Bajo el curso “Disputas Territoriales y socioambientales en Costa Rica: el caso de los monocultivos” del Programa Kioscos Socioambientales se desarrolló la Lección Inaugural 2021 del programa.
La conferencia abarcó el tema: Metabolismo social agrario en Costa Rica entre principios del siglo XX y la actualidad. El espacio fue desarrollado por el Dr. Goebel, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), del Programa de Investigación en Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Además, es director del Programa Posgrado en Historia y Profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica.
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Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.
Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.
María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.
La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.
En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.
Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.
Piña intrusa
De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, laSetenasoloteníaconocimientode358,5hectáreasensusregistros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.
Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significaqueesasplantacionesnopasaronporunaevaluacióndeimpactoambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.
En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).
“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.
La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.
Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.
Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.
Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).
Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.
Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).
No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.
En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.
Presiones al ecosistema
En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.
Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.
Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.
Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.
El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.
El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.
Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.
Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.
“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.
En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000millonesdedólarescadaaño. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.
Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.
De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.
Comunidades en conflicto
El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.
Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.
Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.
A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.
“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.
A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.
En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.
Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.
*El autor de este reportaje participó en el SpeedPitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.
Organizaciones, colectivos y colectivas se unen para exigir que se desestime la causa penal del Ministerio Público de Honduras hacia personas ambientalistas que fueron agredidas y detenidas en una concentración pacífica el pasado 29 de marzo del 2021.
La detención se realizó mientras se encontraban manifestándose a favor de los derechos humanos y la protección de la Tierra. Específicamente de la zona del río Choluteca, Honduras y en sus comunidades aledañas donde la contaminación del río está causando graves problemas de salud a dichas comunidades y a la vida de los diversos ecosistemas.
En el comunicado, las diferentes organizaciones responsabilizan al Estado Hondureño por cualquier acto que atente contra las personas procesadas y sus familias. Así como la persecución política a dichos defensores y defensoras de la naturaleza y la vida digna de las comunidades.
Dentro de la solicitud, diferentes personas, organizaciones civiles y organizaciones sociales; denuncian la pérdida del estado democrático y de derecho en Honduras. Vinculando a algunos sectores políticos con la corrupción, narcotráfico y asesinato.
Múltiples personas, personalidades, organizaciones civiles y sociales nos pronunciamos, a nivel nacional e internacional, con suma preocupación ante la degradación que sufre el Estado de Honduras, que dejó de ser democrático y de derecho desde la década anterior, donde los vínculos de políticos con actos de corrupción, narcotráfico, asesinatos bajo la complicidad de la institucionalidad hondureña constituyen un grave daño al tejido social del pueblo de Honduras.
Sumado a lo anterior, Honduras se ubica entre los 6 países de mayor criminalización, judicialización, desapariciones y asesinatos de defensoras y defensores ambientalistas.
Repudiamos tácitamente el proceder ilegítimo del Estado Hondureño en su tarea de criminalizar el derecho humano a la protesta social. Instamos a pronunciarse en contra del clima de impunidad perpetua frente a la persecución, represión, tortura y asesinato de personas defensoras de Derechos Humanos y de la Madre Tierra.
Adjuntamos el documento completo del comunicado oficial:
Este lunes 12 de abril, el Poder Ejecutivo convocó el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú en la agenda de sesiones extraordinarias del Poder Legislativo. Lo pudo haber hecho desde el mes de noviembre del 2020. Este tratado internacional que busca consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente, suscrito en Costa Rica en marzo del 2018, entrará formalmente en vigor este próximo 22 de abril, para los 12 Estados que ya lo han ratificado, entre los cuales no figura Costa Rica.
En esta entrevista radial se explica con más detalle lo que conlleva para Costa Rica haber atrasado su proceso de adopción y la incómoda situación que plantea, desde el punto de vista internacional, el no ser Estado Parte a un tratado regional que lleva el nombre de un cantón costarricense.
Las declaratorias instan a las administraciones municipales a realizar esfuerzos para implementar acciones que ayuden a proteger las abejas y a las actividades que dependen de ellas.
La iniciativa busca promover políticas públicas cantonales orientadas a lograr una mayor protección de las poblaciones de abejas en Costa Rica, impulsando soluciones integrales, por medio de la coordinación interinstitucional de los entes involucrados, desde gobierno central hasta el gobierno local (Concejos Municipales y Alcaldías), incluyendo a diversos sectores de la sociedad civil organizada y el sector privado, para mejorar progresivamente las condiciones que permitan una vida saludable y el desarrollo armónico a las poblaciones de abejas en cada cantón.
Esta propuesta representa una oportunidad para que los municipios se destaquen en la defensa y protección de las abejas a través de nuevas políticas, mayor inversión y acciones específicas en favor de las abejas en general.
El 25 de noviembre de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Número 9929 que declara de interés público la apicultura por ser una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, social y económico de Costa Rica.
La citada ley establece que el Estado deberá tomar las medidas preventivas y progresivas que correspondan para impulsar e incentivar acciones y programas orientados a adoptar prácticas respetuosas con las abejas y otros polinizadores y así hacer frente a los impulsores directos e indirectos de la disminución de las abejas y otros polinizadores a nivel nacional y local, en temas transversales como la diversidad biológica, la seguridad alimentaria, los productos químicos y la contaminación, la reducción de la pobreza, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y la lucha contra la desertificación.
La ley también indica que el Programa Nacional de Apicultura del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), en coordinación con las municipalidades e intendencias, deberá promover acciones y realizar convenios, dentro del ámbito de sus competencias, para potenciar e incentivar el desarrollo de la apicultura. Dicha ley entró en vigencia desde el día 22 de febrero de 2021.
La Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura insta a todas las municipalidades para que apoyen la iniciativa y declaren a su “Cantón Amigo de las Abejas”, por cuanto debido al incremento de la población humana y la necesidad de alimentos, fibras y otros artículos de la agricultura, las abejas son cada vez más importantes para la producción nacional. Además, las abejas son un indicador de la salud del medio ambiente, trabajando sin descanso a la vez que promueven y reflejan la diversidad biológica.
Adjuntamos imagen sobre los cantones declarados amigos de las abejas:
Este año floreció dos semanas más tarde, pero ya lo tenemos en su máximo esplendor. Es nativo del trópico americano (de los 0 a los 1.300m snm) y para los mayas era un ÁRBOL SAGRADO por las propiedades medicinales de su corteza «interna», conocida principalmente por fortalecer el sistema inmunológico.
Se informa que es excelente para tratar la diabetes, la arterioesclerosis, el asma, la anemia, la colitis, gastritis, problemas hepáticos y de la vesícula biliar, además del cáncer, estreñimiento, pero más importante aún, para levantar el ánimo, el espíritu, al contemplar su belleza. Es el árbol nacional de El Salvador.
Los premios Latinoamérica Verde son uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes del mundo, que cada año premia y da visibilidad a los 500 mejores proyectos ambientales de Latinoamérica, convirtiéndose así en la vitrina que dinamiza la economía verde, al exhibir las iniciativas regionales en 10 categorías alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Las categorías de los premios son: Agua, Bosques y Flora, Biodiversidad y Fauna, Desarrollo Humano, Inclusión Social y Reducción de Desigualdad, Energía, Finanzas Sostenibles, Gestión Urbana, Manejo de Residuos Sólidos, Océanos y Producción y Consumo Responsable.
El proyecto con sello costarricense COVIRENA (COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES) logró el puesto 180 en los premios a nivel general y el puesto 10 en la categoría Bosques y Flores. Rebeca Quirós presidenta del proyecto de COVIRENA de Drake en ACOSA (área de conservación de Osa) indicó que ya hay 6 grupos legalmente constituidos de comités de vigilancia de los recursos naturales, en el que trabajan ad honorem más de 70 inspectores ambientales como guardaparques voluntarios.
Los grupos inscritos en este momento son: Puerto Jiménez, Peje Perro, Rancho Quemado, Alto Laguna, Bahía Drake y humedal Diquís. Todos los anteriores cuentan con los carnets que les oficializan como Covirenas y han estado trabajando desde hace seis meses en la labor de prevención, control y protección. Recientemente se está gestando en Drake y Rancho Quemado la implementación de programas de Educación Ambiental y actividades de monitoreo e investigación.
La inscripción del grupo a los premios Latinoamérica Verde fue realizada por la presidenta del proyecto en Drake “no me imaginé que íbamos a quedar dentro de los 500, ni tampoco me imaginé que íbamos a quedar creo, en primer lugar, a nivel nacional, pero bueno, una gran alegría que se nos reconozca un poquito de lo que hacemos”.
Sharon Alfaro y Rebeca Quirós han estado moviendo el proyecto, buscando financiamiento en algunas instituciones del país y creando alianzas con otras organizaciones como Osa Conservación, Namá Conservación, UNED, ICT, Museo Nacional. En este momento se están escribiendo propuestas de financiamiento para Canje de Deuda, la Embajada de Estados Unidos y National Geographic, el equipo se encuentra a la espera de alguna respuesta y así poder tener fondos para seguir con la labor.
Un pilar fundamental en la gestión que realiza COVIRENA ha sido el apoyo económico por parte de Namá Conservación, esta organización ha financiado el pago de pólizas, la compra de camisetas, comida, viáticos, entre otras. Rebeca Quirós destaca la importancia del proyecto y las dificultades que afronta por la cacería de chancho de monte, por lo que se han extendido las jornadas de patrullaje para velar por la seguridad de estos animales que actualmente se encuentran en peligro de extinción.
Para conocer más de la organización y las actividades que realiza puede dar click aquí, lo remitirá al perfil de Facebook de Covirenas de ACOSA.
Del 31 de mayo de 04 junio se estará llevando a cabo el II Encuentro de Educación Ambiental de la Región Huetar Caribe, que abordará áreas temáticas en relación al agua, energía y políticas, biodiversidad, producción y agroecología, residuos sólidos. La modalidad de trabajo del encuentro será mediante ponencias, mesas de trabajo, foros virtuales.
Las fechas para la recepción de posibles ponencias se llevará a cabo en un periodo de tiempo del 01 al 30 de abril. La inscripción de los participantes será del 15 de abril al 15 de mayo y la notificación de aceptación de ponencias será el 15 de mayo.
El 07 de abril la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura presentó al gobierno central la solicitud de prohibición de insecticidas Fipronil.
La solicitud se formuló ante las autoridades competentes: (Presidencia de la República y los Ministerios de Agricultura, Ambiente y Salud).
«No podemos permitir que se sigan dando intoxicaciones masivas de abejas a causa de un producto que ya ha sido prohibido en muchos países. El gobierno debe ser coherente con su discurso de país verde y limpiarse la cara ante el mundo en el tema de la protección ambiental.» Juan Bautista Alvarado, presidente de la CNFA.
Adjuntamos el documento con la presentación de la solicitud:
Para conocer más de la propuesta puede consultar a:
Juan Bautista Alvarado, presidente de la CNFA Teléfono: 8577 6967
