Desde la industrialización de las actividades humanas, la explotación de fuentes fósiles sirvió para consolidar la hegemonía colonial de algunos Estados sobre el resto del mundo. Y la actividad petrolera en particular permitió concentrar mucho poder en ciertas élites de esos países.
Poca diferencia existe con las tendencias actuales a concentrar el manejo de las energías emergentes. Las grandes corporaciones privadas y estatales las alteran datos y crean falsas necesidades para justificar un sistema de consumo abusivo, que no deja espacio a nuevas alternativas energéticas ni a la participación de los pueblos en las decisiones.
Considerando que la energía es una necesidad básica de todas las personas, el movimiento ecologista plantea la necesidad de orientar sus esfuerzos para reivindicar la energía como un bien común y un derecho humano, planteando un cambio total en los patrones de consumo que derivaron la crisis ecológica mundial.
En este boletín se encontrará información sobre la situación actual de las energías en Costa Rica, expresada mediante las estadísticas y tendencias de la gestión estatal de las energías y la creciente participación privada que presiona para liberalizar el negocio de la generación eléctrica.
El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en mayo sobre el tema energético con presentaciones de Raquel Bolaños, representando al Movimiento Ríos Vivos, Osvaldo Durán de Proyectos Alternativos (PROAL) y Mariana Porras de COECO-Ceiba Amigos de la Tierra.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
El libro ‘El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ nos ofrece las contribuciones de renombrados/as especialistas de diferentes países de América
El pasado 25 de noviembre del 2021, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, elaborada en colaboración con la Universidad del Rosario, Colombia (véase el enlace a presentación virtual realizada desde la misma Cepal, así como el video de la actividad, colgado por la Universidad del Rosario).
Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016. Foto extraída de la nota del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). Este es un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una obra de lectura muy recomendada
Esta obra se titula El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas) está desde ya disponible en este enlace oficial de la Cepal.
Cabe destacar que el prefacio de este libro es autoría de John H. Knox, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Como bien se recordará, el título oficial del Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 (véase el texto completo de su versión oficial en español) es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Las negociaciones que culminaron en el 2018 duraron cinco años, siete meses y siete días. Si lograron concluir exitosamente, fue gracias a la habilidad de las gestiones diplomáticas desplegadas tanto por Chile como por Costa Rica, que lideraron el proceso de negociación.
En su presentación, las tres editoras de este libro indican que «Con el fin de dar paso al lector para que pueda sumergirse en el contenido de esta obra, es preciso enfatizar que para la CEPAL y la Universidad del Rosario el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para América Latina y el Caribe no solo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental, sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (p. xxiv).
El lector encontrará en esta obra artículos de gran valor escritos por la pluma de destacados/ as especialistas de América Latina y del Caribe, y es de esperar que sea ampliamente difundido en cuanto a su contenido.
Una contribución más que necesaria ante la desinformación existente
Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional.
Ello se debe en gran parte a una verdadera campaña de desinformación orquestada por algunos sectores económicos y políticos opuestos a ver consolidados y afianzados los derechos de quienes defienden el ambiente. Entre muchos, destaca el caso de Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.
Estos «argumentos» en contra de Escazú se asemejan más a mitos promovidos por algunos sectores políticos cercanos a influyentes cúpulas empresariales que a argumentos sensatos y razonables: desde la fantasiosa idea según la cual al aprobar Chile este tratado, una demanda boliviana en su contra sería inminente, hasta la supuesta pérdida de soberanía peruana en la región amazónica, pasando por la intención de favorecer el aborto que encontró la iglesia paraguaya en el Acuerdo de Escazú, sin hablar de la inversión de la carga de la prueba (que vendría a amenazar la presunción de inocencia en materia penal) o bien, el hecho de que se ahuyentaría la inversión extranjera de aprobarse el Acuerdo de Escazú. Estos y muchos otros supuestos «argumentos» han sido sólidamente refutados en varias latitudes, desde la academia y desde organizaciones de la sociedad civil (Nota 1).
Ante la intensidad de esta campaña de desinformación y la de sus relevos encontrados en influyentes medios de prensa, algunos muy valiosos esfuerzos en materia de comunicación han intentado contrarrestarla (Nota 2). No obstante, el desequilibrio existente explica, al menos en parte, que de los 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú, solamente 12 lo hayan ratificado (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). Este desequilibrio puede también explicar en parte que varios Estados ni siquiera hayan optado por firmarlo (entre los cuales, en América Latina, figura el atípico caso de Chile, así como Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela).
Considerando el actual panorama del Acuerdo de Escazú en la región, esta nueva contribución de la Cepal en este mes de noviembre del 2021 permite una mejor comprensión del Acuerdo de Escazú y de sus alcances, en particular de cara a los desafíos que enfrenta América Latina en materia social y en materia ambiental.
Defensores del ambiente y asesinatos: un angustiante panorama
En relación con uno de los Estados que persiste en no firmar este tratado, Honduras, son muchos los activistas de América Latina en recordar que la fecha de adopción del Acuerdo de Escazú (4 de marzo) acordado por parte de las 33 delegaciones oficiales se escogió en homenaje al natalicio de Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en marzo del 2016 en Honduras (véase informe de un grupo de expertos internacionales (el Gaipe) que investigó sobre su muerte).
Por su parte, cabe indicar, en el caso de otro Estado ausente entre los firmantes, que Chile inició estremecido este último mes del 2021 al conocerse el asesinato de una gran activista ambiental como lo fue Javiera Rojas (véase nota de prensa del 1/12/2021). Pocos días después de lo ocurrido en Chile, es en Perú (que sí ha firmado mas no ratificado Escazú) donde se asesinó a un reconocido líder indígena en la región amazónica: Lucio Pascual Yumanga (véase nota de prensa de la DW del 6/12/2021).
Finalmente, entre los Estados como Perú que han firmado pero que no han aún ratificado este tratado, resulta de interés recordar que dos líderes indígenas en Costa Rica fueron asesinados en la región de Salitre en menos de un año (marzo del 2019 – febrero del 2020).
Es posible que la impunidad campante, que pareciera mantenerse en ambos asesinatos, sea parte de las inquietudes del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Costa Rica prevista en el mes de diciembre del 2021 (véase comunicado oficial).
En este mes de diciembre, se conmemora en Costa Rica la muerte de los cuatro integrantes de AECO, acaecida hace 27 años, un doloroso caso que se mantiene en una indignante impunidad (véase artículo de opinión titulado «Sembrando memoria contra la impunidad y el olvido» publicado en el Semanario Universidad).
Foto extraída de la nota de prensa de la BBC “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, del 30 de julio del 2019.
La realidad del Acuerdo de Escazú y la puesta a prueba de los supuestos «argumentos» en su contra
Es de notar desde ya que en los Estados que ya han firmado y ratificado este novedoso instrumento regional (como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según estas mismas cámaras empresariales, la aprobación del Acuerdo de Escazú. Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en estos Estados: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que ya aplica desde hace muchos años y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
En relación con los temores de los altos mandos militares peruanos, los respectivos ejércitos de los Estados antes señalados no han cedido un solo ápice de soberanía territorial desde que se aprobó.
Finalmente, en el caso de Costa Rica, destaca el hecho de que una de las principales cámaras empresariales opuesta al Acuerdo de Escazú haya rehuido el debate público con especialistas en derecho ambiental y derechos humanos (Nota 3).
Durante la reciente COP26 celebrada en Glasgow, las autoridades colombianas se sintieron obligadas a hacer un anuncio oficial en favor del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa de El Tiempo), evidenciando su profundo malestar, dada la dramática situación que enfrentan en Colombia los defensores del ambiente (véase nota de prensa de El País).
Recientemente en Costa Rica, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi) un valioso artículo que refuta nuevamente las leyendas creadas por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre muy hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento (véase artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», cuya lectura también recomendamos).
Es de resaltar que, en el caso de Costa Rica, las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) han sido particularmente activas (véase comunicado oficial de mayo del 2021), seguidas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) (véase pronunciamiento de junio del 2021), al tiempo que las autoridades de las demás universidades estatales, por razones que se desconocen, se han mantenido mudas.
A modo de conclusión: a propósito de dos Estados en deuda con toda una región y sus defensores ambientales
En junio del 2018, se pudo leer por parte de Chile y de Costa Rica en una declaración oficial conjunta (véase texto completo aún colgado por la diplomacia chilena) que:
«Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
En el marco de una visita realizada un mes después por el presidente de Chile a Costa Rica, se leyó en su discurso (véase texto completo), que:
«Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de Naciones Unidas».
Más de tres años después, si bien ambos Estados siguen encabezados por los mismos dos mandatarios de junio del 2018, el tono ha sustancialmente cambiado.
El caso de Costa Rica (que persiste en no ratificar este instrumento) y de Chile (que ni tan siquiera lo ha firmado) son particularmente llamativos (Nota 4). En efecto, se trata de los dos Estados que lideraron las negociaciones que concluyeron con la adopción del Acuerdo de Escazú.
Cabe indicar que, al revisar el texto de sus respectivos discursos oficiales durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en setiembre del 2021 (véase texto de uno y otro), ambos jefes de Estado omitieron toda referencia al Acuerdo de Escazú (el cual entró en vigor unos meses antes, el 22 de abril del 2021): ni una sola mención, ni congratulación o alguna frase saludando de alguna u otra manera su entrada en vigor. Se trata de una omisión (en nuestra modesta opinión, grosera) que amerita ser señalada.
Es probablemente la primera vez en la historia del derecho internacional público que dos Estados que lideraron la negociación de un instrumento internacional no logran formar parte del primer grupo de Estados que permite su entrada en vigor, evidenciando así ante el resto de la comunidad internacional su inconsistencia; y contribuyendo a minar la credibilidad de sus autoridades en materia ambiental y en materia de derechos humanos.
En este mes de diciembre en el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, un anuncio oficial medianamente decoroso de ambos Estados en favor de los derechos de todas las personas que defienden el ambiente en América Latina y en el Caribe sería muy deseable, así como otras iniciativas en favor de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, en particular en Estados en los que las muertes de estas personas siguen ocurriendo (así como las diversas formas de intimidar a sus compañeros/as de lucha). Aprobar este instrumento regional tan necesario para consolidar una verdadera democracia ambiental sería la mejor manera de rendirles un justo tributo y honrar la memoria de quienes perdieron la vida en defensa del ambiente.
Notas
Nota 1: Por ejemplo, en Costa Rica el equipo de periodistas de Doble check publicó en abril del 2021 esta muy completa guía titulada «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales». En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú.
Nota 2: En Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado UCCAEP y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 3: En efecto, tan pronto conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate es para algunos la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase foro).
Nota 4: Sobre el peculiar caso de Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N.: «¿Escazú sin Costa Rica? Así como se oye, por más extraño que suene», sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 8 de mayo del 2021, disponible aquí; así como a PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», Derecho al día, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí. En el caso de Chile, véase DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?», Perspectivas del Centro de Derecho Ambiental, número 2, noviembre 2020, disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Se compartió con las fuerzas vivas de la comunidad de Argentina de Pocora la presentación del proyecto “Reactivación económica local de la comunidad de Argentina de Pocora, basada en la conservación y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad”.Esta propuesta se hizo a la Junta Directiva de JAPDEVA.
En esta iniciativa se encuentran inmersas organizaciones comunales e instituciones públicas, como el Ministerio de Cultura, la Asada de la Argentina, la Asociación de Desarrollo Integral de la Argentina, el SINAC, ACto, Colagua, UNED, ICE ASOAETA, UCR y Escuela de Trabajo Social.
En esta comunidad, parte de los logros que se han obtenido son la elaboración y ejecución de un plan de gestión, difusión y uso de tecnología como redes sociales y plataformas virtuales, eventos y celebraciones como la del Festival del Agua durante 5 años consecutivos, los últimos dos: 2020 y 2021 en formato virtual. Además, se realizó la presentación del proyecto ante el Concejo Municipal de Guácimo y se hizo la declaratoria de interés cantonal de la propuesta de proyecto de la Comisión Participativa para la Gestión del Recurso Hídrico de Argentina de Pocora.
La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas promueve un encuentro sobre el impulso a los caudales ecológicos. Se propone analizar oportunidades y avances. Se tocarán los siguientes temas:
Presentación de la guía “Construyendo caudales ecológicos desde las comunidades”
Monitoreo y ajuste de concesiones en los ríos por parte de dirección de aguas
Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y acciones posibles en 2022
Proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526)” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR
Las comunidades rurales y territorios indígenas son, una vez más, víctimas de la centralización del país en tiempos de campaña electoral. “Volvemos a ser importantes cada 4 años”, crítica Wilbert Gómez del grupo Saberes Comunitarios (SACO) y campesino de Paraíso, Sixaola.
La falta de interés por parte de las personas candidatas a la presidencia, de conocer las realidades y problemáticas que sufren las comunidades, representa un fallo en el sistema político democrático actual. Esto quiere decir, que no existe una comunicación, ni una representación, ni propuestas de políticas que busquen solventar los conflictos socio ambientales y territoriales, que, en algunos casos, llevan años desarrollándose y acumulándose.
Por estas razones, las propuestas de políticas ambientales por parte de las candidaturas son escuetas, y chocan con un discurso de reactivación económica que se ha posicionado como centro gravitatorio. Esto resulta en una serie de contradicciones, tal y como lo señala Daniela Parra de Santa María de Dota, en donde la comunidad ha impulsado el Turismo Rural Comunitario, pero, por otro lado, está presente la amenaza de la construcción de una gasificadora de residuos que se quiere construir en el cerro Abejonal en León Cortés. ¿Cómo se puede seguir con un Turismo Rural Comunitario cuando existe la contaminación?
Asimismo, Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) y de la Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África de Guácimo, Limón, asegura que está decepcionada de los candidatos a diputación porque la gran mayoría desconocen la realidad de los cantones. Advierte que el Caribe Norte es una bomba de tiempo debido a los problemas de los agroquímicos, la contaminación del agua y la explotación laboral, temas centrales que para las candidaturas a diputación aparentan ser secundarios y superficiales.
Lo mismo simpatiza Francis Cordero de la Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Chomes de Puntarenas, quien está preocupado por el desconocimiento de políticas que velan por la protección del ambiente y la producción pesquera, clave para el desarrollo de su comunidad.
Otro asunto que concierne a representantes de distintas comunidades rurales, es la invisibilización del tema agro y del campesinado. El mismo Francis Cordero alerta que no hay propuestas que protejan a pequeños agricultores. Por el mismo lado, Roger Altamirano, presidente de la ASADA de Santa Fe de los Chiles, tiene un sentipensar que recuerda a un destierro: “la zona fronteriza y rural siempre han estado olvidados. Parece que no pertenecemos a Costa Rica”. La priorización de la Gran Área Metropolitana por parte de las candidaturas, representa la muerte del campesinado en las áreas rurales del país.
La preocupación es la misma en la zona sur, o así lo expresa Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Pérez Zeledón. Declara que las propuestas de reactivación económica no son favorecedoras a las luchas, ni a la protección de los ríos, porque fomentan la apertura del mercado eléctrico y la explotación de los bienes naturales.
Los territorios indígenas también han sido marginalizados del proceso electoral. Pablo Sibar, recuperador de la finca Crun Shurín, del territorio indígena Térraba, señala que los pueblos indígenas han sufrido el olvido por más de 40 años. “No existe una agenda indígena dentro de las propuestas de los candidatos”, por lo que las recuperaciones de tierra siguen siendo criminalizadas. Lesner Figueroa del Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa del territorio indígena Salitre, comparte que, los pueblos indígenas han tenido poca inclusión en los partidos que han sido electos. Siempre se les ha dado prioridad a los sectores no indígenas. Ambos señalan que la mayoría de las candidaturas están en contra de los derechos de los pueblos.
De esta manera, representantes de comunidades de diferentes localidades del territorio nacional, comparten preocupaciones porque temas de conflictividad socio ambiental no se incluyen en las propuestas de las políticas de candidaturas, tanto de diputación como presidenciales. A pesar de que Costa Rica es reconocido ante la comunidad internacional por la protección del ambiente, aún hay una gran deuda ecológica y política con las comunidades rurales y los territorios indígenas. El discurso del excepcionalísimo verde no es compatible con la realidad de las comunidades más vulnerabilizadas y las promesas políticas solamente reproducen una ignorancia que se traduce en una violencia sistemática y estructural, la cual aumenta con el actual modelo extractivista, generador de conflictos socio ambientales.
“El Tren Maya es un megaproyecto turístico de 1.500 km que destruirá las últimas selvas tropicales del sur de México – y las compañías ferroviarias europeas están en cola para enriquecerse con este tren.
El gobierno mexicano lo vende como progreso, desarrollo y turismo a pesar de que las comunidades indígenas están en contra del proyecto. Las comunidades allí saben que la construcción conducirá a más violencia militar que ya están sufriendo además de la destrucción de los bosques que son sus medios de supervivencia y el hogar de 2000 pumas.
Gracias a las valientes comunidades y organizaciones que han llevado al gobierno mexicano a juicio, se han impuesto moratorias temporales sobre algunos tramos del proyecto. ¡Ahora es el momento de incrementar la presión! La construcción de este tren depende de empresas extranjeras como Renfe, Ineco y Deutsche Bahn, las cuales se venden como respetuosas con el medio ambiente. Esta es nuestra oportunidad para que abandonen el proyecto y salvemos las selvas de México.
La construcción del tren destrozará 23 reservas naturales, pasando cerca de patrimonios mundiales de la UNESCO. Además, algunos tramos del tren están siendo construidos sin estudios ambientales aprobados, en contra de los estándares nacionales e internacionales.
Este no es un tren para la gente. Se calcula que el 70% de los ingresos del tren provendrán del transporte de combustibles, soja y carne de cerdo, una de las principales fuentes contaminantes de agua en la zona.
Además, el derecho internacional no permite que proyectos se lleven a cabo a menos que se dé el consentimiento de las comunidades indígenas. ¡Incluso las Naciones Unidas criticó la fraudulenta consulta pública realizada por el gobierno de México en 2019!
El gobierno ha empleado una campaña de estigmatización como respuesta a las acciones de defensa, incluso públicamente equiparando la defensa de derechos humanos con el actuar de “carteles de la droga”. Por eso necesitamos unir fuerzas para detener los efectos catastróficos que tendrá este tren para las personas y el planeta.
Juntes, como miembres de SumOfUs, hemos salvado muchas selvas tropicales como las tierras de la comunidad Tupinambá. ¡Hoy podemos ayudar a salvar la selva tropical mexicana!”
Para apoyar esta petición puede ingresar al siguiente enlace
El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, tienen el agrado de presentarle el más reciente número de la Revista Ambientico: Experiencias y retos en la gestión ambiental de gobiernos locales en Costa Rica.
Ambientico, es una revista de divulgación trimestral publicada desde la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Nació en 1992 como una publicación especializada en el análisis de la problemática ambiental costarricense. Si bien cada número tiene un tema central sobre el que escriben personas especialistas invitadas, en ellos se incluyen algunas veces otros temas, sustentados con información primaria y secundaria, y excepcionalmente ejercicios informados de opinión.
Gadi Amit interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud, como representante de la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
El recurso se interpuso luego de que en setiembre anterior se enviara una carta a dicho Ministerio, en la que se solicitaba información sobre todos y cada una de las comunidades de Guanacaste afectadas por arsénico, así como el plan de acción ante la emergencia sanitaria por arsénico, también reportes de avances, cambios realizados, nombre de los responsables de su ejecución y supervisión, entre otros.
Sin embargo, no recibió respuesta de la Dra. Sandra Delgado Jiménez de la Dirección de Vigilancia de la Salud.
El Ministerio de Salud emitió una Orden Sanitaria, pero se desconoce qué pasó con el arsénico depositado ilegalmente, las causas penales contra los responsables y las formas en las que se está controlando la presencia de este químico.
En ocasiones anteriores, la Sala Constitucional en sentencia 2013 – 007598, le ordenó al MINSA realizar inspecciones cada 3 meses, para mantener informada a la comunidad, pero no ha sucedido.
Gad Amit solicita respuesta a dicha nota, una Reunión entre las partes, la Convocatoria de Comisión Agua Segura, la aplicación de un protocolo y plan de emergencia para las comunidades afectadas, entre otros.
Además, señala que el 11 de octubre de 2021. recibieron el oficio N° MSDPRSA-0935-
2021, en el cual le dan respuesta a la pregunta sobre la disposición de residuos de
arsénico y, ese mismo día, también recibieron el oficio N° MS-DPRSA-0937-2021,
con el cual cree que los recurridos pretendían contestar su consulta sobre el
cumplimiento de la sentencia N° 2013-007598 de esta Sala Constitucional. No obstante, el resto de las respuestas y al día de interponer este recurso, desde el Ministerio no les han contestado lo solicitado.
Desde la Asociación Confraternidad Guanacasteca, se expone que el problema con el arsénico continúa, pese a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y la declaratoria de emergencia sanitaria emitida en el 2014.
Para conocer a profundidad sobre este amparo puede observar el archivo adjunto.
El concepto de “desarrollo sostenible” cumple 30 años rodeado de tensiones y limitaciones. En un mismo período hemos desarrollado “tecnologías verdes” y potenciado la fracturación hidráulica (técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo). Ante este contexto es válido preguntarnos ¿Qué une estás tendencias aparentemente diferentes?
Sin duda alguna, el punto de encuentro entre muchas de estas tendencias sociales y tecnológicas es la idea del crecimiento económico como punto de partida para la solución de los problemas que nos rodean. Es decir, el mercado como factor decisivo para afrontar el contexto actual.
Esto que nos dice, que mediante los cambios técnicos – científicos al optimizar los procesos productivos lograríamos omitir poner límites al desarrollo y crecimiento económico.
Si asumimos esta postura, tendremos al menos dos salidas. Se estarían disminuyendo los impactos ambientales, o podríamos compensar las “externalidades negativas” de nuestra actividad a través del financiamiento de las iniciativas de conservación en otro sitio.
Al final, lo que vemos es un tipo de política donde su punto de partida es que la sostenibilidad parte de políticas de conservación en simultáneo con una industria de rendimientos crecientes.
Esta ecuación es la que se encuentra en entredicho. ¿Será posible un crecimiento económico ilimitado en un planeta finito? ¿Será posible compensar el impacto ambiental de una industria en continuo crecimiento?
Estas son las dudas por las cuales le invitamos a leer este boletín:
El océano juega un papel fundamental en la regulación del clima de la Tierra.
Los océanos absorben el 90% del calor extra de la atmósfera, retrasando el impacto total del calentamiento global.
San José, 22 noviembre 2021. Durante unos 10 mil años el planeta se mantuvo con temperaturas estables, lamentablemente en una sola vida las acciones del ser humano han calentado el planeta en más de un grado, lo cual es aumento crítico para el equilibrio de la Tierra y la salud de las formas de vida que lo habitan.
Los océanos cubren cerca del 70% de la superficie de la Tierra y desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima mundial, así como en la provisión de agua a las zonas costeras, alimentos, el turismo, el comercio y el transporte. Más del 90 % de todo el calor extra de la atmósfera, producto de las emisiones de gases efecto invernadero, es absorbido por los océanos, con implicaciones que hasta ahora se están empezando a entender.
Además, en los océanos ocurre la captación del 30% del carbono proveniente de las emisiones del dióxido de carbono (CO2). Estas emisiones se producen cuando quemamos petróleo, gas y carbón, o destruimos los bosques. Según el análisis del Foro Económico Mundial llamado el Futuro de la Naturaleza y los negocios, el sistema de producción alimentaria y uso de la tierra y de los océanos, ocasiona más efectos negativos que su aporte a la economía, se ha calculado que este sistema alcanza los USD 12 trillones, excediendo su contribución al Producto Interno Bruto Mundial.
¿Por qué nos debe preocupar esta situación?
A medida que el océano sufre por el calentamiento global, la vida marina puede enfermar o incluso morir. Los arrecifes de coral dependen de una simbiosis con algas que les proporcionan alimento, por medio de la fotosíntesis. En aguas muy calientes el alga no produce alimento, muere y causa lo que se conoce como el blanqueamiento de corales. Los arrecifes proporcionan refugio, alimento y un espacio para la reproducción del 25% de todas las especies marinas incluyendo peces de importancia económica, crustáceos (como los camarones, langostas y cangrejos) entre otros. El deterioro de éstos y la gran biodiversidad asociada es un problema muy grave a nivel mundial.
La explotación insostenible de los recursos marinos, más los efectos del cambio climático, generan impactos acumulativos que debilitan la capacidad del océano para continuar brindando todos estos servicios.
Catalina Molina, bióloga de FAICO, Amigos Isla del Coco, afirma “nos preocupa esta situación, por eso hemos impulsado la propuesta para aumentar la protección de las áreas alrededor de Isla del Coco y los Montes Submarinos, mediante un proceso que es liderado por el Estado y es apoyado por diferentes actores sociales y científicos”.
Según la ciencia ha demostrado, las áreas marinas que son protegidas son excelentes para obtener un triple beneficio: la protección de la biodiversidad, la producción pesquera y la mitigación del cambio climático. Además, las redes de áreas marinas protegidas bien integradas, y donde se manejen las presiones, pueden aumentar la supervivencia de las especies al permitirles moverse a lo largo de todo su rango de acción.
La bióloga de FAICO, comenta “todas y todos tenemos un rol que cumplir para aportar en las soluciones frente al cambio climático. Tenemos que asumir la responsabilidad de informarnos acerca de cómo nuestras acciones cotidianas y las políticas que escuchamos y decidimos apoyar o prestar nulo interés, afectan el bienestar del país, del planeta y de toda la humanidad”.
Hace pocos días, el futuro de los océanos jugó un rol fundamental dentro de las negociaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). En la conferencia se enfatizó en la necesidad del trabajo colaborativo, la investigación y la búsqueda de soluciones que garanticen un océano saludable, resiliente y biodiverso para las próximas generaciones.
