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La UCR obtiene excelente calificación en gestión ambiental institucional

En el campus universitario hay recipientes rotulados para la gestión de los residuos sólidos, tanto los reciclables como los ordinarios y los especiales. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Con nota de 101, la institución se ubica en el mejor nivel de implementación de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en el Sector Público de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica (UCR) demostró ser una institución con un excelente desempeño en materia de gestión ambiental institucional, logrando una calificación del 101, en su primer año de evaluación por parte de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La UCR obtuvo esta nota sobresaliente luego de presentar, por primera vez en el 2021, su Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en acatamiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 36499-S-MINAET: “Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en el Sector Público de Costa Rica”.

En esta evaluación la institución demostró importantes avances en la medición y consumo racional del agua y la electricidad, así como en el reto de reducir sus emisiones atmosféricas e implementar la gestión integral de residuos en todos sus espacios y en la aplicación de criterios sustentables para la compra de bienes o contratación de servicios.

DIGECA destaca el establecimiento de los dos diagnósticos específicos: el Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) y el Inventario Energético con sus respectivos alcances y señala que estos diagnósticos son realmente importantes, porque generan conclusiones a nivel institucional que son muy relevantes para la toma de decisiones.

Con apoyo de estudiantes y docentes la institución ha realizado avances en la medición de gasto energético. Un ejemplo es el proyecto“Análisis de consumo eléctrico en edificios de la Universidad de Costa Rica” desarrollado por el estudiante Adrián Salcedo Bolaños con ayuda de su profesor guía el Ing. Oldemar Ramírez.

Metas claras

De acuerdo al informe de DIGECA, un punto clave en el éxito de la implementación del PGAI a nivel institucional ha sido que “la Universidad optó por establecer un eje de sostenibilidad, creando así un desarrollo estratégico en donde opera todo lo concerniente a la gestión ambiental”.

Al respecto, el rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, subrayó que “para gestionar estos esfuerzos institucionales es importante tener un norte, y la delimitación de acciones mediante ejes fundamentales permite llevar a cabo acciones más concretas y trazables, de modo que podamos evaluar adecuadamente el progreso alcanzado con el tiempo”.

El Dr. Gutiérrez agregó que “la gestión de calidad ambiental, la gestión de la energía y la gestión el cambio climático son ejes estratégicos propuestos tras un estudio riguroso por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) para cada Programa de Gestión Ambiental Institucional, de modo que nosotros los adaptamos en acato a las autoridades gubernamentales y en compromiso con el ambiente”.

Cabe resaltar que las acciones no se limitan a estos ejes, puesto que la Universidad también insta a la conservación del recurso hídrico y la gestión de residuos, entre otras acciones dentro del marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

En todas las actividades universitaria se procura una gestión adecuada de los residuos. Por ejemplo, la Oficina de Correos utiliza tiras plásticas reciclables para cerrar las bolsas de la correspondencia. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Camino a la sostenibilidad

Este proceso es liderado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), pero el cumplimiento de las metas recae en cada unidad, las cuales tienen el encargo de implementar las medidas ambientales en las diversas actividades y espacios universitarios. Por lo tanto, esta calificación refleja un esfuerzo colectivo y articulado.

“Esta calificación, sin duda representa un indicador de que nuestros esfuerzos institucionales están siendo efectivos. No solo desde la iniciativa, sino desde la articulación y la coordinación de esfuerzos entre nuestras diversas unidades. También representa una responsabilidad, por cuanto debemos seguir manteniendo el ejemplo como institución y seguir fomentando las medidas concretas para mejorar nuestra gestión ambiental” destacó el rector Gutiérrez.

De igual forma, la Ing. Kathia Elizondo Orozco, coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) agradeció a cada una de las unidades que han demostrado su compromiso con la sostenibilidad, especialmente aquellas que han participado desde el 2015 en las cinco ediciones del Galardón Ambiental.

“Este reconocimiento ha sido clave para fortalecer una cultura ambiental que nos ha permitido instaurar buenas prácticas en el quehacer cotidiano de la Universidad y nos encamina a medir el grado de cumplimiento de la gestión ambiental mediante la categoría de Indicadores básicos de gestión ambiental”, señaló la coordinadora. 

Desde el 2015, el Programa de Galardón Ambiental ha certificado a 178 unidades de diferentes sedes y recintos de la Institución, e impactado internamente a más de 12000 personas de la comunidad universitaria.

También se reconocen los esfuerzos en generar capacitación, sensibilización, divulgación, generación de guías de buenas prácticas en todos los aspectos ambientales, directrices desde la alta jerarquía y la normalización del sistema de gestión ambiental a través de varios procedimientos con ámbito de aplicación total en la institución.

De acuerdo al informe de DIGECA, aún queda camino por recorrer en temas como el registro de datos de consumo de combustibles de fuentes fijas, la interpretación de los indicadores agua, electricidad y residuos obtenidos mes a mes, con el fin de compararlos con el año base y determinar si se están alcanzando las metas planteadas.

PGAI en Sedes y Recintos

Para lograr la implementación total del PGAI en la Universidad de Costa Rica, la Unidad de Gestión Ambiental, en conjunto con la Rectoría y la Vicerrectoría de Administración, desarrollaron una estrategia para abarcar todos los espacios que conforman la Institución, en un plazo de 5 años a partir del 2020.

Dicha estrategia pretende integrar a las Sedes y Recintos en un ciclo continuo de planificación, acción, revisión y mejora de la gestión ambiental. Para ello, en este 2022 cada una deberá elaborar y presentar su Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) que incluya a la totalidad de sus instancias y recintos, así como cualquier otro espacio físico dentro de su alcance.

“La esperanza para los próximos años es el firme establecimiento de una cultura ambiental que trascienda a cada unidad de la Universidad de Costa Rica” acotó el rector Gutiérrez. Además, detalló que se espera una reducción significativa de la huella ecológica y el fomento de la sostenibilidad en la gestión de recursos a nivel institucional.

También se espera una mayor vinculación externa con otros entes de educación superior, instituciones del sector educación y agencias gubernamentales y extranjeras, con la finalidad de proponer y ejecutar acciones comunes en materia ambiental.

Como parte de este proceso, además se realiza el “Primer Encuentro de Experiencias en Gestión Ambiental: Hacia una Universidad Sostenible”, en modalidad virtual del 22 al 25 de febrero del 2022, un espacio donde se reflexionará sobre los avances, logros y retos para alcanzar la sostenibilidad ambiental.

Ranking Mundial de Universidades Sostenibles

En el 2021 la Universidad de Costa Rica participó, también por primera vez, en el “UI GreenMetric World University Rankings”, el primer ranking de universidades en el mundo que mide el compromiso de cada universidad en el desarrollo de una universidad »»amigable con el medio ambiente»».
Este ranking es una iniciativa de Universitas Indonesia en la que participan 912 universidades de 84 países. El él se analizan 6 indicadores de cada institución participante (entorno e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación). La UCR se ubicó en el puesto #586 en el ranking general de universidades.

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Acuerdo de Escazú: Chile avanza y ¿Costa Rica?

El Acuerdo de Escazú que garantiza disposiciones jurídicas para la protección ambiental y para los defensores del medio ambiente, se encuentra empantanado a nivel legislativo y del ejecutivo. La negativa de algunas diputados y diputadas a su ratificación se da por la presión de sectores económicos fuertes que basan sus ideas en mitos y en su afán de lucro irrestricto frente a la naturaleza.

Por su parte en el Ministerio del Ambiente se han visto pocas gestiones en aras de fomentar la ratificación del acuerdo, desde el mes de julio 2021 a la fecha, el despacho del Minae solo convocó a una reunión con las jefaturas de fracción para el 20 de enero pasado, según consta en el oficio DM-0034-2022. Empero la reunión con la diputada Laura Guido fue cancelada.

Esta latencia en las gestiones del Ministerio y del Poder Legislativo, deja entrever el poco interés en la ratificación del Acuerdo de Escazú. Desde el punto de vista de los sectores ambientalistas y de los derechos se considera un pendiente urgente en un país con un discurso verde a nivel internacional, ya que otros estados como Chile, se presenta un futuro más alentador para el acuerdo.

En el caso del país sudamericano, la negativa del presidente Piñera frenó el avance del Acuerdo, sin embargo, el panorama del nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric que asumirá funciones el próximo 11 de marzo, vaticina la posible adhesión al Acuerdo de Escazú seguido de un posible cabildeo con los partidos políticos en el seno del legislativo para su pronta aprobación. Mientras tanto en Costa Rica la ratificación no parece avanzar.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

De acuerdo a la CEPAL, se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. 

Fuentes:

CEPAL. (2021). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) en América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/2021_04_acuerdo_de_escazu_ods_corta_1_0.pdf

Meza, A. (17 enero 2022). Correspondencia DM-0034-2022. Despacho de la Ministra, Ministerio del Ambiente y Energía.

Vicerrectoría de Acción Social.(2021) El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente. Universidad de Costa Rica. https://www.youtube.com/watch?v=I1_3XoJNNpw

Vicerrectoría de Acción Social.(2021) UCCAEP y el Acuerdo de Escazú. Universidad de Costa Rica. https://www.youtube.com/watch?v=smfGOVw33_w

Progresos en la calidad de las aguas ambientales

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentó el documento: “Progresos en la calidad de las aguas ambientales”. En este documento se realiza la presentación de la Iniciativa ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del ODS 6.

“Mediante la Iniciativa de ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del ODS 6, las Naciones Unidas tratan de apoyar a los países en el monitoreo de los asuntos relacionados con el agua y el saneamiento dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en la recopilación de datos nacionales para presentar informes sobre los avances mundiales hacia el logro del ODS 6. 

La Iniciativa para el Monitoreo Integrado del ODS 6 reúne a organizaciones de las Naciones Unidas que tienen el mandato formal de compilar datos nacionales relativos a los indicadores mundiales del ODS 6 y aprovecha otras iniciativas en curso, como el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP), el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente para el agua dulce (SIMUVIMA/Agua), el Sistema Mundial de Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el agua en la agricultura (AQUASTAT) y la evaluación anual mundial sobre saneamiento y agua potable de ONU-Agua.

Este trabajo conjunto propicia sinergias entre las organizaciones de las Naciones Unidas y la armonización de las metodologías y requerimientos de datos, de modo que aumenta la eficiencia en la divulgación y se reduce la carga de presentación de informes. En el plano nacional, la Iniciativa también promueve la colaboración transversal y la consolidación de las capacidades y datos disponibles entre las organizaciones. El objetivo general de la Iniciativa consiste en acelerar el logro del ODS 6 al aumentar la disponibilidad de datos de alta calidad para la adopción de políticas, regulaciones, planificación e inversiones con base empírica a todos los niveles. Más concretamente, tiene por objeto ayudar a los países a recopilar, analizar y comunicar los datos del ODS 6, y apoyar a los responsables de la formulación de políticas y de la toma de decisiones en todos los ámbitos para que utilicen estos datos.

Para ampliar más el tema se le invita a consultar el documento adjunto.

FECON: sobre inversión de consorcio de Dubai en Papagayo

SURCOS comparte la siguiente información:

El One&Only Papagayo es un megaproyecto que pretende seguir cargando con más actividad humana al hermoso golfo de Papagayo. FECON no está a favor de este tipo de megaproyectos, porque consideramos que el turismo debe ser social y ambientalmente justo, distribuyendo los beneficios entre las comunidades y no concentrándolos en manos de grandes capitales extranjeros.

Desde nuestra perspectiva, no cumple con el perfil de un proyecto justo y ambientalmente sustentable. Es una inversión para un turismo de élite, excluyente, que no ofrece oportunidades reales a las comunidades locales. Más bien consideramos que ha sido ofrecido irresponsablemente a los inversionistas sin saber si tiene viabilidad en el contexto actual de la zona. 

FECON tiene muchos argumentos para no estar de acuerdo con este tipo de desarrollo excluyente que se implementa en Guanacaste. La experiencia de las comunidades locales con el megaturismo no ha sido buena. La pobreza se ha mantenido creciente al lado de las zonas hoteleras y la desigualdad ha aumentado. Por eso explicamos por qué este proyecto no solucionará los problemas de la zona.

La política de Estado respecto a la Zona Marítimo Terrestre está mal. Ha sido un desastre a nivel social y ambiental. Como resultado ya tenemos playas altamente contaminadas y ecológicamente amenazadas por el desarrollo desregulado y el desinterés institucional en garantizar un turismo verdaderamente en armónico con las características ecológicas del territorio en el que se instala.

El modelo de desarrollo en Dubai, de donde proviene la inversión propuesta, no es un ejemplo de manejo ambiental responsable, sino todo lo contrario. Aparte de bombos y platillos por la construcción de un mega-hotel, no se habla de un concepto de sostenibilidad (porque es imposible que lo tenga), sino de un hotel 7 estrellas, lo que tiene muchas implicaciones.  

Así como se habla de prácticas amigables con el ambiente, sabemos que muchos desarrollistas han llegado a Guanacaste con una visión desinteresada en los impactos ambientales de sus negocios. Muchas personas locales han denunciado la destrucción y depredación de los recursos costeros. A algunos inversionistas sólo les importa apoderarse de los bellos paisajes costeros a cualquier costo ambiental y este proyecto no será la excepción. 

Desarrolladores e instituciones fingen ceguera ante la afectación de los ciclos ecológicos de especies que dependen del equilibrio marino-costero o de la interconectividad de ecosistemas terrestres que arrasan los desarrollos inmobiliarios como este. El crecimiento inmobiliario, actualmente sin verdadero control, elimina a gran escala importantísimos remanentes de bosque seco (altamente vulnerable a desaparecer) en las áreas costeras. También se sabe que algunos desarrollos inmobiliarios han borrado y hasta extraído ilegalmente patrimonio arqueológico de los sitios donde operan, ante la ausencia institucional.

En Guanacaste el megaturismo ha significado la destrucción del tejido social de las comunidades y el desplazamiento de las personas locales de los espacios de más valor paisajístico y recreativo. Hay una marcada exclusión económica de los pueblos en beneficio del turismo y este proyecto no va a ser la excepción. 

Proyectos de este tipo han profundizado el abandono institucional de las poblaciones costeras originales, que finalmente quedan a merced de lo que hacen o dejan de hacer los inversores privados. Las decisiones públicas quedan sometidas a los intereses privados. Hay que conversar con la gente de las comunidades para saber todo esto que está pasando hoy en muchos lugares.

Agua privatizada

Los desarrollos de Papagayo ya son ejemplo de insostenibilidad en el consumo de agua. Con megaproyectos como el One&Only se continúa concentrando en pocas manos los limitados recursos hídricos de Guanacaste. Los acuíferos son vulnerables y en estos complejos turísticos se consume el agua a gran escala. 

Los pueblos de Guanacaste no juegan al golf ni se bañan en piscinas, pero una cancha de golf, piscinas y la carga turística diaria de hasta mil personas en este complejo turístico podrían consumir perfectamente la misma agua que necesita toda la población actual del distrito de Nacascolo, donde se pretende construir.

Recordamos que por sostener altos flujos de turismo en esta zona, sin los estudios técnicos y científicos previos, ya se han desgastado y salinizado acuíferos como el de Playa Panamá. Y con este proyecto de One&Only, hasta ahora no ha habido información pública sobre los fundamentos técnicos que garanticen la viabilidad del megaproyecto, solo el anuncio de la inversión. Recordemos que algo parecido pasó con Crucitas y El Diquis, anunciados como panaceas sin tener los estudios que respaldan su viabilidad ambiental.

Hoy hay pueblos guanacastecos que padecen por la carencia de agua potable y servicios de calidad. Su derecho humano está siendo violado. Mientras que hoteles y condominios privados toman control de las ASADAS y se auto-otorgan permisos para servirse de las fuentes de agua vulnerables de la zona sin estudios que respalden.  Los inversores extranjeros se enriquecen en este momento con el control ilegal y la concentración inmoral del agua de los guanacastecos.

Con todo esto que sabemos por la cercanía de FECON con organizaciones locales guanacastecas, concluimos que, más que concesiones, en la costa de Guanacaste se establecen enclaves que privatizan la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica sin importarles gran cosa el futuro de las comunidades locales. 

Para los extranjeros, si el agua se acaba pueden irse, no sin antes haber multiplicado sus riquezas a través del turismo de lujo. Pero los pueblos no tendrán la misma opción cuando estén sin agua y sigan en condición de pobreza, porque el megaturismo no ha resuelto este problema crónico en la provincia.

Negociaciones antidemocráticas

El negocio del megaturismo ha demostrado moverse a través de negociaciones poco transparentes entre desarrolladores, municipalidades y demás instituciones. Eso desencadena los conflictos con las comunidades que son excluidas de los planes de desarrollo, porque al final sólo se negocia en altos niveles y se le vende a la gente el trillado discurso de los empleos. 

Los Gobiernos sólo ofrecen megaturismo y no tienen otras opciones económicas para las comunidades ni tienen ideas de los intereses reales de la gente. Nos preguntamos ¿Habrán consultado a alguien de las comunidades impactadas directa o indirectamente? De seguro no, pero sabemos que será un buen negocio para la industria de la construcción. 

Al final los pueblos guanacastecos son despojados del acceso público a las playas cuando proyectos privados de alta gama se instalan. El hotel 7 estrellas toma su zona y controla su parte de playa para que sus clientes no tengan molestias fuera del control de sus guardas. Es el mismo turismo privatizador que vemos hoy en Guanacaste y con el que no podemos estar de acuerdo.

No podemos estar de acuerdo con la política antidemocráctica del gobierno de ir por el mundo ofreciendo a grandes capitales extranjeros venir a invertir en megaproyectos en nuestro país, sin dar a conocer las condiciones y fundamentos para hacer este tipo de negociación. Eso lo hacen porque no tienen planes reales de desarrollo inclusivo y equitativo para las comunidades guanacastecas. Sólo aumentarán la desigualdad y eso está en contra de nuestros valores como organización.

Lo último y no menos importante, es decir que necesitamos escuchar lo que piensan y ven cada día muchas comunidades que están silenciadas y afectadas por la imposición del megaturismo, que amenaza con arrebatarnos muchas otras playas de Guanacaste, que por principio deberían ser de libre acceso para la recreación sana de todos los costarricenses. 

FECON está comprometido en dar la lucha con los pueblos costeros por un futuro seguro, económicamente justo, donde se respeten todos los derechos y el Estado garantice bienestar real. One&Only Papagayo, reiteramos, no es una solución a ningún problema de los que enfrenta Guanacaste, solo continúa la ruta de la privatización. 

Megaproyectos: Decir NO, no basta. Conversatorio con Gustavo Esteva

El pasado 14 de febrero el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de la Universidad de Costa Rica celebró el conversatorio titulado “Megaproyectos: Decir NO, no basta”, con el activista mexicano Gustavo Esteva quien ha tenido una extensa trayectoria en relación a la función pública, la docencia, como asesor del Ejecito Zapatista y defensor de las teorías sobre el postdesarrollo.

En la actividad se conversó sobre el contexto del sistema capitalismo en la actualidad, la muerte del capitalismo en palabras de Esteva y “la muerte del régimen y su camino al despojo”. Se hizo hincapié sobre las miradas de los megaproyectos como una oportunidad, desde las elites visto como una oportunidad y como una lógica de despojo desde las clases subalternas, que implica la destrucción de sus modos de vida tradicionales, autónomos y de sus fuentes de ingreso.

Esteva hizo hincapié en los elementos implícitos detrás de los discursos sobre el beneficio de los megaproyectos en especial sobre la fuga de las riquezas lejos de las manos y miradas de las comunidades afectadas, así como la capacidad de organización y resistencia de los pueblos frente al gran capital.

En palabras del Observatorio de Bienes Comunes el presente conversatorio invita a reflexionar sobre “¿Cuál es el verdadero precio a pagar?, a repensar sobre las implicaciones para nuestros territorios de este tipo de propuestas, ¿quiénes las promueven? ¿Para quiénes son los beneficios? ¿Quiénes asumen las consecuencias y cuáles son los desafíos que nos interpelan como sujetos individuales, pero también colectivos?

Le invitamos a repasar el conversatorio mediante el siguiente enlace:

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en perspectiva local y global – llamada al diálogo

La gestión integral del recurso hídrico se encuentra en la palestra de los foros internacionales y la discusión de las políticas públicas en un contexto de cambio climático y extractivismo. Existe un debate sobre el tema de agua potable para las comunidades y la conservación de cuencas versus la creciente influencia de grandes corporaciones y agencias de cooperación, en el manejo del agua en favor de actividades extensivas o de gran impacto.

En este sentido el Movimiento Ríos Vivos hace un llamado vehemente al diálogo y reflexión mediante una misiva sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) relacionado a la gran cuenca del río Grande de Térraba, una de las más extensas y conflictivas del país. Por cuatro décadas en esta región han dominado familias dedicadas a la ganadería extensiva, la compañía Fresh Del Monte (exportadores de piña), y la cooperativa CoopeAgri (exportadores de azúcar de caña). 

Por ende, es necesario colocar ese tema local con una perspectiva global de la GIRH, permeado por la influencia de sectores privados y en detrimento de las comunidades en víspera de los próximos foros regionales y nacional de gobernanza del agua. Tal y como lo señala la siguiente misiva. 

Se adjunta la carta de Ríos Vivos.

Imagen ilustrativa.

Foro debate virtual: Impactos de los Nuevos Pactos Verdes en América Latina

Desde el Pacto Ecosocial del Sur, queremos invitarte a debatir temas álgidos de nuestros tiempos en un diálogo que nos reúne nuevamente, en alianza con el Institute for Policy Studies, un “tanque de pensamiento” de izquierdas de EEUU.

El Green New Deal (nuevo pacto verde) ha sido un clamor de movimientos en Estados Unidos y Europa que busca reducir las emisiones de carbono y promover un crecimiento económico socialmente justo y ecológicamente sustentable. Es fundamental que las respuestas a problemas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la desigualdad, consideren las injusticias históricas y actuales entre el Norte y el Sur global. 

  • ¿Hasta qué punto las diferentes propuestas de Green New Deals tienen en cuenta los efectos e impactos que podrían tener en otras regiones del mundo? 
  • ¿De qué manera estas propuestas se responsabilizan de la extracción de materia prima que requiere la transición energética que plantean, y de la disposición de residuos que generarán? 
  • ¿Qué roles prevén los diferentes Green New Deals en debate, explícita o implícitamente, para una región como América Latina? 
  • ¿Cómo piensan abordar las políticas comerciales, financieras y de deuda que hasta ahora institucionalizan una brecha verde entre el norte y el sur geopolíticos? ¿Cómo construimos alianzas norte-sur en torno a un concepto multidimensional de justicia y en un horizonte renovado de solidaridad internacional?

Personas invitadas

  • Esperanza Martínez, Bióloga y abogada, fundadora de Acción Ecológica (Ecuador).
  • Ulrich Brand, Profesor de Políticas Internacionales y director de la Red de Investigación sobre Latinoamérica de la Universidad de Viena (Austria).
  • Rajiv Sicora, Asesor Político del Representante del Congreso de los Estados Unidos Jamaal Bowman del partido Demócrata de Nueva York (EUA).
  • Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Argentina).

Traducción simultánea en inglés y español.

Fecha y hora 4:00pm Centroamérica

Enlace para inscripción: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZZx-LfuMQL-gmQks3WWdDw

UCR: Las playas sucumben ante la erosión costera

Las costas del Pacífico y del Caribe costarricense presentan serios problemas de erosión. Se proyecta que este fenómeno se agravará en las próximas décadas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

La erosión costera avanza a paso acelerado y vulnerabiliza los ecosistemas y comunidades del Pacífico y del Caribe que dependen del turismo

Roberto Serrano Ramírez vive en Gandoca, en el Caribe Sur costarricense, desde hace más de 20 años. Él cree que las tortugas baula (Dermochelys coriacea) llegan en menor cantidad que antes a esta zona por la erosión que el mar está provocando en las costas.

De 1 000 desoves por temporada que se registraban en el 2007, previo a la pandemia solamente se contabilizaron un poco más de 100, recuerda.

Esta realidad lo golpea, sobre todo al mencionar que en determinado momento la playa de Gandoca constituía el sitio preferido por las baulas para dejar su descendencia.

“Cuando una playa se erosiona, las arenas se trasladan a otra parte y esto impide que una tortuga pueda llegar a desovar. Las tortugas marinas tienen un fenómeno que se llama impronta, que consiste en que ellas regresan años después a desovar al mismo sitio en donde nacieron”, expresa Serrano.

Este agricultor y emprendedor depende, junto con su familia, del turismo, al igual que la mayoría de pobladores de Gandoca. Para él, si las tortugas no encuentran una playa adecuada donde desovar, migran a otros lugares donde no existe protección. Esto pone en riesgo a las poblaciones, ya disminuidas, de estos reptiles.

La playa Gandoca, localizada en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en la provincia de Limón, es uno de los puntos del litoral Caribe que está siendo afectado por la erosión costera.

Estudios recientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA) señalan que este proceso ha sido severo en los últimos años y se advierte sobre los cambios que muy posiblemente ocurran en el futuro.

Las consecuencias no solo son ecológicas, sino que también afectan a las comunidades de las áreas costeras.

Los científicos alertan de que la mayoría de los bordes costeros en el mundo están en estado de erosión y que un 70 % de las playas de arena están retrocediendo, como lo destaca el físico y oceanógrafo Dr. Omar Lizano Rodríguez, del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), de la UCR.

Playas del Pacífico

En las últimas décadas ha habido erosión en la mayoría de las playas del Pacífico costarricense, incluso en la Isla del Coco, según sostiene el investigador. Este fenómeno se acentúa durante los ciclos de las mareas extraordinarias y en conjunción con otros componentes relacionados con el mar, como el aumento en el nivel del mar, el fenómeno de El Niño y las tormentas.

Aunque los estudios señalan diversos factores involucrados en los procesos de erosión de las costas, coinciden en destacar los efectos de la crisis climática como los principales responsables de los cambios en la configuración de las costas; es decir, de la pérdida de la línea de costa (que marca el límite entre la costa y la playa), la erosión y las inundaciones.

Se proyecta que el cambio climático alterará los ecosistemas y las zonas costeras. La mayor preocupación es el aumento en el nivel del mar, el cual es de aproximadamente 3 mm al año.

Este fenómeno ocurre por dos razones: el incremento de la temperatura de los océanos y, por ende, del volumen del agua (lo que se conoce como expansión térmica del agua), y el derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares de las montañas, lo cual implica la inyección de agua dulce a los mares.

Además, ha incrementado la velocidad de los vientos y hay una mayor intensidad de los ciclones tropicales. Esto genera una mayor altura de las olas, aumento de marejadas y mareas astronómicas.

En el Caribe, el Parque Nacional Cahuita y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son algunos de los sitios más afectados por la erosión costera. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

“La realidad es que cada vez es más frecuente la presencia de eventos extremos. El mayor desastre costero se puede generar cuando estos fenómenos se superponen”, agrega Lizano.

El oceanógrafo asegura que las playas con mayor erosión en el Pacífico son las que están expuestas al oleaje del mar abierto, pues estas áreas “son más fácilmente alcanzadas por el oleaje fuerte y tienen pérdida permanente de sedimentos”.

En la provincia de Guanacaste, es evidente la erosión costera en playas como Punta Guiones, Carrillo, Sámara, Nosara, Ostional, Lagarto, Pitahaya, Junquillal y Tamarindo, entre otras.

El Pacífico Central también ha mostrado elevaciones en el nivel del mar, mareas astronómicas y oleaje alto, como ocurrió durante el fenómeno de El Niño de 1997 y 1998 en playa Caldera, con fuertes impactos debido a la erosión. Como resultado, se produjo la ruptura de un dique, inundaciones en un caserío cercano y frecuentes mareas que llegan a la carretera.

En playa Azul, en la margen izquierda de la desembocadura del río Grande de Tárcoles, y en playa Manuel Antonio, a la entrada del parque nacional, se observan los efectos del oleaje en las palmeras y en algunas edificaciones que tuvieron que ser abandonadas o que se las tragó el mar.

En otras playas del Pacífico Sur, como Esterillos Oeste, Central y Este, Hermosa, Bejuco, Palo Seco, Isla Damas y Dominical, también se reportan procesos de erosión intensos. “Los residentes de playa Dominical dicen que el mar se está metiendo cada año más”, indica Lizano.

El investigador sugiere que algunos de estos cambios a lo largo de la costa del Pacífico y del Caribe podrían estar vinculados a los movimientos tectónicos en esas regiones, que han producido el levantamiento o el hundimiento de algunas áreas, lo cual repercute en el aumento del nivel del mar.

En la desembocadura del río Parrita, se está formando un cordón litoral a raíz de los sedimentos que descarga el río, esto compromete las edificaciones ubicadas al oeste de la desembocadura, en playa Bandera. Foto: cortesía de Omar Lizano.

La realidad del Caribe

La erosión en varios sectores del Caribe Sur ha sido reportada en diversos estudios de la Universidad Nacional.

Carolina Acosta Quesada, Estefanía Barquero Alvarado y Francisco Domínguez Barros analizaron la situación en la playa de Gandoca, en su tesis de licenciatura en Geografía, presentada en el 2020.

Ellos analizaron los cambios morfológicos que han impactado la línea de costa de la playa Gandoca. Para esto, utilizaron fotografías aéreas y elaboraron perfiles topográficos, lo cual complementaron con los testimonios de pobladores de la comunidad.

Los lugares más afectados por la erosión en el Caribe Sur son Puerto Vargas, en el Parque Nacional Cahuita, y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Entre el 2005 y el 2016, en la playa de Manzanillo, cerca de la entrada al refugio de vida silvestre, se documentó la pérdida de 2,1 metros de costa al año; es decir, 23 metros en total durante ese período.

De acuerdo con los profesionales, este fenómeno incide en el desarrollo de actividades humanas, tanto recreativas como sociales y económicas, así como en la permanencia de ecosistemas costeros de plantas y animales.

“Los habitantes de nuestra comunidad, en un gran porcentaje, viven del turismo. Y si no vienen tortugas a desovar, pues tampoco tendremos turistas. Esto hace que nuestros jóvenes tengan que salir a buscar trabajo a otras partes, que las personas que vivimos aquí, que tenemos desde hace muchos años un proyecto ecoturístico, tengamos cada vez menos fuentes de trabajo”, subraya Roberto Serrano.

Roberto Serrano, emprendedor turístico de Gandoca, afirma que la erosión costera ha tenido un impacto en la economía de los habitantes locales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Además de las tortugas, entre Cahuita y Gandoca-Manzanillo se encuentran las principales áreas de arrecife de coral del Caribe costarricense. Los estudios efectuados en la zona desde 1979 evidencian que los efectos de El Niño provocaron el blanqueamiento masivo y muerte de muchas comunidades coralinas.

El trabajo de los geógrafos reveló, además, que la comunidad de Gandoca posee muy poco conocimiento sobre las causas y consecuencias de la erosión costera.

Otro indicador identificado por ellos fue la pérdida de humedales y orillales, los cuales son sitios de importancia hídrica.

Este factor es mencionado por Serrano, quien dice que ha habido afectación del bosque primario a lo largo de la costa. “La erosión ha provocado la caída de árboles inmensos, yo vi un árbol de más de 60 metros de altura caer al mar”, detalla.

Cambios tierra adentro

Pero no solamente los fenómenos que ocurren en el mar están acelerando algunos procesos de erosión costera, sino también las actividades tierra adentro. El manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas es una de estas, pues tiene repercusiones en la calidad y cantidad de los sedimentos que llegan al mar.

La salud de una playa son los sedimentos, son lo más importante para su constitución. Lo que está sucediendo es que los seres humanos están interviniendo tierra adentro y extrayendo arenas de las cuencas. Al hacer esto, están quitando las fuentes de estabilidad de las playas”, indica Lizano.Algunos sitios en donde se nota la acumulación de sedimentos en la playa son el prestero de Junquillal, en la desembocadura del río Venado; en playa Azul, en la desembocadura del río Grande de Tárcoles; del río Coto en playa Zancudo y del río Parrita en playa Bandera.

“En Parrita —añade el científico— se está formando un cordón litoral a raíz de los sedimentos que descarga el río, esto compromete las edificaciones existentes al oeste de la desembocadura”.

La quema de manglares, como se identificó en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, en el Pacífico Sur, también provoca serios problemas de erosión. Estos ecosistemas son de gran importancia en los litorales costeros, pues tienen un efecto amortiguador del oleaje durante las tormentas marinas, los tsunamis y huracanes, y constituyen un hábitat fundamental para gran cantidad de especies marinas.

Frente a estos embates en las costas, algunas instituciones y comunidades desarrollan acciones de mitigación. En Gandoca, el pueblo ha participado en campañas de reforestación del manglar y de especies de árboles nativos.

Esta iniciativa generó empleo también para las mujeres. “Ellas, durante varios meses, sembraron árboles de coco y uva de playa. Nosotros sembramos mangle colorado. Actualmente, ese mangle está creciendo y estamos muy felices, porque se está multiplicando”, comenta Serrano con un tono de esperanza.

 

Patricia Blanco Picado,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Temas indígenas y ambientales son el común denominador de acciones colectivas según reciente informe del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas

El Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas de la Universidad de Costa Rica (OCAC) ha publicado su más reciente informe correspondiente al año 2021.  Entre las principales acciones colectivas registradas por el equipo de investigación, destaca la presencia de actores demandantes como los pueblos indígenas, seguidos de comunidades vecinas y en tercer lugar los sectores ambientalistas. 

El informe señala que la mayoría de las demandas y acciones presentadas se enfocan contra instituciones gubernamentales y en menor medida contra la población en general, con el objetivo no solo de velar por la defensa de los derechos, sino para posicionar las problemáticas y conflictos en la discusión pública. En este sentido, a lo largo del 2021 se documentó por parte del equipo de investigación 147 acciones vinculadas a la defensa del ambiente y 143 acciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas indígenas y diferentes denuncias provenientes de estos grupos. 

Sobre la temática indígena, el informe señala que las acciones “se ubican principalmente en la zona sur del país en las comunidades Bribri de Salitre, “Bribri Iríria Sá Ká, (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré)” (Chaves, 2021, p.4). Es vital señalar que las denuncias de amenazas y agresiones contra las personas indígenas se han desarrollado constantemente, presentando un total de 49 denuncias por esta razón en este año. En estas se señalan agresiones directas, amenazas de muerte, incendios, entre otras”.

Algunas de estas acciones colectivas indígenas tienen como común denominador un reclamo ante la pasividad de instituciones gubernamentales ante las acciones de grupos no indígenas que contaminan, violentan los territorios y los bienes que los indígenas consideran comunes y propios según la ley.

Que es el ¿OCAC?

Surge en el año 2019 como un complemento a la base de datos PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En su página oficial señala que el Observatorio se plantea como una propuesta para sumar en la visibilización de los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones.

 

Fuente de la imagen: OCAC-UCR (2021).

Justicia ecológica: ¿Qué implicaciones tiene para nuestros territorios?

Ante las presiones por la eliminación de regulaciones ambientales y el menosprecio por la participación ambiental, queremos invitarles a reflexionar sobre la justicia ecológica y las implicaciones para nuestros territorios. Compartimos una infografía sobre el tema elaborada por el Observatorio de Bienes Comunes.

Constantemente, escuchamos por parte de sectores políticos y económicos lo difícil que es hacer negocios en nuestro país, y dentro de los criterios que muestran como «impedimentos» siempre surge la dimensión ambiental, que son muchos permisos, que cualquier persona puede bloquear el proyecto, entre otras quejas.

Muchas de estas regulaciones son mínimas ante los posibles efectos negativos que puede tener la actividad u obra de construcción, además en la mayoría de las ocasiones las comunidades afectadas no son consultadas por el tipo de desarrollo que consideran necesario, y más bien tienen poca participación en la promoción y diseño de estos proyectos de «desarrollo».

Sin embargo, estos sectores económicos dominantes tienen posibilidad de incidir en actores políticos, por esta razón asistimos a una constante presión para lograr una mayor flexibilización de las regulaciones ambientales y el menosprecio explícito por las formas de participación ambiental vinculante.

Por esta razón les compartimos esta infografía que nos invita a retomar una dimensión importante; la Justicia Ecológica, que nos ayuda a problematizar las relaciones que están presentes en los procesos de toma de decisiones en nuestras sociedades y evidencia quienes se benefician de estas acciones, así como quienes deben asumir las consecuencias de las mismas.

Por esta razón nos parece importante cuestionarnos en este contexto de presiones ¿Qué dimensiones están siendo olvidadas?

 

Fuente Observatorio de Bienes Comunes (2021). Justicia ecológica: ¿Qué implicaciones tiene para nuestros territorios? https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/justicia-ecologica-que-implicaciones-tiene-para-nuestros-territorios/

Compartido con Surcos por Observatorio de Bienes Comunes.