisos internacionales del país. En particular, “contradice el decreto ejecutivo n.° 41578-MINAE, que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la Ley n.° 8904 que declara a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”.

El análisis también enfatiza que el proyecto ignora lecciones históricas en la región: “la idea de que la explotación minera o petrolera permitirá pagar la deuda pública y reducir tasas de interés carece de evidencia y contradice experiencias ampliamente documentadas en América Latina, donde estas actividades no han generado mejoras sustantivas en las condiciones sociales y económicas”.

En esa línea, se advierte que la iniciativa “implica un incentivo perverso hacia una economía extractiva”, profundizando dinámicas de dependencia y “aumentando la deuda ecológica mediante la sobreexplotación de los recursos naturales”.

En este contexto, la Universidad reafirmó su posición histórica: “las moratorias a la explotación petrolera y la prohibición de la minería a cielo abierto son resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos orientados a proteger el patrimonio natural del país”, por lo que cualquier retroceso en esta materia resulta altamente preocupante.

A debatir y auditar la deuda pública

Durante la discusión en el plenario, distintas personas del Consejo Universitario profundizaron en los vínculos entre la iniciativa y la gestión de la deuda pública, cuestionando el enfoque estructural del proyecto.

En palabras de la M.Sc. Esperanza Tasies Castro, académica que ha estudiado a profundidad los impactos de la deuda: “No puede el Estado destruir el ambiente para pagar a tenedores de bonos que, en muchos casos, definen las tasas de interés en función de sus propias expectativas”.

Tasies advirtió sobre el endeudamiento público, el sistema de la deuda y lo que se conoce como “deuda odiosa” y la “curva soberana”. El proyecto de ley dice que va a bajar los intereses, pero “eso es mentir descaradamente”. Asimismo, recordó que “el déficit creció en un 200% y se prestó para aprobar leyes que han debilitado al Estado y la inversión pública”.

Alertó además sobre los riesgos estructurales del endeudamiento: “la crisis de la deuda, al igual que en Grecia, podría estallar”, lo que refuerza la urgencia de abrir un debate de fondo. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una auditoría de la deuda pública desde la academia.

Por su parte, el director del Consejo Universitario, Dr. Keilor Rojas Jiménez, enfatizó la necesidad de replantear el enfoque del endeudamiento: “Como país, debemos preguntarnos si la salida es vender o comprometer nuestros recursos naturales, o más bien invertir en nuestro principal activo: las capacidades de las personas. Apostar por el conocimiento y la formación ha sido históricamente la vía para construir desarrollo sostenible”.

Finalmente, se subrayó la importancia de abrir un debate más amplio sobre la deuda pública, incluyendo la posibilidad de impulsar -como señala Esperanza Tasies- una auditoría desde la academia.

Dictamen de acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1kQ8KAf84YywuTlsC1eCH22moeFZUrPtZ/view?usp=drive_link

Sala IV fundamenta medidas cautelares en Playa Panamá por posible regresión ambiental y riesgo irreparable al bosque

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La resolución mediante la cual la Sala Constitucional ordenó medidas cautelares en el caso de Playa Panamá no solo suspendió permisos y autorizaciones vinculadas al desarrollo inmobiliario en la zona, sino que dejó expuestos los argumentos jurídicos y ambientales que llevaron al magistrado instructor a intervenir de forma urgente. El documento identifica posibles violaciones constitucionales, ausencia de estudios técnicos y riesgo de daños graves e irreparables al ambiente.

El expediente cuestiona reformas introducidas por el Decreto Ejecutivo N.° 44448 MP-TUR, relacionado con el reglamento del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Según se expone en la resolución, la normativa permitiría trasladar derechos de construcción entre fincas concesionadas incluso cuando no son colindantes, lo que podría ocasionar aumentos de densidad superiores a los límites originalmente autorizados.

Procuraduría advirtió inconstitucionalidad

Uno de los elementos centrales considerados por el magistrado Fernando Cruz Castro fue el criterio rendido por la Procuraduría General de la República, según el cual la figura de “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” podría ser inconstitucional.

De acuerdo con la resolución, la Procuraduría señaló que esa regulación:

  • vulneraría el principio de no regresión ambiental;
  • fue aprobada sin estudios técnicos suficientes;
  • transgrediría el principio precautorio;
  • sería incompatible con el artículo 50 de la Constitución Política, que protege el derecho a un ambiente sano.

Riesgo inmediato por tala de 700 árboles

Otro aspecto determinante fue la advertencia presentada por el accionante sobre la autorización para talar aproximadamente 700 árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, dentro del contexto de un proyecto hotelero. El magistrado consideró que esa eventual afectación justificaba actuar de inmediato para prevenir daños materiales y posiblemente irreparables.

Aplicación del principio Pro Natura

La resolución también subraya que en materia ambiental debe prevalecer el Principio Pro Natura, criterio jurídico según el cual, ante dudas razonables o posibles impactos graves, debe optarse por la interpretación más favorable a la protección de la naturaleza. Este razonamiento fortaleció la decisión de imponer medidas preventivas mientras se analiza el fondo del caso.

Más que un conflicto local

El caso de Playa Panamá trasciende la disputa puntual por un proyecto turístico. La resolución pone en debate los límites del desarrollo inmobiliario en zonas frágiles, la obligación estatal de respaldar sus decisiones con evidencia técnica y la vigencia de principios constitucionales ambientales en Costa Rica.

El documento fue firmado por el magistrado instructor Fernando Cruz Castro.

Convocan protesta para defender bosque de Playa Panamá

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El movimiento ciudadano Salvemos Playa Panamá convocó a una protesta para el miércoles 22 a las 4:00 p.m., en la segunda entrada a Playa Panamá, como respuesta a la anunciada afectación de aproximadamente 700 árboles en esa zona costera de Guanacaste.

Según la convocatoria difundida por la organización, la manifestación surge luego de que autoridades del SINAC y el MINAE habrían firmado decisiones que permitirían la intervención del bosque, situación que las personas defensoras del territorio califican como una “sentencia de muerte” para una importante cobertura arbórea en el lugar.

El movimiento también señala que el caso se desarrolla en medio de una investigación penal y de un proceso en la Sala Constitucional (Sala IV), elementos que, según sostienen, vuelven aún más preocupante cualquier autorización de tala o modificación ambiental mientras existen asuntos legales pendientes.

La protesta busca visibilizar la defensa del bosque, la biodiversidad y el acceso ciudadano a información transparente sobre decisiones que impactan ecosistemas costeros de alto valor ecológico y social. Playa Panamá es una de las zonas de mayor atractivo turístico del Pacífico norte, por lo que el conflicto también pone en debate el modelo de desarrollo en áreas sensibles.

Las personas organizadoras llaman a comunidades, organizaciones ambientales y ciudadanía en general a sumarse a la movilización para exigir protección del bosque y respeto a los procesos legales en curso.

El Río Frío está en alerta

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

Las comunidades de Guatuso alzan la voz, mediante un pronunciamiento público, frente a décadas de extracción que han transformado el río y puesto en riesgo la vida en la cuenca.

No es solo un tema ambiental: es territorio, historia y futuro.

¿Qué está pasando?

▪️ Más de 40 años de extracción en el cauce

▪️ Erosión, pérdida de pozas y disminución del caudal

▪️ Impactos en ganadería, turismo y vida comunitaria

▪️ Riesgos para los humedales de Caño Negro

¿Qué proponen las comunidades?

▪️ Crear una zona de cuido del río

▪️ Frenar la extracción mientras se evalúan impactos acumulativos

▪️ Apostar por alternativas sostenibles y comunitarias

▪️ Abrir un diálogo real sobre el futuro de la cuenca

Hablar hoy no es oponerse: es cuidar.

Leé la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/rio-frio-en-alerta-comunidades-denuncian-decadas-de-extraccion-y-proponen-una-zona-de-cuido/

Límites ineludibles y emergencia de una nueva conciencia: entre la acumulación y la vida

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Si algo distingue a la civilización contemporánea no es únicamente su extraordinaria capacidad de producir riqueza, sino su tendencia a expandirse sin reconocer los límites que la hacen posible. Durante décadas —incluso siglos—, este sistema ha logrado desplazar sus contradicciones: lo que no podía resolverse en un ámbito se trasladaba a otro; lo que no estallaba en el presente se difería hacia el futuro.

Pero no todos los límites son desplazables.

Los conflictos políticos pueden diferirse, las tensiones sociales pueden reprimirse y las crisis económicas pueden posponerse. Sin embargo, los límites ecológicos introducen una diferencia decisiva: no responden a la lógica del poder ni a la voluntad humana. No negocian, no se subordinan, no pueden ser contenidos por decretos ni por ejércitos.

En este punto emerge una contradicción de nuevo tipo: aquella entre un sistema que requiere expansión ilimitada y un planeta cuyos equilibrios biofísicos son finitos.

El poder que no puede dominar la Tierra

En su fase actual —marcada por el predominio de los combustibles fósiles— el capitalismo ha alcanzado una capacidad de intervención sobre la naturaleza sin precedentes. Las fracciones dominantes del capital financiero e industrial, apoyadas en la tecnología y en complejas arquitecturas de poder global, han extendido las fronteras de la acumulación hasta los rincones más remotos del planeta.

Y, sin embargo, ese mismo poder revela su impotencia frente a los límites ecológicos.

Ese poder financiero-industrial, puede intervenir gobiernos, condicionar economías, desatar guerras o reconfigurar territorios. Pero no puede alterar a voluntad los ciclos del clima, ni detener el deshielo polar, ni revertir por decreto la acidificación de los océanos.

Se trata de una paradoja histórica: el sistema más poderoso jamás construido por la humanidad se muestra incapaz de controlar las consecuencias de su propia expansión. Tal es en mi opinión, la nueva fase del desarrollo capitalista depredador de la naturaleza y de la vida.

América Latina: territorio de extracción y de resistencia

América Latina es una de las regiones del Planeta en donde esta contradicción se expresa con absoluta claridad.

La región ha sido históricamente integrada al sistema mundial como proveedora de naturaleza: minerales, petróleo, biodiversidad, agua, tierras fértiles y ahora inclusive en una parte del subcontinente, “tierras raras”. En la actualidad, esta función se ha intensificado bajo nuevas formas.

En la Amazonía —particularmente en Brasil— la expansión del agronegocio y la deforestación han llevado a este ecosistema a un punto crítico. Lo que está en juego no es solo un bosque, sino uno de los principales reguladores climáticos del planeta.

En los Andes —en países como Chile, Bolivia y Argentina— la extracción de litio, impulsada por la transición energética global, abre una nueva fase extractiva que tensiona territorios, comunidades y ecosistemas frágiles.

En buena parte de la comunidad andino-amazónica como son Colombia y Perú, la minería a gran escala y la explotación petrolera generan conflictos socioambientales persistentes, donde comunidades locales enfrentan a corporaciones transnacionales y a Estados que, muchas veces, actúan como intermediarios de la acumulación global.

Casos similares se observan en Ecuador y Venezuela. En la Amazonía ecuatoriana, comunidades como los Kichwa de Sarayaku, los pueblos Waorani del Yasuní y poblaciones de Sucumbíos y Orellana han enfrentado la expansión petrolera que vulnera sus territorios, su salud y sus derechos colectivos. En Venezuela, tanto las comunidades del Lago Maracaibo -afectadas por derrames petroleros- como los pueblos indígenas del Arco Minero del Orinoco evidencian los impactos sociales y ecológicos del extractivismo contemporáneo.

Centroamérica tampoco escapa a esta dinámica. En Honduras, Guatemala o El Salvador, la presión sobre los recursos naturales —agua, minería, monocultivos— ha generado resistencias comunitarias que, aunque frecuentemente invisibilizadas, constituyen expresiones de un conflicto más profundo: el choque entre la lógica de la vida y la lógica de la ganancia. En Nicaragua, comunidades campesinas e indígenas han cuestionado proyectos como el canal interoceánico por sus posibles impactos territoriales y ecológicos. En Costa Rica, pese a su imagen internacional de sostenibilidad, han surgido tensiones en torno a proyectos hidroeléctricos, monocultivos como la piña, la gestión del agua que afecta a comunidades locales, así como el conflicto minero por la explotación del Oro de Crucitas. En Panamá, pueblos indígenas han resistido iniciativas mineras e hidroeléctricas en sus territorios, denunciando afectaciones ambientales y falta de consulta sobre los proyectos. Incluso en Belice, la expansión de actividades extractivas y agroindustriales ha generado preocupaciones por la degradación de ecosistemas sensibles y el impacto sobre comunidades rurales.

Así, América Latina aparece simultáneamente como espacio de intensificación de la acumulación y como territorio de emergencia de resistencias que anticipan otras formas de relación con la naturaleza.

Guerra, acumulación y desplazamiento de las contradicciones

En paralelo, el sistema continúa desplazando sus tensiones a través de la geopolítica y la guerra.

Conflictos como el de Rusia y Ucrania, o las tensiones en Medio Oriente que involucran a Los Estados Unidos -ora financiando armamento, ora interviniendo directamente-, Israel, Irán y Palestina, no pueden entenderse al margen de disputas por recursos, territorios y hegemonía global.

La guerra opera, en este sentido, como mecanismo extremo de reorganización del sistema. Es decir, a lo largo de la historia, la guerra ha operado como un mecanismo extremo de reorganización del sistema al desencadenar transformaciones simultáneas en múltiples niveles: en el plano económico, al destruir capital y reactivar ciclos de acumulación mediante la reconstrucción; en el geopolítico, al redefinir jerarquías de poder y dar lugar a nuevos órdenes internacionales, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con la emergencia de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y la configuración de la Guerra Fría, en el ámbito político interno, al concentrar poder estatal y reconfigurar regímenes; y en el social y cultural, al movilizar poblaciones enteras, transformar roles y producir narrativas colectivas. Como los relatos compartidos que una sociedad construye para darle “sentido” a la guerra y sus consecuencias: relatos de victoria o derrota, por ejemplo, la idea de “liberación” o “resistencia” tras la Segunda Guerra Mundial, memorias oficiales y conmemoraciones -héroes, mártires, fechas patrias, monumentos-. O también justificaciones del sacrificio, discursos que legitiman pérdidas humanas (“murieron por la patria”, “defensa de la libertad”). Identidades nacionales reforzadas o redefinidas: quiénes somos “después” de la guerra. Finalmente, la reorganización del sistema se refiere a advertencias o traumas colectivos, como cuando se dice “nunca más”, después de haber experimentado conflictos devastadores. En síntesis, son las historias que una sociedad se cuenta a sí misma para explicar la guerra y reorganizar su vida después de ella.

En este sentido, la guerra no aparece como una solución racional ni deseable, sino como una forma límite, profundamente destructiva, mediante la cual sistemas en crisis han sido históricamente reordenados.

Pero incluso aquí se manifiestan límites. Ninguna dominación ha sido absoluta ni definitiva. La historia del siglo XX —desde Adolfo Hitler hasta José Stalin— lo demuestra con claridad. Y en América Latina, las dictaduras de Jorge Ubico, de Anastasio Somoza García (el padre), de Anastasio Somoza Debayle (el hijo), o de Maximiliano Hernández Martínez evidenciaron que el poder puede reprimir, pero no suprimir definitivamente las contradicciones sociales. La lección es clara: la ausencia visible de contradicción no significa su desaparición, sino su desplazamiento.

El límite que no puede desplazarse

Sin embargo, como lo hemos explicado, el cambio climático introduce una ruptura en esta lógica.

A diferencia de las crisis anteriores, no puede ser trasladado geográficamente, ni diferido indefinidamente. No hay un “afuera” al cual exportarlo. No hay periferia que absorba sus efectos sin devolverlos amplificados.

Sequías prolongadas, incendios forestales, huracanes más intensos, pérdida de biodiversidad, desplazamientos humanos, derretimiento de casquetes polares, todos estos fenómenos no son eventos aislados, sino manifestaciones de un sistema que ha comenzado a encontrar un límite infranqueable.

Aquí, el desplazamiento deja de ser posible.

Conciencia, conflicto y posibilidad histórica

Pero este límite no implica una resolución automática.

Nada garantiza que la humanidad responderá de manera racional o solidaria. La historia no avanza por determinismos mecánicos. Lo que se abre es un campo de posibilidad, no una certeza. La clave reside en la conciencia.

En la medida en que la magnitud del peligro se haga cada vez más evidente, puede comenzar a configurarse una convergencia inédita de fuerzas sociales y políticas: trabajadores, comunidades, gestores comunitarios, movimientos ambientales, sectores medios, incluso fracciones disidentes dentro de las propias élites, además de los tradicionales movimientos sindicales, cooperativos y hasta en algunos casos cámaras empresariales que hayan captado que el desarrollo con justicia social y en equilibrio con la naturaleza, no pasa por la extracción y explotación de los combustibles fósiles que han enfermado la tierra acarreando el calentamiento global. Se puede prever incluso una coalición de fuerzas a escala mundial, por el vértice común que poseen los impactos del calentamiento climático global en todo el orbe.

No se trata de una alianza homogénea ni exenta de tensiones, sino de una articulación histórica frente a una amenaza común.

Esta convergencia no necesariamente requiere de la violencia como forma dominante. Puede expresarse en transformaciones políticas, culturales y económicas que desplacen progresivamente la centralidad de la ganancia como principio organizador de la vida social.

Frente a ella, -la centralidad de la ganancia- las élites que hoy concentran el poder económico podrían encontrarse crecientemente aisladas. No porque pierdan de inmediato su capacidad material, sino porque su lógica se vuelve incompatible con la sostenibilidad de la vida.

Hacia un nuevo horizonte civilizatorio

Nos encontramos, entonces, ante una bifurcación histórica. De un lado, la persistencia de una lógica de acumulación que, de no ser contenida, profundizará las condiciones de destrucción ecológica y social.

Del otro, la posibilidad de una reorientación civilizatoria basada en la primacía de la vida, en la reconstrucción de vínculos con la naturaleza y en la redefinición de lo que significa prosperar.

No es necesario que la humanidad alcance un punto de colapso total para emprender este camino. Pero el tiempo histórico disponible para hacerlo no es indefinido; porque determinados impactos ambientales sobre la naturaleza pueden tornarse irreversibles. Un caso muy citado es el del derretimiento de los casquetes polares como consecuencia del calentamiento global, tanto de la atmósfera como de las aguas oceánicas.

La pregunta permanece abierta —y con ella, la responsabilidad colectiva—:

¿será capaz la humanidad de reconfigurar su destino antes de que los límites que ha desbordado se impongan de manera irreversible?

La Amazonía: umbral de irreversibilidad y destino compartido

No todos los procesos de deterioro ambiental avanzan de forma lineal. Algunos sistemas naturales, al ser sometidos a presiones crecientes, pueden alcanzar umbrales críticos a partir de los cuales su transformación se vuelve abrupta e irreversible. La Amazonía constituye uno de los ejemplos más inquietantes de este tipo de dinámica.

Diversos estudios científicos advierten que la selva amazónica —el mayor bosque tropical del planeta— podría aproximarse a un punto de no retorno si se combinan tres factores: la deforestación sostenida, el aumento de las temperaturas y la alteración del régimen de lluvias. En ese escenario, amplias zonas de bosque húmedo podrían degradarse progresivamente hasta convertirse en sabanas, con una pérdida masiva de biodiversidad y una drástica reducción de su capacidad para almacenar carbono, vital, como es obvio, para la supervivencia de la flora universal.

Pero, la Amazonía no es solo un reservorio de especies o un “pulmón del mundo” en sentido metafórico. Es, sobre todo, un regulador climático de escala continental. A través de los llamados “ríos voladores” —corrientes de humedad que se desplazan desde la cuenca amazónica hacia otras regiones de América del Sur—, este ecosistema sostiene ciclos de lluvia fundamentales para la agricultura, el abastecimiento de agua y la vida urbana en países como Brasil, Perú, Bolivia y más allá.

El debilitamiento de este sistema tendría efectos en cascada: sequías más intensas, pérdida de suelos fértiles, inseguridad alimentaria y presiones migratorias. En otras palabras, lo que podría parecer un problema localizado en la selva se convertiría en una crisis civilizatoria extendida.

Aquí se vuelve tangible la tesis central: el tiempo histórico disponible no es indefinido. Si la Amazonía cruza ese umbral, ya no se tratará de mitigar daños graduales, sino de enfrentar una transformación estructural del sistema climático regional con consecuencias imprevisibles.

Sin embargo, también en este caso emerge la posibilidad de una convergencia inédita: Pueblos indígenas, comunidades locales, científicos, movimientos ambientales e incluso sectores económicos comienzan a reconocer que la defensa de la Amazonía no es una causa sectorial, sino una condición de posibilidad para la continuidad de la vida tal como la conocemos en la región.

El agua y la crisis hídrica

América Latina, históricamente rica en recursos hídricos, comienza a experimentar tensiones cada vez más visibles: agotamiento de acuíferos, contaminación de fuentes y desigual acceso. Grandes ciudades enfrentan ya escenarios de estrés hídrico, mientras comunidades rurales ven comprometidas sus formas de vida. El agua deja de ser un bien abundante para convertirse en un eje de conflicto social y territorial.

Migraciones climáticas

A su vez, el deterioro ambiental comienza a traducirse en desplazamientos humanos. Sequías prolongadas, eventos extremos, como los incendios forestales, por un lado, y huracanes indómitos y desbordamientos de ríos, por otro, juntamente con la pérdida de medios de subsistencia, obligan a miles de personas a abandonar sus territorios. Estas migraciones, aun insuficientemente reconocidas en los marcos legales internacionales, anticipan tensiones sociales y políticas que redefinirán las dinámicas regionales.

Estos tres casos —la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones climáticas— serán abordados con mayor detenimiento en una próxima entrega, en la que se examinarán sus dinámicas específicas y sus implicaciones para América Latina y el mundo.

¿Qué está pasando con la incineración de residuos sólidos en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

• Cine-foro con participación de especialistas nacionales e internacionales
• Visita internacional busca ampliar la discusión sobre alternativas de manejo de residuos
• Encuentro centroamericano y actividades en la Asamblea Legislativa

En el país han resurgido, en distintos momentos, propuestas para la incineración de residuos sólidos, presentadas como alternativas a los rellenos que resultan cada día una opción más in-sanitaria. Este proceso consiste en un tratamiento térmico que quema los desechos a altas temperaturas, reduciendo su volumen y generando energía. Sin embargo, también produce cenizas peligrosas y emite gases tóxicos que pueden afectar el aire, el suelo y las fuentes de agua, con implicaciones directas para la salud humana y los ecosistemas.

En un contexto donde la gestión de residuos se ha convertido en una problemática cada vez más urgente, diversas empresas han retomado la incineración como una supuesta solución. No obstante, múltiples sectores advierten sobre los riesgos de promover este tipo de tecnologías sin un análisis integral de sus impactos.

Durante el último año, un colectivo de organizaciones sociales y comunales, junto con el Programa Kioscos Socioambientales, ha impulsado espacios de reflexión pública- mediante foros- para visibilizar tanto las problemáticas como las alternativas en el manejo de residuos. En estos espacios se han abordado los impactos de la llamada “basurización” en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari, La Carpio, Mora, Turrúcares y Osa, así como las amenazas que enfrentan distintos territorios ante modelos de gestión insostenibles.

Estos espacios han coincidido en una alerta compartida: la situación actual del manejo de residuos en Costa Rica constituye una “bomba de tiempo” que podría derivar en una crisis ambiental, social y sanitaria de gran magnitud. A pesar de contar con más de siete décadas de legislación en la materia, en la práctica ha predominado un modelo centrado en grandes rellenos in-sanitarios operados por empresas privadas, sin avanzar de manera decidida hacia soluciones integrales y sostenibles.

En este contexto, se han señalado preocupaciones sobre la creciente influencia de intereses corporativos, la fragmentación de la rectoría institucional entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud, y la promoción de soluciones rápidas o “mágicas”, como la incineración, que no abordan las causas estructurales del problema.

Con el apoyo de la organización internacional Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), se busca abrir espacios de discusión informada sobre los impactos de la incineración y promover enfoques basados en el desarrollo humano y la justicia ecológica. GAIA es una red global que trabaja en la promoción de soluciones de “basura cero”, orientadas a transformar los modelos extractivistas de producción y consumo.

Como parte de esta iniciativa, el próximo jueves 23 de abril se realizará el cineforo “¿Qué es la incineración y cómo afecta a nuestras comunidades?”, en el auditorio de la Escuela de Tecnologías en Salud (primer piso), en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, de 3:30 p. m. a 5:00 p. m.

Durante la actividad se proyectará el documental Burning Injustice (2023), que sigue la lucha de activistas latinos en Estados Unidos contra una de las últimas incineradoras de basura en California, evidenciando sus impactos en la salud de las comunidades y las resistencias organizadas para su cierre.

El espacio contará con la participación de personas expertas como Alejandra Parra Muñoz, activista chilena y coordinadora de la Alianza Basura Cero Chile e integrante de GAIA; Mauricio Álvarez, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas e integrante del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y del IDELA-UNA; y Ronald Arrieta Calvo, doctor en Ingeniería en Biotecnología y docente jubilado de la Escuela de Química de la UCR.

La actividad es gratuita y abierta al público. Por motivos de espacio, se solicita completar el formulario de inscripción: https://forms.gle/1mXXgPACLUqnPM7B8

Actividades regionales

La visita internacional forma parte de una gira regional que incluye un Encuentro Centroamericano los días 21 y 22 de abril de 2026 en El Salvador, con el objetivo de fortalecer una alianza regional hacia modelos de “basura cero”.

En Costa Rica, las actividades continuarán el 23 y 24 de abril con espacios de diálogo sobre los impactos de la incineración y alternativas para la gestión de residuos. El viernes 24 de abril se realizará además un encuentro en la Asamblea Legislativa: “Valorización de Residuos Orgánicos en Costa Rica: Realidad, Desafíos y Decisiones, organizado desde el despacho de la diputada Cynthia Córdoba, en conjunto con GAIA y ASOBIOGAS, para discutir la valorización de residuos orgánicos y analizar el proyecto de ley 25.271, relacionado con la generación sostenible y el aprovechamiento energético.

Nuevo reglamento de vida silvestre genera alertas por posibles retrocesos en protección ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) emitió un comunicado en el que analiza críticamente la propuesta de nuevo Reglamento de Vida Silvestre impulsada por el MINAE. Desde un enfoque técnico, científico y de defensa ambiental, la organización advierte sobre posibles retrocesos en la protección de la biodiversidad, cuestiona la falta de recursos para el SINAC y llama a una revisión profunda, participativa y fundamentada en evidencia científica antes de avanzar con la normativa.

SURCOS le comparte el comunicado de APREFLOFAS:

  • La propuesta planteada por el MINAE para un nuevo Reglamento de Vida Silvestre busca derogar el actual reglamento, Decreto Ejecutivo 40548-MINAE de 2017.

  • El manejo de la vida silvestre debe ser planteado desde el conocimiento científico y dirigido hacia la conservación.

  • La propuesta del MINAE no incluye recursos financieros para el SINAC.

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), fundada en 1985, en su condición de promotora y defensora de la protección ambiental ha desarrollado distintas acciones, estrategias y capacidades a lo largo de cuatro décadas, entre estas la educación ambiental, la investigación, el análisis técnico y jurídico de leyes y reglamentos en materia ambiental; y la difusión de conocimiento científico sobre la interacción entre los seres humanos y la vida silvestre.

La normativa relacionada con vida silvestre (flora y fauna) se encuentra contenida principalmente en la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317 y sus reformas) y en el actual Reglamento de Vida Silvestre, establecido en el Decreto 40548-MINAE de 2017.

El actual Reglamento de vida silvestre, Decreto 40548-MINAE de 2017

La elaboración del Reglamento actual (Decreto 40548-MINAE de 2017) fue realizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) entre los años 2015 y 2017, antes de ser oficializado, el reglamento fue presentado a consulta pública en el año 2017; dicho reglamento se compone de 231 artículos.

La elaboración del Reglamento actual (Decreto 40548-MINAE de 2017) tuvo además el apoyo técnico y los aportes de centros e institutos de investigación especializados en vida silvestre de la Universidad de Costa Rica (Jardín Lankester) y de la Universidad Nacional (ICOMVIS y Hospital de Especies Menores y Silvestres), colegios profesionales, especialistas en medicina veterinaria y organizaciones no gubernamentales especializadas en vida silvestre.

Desde su entrada en vigencia en el año 2017, el Reglamento actual ha generado disconformidad por parte de quienes prefieren una mayor apertura y uso comercial de la vida silvestre, especialmente de la fauna. En ese sentido, un total de ocho acciones de inconstitucionalidad fueron interpuestas desde 2017 contra el actual reglamento, todas ellas fueron declaradas sin lugar por la Sala Constitucional mediante las sentencias 2018-2844, 2018-4285, 2018-8413, 2018-18563, 2020-11171, 2021- 2185, 2021-3851 y 2024-25584.

Las limitaciones al comercio, la exhibición y la reproducción de especies de fauna bajo las distintas categorías de manejo establecidas en el Reglamento, fueron los principales reclamos resueltos por la Sala Constitucional en las sentencias antes mencionadas.

El proceso de un nuevo Reglamento

El 21 de octubre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante una convocatoria su sitio web puso a disposición para consulta pública el proyecto para un nuevo Reglamento de Vida Silvestre, esa primera versión contenía 325 artículos y 22 anexos.

La consulta oficial para emitir criterios estuvo disponible hasta el 04 de noviembre de 2025 en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dado que la propuesta de reforma ha sido planteada desde el mecanismo de mejora regulatoria, el cual es coordinado y supervisado por el MEIC.

Una disconformidad recurrente durante este proceso de consulta, ha sido el plazo disponible de 10 días hábiles para hacer observaciones sobre un instrumento que versa sobre materia sumamente técnica, como lo es la conservación y manejo de vida silvestre. Estas disconformidades sobre el plazo de consulta fueron planteadas por colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales especializadas en vida silvestre, investigadores e investigadoras, centros de investigación e institutos especializados en vida silvestre, entre otros.

En cuanto a las observaciones sobre el contenido de la primera propuesta presentada para consulta pública, distintos grupos de la sociedad civil, colegios profesionales, especialistas y distintas ONG emitieron aproximadamente 800 observaciones para revisión del MINAE.

Una de las observaciones más reiteradas por parte de la ciudadanía, visible en el expediente de consulta implicó cuestionamientos a la excepción a la tenencia cinco especies de aves silvestres de la familia de los psitácidos (Amazona autumnalis, Amazona farinosa, Brotogeris jugularis, Eupsittula canicularis, Psittacara finschi) y a la tenencia de Aras híbridas (lapas híbridas) contenida en el artículo 126.a (página 80) de la versión sometida a consulta pública; pese a los cuestionamientos, el MINAE mantuvo esa disposición intacta en la segunda versión del proyecto del 29 de enero de 2026 (artículo 126.1, página 86) y en la tercera versión del 9 de marzo de 2026 (29 de enero de 2026 (artículo 126.1, página 84), aun cuando en el mismo expediente y en la consulta pública constan distintos cuestionamientos sobre la legalidad de esa medida, la severa regresión ambiental que implica y el cuestionamiento sobre si existen o no criterios técnicos para fundamentarla.

Una vez concluida la consulta pública, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) emitió el informe DMR-DAR-INF-261-2025 del 12 de noviembre de 2025, donde señaló 44 recomendaciones con carácter vinculante que deben ser corregidas, como puede verse en la página 32 de ese informe, donde dicho Ministerio indicó:

“Como resultado de lo expuesto, esta Dirección concluye que la propuesta transgrede los principios de mejora regulatoria de: Cooperación Intra e Interinstitucional, Eficiencia, Legalidad, Publicidad, Reglas Claras y Objetivas, Seguridad Jurídica, Transparencia. Por lo tanto, emite, con carácter vinculante, las siguientes recomendaciones (…)”

En fecha 18 de marzo de 2026 tuvo lugar en la Universidad Nacional un conversatorio sobre el proyecto de nuevo reglamento, este espacio de diálogo y reflexión técnica, científica y jurídica tuvo ponencias por parte de APREFLOFAS, el Instituto Internacional de Conservación de Vida Silvestre (ICOMVIS), el Centro de Rescate Wildlife Rescue Center (antiguamente ZooAve) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en este espacio, uno de los temas de mayor discusión fue el tema de la tenencia de aves silvestres y la posibilidad de mantenerlas en cautiverio, situación que estuvo definida expresamente en las tres versiones del reglamento disponibles hasta ese momento (21 de octubre de 2025, 29 de enero de 2026 y 09 de marzo de 2026). La grabación completa del conversatorio puede verse en este enlace en el canal de Youtube del ICOMVIS.

Durante el conversatorio, hubo además cuestionamientos sobre los criterios técnicos que fundamentaron esa decisión, sin que a la fecha de este comunicado de prensa conste en el expediente si existen o no esos criterios. Esto es particularmente relevante, dado que las decisiones sobre vida silvestre deben ser definidas con base en la ciencia y la técnica.

Luego del conversatorio del 18 de marzo, en una cuarta versión del proyecto de nuevo Reglamento, el MINAE retiró la posibilidad de cautiverio de cinco de las especies de aves, manteniendo esa posibilidad para las lapas híbridas, lo cual también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la opinión pública durante los últimos días.

De tal manera, según lo que consta en el expediente digital, la rectificación del MINAE sobre la tenencia de varias especies de aves, surge hasta que los cuestionamientos sobre esta medida salieron a la luz pública en distintos espacios.

Otros de los elementos que ha llamado la atención es la aprobación de una nueva categoría de sitio de manejo que combina “centros de rescate” con “zoológicos sin fines comerciales” contenida en el artículo 179.b de todas las cuatro versiones del proyecto de nuevo Reglamento. Al respecto, no consta en el expediente mayor detalle sobre los criterios científicos que avalen estas y otras medidas.

El nuevo reglamento no plantea nuevos recursos para el SINAC

Desde APREFLOFAS consideramos sumamente relevante destacar que la propuesta del nuevo reglamento no viene acompañada de la asignación de recursos técnicos, tecnológicos, financieros, presupuestarios o humanos para el SINAC.

En ese orden de ideas, debe recordarse que el último Informe del Programa Estado de la Nación (2025), ya advertía sobre el recorte de presupuesto que viene siendo aplicado en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, señalándose en el Informe (página 169):

“El presupuesto del Sinac se redujo un 40% en el último lustro. En consecuencia, se realizaron menos actividades de control, monitoreo y fiscalización en las áreas de conservación. Esta situación se agrava por la progresiva transformación de la estructura de gobernanza hacia una mayor concentración de poderes en detrimento de la participación y el criterio técnico”.

Adicionalmente, desde APREFLOFAS estimamos sumamente relevante destacar que un nuevo Reglamento de vida silvestre no debe ser más permisivo que el anterior, especialmente, cuando la situación mundial de la biodiversidad es hoy todavía más delicada que la que tuvimos en el año 2017.

Consideramos oportuno destacar que la permisividad y flexibilidad es todavía más riesgosa cuando no se tienen estudios poblacionales de las especies de fauna silvestre, recordando que el Reglamento tiene efecto en todas las especies de flora y fauna, no solamente en las que hemos mencionado en este comunicado.

Por todo lo anterior, desde APREFLOFAS:

  1. Consideramos que cualquier propuesta de nuevo Reglamento debe buscar fortalecer la protección y conservación de vida silvestre y debe ser fundamentada en criterios técnicos y científicos verificables.

  2. Cualquier propuesta de Reglamento de vida silvestre debe ser objeto de la difusión oficial de información amplia, veraz y transparente para la ciudadanía.

  3. Señalamos que cualquier propuesta de nuevo Reglamento resulta operativamente inviable si el SINAC sigue siendo objeto de recortes en su presupuesto.

  4. Solicitamos al MINAE designar una mayor cantidad de guardaparques, personal, vehículos, recursos técnicos y recursos tecnológicos de vigilancia para la protección de las Áreas Silvestres Protegidas, particularmente en las áreas con alta incidencia de delitos ambientales y en las oficinas regionales.

  5. Las decisiones sobre vida silvestre son de interés público y deben fundamentarse en la ciencia y la técnica.

  6. Solicitamos a las autoridades una minuciosa revisión de la propuesta para cerrar la posible apertura de portillos que permitan delitos ambientales, por lo cual, consideramos que debe darse una pausa en el avance de esta propuesta, permitiendo su revisión detallada y el escrutinio ciudadano.

  7. Invitamos a toda la ciudadanía a informarse sobre este tema y a solicitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.

¡Respetemos a la vida silvestre!