Cristina Zeledón L.
A propósito de la negativa de algunos diputados de recibir a la señora Christiana Figueres, reconocida autoridad mundial en el tema del Cambio Climático, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático entre 2010 y 2016, y artífice del histórico Acuerdo de París durante la COP-21, quien había solicitado un espacio para referirse a la gran amenaza que representa para el cambio climático, la actividad petrolera, se me ocurrió escribir una pequeña reseña de la lucha sostenida por la sociedad civil a principios de este siglo XXI, a fin de evitar que Costa Rica se convirtiera en un enclave de explotación de hidrocarburos.
La historia comienza con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, en agosto de 1993 de la Ley de Hidrocarburos, la cual formaba parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, establecidas en el PAE III (Plan de Ajuste Estructural) adoptado en la Administración 1982-86. A través de esta ley Costa Rica se comprometía a promover la exploración y explotación petrolera en el país, para lo cual el Poder Ejecutivo tenía la potestad de dar en concesión el subsuelo costarricense, sin necesidad del aval ni del control de la Asamblea Legislativa.
Correspondió a la Administración (1994-98) impulsar internacionalmente el cartel correspondiente para las futuras concesiones, el cual contemplaba una segmentación de 19 bloques terrestres, además de 2 en el mar Caribe y 6 en el Océano Pacífico, para un total de 27 bloques que cubría prácticamente todo el territorio nacional y ambos mares. Solo quedaba por fuera, las altas cordilleras y -no por casualidad- la Península de Nicoya, donde ya se había establecido un desarrollo turístico extranjero.
Gracias a esa promoción la empresa estadounidense MKJ XPLORATION logró, en agosto de 1999, la concesión de los 4 bloques en la provincia de Limón, 2 terrestres y 2 marinos. Derecho que traspasa casi de inmediato a la subsidiaria local HARKEN ENERGY.
Correspondió a la siguiente administración (1998-2002), formalizar el contrato con la empresa concesionaria, con lo cual da inicio la primera fase de exploración en el Mar Caribe, con la llamada prospección sísmica, consistente en la exploración marítima a través de un barquito que arrastraba una larga sonda, recorriendo en forma de zig-zag, día y noche el mar y produciendo un ruido extraño, lo cual sorprendió evidentemente a los limonenses.
Paralelamente algunos vecinos de Puerto Viejo, se enteraron por una pequeña nota periodística, que en vista de una concesión para la exploración petrolera, se habían iniciado actividades en el mar del Caribe, con el objetivo de determinar si había indicios de petróleo.
Inmediatamente se asoció el misterioso barquito, con una eventual explotación de petróleo, lo cual causó pánico ante la posibilidad de los inevitables daños ambientales en ese mar precioso.
Como era lo lógico esos primeros testigos trataron de informarse en el MINAE, pero cual no sería su sorpresa y por supuesto justificada alarma cuando se les dijo que esa información era confidencial y se encontraba bajo estricto secreto.
¡Se encendieron todas las luces!
Como de petróleo, la gente sabía muy poco, excepto que han sido cuantiosos los daños ambientales donde se explota ese mineral, los vecinos acudieron en primera instancia a la organización Oil Watch de Costa Rica para obtener mayor información.
Entre más averiguaban, más les horrorizaba el panorama. Así que decidieron ponerse manos a la obra, ya que se dieron cuenta que el problema no era únicamente ambiental ni local, sino que tenía implicaciones económicas, políticas y sociales. Peor aún existía el riesgo de que el país se convirtiera en un enclave petrolero, con todo lo que esto representa, incluyendo la pérdida de soberanía.
Para comenzar se hicieron dos talleres en Suretka de Talamanca con ambientalistas y abogados; uno en diciembre de 1999 y otro en marzo del 2000.
De estos talleres surgió la necesidad de organizarse. Fue así como se creó el movimiento Acción de Lucha Antipetrolera, conocido por sus siglas como ADELA. Así empezó una lucha que muy pronto salió de las fronteras de esa pequeña comunidad.
Una de las primeras acciones de ADELA, fue lograr que la Municipalidad de Talamanca declarara en su sesión ordinaria número 82 del 16 de diciembre de 1999, que la conservación ambiental de la zona es incompatible con un desarrollo basado en la industria petrolera y recuerda que la zona está protegida por el sistema de Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre y Reservas Indígenas, por lo tanto declara al Cantón de Talamanca, libre de exploración y explotación petrolera
ADELA tuvo la particularidad de ser un movimiento abierto, comunitario, intercultural, y absolutamente horizontal. No se conformó ninguna junta directiva, ni hubo jefes, tampoco el liderazgo recayó en ninguna persona en particular. La modalidad consistió en identificar las diferentes áreas en que se debía trabajar y cada quien decidía donde encajaba mejor. Así se definieron las siguientes actividades:
Impulsar las acciones legales que se requirieran.
Organizar constantemente talleres de información y concientización en las diferentes comunidades.
Organizar y participar en mesas redondas, foros y debates a nivel nacional.
Llevar a cabo festivales, marchas y mantener una presencia viva y dinámica en todas las actividades que se realizaran en la zona.
Crear una página web y enviar periódicamente comunicados de prensa a todos los medios de comunicación.[1]
Elaborar continuamente material de divulgación: folletos, videos, hojas sueltas, artículos, afiches, mantas.
Elaboramos rótulos con un NO A LA PETROLERA, que colocamos a todo lo largo de la carretera desde Limón hasta Puerto Viejo.
Realizar una permanente labor de lobby con todas aquellas personas que pensamos pudieran contribuir significativamente a esta causa: diputados, profesores, maestras, jueces, ambientalistas….
Gestionar financiamiento y apoyo técnico, nacional y extranjeros.
Cada grupo trabajaba independientemente y se reunían una vez por semana para conocer los avances de cada quien y definir nuevas actividades.
El movimiento fue tomando terreno no solo a nivel local y nacional, sino incluso internacionalmente. Muchas fueron las cartas y faxes pidiendo al gobierno detener esa actividad. También se recibió apoyo técnico y en efectivo de diversas organizaciones.
Lo sorprendente es que la contraparte de ADELA, o sea quienes defendían la actividad en los debates públicos, las publicaciones periodísticas, etc. no eran precisamente los representantes de la petrolera, sino el propio gobierno, que estaba dispuesto a toda costa a lograr su objetivo.
Por su parte la petrolera continuaba con la tarea de la prospección sísmica, para lo cual se respaldaba en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito para la primera fase y que la SETENA (Secretaría Técnica Ambiental), les había aprobado en marzo de 1999.
Para la II Fase que consistía en la perforación de un pozo explorativo en el sitio, la compañía Harken presenta un nuevo EIA el cual el equipo técnico de la SETENA lo aprueba en julio del 2000
Gracias a uno de los apoyos técnicos internacionales, que fue una pieza fundamental para detener esa actividad, se obtuvo por parte de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), conjuntamente con aporte económico del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, financiamiento para la participación de dos expertos mexicanos con el propósito de evaluar ese segundo Estudio de Impacto Ambiental y un Adendum posterior.
Una de las conclusión y recomendaciones de esa revisión técnica, señalaba “El EIA y su Adendum, presentan importantes limitaciones técnicas, que no ofrecen información adecuada para la toma de decisiones, sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Por lo tanto, se recomienda al Gobierno de Costa Rica, no aprobarlo, al tenor de la estructura actual”.
Como señalaremos más adelante esa evaluación fue definitiva para que la Comisión Plena de la Setena reprobara el EIA con el cual se pretendía como ya se había señalado, continuar las labores de exploración.
En el campo legal el apoyo de la Asociación Justicia para la Naturaleza fue fundamental. En enero del 2000, se hizo un Recurso de Amparo, firmado por 17 organizaciones ambientalistas presentado a la Sala Constitucional alegando que nunca se produjo un proceso de consulta popular dirigido a las comunidades afectadas , ni tampoco le suministraron información adecuada ni veraz para permitirle, a las comunidades y a las Municipalidades involucradas, emitir criterios en relación con dicho proyecto, sobre todo por las implicaciones que a nivel ambiental , a los recursos naturales, incluso a la salud pública, este tipo de proyectos ocasiona.
Posteriormente, con fecha 23 de agosto de 2000, los mismos recurrentes presentaron otro Recurso de Amparo en el que denunciaban una nueva concesión, esta vez a la empresa Mallon Oil Company, sobre 6 bloques, ubicados, esta vez en la zona norte del país, frontera con Nicaragua.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció el 8 de setiembre del 2000, en el que se anula el acto de adjudicación de la licitación N|LP 1-97 a la compañía MJK XPLORATION INC. Un triunfo muy celebrado, pero un triunfo a medias, pues la Sala IV acogió únicamente el punto de la falta de consulta a las comunidades indígenas. La lucha era dura, pero al menos con este Fallo se paralizaban temporalmente las obras.
La resolución que permitió anular el contrato definitivamente se basa como ya lo señalamos en el acuerdo tomado por la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Ambiental[2] la cual dictaminó en la sesión ordinaria No 009-2002, celebrada el 28 de mes de febrero del 2002, en el artículo No 2, “comunicar al interesado que se rechaza el Estudio de Impacto Ambiental y su anexo debido a las consideraciones de forma y fondo descritas en los resultados y considerandos de la presente resolución. Por tanto, la etapa de ejecución, descrita como la fase No 2 del Proyecto de Exploración y Explotación Petrolera en la Plataforma Caribe Costa Rica, y que consiste en la perforación de un pozo exploratorio, no es viable ambientalmente”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.
Como era de esperar, la empresa apeló la decisión. Lo que no era de esperar fue la tónica de esa apelación; porque ya entrado el siglo XXI, todavía ciertos norteamericanos se atrevían a usar términos y argumentos de la época colonialista, prepotentes, irrespetuosos y peyorativos, tratando de desvalorizar la capacidad técnica nacional y al sistema institucional costarricense.
A raíz de la apelación de la empresa, una vez más la sociedad civil se puso en marcha, escribiendo y solicitando a todos los simpatizantes con la causa enviar notas a la Ministra del Ambiente, pidiéndole rechazar esa apelación y ratificar el fallo de la SETENA.
Se tuvo noticia de que más de diez mil comunicados fueron enviados al despacho de la Ministra, provenientes de muchas partes del país y de otras partes del mundo, incluyendo personalidades importantes.
El tan esperado pronunciamiento de la Ministra se produjo el 6 de mayo del 2002, justamente dos días antes de finalizar su mandato. Dice así: “De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política; artículos 1º, 17, y siguientes, 83 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente; 11 de la Ley de Biodiversidad, 1°, 2º,41 y 55 de la Ley de Hidrocarburos; 214 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y el Decreto Ejecutivo No 25705-MINAE del 8 de octubre de 1996 y sus reformas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 0146-2001-SETENA de las doce horas veinticinco minutos del veintiocho de febrero del año dos mil dos”.
De esta manera a través del movimiento ADELA y la masiva participación ciudadana, los costarricenses logramos el triunfo sobre esa peligrosa actividad en Costa Rica.
Las miles de personas y organizaciones que participamos en la campaña para defender a Costa Rica de actividades petroleras, celebramos jubilosas que en el país se estuvieran abriendo cada vez más los espacios para una verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones.
Valga decir que las razones que nos motivaron a esa lucha y las consecuencias nefastas que hubiera sufrido nuestro país, fueron el motivo que tuvo la SETENA para declarar esa actividad inviable ambientalmente.
Sin embargo el peligro de la explotación petrolera y sus dramáticas consecuencias siguen presente hoy. Lamentamos que pese a todos los esfuerzos que hicimos durante esa lucha, no fue posible lograr que la Asamblea Legislativa de ese entonces acogiera la propuesta de declarar a Costa Rica, libre para siempre de Exploración y Explotación Petrolera.
¡!Tarea pendiente que hoy urge reanudarla!!
[1] Incluso publicamos 2 libros: SE VENDE LINDO PAIS, edición artesanal y LA TRANCA, Ed. Tecnológica de Costa Rica,2003.
[2] Comisión Plena de la SETENA ,integrada por profesionales representantes de : Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Consejo Nacional de Rectores, Ministerio de Agricultura y Ganadería y coordinada por un representante del Ministerio de Ambiente y Energía.
Imagen: BLOQUEVERDE
