Este jueves 10 de marzo a las 6 de la tarde, estaremos transmitiendo desde nuestra página de Facebook, el conversatorio «Acuerdo de Escazú: Miradas desde la defensa comunitaria de los territorios».
Contaremos con la participación de: -Pablo Sibas Sibas, líder indígena en representación de FRENAPI y de la recuperación Crun Shurin. -Representantes del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica. -Paola Vega, diputada. -Representantes de FECON
La actividad será moderada por la académica de la Comunicadora Ecofeminista, Rebeca Arguedas.
SURCOS recibió de FECOU la siguiente convocatoria:
Fecha: Viernes 11 de marzo Hora: 5:30pm Lugar: Boulevar de las Instalaciones Deportivas de la Sede Rodrigo Facio, frente a la construcción de la OBS
Ante la destrucción del acuífero que da vida a la naciente de la quebrada La Cangreja y los ecosistemas de Finca 3, debido al crecimiento urbanístico social y ambientalmente irresponsable de la Universidad de Costa Rica: Vigilia por los ecosistemas de Finca 3
En este momento está activo el incendio ubicado cerca del residencial Las Cascadas, afectando la Zona de Amortiguamiento de nuestro pulmón. Grave afectación al ambiente y a la salud pública. Según los vecinos esta situación no es casualidad, la semana pasada también se realizó una quema ilegal de grandes proporciones, como lamentablemente sucede en los meses de verano, durante muchos años se han realizado incendios.
Desde el Movimiento Salvemos la Loma Salitral, exigimos a las autoridades correspondientes que se realicen las indicaciones necesarias de este delito. Para más información visitar:
SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado por Salvemos la Naturaleza de las Instalaciones deportivas de la UCR
– Fondos públicos en riesgo
– Costos de la obra inflándose cada vez más
– Destrucción y contaminación de la naturaleza cada vez mayor (Acuífero y la naciente y quebrada entubada asociada, árboles y vegetación, y más).
La «obra» civil tenía más de una semana paralizada, y hoy están retomando la construcción y drenando de nuevo el acuífero. Increíble, pese a que es evidente a todas luces de la ruptura y drenaje de una acuífero, en este caso un delito ambiental, acusado en las autoridades pertinentes sin que aún suceda nada, y con nefastas consecuencias que describimos seguidamente.
Hoy tienen una bomba de alta frecuencia con un gran tubo succionando toda esta agua del acuífero.
LAS SECUELAS DE SEGUIR DRENANDO ESTE ACUÍFERO SERÁN NEFASTAS PARA TODOS LOS ÁRBOLES Y VEGETACIÓN CIRCUNDANTE, DEJANDO SUS RAICES SIN AGUA, SOBRE CUANDO QUE-DAN AÚN DOS MESES DE SEQUÍA POR DELANTE, tiempo durante el cual toda esta exuberante vegetación circundante sobrevive justamente gracias a este acuífero que alimenta sus raíces, aunque no llueva durante 6 largos meses… ES INCOMPRENSIBLE EL NIVEL DE IRRESPONSABILIDAD y de OSADÍA AL QUE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS LLEGARON CON ESTE CASO.
CLARO, CUANDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS NO SALEN DEL BOLSILLO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA UCR A CARGO DE ESTO, Y QUE SABEN QUE SUS PLAZAS SON FIJAS Y CASI INTOCABLES, PARECE NO TEMBLARLES EL PULSO. NO PARECE IMPORTARLES LAS SECUELAS QUE ESTO TENDRÁ EN LA NATURALEZA DEL ENTORNO, la cual es vital para miles de especies, vital para la supervivencia de la quebrada, única fuente de agua potable todo el año para la fauna silvestre, y cuerpo de agua pura para el Corredor Biológico del río Torres.
Llegaron al extremo de indicar en el oficio OEPI-221-2022 de la UCR, que ese montón de agua subterránea que se observa en el video no es acuífero sino “nivel freático colgado”. Pero al público lector debe quedarle claro que un nivel freático colgado justamente indica el nivel más alto al que llega el agua de un acuífero colgado. Un acuífero colgado es un tipo de acuífero que tiene igual grado de protección que cualquier otro acuífero. Que sea un acuífero colgado, somero o superficial, NO lo hace menos importante. Más bien son éstos los acuíferos que dan vida a gran cantidad de nacientes y quebradas del planeta, incluida la quebradita entubada de la Finca 3, que está captada muy cerca de la construcción, y que continúa dando agua a pesar del drenaje intensivo que ha hizo la constructora a este acuífero por más de 4 semanas seguidas, y que hoy están retomando, ahora con un sistema de bombeo de muchas más revoluciones y mucha mayor potencia, según los videos que compartiremos. Al paso que empezaron esta mañana, probablemente sequen esa maravilla de agua freática en cuestión de horas. En tiempos de lluvia el acuífero comenzará a rellenarse poco a poco, y este nivel freático observable en el video y fotos de anteriores publicaciones, llegará mucho más arriba, teniendo un edificio con cimientos sumergidos en agua a niveles preocupantes.
La cantidad de tergiversaciones y manipulación de la verdad y de la ciencia, alrededor de este caso, por parte de diversas autoridades públicas, ha sido de verdad de cuento de terror. Iremos publicándolas, así que les pedimos seguir por acá en sintonía.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
Hoy, 4 de marzo, el Acuerdo de Escazú cumple cuatro años. Este tratado es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Nuestro país continúa sin ratificarlo, a pesar de los ataques a quienes defienden el ambiente
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos.Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar», Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente de Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10 de febrero del 2022
El pasado 22 de febrero del 2022, el Acuerdo de Escazú cumplió diez meses desde que entró oficialmente en vigor. Se trata del primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe.
A nivel ya no solamente regional, sino global, constituye un instrumento internacional único, que contiene, por vez primera, disposiciones específicas para proteger a quienes defienden el ambiente desde sus comunidades. Al respecto, su inminente entrada en vigor fue celebrada por varios órganos universales de derechos humanos de Naciones Unidas, organización que precisó en su comunicado conjunto que:
«El resto de las naciones de la región de América Latina y el Caribe deberían avanzar rápidamente hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú para maximizar la eficacia del tratado en la protección de los derechos humanos frente a las actuales crisis interconectadas del clima, la biodiversidad y la contaminación» (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas, del 9 noviembre del 2020).
Pese a este y muchos otros llamados, a la fecha solo 12 Estados (de 33 posibles) lo han ratificado (véase el estado oficial de firmas y ratificaciones). Estos se reunirán en Santiago de Chile (sede de la Cepal) el próximo mes de abril, para lo que constituirá la primera reunión oficial de Estados Parte a este novedoso instrumento.
En efecto, a cuatro años desde su adopción en Costa Rica (hoy 4 de marzo del 2022), se registran 24 firmas de Estados y 12 ratificaciones. En América Latina, persisten en ni siquiera registrar su firma Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela; al tiempo que, entre los que lo han firmado, persisten en no ratificarlo Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana.
Para quienes no estén muy familiarizados con el trámite de aprobación de un tratado internacional, es menester recordar que mientras el Poder Ejecutivo no firme un tratado internacional (una sencilla instrucción, usualmente enviada desde la capital a su representante ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para proceder a depositar un documento que oficializa la firma del Estado) no hay cómo iniciar una campaña en favor de su aprobación por parte del Poder Legislativo. Es lo que precisamente ocurre en el caso de los Estados citados en la primera lista.
Como se recordará, este tratado regional fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica, después de un largo proceso de negociación de varios años liderado de forma conjunta por Chile y Costa Rica. El nombre completo del Acuerdo de Escazú (véase el texto completo de su versión oficial en español) es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Resulta de interés precisar, además, que la disposición específica relativa a la necesidad de proteger a los defensores del ambiente se debe a una iniciativa conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú, que configuró lo que finalmente se convirtió en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú aprobado en el 2018 (véase la nota oficial presentada por este grupo de Estados a las demás delegaciones durante el proceso de negociación).
Recientemente (14 de febrero del 2022), la revista National Geographic publicó un valioso artículo titulado «Defender la tierra, pagar con sus vidas» sobre el angustiante drama que se vive en varias regiones de Colombia: una situación muy similar a la que viven poblaciones campesinas en varias otras latitudes del continente americano. Un columnista colombiano no dudó en escribir en las primeras semanas del año 2022 que «Nuestros abundantes recursos naturales en Colombia son una maldición. Y querer ayudar a conservarlos, una condena de muerte» (véase «Ecologista: profesión peligro«, publicada en El Espectador el 24/01/2022).
Chile: la urgencia del tiempo
Las nuevas autoridades chilenas electas han anunciado que rectificarán en los primeros días de su gestión lo acontecido durante la Administración del presidente Sebastián Piñera con este acuerdo internacional pionero (véase la nota de prensa del 6/02/2022).
Como bien se recordará, el presidente Piñera asumió sus funciones el 11 de marzo del 2018, una semana después de aprobarse en Escazú el texto que la Administración de la presidente Michelle Bachelet había promovido. Al respecto, el título de este artículo publicado en El País (España) en setiembre del 2020 «Chile abandona el acuerdo medioambiental de Escazú que lideró en la región» traduce bien la inconsistencia y la incoherencia de las autoridades de Chile desde el 2018 al negarse a tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo.
Las razones (algo originales) esgrimidas por las autoridades chilenas para no firmarlo fueron analizadas en detalle en este valioso artículo conjunto de dos juristas chilenas, Valentina Durán Medina y Constance Nalegach Romero, titulado «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?», cuya lectura se recomienda. En septiembre del 2020, un documento (véase el texto completo) sin firma, ni indicación de los departamentos del que procede, ni tampoco número de consecutivo, ni mayores detalles que toda buena administración pública incluye en cualquiera de sus oficios, fue divulgado por las autoridades chilenas, reafirmando las razones que impiden, según ellas, a Chile firmar el texto. En lugar de la firma, en la parte final, nuestros lectores observarán que aparece simplemente la mención «Ministerio del Medioambiente – Ministerio de Relaciones Exteriores«.
Es muy probable que la adhesión de Chile será muy rápida de registrar en Naciones Unidas por parte del nuevo Poder Ejecutivo apenas tome oficialmente posesión (11 de marzo del 2022); seguida luego de un cabildeo con los partidos políticos en el Poder Legislativo para aprobarlo, con el objetivo de poner a Chile al unísono con un clamor general en América Latina y con los lineamientos como los que contiene el Acuerdo de Escazú en materia de justicia ambiental y de derechos de quienes defienden el ambiente.
Estos lineamientos, además, coinciden no solamente con los que promueven diversas entidades de derechos humanos de Naciones Unidas, sino también —pese a que ello no se divulgue mayormente en algunos círculos políticos y económicos— con los de la misma OCDE o del Banco Mundial (véase el comunicado oficial de este último celebrando su entrada en vigor el pasado 22 de abril del 2021).
El cambio de orientación política en Chile augura un regreso muy pronto de este país al Acuerdo de Escazú. Al respecto, noticias halagadoras recientes, como esta nota del 2 de marzo del 2022, así nos lo confirman. Por tanto, es muy factible, pese a la premura del tiempo, que Chile sí logre participar en la reunión prevista en Santiago el 21 de abril del 2022 y que constituirá la primera COP1 (de las siglas en inglés de «Conference of Parties«).
La Conferencia Preparatoria a la COP1 (por sus siglas PreCOP1) fue fijada por la Cepal para celebrarse hoy 4 de marzo del 2022, una fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumple exactamente 4 años desde su adopción en Costa Rica (véase el comunicado de la Cepal).
Costa Rica: una persistente interrogante
En lo que concierne a Costa Rica, sigue interpelando a numerosos observadores internacionales y a organizaciones, tanto en América Latina como en otras latitudes, el hecho de no haber ratificado un instrumento que lleva el nombre de uno de sus cantones y que trata sobre ambiente y derechos humanos: dos pilares tradicionales de la política exterior de Costa Rica sobre los que ha basado su imagen y su prestigio internacionales.
Esta insólita ausencia de Costa Rica se entiende cada vez menos con el pasar del tiempo: ya han ratificado el Acuerdo de Escazú sin generar algún tipo de problema Estados como Bolivia y Uruguay (2019), Ecuador, Panamá y Nicaragua (2020), así como Argentina y México (2021). En este 2022, es muy factible que algunos cambios políticos en Suramérica (además del acaecido en Chile) auguren varias nuevas ratificaciones.
Foto de una manifestación contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo «Canadian groups tell gold company to »stop harassing» Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013).
Cabe recordar que, en el mes de febrero del 2020, en primer debate, se adoptó con 44 votos a favor y 0 en contra en la Asamblea Legislativa costarricense. Varios de los actuales legisladores luego cambiaron de parecer, debido a la fuerte presión ejercida por diversas cámaras empresariales costarricenses que se oponen a este instrumento con base en supuestos «argumentos», cuyos autores rehúyen el debate público con especialistas en materia ambiental (Nota 1).
El titular de esta nota de prensa de abril del 2021 que se lee así «Acuerdo de Escazú entrará en vigor sin la ratificación de Costa Rica, uno de sus impulsores», del programa radial Amelia Rueda, refleja (al igual que en el caso de Chile), la incoherencia e inconsistencia de las autoridades costarricenses.
Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú
Es de resaltar el hecho que, desde la Sala Constitucional, un solo magistrado, Paul Rueda Leal (de siete integrantes) evidenció la innecesaria complicación que esta jurisdicción le significó en el 2020 a la aprobación del Acuerdo de Escazú, con base en argumentos y en un cambio de su línea jurisprudencial más que cuestionables (Nota 2).
Al respecto, vale la pena advertir que en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú —así como Perú (véase la opinión del Poder Judicial recogida en este documento oficial)—, sus poderes judiciales externaron un criterio tan insólito (como erróneo) como el de la Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica: según esta última, el Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento y un cargo a las finanzas del Poder Judicial costarricense. Esta lectura tan aislada en el continente viene a confortar aún más lo externado por el precitado magistrado en su primer voto salvado del mes de marzo del 2020, al señalar la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y por la mayoría de la Sala Constitucional (véase el texto completo de la sentencia 06134-2020 de marzo del 2020):
«Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país«.
El mismo magistrado, en una segunda decisión de agosto del 2020 (véase el texto de la sentencia 015523-2020) explicó de manera detallada el súbito cambio de línea jurisprudencial al que procedió la Sala, no sin antes concluir su voto salvado señalando que:
«Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto ‘Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)‘».
A estas extrañas actuaciones de la justicia costarricense constitucional, se vienen añadir otras anomalías del aparato judicial, al parecer decidido a aplazar o dificultar, de una u otra manera, el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú. En este artículo publicado en abril del 2021 leemos que, para quien fue la negociadora en nombre de Costa Rica del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero:
«‘Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa… y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos‘, continuó la exviceministra.
‘Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto‘, añadió Madrigal«.
Salvo error de nuestra parte, no se ha sistematizado este conjunto de extrañezas provenientes del Poder Judicial que tienden a complicar la aprobación del Acuerdo de Escazú. Se sugiere a investigadores y a especialistas en la materia realizar un análisis minucioso del trámite sufrido por el Acuerdo de Escazú ante tan original interpretación en aras de explicarnos de donde podrá provenir tan inusual mezquindad del juez constitucional costarricense, comparando (por ejemplo) los criterios emitidos para la aprobación de otros tratados internacionales que contienen disposiciones formuladas de manera muy similar a las del Acuerdo de Escazú: es posible que sus conclusiones tiendan a consolidar la idea según la cual, por razones que creemos se deben conocer, el Acuerdo de Escazú posee a muy decididos detractores dentro del mismo Poder Judicial.
Los supuestos «argumentos» en contra de Escazú: una facilidad para rebatirlos que merece mención
Hace unos meses, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi) un valioso artículo que refuta nuevamente los falsos argumentos y los verdaderos mitos creados por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento: véase el artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», cuya lectura recomendamos. De igual manera, nos permitimos referir al lector a un muy valioso esfuerzo del equipo de periodistas de DobleCheck, el cual examinó en detalle cada uno de los argumentos de una influyente cámara empresarial (véase el documento), en el que podemos leer que:
«Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de la UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces«. A la fecha en la que se redactan estas líneas, la precitada nota se ha mantenido sin cambio alguno desde el mes de abril del 2021.
También se puede consultar el artículo del mismo académico, Mario Peña Chacón (véase el texto completo) titulado precisamente «Desmitificando el Acuerdo de Escazú» y publicado en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDia. Una versión ampliada del mismo estudio fue puesta a disposición del público por parte del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) —véase el enlace— el primero de diciembre del 2020.
Finalmente, en relación con el punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental de octubre del 2019 (también publicado por el SEP de la UCR), explicaba claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que, al parecer, desconoce por completo la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).
Una verdadera campaña de desinformación orquestada desde sectores empresariales y sus fichas
Desde varios meses, tanto en Costa Rica, como en Chile, en Colombia, en Guatemala, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.
A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase el texto completo), o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo). Nuestros estimables lectores podrán apreciar por sí mismos el alcance de esta creatividad. En Paraguay, además, el Poder Ejecutivo se sintió obligado a retirar el texto en trámite de aprobación en el 2019 debido a críticas (tan insólitas como infundadas) de la Iglesia católica asociando el Acuerdo de Escazú con el aborto (véase la nota de ÚltimaHora del 2/12/2019). En Costa Rica, un directivo de la cámara nacional de exportadores de piña (Canapep) se refirió al Acuerdo de Escazú como «una barbaridad que quieren aprobar» (véase la nota de CRHoy del 15/12/2020).
Es de notar que recientemente (25 de febrero del 2022) la misma Canapep y otras siete cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú (véase el texto de la carta) indicando que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y concluyendo su misiva solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país«.
Una realidad objetiva que refuta los supuestos «argumentos» contra Escazú
De manera a valorar la pertinencia de las razones esgrimidas por estos sectores productivos (así como sus aliados políticos) en Costa Rica pero también en otras latitudes, invitamos a nuestros estimables lectores a hacerse algunas de las siguientes preguntas: en los Estados de América Latina que ya han ratificado este novedoso instrumento regional (Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías ¿acaso han sufrido alguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según los opositores al Acuerdo de Escazú, su aprobación?¿Se ha creado algún tipo de inseguridad jurídica? ¿Tal vez ha salido ahuyentada la inversión extranjera hacia los Estados que no han aún aprobado el Acuerdo de Escazú? ¿Habrán perdido competitividad algunos de sus productos? O bien ¿se ha podido observar en uno de ellos cómo se ha desestabilizado el sector productivo?
De igual manera, en aras de calmar los temores (infundados) de los militares peruanos y de sectores cercanos a estos, se debe señalar que, en ninguno de los ejércitos de los precitados Estados, se ha cedido un solo ápice de soberanía territorial.
Foto de una manifestación contra la expansión de la piña en Costa Rica (frente a la Asamblea Legislativa). Imagen extraída de la nota de prensa del TicoTimes titulada «Environmentalists demand halt to pineapple expansion», edición del 15/05/2017.
Esta realidad objetiva y observable aplica también a lo sostenido por parte de las cúpulas empresariales colombianas, guatemaltecas, paraguayas y peruanas (y sus siempre leales fichas políticas) en contra del Acuerdo de Escazú: sus supuestos «argumentos» han sido de igual manera rechazados desde universidades y desde organizaciones sociales, llevándolas a explorar diversas herramientas de comunicación ante lo que califica como una verdadera campaña de desinformación a la cual se han prestado varios medios de prensa en América Latina en contra del Acuerdo de Escazú (Nota 4).
Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que, en el caso de Costa Rica al menos, ya aplica desde hace muchos años, y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
En relación con la campaña de desinformación de algunas cúpulas empresariales, en una entrevista muy completa (véase el texto) durante su reciente visita a Perú, el relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas, Marco Orellana, indicó que: «lo que vemos son campañas de desinformación totalmente irresponsables de algunos grupos empresariales que ven en el acuerdo una amenaza a sus actividades de producción. Pero los mercados del futuro le van a pertenecer a las empresas que exhiban un verdadero compromiso con estándares ambientales y sociales«.
Chile y Costa Rica: dos Estados en la mira
Ahora bien, si se considera que Chile y Costa Rica fueron ambos líderes indiscutibles durante los más de cinco años y medio que duraron las negociaciones del Acuerdo de Escazú con las demás 31 delegaciones estatales, su sorprendente ausencia en la lista de Estados Parte en este 2022 tiene un efecto que trasciende sus fronteras.
En efecto, el hecho que no sean Estados Parte ofrece un inesperado argumento para los adversarios más decididos de este tratado: en particular para algunas cúpulas empresariales de América Latina, aferradas a no permitir ningún tipo de participación ciudadana en materia ambiental ni afianzar la justicia ambiental, y mucho menos ofrecer algún tipo de protección para quienes alzan la voz desde sus comunidades.
Una entrevista que tuvimos el privilegio de tener recientemente en la televisión chilena con la negociadora de Chile del Acuerdo de Escazú durante el proceso de negociación, Constance Nalegach Romero (véase el video), detalla las inconsistencias de diversa índole que Costa Rica y Chile comparten en estos momentos ante los demás integrantes de la comunidad internacional.
A modo de conclusión
Dado que Chile posiblemente muy pronto cierre el lamentable paréntesis que ha significado su actual presidente en muchos ámbitos relacionados con el ambiente y los derechos humanos (Nota 5), ¿será factible rectificar antes de Chile (o al mismo tiempo que Chile) su no aprobación, o Costa Rica querrá arriesgarse a seguir «luciéndose» internacionalmente, dándole la espalda a un tratado que busca proteger quiénes defienden el ambiente, promover la transparencia, así como la rendición de cuentas (Nota 6)?
Tienen la palabra su actual Ejecutivo, así como los 57 actuales integrantes de su Asamblea Legislativa hasta el próximo 30 de abril: estos últimos aún están a tiempo de reconocer que erraron (y bastante) al cambiar de parecer sobre el Acuerdo de Escazú con base en argumentos que no lo son. El argumento escuchado durante la actual campaña electoral según el cual la normativa en Costa Rica es lo suficientemente adelantada por lo que resulta innecesario aprobar el Acuerdo de Escazú resulta bastante débil. Basta, para convencerse de ello, con observar la desprotección de quiénes defienden el ambiente ante amenazas de todo tipo que reciben en algunas comunidades; o bien, entre muchos otros aspectos, la dificultad para obtener informes técnicos en materia ambiental de entidades estatales: se trata de una situación que el mismo Consejo Universitario de la UCR vivió en el 2018, al solicitar información sobre los efectos de las plantaciones de piña en la salud de las comunidades circundantes (Nota 7). Recientemente la Sala Constitucional acogió un recurso por desobediencia exigiendo a las autoridades de salud determinar y dar a conocer el alcance de la contaminación con arsénico en el agua en las regiones de Cañas y Bagaces, y entregar toda la información que posean sobre los efectos detectados en la salud humana (Nota 8).
Haciendo a un lado los ajustes legales que permitiría en Costa Rica el Acuerdo de Escazú en aras de mejorar notablemente diversos ámbitos en materia de participación ciudadana, de acceso a la información ambiental y de efectividad de la justicia ambiental, sería deseable que, para hoy 4 de marzo, Costa Rica pudiera oficialmente anunciar algo medianamente decoroso en relación con la aprobación de este instrumento pionero a nivel mundial.
Más generalmente, en relación con Costa Rica y los demás Estados que mantienen aún una distancia con el Acuerdo de Escazú pese a observar, a veces mes a mes, como se intimida y se elimina físicamente a líderes de pequeñas comunidades campesinas o indígenas que alzan la voz, hacemos nuestras las conclusiones de un valioso artículo escrito por dos juristas chilenas titulado «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú» en las que señalan, con una claridad meridiana que no puede dejar indiferente a nadie, que:
«Con justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación» (Nota 9).
Notas
Nota 1: En efecto, tan pronto fue conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro).
Nota 2: Sobre la innecesaria complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado regional en Costa Rica, véase la sección «La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica» en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., «La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes» , DerechoalDía, edición del 18/11/2020, disponible en este enlace, en el que nos permitimos indicar que: «La total regresión del juez constitucional costarricense con relación a la participación ciudadana en materia ambiental externada en una decisión del 2017 podría explicar su profunda reserva con respecto a un tratado internacional adoptado con posterioridad en el 2018, y que busca precisamente ampliarla y consolidarla«.
Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace.
Nota 4: En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales». En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú. En materia audiovisual, universidades y ONG no han escatimado en talento y creatividad para intentar desmitificar el Acuerdo de Escazú: en Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la evidente falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado Uccaep y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 5: Sobre el particular se remite al lector a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno en esta precisa materia (pp.116-124) en un reciente informe dado a conocer en enero del 2022 (véase el texto completo).
Nota 6: El pasado 25 de noviembre del 2021, la Cepal dio a conocer una nueva publicación sobre los alcances del Acuerdo de Escazú, cuya lectura igualmente recomendamos: se trata de la obra titulada El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas), y cuya lectura completa recomendamos, está disponible en este enlace oficial de la Cepal.
Nota 7: En efecto, al leerse detenidamente el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR sobre la expansión piñera de noviembre del 2018 (véase el texto), se lee en el recuadro del párrafo 8 que, de todas las entidades estatales solicitadas, fueron únicamente las dos entidades del sistema de salud las que entregaron «información insuficiente». Salvo error de nuestra parte, a la fecha no se conoce de un informe sobre las patologías para la salud de las personas que trabajan en las fincas piñeras y para las comunidades aledañas que toman agua contaminada por las sustancias químicas usadas para la producción de la variedad MD-2 (o «Sweet Gold»). Las filminas 23-25 de la presentación del experto Clemens Ruepert (IRET/UNA) durante su exposición en el 2013 durante una sesión del Tribunal del Agua sobre lo encontrado en el polvo de dos escuelas (véase la presentación) permite dar una idea de lo que respiran menores de edad, docentes y en general comunidades expuestas a las sustancias químicas rociadas con cierta regularidad en las plantaciones de piña costarricenses. En lo personal, nos resulta inaudito que el Estado costarricense no se haya preocupado por sistematizar ni tampoco registrar los distintos efectos negativos para la salud humana de las comunidades rurales que provoca la expansión piñera desde el 2007. Un pronunciamiento del mismo Consejo Universitario de diciembre del 2008 recomendaba (véase el texto completo) una moratoria para nuevas plantaciones de piña hasta tanto: «b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos«. En el 2018, tuvimos la oportunidad de referirnos al documental realizado por la DW de Alemania titulado Costa Rica, el precio de la piña (véase el enlace en YouTube). Véase nuestro artículo publicado en el medio digital Delfino.cr, titulado «A propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW». En él indicábamos algo que posiblemente muchas amas de casa, empleados de cocina y en general manipuladores de frutas y alimentos en Costa Rica ignoran al indicar que: «Este último es completado de forma muy interesante con muestras analizadas en un laboratorio alemán independiente (a partir del minuto 22:36): entre varios hallazgos, el técnico de laboratorio recomienda tener extrema precaución a la hora de manipular la fruta en una cocina, al contener sus hojas sustancias químicas sumamente dañinas para la salud humana que se desprenden (y que no impregnan la pulpa ni la cáscara de la fruta exportada a Alemania)«.
Nota 8: En una sentencia sobre desobediencia del 7 de enero del 2022, se lee que la Sala Constitucional «ordena a Daniel Salas Peraza, en su condición de ministro de Salud, o a quien ocupe ese cargo, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda conforme a derecho corresponde lo requerido por la parte accionante en la gestión del 6 de setiembre de 2021«. Véase el Expediente N° 21-023543-0007-CO, sentencia 469-2022 y una de las pocas notas publicadas al respecto.
Nota 9: Véase ASTROZA P. & NALEGACH C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú», Fundación Carolina, Serie Documentos de Trabajo, Número 40, 2020, p. 28. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
El martes pasado se discutía en segundo debate en la Asamblea Legislativa el Expediente Número 22.524, y se aprobaba; convirtiéndose así en Ley de la República. Esta ley es para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal. En conversaciones con Rafael López Alfaro, nos comentaba de la importancia de esta ley, al tener algunos aspectos importantes, como el gran componente comunitario que tuvo la ley desde los inicios de su tramitación.
Se despertó el interés de SURCOS digital para dar atención a esta iniciativa forjada por la comunidad de Sarapiquí, ya que, tal y como nos comentaron algunos de sus impulsores, este tipo de noticias no suelen ser tendencia y suelen ser ignoradas por los principales medios de comunicación. Esta situación era justamente la que lamentaba Juan Amigghetti Ledezma, quien decía que esta ley no era noticia por no ser amarillista.
Parece interesante que esto no sea tan tomado en cuenta por los medios de comunicación hegemónicos, ya que justamente es una noticia que podría motivar a grupos ambientalistas, y a futuras generaciones a buscar incidir políticamente con un proyecto que se concrete en una ley de la república. Sin duda este es un precedente importante, que tiene como antecedente un plebiscito efectuado en la Municipalidad de Sarapiquí para decidir sobre la implantación de una represa hidroeléctrica en esta región.
Esta cuenca es de gran importancia turística, cultural e histórica. Además, allí se pueden encontrar más de 1400 especies de árboles, más de 550 especies de aves, 5000 especies de plantas, así como ocho zonas de vida silvestre. Otra de las riquezas que tiene este lugar se relaciona con sus cataratas, afluentes y lagunas, que son parte principal del turismo de aventura.
Imagen tomada de: http://www.sarapiquicostarica.com/
Detuvimos quebrador aguas arriba del puente sobre el río Guacimal
Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua | Cuando las comunidades nos movemos, podemos alcanzar algo de justicia ambiental para la naturaleza y nuestros intereses comunes. Desde el año 2018, quienes defendemos el agua tomamos la decisión de colaborar para defender el río Guacimal contra dos quebradores que amenazaban la fuente de agua del acueducto de Judas de Chomes.
En las reuniones de la Alianza, la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) de Judas comunicó su preocupación sobre el impacto de los dos proyectos mineros que pretendía explotar la empresa Inversiones Pétreas Ríos Guacimal S.A. a lo largo de 4 kilómetros dentro del cauce de este importante río.
Hay que recordar que el cauce del río Guacimal resguarda las aguas subterráneas que abastecen a los acueductos de Judas, pero también alimenta a los pozos del pueblo de Chomes. La Alianza está conformada por pobladores de distritos de Guacimal, Chomes y Manzanillo de Puntarenas, y actuamos en la defensa de las fuentes de agua de la zona.
Estudios ambientales incompletos
La Consultora Ambiental Guayacán S.A. ya había presentado el Estudio de Impacto Ambiental en el expediente 11279-13 del CDP Río Guacimal Abajo. Nos dimos a la tarea de analizar los estudios y se descubrieron varias inconsistencias, limitaciones en la aplicación de métodos científicos y faltantes de información.
Cuestionamos cuatro temas: los impactos acumulados sobre aguas subterráneas y posible afectación del pozo del acueducto comunal; impacto sobre el caudal por alteración del cauce y sedimentación en suspenso continuo; el impacto biológico no explicado en sus estudios incompletos; y cómo afirmaban que había viabilidad social si los vecinos que entrevistaron estaban en contra de los proyectos.
A partir de nuestra participación en el análisis ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) le pidió a la empresa presentar más información hidrogeológica y responder a todos nuestros cuestionamientos en un plazo de tres meses. Algo que no hicieron hasta vencido el tiempo, un año después, y de forma incompleta.
Por lo anterior, SETENA procedió a archivar el expediente en la resolución número 010-2022 del 7 de enero, cancelándoles el trámite del proyecto. El desarrollador no tuvo forma de apelar la orden de archivo del expediente, por lo que los primeros dos kilómetros del puente hacia arriba quedarán liberados del trámite de concesión para explotación del cauce.
Sigamos cosechando triunfos comunales
Por ahora celebramos el triunfo sobre el CDP Río Guacimal Abajo. Hemos detenido el trámite de una amenaza directa sobre el agua de la comunidad de Judas. Motivamos para que la comunidad nos apoye en seguir defendiendo el río Guacimal, que es nuestro patrimonio natural: un espacio para el disfrute sano de todas las personas y para el desarrollo de la biodiversidad.
La Alianza de Comunidades continuará defendiendo los ríos de la zona. Creemos en la construcción de una democracia participativa, en donde las organizaciones defendamos el interés común y los derechos ambientales de nuestro territorio. Sólo con participación consciente y activa habrá justicia en el desarrollo de proyectos, para que los intereses particulares no afecten al patrimonio de las comunidades.
Mauricio Gutiérrez. Foro Confluencia Solidaria / Escuela de Química UCR
La descarbonización de las actividades humanas
La lucha contra el cambio climático causado por la emisión excesiva de gases de efecto invernadero (CO2, metano, etc.) es uno de los principales retos de la sociedad humana contemporánea. La principal fuente antropogénica de gases de efecto invernadero es el CO2 que se emite del uso de combustibles fósiles (gas natural, derivados del petróleo y carbón mineral) en diversas actividades humanas, como el transporte, procesos industriales, calefacción, generación de electricidad, etc. Por lo tanto, para evitar los peores efectos del cambio climático (que ya está ocurriendo) es necesario reemplazar, en todas estas actividades humanas, los combustibles fósiles por alternativas que no resulten en emisiones netas de gases de efecto invernadero. A esto se le conoce como descarbonización.
Hidrógeno gris vs. hidrógeno verde
El hidrógeno (H2) es un gas que se puede usar como combustible. La ventaja con respecto a los combustibles fósiles es que el producto de su combustión no es CO2, sino agua. El hidrógeno no solo es un gran combustible, sino que también es esencial en varios procesos industriales de importancia global, notablemente la producción de amoniaco, materia prima de los fertilizantes sintéticos y otros materiales.
¿De dónde sacamos el hidrógeno? Por ser tan reactivo, la concentración de hidrógeno en la atmósfera es bajísima, por lo que es necesario sintetizarlo de alguna forma. Actualmente, la mayoría del hidrógeno (alrededor del 95%) se produce a partir de combustibles fósiles, en particular gas natural (metano) por medio de un proceso llamado reformado con vapor, en el que se mezcla el gas con vapor de agua a altas temperaturas [1]. Esta es la opción más barata, pero tiene una huella de carbono alta, puesto que no solo se produce hidrógeno, sino también CO2. Al hidrógeno producido a partir de fuentes fósiles se le conoce como hidrógeno gris. En este caso el “gris” tiene una connotación de sucio o contaminante.
Otra alternativa (actualmente más cara) para producir hidrógeno es a partir de la llamada electrólisis del agua. En este proceso se usa electricidad para separar el agua en sus dos componentes: oxígeno e hidrógeno [2]. La clave es que si la electricidad que se aplica al agua proviene de fuentes con una baja huella de carbono (energía solar, eólica, etc.), entonces habremos logrado reducir drásticamente la huella de carbono de la producción de hidrógeno. A esto se le conoce como hidrógeno verde. En este caso el “verde” tiene una connotación de limpio y ecológico.
De esta forma, los colores se usan como indicadores cualitativos de la huella de carbono asociada a la producción del hidrógeno. En un extremo del espectro está el hidrógeno gris, con la huella de carbono más alta, mientras que en el extremo opuesto está el hidrógeno verde. En el medio hay otros colores, como el azul, que denota un hidrógeno con una huella de carbono intermedia, en el que se utiliza el proceso de reformado con vapor, pero luego el CO2 resultante se atrapa y se almacena para que no salga a la atmosfera. Para una explicación más completa de los diferentes “colores” del hidrógeno, se puede revisar [3].
Hacia la economía del hidrógeno
La visión que tienen en mente varios grupos importantes a nivel mundial es que en una sociedad futura descarbonizada el hidrógeno verde tomará el papel que tienen actualmente los combustibles fósiles. Se usará este hidrógeno con baja huella de carbono en el transporte, procesos industriales, calefacción, almacenamiento de energía, etc. A esto se le conoce como la economía del hidrógeno [4]. También se podría usar otra sustancia derivada del hidrógeno que sea más fácilmente transportable. Por ejemplo, también se ha estado hablando de una posible economía del amoniaco [5]. Lo importante es que el material que se utilice para almacenar y transportar la energía tenga una huella de carbono baja.
Si en la sociedad actual los países “bendecidos” con yacimientos de combustibles fósiles gozan de enormes privilegios, en el futuro serán los países “bendecidos” con amplias fuentes de energía renovable barata los privilegiados. Bajo esta visión, en la futura economía del hidrógeno verde, un país como Costa Rica podría aprovechar su constante sol, generosos vientos, poderosos ríos y fuerte calor subterráneo para convertirse en una potencia exportadora de la nueva gran commodity: el hidrógeno verde. Países como Chile, con gran potencial solar y eólico, incluso ya han desarrollado estrategias nacionales para convertirse en futuras potencias exportadoras de hidrógeno verde [6]. En Costa Rica, recientemente una empresa internacional anunció su interés de instalar una planta de hidrógeno verde y ya firmó una carta de entendimiento con el ICE [7, 8].
¿Quiénes están promoviendo el hidrógeno verde y por qué?
La visión de la economía del hidrógeno verde se está discutiendo cada vez más en diversos sectores internacionales, incluidos gobiernos, agencias supranacionales, empresas privadas y think-tanks. Está siendo promovida apasionadamente de forma abierta y a veces encubierta por grandes compañías (particularmente petroleras) y organizaciones internacionales afines a los intereses de estas compañías como el World Economic Forum (WEF). Basta con hacer una búsqueda rápida en Google con las palabras clave “green hydrogen world economic forum” para ver las numerosas publicaciones que esta organización ha hecho con respecto a este tema solo en el último año. Las grandes compañías petroleras finalmente han reconocido abiertamente (aunque lo sabían desde un principio) que el cambio climático es un problema grave para la humanidad. También reconocen que los gobiernos del mundo se están moviendo (lentamente, pero a fin de cuentas moviendo) hacia la descarbonización. Lo que las grandes compañías quieren es lograr mantener, en el futuro descarbonizado, el poder económico que actualmente gozan. Para esto es necesario que la transformación energética no sea demasiado rápida (para que les dé tiempo de adaptarse sin sufrir muchas pérdidas) y, sobre todo, que no sea demasiado revolucionaria, en el sentido de que no se alteren las relaciones de poder actualmente existentes en el mercado. En particular, las grandes compañías no quieren perder sus millonarios activos de capital y pretenden reconvertir toda la infraestructura usada para el almacenamiento y transporte de petróleo para ser usada con hidrógeno. Para esto, están promoviendo una transición primero a hidrógeno azul (para que no sea demasiado rápida) y eventualmente a hidrógeno verde, siempre con la mira en utilizar la infraestructura existente [9].
Todo esto no quiere decir que el hidrógeno verde sea malo, irremediablemente perpetuador de las relaciones actuales de poder o que no sea una idea que Costa Rica deba considerar. Sin embargo, sí es crucial entender quienes lo están promoviendo y cuáles son sus intereses. La pregunta que debemos tratar de responder como sociedad es si, en este contexto, los intereses del pueblo de Costa Rica y, en general, los pueblos del Sur Global tienen espacio en esta visión de la economía del hidrógeno. La respuesta no es obvia a priori. Yo personalmente no tengo una respuesta final, pero sí algunas consideraciones.
¿Tiene sentido producir hidrógeno verde a gran escala en Costa Rica?
El hidrógeno verde que se produciría en Costa Rica podría consumirse en el mercado nacional o podría exportarse. A nivel nacional la prioridad es descarbonizar el transporte. Como bien lo ha apuntado el Plan Nacional de Descarbonización [10] y otros reportes, el sector transporte es el que produce mayores emisiones en Costa Rica. Por lo tanto, es imperativo sustituir los combustibles fósiles en este sector.
Resulta útil clasificar el transporte en dos grandes grupos: terrestre y de otro tipo (marítimo, aéreo). Para el transporte terrestre, ya ha sido ampliamente documentado que el hidrógeno (incluso el verde) está lejos de ser la mejor opción [11]. Es más efectivo electrificar el transporte; es decir, usar la electricidad para movilizar el vehículo directamente (en el caso de un tren eléctrico, por ejemplo) o para cargar una batería que luego va a ser usada para proveer la electricidad para movilizar el vehículo (en el caso de buses, carros, motos eléctricas, por ejemplo). Resulta sumamente ineficiente utilizar esta electricidad para generar hidrógeno, almacenarlo, transportarlo y luego quemarlo en un vehículo en vez de usar la electricidad directamente para impulsar el vehículo. En el pasado algunas personas en el país han sugerido producir hidrógeno verde para descarbonizar la flotilla vehicular. Esto sería extremadamente ineficiente e innecesariamente costoso.
Por otro lado, a diferencia del transporte terrestre, el transporte marítimo y aéreo, es sumamente difícil de electrificar. Se pueden electrificar pequeñas embarcaciones y aeronaves usando las mismas baterías que usaría un carro eléctrico [12]. Sin embargo, no es viable electrificar grandes buques transoceánicos o grandes jets porque las baterías necesarias serían prohibitivamente grandes [13]. Lo mismo ocurre con vehículos pesados para transporte terrestre, como algunos camiones. En este caso sí tiene sentido considerar el hidrógeno verde como una opción. También tiene sentido considerar el hidrógeno verde como sustituto de combustibles fósiles en procesos industriales. El papel de este tipo de industria en la economía costarricense es muy pequeño, por lo que este sería hidrógeno que probablemente se exportaría. Sin embargo, también es posible que el acceso a hidrógeno verde barato sirva para impulsar este tipo de industria en el país. En todo caso, lo cierto es que en un mundo post-fósil probablemente habrá mucha demanda internacional por hidrógeno verde para ser exportado desde un país con amplias fuentes de energía renovable como Costa Rica.
El siguiente paso sería cuantificar de forma precisa y completa cuál será el impacto ecológico y social de los posibles grandes proyectos de producción de hidrógeno verde. Incluso el hidrógeno verde tiene una huella de carbono y una huella material asociadas. Es imprescindible responder: ¿Cuál será la huella de carbono de los materiales necesarios para producir los equipos? Por ahora, en términos de electricidad, Costa Rica se encuentra en una posición privilegiada dado que la demanda eléctrica es considerablemente inferior a la capacidad de generación. En este escenario es fácil imaginar esta capacidad extra siendo aprovechada para producir hidrógeno verde. Pero cuando la demanda alcance la capacidad instalada, ¿se aumentará la capacidad instalada? ¿Cuáles serán las fuentes de electricidad para producir el hidrógeno? ¿Serán sobre todo fuentes hídricas? Está bien documentado que la hidroelectricidad no es limpia en un sentido amplio, aunque sea renovable y su huella de carbono no sea tan alta como otras fuentes [14, 15]. ¿Será energía solar y eólica? ¿Serán plantas del ICE o plantas privadas? También está bien documentado que la generación privada le ha costado caro al ICE y al pueblo de Costa Rica [16]. ¿Dónde se construirán los proyectos de producción de hidrógeno verde? ¿Tomará la batuta el ICE, RECOPE y otras instituciones públicas o serán iniciativas de empresas transnacionales o quizás sociedades público-privada? Todas estas son preguntas cruciales que deben ser exploradas de forma seria, transparente y democrática.
También es importante considerar que existen otras opciones para producir combustibles para transporte marítimo y aéreo y para la industria pesada. Una alternativa muy interesante son los biocombustibles; es decir, combustibles derivados de sistemas biológicos, en particular plantas. Dependiendo de la región geográfica los biocombustibles pueden tener más sentido que el hidrógeno verde. Por ejemplo, si quisiéramos sustituir el diesel usado en los grandes buques transoceánicos, en los países nórdicos, con poco sol, pero bastante viento y buen recurso hídrico, tiene más sentido producir hidrógeno verde que producir biodiesel a partir de palma aceitera (que ni siquiera crece a esas latitudes). Por otro lado, en un país tropical como Costa Rica, con mucho sol todo el año, puede tener más sentido producir biodiesel a partir de palma aceitera u otro cultivo. Resulta interesante que desde los grandes centros de poder mundial se esté hablando tanto de hidrógeno verde y no tanto de biocombustibles, pero un país tropical como Brasil ha implementado durante décadas programas de biocombustibles muy exitosos que le ha permitido lograr un nivel considerable de descarbonización y un alto grado de soberanía energética [17].
Por otro lado, está bien documentado que los biocombustibles pueden tener un impacto social y ecológico considerablemente negativo [18] y es necesario, en el caso particular de Costa Rica, cuantificarlo y contrastarlo con el impacto del hidrógeno verde. También se requiere de ciencia: investigación en cultivos más eficientes para producir biocombustibles y en otros procesos para generar biomateriales. En última instancia, la pregunta de si los biocombustibles son una mejor opción que el hidrógeno verde no ha sido respondida de forma contundente a nivel global y dependerá de las condiciones de cada región en particular. Esta es una pregunta de carácter empírico que solo una evaluación basada en la evidencia científica puede responder.
El calentamiento global como un problema mayoritariamente político-económico y la necesidad de nuevas formas de organización social
Finalmente, en contraste con la forma como usualmente se presenta en buena parte de los medios de comunicación y campañas políticas, el cambio climático es un problema primordialmente de carácter político-económico y no técnico. Si bien el abordaje técnico es imprescindible y se necesita mucha investigación científica, desarrollo tecnológico y construcción de infraestructura para lograr una descarbonización completa, el aspecto político-económico tiene un peso mayor [19].
El grueso del calentamiento global está siendo causado por el consumo excesivo en los países del Norte Global (así como las élites económicas en otras partes del mundo) [20]. Estas emisiones están íntimamente ligadas al extractivismo y a relaciones comerciales de carácter neocolonial, puesto que los niveles altísimos de consumo se sostienen por una transferencia de recursos a muy bajo precio del Sur Global al Norte Global, así como una mano de obra sumamente barata en los países del Sur Global enfocada en producir bienes consumidos sobre todo en el Norte Global. Es decir, el calentamiento global es una criatura de las relaciones de poder capitalistas a escala planetaria [21] y es crucial politizar la descarbonización [22].
Esto, en cierto modo, es una buena noticia, porque significa que en vez de estar desconectadas o, aún peor, ser contradictorias, la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la desigualdad y por la construcción de relaciones más equitativas entre los pueblos están completamente alineadas. Por lo tanto, el abordaje técnico tiene necesariamente que ir de la mano con el abordaje político-económico.
Para lograr esto, se necesitan tomar varias medidas. En primer lugar, es imprescindible reducir los niveles de consumo ecológicamente insostenibles, particularmente en los países del Norte Global [23]. Será mucho más fácil descarbonizar una economía más reducida que una economía en perpetuo crecimiento innecesario. Discuto tres ejemplos para ilustrar cómo un abordaje meramente técnico es insuficiente si no se complementa con un abordaje político-económico que promueva la reducción en el consumo:
En el sector transporte: es necesario implementar medidas que desincentiven el transporte privado motorizado (carros) y más bien incentiven el transporte colectivo (trenes, buses) y no motorizado (bicicletas). Esto hará que lograr una electrificación (y por lo tanto descarbonización) sea mucho más fácil y barato. Además, la huella de carbono y huella material de un esquema basado en transporte colectivo serán menores que las de uno basado en transporte privado, aunque ambos sean totalmente electrificados, porque la producción de carros y baterías requiere de energía y materiales [24]. De este modo, el abordaje técnico (electrificación) se complementaría con el abordaje político-económico-social (promoción del transporte colectivo)
En el sector agrícola: se necesita promover el uso de fertilizantes orgánicos producidos a partir de compost como sustituto de fertilizantes sintéticos. Como se mencionó en una de las secciones anteriores, uno de los usos industriales más importantes del hidrógeno es en la síntesis de amoniaco, que a su vez se usa para producir fertilizantes sintéticos. La huella de carbono de estos fertilizantes es enorme. Entonces, si bien el abordaje técnico es crucial (usar hidrógeno verde en vez de gris en la síntesis del amoniaco), es igual o incluso más importante un abordaje más holístico y cuestionar la necesidad de producir la enorme cantidad de fertilizante sintético que se produce actualmente. Está bien documentado que una agricultura basada en fertilizantes orgánicos a partir de compost, aunque de rendimientos ligeramente menores, es totalmente viable y más sostenible en el largo plazo [25]. Este abordaje beneficiaría particularmente a un país como Costa Rica que importa la totalidad de sus fertilizantes, lo que lo deja a merced de eventos a nivel internacional fuera de su control [26].
Aunque este ejemplo no aplica a Costa Rica, es pertinente para muchos países con inviernos fríos. En el sector vivienda: es necesario promover la construcción de edificios de apartamentos (en los que el calor escapa más lentamente) en vez de casas individuales (en las que el calor escapa más rápidamente). De nuevo, el abordaje técnico (uso de hidrógeno u otro combustible con baja huella de carbono para calefacción o uso de bombas de calor) necesariamente tiene que complementarse con un abordaje más holístico que permita una reducción en el consumo mediante un cambio en ciertas prácticas sociales.
Por lo tanto, se necesita un compromiso por parte de los gobiernos, sobre todo los de los países del Norte Global, donde el consumo es particularmente alto, de promover prácticas que reduzcan drásticamente el consumo material y energético. Un primer paso, insuficiente pero necesario, sería implementar impuestos altamente progresivos, como un impuesto a la riqueza, para reducir el poder adquisitivo de los grupos más ricos de la sociedad, quienes tienen niveles de consumo y huellas de carbono ecológicamente insostenibles [27]. Esto no solo hará la parte técnica de la descarbonización más fácil, sino que también ayudará a crear sociedades más justas, al reducir la concentración de poder económico y político.
Por otra parte, para países del Sur Global como Costa Rica, vale la pena preguntarse por qué, en última instancia, se querría exportar hidrógeno verde. La respuesta parece ser porque en general no tenemos mucho dinero y necesitamos dólares para importar bienes que no producimos acá. Eso está bien, pero entonces en paralelo se debería implementar un programa ambicioso de sustitución de importaciones, para lograr producir localmente muchos de los bienes que importamos, especialmente los de importancia estratégica, como alimentos, productos médicos como vacunas, etc. [28]. Es decir, debemos construir lo que generalmente se conoce como soberanía alimentaria y tecnológica. Además, la dinámica actual a nivel global es que los países pobres tienden a exportar productos de bajo valor añadido (como materias primas), así como productos y servicios no esenciales (café, turismo, etc.) a bajo precio, muchas veces con un alto costo ambiental, y tienden a importar productos de alto valor añadido a un mayor precio (vacunas, productos electrónicos, etc.). Esta dinámica asimétrica perpetúa una dependencia terrible y es precisamente lo que permite la extracción multi-billonaria de recursos del Sur Global por parte del Norte Global y su consumo ecológicamente insostenible [29]. Claramente, como sociedad global debemos acabar con esta dinámica. Si en el futuro el hidrógeno verde tomara el papel que tiene actualmente el petróleo, ¿se habrá acabado con esta dinámica o se mantendrá, pero con otro producto?
Para poder garantizar prosperidad sostenible para sus poblaciones, Costa Rica y los países del Sur Global tienen que construir economías descarbonizadas, pero también resilientes. Tienen que construir soberanías o agencias alimentarias, energéticas, tecnológicas y monetarias [30]; es decir, construir la capacidad de producir alimentos (incluidos sus insumos como fertilizantes) [31], energía, tecnologías cruciales (como vacunas) localmente, así como disminuir y eventualmente eliminar las deudas pública y privada en monedas extranjeras [32]. Esto dotaría al país de una enorme resiliencia y protegería a la población de los efectos perjudiciales del aumento en los precios internacionales de productos esenciales que importamos, como está ocurriendo actualmente [33]. Además, tienen que librarse de la dinámica de exportación de materias primas a bajo precio e importación de productos de alto valor añadido a alto precio, así como formar alianzas Sur-Sur que les permitan avanzar estos proyectos [34]. La pregunta que nos toca responder es si es posible encajar la promesa del hidrógeno verde dentro de esta visión de un mundo más equitativo, próspero, sostenible y resiliente.
La electrólisis del agua a pequeña escala es un experimento lo suficientemente sencillo como para hacerlo en la casa y se realiza en los cursos introductorios de Química.
[19] No pretendo tampoco subvalorar la importancia del aspecto técnico en la lucha contra el cambio climático. De hecho, en dos ocasiones he impartido un curso en la Escuela de Química enfocado en la Química de la Descarbonización, en el que precisamente nos enfocamos en toda la investigación científica y tecnológica asociada a la descarbonización: nuevos materiales para celdas solares, nuevos diseños para baterías, nuevos procesos para producción de biocombustibles, transmisión de electricidad eficiente, energía nuclear segura, hidrógeno verde, descarbonización de procesos químicos como producción de amoniaco, cemento, asfalto y acero, etc.
[24] La huella material y la huella de carbono asociadas a la minería de los componentes necesarios para producir vehículos eléctricos (litio, cobalto, etc.) aún no ha sido cuantificada de forma completa y exacta. Sería ingenuo pensar que sustituir todos los vehículos privados de combustión por vehículos eléctricos de baterías sin promover la colectivización del transporte es ecológicamente sostenible.
[26] De hecho, en los últimos meses el precio de los fertilizantes sintéticos ha aumentado considerablemente por el aumento del precio internacional del gas natural (necesario para producir hidrógeno gris). Esto ha impactado negativamente a pequeños agricultores, que han visto los precios de los fertilizantes sintéticos duplicarse y hasta triplicarse. Un programa nacional de agroecología evitaría este tipo de eventos inflacionarios perjudiciales para los agricultores y en última instancia toda la sociedad, al dotar al país de mayor resiliencia.
La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Guacimal ha solicitado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el archivo definitivo del proyecto CDP Río Guacimal, que pretende explotar la empresa H. Solís dentro del cauce del río Guacimal en el sector de Los Ángeles.
Desde hace un año se conoció la información sobre el trámite de un expediente en SETENA para explotar materiales del río Guacimal. Con base en el compromiso de la ADI con el acuerdo de la asamblea del pueblo de Guacimal de proteger permanentemente el río de amenazas, se procedió a investigar el proyecto.
Hernán Solís S.R.L. inició en 2020 el trámite para obtener viabilidad ambiental de una concesión minera de dos kilómetros dentro del cauce del río Guacimal. El trayecto de interés se ubicaba desde el sector de Los Ángeles hasta acercarse a la boca del río Acapulco, al sur del distrito Guacimal.
La SETENA le ordenó a los desarrolladores interesados presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) desde noviembre del 2020, mediante la resolución número 1975-2020. Para presentar los estudios, la empresa contaba con un año a partir de la orden dada por SETENA.
Cumplido el plazo de un año, la empresa H. Solís no presentó los estudios, ni presentó ninguna documentación que conste dentro del expediente o los registros institucionales, según se corroboró mediante el seguimiento, en varias visitas y consultas sobre el proyecto a funcionarios de SETENA y SINAC.
Confirmados los hechos, representantes comunales han solicitado este 28 de febrero el archivo definitivo del expediente, para liberar al río Guacimal de un proyecto que no es bienvenido por su alto impacto ambiental y por provenir de una empresa investigada por sus prácticas de corrupción e irresponsabilidad patronal.
Ahora SETENA deberá resolver con brevedad archivar el expediente en donde consta el incumplimiento de los desarrolladores al no presentar los estudios solicitados por la institución. Y es que este incumplimiento es causa para dar por cerrada la evaluación del proyecto, según el propio Reglamento de SETENA.
Intentamos profundizar en este artículo un tema que no es sencillo. Para dilucidarlo se ha hecho un esfuerzo de desarrollar una metodología inter y multidisciplinaria, por la complejidad que el concepto entraña. Hemos debido consultar fuentes antropológicas, psicobiológicas y sociológicas, tanto en lo concerniente a la concepción misma de la especie, como en cuanto a sus diversos comportamientos sobre la faz de la tierra a lo largo de su existencia. Se parte, además, de una concepción evolucionista de la especie humana; que implica la convicción sustentada en la ciencia, de que nuestra especie proviene de una rama de primates simios ya extintos.
Desde el punto de vista que nos proporciona la antropología, en las investigaciones de los fósiles, el ser humano, por expresarlo de esta manera, anatómicamente moderno proviene del África. Según un artículo relativamente reciente de la revista “Nature” del 29 de octubre de 2019, los últimos vestigios fósiles de los seres humanos antes de migrar del continente africano, valga decir del “homo sapiens”, emergieron al sur del río Zambeze, en la parte más austral del continente. La investigación asegura que la región donde se hallaron los primeros fósiles del Sapiens, es la que hoy se conoce como Botsuana y algunas partes de Namibia y Zimbabue, en lugar de Etiopía como se había creído.
Para ubicarnos estamos hablando de una época que data de unos 200.000 años, de acuerdo con las investigaciones de la Doctora Vanessa Hayes y sus colegas, ella perteneciente al Instituto Garvan de investigación médica de Sídney, Australia; otros científicos del mismo equipo de investigadores fueron: Andy Moore, geólogo de la universidad de Rhodes en Sudáfrica y Axel Timmermann de la Universidad Nacional de Pusan en Corea del Sur. No obstante, los hallazgos mencionados, hay que advertir que las conclusiones de estos trabajos son controversiales aún entre la comunidad científica. De acuerdo con esta hipótesis reciente, la especie Homo Sapiens habría permanecido en estas tierras por un lapso de 70.000 años aproximadamente, antes de dispersarse y migrar primero hacia el noroeste de este inmenso continente, para luego partir al suroeste. Muchos de aquellos seres humanos primigenios trascendieron después por diversos puntos del continente africano primeramente hacia el continente asiático, antes de expandirse por todo el orbe.
Otras hipótesis anteriores, más conocidas habían fijado el asiento de los primeros Homo Sapiens en Etiopía hace alrededor de 150.000 años. Este hallazgo fue posible gracias al descubrimiento del científico Tim White de la Universidad de Berkeley, quien encontró un cráneo de un Homo Sapiens en Etiopía. Con sustento en sus investigaciones afirmó el profesor Whaite: “Nuestros antepasados de especie, primero emergieron de África para extenderse por Asia hace unos 100.000 años y a Australasia hace unos 60.000; más tarde, hace unos 45.000 años, alcanzaron Europa y, finalmente, hace unos 35.000 años, el continente americano.” (Cfr. elmundo.es/elmundo/2009/01/14/sapiensa/1231924539.html/). Esta hipótesis es contrastante con la anterior, como es obvio, principalmente en lo relativo al lugar exacto de la emergencia de la especie Homo Sapiens; en segundo término, se distancian las dos hipótesis, en cuanto a la cantidad de años que han transcurrido desde que aparecieron los primeros indicios de nuestros antepasados Sapiens, asimismo son divergentes las argumentaciones que subrayan el punto geográfico del cual comenzaron a migrar antes de iniciar la diáspora por todo el mundo.
Lo verdaderamente irrebatible (y es por lo consiguiente una tesis científica), es que el Planeta está habitado hoy por una sola especie Homo que evolucionó. Se sabe también que la especie del Homo Sapiens de la que provenimos convivió, no obstante, durante unos diez mil años en Europa con la otra especie más cercana, la del “Hombre de Neanderthal”. Inclusive se sabe que hubo cruces entre ellas, como en la Siberia rusa. Empero, estos cruces entre especies cercanas pero diversas, no fueron generalizados de acuerdo con la investigación paleontológica. Es interesante que esta última especie desapareció, a pesar de haber tenido un cerebro más grande que el del Homo Sapiens. La explicación es que esta última, es decir, nuestros antepasados poseían un cerebelo más grande que los neandertales.
El cerebelo es la zona occipital del cerebro, pegada a la nuca, que controla varias funciones relacionadas con el movimiento y la coordinación, el equilibrio para caminar o estar de pie. Recientemente se hipotetiza que el cerebelo tiene un papel en el pensamiento consciente, en la capacidad cognitiva (se cree que tiene incumbencia en el procesamiento del lenguaje y hasta en el estado de ánimo) y que interviene además en la capacidad de socialización con los demás miembros de su especie; todo esto mezclado habría sido, en gran medida, lo que le dio a los Sapiens mayor capacidad de adaptación para sobrevivir. No obstante, la investigación más reciente muestra que, la competencia entre ambas especies fue feroz por la apropiación de los recursos existentes, hasta que los neandertales sucumbieron.
La investigación antropológica y paleontológica muestra además que, ambas especies se alimentaban de los mismos mamuts y de las mismas plantas. Un reciente estudio, publicado en la revista especializada “Scientific Reports”, dejó en claro que el menú de nuestros ancestros Homo Sapiens era idéntico al de los neandertales. Por ello, la lucha fue sangrienta hasta la muerte de una de ellas, porque estaba de por medio la supervivencia de ambas; esta tesis tira por la borda la hipótesis de que nuestra especie sobrevivió merced a una dieta más diversa y flexible. En otras palabras, se ha llegado a creer que los parientes neandertales fueron exterminados primitivamente en gran parte merced a los enfrentamientos directos con nuestros antepasados, para desplazarlos de la competencia por los mismos recursos alimenticios. ¿Es posible -me pregunto- que este sea un vestigio de los instintos primitivos y destructivos que anidan en la especie humana desde sus orígenes dado que, la lucha por la supervivencia fue y ha sido normalmente violenta, no solo en la cacería de los mamuts y otros animales salvajes para proveerse de la alimentación básica que sustentó su desarrollo, sino inclusive como quedó expresado, en los enfrentamientos con una especie bastante similar a la nuestra como fue el Hombre de Neandertal?
La Historia recoge también ejemplos abundantes, en el sentido de que el “progreso científico técnico” se caracteriza por una lucha perenne y también normalmente cruenta entre las clases sociales desde la esclavitud hasta la contemporaneidad, donde impera el capitalismo más salvaje. En semejante tesitura, el hombre (escrito así en clave de género masculino, me niego a escribirlo por tanto con mayúscula en estos casos), es “el dueño de la naturaleza”, nos enseñaron a decir. Y, en verdad que se apropió violentamente de ella, y de todo lo que en ella anida; se adueñó de las mujeres y de los esclavos, de los mares, y de los ríos, de las tierras de otros, de todo.
La misma forma como nos hemos servido del medio y de la técnica para aprovisionarnos de las herramientas pone en evidencia la agresividad de nuestra especie. Ello queda patentizado, ora en las herramientas convertidas en armas primitivas y punitivas o castigadoras, como las hachas y las lanzas, ora en el uso del fuego, empleado desde tiempos ancestrales e inmemoriales para arrasar la maleza o los sembradíos que se van a desechar, hasta llegar a los tanques modernos de destrucción masivaa larga distancia, o a los más recientes cohetes atómicos. Con el uso del fuego empleado por el ser humano para la agricultura, se arrasa todo, se va la maleza, pero también se destruye lo bueno que pudo haber quedado y se erosiona el suelo. Los instrumentos de labranza, desde los antiguos arados y los insumos agrícolas como los químicos más sofisticados son empleados hoy para combatir las plagas al costo de erosionar los suelos. Por lo tanto, han servido para hender o agrietar la tierra, igual que los buques contaminadores hacen lo propio en el agua. Por otra parte, las bombas atómicas mortíferas han dejado una huella imperecedera en las ciudades donde cayeron merced a la estulticia o insensatez humanas quedando en muchas ocasiones, las grandes urbes casi desdibujadas como en Hiroshima lo mismo que en Nagasaki, en Saigón, como en Kabul o en la actual Bagdad capital del Irak “moderno”, o sea, nada menos que la antigua Mesopotamia y sus primeros moradores, los sumerios. En todos estos lugares, los millones de rostros humanos, fueran mujeres, hombres, niños o ancianos fueron alcanzados por esta vorágine de destrucción, fruto de la brutalidad de la misma sociedad industrial quedando una gran parte de la población inerte o pulverizada. Peor aún, los que no murieron y sobrevivieron aquellos holocaustos, quedaron mutilados, ciegos, paralíticos para el resto de sus pobres vidas y también los animales, sin saber éstos ni por qué; desde entonces el alma humana ha quedado profundamente lacerada. De esa manera este “hombre”, sobre todo el de la época industrial -debo insistir en ello- acaso inconscientemente, le ha ido abriendo paso a la modernidad y a la “civilización” de un modo inclemente, inhumano, despiadado y bárbaro. Todo mediante una combinación macabra de arte, magia, ciencia, tecnología y destructividad.
La peor señal del espíritu destructivo, el destino incierto nos lo deparó para los siglos XX y XXI. La industria de la mano de la innovación científica y de la tecnología emergió desde finales del siglo XIX, para irrumpir en la alborada del siglo XX hurgando en las profundidades marinas y terrestres, hasta descubrir la materia prima necesaria para producir combustión y mover así fábricas, vehículos terrestres, aéreos y marítimos. Sin embargo, después de todo esto el mundo ya nunca volvería a ser igual, ¿apacible, fragmentado, desconocido, “ancho y ajeno” como dijera Ciro Alegría en su novela? El progreso científico y tecnológico se convirtió en una constante a lo largo del siglo XX; cada día más intenso y devorador de todo a su paso. Las potencias que despuntaron en los siglos XVIII y XIX, se transmutaron en los imperios coloniales; después en el XX despuntaron los más bárbaros imperios neocoloniales; estos últimos llevaron al mundo en su disputa por repartirse el resto del vasto globo terráqueo, a dos guerras mundiales hiper destructivas, la primera (1914-1919) y la segunda guerra mundial (1939-1945).
La capacidad destructiva en las dos guerras, en especial la segunda, fue aumentada por la invención en armas super poderosas, propias del industrialismo. El desenlace derivó en una carrera armamentista entre las nuevas potencias reinantes de signo ideológico contrapuesto: Los Estados Unidos comandando el sistema capitalista, y la Unión Soviética al frente de lo que llegaría a ser el bloque de países del llamado “socialismo real”. Finalmente, hasta los países socialistas participaron de la vorágine crecientemente destructiva, ya que, aunque habían estatizado más que socializado los medios de producción, entraron de lleno en la era del industrialismo e igual que las potencias capitalistas basaron su producción sobre la base de los combustibles fósiles (Carbón, petróleo y gas natural). Desde los años setenta del siglo XX, se crearon los indicadores que detectaron el espeluznante incremento del calor en todo el planeta. Entramos sin remedio a la época del calentamiento global y el cambio climático que tiene en vilo a toda la humanidad. Pero, las empresas multinacionales exploradoras y productoras de carbón, petróleo y gas continúan explorando y explotando a mansalva los yacimientos, donde quiera que se encuentren. De ahí que la propuesta de estudiar las energías limpias para producir recursos renovables no alcanza los umbrales que debería, para detener la ola infernal de calor derivada de la evaporación de gases contaminantes que quedan atrapados en la atmósfera terrestre produciendo el efecto invernadero ya conocido.
Se saben y son harto conocidos ya los efectos, pero no se detienen las transnacionales; los gobiernos, por su parte, carecen de la voluntad política para ponerles tope. Los efectos son conocidos de sobra: sube el nivel de los mares a causa del derretimiento de los casquetes polares por la ola de calor; las aguas marinas invaden las costas y ciudades de los litorales por todas partes; arrecian las tormentas provenientes de los océanos por el calentamiento de las aguas; lluvias torrenciales provocan desbordamientos de ríos; aunado a todo ello se talan los bosques frenéticamente, acarreando con ello que aumente la escorrentía de las aguas, llevando consigo los contaminantes del suelo que se escurren hacia los manantiales de aguas limpias y nacientes, y un largo etcétera de eventos extremos.
Estoy lejos de coincidir con Thomas Hobbes. Este gran intelectual fue uno de los grandes pensadores iusnaturalistas que vivió entre los siglos XVI y XVII (Nace en abril de 1588 y muere en diciembre de 1679). Fue quien en sus trabajos llegó a la conocida conclusión de que el “Hombre es un lobo para el Hombre”, por lo que la sociedad debe llegar a un pacto social entre ellos y con el Estado (Leviatán). Es el Estado el que tiene que controlar la agresividad entre los hombres. (Cfr. Hobbes, T. “Leviatán”, 1651). Psicológicamente, la agresividad es un instinto humano, pero no tiene por qué traducirse necesariamente en una conducta violenta. La agresividad bien canalizada nos sirve para acometer grandes tareas e inclusive procrear. De ahí que la conducta agresiva de los individuos y de las colectividades puede ser mal canalizada deviniendo por ende en la actitud confrontativa, hostil contra los demás o contra la misma sociedad. Por tanto, la conducta agresiva es básicamente aprendida y se ha desarrollado sobre todo en la sociedad industrial. Coincido por ello en cambio con el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau (Nace en junio de 1712 y muere en julio de 1778). Rousseau, por contraposición con Hobbes llega a la conclusión de que el “Hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe”. Por ende, considera que se debe llegar a un nuevo “contrato social”, tesis básica del pensador. (Cfr. Abreu Suárez, Alirio. “Lo Político en Jean Jacques Rousseau”. http:/www.indteca.com. Véase también de la obra de Rousseau: “El Origen de las Desigualdades entre los hombres”, “El Contrato Social”, “El Emilio” “La nueva Eloisa”).
En suma, estamos en un punto de inflexión muy peligroso, en el que la capacidad destructiva demostrada por la especie humana ha llegado a atentar contra sí misma, así como contra todas las formas de vida conocida sobre la superficie terrestre. Ciertamente muchos líderes políticos han tomado la iniciativa de realizar grandes cónclaves mundiales, para llegar a acuerdos y detener la frenética ola destructiva desatada por el uso de los combustibles fósiles, incrementados en las guerras recientes entre naciones y agravados por las inconscientes empresas devastadoras y contaminadoras de bosques, selvas, ríos, mares y océanos. O ponemos punto final a esta insensatez humana que ha prevalecido, o llegaremos a un extremo de no retorno en cuanto al combate contra el calentamiento global. Todos tenemos responsabilidad. Mucho más los líderes de las naciones de la tierra, en especial los de las potencias vigentes.
