Por Cristopher Pérez Núñez y Valeria Montoya Tabash, Programa Kioscos Socioambientales

Durante los últimos 20 años la agroindustria piñera se ha posicionado como uno de los sectores más dinámicos del país, lo que se ha visto reflejado en el volumen y valor de sus exportaciones y en el acelerado proceso de expansión territorial que experimentó durante este periodo. Ese a su vez se ha visto acompañado de no pocos cuestionamientos, denuncias y conflictos de carácter socioambiental y laboral.

En 2020 la pandemia sacó a relucir una serie de situaciones que venían dándose a lo interno del sector, pero que se habían mantenido alejadas del debate público por el poco interés de la hegemonía política y mediática. Esto debido a los altos índices de contagio que experimentó la zona norte durante los meses de mayo y junio, en donde, tanto la frontera como las empresas dedicadas a la producción monocultivista se posicionaron como importantes focos de contagio, dando inicio así a la segunda ola que enfrentó el país.

Ahora bien, una de las situaciones más graves que sacó a la luz esta emergencia fue la de la existencia de un esquema de contratación ilegal, por medio del cual algunas de estas empresas recurrían a la contratación de personas migrantes en condición irregular, y que además les permitía evadir de manera sistemática el cumplimiento de garantías laborales. Esto permitió visibilizar las pésimas condiciones de trabajo que imperan en buena parte de las plantaciones del sector, así como el incumpliendo de las medidas y protocolos sanitarios necesarios para la prevención y disminución de los contagios. Incluso, a varias fincas les fueron giradas órdenes sanitarias por otro tipo de irregularidades.

A diferencia de lo sucedido en el marco de la pandemia, los conflictos aparejados al desarrollo de este monocultivo han sido omitidos por los diferentes gobiernos de turno, lo cual ha demostrado no solo el poder de este sector, sino, también, el abandono estructural que sufren estas poblaciones por parte del Estado costarricense. Esta situación ha sido el resultado de décadas de políticas que anteponen los cálculos económicos por encima del bienestar de la población, y que han permitido el desarrollo de un modelo basado en la socialización de los costos y en la concentración de las ganancias.

Según datos de Procomer, durante el 2020 el sector piñero registró una variación de un -6% en el valor de sus exportaciones con respecto al 2019, cerrando el año con la cifra de $888,219.7, superior a los $874,176.5 registrados en 2016. Por otro lado, a pesar de la disminución en el valor de sus exportaciones, durante el 2020 la piña se mantuvo como el segundo principal producto de exportación del sector agrícola y entre los cuatro principales productos de exportación a nivel nacional, representando el 8% del total de las exportaciones del país. Ya en el primer trimestre del 2021 dicho sector registró signos claros de recuperación al reportar un valor de exportaciones por el monto de $236,363.6, superior al registrado durante los últimos 4 años (Procomer: Anuario estadístico 2020; Portal estadístico 2021).

Estos datos no hacen más que evidenciar el peso económico que posee este sector dentro de la economía nacional, así como su consolidación en términos comerciales a nivel internacional. Sin embargo, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2020, elaborado por la Escuela de Estadística de la UCR en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pone nuevamente en evidencia el escaso desarrollo que han alcanzado los cantones de la zona norte, especialmente los que cuentan con la mayor extensión de hectáreas dedicadas a la producción de este monocultivo. El caso de San Carlos es particular, porque a pesar de presentar mayores índices de desarrollo humano, contiene importantes desigualdades a nivel intracantonal, en donde, al igual que a nivel regional, los distritos que poseen la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la producción de piña son también los que registran los índices de desarrollo social más bajos (Mideplan 2013 y 2017; Moccup 2020).

Ante esta realidad resulta alentador que, a pesar del fuerte apoyo político y mediático con el que cuenta este sector, y del lobby empresarial que durante muchos años logró instalar la narrativa de que la expansión piñera era sinónimo de desarrollo, hoy en día, según datos de la última encuesta realizada por el CIEP-UCR, cerca de un 50% de la población sostiene que el Estado debería limitar la producción piñera a pesar de los beneficios económicos que esta conlleva.

Imagen cabecera tomada de UCR: UCR alerta nuevamente sobre consecuencias de la producción y agroindustria piñera

Compartido con SURCOS por Kioscos Socioambientales.