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Volcán de Buenos Aires: hogar de una subcuenca que clama protección en tiempos de crisis climática

Marión Briancesco Arias /  mbriancesco.a@gmail.com

A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.

“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.

Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.

“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.

En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).

En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.

El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.

La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.

Contexto geográfico.
En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.

Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.

Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.

Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.

“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.

Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.

Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.

“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.

Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.

Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.

En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.

El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.

Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.

Las concesiones

A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.

En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.

Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.

En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.

SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.

La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).

El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.

El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.

En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.

Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.

Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.

“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.

Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.

Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.

Recientemente la DA dio a conocer una propuesta de decreto para el cálculo de caudales ambientales. La propuesta generó preocupación entre grupos, organizaciones y personas involucradas en la defensa del recurso hídrico, quienes incluso solicitaron al Minae suspender la aprobación del decreto y formar una mesa de diálogo con la sociedad civil.

Pese a que la DA expone que el decreto toma como referencia la Guía de selección de metodologías para la estimación del caudal ambiental en Costa Rica, elaborada por un equipo interinstitucional y valorada por distintos sectores, el decreto pierde de vista lineamientos de la guía.

“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.

De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.

Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.

Hablar abiertamente de la piña

Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.

Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.

En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.

“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.

Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.

En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.

SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.

En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.

El acueducto: conquista comunal

En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.

En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.

La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.

“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.

De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.

A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.

En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.

Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.

“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.

Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.

Sentimientos por el río

Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.

“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.

En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.

“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.

El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.

Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.

“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.

De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.

Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.

Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.

 

Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.

Para conocer acerca del Foro Confluencia Solidaria puede visitar el sitio web www.confluenciasolidaria.org

Diseño de portada: Joseph Ureña
Fotografías: Jesse Padilla

El cultivo y regeneración de ecosistemas

El pasado 22 de abril se celebró el Día de la Tierra y en marco de esta celebración la finca agrícola: Hortalizas Girasol, ubicada en Oreamuno de Cartago, lanzó un video demostrando que pueden realizarse cultivos y regenerar los sistemas al mismo tiempo.

A través de la agricultura orgánica y protegiendo todos los recursos naturales la finca apuesta por una agricultura que vele por el bienestar de la biodiversidad.

Puede observar el video adjunto:

 

Compartido a SURCOS por Cristóbal Granados.

Construcción de residencial continúa suspendido en la Loma Salitral

SURCOS comparte el siguiente comunicado

  • La suspensión de la viabilidad ambiental (resolución de n°482-2021-SETENA) se mantiene, a pesar de fallo del Tribunal Contencioso Administrativo en contra de recurso para anular permisos de construcción municipales.
  • El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo no afectó la discusión de fondo de si el proyecto se ubica dentro de la Zona Ambiental Protegida.
  • Obras de construcción de más de 500 casas en la Zona Protegida de la Loma Salitral continúan detenidas hasta que SETENA resuelva recurso propuesto por ASALOMAS.

Las obras de construcción del proyecto la Arboleda en la Zona Protegida de la Loma Salitral se mantienen detenidas, a pesar de la reciente resolución de Tribunal Contencioso Administrativo (expediente 18-010811-1027-CA) que rechazó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por vecinos desamparadeños en octubre del 2018, que pretendía frenar los permisos de construcción de más de 500 casas otorgados por seis regidurías del Concejo Municipal.

Esto debido a que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) ordenó, mediante la resolución número 482-2021-SETENA del 24 de marzo del 2021, la suspensión de la viabilidad ambiental del Proyecto La Arboleda, (expediente n° D1-205-2007-SETENA), y le indicó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), aclare la ubicación del proyecto.

Edgardo Araya Sibaja, abogado ambiental y defensor de la Loma Salitral, mencionó: “en el caso del Tribunal Contencioso Administrativo que resuelve la apelación, se limita a resolver si son válidos los documentos presentados, en aplicación al transitorio cuarto del Plan Regulador del cantón, sin embargo no le quita la validez al argumento principal de que el proyecto está contraviniendo al Decreto Ejecutivo 25.902-MIVAH-MP-MINAE del año 1997 que prohíbe las construcciones residenciales en la zona, por lo que el proyecto no puede avanzar.”

Araya Sibaja, considera que ese proyecto nunca debió autorizarse y añadió: “lo más importante es que los permisos son inválidos, porque violentan la normativa ambiental, se mantiene la suspensión que ordenó SETENA, en aplicación del principio precautorio, ya que la viabilidad ambiental está suspendida, y por lo tanto la ejecución de los permisos de construcción se detienen, por falta de ese requisito indispensable.”

Sobre esta orden de SETENA (resolución n° 482-2021-SETENA) del 24 de marzo del 2021, estableció que: “se realice el levantamiento topográfico de la zona y se instruye al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental para que, bajo el principio de coordinación interinstitucional, le brinde a dicha institución los insumos necesarios para el levantamiento topográfico certero y coordine para la emisión de un informe final.”

Además, el oficio indica: “Mantener la suspensión del inicio de obras para el proyecto de marras, hasta tanto se cuente con la prueba para mejor resolver y esta Secretaría resuelva el recurso que por este acto se suspende”. Así la SETENA estableció el plazo de un mes al SINAC para realizar los estudios necesarios y así tener certeza técnica de la ubicación del proyecto en relación a la Loma Salitral, por lo que con el levantamiento topográfico se procederá a sobreponerlo con respecto al Plan GAM 2013-2030, aún vigente, y la ubicación y huella del proyecto de construcción de más de 500 casas, para determinar si el mismo se encuentra dentro de la Loma Salitral, y si procede dejar sin efecto la Viabilidad Licencia Ambiental otorgada.

  • Procesos Legales

En la lucha por la conservación de la Loma Salitral, que lleva en esta última etapa más de diez años, varias acciones legales han trabajado en paralelo o en un mismo momento en la vida jurídica.

La resolución de SETENA que mantiene detenidas las obras, responde a recurso de revocatoria con apelación en subsidio (No. 8481-2020), presentado el 30 de setiembre del 2020 en contra de la resolución No. 1662-2020-SETENA, suscrito por el Lic. Edgardo Vinicio Araya Sibaja en calidad de apoderado especial de la Asociación Salvemos Las Lomas.

La petitoria del recurso dice: “Que se declare con lugar el recurso de revocatoria en contra de la resolución No. 1662-2020-SETENA y en consecuencia se declare absolutamente nulo el acto administrativo que otorgó viabilidad ambiental al proyecto La Arboleda mediante resolución No. 539-2014-SETENA.”

La otra acción legal que estaba en curso, es el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, que se presentó en octubre del año 2018 por vecinos desamparadeños ante la Municipalidad de Desamparados para frenar el permiso de construcción otorgado por seis regidurías en la Zona Protegida de la Loma Salitral. Dicho recurso lo rechazaron las mismas seis regidurías y se envió al Tribunal Contencioso Administrativo para su resolución, que se limitó a emitir criterio sobre la aplicación del transitorio cuarto del Plan Regulador y falló recientemente a favor de la municipalidad, terminando la vía administrativa de únicamente de ese hecho.

  • La Loma Salitral no se toca

Para Eduardo Gardela, ex regidor y presidente de la Asociación Salvemos la Lomas, sobre la reciente resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, explicó: “Es extraño y hasta sospechoso que los tribunales se refirieran únicamente al transitorio cuarto del Plan Regulador. Pero eso no nos detiene, la normativa legal que protege a la Loma Salitral es tan clara, que aunque en varias instituciones busquen la forma de inventar interpretaciones para defender lo indefendible, continúa la protección y con la resolución de SETENA que suspende la viabilidad ambiental, la constructora no puede tocar la Zona Protegida”

Gardela añadió que la lucha continúa: “Mantenemos la lucha desde hace diez años y no nos detendremos, seguiremos hasta las últimas consecuencias, ya que nos basamos en normativa ambiental clara y concisa que no se puede ignorar. Existen muchos elementos legales y técnicos para continuar más procesos en los tribunales si es necesario.”

Tanto el Concejo de Desamparados, como la administración municipal, están informados de la resolución de SETENA y sus efectos, por medio de un oficio que ASALOMAS el 19 de abril del 2021 trasladó para conocimiento de este Concejo Municipal, con la resolución número 482-2021-SETENA del 24 de marzo del 2021, en la que se ordena la suspensión de la viabilidad ambiental del Proyecto La Arboleda.

El SINAC tiene un mes, a partir de recibida la resolución, para realizar los estudios necesarios y así tener certeza técnica de la ubicación del proyecto en relación a la Loma Salitral, por lo que con el levantamiento topográfico se procederá a sobreponerlo con respecto al Plan GAM 2013-2030, aún vigente, y la ubicación y huella del proyecto de construcción, para determinar si el mismo se encuentra dentro de la Loma Salitral, y si procede dejar sin efecto la Viabilidad Licencia Ambiental otorgada.

#SalvemosLaLomaSalitral
Movimiento Salvemos la Loma Salitral
Asociación Salvemos las Lomas
https://www.facebook.com/SalvemosLaLomaSalitral/posts/3836422586393860

UCR: Escuela de Biología alerta sobre los efectos negativos de los agrotóxicos en las abejas

Esta unidad insta a las autoridades de Gobierno a detener el uso de sustancias que acaban con estos insectos responsables de la polinización de cultivos

Las abejas, al igual que otros insectos, cumplen la función de polinizar la gran mayoría de las plantas. Foto: Karla Richmond, UCR.

Recientemente, los diferentes medios de comunicación y las redes sociales han dado a conocer múltiples eventos de alta mortalidad de abejas mieleras (Apis mellifera) en diversas localidades del país. Estas noticias han sido recurrentes y de variable intensidad, pero demuestran un serio problema, el efecto negativo que tienen ciertos agroquímicos sobre la biodiversidad.

Incluso, la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura (CNFA) ha emitido un comunicado, en el que alerta sobre este problema, así como una solicitud de prohibición total del fipronil, sustancia que afecta la producción de miel, a la biodiversidad y directamente a todos los habitantes del país.

Las abejas, al igual que otros insectos, cumplen la función de polinizar la gran mayoría de las plantas. Incluso, son responsables de polinizar más del 60 % de los cultivos de uso humano, como el café, del cual estamos tan orgullosos, o el aguacate, que es un producto con un muy alto rendimiento. La polinización es un servicio ecosistémico proporcionado por insectos a la agricultura y, a nivel mundial, se ha estimado su valor en 153 billones de euros anuales (Klein et al. 2007; Gallai et al. 2009, Willmer 2011). Por lo tanto, este servicio de polinización representa un alto valor económico para la producción del país.

En el país existen alrededor de 700 especies nativas de abejas, sociales y solitarias. Estas últimas también polinizan cultivos y las plantas silvestres que forman los ecosistemas terrestres. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

La abeja mielera es una especie introducida al continente durante la colonización española, por su tremenda importancia económica en la producción de miel y otras sustancias. Recientemente, esta especie se utiliza para prestar servicios de polinización en cultivos, lo cual aumenta la producción de estos. La abeja mielera, al ser una especie que forma grandes colonias, facilita la detección de los graves efectos de los agrotóxicos en la biodiversidad, con matanzas de millares de individuos y afectación directa a los apicultores.

En el país existen alrededor de 700 especies nativas de abejas, sociales y solitarias (estas últimas también polinizan cultivos y las plantas silvestres que forman los ecosistemas terrestres). Estas especies menos conocidas de abejas son también afectadas por los agrotóxicos, como estudios recientes comienzan a demostrar. Las abejas, junto con otros animales, polinizan las plantas silvestres que se encuentran en los sistemas naturales y áreas protegidas, con lo cual contribuyen a la conservación de nuestros bosques, junto a la alta producción de nuestros cultivos.

Es importante recalcar que la mortalidad observada en las abejas mieleras es un síntoma de un proceso que se da de forma escalonada en diversos grupos de insectos, muchos de ellos también importantes polinizadores, como por ejemplo los cientos de especies de moscas (dípteros silvestres), escarabajos, mariposas y polillas. Esto no es ajeno al ser humano, ya que nuestro bienestar y la seguridad alimenticia de nuestros pueblos, depende directamente de los organismos polinizadores.

De acuerdo con especialistas de la Escuela de Biología, la mortalidad observada recientemente en las abejas mieleras es un síntoma de un proceso que se da de forma escalonada en diversos grupos de insectos. Foto: cortesía de Eric Fuchs.

Estudios científicos realizados en nuestro país han demostrado la presencia de partículas de agrotóxicos en el aire, en zonas boscosas protegidas cercanas a plantaciones agrícolas en Sarapiquí y San Vito de Coto Brus (Wang 2019). Inclusive, en el interior de bosques completamente alejados de plantaciones agrícolas. Investigaciones en los suelos, agua y aire del bosque realizadas en los volcanes Poás, Barva y Turrialba (todos en parques nacionales) muestran plaguicidas. Los agroquímicos usados en las tierras bajas son llevados por los vientos a las tierras altas (Daly et al. 2007, Shunthirasingham et al. 2011). Su efecto sobre la biodiversidad de estos bosques aún se desconoce, pero los estudios demuestran que estas sustancias no tienen solamente un efecto local, sino que su impacto negativo puede extenderse en grandes áreas y afectar los polinizadores en áreas protegidas y, con ello, la biodiversidad presente en nuestros bosques, motor de gran parte de nuestra economía.

La CNFA denuncia el uso del fipronil como responsable de la reciente alta mortalidad; sin embargo, esta no es la única sustancia perjudicial para las abejas. El glifosato, paraquat y los insecticidas neonicotinoides (imidacloprid y thiamethoxam por ejemplo), tienen demostrados efectos letales o subletales en las abejas, ya que alteran el desarrollo, comportamiento, la salud y la sobrevivencia de estos insectos, tanto de las abejas mieleras como de otras especies de abejas nativas.

La acción de las autoridades de Gobierno ha sido históricamente más que permisiva, al no prohibir el uso de muchas sustancias con demostrado efecto negativo en la biodiversidad o no aplicar adecuadamente la legislación vigente. Varias sustancias, prohibidas en Europa y Estados Unidos se comercian libremente en nuestro país, uno de los más biodiversos en el planeta.

Este no es un problema solo de las abejas, es un problema de todos los costarricenses.

La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) alerta sobre los efectos negativos de estas sustancias en nuestras abejas, en nuestros insectos polinizadores y, por ende, en nuestra producción alimentaria. Al mismo tiempo, insta a las autoridades a detener de una vez el uso de químicos que matan masivamente las abejas, así como aquellos con demostrados efectos subletales, en un país con la vergonzosa estadística de ser uno de los mayores consumidores de agrotóxicos a nivel mundial.

 

Dr. Mauricio Fernández O., Dr. Eric Fuchs C., profesores e investigadores de la Escuela de Biología. Dra. Cindy Fernández G., directora de la Escuela de Biología

El Observatorio de Bienes Comunes propone preguntarnos: En el Día de la Madre Tierra… ¿cómo la estamos cuidando?

En el Día de la Madre Tierra desde el Observatorio de Bienes Comunes nos parece importante preguntarnos: ¿Cuáles desafíos estamos enfrentado para su cuido?

Les compartimos en esta infografía algunas de las tensiones que nos preocupan y les invitamos a reflexionar: ¿Cuáles otras están presentes en sus territorios» comunidades, barrios…?

Comité de vigilancia de los recursos naturales busca proteger la Zona de Osa

El Comité de vigilancia de recursos naturales del Área de Conservación Osa, Covirenas de ACOSA, cuida la zona Pacifico Sur en Osa y el Humedal Térraba Sierpe. Además, en conjunto con el movimiento comunal de las comunidades aledañas promueven la conservación del humedal y la zona del Parque Corcovado que tiene el 2.5 de la biodiversidad mundial.

Según Rebeca Quirós de Covirenas de ACOSA, la situación de la pandemia afectó a la zona ya que no existen fuentes de empleo, ni visitas turísticas y, por ende, ingresos económicos. Este hecho ha llevado a que se dé la caza ilegal en el bosque, delitos ambientales, entre otras actividades que afectan la biodiversidad del lugar.

Debido a este incremento de actividades ilícitas los guardaparques no tienen los recursos necesarios para enfrentar la problemática. Por eso desde el Comité se unieron para dar apoyo con guardaparques voluntarios e inspectores ambientales adhonorem.

Desde el Comité buscan tener prioridad en contar con apoyo para disminuir la cacería, tala y pesca ilegal. Debido a las denuncias ambientales realizan en conjunto con funcionarios patrullajes, operativos de control y protección. Así como implementar espacios de educación ambiental, monitoreo biológico y de investigación.

En Covirenas buscan ser ganadores del premio Latinoamérica verde para visibilizarse y obtener apoyo nacional e internacional en la protección de la biodiversidad del lugar. Los premios Latinoamérica Verde son uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes del mundo, que cada año premia y da visibilidad a los 500 mejores proyectos ambientales de Latinoamérica, convirtiéndose así en la vitrina que dinamiza la economía verde.

Por las vidas de personas defensoras ambientales: ¡Acuerdo de Escazú ya!

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].

Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.

Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad. 

Un contexto similar se dio en el año 2019, antes y después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.

La pandemia ha sido la principal causa de que, tanto el año pasado como este, no se concretaran ninguna de las otras amenazas de muerte, pues la acción del gobierno es “dejar hacer, dejar pasar” al estilo progresista. Es decir, hacer que se hace y darle largas; o sea, legitimar y estar del lado de quien aplica la violencia.

Esa misma ambigüedad raya en cinismo pues se trata de vidas de defensoras y defensores indígenas y activistas. Similar inacción ha demostrado el Estado con la negociación y aprobación del Acuerdo de Escazú. Por un lado está el discurso “verde”, donde en el papel aguanta lo que le pongan; y por otro lado está la realidad, donde el Gobierno lo trata como moneda de cambio y es caja de resonancia de los horrores que han dicho las cámaras empresariales contra dicho Acuerdo. El Gobierno lo ha dejado engavetado y a la suerte del juego legislativo-electoral, donde puede pasar cualquier cosa.

Mientras, se ha perdido un valioso tiempo de vida o muerte. Por ejemplo, este año Pablo Sibas, líder histórico del movimiento indígena, fue amenazado nuevamente. En redes sociales le dijeron: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces para q respeten lo ajeno a todo cerdito le llega su hora”, “Hay que eliminar a Pablo sibar vividor, estafado, ladrón, sinvergüenza muerto de Amber, parásito invivible, pero ya la muerte lo anda Rondando muy SERCA tarde o temprano dejará de joder” (citado textualmente).

Sibas ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sido atacado en diversas ocasiones, de la misma forma en que sucedió con Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y otras personas indígenas.

“Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias están en peligro, que en nuestras propias tierras y casas estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibas.

En mayo de 2012, Sibas sufrió dos ataques físicos: uno donde recibió golpes, patadas y hasta mordiscos; y otro una semana después, en el que lo persiguieron por la carretera, lo insultaron y lo intentaron herir con un cuchillo.

El año pasado, en los hechos que culminaron con el lamentable asesinato de Jehry Rivera, el día antes del crimen Sibas se salvó de ser la víctima de la misma turba, que con machetes “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”[3].

“Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial. Uno días después, personas no identificadas incendiaron la finca de Sibas. Semanas antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte en las redes sociales. Se le informó de que se habían contratado sicarios para matarlo a él y a varios otros líderes indígenas. Esa misma amenaza fue reiterada meses después por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada una recompensa por su asesinato También ha sido objeto de una campaña de difamación por medios de comunicación local y nacional, si bien debería gozar con medidas de protección y ha interpuesto las denuncias oficiales, la protección policial es esporádica y su vida corre mucho peligro”[4].

En este contexto, donde hay claramente un modus operandi de la violencia y sus perpetradores, de las formas, de las estrategias utilizadas, de los mecanismos, no existen leyes ni fuero en la legislación actual de nuestro país para resguardar la vida de las personas defensoras. A las personas indígenas el sistema solo les ofrece utilizar el programa de protección de testigos, teniendo que abandonar su hogar y su territorio, mientras los perpetradores frescos y libres dentro de los territorios indígenas.

Está claro que el acuerdo de Escazú crea jurisprudencia, reconocimiento y condiciones para personar defensoras pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.

El gobierno es responsable de este manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, que ha generado el espacio para que el lobby empresarial y transnacional, que ha retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.

Ahora, en medio del peor ambiente electoral y después de secuestrar ocho meses la agenda legislativa para hipotecar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la división de poderes, la Constitución Política y la institucionalidad democrática, veremos el destino de este importante Acuerdo. Le corresponde el turno a la Asamblea legislativa, de donde brotaron tantos precandidatos como moho después de la lluvia. Esperemos que todos quieran figurar y, aunque sea por oportunismo se pongan a favor del necesario Acuerdo.

[1] Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021. https://surcosdigital.com/pueblos-originarios-de-costa-rica-continuan-luchando-y-exigiendo-justicia-a-dos-anos-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz/

[2]     Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf

[3]https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose

[4]https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

 

Imagen ilustrativa.

(*) Proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Pronunciamiento sobre la urgencia de ratificación del Acuerdo de Escazú

  • En Costa Rica se han recrudecido las amenazas a personas que lideran la lucha por la protección de su derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

  • El Acuerdo no consagra nuevos derechos, les da progresividad a los mismos en materia de ambiente y le da voz a las personas.

San José, Costa Rica, 22 de abril del 2021. El Consejo Consultivo Ciudadano sobre Cambio Climático (5C) como instancia de participación ciudadana liderada por organizaciones sociales, sectoriales y productivas, creada por el Decreto Ejecutivo 40616-MINAE, en el marco de la política nacional de gobierno abierto, tiene el llamado  de mejorar los niveles de coordinación y comunicación entre la administración pública y la ciudadanía y dar voz a la sociedad civil costarricense en cuanto a las políticas públicas que inciden en la acción climática.

En este espacio ciudadano donde están integradas 55 organizaciones representantes de 9 sectores:

  1. Comunitario (Asociaciones de Desarrollo y Asadas); 6. Movilidad y Sostenibilidad urbana;
  2. Agropecuario, forestal y pesca; 7. Organizaciones indígenas;
  3. Biodiversidad y ecosistemas; 8. Organizaciones Laborales y
  4. Industria y Comercio; 9. Organizaciones de Mujeres.
  5. Infraestructura y Transporte;

Como 5C ponemos de manifiesto la urgencia de que el Gobierno de la República de Costa Rica ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.

Éste es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el Acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos, en septiembre del 2018. Y son 12 países los que procedieron a la ratificación. Costa Rica por su parte, aunque es signatario y fue inclusive anfitrión en este crucial acuerdo, no ha ratificado todavía su entrada en vigencia, que está fijada para el jueves 22 de abril de 2021. Aún así, Costa Rica será parte de la jornada de celebración y lanzamiento. Por tanto, instamos a nuestro Gobierno que sea coherente con el compromiso adquirido desde el 2018.

En los últimos años se han recrudecido las amenazas a personas que lideran la lucha por la protección de su derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado  por lo que nuestro país está llamado a comprometerse de manera más fuerte a su defensa. Costa Rica tiene una preocupante lista de asesinatos a personas líderes defensoras de derechos humanos que han dado a conocer ellos y ella son: Jehry  Rivera,  Sergio Rojas, Jairo Mora, Diego Armando Saborío, David Maradiaga, Maria del Mar Cordero, Oscar Fallas, Jaime Bustamamte, Gerardo Quirós Acosta, Olof Nicolas Wessberg.

Según datos de las organizaciones ecologistas en el país se mantiene el registro de diez asesinatos, igual número de incendios provocados, unos catorce atentados contra la integridad física y unas 26 demandas planteadas contra personas activistas defensoras del ambiente. Se consignan ataques y demandas a guardaparques y personas funcionarias públicas como jueces, periodistas que cubren luchas ambientales y docentes. Igualmente existen sub-registros o casos desconocidos por el movimiento ecologista, aun así se han contabilizado en total, 94 hechos de violencia que juntos y sistematizados demuestran que no son casos aislados y que hay una grave contradicción del discurso ambientalista oficial y lo que pasa con quienes defendemos nuestros recursos naturales.

Instamos a nuestro gobierno a consignar este Acuerdo que lucha por la Igualdad y no discriminación, no regresión ambiental y progresividad, preventivo y precautorio (en materia ambiental y defensores), máxima publicidad, equidad intergeneracional, soberanía sobre los recursos naturales, igualdad soberana sobre los Estados y el principio pro persona. Tenemos derecho a un ambiente sano y esto solo será posible si se garantizan derechos primordiales como el acceso a la información, la justicia y la participación ciudadana real, tomando en cuenta la perspectiva de género y la visibilización y participación de  poblaciones históricamente vulneradas. El Acuerdo no consagra nuevos derechos, les da progresividad a los mismos en materia de ambiente y le da voz a las personas, ese es el centro del Acuerdo de Escazú.

Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C)

Más organizaciones de la sociedad civil que suscriben este pronunciamiento:

Campaña Escazú Ahora, Costa Rica
Parlamento Madre Tierra
(Red Internacional de organizaciones de más de 20 países)

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Misión 2 grados
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).
Colectivo de Ciclismo Urbano Las Luciérnagas
ACONVIVIR
A Foundation
Colectivo PEDALIZATE
Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica
Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU)
Alianza pro Gestión Integral de Residuos

cc. Ministerio de la Presidencia, Consejo Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Cambio Climático, Defensoría de los Habitantes, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación

Contacto: Gabriela Cob (Presidenta Comité Director 5C) cel. 71469117

Conversatorio: “Día de la Tierra”

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Hoy jueves 22 de abril a las 4:00pm se llevará a cabo un conversatorio organizado por Montaña Verde para conmemorar el Día Mundial de la Tierra. Contará con la participación de los siguientes invitados:

  • Eva Carazo.
  • Guadalupe Urbina desde Longo Mai.
  • Edison Valverde “El caminante”.
  • Wilmar Matarrita FEDEAGUA, Nicoya.

Adjuntamos invitación formal del evento:

Adjuntamos link para asistir al evento:

https://us02web.zoom.us/j/82113072514?pwd=SlJSSGZkTWlUOEhVaXV1Qnl6WHNNUT09

Conversatorio: “Acuerdo de Escazú”

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Este 22 de abril se conmemora el día Mundial de la Tierra, Era Verde y Palabra de Mujer en coproducción con Kioscos Socioambientales y el Observatorio de Bienes Comunes, presenta un conversatorio sobre el Acuerdo Escazú: ¿qué es? y la importancia de ratificarlo.

Se llevará a cabo este jueves a las 9:00pm con repetición el sábado 24 a las 7:00pm, por el canal Quince UCR.

Adjuntamos el video de la invitación por parte del programa: